La licuefacción de las sociedades

El ácido butírico, presagio de calamidades

La física proporciona metáforas bellas y útiles para el mejor conocimiento de la realidad, incluso la que está más allá del mundo material e inerte.

Tomemos por ejemplo los gases, esa parte de la materia caracterizada por su levedad, inocencia y modestia, y en la que vivimos sumergidos e inconscientes. De los gases tenemos noticia cuando nos faltan (¡socorro que me ahogo!), nos envenenan la moral (“algo huele a podrido en Dinamarca”) o en días de borrasca (el ventarrón arrancó de cuajo el árbol centenario). Respiramos gases, utilizamos el oxígeno, que es un gas, para obtener el combustible interno que nos mueve y cuando morimos expiramos, acto último de la vida, la bocanada postrera.

El agua, sustancia predominante en nuestro cuerpo, es la adición de dos gases, aunque ninguno de ellos noble, lo que explicaría por qué el ser humano es tan contrahecho.

Vivimos, por tanto, sometidos al imperio blando de los gases y no podemos hacer otra cosa porque somos aeróbicos, que es como decir que somos seres gaseosos. Incluso la voluntad humana parece estar formada en gran medida por gases, al ser tan voluble y cambiante. Lo que hoy es bueno mañana es malo, lo que está de moda pasa y el amor se olvida convirtiéndose en odio. Será que los gases siempre se escapan por el agujero más pequeño.

Si el hombre descompuesto en sus partes últimas es poco más que gas, qué son las sociedades formadas por miles o millones de hombres. La respuesta es clara: una acumulación gigantesca de gas que se comporta del mismo modo que cualquier gas de la tabla periódica. Veamos cómo es esto.

Convengamos que los gases son, en su comportamiento, simples. Su gobierno se rige por una ley que consta de dos artículos y un corolario: 1) si presionas un gas se comprime, pero hasta cierto punto;  2) si calientas un gas se dilata y si no tiene escapatoria sube su presión interna, pero sólo hasta cierto punto. Estos dos principios desembocan en una evidencia: superado un umbral, los gases excitados y confinados se vuelven peligrosos y explotan.

Algo así le pasa a la sociedad. Imaginémosla por un momento como una carcasa que da forma y ordena a los hombres en sus intercambios simbólicos y materiales. Pongamos que dentro de esa carcasa aumenta la presión sobre los individuos y los grupos sociales a consecuencia, por ejemplo, de una conmoción global. El resultado es que los hombres, como el gas, se comprimen; esto es, ven reducidos sus derechos, libertades, posibilidades y capacidades. Si la carcasa de la sociedad es rígida el peligro de explosión aumenta, por lo que, alcanzado cierto punto de presión interna, la carcasa salta por los aires. A esto lo llamamos revolución, involución violenta, revuelta o guerra. Hasta aquí la primera ley que rige el comportamiento de los gases, descubierta por Boyle allá por el siglo XVII.

Pero también puede ocurrir que por influjo de ideologías virulentas y extremistas la temperatura de la sociedad se eleve y con ella, fruto de la dilatación de las peores pasiones, aumente la presión entre los hombres bajo la forma de violencia indiscriminada hacia minorías señaladas injustamente como culpables del malestar colectivo. En este segundo supuesto, si la carcasa social no cambia, alcanzado cierto límite el estallido es también irremediable, como el de una olla a presión a la que no le funciona la válvula de seguridad. A esto lo llamamos guerra civil, genocidio o dictadura. Esta segunda ley que ordena la conducta de los gases fue descubierta por Gay-Lussac, químico francés, a comienzos del siglo XIX.

En la sociedad actual se constata la evidencia de las dos leyes antes mentadas: de un lado, el incremento de la presión, fruto de la crisis económica y, de otro, el aumento de la temperatura, resultado de la extensión de ideologías excluyentes y de otros fanatismos. Estas fuerzas presionan una carcasa social anticuada, rígida e inservible, formada por instituciones y élites caducas. 

