SIETE AÑOS CONTENTANDO A LOS MERCADOS INTERNACIONALES
Se
van a cumplir siete años de la aprobación de la reforma del artículo 135 de la Constitución española en
la etapa final del Gobierno de Rodríguez Zapatero, en septiembre de 2011, por
un Parlamento sometido a presiones. De esto ya no se habla porque no le
interesa a los dos grandes partidos. Con ella el gobierno socialista dio rango
constitucional y prioridad absoluta al pago de los intereses y del capital de
la deuda pública de las Administraciones sobre cualquier otra necesidad de
gasto.
El
objetivo no era otro que garantizar el cumplimiento de las nuevas reglas
impuestas por Europa: disciplina fiscal, austeridad económica y estabilidad
presupuestaria por las Administraciones. La reforma, como todos sabemos, se
produjo en una noche con alevosía y premeditación, por una vía rápida, con un
acelerado debate parlamentario, sin consenso social y al margen de una consulta
ciudadana. En aquel momento, España vivía una situación de extrema gravedad sometida
al juego de los mercados financieros especulativos, del FMI y de Merkel.
Entonces
el PSOE, en esos momentos decide pactar con el PP para una nueva redacción al
artículo 135 de la Carta Magna
El
26 de agosto de 2011, Sáenz de Santamaría
y Montoro “sacaban pecho” de esa
reforma constitucional afirmando que con esa nueva redacción se ponía a salvo
al Estado del Bienestar y las políticas sociales. Sin embargo, y ellos bien lo
saben, el hecho de haber plasmado en el texto constitucional que “todas las
Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad
presupuestaria”, no ha servido más que
para justificar una política
de extrema austeridad, recortes e
involución social.
Esta
reforma constitucional fue la respuesta a una de las mayores tormentas
conocidas contra la deuda pública española (una prima de riesgo que superaba
los 300 puntos) que dificultaba la financiación de las operaciones corrientes y
obligaba a reducir el gasto público.
Ha
transcurrido tiempo más que suficiente para sacar conclusiones de los efectos
reales de unas medidas
que no han sido útiles para el crecimiento y la generación de empleo, ni para bajar el volumen de la deuda
o cumplir las previsiones de déficit. Sólo ha servido para incrementar la
desigualdad social.
Hay
que cambiar las reglas de consolidación fiscal a la hora de contabilizar el
déficit público, excluyendo el tanto por ciento de gasto en educación, sanidad,
dependencia e investigación, que son elementos centrales del Estado del
Bienestar y de una economía sostenible.
La
actual redacción del artículo 135 no lo permite, por lo que ha de ser revisada
urgentemente. Sería ideal que se produjese en el marco de un proceso
constituyente, de forma consensuada, pero todos sabemos que eso no es probable
porque no hay voluntad política.
Mantener
el texto tal como está supone restar la poca credibilidad que queda al
compromiso de reconstruir el Estado del bienestar. Desgraciadamente, ni PP ni
PSOE están preocupados por ello.
María José Pérez Salazar, portavoz del grupo municipal de IU Azuqueca de Henares.
