El milagro económico español o la mentira más grande jamás contada

Anguita, en 1992, advirtió a González y al país del desastre de Maastricht. No le hicieron caso, aunque tenía razón.

Después de lo que ha ocurrido en los últimos diez años, la derecha más rancia de este país aún se atreve a sostener sandeces tales como que “hemos sido capaces de obrar el milagro económico español y lo volveremos a hacer”, en alusión a salir de la crisis convocando de nuevo las causas que la provocaron. A los que así piensan sólo les faltaría añadir, para redondear el disparate, que “lo conseguiremos con Rodrigo Rato, Ministro que obró el reciente milagro económico español y también el de Bankia”.

Asombra que alguien en su sano juicio pueda creer algo así y, todavía más, que la ingenuidad, hija de la ignorancia, esté tan extendida que aún queden ciudadanos que acepten el desvarío. Se demuestra, una vez más, que el ser humano, cuando deja que su entendimiento se nuble por los filtros de la ideología, olvide toda enseñanza útil y juiciosa, incluso la que procede de su experiencia. Está visto, en fin, que para el recalcitrante, y la derecha lo es y mucho, el mejor remedio para la enfermedad es más enfermedad y para el dolor más dolor. Suframos todos, pues.  

Pero vayamos a los hechos para desintoxicarnos de falsos ídolos. Toca ya romper los espejos deformantes que dificultan tener una imagen cabal de la realidad. Declaremos la guerra a la mendacidad y al desahogo. Atendamos a la reciente historia económica española para encontrar cuáles han sido las razones que obraron un “milagro” tan engañoso y sus desastrosas consecuencias.

A finales de la década de los 50, durante la dictadura de Franco, aparecieron en la escena política española un grupo de tecnócratas que bajo la dirección del Fondo Monetario Internacional, impulsaron varios planes de desarrollo que permitieron la tardía revolución industrial española de los años 60. Este proceso trajo consigo un éxodo masivo de la población rural a las ciudades, factor sobre el que se produjo el crecimiento desaforado del sector de la construcción, además de liberar mano de obra para la joven industria nacional. Hay que destacar también la apertura al turismo extranjero y la corriente migratoria tanto a Alemania como a Francia como principales destinos, que supuso la entrada de importantes flujos de divisas y un desarrollo rápido de las infraestructuras nacionales.

Pero en el año 73, con la primera gran crisis del petróleo, todo esto se acabó. España, país fuertemente dependiente de las importaciones de petróleo y con un crecimiento industrial basado en un consumo intensivo, sufrió muchísimo las consecuencias del incremento del precio del crudo. Otro factor importante que afectó negativamente a la economía fue la inestabilidad política nacional dada la cercanía del fin de la dictadura franquista tras la muerte, ese mismo año, de Carrero Blanco.

La crisis del 73 y la subida de los precios del petróleo y de sus derivados, provocó una caída de la actividad industrial, debido al incremento de costes tanto de las materias primas como de la distribución, que incrementaron los precios de los bienes y servicios, produciéndose el fenómeno que los economistas denominan inflación (incremento elevado de precios). La tasa de paro también se vio afectada, llegando a un 26% por el regreso de los emigrantes españoles, lo que provocó, además, una disminución de la entrada de divisas que deterioró la arcas públicas por la elevada deuda exterior que mantenían tanto las empresas como el Estado.

Para contrarrestar las consecuencias de la crisis, en el año 1977 y bajo el auspicio de Adolfo Suárez, tuvieron lugar los “Pactos de la Moncloa”, acuerdos sin precedentes en Europa, suscritos por gobierno, partidos políticos, sindicatos y asociaciones empresariales, mediante los cuales se adoptaron medidas, no del todo satisfactorias, que significaron la unidad de los agentes sociales frente a la crisis. Los Pactos de la Moncloa pusieron las bases de la futura política económica de Felipe González marcada por el control del déficit y la moderación salarial.

En 1982, con la llegada de Felipe González a la presidencia del gobierno encabezando la lista del PSOE y la consolidación del proceso democrático que facilitó el acercamiento a Europa, finalmente se cumplió el anhelo político de nuestro ingreso en la Comunidad Económica Europea, lo que ocurrió en 1986. Ese año se consumó el deseo de Felipe González que, en 1984, ya anunció que “nuestra aspiración, hoy, y así tal vez comprenderán mejor nuestra tarea, es integrarnos con todos ustedes, con todos los europeos, en una construcción común y solidaria que sobrepasa nuestras fronteras, pero que afecta, fundamentalmente, al destino histórico de España”.

Esos años fueron de enormes retrocesos sociales enmascarados por el elevado crecimiento económico gracias a la fuerte inversión extranjera y al incremento de las inversiones públicas en infraestructuras para las Olimpiadas en Barcelona (Barcelona’92) y la Exposición Universal de Sevilla (Expo’92). Entre las medidas adoptadas por los gobiernos de Felipe González durante sus trece años y medio en la Moncloa, destacan la legalización de las Empresas de trabajo temporal (ETT) y los primeros Planes de empleo juvenil, que lo único que consiguieron es la creación de empleos precarios. También hay que nombrar, no lo olvidemos, los sucesivos recortes de las prestaciones de desempleo. Como consecuencia de estas políticas de marcado corte liberal, Felipe González y su gobierno sufrieron las primeras huelgas generales de la democracia española, lo que supuso el distanciamiento de su partido con los sindicatos.

A pesar de todos los esfuerzos, los retos de la economía española seguían siendo los mismos: favorecer el crecimiento y la producción de bienes y servicios de alto valor añadido, muy por debajo de la media europea o, dicho de otro modo, la consecución de un modelo productivo alejado de la construcción y de los servicios de escaso valor. Para ello, los esfuerzos deberían haber ido encaminados a incrementar el gasto en I+D y no a disminuir la intervención del Estado en la economía, o el empeño suicida en desregular el mercado de trabajo y reducir el gasto público, recetas procedentes de la corriente neoliberal que a mediados de los años 80 empezó a extenderse por Europa y cuyos máximos exponentes fueron Margaret Thatcher (en Gran Bretaña) y Ronald Reagan (en Estados Unidos).

Con todo este bagaje llegamos al año 1992, origen de mucho de los males que hoy sufrimos. La agenda política venía marcada por el Tratado de Maastricht, dirigido a la instauración del euro como moneda común de la Unión Europea. El año 1992 es el momento de las políticas que suponen el control de la tasa de inflación, a través del control de los salarios, y del déficit público, como medidas más importantes para la convergencia económica de los países miembros de la UE.

El Tratado nació en un contexto económico de crisis que envolvía a todos los países miembros y, en especial, a Alemania, sumida en el proceso de reunificación tras la caída del muro de Berlín. Sus principales aspectos eran: 1) la libre circulación de los ciudadanos y capitales; 2) el establecimiento de una política exterior y de seguridad común; 3) la promoción del espacio económico y social estableciendo la unión económica y monetaria a través de la moneda única y 4) estrechar la cooperación en materia de justicia y asuntos interiores.

Fueron muchas las voces que advirtieron de la pérdida de soberanía que los países tenían que asumir en el caso de firmar las condiciones de Maastricht, porque no otra cosa significaba derivar la política nacional a un ente supranacional todavía en formación e ineficaz, como demostró la actitud de la UE en el inicio de la Guerra de los Balcanes. Países como Dinamarca propusieron un referéndum a la ciudadanía del que salió un rotundo “NO” y que puso en evidencia las numerosas faltas del tratado por la consecución de una Europa de los mercados frente a la Europa social que reclamaban los partidos de izquierda.

La negativa a aceptar el Tratado se fundamentaba en el otorgamiento de la construcción europea a economistas alejados de la realidad social, cuyas opiniones marcaban el devenir político, dejando en manos de tecnócratas el gobierno tanto de los Estados como de la Unión. Julio Anguita ya lo advertía en 1996 en la fiesta del PCE, cuando decía, a propósito del Tratado, que era una “...imposición de un modelo económico de carácter regresivo: el neoliberalismo que intenta conseguir acabar con todas las conquistas sociales y volver a mediados del siglo XIX. Y esto es así de tal manera que si Maastricht no existiera lo habrían inventado”. Efectivamente, tal y como señalaba Julio Anguita, Maastricht suponía dejar sin resolver los problemas sociales sacrificando la cohesión social al rebajar las condiciones sociolaborales para atraer la inversión. En sus propias palabras, el Tratado “es el fin de la autonomía política para decidir sobre las condiciones de vida de la ciudadanía ... es poner como primer objetivo los ajustes contables macroeconómicos y relegar a un segundo lugar derechos sociales recogidos en nuestra Constitución y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Maastricht es la pensión que disminuye; el recorte en gasto sanitario; la congelación salarial de los funcionarios; el recorte en inversiones para infraestructuras y obras necesarias; el mal funcionamiento de la LOGSE; el recorte creciente del subsidio de desempleo”. Resumiendo, el Tratado con el que se  constituyó una Unión Europea de libre mercado de capitales fue, a la vez, el documento con el que se sacrificaron las políticas sociales y los derechos de los trabajadores. Maastricht resultaba incompatible con la idea de una unión de ciudadanos.