Hasta ahora se ha venido utilizado un amortiguador para retrasar un final violento que parece inevitable: licuar las conciencias. Efectivamente, las conciencias, como los gases, pueden pasar a otro estado, en este caso líquido, con el fin de que toleren mayores dosis de presión y de temperatura sin queja. Para lograr tal amansamiento se utilizan los medios de desinformación, que son grandes enfriadores sociales. Pero este remedio no es eterno, como demostró Faraday hace dos siglos cuando descubrió los misterios de la licuefacción mientras manipulaba amoníaco.

Si no se produce un cambio radical y en la buena dirección estaremos abocados a situaciones muy dolorosas. De hecho, en esta gran caldera a presión que es la sociedad actual se está produciendo una fermentación butírica de la que nos llega un tufo que tumba y que no presagia nada bueno.

Emilio Alvarado Pérez es Portavoz del Grupo Municipal de IU

El "pensionazo"

Durán hablando con Zapatero. Pensiones a cambio de inmuebles públicos

La congelación de las pensiones, la subida de la edad de jubilación hasta los 67 años, el aumento de los años cotizados para cobrar la pensión íntegra y la reforma laboral impulsadas por nuestro Presidente, el Sr. Rodríguez Zapatero, son hitos del mayor paquete de recortes sociales que ha realizado un Gobierno de España desde el inicio de la democracia. En pocas palabras, desmantelamiento rápido del Estado del bienestar y claudicación ante las exigencias de los especuladores financieros. Triste balance de una legislatura, la segunda de Zapatero, que agoniza y de la que se despegan hasta sus fieles más íntimos.

El pasado jueves 21 de julio, el Congreso de los Diputados aprobó de manera definitiva, en sesión extraordinaria, una Ley de largo y atractivo título tras el que se esconde una agresión más contra los derechos de los ciudadanos. De nuevo la manida añagaza del lobo con la piel de cordero. La Ley, que se denomina de “actualización, adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social” (qué palabras más positivas, quién no desea estar actualizado, adecuado y modernizado aunque perezca inmediatamente después), incluyó la ratificación de todas las enmiendas introducidas en el Senado. Se cerró así un trámite parlamentario en el que el PSOE consiguió el apoyo de CiU para mantener intactos los puntos principales de la contra-reforma del sistema de pensiones, que son el retraso de la edad de jubilación hasta los 67 años y la ampliación del cómputo a efectos de cotización de 15 a 25 años. Si los hechos son la mejor prueba de las intenciones, esta ley manifiesta cómo es nuestro Gobierno que aún se empeña en “decir” que es de izquierdas.

Como los socialistas pueden pactar con quien les venga en gana porque la ciudadanía, hasta el momento, no les ha pedido responsabilidades sobre su política de alianzas, buscaron el respaldo tan socorrido de la derecha nacionalista catalana para alcanzar la mayoría absoluta en el Congreso que les garantizara que el texto no incluiría enmiendas inoportunas. Pero en los tiempos que corren todo “apoyo político” al PSOE  viene acompañado de una “contraprestación”, que en este caso fue “traspasar a las Comunidades los edificios propiedad de la Seguridad Social dedicados a asistencia sanitaria pero que eran gestionados por las administraciones autonómicas. En el caso de Cataluña, hablamos de 150 edificios públicos dedicados a la asistencia sanitaria”. En pocas palabras, el cambalache planteado fue el de más inmuebles a cambio de menos pensiones. Un trueque más entre elites políticas que no por usual deja de escandalizar al ciudadano y que, por desgracia, coloca la credibilidad de los políticos varios metros por debajo del nivel freático de la confianza mínima.

Después de auspiciar semejante atropello social, el ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, tuvo la osadía de decir que esta norma “no supone ningún recorte, que las prestaciones serán más altas en el año 2027 y que, según sus cálculos, a partir del año 2040 ó 2050, las pensiones seguramente se triplicarán e incluso más”, pese a que por esas fechas habrá 18 millones de pensionistas. Afirmaciones como esta podrían sonar a broma o a milagro, que tanto da. Pero el asunto es tan serio que las calificaremos de tomaduras de pelo. Las de un partido que, por mucho que se empeñe en salir a flote con un “nuevo” candidato que lleva casi un cuarto de siglo con mando en el gobierno y que dice tener, ahora que dejó el gobierno, nuevas fórmulas para salir de la crisis, ha cavado su tumba política al haberse plegado al chantaje de los mercados y por aplicar políticas de derechas.

Izquierda Unida ha votado en contra de esta ley de título tan moderno pero de contenido tan viejo y antisocial. Lo contrario era imposible. No podemos aceptar retrocesos históricos en materia de derechos sociales, ni recortes drásticos en nuestro sistema público de pensiones. No sólo no son necesarios sino que, además, son injustos. Es intolerable que los de siempre padezcan la crisis y que los débiles pierdan derechos. Mientras esto ocurre, el PSOE, que hace mucho que no puede presumir de socialista, permite que los culpables sigan saciando sus ansias especulativas. ¿Hasta cuándo?

María José Pérez Salazar es militante de IU de Azuqueca de Henares

El drama de los desahucios

Desde que comenzó la crisis cientos de miles de familias se han visto condenadas a vivir en la calle, sin casa y con una deuda astronómica de por vida. Esta es la realidad que se vive a diario en España ante la mirada impasible de la banca y la insolidaridad e indiferencia del bipartidismo PP-PSOE.

Según datos del Consejo General del Poder Judicial, un total de 15.491 familias tuvieron que abandonar su casa en el primer trimestre del año por no haber podido pagar la hipoteca u otro tipo de deudas. Al comienzo de la crisis, en los primeros meses de 2008, los desahucios apenas alcanzaban los 5.000, pero las previsiones auguran que entre 2011 y 2012 se podría llegar a la cifra total acumulada de 500.000 familias en la calle y con deudas hipotecarias imposibles de asumir.

Que nadie piense que con la pérdida de la vivienda termina el drama de estas familias. A partir del momento en el que se produce el desalojo se inicia un calvario para ellas aún peor que todo lo vivido antes. La gran mayoría de estas familias que se quedan sin hogar carecen de empleo e incluso de subsidios. Pero a pesar de ello mantienen la obligación de abonar las cuotas con intereses de la casa que un día compraron y que, debido a la grave crisis económica, pasa ahora, por el 50% del valor de tasación, a ser propiedad de quien perpetró la fechoría: el banco.

En descargo de los bancos suele decirse que quien pide el crédito hipotecario es responsable de su acción, de modo que debe asumir resignadamente las consecuencias de su impago. Pero los que así argumentan se "olvidan" de algunos pequeños "detalles". Para empezar, son las entidades financieras las que dan los créditos y se supone que al hacerlo calibran adecuadamente los riesgos. Además, en numerosas operaciones las entidades financieras tasan el valor del inmueble, inflándolo convenientemente para aumentar el montante del crédito que ha de pagar el deudor. Recordemos también que en una época de sobreliquidez y de dinero barato, las entidades financieras se arrojaron a los brazos de la especulación inmobiliaria prestando dinero a espuertas a promotores descabellados y, en justa correspondencia, prestándolo también a manos llenas a los futuros compradores de esas viviendas con fórmulas hipotecarias imposibles por encima del 100% del valor del inmueble y a pagar hasta en 50 años. Por otra parte, las entidades financieras establecen las condiciones del préstamo, sin posibilidad de negociación en aquellas cláusulas abusivas que les benefician. Y, por último, si el deudor no paga se queda sin casa y arrastra la deuda pendiente puesto que su responsabilidad es ilimitada, mientras que si el banco tiene problemas de liquidez recibe dinero del presupuesto público para tapar sus agujeros y su insolvencia.

Pero no olvidemos lo esencial de todo este asunto sin lo cual nada se entiende: el capitalismo entró hace décadas en un proceso de financiarización extrema, fruto de la sobreacumulación de capital y de la reducción real de los salarios, que basa el crecimiento de los beneficios en un endeudamiento privado masivo y en la especulación. Los bancos han entrado de lleno en este aquelarre, alimentando la deuda privada de un modo brutal y conectándola con la burbuja del ladrillo. Por eso decía antes que eran los responsables últimos de todas estas fechorías.

Después de muchos días sin aparecer en los medios de comunicación, escondido por su propio partido para no perjudicar aún más al gobierno, el señor Rodríguez Zapatero planteó en el debate sobre el estado de la nación un “paquete de medidas para proteger a quienes no pueden hacer frente al pago de las hipotecas”. ¿Se trataba de la dación en pago? Pues no, faltaría más. El Sr. Presidente se limitó a plantear la elevación de la cantidad de la nómina que no pueda ser embargada por impago hipotecario. La parte del sueldo que las entidades financieras no podrán embargar en los procesos de ejecución hipotecaria se elevará al Salario Mínimo Interprofesional, más un 50% de esa cantidad, a la que se sumará un 30% adicional por cada miembro de la unidad familiar que no disponga de ingresos propios. La cantidad inembargable pasa así para una persona sin obligaciones familiares de 641 a 961 euros, a los que se sumaría ese 30% adicional por cada miembro de la unidad familiar que no disponga de ingresos.

El decreto de “ayuda a las familias que no pueden pagar sus créditos hipotecarios” salió adelante el pasado día 14 de Julio con los apoyos de UPyD, PNV y Coalición Canaria.

Este aumento de la parte inembargable del salario es un parche más para un sistema financiero podrido que tiene agujereados los bolsillos de los ciudadanos. Es una medida insuficiente porque se sigue condenando a las familias que, después de pasar por el drama de una ejecución hipotecaria, tiene que seguir pagando una vivienda que perdieron para siempre. Esta medida es como arrojar un vaso de agua en medio de un bosque incendiado, una improvisación penosa y sin fruto para no admitir la dación en pago, en definitiva, una cortina de humo del gobierno socialista para tapar su debilidad ante la implacable voracidad de los bancos y de los mercados.

Además, el nuevo decreto produce muchas dudas y deja sin resolver los problemas más importantes. Por ejemplo, el de los avalistas que siguen respondiendo con sus rentas, viviendas u otros bienes ante la deuda del hipotecado. Por otra parte, no acaba con el estigma de las familias a las que se les “cuelga” el calificativo de morosas, impidiéndoles así el acceso a créditos o a contratos de alquiler. Por último, no es una solución para aquellas familias que no perciben ningún tipo de ingresos (la inmensa mayoría de los damnificados), puesto que se quedan sin vivienda y sin recursos económicos para hacer frente a una deuda que nunca prescribe.

Desde que se produjo el estallido de la burbuja inmobiliaria los grupos de izquierda como IU-ICV, BNG y ERC han defendido implantar la dación en pago o, lo que es lo mismo, que la entrega del piso hipotecado sirva para saldar la deuda contraída. Igual que no se concede un crédito si no hay materia o proyecto pignorable, debería cancelarse la deuda si se pierde definitivamente lo que quedó en prenda o depósito. Lo contrario, por mucho que lo consagre la ley, es pura extorsión o imposición mafiosa. La mayoría bipartidista del Congreso, una vez tras otra, ha rechazado siempre esta propuesta, con el apoyo inestimable de los grupos nacionalistas de derechas. Estas iniciativas a favor de la dación en pago coinciden con las de organizaciones de consumidores y plataformas ciudadanas de damnificados, que están ejerciendo una labor muy importante impidiendo por ahora los desahucios y trasladando a la opinión pública la imagen de un drama que nos avergüenza.

La medida del Sr. Zapatero es la enésima prueba de que el Gobierno acata las órdenes de una banca cada vez más avariciosa, y que prefiere sostenerla aunque ello lleve a condenar sin remisión a los más vulnerables. Todo con tal de mantener indemnes los privilegios del poder financiero.

María José Pérez Salazar es militante de IU de Azuqueca de Henares

Las partes olvidadas de la Constitución

Ejemplar de la Constitución que se envío a todos los hogares españoles con motivo del referéndum constitucional

Cuando alguien quiere calzarse una posición respetable en el debate político menciona la Constitución. Y lo hace con más fuerza cuanto mayor es su propósito de retorcerla. Desconfiemos de los que se erigen en defensores de su letra y espíritu clamando a voces por su respeto. Los que así actúan someten la laudatio de la norma suprema a intereses espurios que, bien disimulados, ocultan sus verdaderas intenciones.

La forma más socorrida para lograr esta adulteración consiste en escamotear aquello que incomoda del texto constitucional y, por el contrario, exaltar lo que interesa sustrayéndolo del contexto. Vieja añagaza que ya apuntara Aristóteles en el Libro II de la Retórica.

Hay en la Constitución dos partes muy damnificadas por este daño consciente: el Preámbulo y el artículo 1.1 del Título Preliminar; es decir, aquello que es pórtico, inicio e inspiración, se supone, de todos los artículos que vienen después.

Si la Constitución se dividiera en partes como las regiones de un país, el Preámbulo y el artículo 1.1 deberían ser declarados zonas catastróficas azotadas continuamente por toda clase de calamidades. No hay partes más maltratadas de la Constitución que éstas, por incómodas y potencialmente desestabilizadoras de un orden injusto y caduco que el bipartidismo se empeña en mantener.

El Preámbulo defiende los siguientes principios: la paz interior basada en la democracia y en un orden económico y social justo, el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular, el ejercicio de los derechos humanos, el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida, y la paz y la cooperación entre todos los pueblos de la Tierra. En pocas palabras, la paz, la democracia avanzada y la justicia social como elementos unidos e indispensables para construir una sociedad digna de ciudadanos con derechos.

El Preámbulo de la Constitución plantea ideales que hoy, tras varios decenios de reacción política y económica, parecen revolucionarios. De él se deduce que no puede haber paz civil si no hay justicia social y económica, que el progreso de la economía se debe subordinar al aseguramiento para todos de una digna calidad de vida, que la democracia no es simple selección de líderes y que los derechos humanos son reales sólo si pueden ejercerse. Si lo miramos con atención, el Preámbulo afirma exactamente lo contrario de lo que hoy se consiente y estimula: que la justicia social y económica es una antigualla, que hay que soportar con mansedumbre de cabestro la desigualdad, la injusticia y la pobreza, que los seres humanos están al servicio de la economía y no al revés, que la democracia se reduce a votar cada cuatro años y que basta con decir que algo sea un derecho para que así lo consideremos aun cuando resulte imposible ejercerlo. No cabe una adulteración mayor de la letra y del espíritu constitucionales. Hora es ya de pedir responsabilidades a quienes nos han traído a esta situación que hace burla de nuestra ley suprema.

Las afirmaciones del Preámbulo hacen que no desentone lo que le sigue de manera inmediata, esto es, el artículo 1.1, que aborda la sustancia del Estado español, el cual se define primero de todo como social, y luego democrático y de Derecho, siguiendo el ejemplo de la Ley Fundamental de Bonn que, a su vez, bebe de la precursora Constitución de Weimar y de nuestra Constitución de la Segunda República.

Constitucionalmente hablando el Estado español no es liberal, ni conservador, ni mínimo, ni puro apéndice de los mercados, ni por supuesto anti-intervencionista. El Estado español es, sin duda, social. Y lo es no sólo porque lo diga el artículo 1.1 de la Constitución, que ya sería bastante, sino porque un Estado liberal o neoliberal no hace nada para regular la economía capitalista, que es asunto que se deja en manos de los mercados y de los agentes económicos individuales. Las tareas políticas del Estado liberal nada tienen que ver con la búsqueda de un orden económico y social justo sino que, bien al contrario, se limitan a amparar la libertad negativa y los derechos negativos de los individuos, así como a garantizar la soberanía de los mercados, que es como decir proteger y consolidar el poder anónimo y dictatorial de aquellos que los controlan. Dicho de otra manera, los principios expresados en el Preámbulo sólo pueden ser realizados bajo la soberanía de un Estado social que intervenga, regule, ponga orden, proteja derechos positivos y colectivos, y subordine los apetitos individuales expresados en el mercado a los intereses superiores de la justicia, la paz y la democracia. En contraposición al Estado liberal, el Estado social reposa en la idea de sociedad en la que las abstracciones individualistas y las robinsonadas son sustituidas por una concepción del individuo/ciudadano que es parte de la sociedad y al que la sociedad le debe amparo a cambio de colaboración.

¿Si tan malparados salen del contraste con la realidad el Preámbulo y el artículo 1.1, qué decir de sus hijuelos, los artículos 9.2, 10.2, 31, 39.1, 40 al 51, 128 y 131, olvidados perennes de la Constitución?

En esos artículos la Constitución otorga a los poderes públicos hacer efectiva la igualdad y remover los obstáculos que la impidan. Además, en lo concerniente a los derechos del hombre pone como referencia interpretadora la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el resto de tratados y acuerdos internacionales ratificados por España. Por otra parte, asigna a los poderes públicos las tareas de crear un sistema fiscal universal basado en los principios de igualdad y de progresividad, asegurar la protección social y económica de la familia, que la distribución de la renta personal y regional sea cada vez más equitativa, el mantenimiento de un régimen público de seguridad social universal y suficiente, la consecución del pleno empleo, la organización y tutela de la salud pública, la seguridad, la higiene y el descanso en el trabajo, el acceso universal a la cultura y a un medio ambiente adecuado, la promoción del acceso a una vivienda digna impidiendo la especulación del suelo, la obligación de mantener un sistema de pensiones adecuadas y la defensa de los consumidores frente al abuso. Por último, la Constitución menciona taxativamente que toda la riqueza del país, en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad, está subordinada al interés general, que el sector público puede reservarse la actividad económica de recursos o servicios esenciales así como la intervención de empresas y, finalmente, la potestad de los poderes públicos para planificar la actividad económica general con el fin de atender las necesidades colectivas y la más justa distribución de la renta.

¿Quién reivindica hoy esta parte de la Constitución, enlazada naturalmente con el Preámbulo, con el artículo 1.1 y con la tradición más social de la historia constitucional europea? Sólo la izquierda de verdad y aquellos que claman a título individual por un mundo más justo. Estos son hoy los verdaderos defensores de la Constitución española. Los demás, los que pontifican con grandilocuencia sobre su adhesión incondicional a un texto que mutilan, por mucho que se envuelvan fanáticamente en la bandera, son polilla y carcoma de una norma que dicen defender pero a la que desprecian profundamente.

¿Por qué la izquierda se ha dejado arrebatar la Constitución, permitiendo que sea patrimonio exclusivo de quienes la mancillan, cuando hace tres décadas era la izquierda quien más reivindicaba que nos diéramos una norma fundamental en paz y en libertad? Diversas causas permiten formar una explicación. En primer lugar por oposición frontal a algunos de sus contenidos, singularmente el breve Título II dedicado a la corona. También porque las garantías constitucionales de los derechos son muy desiguales, colocando en situación de franca indefensión a los que tienen un carácter más social y colectivo. Y, finalmente, porque la Constitución hace gravitar el sistema electoral en la circunscripción provincial, lo que ha facilitado la marginación de la izquierda real del sistema político. Otras consideraciones que tienen que ver con asuntos más simbólicos, aunque no por ellos menos importantes, también han fomentado este desapego.

La Constitución española no es un documento perfecto. Contiene incongruencias y dispone algunos asuntos de gran importancia de un modo muy discutible e incluso contrario al buen juicio. Pero no por ello debemos despreciar la legitimidad que otorgarían algunos de sus principios a un programa emancipador y rupturista. La izquierda real no está sobrada de recursos y de apoyos para defender sus propuestas sin apelaciones externas. Rescatemos lo mejor de la Constitución para armar un discurso de izquierdas que despierte ilusiones y esperanzas adormiladas. Y hagámoslo cuanto antes porque el tiempo se acaba.

Emilio Alvarado Pérez es Coordinador Local de IU y Portavoz de IU en el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares

Bailemos el "bimbó"

Los tres diputados autonómicos que IU tiene en el parlamento de Extremadura

En este país todos los partidos del establishment pactan entre sí como les viene en gana y nadie les pide cuentas. En cambio, todo el mundo le exige cuentas a IU, que es un partido que disgusta al establishment, cuando sus bases deciden que en ocasiones lo mejor es abstenerse o votar a sus candidatos gobierne quien gobierne.

De todos los partidos el más promiscuo es el PSOE, porque baila la yenka. Puede acordar con cualquiera (PP, independientes, tránsfugas, nacionalistas, regionalistas e IU) para, acto seguido, criticarlos a todos allá donde le venga bien porque pacta con otros. Resulta escandaloso que sea el partido más promiscuo del panorama nacional el que más le afee la conducta a IU cuando ésta, según su interesada opinión, no actúa con fidelidad, que siempre consiste en aupar al candidato socialista en apuros para que se calce los laureles del cargo perdido. Aunque sólo sea por amor propio no deberíamos tomarnos en serio las pataletas del PSOE cuando no consigue de nuestra parte el sustento que siempre cree merecer. Sólo faltaba que quienes nunca nos han votado ni piensan hacerlo dispongan sobre nuestra voluntad como si fuese la suya.

En cuanto al PP, a priori pareciera tener más restringido su ámbito de relaciones legítimas, aunque últimamente hemos visto que no le hace ascos a propuestas que ponen patas arriba su programa electoral. Cuando de lo que se trata es de alcanzar el poder el PP arrumba sus principios y principia a transigir, aunque sólo sea con guiños, monerías, requiebros y flores. Tales giros en su retórica no provocan en su cúpula ni una sola amonestación, ni en sus afiliados y simpatizantes la menor crítica. Tampoco se oyen voces que desafinen tanta armonía en los medios que lo amparan, que son muchos y poderosos. Esta visto que cuando la derecha política huele el poder y comadrea para conseguirlo, decreta un silencio de sepulcro que ensordece por su intensidad.

Y qué decir de los grupos "independientes" (que en su mayoría son escisiones o añagazas de la derecha de toda la vida, marcas blancas del producto original) y de los partidos nacionalistas y regionalistas de derechas, llamados a ser bisagras y andamios del PP y del PSOE, siempre dispuestos a echar una mano a cambio de un cargo, una cesantía o una competencia. Para ellos carta blanca y manga ancha porque, según sus valedores, siempre hacen política de Estado aunque hoy pacten con unos y mañana con los contrarios.

IU es arrastrada por el sistema electoral a la inanición política. Esto ocurre de continuo. Pero cuando se produce una gran polaridad, el sistema electoral lleva a IU a ocupar un espacio muy comprometido en el que se ve forzada a elegir entre Anás y Caifás, cuando sus simpatías están en otras esferas. Es de una crueldad refinada que el partido que más denuncia el bipartidismo sea colocado, por efecto de un sistema electoral perverso, en la tesitura de favorecer indirectamente al PP o al PSOE y de apuntalar el bipartidismo que tanto le perjudica.

IU debe salir de este dilema tramposo en el que otros nos quieren atrapar. Expliquemos que nuestra política de pactos se ajusta a un solo principio: la defensa del programa electoral y el respeto a la voluntad de las bases cuando son invitadas a expresarla. Por nuestra parte todo lo demás sobra. No seamos ingenuos o  temerarios imponiéndonos obligaciones que no somos capaces de cumplir. Huyamos como del tifus de un sistema de partidos caduco y dañino. Quitémonos el dogal que nos han puesto otros. No permitamos que los demás nos enreden en sus contradicciones y miserias.

Como no pongamos fin pronto a este estado de cosas acabaremos asumiendo que somos culpables no sólo de nuestros fracasos sino, también, de los ajenos.

Esta visto que en el baile de los pactos todos pueden arrimarse a todos, excepto IU que se ve condenada  a bailar el "bimbó" socialista, que es baile ya muy visto.

Si hay que bailar el bimbó que sea por una buena causa y porque lo queramos, no porque otros tuerzan nuestra voluntad.

Emilio Alvarado Pérez, es portavoz del grupo municipal y coordinador local de IU

Izquierda Unida y el 15M

Una de las muchas asambleas del 15M en uno de los muchos pueblos de España

Es estupendo que la gente salga a la calle para hablar de política. Me alegra que los espacios públicos sean utilizados para discutir sobre las cuestiones colectivas que preocupan a los ciudadanos. Y me parece muy bien que tengamos temas de conversación mucho más serios que las frivolidades, mezquindades y pamplinas de siempre. ¡Viva el ágora! ¡Arriba la calle y abajo el salón de casa con tv! Que conste todo esto, de la manera más clara y entusiasta, con fervor incluso, para que se entienda en su punto lo que viene a continuación.

Muchos de los indignados de hoy se han echado a las calles porque están hasta el copetín y porque ven que el agua amenaza con tapar sus fosas nasales. La inmensa mayoría de ellos han salido a las plazas no por un proceso de reflexión intelectual sino como consecuencia del hartazgo que les produce un sistema que los condena y los ahoga. Su acto es de supervivencia (así hay que considerarlo) y pronto, si es que el movimiento quiere fructificar, tendrán que armarse de discursos y de razones que no caerán precisamente del cielo ni serán originalidades nunca antes oídas.

Por esta razón los indignados de hoy no ocuparon el espacio público antes, cuando estaba monopolizado por la derecha política y el clero, aunque antes no faltaran razones para tirarse a las calles y preocuparse por lo que se nos venía encima. Mucho tardaron en salir estos indignados, hasta el punto que llegó a especularse que la sociedad española, caracterizada por un individualismo cabileño grabado en su fibra genética, no iba a despertar de su indiferencia suicida aunque recibiera más palos que una estera.

Antes de que estos indignados salieran a las calles hubo llamamientos para ocuparlas. Es cierto que fueron tardíos y timoratos, pero los hubo. Procedían de los sindicatos, muy desprestigiados ante la opinión pública, y de partidos y movimientos sociales pequeños como IU, el Foro Social Mundial o ATTAC, por citar sólo a unos pocos, menguados por la trituradora del bipartidismo y por unos medios de comunicación tan parciales como deshonestos. Esos llamamientos, hay que decirlo, fueron en general un fracaso y tuvieron un seguimiento ciudadano más que discreto, con excepción de la huelga general. En ellos no había nuevos indignados sino los indignados de siempre, los que nunca se resignaron cuando nadie salía a la plaza pública a  denunciar la injusticia y el abuso.

Los indignados de hoy, que eran los resignados de ayer, no han descubierto el Mediterráneo. Como mucho le han usufructuado el fuego a Prometeo. Sus reivindicaciones, por lo que sabemos, son idénticas a las de los indignados de siempre y a las que lleva IU en su programa electoral casi desde su fundación. En orden a propuestas, por tanto, no hay novedad. Lo que cambia es que cada vez son más los enfadados que no se resignan a dar por bueno un sistema social que perjudica seriamente sus vidas. Señores indignados, bienvenidos al club de los indignados de siempre.

En los últimos meses se ha producido una transfusión silenciosa y anónima del programa de IU a los grupos de indignados y, por extensión, a otros partidos políticos que nada tienen que ver con ellos pero que desean pescar en el revoltijo general. La apropiación del programa electoral de IU llega a tal punto que nadie reconoce el hecho, ni siquiera la propia IU. Los indignados defienden la tasa Tobin, la dación en pago para cancelar las hipotecas, la reforma del sistema electoral, el control de las entidades bancarias, el derecho a la vivienda, la progresividad fiscal, los servicios públicos de calidad, el empleo con derechos y con remuneración adecuada, etc., propuestas todas que IU lleva defendiendo muchos años en medio de una soledad heladora.

Esta transfusión/apropiación ideológica, venturosa en última instancia, tiene un punto de injusticia porque a IU nadie le reconoce nada, ni siquiera sus aciertos. Propuestas de IU que en su momento fueron criticadas con desprecio y lenguarajos pasan hoy por respetables contribuciones al debate social. Lo que antes era malo hoy es bueno sólo porque lo defienden otros que, por lo demás, no se consideran ni de derechas ni de izquierdas sino todo lo contrario.

Incluso la propia IU ha caído en esta especie de abandono y de renuncia de sí un tanto mística, en la que por lo visto ha de ir pidiendo perdón porque los nuevos indignados coinciden con su programa. Un proceder que refleja una falta de orgullo muy preocupante que desanima a los que hemos luchado desde siempre por construir un mundo mejor con las pocas herramientas que tenemos a nuestro alcance, siendo una de ellas IU.

Pero hay una última cuestión a tratar. ¿Cómo es posible que IU no llegue a la ciudadanía cuando la ciudadanía parece darle la razón y, a la vez, cómo es posible que todo esto coincida con un vuelco electoral a favor de la derecha política como no se había visto en nuestro país desde el inicio de la democracia?

Que nadie interprete estas líneas como una jeremiada. Todo lo contrario. Soy de la opinión de que IU debe colaborar sin complejos con todos los indignados, los de antaño y los de hogaño, pero reivindicando su programa e incorporando lo bueno que salga de las asambleas ciudadanas. Nadie debería indignarse por ello.

Emilio Alvarado Pérez, portavoz del grupo municipal de IU