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| Paralización de las obras de ampliación del Hospital Universitario de Guadalajara |
Apenas transcurrido un año de
legislatura del Gobierno Regional, muchos profesionales del Hospital
Universitario de Guadalajara hacen la siguiente rogativa: “sólo pido que
nadie de los míos caiga enfermo de aquí en adelante, porque las cosas ya no son
como eran”. Resulta muy inquietante que los que conocen las entrañas de la
vida diaria del SESCAM piensen así. Pero es que todo apunta a que la privatización
del sistema público de salud por parte de lo más rancio de la derecha y de la
ultraderecha española representada en Castilla–La Mancha por Cospedal, nos va a traer, al igual que en otros asuntos, un retroceso de
décadas, provocando situaciones irreversibles con trágicas consecuencias,
incluso de muerte de seres humanos.
Bien es cierto que hay cosas que
en años anteriores el Gobierno del PSOE no debió consentir (y su Secretario
Provincial en Guadalajara, Pablo Bellido, tenía que haber reconocido el pasado
21 de mayo en la rueda de prensa en la que denunció los recortes sanitarios en
la provincia) ya que, seguramente, supusieron un gasto desmesurado del que, en parte, vienen estos lodos. Me refiero, por ejemplo, a los tejemanejes entre algunos
médicos y empresas farmacéuticas para recetar medicamentos de marcas muy
conocidas. La práctica siempre era la misma: los laboratorios aconsejaban a los
facultativos la prescripción de sus fármacos como si fueran la Teriaca de
Andrómaco (cuando había otros más económicos e igualmente eficaces que podían
administrarse) y, como recompensa, los médicos complacientes recibían
importantes “detalles” de las empresas distinguidas. El gobierno de Barreda
conocía estos cambalaches que iban contra el presupuesto público y no movió un dedo para evitarlos.
Quizá, también, el ejecutivo de
Barreda pudo plantearse de otro modo la reducción de las listas de espera. Se
fomentaron, por ejemplo, las llamadas “peonadas” del personal de quirófano,
radiología etc., que se convirtieron en un abuso porque las cirugías
programadas por la mañana se retrasaban extrañamente más de lo normal, mientras
que por las tardes, previo pago de un generoso suplemento a los facultativos agraciados, se ejecutaban con la
mayor diligencia. El Gobierno de Barreda debería haber contratado personal para
sostener dignamente el turno de tarde y así aliviar las listas de espera, en
vez de pagar horas extraordinarias a precio de oro. Tal medida habría sido no
sólo más económica sino también más eficiente, por no hablar de la creación de
empleo que hubiera procurado.
Dicho lo anterior, ninguna de las
medidas tomadas por el gobierno de Cospedal con el Consejero Echániz como
jefe de los matarifes, están justificadas por la mala praxis del Gobierno de
Barreda. Entre otras razones porque son parte de un plan de reforma ideológica de la sociedad
consistente en convertir a los ciudadanos en súbditos, a los débiles en carne
de cañón y a los trabajadores en esclavos, todo para mayor gloria de Merkel y
de los especuladores de la prima de riesgo.
Una de las primeras decisiones
tomadas por la nueva gerente del área de salud de Guadalajara, Cristina
Granados, que es cargo de confianza del Gobierno del PP y que, por cierto,
viene de recortar servicios en el hospital madrileño de Móstoles, consistió en
ahorrar en personal no cubriendo bajas, excedencias, licencias legales etc.,
con trabajadores contratados para tal fin. Al prescindir del personal interino hubo
que cerrar la sexta planta del hospital y forzar a su plantilla a cubrir
cualquier servicio del hospital, ya sea en otra planta de hospitalización o en
urgencias, quirófano, UCI etc.. Poco importaba si el personal trasladado tenía
la experiencia debida en dichos puestos. La decisión de la nueva gerente no
sólo ha provocado un desgaste profesional de los trabajadores afectados, sino
también un importante deterioro del servicio, lo que repercute de manera muy
negativa en el paciente.
Unido a esto, la dirección del
Hospital, con la connivencia de Cospedal, Echániz y demás, ha decidido cerrar
unas 160 camas (entre ellas 6 de las 14 de la UCI) durante el verano, lo que
supone prácticamente la mitad del hospital, todo esto en una provincia que
multiplica su población en el período estival. Así pues, el personal que
trabaje durante el verano cubrirá a quienes disfrutan de su merecido descanso,
incrementando aún más la probabilidad de que cualquier profesional desarrolle
su labor en un servicio en el que no ha trabajado nunca y que, pese a la
formación académica y la profesionalidad que acredita, no sea capaz de atender
sus obligaciones como es debido.
Otro asunto a destacar es que a
día de hoy el Hospital de Guadalajara carece de radiólogo intervencionista, puesto
que de los dos titulares existentes uno está de baja por enfermedad y el otro
se ha trasladado a Torrejón de Ardoz por motivos laborales. El resultado de tal
dislate es evidente: las intervenciones especificas más “sencillas” son
realizadas por un médico de otro servicio y con otra especialidad que, por muy
competente que sea, no es un experto en la materia.
