De cómo el PSOE y el PP han ido limitando el principio de justicia universal hasta provocar su defunción

El principio de la jurisdicción universal consiste en el reconocimiento a los tribunales de un país de la competencia para enjuiciar determinados delitos contra bienes jurídicos especialmente protegidos por la comunidad internacional, con independencia completa del lugar de comisión del hecho y de la nacionalidad o residencia de los responsables o de sus víctimas. La jurisdicción universal es un instrumento clave para evitar la impunidad de los crímenes cometidos contra la humanidad (genocidio, crímenes de guerra, tortura, ejecuciones extrajudiciales o desapariciones forzosas) y otros de carácter muy grave que se cometen con la impunidad que nunca debiera ofrecer la extraterritorialidad (tráfico de drogas a gran escala, de armas o de personas). Ante estos delitos, cada Estado, como integrante de la Comunidad Internacional y con el objetivo de protegerla debe proceder a juzgar a todo delincuente que detenga, cualquiera que sea su nacionalidad y el lugar de comisión del delito, como ocurre, por ejemplo, con cualquier violación de los derechos humanos. 

Este principio fue consagrado con carácter prácticamente absoluto en el Derecho español en el artículo 23.4 de Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 al atribuir a la jurisdicción española competencia “para conocer de los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional” con relación a los delitos de genocidio, terrorismo, piratería, falsificación de moneda extranjera, prostitución y tráfico de drogas. La lista de delitos fue ampliándose paulatinamente por leyes posteriores de menores (L.O. 11/1999), mutilación genital (L.O. 3/2005) y tráfico ilegal de personas (L.O. 13/2007).

En España, la aplicación de este principio ha dado lugar a procesos judiciales por crímenes de genocidio, terrorismo y torturas cometidos en Argentina, Chile, Guatemala y El Salvador, y a su vez, está siendo utilizado por la Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal de la República Argentina en un proceso seguido al de España por crímenes de lesa humanidad durante el franquismo.

Pese a que la iniciativa contó con elogios a nivel internacional, también se escucharon voces críticas dentro y fuera de nuestro país derivadas fundamentalmente de los conflictos diplomáticos que el reconocimiento de este principio implicaba para España. A medida que estos conflictos empezaron a ser significativos, los gobiernos de turno tanto del PSOE como del PP decidieron restringir su aplicación.

Como ya es tradición en la política española, el recorte de la jurisdicción internacional se intenta en primer lugar por la vía de hecho, es decir, a través de una doctrina del Tribunal Supremo sin ningún apoyo en la legalidad vigente pero sí con el fin de evitar que los gobernantes se ruboricen ante la circunstancia de tener que desdecirse. Así quedó plasmado en la sentencia del alto tribunal de 25 de febrero de 2003, en la que se exige al menos un punto de conexión que legitime la extensión extraterritorial, ya sea que alguna de las víctimas fuese española o que los responsables se hallasen en España o que hubiese un vínculo con intereses relevantes españoles. El intentó resultó inútil porque esta sentencia fue recurrida ante el Tribunal Constitucional y éste, en su sentencia 237/2005, negó que de la voluntad de la ley pudiera inferirse la exigencia de tales limitaciones. Así que a la vista de la situación, el  PSOE, mostrando un socialismo raquítico y pálido, no tuvo más remedio que mojarse y aprobar en el 2009 con el apoyo de PP, CIU y PNV la primera reforma de la justicia universal en nuestro país por la que se modificó el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en la línea apuntada por el Tribunal Supremo cuya redacción quedó como sigue: “Sin perjuicio de lo que pudieran disponer los tratados y convenios internacionales suscritos por España, para que puedan conocer los Tribunales españoles de los anteriores delitos deberá quedar acreditado que sus presuntos responsables se encuentran en España o que existen víctimas de nacionalidad española, o constatarse algún vínculo de conexión relevante con España y, en todo caso, que en otros país competente o en el seno de un Tribunal internacional no se ha iniciado procedimiento que suponga una investigación y una persecución efectiva, en su caso, de tales hechos punibles. El proceso penal iniciado ante la jurisdicción española se sobreseerá provisionalmente cuando quede constancia del comienzo de otro proceso sobre los hechos denunciados en el país o por el Tribunal a los que se refiere el párrafo anterior”.

A partir de entonces, la Audiencia Nacional sólo investiga delitos contra la humanidad cometidos en el exterior si los acusados se encuentran en España, alguna de las víctimas tiene nacionalidad española o existe algún vínculo de conexión relevante en España. Esta modificación se aprobó después de que la ministra de Asuntos Exteriores de Israel confesase públicamente la promesa que le hizo el que por aquel entonces era Ministro del ramo y colega, Miguel Ángel Moratinos: que modificaría la ley para archivar el caso contra soldados israelíes por su supuesta responsabilidad en el bombardeo del barrio de Al-Daraj de Gaza.

En esta España de los rescates financieros, de la corrupción, de los indultos a banqueros, de la persecución y hostigamiento a jueces que cumplen con su obligación con el fin de evitar que auténticos delincuentes campen a sus anchas y de la aniquilación de derechos fundamentales, también se quiere dar la puntilla al principio de justicia universal. El Partido Popular aprobó el pasado 15 de marzo la entrada en vigor de una nueva reforma del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, relativo a la Cooperación o Colaboración de España con la Justicia Universal para reducir aún más esta jurisdicción en nuestro país.