Por este camino, el 1 de enero de 1999 se acordó la desaparición de las monedas nacionales de la eurozona aplicándose una tasa de cambio especial para cada divisa. En España se fijó en 166,386 pesetas por cada euro. Pero no fue hasta el 1 de enero de 2002 cuando la peseta y el resto de monedas de los países de la zona euro fueron reemplazadas por la nueva divisa común. Se consumó así, sin política fiscal, económica o social común, la Unión Monetaria y la libre circulación de capitales, causa de muchos de los males que hoy nos atormentan.

Desde su vigencia, en poco más de seis meses, el euro sobrepasó la paridad con el dólar, nivel que todavía mantiene. Pero es en julio de 2008 cuando adquiere su mayor valor al establecerse el tipo en 1,5990 dólares USA por euro, coincidiendo precisamente con el estallido de la crisis en los EE.UU, durante los escándalos financieros de Lehman Brothers (créditos subprime) y Madoff (estafa basada en la obtención de ganancias a través de un sistema piramidal de adquisición de capitales de tal manera que los nuevos inversores sufragaban las ganancias de los que ya estaban).

El traslado de la crisis desde Estados Unidos a Europa se vio favorecido por la autonomía de los mercados y la poca o nula capacidad de las instituciones europeas para controlar su actividad especulativa. A excepción de Alemania, dotada de un tejido industrial fuerte con alto valor añadido, todos los países de la zona euro se vieron salpicados por la crisis financiera y los problemas de la deuda soberana. Algunos economistas, especialmente los que no compartían las teorías neoliberales, coincidieron muy tempranamente en señalar que la raíz del problema financiero era el traslado de grandes sumas de capital privado, procedentes de la especulación, a la adquisición de deuda soberana, reportadora de grandes beneficios que iban a parar a codiciosos inversores que veían en la situación de países como Grecia, Portugal, Irlanda, España, Italia y Bélgica (todos países de la eurozona) una forma rápida de ganar toneladas de dinero.

Tras los años de especulación, en España se evidencian los fracasos de las políticas neoliberales que aplicaron tanto el PSOE como el PP (pilares del régimen bipartidista). La burbuja inmobiliaria que propició el PP y que, posteriormente, el PSOE mantuvo porque alimentaba un crecimiento económico basado en el consumo interior, por mucho que fuera sobre la base engañosa del crédito barato y sin tasa, debilitó aún más un tejido industrial de muy escaso valor y muy ligado a la construcción. Hoy sabemos que todo este sistema, que se ha derrumbado, está en la raíz del colapso económico actual.

Lo más sangrante de esta historia es que a pesar del fracaso de la doctrina neoliberal de “no intervencionismo”, fruto del Tratado de Maastricht, y debido a las presiones que recibimos desde los socios europeos, y en concreto de la canciller alemana Angela Merkel y del expresidente galo Nicolas Sarkozy (eje Merkozy), todos los pasos de la política nacional han ido encaminados a reforzar las causas que nos han sumido en la crisis. Entre las medidas adoptadas se encuentra la aprobación del techo de gasto público, en agosto del 2011, en el 0,4% del PIB, lo que supuso la modificación del artículo 134 de la Constitución y que tenía como objeto la constitucionalización del límite de déficit. Esta imposición suponía, como experimentamos ahora con amargura, la postergación de las necesidades de los ciudadanos frente a las exigencias de los mercados, estableciendo como prioritarias las de éstos frente a las de aquéllos.

