Nuestra salud en peligro de muerte

Paralización de las obras de ampliación del Hospital Universitario de Guadalajara

Apenas transcurrido un año de legislatura del Gobierno Regional, muchos profesionales del Hospital Universitario de Guadalajara hacen la siguiente rogativa: “sólo pido que nadie de los míos caiga enfermo de aquí en adelante, porque las cosas ya no son como eran”. Resulta muy inquietante que los que conocen las entrañas de la vida diaria del SESCAM piensen así. Pero es que todo apunta a que la privatización del sistema público de salud por parte de lo más rancio de la derecha y de la ultraderecha española representada en Castilla–La Mancha por Cospedal, nos va a traer, al igual que en otros asuntos, un retroceso de décadas, provocando situaciones irreversibles con trágicas consecuencias, incluso de muerte de seres humanos.

Bien es cierto que hay cosas que en años anteriores el Gobierno del PSOE no debió consentir (y su Secretario Provincial en Guadalajara, Pablo Bellido, tenía que haber reconocido el pasado 21 de mayo en la rueda de prensa en la que denunció los recortes sanitarios en la provincia) ya que, seguramente, supusieron un gasto desmesurado del que, en parte, vienen estos lodos. Me refiero, por ejemplo, a los tejemanejes entre algunos médicos y empresas farmacéuticas para recetar medicamentos de marcas muy conocidas. La práctica siempre era la misma: los laboratorios aconsejaban a los facultativos la prescripción de sus fármacos como si fueran la Teriaca de Andrómaco (cuando había otros más económicos e igualmente eficaces que podían administrarse) y, como recompensa, los médicos complacientes recibían importantes “detalles” de las empresas distinguidas. El gobierno de Barreda conocía estos cambalaches que iban contra el presupuesto público y no movió un dedo para evitarlos.

Quizá, también, el ejecutivo de Barreda pudo plantearse de otro modo la reducción de las listas de espera. Se fomentaron, por ejemplo, las llamadas “peonadas” del personal de quirófano, radiología etc., que se convirtieron en un abuso porque las cirugías programadas por la mañana se retrasaban extrañamente más de lo normal, mientras que por las tardes, previo pago de un generoso suplemento a los facultativos agraciados, se ejecutaban con la mayor diligencia. El Gobierno de Barreda debería haber contratado personal para sostener dignamente el turno de tarde y así aliviar las listas de espera, en vez de pagar horas extraordinarias a precio de oro. Tal medida habría sido no sólo más económica sino también más eficiente, por no hablar de la creación de empleo que hubiera procurado.

Dicho lo anterior, ninguna de las medidas tomadas por el gobierno de Cospedal con el Consejero Echániz como jefe de los matarifes, están justificadas por la mala praxis del Gobierno de Barreda. Entre otras razones porque son parte de un plan de reforma ideológica de la sociedad consistente en convertir a los ciudadanos en súbditos, a los débiles en carne de cañón y a los trabajadores en esclavos, todo para mayor gloria de Merkel y de los especuladores de la prima de riesgo.

Una de las primeras decisiones tomadas por la nueva gerente del área de salud de Guadalajara, Cristina Granados, que es cargo de confianza del Gobierno del PP y que, por cierto, viene de recortar servicios en el hospital madrileño de Móstoles, consistió en ahorrar en personal no cubriendo bajas, excedencias, licencias legales etc., con trabajadores contratados para tal fin. Al prescindir del personal interino hubo que cerrar la sexta planta del hospital y forzar a su plantilla a cubrir cualquier servicio del hospital, ya sea en otra planta de hospitalización o en urgencias, quirófano, UCI etc.. Poco importaba si el personal trasladado tenía la experiencia debida en dichos puestos. La decisión de la nueva gerente no sólo ha provocado un desgaste profesional de los trabajadores afectados, sino también un importante deterioro del servicio, lo que repercute de manera muy negativa en el paciente.

Unido a esto, la dirección del Hospital, con la connivencia de Cospedal, Echániz y demás, ha decidido cerrar unas 160 camas (entre ellas 6 de las 14 de la UCI) durante el verano, lo que supone prácticamente la mitad del hospital, todo esto en una provincia que multiplica su población en el período estival. Así pues, el personal que trabaje durante el verano cubrirá a quienes disfrutan de su merecido descanso, incrementando aún más la probabilidad de que cualquier profesional desarrolle su labor en un servicio en el que no ha trabajado nunca y que, pese a la formación académica y la profesionalidad que acredita, no sea capaz de atender sus obligaciones como es debido.

Otro asunto a destacar es que a día de hoy el Hospital de Guadalajara carece de radiólogo intervencionista, puesto que de los dos titulares existentes uno está de baja por enfermedad y el otro se ha trasladado a Torrejón de Ardoz por motivos laborales. El resultado de tal dislate es evidente: las intervenciones especificas más “sencillas” son realizadas por un médico de otro servicio y con otra especialidad que, por muy competente que sea, no es un experto en la materia.

Además, la dirección del Hospital decidió por fin suprimir las peonadas. Pero, lamentablemente, también decidió que no hubiera un turno de tarde, como la lógica indica, sino que simple y llanamente no se harán, lo que provocará el incremento de las listas de espera, consiguiendo así lo que en realidad se busca desde el Palacio de Fuensalida: que el enfermo que pueda se opere en una clínica privada, y el que no, que sufra una espera temeraria que podría poner en riesgo su integridad física o, incluso, su vida.

A todos estos hechos consumados hay que añadir una rumorología cada vez más insistente y que no hay que desdeñar. Entre las voces que corren de acá para allá destaca la del cierre “temporalmente indefinido” de los CEDT de Azuqueca de Henares y de Molina de Aragón, o el del Instituto de Enfermedades Neurológicas, con el trastorno ocasionado a miles de ciudadanos y el colapso que provocará en las consultas externas del hospital provincial que, además, quedaría degradado, por los recortes, a la condición de hospital comarcal, con la consiguiente pérdida de especialidades, como la de Hemodinámica. Los efectos de tal decisión se advierten catastróficos: si un ciudadano sufre un infarto en Guadalajara, sea de la gravedad que sea, y necesita un cateterismo, tendrá que ser trasladado a Toledo, bien en ambulancia o bien en helicóptero si el balance de gastos lo permite, con lo que se pone en gravísimo riesgo su vida. Por otra parte, es un secreto a voces que hay un contubernio entre la Dirección política de la sanidad y algunos facultativos para dar altas antes de que el paciente esté curado o, al menos, cuando no suponga un riesgo para su salud el abandono del hospital o de ingresar sólo a un determinado porcentaje de pacientes. Además, circula con mucha insistencia la especie de que los enfermos mayores de 80 años no serán intervenidos cuando así lo requiera su dolencia, por lo que serán abandonados de la manera más cruel a su suerte, en una  especie de eutanasia asesina practicada precisamente por aquellos que quieren que muramos con dolor. Hay quien también asegura que el SESCAM y la dirección del Hospital prevén no reabrir las camas clausuradas durante el verano si el balance económico no mejora, lo que puede suponer el colapso y riesgo de muerte no sólo del Hospital de Guadalajara, sino también de sus pacientes y la supresión de los puestos de trabajo del personal interino, que pasarían a aumentar las listas del paro.

A todo esto que acontece en la provincia de Guadalajara le sumamos  lo que ocurre en el resto de la región, como la privatización de los hospitales de Manzanares, Tomelloso, Villarrobledo y Almansa, a los que se pueden añadir los de Puertollano y Valdepeñas, la arriesgada medida de ahorro que supone la disminución de pruebas de diagnóstico precoz a los recién nacidos, la eliminación de servicios en el Hospital Virgen de la Luz de Cuenca, etc. Añadamos a este cuadro desolador los recortes decretados por el Gobierno de la Nación con Rajoy y Mato a la cabeza, que darían para escribir otro artículo y que provocarán el pago del transporte sanitario, el repago farmacéutico nada progresivo para la tercera edad, la retirada de la tarjeta sanitaria a inmigrantes sin papeles y a mayores de 26 de años que no hayan cotizado, etc.

Como ya indiqué antes, asistimos a una reforma ideológica con el fin de tensar tanto la cuerda que los ciudadanos aceptemos el mal menor de la privatización de un derecho fundamental como es la sanidad, universal y pública, y así beneficiar y lucrar a empresas dirigidas por los mismos que destruyen los servicios públicos. El problema es que la cuerda, de tanto tensarla, se puede romper, ocasionando un problema tan grave que la crisis económica, a su lado, se quede en una simple anécdota, porque nada hay más importante que la salud.

Los recortes sanitarios del PP conducirán a hospitales colapsados, profesionales cuya carga de trabajo, estrés y malas condiciones laborales les impida rendir como pueden y merecen los pacientes, epidemias derivadas de la falta de vacunas para hijos de trabajadores sin recursos, muertes en los pasillos de urgencias, ancianos desahuciados, etc.

Estos recortes del PP, por los que quizá algún día sus ejecutores habrán de ser juzgados en el Tribunal de Estrasburgo, nos llevan a una sociedad en la que los pobres estarán mucho más expuestos a la enfermedad y la muerte que los ricos, en emulación de la ley del más fuerte proclamada por los nazis.

La destrucción de la sanidad pública afectará a la inmensa mayoría de la población. Por lo tanto, la ciudadanía, a través de los medios que brinda el Estado de Derecho, debe oponerse y revelarse para impedirla.

Que nadie olvide que la salud de los que recortan está más que asegurada con sus bonitos hospitales privados con ventanilla de pago y atención personalizada. Por eso mismo, los que recortan desprecian la sanidad pública. Ni la necesitan ni la quieren.

