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| Imagen de un parlamento que no representa, lo cual es una contradicción |
Hace sólo unas semanas asistimos
en Castilla-La Mancha a un hecho insólito propio de una república bananera. El
gobierno de la señora Cospedal aprobó, gracias al rodillo de la mayoría
absoluta del PP, una reforma del Estatuto de Autonomía para reducir el número
de diputados en las elecciones autonómicas del 2015, de los 49 actuales a una
horquilla comprendida entre 25 y 35.
Esta reducción constituye un atentado contra la democracia representativa porque no busca
el ahorro económico sino perpetuar la alternancia PSOPE-PP en unas Cortes que
nacieron para ser bipartidistas y que el PP pretende que mueran siendo más
bipartidistas aún.
La reducción del número de
“representantes” en el parlamento autonómico agudiza la falta de
representatividad del sistema político. A menos parlamentarios, manteniendo la
circunscripción electoral, menos representación, lo que desemboca en que se
quedarán sin escaño las fuerzas políticas que podrían romper el bipartidismo
estéril que nos gobierna, aunque dichas fuerzas obtuvieran muchos más votos que
en las elecciones anteriores.
Destruir la representación es
acabar con la democracia porque significa dejar fuera de las instituciones a un
número creciente de ciudadanos que votan a partidos que no forman parte del
bipartito dañino, lo cual elimina el pluralismo político y la posibilidad de
una regeneración democrática cada vez más urgente y necesaria.
Así lo denunció el Coordinador Regional
de Izquierda Unida, Daniel Martínez, cuando calificaba la medida como “un golpe antidemocrático e ilegítimo”
que la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, perpetra “para
adecuar el sistema electoral a sus intereses personales y partidistas”.
No se debe admitir como justificación
de esta fechoría el desprestigio que sufren la política y los políticos,
primero porque ambas cuestiones nada tienen que ver con la cuestión y, segundo, porque la idea,
viniendo de quien viene, la señora Cospedal, resulta inaceptable por sus malas intenciones.
Tampoco debiera servir el
pretexto del ahorro, aunque resulta más difícil de desenmascarar. Bajo la
apariencia de reducir gastos se oculta la intención del PP de mantener sus
escaños aunque pierda votos, lo cual le lleva a usurpar la representación que
en justicia es de otros. Contrasta la actitud cicatera del PP con el parlamento con la realidad de aumentar el número de cargos puestos a dedazo, escogidos entre lo suyos de manera libérrima y que también comen del presupuesto regional.
Los políticos que tienen miedo al
pueblo y que le niegan la representación son responsables del creciente
desapego ciudadano a la política. La progresiva “berlusconización” del sistema
político es el producto de los continuos casos de corrupción, del neoliberalismo
y del sometimiento de los gobiernos a las directrices de la Troika, a lo que se une una crisis de
legitimidad muy preocupante de unas instituciones políticas que no representan
y que son desbordadas por iniciativas de los ciudadanos.
La crisis del bipartidismo se
agrava cada día. El desgaste que sufren los populares en el gobierno no está
siendo aprovechado por los socialistas. Los ciudadanos no creen a quienes ahora
dicen lo contrario de lo que hacían cuando gobernaban y, menos aún, a los que
hoy gobiernan pulverizando sus promesas cuando estaban la oposición.
La crisis, los recortes y el
rebrote de la corrupción (los casos de Bárcenas, Gürtel, Urdangarín, los ERE, ITV,
Nóos, Bankia, Método 3, las preferentes, etc.) han terminado por cavar la fosa
de un sistema que hace aguas y que fue instituido hace casi cuarenta años en
una transición que se presentó como modélica y de la que estamos descubriendo
ahora sus hipotecas y limitaciones.
Una transición que aún hoy se
presenta como modelo para países que se democratizan y que ha impedido, por
ejemplo, que la ejemplar España democrática haya “purgado” el sistema de
sus remanentes postfranquistas. Aún hoy, los herederos de la dictadura, desde
las numerosas tribunas a las que tienen acceso y controlan (radio, televisión,
periódicos,...) difunden el elogio de la intolerancia y de la imposición, que
se extiende como una mancha de aceite gracias a la crisis y que se intenta
disimular con un barniz de conservadurismo y de apego a la nación que no engaña
a nadie.
Con este panorama no es de
extrañar la irrupción en la política castellano-manchega de nuevos actores alejados
de la doctrina neoliberal, lo que hace presagiar la renovación democrática de
las Cortes en las próximas elecciones, siempre y cuando no se cambien
tramposamente las reglas electorales a mitad del partido, que es lo que pretende el PP.
Hasta ahora ha existido un
elemento que favorecía el binomio PP-PSOE en nuestra autonomía: la ley
electoral. Determina la ley que el distrito electoral sea la provincia y
establece para la distribución de escaños el método inventado por el profesor
belga de derecho, Victor d’Hont, que consiste en aplicar una fórmula que
distribuye el número de cargos electos asignados a cada candidatura en proporción
corregida al número de votos, sin tener en cuenta para el reparto de escaños
las abstenciones, los votos nulos y los votos en blanco, y que busca la
creación de mayorías que puedan soportar gobiernos estables. Con esta fórmula
se pretende favorecer a los partidos grandes y limitar la presencia de las minorías en los
parlamentos, lo que hace que para muchos votantes la opción de
votar a partidos no mayoritarios o regionalistas se presente como “tirar el
voto”, influyendo tanto directa como indirectamente en los resultados y
perjudicando la pluralidad democrática.
Todas las propuestas de reforma
electoral para mejorar la representación pasan por incrementar el número de
escaños o por aumentar la magnitud de la circunscripción, lo cual llevaría a
pasar de la provincia al distrito autonómico, medidas que permitirían la
entrada de más partidos en las instituciones y un mayor pluralismo en las
Cortes regionales, justo lo contrario de lo que pretende el PP.
Pero la señora Cospedal, en un
alarde antidemocrático característico de la derecha que anhela formas de
gobierno distintas y propias de épocas pasadas, decreta la reducción del número
de diputados (cuando poco antes fue partidaria de aumentarlos porque le
interesaba), en un atentado contra la democracia representativa a la que se
debe y que no duda en traicionar.
Es un hecho que somos víctimas
del bipartidismo que se ha ocupado de, con la ayuda de los medios de
comunicación, difundir el mensaje de que no hay vida política más allá del PSOE
y del PP, siendo obligatoria, por tanto, la alternancia de ambas fuerzas, lo
que hace inútiles los afanes de otros partidos para alcanzar la representación
que merecen.
Afortunadamente, gracias al cada
vez mayor peso de plataformas de comunicación alternativas (twitter, facebook,
etc.) se ha logrado, no sin trabas, difundir una esperanza distinta. Claro
ejemplo de lo dicho es la cada vez mayor incidencia de movimientos sociales con
elevada carga política como el 15M en
la vida política tradicional. Los ciudadanos, cansados del mensaje
bipartidista, aprueban mayoritariamente la reforma de la Ley electoral y piden un proceso
constituyente (cuestiones ya planteadas por IU hace mucho tiempò) que permitan la creación de
un sistema político más participativo, democrático y plural.
Pero pluralismo y participación
ciudadana son aspectos que dentro del seno del bipartidismo están reñidos con
sus intereses y, en el caso del PP, también con sus principios ideológicos,
como demuestra la reciente reforma de la administración local aprobada por el Consejo
de Ministros.
Es evidente la resistencia del PP
y del PSOE a cambiar el sistema político que tanto les beneficia, a pesar del
creciente repudio que provoca entre los ciudadanos.
Dejando al margen los réditos
electorales por constituir las fuerzas más votadas, además, los integrantes de
las cúpulas del PSOE y del PP que tienen capacidad para crear leyes, modificar
modelos de gestión o asignar presupuestos, obtienen recompensas privadas cuando abandonan
las obligaciones públicas, pasando a formar parte de los Consejos de Administración
de las principales empresas del país, lo cual muestra una confusión muy
preocupante entre intereses privados y públicos que es, en última instancia, la
base de toda corrupción.
Pero no sólo nos enfrentamos a
una cuestión de orden electoral cuando se pretende reformar el sistema
político. También está en juego la cuestión de la soberanía.
El 5 de agosto de 2011, el
Presidente Rodríguez Zapatero recibió del entonces Gobernador del BCE, Jean
Claude Trichet (hecho confirmado por Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ex Gobernador del Banco de España) una carta personal en la que instaba al
gobierno a adoptar medidas lo más rápido posible (como “decretos leyes”)
presuntamente para “promover el crecimiento potencial de la economía”. Eran los
tiempos en los que la prima de riesgo
superaba en algunos momentos los 400 puntos básicos, motivo por el que los
gobiernos español e italiano, principalmente, solicitaban al BCE la compra
masiva de deuda soberana para evitar el hundimiento de la credibilidad de su deuda.
Aquella misiva ordenaba dos tipos
de reformas: por un lado, la liberalización de servicios públicos y
profesionales y privatizaciones a gran escala; y, por otro, la reforma de la negociación
colectiva para fijar salarios y condiciones de trabajo según las necesidades de
las empresas, aumentando su peso respecto a otros tipos de negociación.
Proponía, por tanto, un contrato de trabajo totalmente desregulado para
jóvenes, sin referencia alguna a salarios de convenio o al salario mínimo. La
carta constituía una “hoja de ruta” con las medidas que el gobierno de Zapatero
debía adoptar con urgencia. La consecuencia inmediata fue la modificación del
artículo 135 de la CE con los votos a favor del PSOE y del PP, en una muestra clara
de cómo entiende el bipartito la realidad política de nuestro país, decidiendo
a espaldas de los ciudadanos y contra los intereses de éstos.
La llegada de Rajoy al Palacio de
la Moncloa el 20N del 2011, no ha significado nada distinto que plegarse
totalmente a las imposiciones de Troika. La reforma laboral, la privatización
sanitaria, el paulatino desmantelamiento de la educación pública, la
eliminación fulminante de servicios sociales, la reforma de la administración local
y un largo etcétera, constituyen pruebas irrefutables de que nos encontramos
con un gobierno títere que no rinde
cuentas a los ciudadanos sino a los miembros de la Troika. ¿Cómo se explica, si
no, que todavía Rajoy no haya presentado su dimisión cuando se encuentra en fraude electoral por haber mentido y por
aplicar un programa distinto al que presentó en las pasadas elecciones?
El objetivo del PP es hacer caso
omiso a los ciudadanos y seguir el rumbo marcado desde Bruselas por la Troika.
Y la manera de conseguirlo es limitando el acceso a los órganos de decisión
política de representantes alejados de la corriente neoliberal, proclamando
leyes que suponen el mantenimiento del bipartidismo. Leyes que constituyen en
sí mismas la negación del artículo 1.1
de la Constitución que declara solemnemente que España se constituye en un Estado social y
democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento
jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.
Esta actitud antidemocrática que
tiene la derecha española, propia de regímenes pasados y añorada por algunos
“cachorros” populares, consistente en evitar que otras fuerzas políticas
irrumpan en el escenario político nacional, demonizándolas e impidiendo su
acceso, representa el deseo de volver a un gobierno basado en el “caudillaje”.
Esto eliminaría de un plumazo el “pluralismo político” necesario para la
“regeneración democrática”.
Hacen falta cambios profundos en
un sistema bipartidista enfermo de corrupción. Un sistema que sólo busca
perpetuar el bipartidismo haciendo inútiles, en la mayoría de los casos, los
esfuerzos de los ciudadanos por hacerse oír, sesgando la participación y
eliminando la pluralidad política, cruzada en la que se ha embarcado la señora
Cospedal para satisfacer sus propias ansias de poder.
No queremos un “gobierno títere”
a las órdenes de la Troika. La soberanía reside en el pueblo y no fuera de
nuestras fronteras. Queremos una democracia participativa que otorgue al
ciudadano la capacidad de decidir libremente sobre su vida y destino y no cada
cuatro años en una elección frustrante y engañosa. El convencimiento es que
este deseo no es posible ni con Rajoy ni con Cospedal, por lo que no queda más
remedio que pedir su dimisión y la convocatoria inmediata de elecciones
anticipadas.
