Rajoy y el abuso del Decreto-ley

El gobierno de Rajoy gobierna (en interés de otros), legisla y quiere interpretar las leyes. ¡Menuda democracia!

Hace ocho meses que el Partido Popular, tras ganar las elecciones, empezó a gobernar y a legislar cómodamente gracias a su mayoría absoluta en el Congreso. Como era de prever, el Gobierno de Rajoy centró su atención en aplicar la mal llamada política de austeridad que “impone” la Troika (Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional), con el objetivo de desmantelar el Estado del Bienestar. Dicho de otro modo, tras las mentiras de la campaña electoral los incumplimientos del PP no  tardaron en verse.

Durante este tiempo el PP, a través de su Gobierno, ha promovido una acción legislativa que se ha concretado en la eliminación de derechos individuales y sociales. El instrumento elegido para destruirlos no ha sido otro que el decreto-ley, que permite una aplicación inmediata de la voluntad del gobierno, antes de pasar por la convalidación o aprobación parlamentaria tras el obligado trámite bajo la forma de proyecto de ley. La consecuencia del abuso en el uso de los decretos-leyes es clara: cada día que pasa nuestro país es menos democrático. 

La Dictadura de Primo de Rivera impuso en nuestro país la afición por el decreto-ley que, a su vez, trajo la moda nefanda de la Italia de Mussolini, país que sufría el abuso de la potestad legislativa excepcional del Ejecutivo. El gobierno por decreto tiene, por tanto, un origen contrario a la democracia y, por supuesto, al parlamentarismo. Hasta la etimología de la palabra revela este contenido, porque decretum significa también dogma, que es antesala del acatamiento. Esto lo sabían muy bien los zares, nuestros reyes absolutistas o Franco, que aconsejaba a los demás que no se metieran en política.

En lo que lleva de legislatura, el PP ha aprobado 22 decretos, con los que ha soslayado cualquier proceso parlamentario previo de estudio, debate e informe en los asuntos capitales en los que ha legislado, adoptando medidas gravísimas a espaldas, pues, de la sociedad que las padece. Decretos-leyes de todo pelaje y condición se plasman en el Boletín Oficial del Estado, resultado de la actividad de los Consejos de Ministros de los viernes, que se han convertido en una especie de legislativo de primera instancia.

El abuso del decreto-ley por este Gobierno priva al Parlamento de su facultad de legislar con la normalidad que impone un sistema parlamentario, que es el que establece nuestra Constitución. Pero no sólo se menosprecia a las cámaras cuando se abusa de los decretos-leyes sino que, también, se degrada el debate democrático y se hace burla del principio de seguridad jurídica, de la “certeza del derecho” que debe tener el individuo de que su situación no será modificada más que por procedimientos regulares y conductos legales establecidos, previa y debidamente publicados. Aunque poco sorprende el nulo escrúpulo de este gobierno en esta materia, después de haber presenciado la forma elegida hace poco más de un año para modificar el artículo 135 de la Constitución, en la que los dos partidos mayoritarios, PSOE y PP, impidieron, además, que el pueblo opinara a través del correspondiente referéndum.

En España la figura del Decreto-ley está regulada en el artículo 86.1 de la Constitución, bajo estrictas condiciones y precisamente para casos de “extraordinaria y urgente necesidad”:

Artículo 86. 1. En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos-leyes y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general.

Es indiscutible que el precepto constitucional limita las materias en las que opera el decreto-ley, no pudiendo afectar a derechos fundamentales, ni al régimen de las CCAA, ni al Derecho electoral. Pero, además, pone de manifiesto que sólo se justifica cuando concurra una situación de extrema urgencia, de ahí que en su exposición de motivos cada decreto-ley deba incluir las razones objetivas que lo fundamentan, que nunca pueden ser una cuestión de estilo que se soslaya con cuatro frasecitas de rigor.

En este punto hay que denunciar que el Gobierno, sin pudor alguno, interpreta la Constitución a su antojo y viola los límites que establece la Carta Magna en materia de legislación de urgencia que, además, debiera siempre interpretarse de la manera más restrictiva para no convertir en habitual lo que sólo es excepcional. Pero parece que la prudencia constitucional no importa a este gobierno que piensa que el devenir cotidiano del país se ha tornado “extraordinario” y “urgente”, porque de lo que se trata es de aplacar las iras y ganar la confianza de unos desconcertantes y desconsiderados mercados, mientras que hace mangas y capirotes de su programa electoral y de la confianza ciudadana.

Este modo de “legislación excepcional” al que recurre constantemente el Gobierno está alterando las bases del modelo constitucional y rompiendo el equilibrio político que mantenía la premisa de que el Parlamento era el órgano dotado de legitimidad democrática para legislar. Con su normal actividad se garantizaba el proceso deliberativo y, por consiguiente, se permitía a las diferentes fuerzas políticas expresar sus puntos de vista, concediéndole a la opinión pública la oportunidad para formar su propio criterio antes de que las leyes fuesen aprobadas.