Miguel Ángel Márquez Sánchez es Coordinador Local de IU de Azuqueca de Henares

El desastre del PP

Consejo de Ministros=Viernes de terror

El pasado 20 de noviembre, una parte importante de la sociedad española creyó ilusamente en el “cambio” prometido por el PP. Tal opinión se fundaba en el cansancio ante las mentiras, traiciones y el entreguismo del gobierno del PSOE a los mercaderes invisibles y a la Alemania de la CDU, país que, de nuevo, se había arrogado, con la ayuda de Sarkozy, la condición de “potencia de orden” europea. Se volvía a cumplir en nuestro país el precepto no escrito de que las elecciones no las gana la oposición sino que las pierde el gobierno.

Los que votaron al Partido Popular, a excepción de los convencidos y de los partidarios de la revancha, pensaban que este partido “iba hacer las cosas mejor, más limpiamente, con coordinación y con más eficacia”, que “crearía empleo, no abarataría el despido, respetaría los derechos sociales, no subiría impuestos y, además, perseguiría el fraude fiscal”. Con estas propuestas tan esperanzadoras, España saldría de la crisis “más pronto que tarde”. Cuántas veces se escuchó en vísperas de las elecciones la frase “hace falta un cambio”, aun cuando tal cosa significara escapar del fuego para caer en las brasas.

Las promesas del PP germinaron en una ciudadanía con una débil conciencia social y con una raquítica cultura política, que ansiaba superar la crisis económica. Además, la batalla de la opinión había sido ganada por los medios de desinformación de la derecha, que llevaban años disparando fuego graneado contra el gobierno y contra la izquierda en general. La ofensiva mediática había conseguido reblandecer las meninges de una ciudadanía indefensa que no sentía ningún remordimiento cuando confesaba que su principal actividad de ocio consistía en enchufarse a la televisión para tragarse lo que se tercie: “si no leo, no sufro y si no me informo, no pongo en peligro mis inexistentes principios”. Con este panorama y con la ayuda de una ley electoral malversadora de la representación, la mayoría absoluta era segura.

En diciembre, el nuevo ejecutivo se puso manos a la obra. Con un Presidente del Gobierno oculto tras un discurso engañoso que desmentía su programa electoral y un Consejo de Ministros que traía la lección bien aprendida, era previsible lo que estaba por venir. Cumplidos los cien primeros días de su mandato, el Gobierno de Mariano Rajoy presenta una ejecutoria envidiable: ha desmantelado los servicios públicos básicos, poniendo en grave riesgo la vida de las personas, especialmente la de aquellas que pertenecen a colectivos vulnerables, ha subido los impuestos a quienes ya los pagan, ha abaratado el despido, ha volteado el Derecho Laboral y el ya debilitado Estatuto de los Trabajadores, llevando al paroxismo la relación asimétrica entre trabajador y empresario, ha elevado la tasa de desempleo al 25% y bajo el eufemismo de “regularizar fiscalmente los activos ocultos”, no sólo amnistía al defraudador (que es la carcoma de los servicios públicos) sino que da pábulo a lo peor de la delincuencia internacional, con el argumento capcioso de que así se obtendrá “una mayor recaudación”. Nunca antes un Gobierno había destrozado tanto en tan poco tiempo.

Ya nada sorprende en estos tiempos de tinieblas. El “credo neoliberal” (responsable de la crisis que padecemos) y su vástago, las políticas de ajuste duro, se toman como un dogma. La primera regla de este catecismo de desvaríos es que para salir de la crisis hay que aplicar recortes, no importa lo traumáticos que sean, con el fin de aliviar el peso del déficit y de la deuda. La mentira de este principio es manifiesta: los recortes debilitan la economía, provocan la caída de la recaudación y aumentan el paro, conduciéndonos a una espiral de crisis cada vez más profunda, con el consiguiente aumento del déficit y de la deuda en porcentajes del PIB, precisamente lo que se quería evitar. Además, los recortes brutales destruyen la sociedad y crean sufrimiento colectivo, con unas consecuencias incalculables en el futuro.

Los ajustes del PP son un disparate porque el pago por intereses a los bancos va a aumentar de nuevo este año, hasta alcanzar los 30 mil millones de euros aproximadamente, cantidad superior a la suma de todos los recortes incluidos en unos Presupuestos Generales del Estado que podemos calificar como los más infames de nuestra historia. Los señores del PP pretenden hacernos creer que “no hay alternativas” a su maldad, y que debemos resignarnos mansamente a escuchar el parte de guerra que el Consejo de Ministros nos lee cada viernes, en el que la Vicepresidenta anuncia con frialdad y desprecio cuántos ciudadanos va a sacrificar ante el altar de los acreedores internacionales.

Asoma en todo este espectáculo macabro la verdadera naturaleza del capitalismo actual: es menester que no cese la transfusión de riqueza colectiva a los bancos y a los grupos financieros, aunque para ello haya que destruir la educación, la sanidad, la cultura, la investigación, los subsidios de desempleo, la ayuda al desarrollo y los servicios sociales. El objetivo es uno y sólo uno: condenar a las personas para salvar a la banca. Se entiende ahora, con la perspectiva del desastre acumulado, el entendimiento traicionero del pasado mes de agosto entre el PSOE y el PP para reformar la Constitución, elevando a exigencia constitucional que la primera obligación del Estado español consiste en pagar a sus acreedores y no en dar de comer a sus ciudadanos.

Desafía a la lógica que el Gobierno, el BCE y el FMI callen cuando su “modelo neoliberal” salta por los aires, como ha sucedido en Irlanda o Grecia. Lejos de rectificar, argumentan que tal paradoja se debe a que el ajuste no ha sido suficiente. En resumen, que hay que “cavar aún más hondo” para ver la luz. Hoy, los locos pasan por cuerdos y los cuerdos son encerrados en el manicomio.

La repetición constante en los medios de desinformación de este catecismo (aceptado por casi toda la derecha y por los que, aparentando ser de izquierdas, se brindaron a empuñar sin contemplaciones la tijera del recorte) le confiere una carga tal de intimidación que ahoga las tentativas de reflexión libre, dificultando extremadamente la resistencia contra este nuevo oscurantismo. Poco importa que tanto unos como otros, convencidos y conversos, no puedan ofrecer una defensa empírica del mundo que están construyendo. Lo importante no es la realidad sino cómo se cuenta.

  

Esta “economía de saqueo de lo público y de lo colectivo” no es más que el robo legalizado e institucionalizado de la riqueza mundial que pertenece a miles de millones de personas, que pasa a manos de unos mercaderes que tienen nombre y apellidos, dirección y teléfono. El latrocinio tiene en cada país sus propias y terribles consecuencias en forma de tragedias sociales y dramas humanos, como el suicidio, el pasado mes de abril, de un jubilado sin recursos en Grecia. El sistema capitalista ha fracasado y ahora se muestra tal cual, sin complejos ni subterfugios.

A pesar de la propaganda una cosa queda clara: las causas de esta crisis no se encuentran ni en los centros educativos ni en sus estudiantes, ni en los hospitales ni en los enfermos, ni en los servicios sociales ni, mucho menos, en nuestro sistema de relaciones laborales. La crisis que padecemos tiene por origen el sistema financiero internacional, que en España ha intensificado sus efectos sobre el empleo al coincidir con el estallido de la burbuja inmobiliaria.

La solución a los problemas económicos que nos aquejan diariamente no pasa por laminar las bases de nuestro Estado de Bienestar, ni por imponer vías de ajuste rápidas a través de despidos y empleos precarios, sino por desarrollar las políticas que mejoren nuestro crecimiento y competitividad sin lesionar derechos sociales que son patrimonio del conjunto de la sociedad española.

España precisa una política de crecimiento de la que se derive la estabilidad presupuestaria. Hoy esa agenda contra la crisis es una evidencia que se manifiesta con fuerza creciente en Europa, aunque el Gobierno de España siga ignorándola, lo que pone de manifiesto que nuestro Presidente y sus ministros sirven a otros intereses y no a los generales de la sociedad española.

Existen demasiadas evidencias, y España es una de ellas, de que intensificar el ajuste presupuestario sin política de crecimiento conduce a la recesión, al desemplo masivo, a una mayor desigualdad y, por tanto, a dificultar que se alcance un equilibrio estructural de nuestras cuentas públicas.

En definitiva, empeñarse en ajustar más la soga al cuello de la sociedad española demuestra intenciones homicidas propias de los tiempos que vivimos. Tiempos en los que los gobiernos representan los intereses de las grandes fortunas y las grandes empresas, y en los que el bienestar social es arrojado por la borda con tal de intentar satisfacer, que no conseguir, la voracidad de los mercados.

María José Pérez Salazar es miembro del Consejo Político Local de IU de Azuqueca de Henares

El banco malo

La historia es bien conocida, aunque es preciso recordarla para mejor enjuiciar una decisión con la que, cuando menos lo esperemos, nos va a atizar el gobierno para salvar a quienes gobiernan de verdad: los bancos.

Durante una década (1997-2007) las entidades financieras españolas concedieron créditos imposibles que inflaron la burbuja inmobiliaria hasta el reventón final, ocurrido hace cuatro años. Mientras fluían montañas de crédito en pos de una actividad tan inútil como amontonar ladrillos recochos y acumular solares en medio de la nada, los bancos repartieron dividendos de película, festejaron ampliaciones temerarias y remuneraron a sus directivos con primas de escándalo. Algo parecido ocurrió en otros países, los EEUU e Irlanda, aunque la extensión del mal ejemplo ni es consuelo ni pretexto con el que justificar nuestra particular ruina.

La especulación del suelo alimentaba la especulación del crédito. Ambas demandaban ejércitos de albañiles, arquitectos, aparejadores, ferrallistas, soladores, notarios y demás oficios relacionados con el arte de levantar tabiques, acrecentando la superstición de que en España se había descubierto una nueva forma de producir riqueza: que los inmuebles y los solares siempre suben de precio y que mover dinero de un lado para otro, sin más, es manantial inagotable de prosperidad.