La reforma laboral, los recortes en sanidad y en educación y el desvío de fondos públicos al sector financiero (a los bancos y cajas como principales receptores), son santo y seña del actual gobierno del PP. El objetivo, según Rajoy, es “sentar las bases para iniciar el senda del crecimiento a partir del 2013”. Pero el fracaso de estas medidas es estrepitoso en tanto en cuanto provocan más desigualdad social (se incrementa la brecha entre ricos y pobres, poniendo de manifiesto la lucha de clases que algunos creían superada o que parecía olvidada) y no consiguen el resultado de activar el crédito a familias y empresas.

Resulta cuando menos paradójico que los mismos defensores de la doctrina liberal que nos han sumido en esta crisis pretendan sacarnos de la misma aplicando el recetario neoliberal. Queda demostrado, pues, el continuismo encarnado por los partidos mayoritarios y el fracaso de sus políticas alejadas de la realidad. En definitiva, preocupa la falta de alternativa que tanto PP como PSOE ofrecen.

La solución a la crisis viene por la adopción de medidas contrarias a las ya vistas y, sobre todo, que no supongan el deterioro de los servicios públicos y de los derechos laborales. Si el tejido industrial español es muy débil y de muy escaso valor añadido y desde el sector público no se refuerza a través del gasto en I+D+i y en educación, difícilmente lograremos vislumbrar luz al final del túnel.

Definitivamente, hora es ya de que se apliquen políticas alejadas de los principios de Maastricht (como ya denunció en solitario IU en los años 90 con nuestra negativa a ratificar el Tratado) y de las exigencias de las instituciones comunitarias y de sus miembros, casi todos en manos de la internacional conservadora y liberal.

Los sucesivos programas que tanto el PP como el PSOE han aplicado en España durante los últimos veinte años han fracasado por defender una ortodoxia ciega y por no incidir sobre los males de la economía española.

Hemos vivido presos de una gran mentira y los que la urdieron nos siguen engañando para que aceptemos mansamente todos los sacrificios que aún restan y, de paso, no les pidamos responsabilidades.

No deberíamos arrodillarnos y dejarnos engatusar por la demagogia de los que nos llevan gobernando desde hace más de treinta años, culpables además del desastre presente, porque de lo contrario bien podría ocurrir que no podamos levantarnos más. Tenemos que convencernos de que es posible salir de la crisis, pero para construir una economía distinta a la que nos llevó al pantano en el que ahora nos ahogamos. Para lograrlo hay que dar una oportunidad a los que defienden un sistema nuevo y medidas audaces. Si no, estaremos condenados, como Sísifo, a subir sin descanso una pesada roca de privaciones, miserias y vergüenzas que hacen intolerable la vida, único patrimonio del hombre.

Miguel Ángel Márquez Sánchez es Coordinador local de IU de Azuqueca de Henares

Nuestra salud en peligro de muerte

Paralización de las obras de ampliación del Hospital Universitario de Guadalajara

Apenas transcurrido un año de legislatura del Gobierno Regional, muchos profesionales del Hospital Universitario de Guadalajara hacen la siguiente rogativa: “sólo pido que nadie de los míos caiga enfermo de aquí en adelante, porque las cosas ya no son como eran”. Resulta muy inquietante que los que conocen las entrañas de la vida diaria del SESCAM piensen así. Pero es que todo apunta a que la privatización del sistema público de salud por parte de lo más rancio de la derecha y de la ultraderecha española representada en Castilla–La Mancha por Cospedal, nos va a traer, al igual que en otros asuntos, un retroceso de décadas, provocando situaciones irreversibles con trágicas consecuencias, incluso de muerte de seres humanos.

Bien es cierto que hay cosas que en años anteriores el Gobierno del PSOE no debió consentir (y su Secretario Provincial en Guadalajara, Pablo Bellido, tenía que haber reconocido el pasado 21 de mayo en la rueda de prensa en la que denunció los recortes sanitarios en la provincia) ya que, seguramente, supusieron un gasto desmesurado del que, en parte, vienen estos lodos. Me refiero, por ejemplo, a los tejemanejes entre algunos médicos y empresas farmacéuticas para recetar medicamentos de marcas muy conocidas. La práctica siempre era la misma: los laboratorios aconsejaban a los facultativos la prescripción de sus fármacos como si fueran la Teriaca de Andrómaco (cuando había otros más económicos e igualmente eficaces que podían administrarse) y, como recompensa, los médicos complacientes recibían importantes “detalles” de las empresas distinguidas. El gobierno de Barreda conocía estos cambalaches que iban contra el presupuesto público y no movió un dedo para evitarlos.