Al abusar de los decretos-leyes el Partido Popular destruye las premisas del pluralismo y desvirtúa el debate público que debe regir la elaboración de las leyes. El gobierno de Rajoy se contenta con  representar una farsa parlamentaria consistente en defender en el Congreso medidas ya aprobadas y aplicadas que, además, recibirán un refrendo seguro en una cámara dominada por su mayoría absoluta. El resto de los grupos políticos y los ciudadanos no participan en la deliberación, que ha sido sustituida por una sucesión de monólogos irritantes e improductivos, aunque no es descartable que en el futuro, a medida que aumente la tensión socio-política, no quepa ni este desahogo, prohibición que se hará a golpe de decreto-ley.

En esta adulteración del proceso normativo que practica el Gobierno no hay análisis, estudio o reflexión previas y, menos aún, una motivación convincente. Se nos cuenta que la urgencia de los mercados manda, pero ya no cuela esta explicación que no resiste el más somero análisis. En cualquier caso, el destrozo institucional provocado por el gobierno es de consideración porque todo nuestro esquema jurídico se está desguazando. Mientras tanto, fiel al tancredismo, Mariano Rajoy toca la lira y justifica sus decretos inmorales diciendo que “ha gobernado mucho y bien”.

Ante semejante espectáculo reiterado semana tras semana, en el que el Gobierno del Partido Popular aprueba decretos-leyes donde no concurre urgencia alguna y con los que se cree legitimado para tratar materias vedadas por la Constitución (como es el caso de los derechos fundamentales), la comunidad jurídica debería reaccionar de inmediato, instando al Tribunal Constitucional a que acabe con un abuso que se acerca peligrosamente al autoritarismo. Porque una cosa es alcanzar una mayoría absoluta en unas elecciones, sencilla de conseguir cuando se engaña de manera descarada, se reciben los pluses de un sistema electoral vergonzoso y se vive bajo la protección de los poderes fácticos, y otra bien distinta es que este Gobierno crea que España es el Partido Popular.

María José Pérez Salazar es integrante del Consejo Político Local de IU de Azuqueca de Henares

Nostalgia de cuando los reyes se beneficiaban a las parientas de los lacayos

Es fantástico: el Rey se duerme después de asegurar que el paro juvenil le quita el sueño

La reproducción entre consanguíneos no acendra el fruto sino que lo malogra. Dicho a lo breve, la endogamia carcome la descendencia. La falta de profilaxis, resultado de mantener una pureza corruptora, tara a los vástagos, que se vuelven proclives a enfermedades y demencias de toda clase. La exclusividad biológica de la monarquía es, así, su razón de ser y condena.

Bien saben esto los Borbones, obligados de vez en cuando, como otras dinastías, a oxigenar su sangre a través del adulterio o por la incorporación consentida de plebeyos a la familia.

El adulterio, modo vergonzante e hipócrita de conseguir cierta renovación genética, arrastra una historia muy rica en la real familia, siendo su fruto, el bastardo, figura de interés para historiadores, inspiración de dramaturgos, ejemplo para hidalgones y comidilla de tertulios desvergonzados.

Cuánto se ha escrito de las relaciones non sanctas de María Teresa de Parma con Godoy, de las cuales hacía chiste, incluso, Fernando VII, hijo de la reina, en ripios deplorables. Qué no se ha especulado de la coyunda entre Isabel II y Enrique Puig i Moltó, uno de cuyos frutos sería Alfonso XII, según señalan algunos comentaristas no exentos de malicia. Qué añadir sobre la interminable ristra de bastardos que dejó tras de sí Alfonso XIII, que transformó la corte en un serrallo, alguno de cuyos nietos, como Leandro de Borbón, se arrastran hoy por las platós televisivos reclamando su pertenencia a la familia real. O qué comentar sobre los dos hijos putativos que se le atribuyen a Juan Carlos I y Último, por no hablar de otras infidelidades, mentiras y traiciones de una familia, la real, que es puesta como espejo de virtudes por el papa y la curia.

En cuanto al método de incorporar públicamente material plebeyo a la familia, los Borbones lo han aceptado para frenar la decrepitud de su linaje y, así, preservar una institución no democrática que les permita vivir a todo tren rodeados de privilegios y riquezas, aunque en este asunto las estrellas no les han sido muy favorables. Sanos, los plebeyos aportan genes que vigorizan la sangre vieja. Si, además, son un ejemplo de moral y destacan en inteligencia y sensatez, ayudan a apuntalar una institución injustificable democráticamente. Pero cuando los plebeyos que han de aportar savia nueva son ladrones, vividores, caraduras y disolutos, aceleran la caída de una institución, la monarquía, que aguanta sólo porque es apuntalada por una corte de estómagos agradecidos y por el bipartito nacional. Descolla entre los fichajes borbónicos el balonmanista Urdangarín que, una vez incorporado al ambiente real, quiso exprimir las ventajas de la filogenitura y llevar a la práctica, presuntamente, aquello que dijera Talleyrand sobre los Borbones: “es costumbre real robar, pero los borbones exageran”.