La avaricia, que es un fuerte disolvente de la moralidad, hizo que la locura se volviera colectiva. Muchas personas de pocos medios, alucinadas por el espejismo del capitalismo popular y por las ofertas y mentiras de los bancos, firmaron créditos hipotecarios para comprar un bien sobrevalorado, en el ingenuo convencimiento de que adquirían un seguro que les resguardaba ante la adversidad. Otras, con más posibles, se sumaron al casino inmobiliario para vender por la noche lo que habían comprado por la mañana, ganando en unas horas lo que no proporcionaba ningún salario procedente de un trabajo honrado. Todos los jugadores del monopoly inmobiliario, tanto los que tenían medios como los que no, compraban a crédito, suponiendo ingenuamente que devolverían la deuda con cargo a revalorizaciones milagrosas o merced a una venta segura y satisfactoria.

Mientras la multitud creyó esta pamema, la rueda de la fortuna giraba enloquecida. España se llenó de coches de lujo. Las grúas se levantaban hasta en el más humilde descampado. Se puso de moda tener un rottweiler, viajar al Caribe, ir de compras de fin de semana a Nueva York, cobrar en “b”, dejarse corromper y manejar resmas de 500 euros en transacciones inconfesables. Nuestro país se llenó de horteras, la vulgaridad lo infestó todo y la corrupción, compañera inseparable de la podredumbre de la moral pública, se hizo endémica.

Cuanto mayor era la especulación, mayores eran también los incentivos y premios para los que la promovían (banqueros, promotores inmobiliarios, tasadores, brókers, notarios, políticos complacientes y resto de comisionistas). A mayores incentivos, más se hinchaba la burbuja y, con ella, el riesgo de las entidades de crédito, que acumulaban como contravalor de sus préstamos temerarios unos bienes, inmuebles y solares, a los que se les confería la propiedad milagrosa de aumentar su precio de manera constante.

Pero cuando estalló la burbuja, la verdad se abrió paso. Súbitamente se derrumbaron las valoraciones ficticias de los activos que respaldaban los créditos concedidos. Una buena mañana, los mismos bancos que en la víspera celebraban resultados extraordinarios advirtieron que los avales y negocios que sostenían sus realizaciones eran puro humo. Sus balances valían mucho menos de lo admitido, reflejaban una riqueza que no tenían y registraban un agujero contable capaz de tragárselo todo. Cada banquero sabía que sus colegas de la competencia eran unos trampalargas a los que no se les debía dar ni la hora. Reo de la desconfianza, el crédito interbancario se esfumó y lo que antes era una actividad lucrativa, construir pisitos y traficar con solares, se convirtió en una ruina y en la tumba de la economía nacional. La banca, queridos lectores, estaba hecha harina. Consiguientemente, la marabunta de oficios que vivía del ladrillo se vino abajo. El paro se disparó hasta niveles de emergencia. Comenzaron los impagos de las deudas hipotecarias. El ciudadano medio pasó de la berlina de lujo adquirida en leasing, factoring o renting, al utilitario de segunda mano de dos mil eurillos pagados al contado. Los rottweiler, antaño cariñosos, mordían a sus dueños. Los fajos de 500 euros volaban hacia las Caimán, Suiza o Alemania. Cientos de miles de familias comenzaron a ser desahuciadas de unas viviendas que ya no eran un seguro de vida sino una piedra atada al cuello de quienes las compraron. Se puso de manifiesto, en fin, que la España del ladrillo era un Pueblo Potiomkin, un decorado de cartón piedra, un país de chisgarabís. Eran los años en que un tal Chiquilicuatre, expresión de la superficialidad patria, bailaba el chikichiki en Eurovisión. 

Durante todo este aquelarre, el Banco de España, entidad reguladora del correcto funcionamiento bancario, se tapó los ojos y consintió el abuso, la estafa y la temeridad en el crédito privado, traicionando su cometido y amparando lo que nunca debió admitir, sin que tales faltas llevaran a sus dos últimos gobernadores, Caruana y Fernández Ordóñez, ni al cese ni al oprobio general, como hubiera sido de justicia. Los partidos sentados en los consejos de administración de las cajas consintieron y alentaron la orgía, cada uno según el número de comisarios que les correspondían, sin que ninguno se salve. Los gobiernos ayudaron en la misma dirección, en coyunda infame con los especuladores. Primero, el de Aznar, que decretó el disparate de que toda España era alicatable. Después, el de Zapatero, que se jactaba tontamente de unos éxitos económicos tan falsos como perversos, cuando ponía de oro y azul a bancos y cajas ahorro. PP y PSOE, piezas necesarias de un bipartidismo asfixiante, autorizaron ayudas de cientos de miles de millones de euros a una banca carcomida por la avaricia, convirtiendo porciones cada vez más grandes de deuda privada en deuda pública. 

El daño provocado por la crisis ha sido de una magnitud tal que la sociedad está a punto de descoyuntarse. El Estado del bienestar se ha ido a hacer puñetas. Nos gobiernan mediocridades al servicio de intereses privados y hasta personales. Nos acercamos al abismo de los seis millones de parados. Se ha legalizado la esclavitud laboral y se ha condenado a una generación al apartheid social. No caben más barbaridades y retrocesos en menos tiempo. Sufriremos el dolor de estas heridas durante muchos años y lamentaremos amargamente haber consentido que el capitalismo salvaje dominara nuestras vidas.

Decíamos al comienzo que es muy conveniente recordar esta historia tan aciaga porque su principal causante, la banca, no sólo no ha sido castigada por sus fechorías sino que se dispone, por mediación de un gobierno títere, a cobrarle a la sociedad una nueva factura con la que esquivar un destino pompeyano.

La tapadera de este postrero intento de expolio se llamará Banco Malo, Fondo para la Reestructuración de los Activos Financieros, Sociedad Inmobiliaria, Financiera y de Ahorros, Entidad Fideicomisaria para la Transformación del Guarismo Oculto o alguna mandanga similar, porque cuando se trata de robar a gran escala no hay gónadas para llamar a las cosas por su nombre. No hay que descrismarse para averiguar qué demonches se ocultará detrás de tanto eufemismo apocado, porque es claro como la luz del sol que la banca, una vez más, precisa saquear el bolsillo ajeno para evitar la quiebra propia. Con el banco malo, que es un concentrado de la maldad bancaria, se busca convertir la deuda privada de las entidades financieras en deuda de todos, que pagaremos aunque no podamos, así muramos en el intento.

La triquiñuela es simple: hay que sacar de los balances de los bancos la basura que han acumulado tras años de mentiras y estafas, para evitar que su peso los hunda irremediablemente. Para lograr tal propósito es menester encontrar a un imbécil dispuesto a comprar la quincalla a precio de oro molido. Encontrado el incauto proclive al sablazo, los bancos ingresarán miles de millones de euros por la venta de unos desechos sin futuro. Realizada la operación, bancos y cajas, ya sin deuda y liberados del riesgo, dejarán de consumir capital propio con el que dotar reservas abrumadoras, mejorarán sus balances y se consolidarán para seguir haciendo lo que mejor saben: atracar a las personas. Hoy como ayer, los bancos reclaman una nueva bandera para ejercer la piratería con apariencia de legalidad. Y hoy como ayer, el gobierno parece dispuesto a concedérsela una vez más.

Se advierte que para perpetrar este latrocinio a gran escala es preciso determinar dos cosas: quién es el primo al que se le va a colocar la mercancía averiada y a cuánto asciende el sablazo que se la va endiñar.

El gobierno de Rajoy, a través del exbanquero De Guindos y en concurso con las entidades financieras más deterioradas, entre ellas la Bankia mangoneada por todas las familias del PP madrileño con el consentimiento de un consejero de IU al que aún no le ha sido separada la cabeza del tronco, ha elegido dos posibles víctimas a las que endosarles el tocomocho del ladrillo: los contribuyentes de la UE o los españoles en solitario. Dos vías existen para hacerlo: que el sablazo se pague con cargo al Fondo de Estabilidad Financiera o que la factura se traspase a los Presupuestos Generales del Estado. Lo primero es altamente improbable. Para empezar, porque los recursos del fondo de estabilidad sólo pueden ir destinados a ayudar a los gobiernos y nunca a entidades privadas. Y, después, porque no resulta creíble que los gobiernos europeos estén dispuestos a pedirles a sus contribuyentes que paguen los excesos de la banca española. Se perfila, por tanto, la segunda opción, esto es, que sea el contribuyente español, aquel al que se le recortan salarios, prestaciones y derechos, el que con engaños y fullerías compre a un precio inaudito la chatarra que la banca desprecia. Algún bienaventurado podría pensar que esta tropelía no es posible, ya que el gobierno no parece dispuesto a admitir que el gasto público aumente el déficit público. Pero hete aquí que un truco contable permite que se obre el milagro consistente en que regalar dinero a la banca no eleva el déficit, por más que tal gasto, tan real como la vida misma, se haga sin ninguna seguridad de devolución posterior. Posible el ardid, el gobierno esquilmará un presupuesto famélico para rescatar a los bancos una vez más. Los miles de millones de euros empleados en tal menester obligarán a cerrar más hospitales, despedir a más trabajadores, subir más los impuestos y empobrecer más a la población. La brutalidad de la medida es tal que el gobierno de Rajoy correrá a ocultarla con humaredas tales como que lo que se da es un préstamo de seguro cobro o que, al menos en parte, una parte del dinero de la operación saldrá del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, como si las tres cuartas partes del FROB no se nutrieran con capital público y el 25% restante, aportado por los bancos, no se atesorase sino para garantizar los ahorros de los depósitos de los clientes en caso de quiebra. Dicho todo lo anterior, es obvio que Rajoy procurará que nadie entienda palabra del engaño planeado porque de descubrirse, el escándalo y la indignación serían mayúsculos. La sociedad, que echa réspices y truenos por la boca, ya no está para estos bollos indigestos.

Al problema de la determinación del “pagano”, protagonista de esta opera bufa, se añade otro no menos importante: fijar el guarismo. ¿A cuánto se eleva el pufo de la banca española o, en otras palabras, cuánto mide el diámetro del boquete bancario que hay que tapar con el dinero de los contribuyentes? Empecemos diciendo que llama poderosamente la atención que no exista una cifra indiscutida sobre una cuestión tan capital, y que las publicadas no tengan nada que ver unas con otras (entre 50.000 y 180.000 millones de euros, según quien hable y opine). Tamaña discrepancia lleva a pensar que los 180.000 millones podrían quedarse muy cortos y que, en todo caso, sea cual fuere la cifra, los banqueros nos mienten con total desvergüenza, puesto que a mayor quebranto reconocido más cuantiosas habrían de ser unas provisiones que no pueden dotar (de ahí que los bancos se nieguen a vender a precio de mercado las viviendas que atesoran, siendo su cantidad, por cierto, otro misterio sin desvelar). La magnitud del sablazo a propinar asusta, especialmente ahora que el sableado, pálido y exangüe, no está para más estocadas, porque bien pudiera ocurrir que el país no resista tanta operación de saneamiento ajeno y que se despeñe definitivamente por el boquete de la deuda. Muy pronto se verá.

Vivimos tiempos de recortes, de privaciones y de estrecheces inaceptables para casi todos, excepto para los bancos, que parecen disfrutar de crédito público ilimitado para tapar sus abusos y miserias. Vida aperreada para la mayoría y de confort para los ladrones de guante blanco, a los que se amnistía graciosamente: esta es la receta de un gobierno, el de Rajoy, que prometió, no lo olvidemos, que jamás ayudaría a la banca con dinero público.

El país se desmaya, la sociedad se desangra, no hay crédito productivo, los ahorros de los ciudadanos peligran y el consumo cae a niveles desconocidos. En frase lapidaria, la mayoría sufre. Mientras, los banqueros y sus amigos siguen vistiendo trajes de alpaca de la sastrería Brioni, beben Cuvée 1888 y se fuman un Montecristo Grand Edmundo después de embutirse la comilona de rigor. Vida descansada y vengan penas para otros.

Cuatro cifras terribles se van a cruzar muy pronto en el horizonte económico, como trayectorias de cometas que anuncian conmociones y símbolos de una España fallida: seis millones de parados, seis millones de viviendas vacías, dos millones de personas desahuciadas y casi doce millones de pobres o en riesgo de exclusión social. El día en que se crucen los cursos de estos astros traspasaremos una frontera hacia lo desconocido.

Terminemos con una recomendación que viene muy a cuento: la lectura de una obra del injustamente olvidado Pedro Luis de Gálvez, fusilado por el franquismo tras la guerra civil, titulada El sable. Arte y modos de sablear. Este libro viene muy a propósito tras lo aquí dicho. Por él conoceremos el genio de una práctica, la del sablista, propia de poetas raídos y de filósofos en estado de trance, que los bancos han degradado irremediablemente. Tantos años de estudio en escuelas de negocios no han pulido los modales de nuestros banqueros, que dan el sablazo con la intermediación de un figurante en vez de hacerlo a cara descubierta, como reclama la ética del sablista auténtico y verdadero. Definitivamente, estamos perdidos.

Emilio Alvarado Pérez es portavoz de IU en el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares

Criminalizando la educación

Wert se divierte en las sesiones de control del Congreso de los Diputados

Un día tras otro nos levantamos viendo en los medios de comunicación noticias sobre los problemas que causa la crisis económica en la sociedad española. Cada día hay más personas en el paro y más familias sin ninguna prestación ni recurso. ¿Qué hace el Gobierno para solucionarlo? Recortar y convocar “gabinetes de crisis” por la nacionalización de YPF, empresa que de española tiene muy poco. ¿Cuáles son los últimos recortes? Los sanitarios y educativos.

Me centraré en desmontar las mentiras y falacias vertidas por el Partido Popular contra la educación y los estudiantes.

En primer lugar, el señor Wert y la señora Cospedal afirman que los españoles somos muy malos estudiantes universitarios y que costamos al erario público mucho dinero (3.000 millones de euros anuales), además de alcanzar una tasa de fracaso universitario del 30%. Es aquí donde comienzan las mentiras. Cuando el señor Ministro y la Secretaria General del PP afirman que la tasa de fracaso universitario está en el 30%, incluyen a las personas que por diferentes causas hemos tenido que cambiar de carrera universitaria. Si eliminamos ese añadido, la cifra de fracaso baja al 21%. También olvidan mencionar en sus críticas las cifras que ofrecía la CRUMA (Conferencia de Rectores de Universidades en Madrid). En ellas, los rectores afirman que el 79% de los estudiantes que comienza sus estudios universitarios los consiguen terminar y que, además, sobre este particular, estamos mejor que la media europea.

¿Qué propone el gobierno para solucionar un  problema que no existe? Aumentar las tasas universitarias de un 15% a un 50%-60%, y reducir el número de becas y ayudas a los estudiantes. Citando al señor Ministro: “es hora de que las familias paguen los estudios de sus hijos”. Sin embargo, tanto Wert como Cospedal olvidan mencionar que al aumento de las tasas por parte del Estado hay que añadir las posibles subidas de las diferentes universidades. ¿Qué supone la disminución de las becas y ayudas, junto con la subida de tasas? Que el próximo curso, la mayoría de los estudiantes pagará una matrícula superior a los 1.500 euros anuales y que muchos otros se verán obligados a no realizar estudios universitarios o abandonar los que ya están cursando.

¿Dónde está la trampa? La desveló el Ministro de Educación afirmando que a los estudiantes se les podrán conceder préstamos con diferentes entidades bancarias para sufragar sus estudios. ¿Qué es lo que no dice? Que los estudiantes que soliciten uno de estos préstamos, por el hecho de estudiar, tendrán que pagar intereses abusivos que les tendrán endeudados durante muchos años de su vida.

Continuando con más mentiras, la siguiente nos lleva a la “supuesta” gran cantidad de universidades públicas que hay en nuestro país. El señor. Wert sostiene que hay que reducir el número de instalaciones universitarias porque suponen un gasto excesivo. Hablemos de costes, señor Wert, y comparemos el porcentaje destinado por dos comunidades autónomas a financiar las universidades públicas y privadas. La primera de esas comunidades es Asturias. En el Principado, el porcentaje destinado a las universidades públicas alcanza un 80% del total, mientras que el destinado a las universidades privadas es de un 20%. Ergo, pese a destinar un 20% del presupuesto educativo para la enseñanza superior a universidades privadas, que se financian con el dinero que pagan sus estudiantes, el porcentaje es adecuado. En el lado opuesto tenemos el ejemplo de la Comunidad de Madrid, en la que el porcentaje del presupuesto se distribuye en un 50% entre universidad pública y privada. Un reparto aberrante, ya que estamos financiando universidades privadas con grandes cantidades de dinero público. ¿Qué no cuenta, además, doña Esperanza Aguirre sobre esta cuestión? Que esos porcentajes también son falsos a efectos de liquidez, ya que la partida destinada a las universidades privadas siempre llega, mientras que con las públicas mantiene una lista de impagos intolerable. Por lo tanto, la realidad es que en Madrid se está destinando más dinero de los contribuyentes a promover intereses privados que públicos.

Además de esto, ¿por qué el señor Wert y los señores del PSOE no hablan de las dificultades financieras que han tenido que pasar las universidades para poder adaptarse a los "Grados" sin casi financiación del Estado? No les interesa, es mejor hacerse la foto.

Por último, desmontemos las mentiras sobre la educación primaria y secundaria. El señor Wert afirma que hay que aumentar la ratio de alumnos por clase. Esto supondrá el aumento de alumnos por aula retrocediendo a cifras de otros tiempos. También supondrá una peor calidad educativa para nuestros jóvenes y el despido de profesores, aumentando más el paro. ¿Por qué el Estado y las Comunidades Autónomas no se centran en la educación pública, que es lo suyo, y dejan de promocionar y financiar colegios privados y concertados con los impuestos de los ciudadanos?

La educación no es un negocio, de modo que no se le pueden exigir beneficios al instante como si de un banco se tratara. La educación es una inversión de futuro que está dando sus resultados, estando España a la cabeza de Europa en jóvenes sobradamente preparados.


Reconozcan sus errores, señores y señoras del PP y del PSOE. No intenten arruinar estas buenas cifras criminalizando a la educación y a los estudiantes. Inviertan en futuro para que dejemos de ser también un país a la cola del mundo en jóvenes preparados y sin empleo y, ahora, en jóvenes que se ven obligados a marcharse del país. Dejen de fabricar mano de obra barata y sin preparación a la que tratar como borregos que no se atreven a levantar la cabeza. En definitiva, dejen la política de "panem et circenses" (aunque ya ni pan) y ocúpense de mejorar el país y no sus propios egos. Luchemos por una educación digna y de calidad. Como dijo Edmund Burke, uno de los padres del conservadurismo clásico, al que se supone que deberían haber leído: "la educación es la menos cara de las defensas de una nación."


Miguel Óscar Aparicio es militante de IU de Azuqueca de Henares

Crisis, desbordamiento social y reacción

Derecha catalana y derecha española.  Fuet y salchichón

Los predicadores del capitalismo desbocado (neoliberales, políticos derechistas y corruptos, financieros podridos de dinero, tertulios a sueldo y mercenarios de la pluma y de la palabra) adelantaron la última crisis del capitalismo desde un poder que ocuparon con todo género de malas artes.

Esta élite peligrosa, además, agrava las consecuencias de la crisis al empeñarse en mantener un sistema condenado e inmoral, sin importarle que su propósito acarree la destrucción de la sociedad. 

Doblemente culpable, por causar la crisis y por ahondar un sufrimiento colectivo tan inútil como cruel, la oligarquía gobernante está dispuesta a cometer un tercer abuso: reprimir por la fuerza al que no se someta mansurronamente a un suicidio impuesto. Desengañémonos, esta casta es refractaria a la enmienda.