Además, la dirección del Hospital
decidió por fin suprimir las peonadas. Pero, lamentablemente, también decidió
que no hubiera un turno de tarde, como la lógica indica, sino que simple y
llanamente no se harán, lo que provocará el incremento de las listas de espera,
consiguiendo así lo que en realidad se busca desde el Palacio de Fuensalida:
que el enfermo que pueda se opere en una clínica privada, y el que no, que
sufra una espera temeraria que podría poner en riesgo su integridad física o, incluso,
su vida.
A todos estos hechos consumados
hay que añadir una rumorología cada vez más insistente y que no hay que
desdeñar. Entre las voces que corren de acá para allá destaca la del cierre
“temporalmente indefinido” de los CEDT de Azuqueca de Henares y de Molina de
Aragón, o el del Instituto de Enfermedades Neurológicas, con el trastorno
ocasionado a miles de ciudadanos y el colapso que provocará en las consultas
externas del hospital provincial que, además, quedaría degradado, por los
recortes, a la condición de hospital comarcal, con la consiguiente pérdida de
especialidades, como la de Hemodinámica. Los efectos de tal decisión se
advierten catastróficos: si un ciudadano sufre un infarto en Guadalajara, sea
de la gravedad que sea, y necesita un cateterismo, tendrá que ser trasladado a
Toledo, bien en ambulancia o bien en helicóptero si el balance de gastos lo
permite, con lo que se pone en gravísimo riesgo su vida. Por otra parte, es un
secreto a voces que hay un contubernio entre la Dirección política de la
sanidad y algunos facultativos para dar altas antes de que el paciente esté
curado o, al menos, cuando no suponga un riesgo para su salud el abandono del hospital
o de ingresar sólo a un determinado porcentaje de pacientes. Además, circula
con mucha insistencia la especie de que los enfermos mayores de 80 años no
serán intervenidos cuando así lo requiera su dolencia, por lo que serán abandonados de la manera más cruel a su suerte, en una especie de eutanasia asesina practicada precisamente por aquellos que quieren que muramos con dolor. Hay quien también
asegura que el SESCAM y la dirección del Hospital prevén no reabrir las camas
clausuradas durante el verano si el balance económico no mejora, lo que puede
suponer el colapso y riesgo de muerte no sólo del Hospital de Guadalajara, sino
también de sus pacientes y la supresión de los puestos de trabajo del personal
interino, que pasarían a aumentar las listas del paro.
A todo esto que acontece en la
provincia de Guadalajara le sumamos lo
que ocurre en el resto de la región, como la privatización de los hospitales de
Manzanares, Tomelloso, Villarrobledo y Almansa, a los que se pueden añadir los
de Puertollano y Valdepeñas, la arriesgada medida de ahorro que supone la disminución de pruebas de diagnóstico precoz a los recién nacidos, la
eliminación de servicios en el Hospital Virgen de la Luz de Cuenca, etc.
Añadamos a este cuadro desolador los recortes decretados por el Gobierno de la
Nación con Rajoy y Mato a la cabeza, que darían para escribir otro artículo y
que provocarán el pago del transporte sanitario, el repago farmacéutico nada
progresivo para la tercera edad, la retirada de la tarjeta sanitaria a
inmigrantes sin papeles y a mayores de 26 de años que no hayan cotizado, etc.
Como ya indiqué antes, asistimos
a una reforma ideológica con el fin de tensar tanto la cuerda que los
ciudadanos aceptemos el mal menor de la privatización de un derecho fundamental
como es la sanidad, universal y pública, y así beneficiar y lucrar a empresas
dirigidas por los mismos que destruyen los servicios públicos. El problema es
que la cuerda, de tanto tensarla, se puede romper, ocasionando un problema tan
grave que la crisis económica, a su lado, se quede en una simple anécdota,
porque nada hay más importante que la salud.
Los recortes sanitarios del PP
conducirán a hospitales colapsados, profesionales cuya carga de trabajo, estrés
y malas condiciones laborales les impida rendir como pueden y merecen los
pacientes, epidemias derivadas de la falta de vacunas para hijos de
trabajadores sin recursos, muertes en los pasillos de urgencias, ancianos desahuciados, etc.
Estos recortes del PP, por los
que quizá algún día sus ejecutores habrán de ser juzgados en el Tribunal de
Estrasburgo, nos llevan a una sociedad en la que los pobres estarán mucho más
expuestos a la enfermedad y la muerte que los ricos, en emulación de la ley del
más fuerte proclamada por los nazis.
La destrucción de la sanidad pública afectará a la
inmensa mayoría de la población. Por lo tanto, la ciudadanía, a través de los
medios que brinda el Estado de Derecho, debe oponerse y revelarse para
impedirla.
Que nadie olvide que la salud de
los que recortan está más que asegurada con sus bonitos hospitales privados con
ventanilla de pago y atención personalizada. Por eso mismo, los que recortan desprecian la sanidad
pública. Ni la necesitan ni la quieren.
Miguel Ángel Márquez Sánchez es
Coordinador Local de IU de Azuqueca de Henares