Quizá, también, el ejecutivo de Barreda pudo plantearse de otro modo la reducción de las listas de espera. Se fomentaron, por ejemplo, las llamadas “peonadas” del personal de quirófano, radiología etc., que se convirtieron en un abuso porque las cirugías programadas por la mañana se retrasaban extrañamente más de lo normal, mientras que por las tardes, previo pago de un generoso suplemento a los facultativos agraciados, se ejecutaban con la mayor diligencia. El Gobierno de Barreda debería haber contratado personal para sostener dignamente el turno de tarde y así aliviar las listas de espera, en vez de pagar horas extraordinarias a precio de oro. Tal medida habría sido no sólo más económica sino también más eficiente, por no hablar de la creación de empleo que hubiera procurado.

Dicho lo anterior, ninguna de las medidas tomadas por el gobierno de Cospedal con el Consejero Echániz como jefe de los matarifes, están justificadas por la mala praxis del Gobierno de Barreda. Entre otras razones porque son parte de un plan de reforma ideológica de la sociedad consistente en convertir a los ciudadanos en súbditos, a los débiles en carne de cañón y a los trabajadores en esclavos, todo para mayor gloria de Merkel y de los especuladores de la prima de riesgo.

Una de las primeras decisiones tomadas por la nueva gerente del área de salud de Guadalajara, Cristina Granados, que es cargo de confianza del Gobierno del PP y que, por cierto, viene de recortar servicios en el hospital madrileño de Móstoles, consistió en ahorrar en personal no cubriendo bajas, excedencias, licencias legales etc., con trabajadores contratados para tal fin. Al prescindir del personal interino hubo que cerrar la sexta planta del hospital y forzar a su plantilla a cubrir cualquier servicio del hospital, ya sea en otra planta de hospitalización o en urgencias, quirófano, UCI etc.. Poco importaba si el personal trasladado tenía la experiencia debida en dichos puestos. La decisión de la nueva gerente no sólo ha provocado un desgaste profesional de los trabajadores afectados, sino también un importante deterioro del servicio, lo que repercute de manera muy negativa en el paciente.

Unido a esto, la dirección del Hospital, con la connivencia de Cospedal, Echániz y demás, ha decidido cerrar unas 160 camas (entre ellas 6 de las 14 de la UCI) durante el verano, lo que supone prácticamente la mitad del hospital, todo esto en una provincia que multiplica su población en el período estival. Así pues, el personal que trabaje durante el verano cubrirá a quienes disfrutan de su merecido descanso, incrementando aún más la probabilidad de que cualquier profesional desarrolle su labor en un servicio en el que no ha trabajado nunca y que, pese a la formación académica y la profesionalidad que acredita, no sea capaz de atender sus obligaciones como es debido.

Otro asunto a destacar es que a día de hoy el Hospital de Guadalajara carece de radiólogo intervencionista, puesto que de los dos titulares existentes uno está de baja por enfermedad y el otro se ha trasladado a Torrejón de Ardoz por motivos laborales. El resultado de tal dislate es evidente: las intervenciones especificas más “sencillas” son realizadas por un médico de otro servicio y con otra especialidad que, por muy competente que sea, no es un experto en la materia.

Además, la dirección del Hospital decidió por fin suprimir las peonadas. Pero, lamentablemente, también decidió que no hubiera un turno de tarde, como la lógica indica, sino que simple y llanamente no se harán, lo que provocará el incremento de las listas de espera, consiguiendo así lo que en realidad se busca desde el Palacio de Fuensalida: que el enfermo que pueda se opere en una clínica privada, y el que no, que sufra una espera temeraria que podría poner en riesgo su integridad física o, incluso, su vida.

A todos estos hechos consumados hay que añadir una rumorología cada vez más insistente y que no hay que desdeñar. Entre las voces que corren de acá para allá destaca la del cierre “temporalmente indefinido” de los CEDT de Azuqueca de Henares y de Molina de Aragón, o el del Instituto de Enfermedades Neurológicas, con el trastorno ocasionado a miles de ciudadanos y el colapso que provocará en las consultas externas del hospital provincial que, además, quedaría degradado, por los recortes, a la condición de hospital comarcal, con la consiguiente pérdida de especialidades, como la de Hemodinámica. Los efectos de tal decisión se advierten catastróficos: si un ciudadano sufre un infarto en Guadalajara, sea de la gravedad que sea, y necesita un cateterismo, tendrá que ser trasladado a Toledo, bien en ambulancia o bien en helicóptero si el balance de gastos lo permite, con lo que se pone en gravísimo riesgo su vida. Por otra parte, es un secreto a voces que hay un contubernio entre la Dirección política de la sanidad y algunos facultativos para dar altas antes de que el paciente esté curado o, al menos, cuando no suponga un riesgo para su salud el abandono del hospital o de ingresar sólo a un determinado porcentaje de pacientes. Además, circula con mucha insistencia la especie de que los enfermos mayores de 80 años no serán intervenidos cuando así lo requiera su dolencia, por lo que serán abandonados de la manera más cruel a su suerte, en una  especie de eutanasia asesina practicada precisamente por aquellos que quieren que muramos con dolor. Hay quien también asegura que el SESCAM y la dirección del Hospital prevén no reabrir las camas clausuradas durante el verano si el balance económico no mejora, lo que puede suponer el colapso y riesgo de muerte no sólo del Hospital de Guadalajara, sino también de sus pacientes y la supresión de los puestos de trabajo del personal interino, que pasarían a aumentar las listas del paro.

A todo esto que acontece en la provincia de Guadalajara le sumamos  lo que ocurre en el resto de la región, como la privatización de los hospitales de Manzanares, Tomelloso, Villarrobledo y Almansa, a los que se pueden añadir los de Puertollano y Valdepeñas, la arriesgada medida de ahorro que supone la disminución de pruebas de diagnóstico precoz a los recién nacidos, la eliminación de servicios en el Hospital Virgen de la Luz de Cuenca, etc. Añadamos a este cuadro desolador los recortes decretados por el Gobierno de la Nación con Rajoy y Mato a la cabeza, que darían para escribir otro artículo y que provocarán el pago del transporte sanitario, el repago farmacéutico nada progresivo para la tercera edad, la retirada de la tarjeta sanitaria a inmigrantes sin papeles y a mayores de 26 de años que no hayan cotizado, etc.

Como ya indiqué antes, asistimos a una reforma ideológica con el fin de tensar tanto la cuerda que los ciudadanos aceptemos el mal menor de la privatización de un derecho fundamental como es la sanidad, universal y pública, y así beneficiar y lucrar a empresas dirigidas por los mismos que destruyen los servicios públicos. El problema es que la cuerda, de tanto tensarla, se puede romper, ocasionando un problema tan grave que la crisis económica, a su lado, se quede en una simple anécdota, porque nada hay más importante que la salud.

Los recortes sanitarios del PP conducirán a hospitales colapsados, profesionales cuya carga de trabajo, estrés y malas condiciones laborales les impida rendir como pueden y merecen los pacientes, epidemias derivadas de la falta de vacunas para hijos de trabajadores sin recursos, muertes en los pasillos de urgencias, ancianos desahuciados, etc.

Estos recortes del PP, por los que quizá algún día sus ejecutores habrán de ser juzgados en el Tribunal de Estrasburgo, nos llevan a una sociedad en la que los pobres estarán mucho más expuestos a la enfermedad y la muerte que los ricos, en emulación de la ley del más fuerte proclamada por los nazis.

La destrucción de la sanidad pública afectará a la inmensa mayoría de la población. Por lo tanto, la ciudadanía, a través de los medios que brinda el Estado de Derecho, debe oponerse y revelarse para impedirla.

Que nadie olvide que la salud de los que recortan está más que asegurada con sus bonitos hospitales privados con ventanilla de pago y atención personalizada. Por eso mismo, los que recortan desprecian la sanidad pública. Ni la necesitan ni la quieren.

Miguel Ángel Márquez Sánchez es Coordinador Local de IU de Azuqueca de Henares