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| Esta es la herencia recibida del PP |
Hace poco más de un mes vio la luz el VII Informe sobre
exclusión y desarrollo social en España 2014 elaborado por la Fundación
FOESSA (Fomento
de Estudios Sociales y Sociología Aplicada) y Cáritas.
El informe ofrece elementos para la preocupación
dadas las consecuencias que la crisis ha tenido sobre la mayoría y el aumento
de la desigualdad social. También denuncia la progresiva degradación
democrática y social consecuencia de un sistema que genera desigualdad
salarial, limita la capacidad redistributiva y reduce el sistema de
prestaciones público.
Los recortes que se han llevado a cabo durante estos años de
crisis han elevado el porcentaje de hogares españoles con problemas de
privación de material y pobreza monetaria en un 50%. Las medidas del gobierno se
han cebado con las rentas más bajas llevándose por delante diez años de
progreso salarial para las familias con hijos, a lo que hay que añadir un paro
que ronda los 6 millones de personas, que más de un millón de hogares carecen de
ingresos y que la protección por desempleo ha caído un 40%, lo que significa
que cada vez hay menos personas que cobran prestaciones sociales.
Que sólo el 34% de los ciudadanos se encuentre en situación
de integración social plena, entiéndase, que cumple con los indicadores
sociales clásicos de educación, vivienda, sanidad, empleo, cultura, movilidad,
pensiones, etc., cuando en el 2007 superaba el 50%, significa que la exclusión
social ha ascendido un 25% y que atañe a más de 11,7 millones de personas. La
precariedad afecta a ámbitos básicos como la vivienda (con casi el 62%), la salud
(un 46%) y el empleo (superior al 77%). También se encuentra generalizada la
vulnerabilidad de la juventud, dado que el 35% de los jóvenes vive en hogares
excluidos y el 27% de los jóvenes desocupados está fuera del sistema educativo.
No cabe duda que tanto en su dimensión social como
económica, los efectos de la crisis proyectarán su huella en el futuro por lo
que podemos hablar de una generación hipotecada, como la denomina el
informe, en la que los efectos de la crisis “se dejarán notar con mayor
virulencia en los cuerpos sociales más frágiles entre los que se encuentran los
y las jóvenes de hoy.”
En este sentido, es importante hablar de la educación como
mecanismo preventivo de los procesos de exclusión social. El gobierno del PP ha
recortado su presupuesto un 25% desde que empezó a gobernar, lastrando la
igualdad de oportunidades y profundizando la desigualdad social. El aumento del
4,5% en los PGE del 2015 sólo sirve para la implantación de la segregadora ley
Wert que consolida la desigualdad.
Capítulo especial por su crueldad clasista son las partidas
presupuestarias destinadas a garantizar la equidad a favor del alumnado de entornos
sociales desfavorecidos. El recorte no puede ser mayor al perder casi el 90% de
los fondos, pasando de los 170 millones cuando el PP comenzó a gobernar, a 70
millones el año pasado y, hoy, se ve reducida a un testimonial 5,2 millones en
los Presupuestos del 2015. Estas cifras reflejan el nulo interés que tiene este
gobierno en las políticas de apoyo a los estudiantes con mayores dificultades o
más necesidades, lo que significa eliminar una herramienta de integración de
sus políticas educativas.
No merece un menor reproche la partida presupuestaria
destinada a becas porque mantiene la misma cifra ridícula del 2014 (que fue de
1.467 millones), pasando a 1.469 millones de euros. Si tenemos en cuenta que ya
venimos de sendos recortes en la partida (210 millones menos en el curso
2011-2012 y 75 millones en el 2013-2014) y teniendo en cuenta que, además, el
número de estudiantes es mayor, la cuantía de las becas ha bajado
sustancialmente, a lo que se añade que se reparten de manera menos equitativa
según vienen denunciando los estudiantes y las asociaciones que los
representan.
UNICEF, en otro informe titulado Los niños de la recesión, alerta sobre cómo ha afectado la
crisis económica global a los más pequeños en un estudio realizado en 41 países
de la OCDE y la Unión Europea. La conclusión del informe no deja lugar a dudas
y señala a los más pequeños como el grupo social más perjudicado por la crisis:
76,5 millones viven por debajo del umbral de la pobreza, 2,6 millones más que
en 2008.
En España las consecuencias de la crisis son muy preocupantes,
según advierten desde UNICEF, organismo poco sospechoso de pertenecer al ámbito
de la izquierda, al igual que Cáritas o la Fundación FOESSA. Según UNICEF, el
Estado no ha sido capaz de proteger a los menores debido a que no existían “políticas
arraigadas centradas en los niños” previas a la crisis, y “la inversión
en el sistema de protección a la familia y a la infancia no era ni es
suficiente ni eficiente”. El gasto público destinado a las familias con
hijos es de sólo el 1,4% del PIB frente al 2,3% de la eurozona. Esto representa
un porcentaje muy bajo para un país que ha sufrido un incremento de la pobreza
de 8,1 puntos en cuatro años y que tiene un 36,3% de menores (2,7 millones) en
situación precaria. Sólo Grecia (40,5%) y Letonia (38,2%) reflejan una
situación peor.
Los datos sobre pobreza infantil en España no son una
causalidad ni un accidente. Son el resultado de los importantes ajustes
fiscales y de los recortes en prestaciones sociales, así como de las
devaluaciones salariales y la descomposición del mercado de trabajo que cambia empleos
estables por temporales y/o parciales.
Contrasta esta crueldad con una política fiscal regresiva
que regala a las empresas una cantidad próxima a los 6.000 millones de euros entre
exenciones y desgravaciones, por un lado, y bonificaciones en las cotizaciones
a la Seguridad Social, por otro.
Según el informe FOESSA, el modelo productivo español
especializado en actividades de baja productividad contribuye a explicar el
fenómeno de los bajos salarios. Gran parte de los puestos de trabajo que se
crean son de baja calidad y, por lo mismo, se destruyen con facilidad. Únese a
esto que hay un marco institucional que agudiza el problema ya que la legislación
no corrige el excesivo uso de contratos temporales, el salario mínimo se ha
demostrado demasiado bajo y la negociación colectiva no está orientada a
reducir las diferencias salariales, lo que demuestra el fracaso de las
sucesivas reformas laborales.
Las conclusiones son demoledoras. Se hace necesario un
aumento del gasto social para reducir la desigualdad y la precariedad,
aproximándolo a la media de la Unión Europea. Frente a la ausencia de ingresos
que impulsa Rajoy, es imprescindible una reforma fiscal progresiva que permita
al Estado recaudar más para financiar políticas activas de empleo y de
protección social, sin olvidar, por supuesto, la lucha contra el fraude
fiscal.
Se hace más necesario que nunca un nuevo modelo
productivo ecológicamente sostenible. Esto sólo se puede lograr con un
incremento sustancial de la inversión en I+D+i y ciencia, frente al recorte del
40% y la penalización a las renovables que ha planteado el PP en los
presupuestos del 2015.
El Estado debe ser garante del empleo, la vivienda y de los
derechos fundamentales de la mayoría social. Hay que romper las cadenas del
mercado y de las élites financieras que desde la sombra fiscalizan las
decisiones políticas para adecuarlas a los intereses de una minoría selecta. El
diagnóstico es grave como lo demuestran cada vez más informes internacionales
que instan a cambiar de rumbo y apostar por el rescate de los ciudadanos.
Afortunadamente, hay alternativa.
Miguel Ángel Márquez es el Coordinador Local de IU