La modificación se produjo por vía de extrema urgencia y sólo con los votos de los diputados del PP, que goza de mayoría absoluta en las dos cámaras, Congreso y Senado, sin el menor ánimo de consensuar un asunto de esta trascendencia con el resto de los partidos que componen el arco parlamentario.

Para el Partido Popular, según ponía de manifiesto en la exposición de motivos de la Proposición de Ley de Modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, relativa a la jurisdicción universal, “la realidad ha demostrado que hoy en día la jurisdicción universal no puede concebirse sino desde los límites y excepciones propias del Derecho Internacional”, lo cual quiere decir, en lenguaje llano, que el PP limita la persecución de los delitos de genocidio y lesa humanidad a los procedimientos que se dirijan contra los españoles o extranjeros que hayan adquirido la nacionalidad tras cometer el hecho o cuya extradición haya sido denegada. La nueva redacción del artículo elimina la posibilidad de actuar a partir de una denuncia o a través de una acusación popular, para reducir su impulso a las querellas presentadas por el agraviado o la Fiscalía.

Sólo en muy contados supuestos se mantiene lo poco que queda de la antigua jurisdicción, por lo que cabe decir que España ha renunciado a los más importantes aspectos que quedaban regulados en el Convenio de Ginebra de 1949, la Convención Internacional contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes o la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas y, desde luego, contra lo estipulado en el Convenio de Roma de 1998, creador de la Corte Penal Internacional, y por el que se definen y sancionan gravísimos delitos que implican violación de los derechos del hombre, tales como los crímenes de guerra, el genocidio, los de lesa humanidad o el de agresión sexual a menores.

Este nuevo revés propinado por el Gobierno de Rajoy garantizará la impunidad de criminales y negará justicia a los ciudadanos españoles.

En la España de Rajoy si robas chatarra vas a la cárcel pero si te llevas por delante a medio país disfrutarás de la benevolencia de las leyes, de la comprensión de la Real Academia de la Historia y de placa conmemorativa en lugar público.

Los españoles que sean víctimas de crímenes de guerra, de lesa humanidad, de torturas, de secuestros por parte de unas fuerzas armadas más allá de nuestra fronteras no tendrán la posibilidad de acudir a los tribunales: su propio país, España, les negará su derecho a la justicia.

La vía para seguir luchando por la justicia universal es la de presentar recurso ante el Tribunal Constitucional bien por parte de las familias, por los propios jueces que llevan casos de jurisdicción universal apelando la inconstitucionalidad de la reforma o bien, y según la ley, por 50 diputados o 50 senadores.

El grupo parlamentario del PSOE, alardeando de su “giro a la izquierda”, aprovechó esta situación para anunciar que presentará recurso de inconstitucionalidad contra la reforma. Los que se proclaman republicanos y no cuestionan la monarquía, los que dicen blindar los servicios públicos y sus excargos se blindan en los consejos de administración de las grandes empresas, los que dicen defender al trabajador y protagonizaron una reforma laboral y una reforma de la seguridad social y los que protegen a la banca tapando sus agujeros con dinero público e indultando a banqueros, olvidan que fueron ellos los que dieron el primer golpe a este principio jurídico, con una reforma aprobada a petición de Israel que supuso el archivo de la causa por posibles crímenes de guerra en Gaza y los que obstaculizaron la investigación en el caso Couso tratando de cerrar la causa, tal y como desvelaron los cables de la embajada estadounidense difundidos por Wikileaks.

Las restricciones que se incluyen en la última reforma del PP son de tal magnitud que desvirtúan el objetivo final de la jurisdicción universal y, lo que es más grave aún, abre vacíos jurídicos en su aplicación que atentan contra el principio de legalidad y los derechos de las víctimas. Además, se permite la posibilidad del fraude de ley a favor de los perpetradores al establecerse que el proceso penal iniciado ante la jurisdicción española "se sobreseerá provisionalmente" (es decir, se archivará provisionalmente) "cuando quede constancia del comienzo de otro proceso sobre los hechos denunciados en el país o por otro Tribunal."

Ni siquiera se fijan criterios para valorar la disposición del otro tribunal para llevar a cabo las investigaciones y, en su caso, el juicio. Según el texto de la reforma tampoco se exige acreditar que dicho proceso se haya abierto legítimamente por las víctimas, ni que haya garantías de justicia, ni que las víctimas tengan acceso a participar en él o que el sistema normativo establezca penas acordes con el principio de proporcionalidad. Por eso, pudiera ser que en nombre de la justicia universal se iniciaran procesos-fraude para impedir otros con garantías de imparcialidad.

En definitiva, se ha dado una estocada de muerte a la justicia universal que aboca al archivo de decenas de causas abiertas en la Audiencia Nacional como el asesinato de José Couso tras el bombardeo de las tropas estadounidenses del hotel donde se alojaba la prensa, el genocidio del Tíbet, las torturas perpetradas por el gobierno de China contra el movimiento Falung Gong, el genocidio del pueblo saharahui o las torturas sufridas por los presos de Guantánamo.

El desguace de la justicia universal provoca que muchos inocentes se revuelvan en sus tumbas y que los grandes criminales suspiren aliviados porque ellos han ganado, al igual que los intereses de las potencias extranjeras sobre las víctimas y los derechos humanos.

Esta es la realidad de una situación que ya no espanta sino que provoca asco y vergüenza.

María José Pérez Salazar forma parte del Consejo Político de IU de Azuqueca de Henares