Nunca se repetirá suficientemente. La caterva dominante no sólo provocó el desastre que soportamos. Quiere destruir medio siglo de regulaciones que han permitido la convivencia social. Su plan es convertir a los ciudadanos, presentes y futuros, en parias sin derechos, arrebatándoles la libertad y la esperanza, que es como robarles el corazón para convertirlos en seres semovientes. Inoculan el virus de la desigualdad, exacerbando el conflicto social y lo tratan como si fuese una patología peligrosa, aplicando la manipulación, la violencia y el miedo. Provocaron un incendio pavoroso y quieren que nos comamos las cenizas en silencio.

Hasta ahora, la mentira y la manipulación habían bastado para mantener engañada y sumisa a una población enganchada a la dopamina del consumismo a crédito. Pero la crisis ha destapado la miseria y la locura del sistema que defienden, en el que sólo caben ellos. Cuanto más profunda es la crisis, más clara es su desesperación y, también, su peligrosidad. No cabe duda: están dispuestos a todo para defender unos privilegios que, inevitablemente, condenan al común a una vida misérrima.

En España actúan ya sin recato, ahora que la mayoría absoluta respalda su despotismo. Recurren abiertamente a la manipulación más grosera, a la amenaza y a la violencia física contra disidentes y víctimas, que somos casi todos. Su representante público es el gobierno de Rajoy, que alcanzó la mayoría absoluta a partir de un fingimiento prostibular de mentiras y de silencios canallescos nunca antes visto en una campaña electoral. Pero desde la oscuridad, como rasputines y validos, obran otros grupos que empujan al gobierno en la dirección que les conviene. Mientras tanto, el interés general es pisoteado y arrastrado por el barro y otras inmundicias.

Rajoy no fue elegido para destruir los consensos sociales básicos, de modo que su mayoría absoluta es, a este respecto, perfectamente inútil. Al ejercer una autoridad que no tiene y para la que no está habilitado, deteriora las instituciones que dice representar, debilitando aún más la credibilidad de un sistema político al que no le sobran los argumentos a favor. Contemplamos, en fin, cómo se impone el gobierno de los bárbaros que, como diría el clásico, se empeña en dominar por el temor, el achicamiento y la estupidez.

Destruyendo las leyes laborales, Rajoy y sus amigos nos han convertido en siervos de la gleba, acercándonos a los tiempos en los que la ley Le Chapelier encadenaba las relaciones entre el patrono y el trabajador. Pero la élite es insaciable, tiene que ir más lejos, conquistar nuevos horizontes, destruir otras fortalezas. Por eso, además, derriba los servicios públicos que nos hacen ciudadanos, arguyendo que son un lujo inalcanzable e inmerecido. Nos anuncia que va a tomar al asalto la televisión pública nacional, para convertirla en un instrumento al servicio de la propaganda y de la mentira, con el fin de fomentar un conformismo gallináceo apropiado para la conmoción que se avecina. Nos amenaza con que va a convertir el descontento social en una cuestión de orden público, criminalizando al disidente o al agraviado, porque no dudarían ni un segundo en encarcelar a Ghandi o a Martin Luther King acusándoles de kaleborrokos. Pone en peligro la vida de las personas y la salud pública, negando la tarjeta sanitaria a inmigrantes sin papeles, a la vez que besa el anillo de oro cardenalicio que dispensa un perdón imposible. Hinca de rodillas al país y se envuelve en una bandera que todo lo tapa. Perdona a sus condenados y amnistía a los grandes defraudadores, mientras que amenaza con aplicar badana al humilde. En pocas palabras, es débil con el fuerte y fuerte con el débil, naturaleza eterna del conservador estrecho. Haz lo que te mando y no hagas lo que yo hago: esa es su divisa, emblema universal de la hipocresía.

La crisis nos muestra el abismo y el mal que anida en él. Pero, a la vez, nos enseña los límites de un orden que se desmorona. De ahí que la crisis pueda ser, también, potencialmente liberadora, porque nadie quiere, al menos conscientemente, inmolarse inútilmente para mayor gloria de quien le explota y le desprecia. Los contrastes brutales de la crisis han conseguido un efecto positivo: que aumente la riada de ciudadanos que se rebelan contra el despotismo de la casta dominante.

Las redes sociales están rompiendo el monopolio manipulador de la opinión publicada, que está cada vez más lejos de la opinión pública. Saltan las costuras del sistema político, de ahí su descrédito y el de sus protagonistas, gobierno incluido, por mucha mayoría que arrope sus decisiones. No es casualidad que la monarquía se vea en la obligación de pedir excusas por actos que hace poco tiempo eran broche y sol de su ejecutoria. Los ciudadanos se echan a las calles convirtiéndolas en ágoras, rememorando la polis griega. No hay prestigio en las instituciones y sus actos, en vez de procurar consentimiento ciudadano, provocan primeramente desconfianza. Si el Banco Central Europeo se reúne en una ciudad, hay que blindarla, ocuparla militarmente y ponerla bajo una suerte de estado de excepción, contrario a la dignidad, derechos e intereses de sus habitantes. Cada vez es más frecuente la paradoja de que el poder que emana del pueblo legisla contra el pueblo, ocultándose y viviendo una vida ajena con respecto a quien le procura su razón de ser. Atravesamos tiempos crepusculares en los que se hace real la máxima todo el poder para el pueblo, contra el pueblo y sin el pueblo.

Signo de nuestra época, el poder público se aleja de la sociedad, se aliena, erosiona su legitimidad y arremete contra su fuente y origen. De ahí la necesidad inmediata de abordar su refundación. De lo contrario, se impondrá la oligarquía, maldición de nuestro país, como denunciaba Joaquín Costa hace poco más de un siglo.

Para escapar de un destino que no podemos asumir como una condena inevitable hay que cambiar las élites, las mentalidades, las instituciones y los fines que inspiran nuestra civilización, que es tanto como decir que  hay que transformar el alma de la sociedad. Aparece así en el horizonte de nuestra historia, una vez más, la necesidad de un programa que evite la desintegración social. Nadie puede asegurar el éxito de la empresa, por mucho que sea necesaria, lo cual no significa que haya que renunciar a ella porque, como decía Ramón de Garciasol, “de otro modo sería imposible el Quijote”.

Emilio Alvarado Pérez es Portavoz de IU en el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares

Montoro lava más blanco

Qué flaca es la memoria humana

El eufemismo es, en política, la antesala del atraco. También opera esta regla en la vida privada, aunque en los asuntos cotidianos el eufemismo puede ser, además, expresión de buenas maneras. Pero dejemos el desarrollo de esta última idea para ocasión más propicia.

Cuanto peor discurre la cosa pública, más tiende el gobernante frescachón, cuando se dirige a los gobernados, a abusar de perífrasis, rodeos y circunloquios. Los casos menudean, hecho al que no es ajena la influencia nefanda de la crisis. Por ejemplo, si el gobierno dice que es partidario de la flexibilización, que se agarren los trabajadores a algo firme porque lo inmediato es que les bajen el sueldo o les recorten los derechos. Del mismo tenor son términos como fusión, racionalización, modernización, ajuste, crecimiento negativo y demás consanguíneos, embelecos con los que marear a la víctima antes de asestarle el golpe definitivo. Si tienen la mala fortuna de escuchar estas palabras, dispóngase a cavar inmediatamente una trinchera porque anuncian que se apuntará a matar.

El último de los circunloquios que cargamos sobre nuestro costillar ha sido patentado por el Ministro de Hacienda, señor Montoro, figura que no decepciona, por más que su última comparecencia parezca siempre insuperable. Nos propone don Cristóbal la bondad de aprobar una regularización de activos ocultos que, dicho así, sin mediar explicación, parece cosa razonable por lo bien que suena. ¿A quién le parece mal que se saque a la luz, para que se oree, lo que pulula en el secreto, en la humedad y en las tinieblas? Ocultar es algo sospechoso, porque el ocultamiento es la condición necesaria del acto traicionero, de ahí que el Evangelio proclame et lux in tenebris lucem. ¿Y qué decir del noble propósito de regularizar? ¡Qué bonito y serio es lo regular, lo preciso, lo que se atiene a una norma adecuada! Nos gustan los trenes puntuales, que es lo mismo que regulares. Tomamos fibra para regularnos y queremos, regularmente, cobrar la nómina ganada con sudor, esfuerzo y dedicación. ¡Don Cristóbal, siempre con usted!

Desafortunadamente para el señor Montoro y para las ilusiones de los crédulos del mundo, todo circunloquio manifiesta una debilidad directamente proporcional a la profundidad del misterio que tapa. En la inevitable aclaración en sede parlamentaria, el Ministro de Hacienda no pudo evitar que aflorase su verdadera intención, despojada de disfraces, que no es otra que decretar una amnistía fiscal en beneficio de lo peor de la delincuencia mundial. Dicho a lo llano, como proponía nuestro primer poeta, Gonzalo de Berceo (quiero fer una prosa en román paladino/en el qual suele el pueblo fablar a su vecino), la regularización de activos ocultos no es mas que una manera finolis de proponer que el Estado se ponga al servicio de la mafia y el choriceo universal, blanqueando el dinero de sus actividades criminales.

Cuando los activos ocultos (dinero negro) salen a la luz, la administración no pregunta por su origen y son receptados sin más, se transmutan (blanquean), convirtiéndose en dinero honorable, como el que se gana legítimamente. Está claro que al gobierno del señor Montoro le trae sin cuidado que los capitales a regularizar puedan estar manchados de sangre. A lo que se ve, lo que importa es rescatarlos del agujero de podredumbre en el que se esconden, aunque para hacerlo haya que apartar algunos cadáveres molestos. Nunca lo alto cayó tan bajo.

El Gobierno del PP, con el apoyo interesado de CiU (coalición en la que suelen abundar defraudadores fiscales), previo pago de 219 millones de euros para Cataluña consignados en los presupuestos del Estado, ha aprobado una amnistía fiscal que no sólo es oprobio e insulto que ofende al ciudadano cumplidor, sino que convierte al Estado en una maquinaria dedicada al blanqueo de capitales, que es un delito tipificado en el artículo 301 del Código Penal.

La amnistía fiscal no sólo perdona un delito, el de evasión de impuestos (artículo 305 del Código Penal), sino que obliga a perpetrar otro, el de blanqueo de dinero (artículo 301 del Código Penal), actividad que hasta ahora se encargaba a discretos bufetes de abogados, o que obligaba a buscar décimos premiados de lotería o a abrir una lavandería a la que atribuirle beneficios fabulosos.

Ya lo dijimos en otra ocasión: cualquier mafioso que se precie necesita de un contable y de un abogado para completar su trama delictiva. El contable, para llevarle las cuentas, las secretas y las públicas. El abogado, para que eluda la cárcel y blanquee el dinero que mana del delito. Gracias al PP y a los nacionalistas catalanes de derechas, los mafiosos ya no precisarán de los servicios de un abogado encubridor. Por una módica tarifa (entre el 8% y el 10% del total a blanquear), el Estado español les hará un trabajo fino y limpio.

Esto es lo que Rajoy entiende por política económica "como Dios manda". Lástima que cuando se refería a mandatos celestiales, allá por octubre del año pasado, justo en el inicio de la precampaña electoral, no tuvo la bondad de explicarnos en qué pensaba. 

Luego nos irritamos si otros dicen que no valemos más que para beber vino, comer magras, echarnos la siesta y batir palmas.

Emilio Alvarado Pérez es Portavoz de IU en el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares

¡Viva la Pepa!

Antonio Gisbert. Fusilamiento de Torrijos en las playas de Málaga. 

A comienzos del siglo XIX se acuñan en España tres conceptos políticos revolucionarios: liberalismo, guerrilla y junta. Todos ellos tienen que ver con Cádiz, encrucijada de nuestra historia, y están firmemente anclados en la realidad político-social del momento, de ahí su éxito y proyección. Estos tres conceptos nombran realidades nuevas, que es lo mismo que descubrirlas, porque lo que no se nombra no es.

Liberalismo es la respuesta burguesa a la decadencia y crisis del Antiguo Régimen, que recibe la puntilla en Trafalgar, Aranjuez y Bayona. Guerrilla es la contestación militar del pueblo a la invasión francesa. Y Junta es la fórmula política improvisada con la que las autoridades locales buscan cubrir el vacío de poder dejado por una monarquía absolutista en bancarrota, en la que sus más recientes vástagos, Carlos IV y Fernando VII, reflejan incluso la degeneración física de los Borbones, tan genialmente retratada por Goya.

El liberalismo nacional pretende superar, aunque con escaso éxito debido a su debilidad intrínseca, el Antiguo Régimen, sus instituciones, leyes y estructuras: unión de la cruz y el trono, sociedad estamental, soberanía del rey, dominio ideológico y patrimonial de la Iglesia, régimen señorial, privilegios hereditarios, etc.

Coetáneamente, la idea de guerrilla, que transforma una inferioridad militar en ventaja, alumbra una aspiración nunca plenamente alcanzada en nuestro país: construir la nación sobre la base de la soberanía del pueblo, unidos ambos por un patriotismo de carácter popular, siendo el pueblo en armas el motor que todo lo acciona (en su fracaso está el origen de la desafección ciudadana hacia la nación, tan evidente a lo largo de nuestra historia política). El alzamiento popular contra los ejércitos de Napoleón permite identificar la independencia y la soberanía. No extraña, por tanto, que en la constitución de las Cortes de Cádiz, en la Isla de León, se proclamara de manera solemne la soberanía nacional, correlato necesario de la idea de una nación independiente que busca darse una ley política suprema sobre la que fundarse y organizarse. El ejemplo español de lucha guerrillera contra el invasor (1808-1813), pronto será imitado en otras zonas periféricas de Europa también sometidas por los ejércitos napoleónicos: en el Tirol en 1809, y en Rusia en 1812. Los guerrilleros españoles y rusos, especialmente, al llevar la guerra irregular a sus últimas consecuencias, derrotarán a las columnas de asalto de los ejércitos de Napoleón, abriendo una nueva era de relaciones entre la guerra y la política que recogerán los movimientos de liberación nacional del siglo XX.

Completa las innovaciones conceptuales la idea de junta, que es la asunción revolucionaria y espontánea del poder, por parte de autoridades locales y provinciales, al desaparecer, en una coyuntura de disolución del viejo orden, cualquier autoridad legítima y tradicional depositaria del mismo. El acto de recoger el poder es sinónimo de proclamar una nueva soberanía.

Liberalismo, guerrilla y junta, en cuanto conceptos nuevos, impregnan la Constitución de 1812, texto que pretende alumbrar una sociedad distinta. Los constituyentes discuten en el Cádiz asediado por las tropas del mariscal Claude Victor conceptos como el de soberanía, ley, igualdad y libertad, al igual que hicieron los revolucionarios norteamericanos y franceses. Mientras los diputados debaten ideas y conceptos novedosos en la última porción libre de territorio peninsular, las juntas proliferan por doquier, de manera espontánea, constituyéndose a la vez como gobiernos y resistencia al invasor napoleónico. Por tanto, hija y superadora de un tiempo caduco, la Constitución de Cádiz aspira a ser un texto fundacional y revolucionario. En consonancia, instaura la soberanía nacional (frente a la soberanía del monarca), el sufragio universal (masculino), activo e indirecto junto con el sufragio pasivo y censitario (también exclusivamente masculino), unas Cortes que son la institución central del régimen, división estricta de poderes, una serie de derechos y de libertades individuales, entre las que destacan la libertad de imprenta y de opinión, la abolición de los señoríos jurisdiccionales, del vasallaje y de las prestaciones personales al señor, el refrendo obligatorio por parte del ministro del ramo de todas las decisiones del rey, el establecimiento de una Milicia Nacional y la obligatoriedad del servicio militar, entre otras novedades. Junto con estas primicias, se transigió con los diputados absolutistas en materia de religión, por lo que el texto constitucional reconoce que el catolicismo es la religión única y perpetua de España, decisión compensada por la abolición de la Inquisición, afirmada por las Cortes de Cádiz en febrero de 1813. Es evidente, por tanto, que tal cesión, tantas veces exagerada por el pensamiento tradicionalista, no obsta para afirmar que la Constitución de 1812 es parangonable, por su novedad y carácter revolucionario, a la norteamericana de 1787 o a la francesa de 1791.

Sentado lo anterior, que es materia que toda persona de cultura conoce bien, calificamos las palabras del señor Rajoy, conmemorativas del bicentenario de nuestro primer texto constitucional, de sandez superlativa. Porque es de sandios decir, a propósito del legado de Cádiz, que “los gaditanos nos enseñaron que en tiempos de crisis no sólo hay que hacer reformas sino que también hay que tener valentía para hacerlas.”

Debiera saber el señor Rajoy que la Constitución de 1812 no pretendió reformar nada sino crear un orden nuevo, a la vista de la podredumbre e inutilidad del Antiguo Régimen. Todo lo contrario del objetivo que pretende nuestro Presidente que, como los serviles de antaño, se empecina en sostener a toda costa la descomposición de un sistema condenado y dañino. Además, la Constitución de 1812 fue un ejemplo de afirmación nacional, mientras que ahora el gobierno del PP nos arrodilla ante intereses y poderes extranjeros a los que, a buen seguro, nuestro bienestar les importa un comino.

Señor Rajoy, léase el Discurso Preliminar a la Constitución de 1812 de Agustín de Argüelles, las reflexiones de otros protagonistas del momento como Álvaro Flórez Estrada, Antonio Peña, Juan Negrete, José Canga Argüelles, Francisco Martínez Marina, los documentos de la Consulta al País, de 1809, o, simplemente, el texto de la Constitución que dice conmemorar. Léalos para que en su discurso siguiente sobre la efeméride (aún le restan a este año nueve meses de oportunidades) no tengamos que soportar palabras tan bochornosas como las que ha pronunciado.

Mal está que un Presidente de Gobierno aproveche un acto institucional de la relevancia del bicentenario de la Constitución de Cádiz para legitimar las decisiones de su gobierno que son, antes que nada, un engaño colectivo mayúsculo, por el cual, como camino trazado en las estrellas, la nación irá a la ruina. Pero peor aún es torcer el sentido cabal de la historia y convertir la Constitución de Cádiz en un fantoche, sólo por dar gusto a la imaginación limitada de un gobierno de insignificancias.

La Constitución de Cádiz instauró una nueva soberanía, la de la nación frente al monarca. Sólo por este motivo, la Constitución de 1812 es revolucionaria, por mucho que este pequeño detalle incomode al señor Rajoy. Bien sabía esto Fernando VII, que hizo todo lo posible por destruir una Constitución que negaba su autoridad y abría paso a la emancipación de las colonias en América. También eran muy conscientes de ello las potencias del Congreso de Viena, los firmantes del Congreso de Verona y la Santa Alianza, formada por Prusia, Rusia y Austria, las monarquías más reaccionarias del continente. Por ello, aprobaron una nueva invasión de España por un ejército francés formado por 132.000 soldados, con el fin de finiquitar el trienio liberal y evitar que el ejemplo disolvente se extendiera por Europa.

No fue la reforma sino la revolución la que provocó la revancha y purga salvaje promovida por el absolutismo entre 1823 y 1834. Viene al caso recordar que Galdós tituló uno de los Episodios Nacionales, el correspondiente a esa década de oscuridad y violencia, "El terror de 1824", caracterizado según su pluma por "nuevas proscripciones, encarcelamientos, la horca siempre en pie, la venganza más cruel gobernando a la nación, y la vida de los españoles pendiente del capricho de un salvaje frailón o de fieros polizontes (...) Desaparecieron los ciudadanos sin que fuera posible saber en qué calabozo habían caído. Las cárceles tragaban gente como las tumbas en una epidemia."

Señores del PP, respeten la memoria de Rafael de Riego, de José María de Torrijos, del Empecinado, de Mariana Pineda, de Juan Díaz Porlier, de Luis Lacy y Gautier, de Francisco Abad Moreno, de Cayetano Ripoll (condenado a muerte y ahorcado por un tribunal eclesiástico que no tenía respaldo legal), también la del resto de asesinados (unos 30.000), desaparecidos, perseguidos y exiliados (unos 20.000) durante la década ominosa, la de todos los mártires que defendieron una causa que ustedes no respetan porque la deforman para acomodarla a su conveniencia y debilidades particulares. Acepten la historia y sus hechos. No nos tomen más el pelo con adulteraciones de mala calidad.

Por estos motivos (y algunos otras que no vienen al caso) Rajoy celebra un bicentenario vergonzante, pueblerino y mendaz, no vaya a ser que a su gobierno se le vea, también en este asunto, el plumero.

Emilio Alvarado Pérez es Portavoz de IU en el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares

El bipartidismo más allá de la política: Aznar (PP) y Salgado (PSOE) en la nómina de ENDESA

Elena Salgado, Consejera de ENDESA

José María Aznar, Asesor de ENDESA

Ocurre con irritante frecuencia que ministros y presidentes del Gobierno de la nación, una vez abandonada la responsabilidad pública, entran a formar parte de manera inmediata de los Consejos de Administración de grandes empresas privadas a cambio de suculentos honorarios, quién sabe si por los “servicios prestados”, por los “servicios a prestar” o por un compendio de ambas cosas.

Es esta una práctica que no por habitual y legal deja de ser vergonzosa, porque demuestra al unísono la ambición mezquina de bienestar tocinero (en feliz expresión de nuestro injustamente olvidado Ramón de Garciasol) de quien disfruta de prebendas dudosas, y la ósmosis entre intereses públicos y privados, verdadera lepra de nuestra democracia.

El bipartito no ha perdido ni un segundo en buscar retiros dorados a sus más insignes representantes, no satisfechos con el generoso estipendio público del que se han hecho acreedores cuando dejan su responsabilidad política. Todo hace sospechar que detrás de estos fichajes se ocultan pactos vergonzantes y tratos de favor entre los dirigentes de unos y de otras, que viven en un retortero mutuo en el que se mezcla lo que habría de estar absolutamente disociado. Cuando se trata de prebendas, el bipartidismo lo aguanta todo y se aplica a sí mismo aquello que decía Séneca sobre las magnitudes: “nunca es poco lo bastante; nunca es bastante lo que es mucho”.

La lista de ex políticos del bipartidismo (y de otras muletillas políticas nacionalistas) que ahora cobran nóminas de relumbrón de grandes empresas privadas es tan extensa como interesante: Felipe González, ex presidente del Gobierno (PSOE), es en la actualidad Consejero de Gas Natural; Miguel Boyer, ex ministro de Economía y Hacienda (PSOE), es Consejero de Red Eléctrica Española; Pedro Solbes, ex ministro de Economía y Hacienda (PSOE), es miembro del Consejo de Administración de la eléctrica italiana ENE, propietaria de ENDESA y Consejero del Barclays Bank; José María Aznar, ex presidente del Gobierno (PP), trabajó para Centaurus Capital, fondo de inversiones especulativas con sede en las Islas Caimán, es asesor externo de ENDESA y asalariado de lujo de un imperio mediático, el de Rupert Murdoch, que está acusado de escuchas ilegales, soborno, chantaje y manipulación informativa entre otros cargos de gravedad.

A todos estos ex políticos se suman Rodrigo Rato (PP), Miguel Roca (CiU), Isabel Tocino (PP), Abel Matutes (PP), Josep Borrell (PSOE), Javier de Paz (PSOE), Eduardo Zaplana (PP), Miguel Ángel Acebes (PP) y una interminable lista que sería tedioso reproducir aquí. Pero detengámonos en el último caso conocido, porque lo merece: el de la señora Salgado. La que fuera número dos del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, anunció a principios del mes de marzo su fichaje por ENDESA en Chile. Elena Salgado se unirá al equipo de asesores internacionales de la eléctrica presidida por Borja Prado para poner en valor, según comunicado de la empresa, sus “conocimientos”, para lo que está tramitando las autorizaciones pertinentes del Ministerio de Administraciones Públicas. Gracias al ejemplo de la señora Salgado comprobamos, una vez más, que la puerta giratoria entre las cúpulas del bipartidismo y las grandes empresas está engrasada, que gira que es un gusto y que por ella discurre una élite poltrona acostumbrada a mandar mucho y a cobrar más.

Y es que estos ex mandatarios, adictos a pisar moquetas de lana tipo Axminster, dan el salto de lo público a lo privado sin esperar a que a los ciudadanos se les borre de la memoria su imagen como ministros o altos cargos de la Administración. Apenas cesan, se incorporan a sus nuevas tareas empresariales, demostrando una gran habilidad para caer siempre de pie. 

La filiación partidaria de los ex ministros y de otros dirigentes de partidos políticos institucionales que obtienen una prebenda en los Consejos de Administración de las grandes compañías no es un condicionante a la hora de ser reclutados por la gran empresa. La patronal sabe que la clave consiste en disponer de peones para influir en cada turno gubernamental, recreando la vieja España de la Restauración en la que era costumbre que Cánovas y Sagasta se otorgaran mutuamente cuantas credenciales vergonzantes hicieran falta para tapar sus mutuas oscuridades. Con esta práctica se trata de constituir una peculiar forma de lobby que permite a la gran empresa influir y presionar sobre las decisiones de los gobiernos que, como viene siendo tradición, gracias a un sistema electoral corrupto, están en manos del PSOE o del PP. El objetivo es que la empresa privada saque rentabilidad del bipartidismo y viceversa, en alegre simbiosis que nos conduce a las más altas cimas de la miseria colectiva.

Todo este escándalo está amparado por la ley, que consiente la íntima relación entre el servicio público y el enriquecimiento privado. A pesar de la profunda gravedad de la crisis y del comportamiento avaricioso e insolente de los actores corporativos, no se han tomado medidas como la intervención pública de empresas estratégicas, elevar la inspección y la presión fiscal sobre los bancos o aumentar el control de las actividades especulativas. Es evidente que las élites del bipartidismo no van a gobernar y aún menos legislar contra la mano que, de manera tan generosa, está dispuesta a enriquecerles cuando salen de las instituciones.

Esta malsana promiscuidad entre cierto sector de la política y el gran capital es algo más que una extendida inmoralidad personal. Supone un deterioro intolerable de nuestra democracia, al convertirse en una garantía continuista de las políticas neoliberales que han provocado una crisis económica sin precedentes y que conducen, irremediablemente, a la ruina social. La casta política que discurre con comodidad por las puertas giratorias de la colusión, además de carecer de moralidad, ha optado por apuntalar la dictadura de los mercados en vez de gobernar en defensa de la sociedad. A la vista de currículum como los de Felipe González, José María Aznar o Pedro Solbes, se hace necesario endurecer el régimen de incompatibilidades entre política y negocios. Por cierto, el señor Solbes se comprometió, durante su mandato ministerial a revisar esta normativa. Ahora se entiende por qué no lo hizo.

El pasado 6 de marzo, Alberto Garzón, diputado de Izquierda Unida, llevó a cabo una iniciativa parlamentaria para que el Gobierno estudiara la posibilidad de reformar la regulación de los conflictos de intereses de los altos cargos, con el fin de garantizar una separación nítida entre la esfera pública y la esfera privada. IU recordó que la ley 5/2006 de 10 de abril, De regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado establece que “durante los dos años siguientes a la fecha de su cese, los altos cargos no podrán desempeñar sus servicios en empresas o sociedades privadas relacionadas directamente con las competencias del cargo desempeñado”. El bipartidismo, interpelado por esta cuestión, guarda un silencio embarazoso del que habrá que sacarle con agua hirviendo. Ya estamos calentando las calderas.

Una cosa es obvia: los políticos y ex-políticos que forman parte del sistema bipartidista tienen una versatilidad de la que carecemos el resto de los mortales. Lo mismo portan la cartera de economía para conducir con eficacia a millones de ciudadanos a vivir a contrapelo que llevan un banco a la quiebra, o asesoran a una empresa energética y suben el recibo de la luz a unos ciudadanos que viven, cada vez más, a dos velas. Ellos pueden con todo, pero sólo porque se lo permitimos.

María José Pérez Salazar es miembro del Consejo Político de IU de Azuqueca de Henares

¿Qué diría Jesucristo de la reforma laboral del PP?

La derecha cristiana está sumida en contradicciones insalvables. Es cierto que sus incoherencias pasan desapercibidas, porque una muchedumbre de medios amigos se encargan de taparlas bajo toneladas de mala retórica y de falsedades sin cuento. Pero, con todo, ahí están, bullendo en un subsuelo metafísico que se resquebraja y que, en su deterioro, no es capaz de sostener la fe del más crédulo.

Un ejemplo de tal estado de cosas lo proporciona el impacto que está teniendo la reforma laboral en las filas católicas. Dos organizaciones cristianas, la HOAC (Hermandad obrera de Acción Católica) y la JOC (Juventud Obrera Cristiana), publicaron el pasado 16 de febrero un comunicado contrario al decreto del gobierno del PP. El texto fue enviado a todas las parroquias por la Delegación Episcopal Diocesana de Pastoral del Trabajo, para su difusión y debate. Inmediatamente, el jefe de la Conferencia Episcopal, Rouco Varela, prohibió tal difusión porque consideraba improcedente el contenido del manifiesto. Tras un pulso de poder que duró poco tiempo, venció la imposición de la jerarquía. La censura ideológica se alzó victoriosa y en los templos no se habló de los afanes y sufrimientos de las personas.

Como en un espejo limpio, esta pugna refleja dos clases de contradicciones. La primera, se da entre una concepción teocrática-descendente del poder, encabezada por la Conferencia Episcopal, que choca con la visión conciliar del poder religioso, encarnada hoy en algunas organizaciones cristianas de base. Esta pugna, que dura más de ocho siglos, enfrenta la concepción del poder construida por los papas León I (440-461) y Gelasio (495) con la de los vigorosos movimientos conciliares del siglo XIV, que tanto le deben al derecho canónico de los siglos XII y XIII, a la recuperación del aristotelismo en occidente y a las tesis de Guillermo de Ockham, Marsilio de Padua y Bártolo de Sassoferrato, entre otros muchos pensadores insignes. Digámoslo en otros términos: o la Iglesia se edifica sobre la base del absolutismo de sus jefes, que tienen, por tanto, poder de “atar y desatar” (plenitudo potestatis, gubernator y principatus) o el poder soberano reside en la congregación de los creyentes. Si el jefe religioso es soberano, los creyentes son meros súbditos: doctrina de los dictatus papae. Al contrario, si la soberanía reside en los creyentes, el jefe religioso es un miembro más de la Iglesia, carente de las atribuciones mágicas que se le suelen suponer: doctrina de la congregatio fidelium. 

A esta primera contradicción se une otra no menor: la de la alianza de la Iglesia católica con el gobierno del PP. En un mundo cada vez más secularizado, en el que el pensamiento religioso está en franca huída, la jerarquía católica se aferra al poder secular porque, por sí sola, nada puede. De los obispos que comandaban ejércitos y asediaban fortalezas, se ha pasado a los obispos que besan el cetro del poder civil que les hace el caldo gordo en el empeño de mantener una sociedad clerical, por lo demás, condenada al fracaso. Separados irremediablemente el sacerdotium del regnum, viene a suceder que la alianza se forja con el poder civil de ideología conservadora, único garante político del privilegio y la excepción, oxígeno vital de una institución humana, la Iglesia, incapaz hoy de respirar sin asistencia. Esta premisa es asumida por la jerarquía católica española, llevándola a defender al gobierno amigo y, como es el caso que nos ocupa, a corresponder los favores recibidos con silencios y complicidades escandalosas. Rouco Varela sabe que su  reino, que sí es de este mundo, se sostiene sobre un entramado de privilegios inaceptables y hará todo lo que esté en su mano para defender a los gobernantes que garanticen tal estado de cosas. Escaso precio para tan “alto” fin es que haya que censurar un comunicado que puede molestar a un gobierno aliado, aún cuando el espíritu del texto esté en concordancia con el Evangelio de San Juan. 

Convendría que los jerarcas de la Iglesia, incluido Rouco Varela, releyeran el relato de Juan el evangelista en el que se describe a un Jesús furioso que improvisa un látigo con cuerdas, con el que echa a vendedores y cambistas que comercian impunemente en el Templo, desparramando el dinero de los comerciantes y volcando sus mesas, diciendo “No hagáis de la Casa de mi Padre una casa de mercado.” 

Por su interés, reproducimos a continuación el escrito de ambas organizaciones cristianas, para conocimiento y juicio general.

COMUNICADO ANTE LA NUEVA REFORMA LABORAL

La Juventud Obrera Cristiana (JOC) y la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC), como parte de la Iglesia en el mundo obrero y del trabajo, ofrecemos esta reflexión ante la aprobación por el Consejo de Ministros de una nueva reforma laboral.

Nos encontramos con la 16ª reforma del mercado de trabajo en democracia. Hasta ahora las sucesivas reformas laborales llevadas a cabo por los gobiernos, de uno u otro signo político, bajo el pretexto de modernizar y flexibilizar dicho mercado laboral, han transformando la concepción y función del trabajo asalariado en nuestra sociedad y están socavando los derechos de las personas trabajadoras y de sus familias.

Estas reformas siempre se han presentado como una necesidad para combatir el desempleo, pero sólo han conseguido:

- incrementar el empleo temporal, especialmente para los jóvenes;

- diversificar las modalidades de contratación a la carta;

- abaratar el coste del despido;

- reducir el crecimiento de los salarios;

- devaluar lo público (servicios sociales, educación y sanidad).

En definitiva, han profundizado en el trabajo precario y en el empobrecimiento de las familias trabajadoras. Un ejemplo lo tenemos en los años de crecimiento económico anteriores a la actual crisis: aún creándose riqueza y empleo, estos no sirvieron para disminuir la pobreza en nuestro país. Ninguna reforma ha estado orientada hacia la expansión de un empleo decente como Benedicto XVI reclama en la encíclica Caritas in veritate. Los derechos que emanan de un trabajo a la altura del ser humano no pueden estar subordinados a las exigencias económicas. Es la economía la que debe orientarse a las necesidades de las personas y de sus familias; es el ser humano el centro de la actividad económica y laboral. El respeto a la dignidad del trabajo, vinculado a la dignidad de la persona, es y debe ser el criterio central de una economía orientada por “una ética amiga de la persona”. (Benedicto XVI, Caritas in veritate, 45)

Esta nueva reforma es otra agresión al trabajo humano como principio de vida. Creemos que una reforma laboral que pretende ser completa y marcar un antes y un después en las relaciones laborales, no puede hacerse sin el suficiente consenso social entre las personas trabajadoras y el colectivo empresarial. Y tendría, además, que responder a las necesidades de las familias trabajadoras y no a las exigencias impuestas por los mercados financieros, las grandes empresas, las instituciones comunitarias y los organismos económicos internacionales.

Esta reforma laboral es una vuelta de tuerca más para flexibilizar el mercado de trabajo:

· Quiebra el derecho constitucional a la negociación colectiva y a la capacidad organizativa de los trabajadores (no existe negociación real de los trabajadores en el ámbito de la empresa cuando el 95% del tejido productivo español está compuesto por empresas de menos de 50 trabajadores. Este Real Decreto contempla la fractura de la cohesión social al habilitar la “caducidad” de los convenios colectivos desincentivando cualquier negociación entre las partes)

· Facilita y abarata la expulsión del mercado de trabajo: quita trabas al despido por causas económicas; rebaja la indemnización del improcedente (pasando a 33 días por año trabajado, con un máximo de 24 mensualidades) y elimina la autorización administrativa para poder llevar a cabo los expedientes de regulación de empleo. Los contratos indefinidos con esta nueva regulación tampoco tendrán, como los temporales, condición de estabilidad.

· Abre el camino para ajustar los salarios a la productividad. Con esta reforma, los salarios de los trabajadores más débiles van a depender de la voluntad unilateral del empresario.

· Dificulta, cuando no impide o precariza, el empleo juvenil. Más del 80% del empleo destruido por la crisis corresponde a empleo juvenil. El nuevo contrato de trabajo indefinido, especialmente para jóvenes (también para desempleados de larga duración), dirigido a las empresas de menos de 50 trabajadores, se puede convertir, más que indefinido, en un contrato temporal sin causa justificada. Estas nuevas modalidades de contratación y regulación ponen en serio peligro, aún más, la estabilidad presente y futura de la mayor parte de la juventud.

No compartimos la individualización de las relaciones laborales que propone esta reforma. Recordamos a nuestros gobernantes que el trabajo es una experiencia comunitaria y que una de las funciones de la empresa, según la Doctrina Social de la Iglesia, es favorecer la comunitariedad. Todo lo que suponga la individualización, dar prioridad a los intereses personales frente a los colectivos, significa romper la vocación a la comunión del ser humano. No es lícito eliminar derechos y protección de las personas trabajadoras con el argumento de combatir el desempleo y de reducir la temporalidad, cuando han sido las políticas económicas de los últimos gobiernos las que han provocado que haya un tejido productivo tan débil y un empleo tan precario.

No podemos seguir flexibilizando  las relaciones laborales sin garantizar la seguridad de una vida digna para las personas trabajadoras y sus familias. Y esta reforma se lleva a cabo en un contexto de quiebra del Estado de Bienestar, de reducción del Sector Público y de recortes de los servicios y prestaciones sociales sin precedentes.

Esta reforma rompe el débil equilibrio conquistado históricamente entre capital-trabajo, alejándose del principio siempre defendido por la Iglesia de la prioridad del trabajo frente al capital. Además, supone un nuevo golpe al Derecho Laboral limitando su capacidad de frenar la creciente mercantilización y “cosificación” del trabajo humano. Consideramos que este gobierno ha aprovechado el estado de quietud y miedo de la mayor parte de la ciudadanía, para eliminar viejas conquistas laborales y aspiraciones conseguidas tras muchas luchas de tantas personas a lo largo de la historia.

Los retos actuales que atraviesa la economía española requieren medidas políticas concertadas en el ámbito internacional que subordinen la economía financiera a la economía productiva. Es preciso, como ha pedido insistentemente Benedicto XVI y el Pontificio Consejo Justicia y Paz, una reforma del sistema financiero internacional. Esta reforma supondría avanzar en justicia social y comunión de bienes, redistribuyendo efectivamente la riqueza existente; controlar la economía especulativa y frenar el desmedido afán de lucro, en lugar de eliminar derechos. Este es el camino que puede generar riqueza orientada a la creación de empleo decente y con derechos, y a disminuir la pobreza.

Como Iglesia en el mundo obrero, en las actuales circunstancias, pedimos a las autoridades políticas, a los agentes sociales y económicos, al conjunto de los trabajadores y de la sociedad, y especialmente a los cristianos y cristianas, que caminemos juntos, con la intención de eliminar las causas que han generado esta crisis económica y, al mismo tiempo, superemos las estructuras económicas y sociales injustas que tanto sufrimiento, deshumanización y pobreza están provocando a las personas.

También instamos a los partidos políticos a corregir y reorientar, en el proceso parlamentario, esta reforma laboral poniendo en el centro de la misma el trabajo decente y con derechos y, al mismo tiempo, animamos a participar en las iniciativas y movilizaciones que se convoquen por parte de las organizaciones eclesiales, sociales y sindicales que ayuden a tomar conciencia y revertir esta situación tan lesiva para las personas trabajadoras y sus familias.

Emilio Alvarado Pérez es portavoz de IU en el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares