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| Con el PP intentar paralizar un desahucio es un delito castigado con pena de cárcel |
Ya tenemos nuevo Código Penal, el Código Penal del PP.
El pasado 21 de enero se aprobó la reforma del Código
Penal a pesar de los votos en contra de todos los partidos de la oposición, a
excepción de UPN que es la marca del PP en Navarra.
Reformar el Código Penal era una obsesión del gobierno de
Rajoy, al final resuelta en solitario por las muchas críticas que recibió del resto
de los partidos, de organizaciones sociales y profesionales e, incluso, de los
medios de comunicación afectos al régimen, por vulnerar importantes principios
amparados por los estándares internacionales de los Derechos Humanos y del
Derecho Penal.
De entrada, la reforma del Código Penal es un fraude de
ley, pues ha sido realizada por la vía de urgencia para saltarse los
preceptivos informes del Consejo de Estado y del Consejo Fiscal, necesarios
cuando las leyes que se aprueban afectan a los derechos fundamentales.
Además, el texto resultante bebe de las fuentes jurídicas
más reaccionarias y autoritarias, planteando un nuevo contexto penal más propio
de un estado de excepción encubierto. Así, introduce la prisión permanente
revisable, que no cabe en la
Constitución , aumenta las penas para muchos delitos sin que
haya fundamento penal para hacerlo, reprime la protesta ciudadana, pone parches
variopintos en asuntos de extrema importancia y aplica un guante de terciopelo
a los delitos de corrupción.
Pero no sólo lo anterior. El Código Penal del PP es un
texto hipócrita, vengativo, autoritario y represor con el que se busca
principalmente, por un lado, cambiar profundamente el modelo punitivo actual
aumentando la represión y el control social sobre los ciudadanos para
inocularles el virus del miedo, del silencio y de la desconfianza mutua y, por
otro, facilita la amnistía de los delitos de guante blanco como el fraude, el tráfico
de influencias, la malversación de caudales públicos, el blanqueo de dinero, el
cohecho, la prevaricación, etc., a pesar de que estos delitos, que son las mil
y una caras de la corrupción que nos come, hayan provocado el estado de calamidad
en el que vivimos.
Esta es la reforma de la justicia penal del PP. No extraña
atendiendo a su ideología y aus antecedentes. ¿Qué podíamos esperar de un
Gobierno que ha desmontado la justicia universal, que está intentando, entre
muchas otras barbaridades, impedir el derecho a decidir de las mujeres sobre su
maternidad, que se niega a investigar y a castigar los crímenes franquistas,
que está podrido por la corrupción o que recorta con saña los derechos
elementales de las víctimas de la crisis, que ya van por los trece millones?
El PP dice que suprime las faltas para incrementar la
eficacia de la justicia penal, lo cual es, como argumento, una falacia y, sin
embargo, oculta que la supresión de éstas implica que el Código Penal pasa a
ser mucho más severo, sin que exista ningún motivo para hacerlo excepto el
espíritu de venganza y la obsesión por el control de la sociedad.
Tampoco cuenta el PP que la congestión que existe en los
juzgados penales es menor que la que hay en los juzgados civiles y de lo
contencioso-administrativo, por lo que no hay ninguna necesidad de descongestionar a los primeros por la vía
de cargar con más casos a los segundos.
En los supuestos en que las faltas se transforman en sanciones
administrativas o civiles también se producen consecuencias que perjudican a la
ciudadanía ya que, entre otras cosas, se incrementan los costes de la defensa,
convirtiendo al acceso a la justicia en un imposible para millones de personas
humildes que sufren la vulneración de sus derechos y que no cuentan con dinero suficiente
para defenderlos en los tribunales.
En esta reforma se incluyen nuevos delitos que apuntan
directamente hacia colectivos que no son un peligro para la sociedad, todo lo
contrario, y contra movimientos con gran reconocimiento ciudadano como
activistas, inmigrantes, personas sin recursos, la Plataforma de
Afectados por la Hipoteca
o las Mareas, con el único objetivo de criminalizar la protesta social.
Conductas como la venta del top manta, un hurto de poca monta en un supermercado,
hacer un graffiti, resistirse pacíficamente en un acto de protesta, parar un
desahucio o encerrarse en una sucursal bancaria para denunciar sus
depredaciones serán castigadas con penas de cárcel gracias al
nuevo Código Penal del PP.
Para el PP, y esto es el colmo, el orden público se puede
alterar desde el sillón de nuestra casa y ser condenados por ello. Por ejemplo,
una persona que difunda consignas de una manifestación por las redes sociales
puede considerarse que está incitando a cometer un delito de alteración del
orden público o podría ser acusada de cometer un delito de este tipo si se
produce algún altercado en dicha acción, aunque no haya acudido a la
manifestación, no conozca al autor del delito o no haya tenido nada que ver con
su comisión.
Especial mención merece el nuevo texto del artículo 318
bis, que está dedicado a “Los delitos contra los derechos de los
extranjeros”. Es voluntad del PP
que se castigue a quien ayude a una persona en situación administrativa
irregular a entrar o transitar por el Estado español, salvo cuando se realice
por razones humanitarias. Sin embargo, no se define qué se entiende por “prestar ayuda por razones humanitarias”,
lo que deja un amplio margen a la interpretación del juzgador. ¿Habrá que
esperar a que la persona en cuestión sufra malnutrición o tenga una enfermedad
grave para poder prestarle ayuda sin que tales actos se conviertan en
constitutivo de delito? Para el PP, el simple hecho de ayudar a una persona en
situación irregular como puede ser ofreciéndole alojamiento, llevarle en coche
o cualquier otra conducta similar, podrá ser sancionado penalmente si no es
considerado ayuda humanitaria. Además, se penaliza a quien ayude, con ánimo de
lucro, a una persona que se encuentre en situación irregular en España. Esta
puntualización permitirá castigar a quien le alquile una vivienda o una
habitación, a quien preste asistencia médica o jurídica o al que realice
cualquier servicio profesional a su favor cobrando por ello. ¿Tendrán que
comprobar los panaderos la situación de una persona inmigrante antes de
venderles una barra de pan?
La reforma del Código Penal ha sido anunciada por el
gobierno como una medida contra la corrupción, una intención que no se
corresponde con el contenido real del texto porque ni se agravan todas las
penas, ni se trata a todos los ciudadanos por igual.
Por ejemplo, se rebajan las penas de los delitos de
corrupción cometidos por funcionarios públicos (malversación de caudales
públicos), no se aprovecha para sancionar las grandes estafas y, además,
con la Ley
de Amnistía Fiscal que entró en vigor en enero de 2013, lo que se ha
hecho es institucionalizar un doble rasero entre los delitos cometidos contra la Seguridad Social
y los cometidos contra la
Hacienda Pública. Si el cobro indebido de prestaciones de la Seguridad Social
es delito desde el primer euro, el fraude sobre las cuotas a la Seguridad Social
no es delito si no supera los 500.000 euros.
Tampoco debe pasar desapercibido el hecho de que el delito
fiscal sólo tenga reproche penal si supera los 120.000 euros anuales, lo cual
quiere decir que aquel que tenga ingresos suficientes para defraudar por encima
de esa cantidad se enfrenta a una pena de prisión de entre 1 y 5 años, así como
a una multa que puede alcanzar seis veces la cifra escamoteada al fisco.
En la legislatura de los papeles de Bárcenas, de la
financiación ilegal del Partido Popular, de la trama Gürtel, del caso Noos, de
la operación Pokémon, de la operación Púnica y de un sinfín de escándalos de
corrupción que apuntan al PP, el Gobierno de Rajoy ha decidido no aumentar las
condenas de cárcel, ni tipificar como delictivas las desorbitadas retribuciones
y jubilaciones que se ponían a sí mismos los directivos de las cajas, siendo
aplastante mayoría los que salieron de sus filas.
Al introducir el delito de financiación irregular de los
partidos la oposición considera que el PP da una definición “vaga” porque ha establecido el umbral de
lo delictivo en 500.000 euros. La prueba es que con el nuevo Código Penal del
PP, Luis Bárcenas podría seguir siendo tesorero del PP. No es de extrañar que a
su salida de prisión Bárcenas afirmara “no
me arrepiento absolutamente de nada. Volvería a actuar exactamente igual”,
al sentirse respaldado por unas leyes penales que le ampararían. Por debajo de
esa cantidad, los 500.000 euros, no habrá reproche penal para los mangantes que entreguen o reciban dinero
con la finalidad de financiar irregularmente a un partido. Todo aquel que
hinche la caja B de un partido con una cifra inferior a esa, aunque sólo sea
por un céntimo, no tendrá castigo, ni penal ni administrativo, lo cual le viene
muy bien al PP, acostumbrado a recibir más que presuntamente cantidades
millonarias de poderosos donantes que nunca donan nada desinteresadamente.
Con la que está cayendo, el Partido Popular propone una
reforma en caliente, a golpe de telediario, para sacar el máximo rédito
electoral, endureciendo determinadas penas, salvo las que tiene que ver con la
corrupción, con lo cual se constata una vez más por dónde van sus intenciones.
El PP utiliza la prisión permanente revisable para
convencernos de que es necesario un endurecimiento de las penas, cuando lo que
realmente pretende es criminalizar la protesta social siguiendo la estela de la
Ley Mordaza del Ministro del Interior, Fernández Díaz.
El PP intenta acallar la protesta ciudadana mediante la
aplicación de castigos desproporcionados para impedir la libre expresión
popular, indignada ante las políticas antisociales de su gobierno.
Penas de cárcel abusivas, reformas legales sin más
procedimiento que el Decreto sin debate en las Cortes y abusando de una mayoría
absoluta obtenida con engaños. Esta es el camino penal del PP.
El PP está haciendo de la Justicia española el “cachondeo” que hace veinte años
denunciara el alcalde de Jerez de la Frontera , Pedro Pacheco.
El PP está empeñado en controlar a los jueces dando mayor
poder a aquellos que hacen la “vista gorda” con su corrupción y poniendo
en manos de los ideológicamente afines la represión de cuanto ciudadano
manifieste su descontento ante su política económica y social que machaca a
millones de personas.
Junto a Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como “Ley
Mordaza” y a la Ley
de Enjuiciamiento Criminal, actualmente en trámite en el Senado, se apuntalan
los tres vértices de un aparato legal que ataca los derechos fundamentales de
las personas que ya no pueden resistir tanta corrupción, tanta desvergüenza y
tanta miseria.
María José Pérez Salazar forma parte del consejo político local de IU de Azuqueca de Henares y es candidata a la alcaldía.