Decíamos que se trataba de frenar el declive de la dinastía borbónica, muy deteriorada por la mala profilaxis. Sabemos que Alfonso XII, abuelo del rey actual, tuvo siete hijos reconocidos, dos de ellos hemofílicos y otro sordo, siendo el único varón sano don Juan de Borbón, padre del rey. La prole de Juan Carlos I y Último tampoco se libró de la corrupción por mucho que tal cosa se haya intentado tapar con censuras y eufemismos. También resulta muy dudoso que quien es hoy Jefe del Estado por voluntad de Franco, no albergara desde su infancia los síntomas del declive de su estirpe, consistente, dicho con la mayor delicadeza, en una pertinaz inmadurez de juicio que aflora de continuo a lo largo de su vida, desde aquel día en el que, siendo ya cadete militar, mató a su hermano Alfonsito mientras trasteaba con un revólver, pasando por el vodevil cinegético de Botsuana y concluyendo con el mamporro público que le atizó a su chófer en pleno acto oficial, por citar sólo algunos casos dramáticos y chuscos de una lista que, cuando se desvele al completo, producirá vergüenza eterna.

Y qué decir de otros ancestros ilustres del monarca, que tenían dibujado en su rostro el estigma de la estirpe. Pongamos por caso a Carlos IV, que es retratado por Goya con un realismo que no deja dudas sobre la cortedad del personaje. Ni siquiera Vicente López, en una composición más amable, es capaz de disimular la defectuosa aleación física del rey. Igual ocurre con Fernando VII, en cuya cara transparentan las señales de una estirpe degenerada, como puede verse en los varios retratos que le hizo Goya y, muy especialmente, en el que pintó Luis de la Cruz, lienzo realista que muestra a un individuo falto, malvado y brutal. Imagen y vida se funden, armoniosamente, en el Deseado. En el estudio de Josep Fontana sobre la segunda restauración (1823-1834), se hace una semblanza del rey demoledora, basada en los testimonios de quienes lo trataron íntimamente: "enfermizo y deforme, parece que sufría disotosis craneofacial, un defecto hereditario caracterizado por deformaciones del cráneo y la cara y, con frecuencia, con déficit intelectual, del oído y del olfato, a los cuatro años padeció un vicio de la sangre (...) a los once años volvía a caer gravemente enfermo, con una enfermedad lenta, duradera, a quien no vencen la pericia de los mejores médicos, ni la eficacia de los remedios más activos", del que su esposa, María Antonia de Nápoles, dijo al conocerlo que estuvo a punto de desmayarse por lo feo que era, "que me hace ruborizar de vergüenza por las groserías que hace a la gente y que, cuando se habla de cosas cultas, se pone a hablar de comidas y de paseos", y del que su suegra, la reina de Nápoles, que no tenía pelos en la lengua, decía que "tenía un aspecto horrible, una voz que da miedo y es un memo (...) un necio total, ni siquiera un marido en el sentido físico y un pelmazo que no sale de sus habitaciones (en suma) un marido necio, indolente, vil y simulador y que no es ni hombre físicamente".

Para los Borbones, por tanto, el adagio nascendo morimur ha pesado como una losa, de ahí lo perentorio de incorporar sangre nueva al caudal contaminado de la propia. Muy presente ha debido estar entre los miedos de la casa reinante acabar como los Austrias, con un pingajo, Carlos II, como último ejemplar de una casta consumida. 

Si a la degeneración endogámica se unen los estragos de la edad, la soberbia acendrada u otros abusos, se asegura el bochorno, que es la fase en la que ahora se encuentra la casa real. Menos mal que la sensibilidad de los tiempos presentes ya no se traga el carácter singular y campechano de la aristocracia española que, como señalaba Quevedo, presenta como signos distintivos “tener mala letra, hablar despacio y recio, andar a caballo y deber mucho”, caracteres que remachará siglos más tarde Baroja con un lacónico “llana y soez”.

Caducaron los tiempos de la escopeta nacional. Ya no entusiasman los chistes procaces, regoldar después de comer, los negocios turbios, meterle mano a la camarera mientras sirve el te con churros, las monterías amañadas, los favores secretos, las oscuridades políticas, los gastos sin justificar, los ingresos opacos, las infidelidades sufragadas con el dinero de los contribuyentes y, por si no fuese bastante, los mamporros propinados al servicio. En la España de la crisis pintan bastos y ya no hacen gracia los reyes de la baraja.

Es inaplazable que la jefatura del Estado se democratice y se someta al control completo de la administración y las leyes, sin zonas de clandestinidad ni impunidades consentidas. La jefatura del Estado es algo muy serio que no debe dejarse al azar de los naipes. En el siglo XXI esto de ser jefe del Estado por ser hijo de tu padre y nieto de tu abuelo ya no tiene pase.

Está todo tan deteriorado que la monarquía fía su futuro a Felipe de Borbón y a su esposa, la señora Ortiz. No le quedan más bazas.

Emilio Alvarado Pérez es portavoz del grupo municipal de IU en el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares