La maternidad no es para lesbianas ni solteras. Mejor será que hilen

Ana Mato y su varón invisible, del cual ni se acuerda, no vaya a ser ...

“La falta de varón no se puede tratar como un problema médico.” Así respondía Ana Mato, Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a la pregunta sobre los criterios que debe tener en cuenta el médico para incluir a una mujer en un diagnóstico de infertilidad, tras la polémica que ella misma provocó al excluir a lesbianas y solteras del sistema público de reproducción asistida.

La Ministra a la que la trama Gürtel regalaba viajes turísticos valorados en 50.000 euros y artículos de lujo de Louis Vuitton por un valor mínimo de 610 euros la pieza, a la que unos amiguitos misteriosos le sufragaban “eventos familiares particulares” como fiestas de cumpleaños con payasos y confeti que costaron más de 11.800 euros y la misma que para defenderse de las acusaciones que la hacían responsable de las trapacerías de su ex marido y camarada de partido, el imputado Jesús Sepúlveda, argumentaba “¿eso es lo que hemos avanzado en igualdad, responsabilizar a una mujer de lo que haya podido hacer un hombre?”, ha decidido dejar sin cobertura legal a las mujeres solteras y lesbianas que quieran hacer uso de su derecho a la reproducción asistida en el sistema sanitario público, demostrando así que, en ocasiones, el peor enemigo de las mujeres es otra mujer con prejuicios y con el poder de imponerlos.

El documento que la señora Mato pretende llevar al Consejo Interterritorial de Sanidad excluye a estos colectivos “dudosos” (sólo para su mentalidad deformada) del acceso a dichos tratamientos. Su propuesta establece como requisitos para recibirlos ser pareja integrada por mujer menor de 40 años y hombre menor de 55, sin ningún hijo en común y que cuente con un diagnóstico de esterilidad tras haberse sometido al correspondiente estudio previo. Lo que finalmente ha suprimido del documento ha sido el punto en el que se pretendía tener en cuenta la situación psicosocial o los problemas de conducta de la pareja como otro de los criterios de exclusión. En lo restante, el documento es copia del original, excluyendo, por tanto, a las mujeres de un tratamiento que recibían hasta ahora por el hecho de que su orientación sexual y afectiva sea diferente, expresión de su libertad y de su tendencia personal, asunto en el que nadie tiene derecho a husmear porque forma parte de la intimidad del ser humano tal y como reconoce las leyes. O sea, que lo del varón, por muy santo que fuere, si está ausente, debiera ser irrelevante a efectos de reproducirse en modo asistido, como ocurría hasta ahora sin que tal cosa perjudicara a nadie, hasta que vino la señora Mato y lo arruinó todo. 

En el mes de octubre del 2012, algunos medios adelantaron lo que entonces era una propuesta que ahora se materializa. Por aquel entonces el Ministerio de Sanidad negaba que se fuera a revisar ideológicamente la cartera en reproducción asistida. Aseguraba Mato que cualquier modificación respondería a criterios médicos y al éxito de los tratamientos. Nueve meses después, el Partido Popular traicionaba sus promesas al decretar la exclusión de los tratamientos de reproducción a determinados colectivos por razones ideológicas para imponer un esquema de familia, el suyo, que no comparte una sociedad, la nuestra, que es más libre y tolerante que el gobierno que padecemos. 

La noticia no sólo ha causado indignación entre los colectivos de homosexuales y entre las personas tolerantes de toda condición sino, también, en el ámbito jurídico, porque la decisión de la Ministra Mato no tiene nada que ver con un problema de escasez, ya que de ser así habría reducido los tratamientos de fertilidad a todos por igual, sin discriminación alguna por la orientación sexual.

La imposición de Mato supone el incumplimiento del artículo 14 de la Constitución que reconoce que “los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.

Pero no sólo se pisotea el artículo 14 de la Constitución con la contrarreforma de Mato. El portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosh, añade que también vulnera el artículo 39 de la Carta Magna en el que se establece “que los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia” y el artículo 10 que pone de manifiesto que “la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social”. Esto quiere decir que el gobierno no puede imponer a una persona ni su orientación sexual ni que para tener hijos deba estar casada, ni tener pareja o un determinado sistema de valores familiares.  

Por más que moleste a la señora Mato, se tienen hijos porque se quiere y cuando no se puede de un modo se intenta de otro, con la ayuda de los avances médicos si es posible, porque a los hijos deseados se les quiere y busca, vengan como vengan, y se les viste por la mañana y se les da el desayuno, besándolos antes y después, sin intermediación del personal de servicio, que es cosa penosa que dice mucho y mal de madres que no lo hacen y luego dan lecciones de moralidad y buen corazón. Lo contrario es exclusión, discriminación, imposición y abandono de las obligaciones familiares, que deberían estar castigadas cuando no hubiera razón de fuerza que las impidiera, lo que no es el caso de la Ministra según todos los datos.

Para justificar este nuevo recorte el gobierno pretexta razones que dice que son sanitarias, cuando no es cierto. En contra de lo que sostiene el ejecutivo de Rajoy, el derecho a la salud, consagrado en tratados internacionales y regionales de derechos humanos y en las constituciones de países de todo el mundo, no sólo se refiere a la ausencia de enfermedades sino, además, al derecho a disponer de condiciones de bienestar físico, mental y social sin las cuales la salud es imposible. Así pues, este derecho no debe entenderse como el derecho a estar sano (igual que la paz no es sólo la ausencia de guerra, la cultura simple eliminación del analfabetismo y el fin del hambre chutarse en vena sebo chorreante), sino como la posibilidad de disfrutar de un abanico de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarias para lograr el más alto nivel de salud, debiendo ser los gobiernos los garantes de su mantenimiento para que las personas vivan lo más saludablemente posible.

El sistema sanitario atiende diariamente miles de casos que no son un problema médico porque, afortunadamente, la salud es mucho más que la sanidad y la sanidad es mucho más que la lucha contra la enfermedad. La sanidad moderna está por encima de la “enfermedad” y de “lo médico”. La visión de la sanidad reducida a lo estrictamente médico provoca que algunos colectivos tengan que cargar con la etiqueta de “enfermos” simplemente para poder beneficiarse del apoyo del sistema público de salud y de la cobertura que éste proporciona. Tal es el caso de las personas transexuales, que para que sus necesidades en materia de prestaciones sanitarias sean cubiertas por el servicio nacional de salud tienen que aceptar llevar colgada la etiqueta de enfermas cuando no lo son, excepto en la mentalidad reaccionaria del gobierno actual.

Las prestaciones sanitarias tienen necesariamente que abarcar más cuestiones que la mera cura médica. Como dijo Rudolf Wirchow, médico y político alemán, considerado como uno de los más prestigioso patólogos del siglo XIX: “La medicina es una ciencia social y la política no es más que una medicina a gran escala”.

El Partido Popular, respondiendo a condicionamientos exclusivamente ideológicos y no económicos como nos quiere hacer creer, intenta culpar de la supuesta mala situación económica del sistema sanitario público a colectivos que no comulgan con su modelo de familia y ciudadanía, como ya lo hizo con la población inmigrante en situación administrativa irregular. Por cierto, puestos a definir “problemas médicos”, el inmigrante en situación irregular, como cualquier otro ciudadano, padece problemas de salud que no se tratan porque a la Ministra Mato no le da la gana, como prueba el Real Decreto 16/2012 que dejó a cientos de miles de inmigrantes indocumentados sin derecho a la sanidad pública.

Por lo tanto, hacer creer a los ciudadanos que la exclusión de determinados colectivos de mujeres de las técnicas de reproducción asistida es una medida de ahorro es una engañifa, cuando el coste económico del protocolo para la fecundación asistida en el servicio público de salud es ínfimo y el 80% se practica en centros privados, según la Asociación Española de Fertilidad.

Si la intención de la Ministra Mato es la de reducir costes atendiendo a problemas puramente médicos, no tendrá ningún inconveniente en incluir a lesbianas y a madres solteras que tengan diagnosticado problemas de infertilidad. Pero no es el caso, porque esta señora se ha rodeado de “expertos” contrarios al matrimonio homosexual y al aborto para elaborar las futuras medidas de protección de su idea de familia.

Mato creará rangos jurídicamente jerarquizados compuestos por ciudadanas de primera como son las mujeres heterosexuales y casadas, y ciudadanas de segunda donde se incluyen a lesbianas, bisexuales y solteras, criminalizándolas bajo el diagnóstico de “rarezas”, “anormalidades”, y "desviaciones", reafirmando así su intolerancia y animadversión hacia ellas, lo cual es muy propio de una señora tan sectaria como la Ministra, porque en eso consiste ser opusina, que es participar en una secta muy poderosa y oscura del catolicismo proclive a poner etiquetas peyorativas sobre las personas libres y sus costumbres.

Terminemos relatando algunas incongruencias de la señora Mato, que son también del PP, y que hacen que nos tomemos a broma sus teorías sobre las desgracias que trae que la hembra no tenga varón al lado que le sostenga el cayado.

Según Mato, la ausencia de varón debe penalizar a lesbianas y solteras que quieren tener hijos y que no merecen que el presupuesto público atienda su capricho, mientras que la ausencia de varón en las aulas en las que se practica la segregación por sexos no es motivo para retirarles la subvención pública al colegio sino todo lo contrario. Ahorro en el primer caso y subvención justísima en el segundo, por la gracia de Mato, aunque el varón a veces no asome la nariz ni en la familia moderna ni en el aula segregada.

Pero hay más. Si la ausencia de varón no es un problema médico, por qué muchos de los camaradas de Mato consideran que el lesbianismo es desviación patológica.

Y si la ausencia de varón es muestra de estilo de vida y la hacienda pública no tiene obligación ninguna de sostener costumbres particulares, ¿qué demonches hace el gobierno sosteniendo a la iglesia católica que es ejemplo cabal de forma de vida privada, particular y subjetiva desde la cuna a la tumba?

El gobierno de Rajoy se ha vuelto loco, del tipo de locura fanática que no atiende a razones. Gallardón obliga a ser madres a las mujeres que no lo desean y Mato impide ser madres a las mujeres que quieren serlo. Pero sólo si las madres en acto o en potencia son pobres, porque si tienen posibles las mujeres harán lo que les parezca, que el dinero todo lo puede.

Si lo que hace Mato no es una imposición urge que dimitan los académicos de la RAE, de la a la z.

Resulta imposible entender a una derecha que truena por la individualidad pero que la respeta tan poco cuando la persona ejerce plenamente su libertad para afirmarse como le dictan sus sentimientos.

Con esta derecha que padecemos siempre pasa lo mismo: imposición de costumbres y, si no, señalamiento y castigo, en este caso con la excusa barata del ahorro.

María José Pérez Salazar forma parte del Consejo Político Local de IU de Azuqueca de Henares