Llegó la hora, es el momento de que las cosas cambien

18 de Noviembre de 2010

UN SALUDO A TODOS LOS CIUDADANOS AZUDENSES QUE CREEN QUE LLEGÓ EL MOMENTO DEL CAMBIO

La crisis económica y social amarga nuestras vidas. No es la primera vez que ocurre algo así. En el siglo XIX, desde la primera convulsión del capitalismo allá por 1848, las crisis económicas se sucedieron con una regularidad que impresiona hasta sumar cinco episodios, uno por década. En el siglo XX el capitalismo generó otras seis grandes crisis (1906, 1920, 1929, 1973, 1992 y 2000) y una de ellas, la Gran Depresión, desembocó en la mayor carnicería de la historia de la humanidad bajo la forma de guerra mundial, totalitarismos y holocausto. En el siglo que acaba de comenzar padecemos otra crisis especialmente virulenta y equiparable en parte a la crisis del 29: la que estalló entre los años 2007-2008. El balance general que nos brinda la historia del capitalismo es, por lo tanto, muy claro: doce crisis en poco más de siglo y medio o, lo que es lo mismo, aproximadamente una crisis económica cada catorce años.

Todas estas crisis tienen puntos en común y, sobre todo, un desenlace idéntico: sus consecuencias inmediatas las pagaron siempre los más desfavorecidos.

Además de ser intrínsecamente inestable, el capitalismo ha dejado en la cuneta al 80% de la población mundial. El capitalismo, por tanto, es un sistema económicamente ineficiente porque no es capaz de sastisfacer las necesidades básicas de los seres humanos, a lo que une su condición de depredador de los recursos de un planeta que ya no aguanta más y que está comenzando a rebelarse contra la humanidad.

En la actualidad los grandes partidos nacionales se han convertido, por convicción o por impotencia, en abanderados de una visión del capitalismo singularmente dañina: el neoliberalismo. Parece que les importe más el bienestar del gran capital que el de los ciudadanos. Esos partidos aprueban paquetes multimillonarios de ayudas para una banca codiciosa e irresponsable mientras que endurecen la legislación laboral, rebajan el sueldo a los trabajadores y anuncian la reducción de las pensiones.

Para mantener sus cuotas de poder esos partidos mantienen un tinglado, el del bipartidismo, que pervierte el ideal representativo de la democracia. Para ello cuentan con la inestimable ayuda de pequeñas formaciones nacionalistas que, a cambio, reciben cuotas de poder muy por encima de la realidad social y política a la que representan. Obviamente, en este juego de suma cero, quien sale perdiendo es Izquierda Unida ya que el exceso de representación del PSOE, del PP y de los nacionalistas es el resultado del robo de la representación política que legítimamente deberíamos tener.

En Izquierda Unida de Azuqueca de Henares estamos convencidos de que el cambio no es una opción sino una obligación. El tiempo se agota y el margen se estrecha. Estamos llegando al límite físico de un sistema que atenta gravemente contra el equilibrio ecológico, la justicia, la igualdad y la paz social. El número de ciudadanos conscientes de esta realidad tan grave aumenta a diario aunque su voz no se escucha aún lo suficiente.

Por eso hemos creado este blog. En él los miembros de la candidatura de Izquierda Unida de Azuqueca de Henares y otros afiliados de nuestra organización expondremos nuestras reflexiones y propuestas para contribuir a una discusión serena sobre los graves retos a los que hemos de hacer frente, tanto a nivel general como local.

Pretendemos animar un debate social pervertido por gente que se escuda en el anonimato que proporciona internet para insultar cobardemente al adversario, por tertulias escandalosas y por mercenarios de la opinión que cobran por envenenar las conciencias. ¡Basta ya de rebuznos, de groserías, de zafiedad y de silencios cómplices!

Hay quienes considerarán que nuestros objetivos son muy ambiciosos. Cierto. Pero la urgencia de afrontarlos no es menor que la magnitud del desafío ante el que hemos de medirnos.

Concluyamos esta presentación con una frase inmortal de nuestro Francisco de Quevedo que, a pesar del tiempo transcurrido desde que se escribió, viene muy a punto: si quieres leernos "léenos, y si no, déjalo, que no hay pena para quien no nos leyere."

Consejo Político Local de IU

miércoles, 12 de septiembre de 2012

Rajoy y el abuso del Decreto-ley

El gobierno de Rajoy gobierna (en interés de otros), legisla y quiere interpretar las leyes. ¡Menuda democracia!


Hace ocho meses que el Partido Popular, tras ganar las elecciones, empezó a gobernar y a legislar cómodamente gracias a su mayoría absoluta en el Congreso. Como era de prever, el Gobierno de Rajoy centró su atención en aplicar la mal llamada política de austeridad que “impone” la Troika (Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional), con el objetivo de desmantelar el Estado del Bienestar. Dicho de otro modo, tras las mentiras de la campaña electoral los incumplimientos del PP no  tardaron en verse.

Durante este tiempo el PP, a través de su Gobierno, ha promovido una acción legislativa que se ha concretado en la eliminación de derechos individuales y sociales. El instrumento elegido para destruirlos no ha sido otro que el decreto-ley, que permite una aplicación inmediata de la voluntad del gobierno, antes de pasar por la convalidación o aprobación parlamentaria tras el obligado trámite bajo la forma de proyecto de ley. La consecuencia del abuso en el uso de los decretos-leyes es clara: cada día que pasa nuestro país es menos democrático. 

La Dictadura de Primo de Rivera impuso en nuestro país la afición por el decreto-ley que, a su vez, trajo la moda nefanda de la Italia de Mussolini, país que sufría el abuso de la potestad legislativa excepcional del Ejecutivo. El gobierno por decreto tiene, por tanto, un origen contrario a la democracia y, por supuesto, al parlamentarismo. Hasta la etimología de la palabra revela este contenido, porque decretum significa también dogma, que es antesala del acatamiento. Esto lo sabían muy bien los zares, nuestros reyes absolutistas o Franco, que aconsejaba a los demás que no se metieran en política.

En lo que lleva de legislatura, el PP ha aprobado 22 decretos, con los que ha soslayado cualquier proceso parlamentario previo de estudio, debate e informe en los asuntos capitales en los que ha legislado, adoptando medidas gravísimas a espaldas, pues, de la sociedad que las padece. Decretos-leyes de todo pelaje y condición se plasman en el Boletín Oficial del Estado, resultado de la actividad de los Consejos de Ministros de los viernes, que se han convertido en una especie de legislativo de primera instancia.

El abuso del decreto-ley por este Gobierno priva al Parlamento de su facultad de legislar con la normalidad que impone un sistema parlamentario, que es el que establece nuestra Constitución. Pero no sólo se menosprecia a las cámaras cuando se abusa de los decretos-leyes sino que, también, se degrada el debate democrático y se hace burla del principio de seguridad jurídica, de la “certeza del derecho” que debe tener el individuo de que su situación no será modificada más que por procedimientos regulares y conductos legales establecidos, previa y debidamente publicados. Aunque poco sorprende el nulo escrúpulo de este gobierno en esta materia, después de haber presenciado la forma elegida hace poco más de un año para modificar el artículo 135 de la Constitución, en la que los dos partidos mayoritarios, PSOE y PP, impidieron, además, que el pueblo opinara a través del correspondiente referéndum.

En España la figura del Decreto-ley está regulada en el artículo 86.1 de la Constitución, bajo estrictas condiciones y precisamente para casos de “extraordinaria y urgente necesidad”:

Artículo 86. 1. En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos-leyes y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general.

Es indiscutible que el precepto constitucional limita las materias en las que opera el decreto-ley, no pudiendo afectar a derechos fundamentales, ni al régimen de las CCAA, ni al Derecho electoral. Pero, además, pone de manifiesto que sólo se justifica cuando concurra una situación de extrema urgencia, de ahí que en su exposición de motivos cada decreto-ley deba incluir las razones objetivas que lo fundamentan, que nunca pueden ser una cuestión de estilo que se soslaya con cuatro frasecitas de rigor.

En este punto hay que denunciar que el Gobierno, sin pudor alguno, interpreta la Constitución a su antojo y viola los límites que establece la Carta Magna en materia de legislación de urgencia que, además, debiera siempre interpretarse de la manera más restrictiva para no convertir en habitual lo que sólo es excepcional. Pero parece que la prudencia constitucional no importa a este gobierno que piensa que el devenir cotidiano del país se ha tornado “extraordinario” y “urgente”, porque de lo que se trata es de aplacar las iras y ganar la confianza de unos desconcertantes y desconsiderados mercados, mientras que hace mangas y capirotes de su programa electoral y de la confianza ciudadana.

Este modo de “legislación excepcional” al que recurre constantemente el Gobierno está alterando las bases del modelo constitucional y rompiendo el equilibrio político que mantenía la premisa de que el Parlamento era el órgano dotado de legitimidad democrática para legislar. Con su normal actividad se garantizaba el proceso deliberativo y, por consiguiente, se permitía a las diferentes fuerzas políticas expresar sus puntos de vista, concediéndole a la opinión pública la oportunidad para formar su propio criterio antes de que las leyes fuesen aprobadas.

Al abusar de los decretos-leyes el Partido Popular destruye las premisas del pluralismo y desvirtúa el debate público que debe regir la elaboración de las leyes. El gobierno de Rajoy se contenta con  representar una farsa parlamentaria consistente en defender en el Congreso medidas ya aprobadas y aplicadas que, además, recibirán un refrendo seguro en una cámara dominada por su mayoría absoluta. El resto de los grupos políticos y los ciudadanos no participan en la deliberación, que ha sido sustituida por una sucesión de monólogos irritantes e improductivos, aunque no es descartable que en el futuro, a medida que aumente la tensión socio-política, no quepa ni este desahogo, prohibición que se hará a golpe de decreto-ley.

En esta adulteración del proceso normativo que practica el Gobierno no hay análisis, estudio o reflexión previas y, menos aún, una motivación convincente. Se nos cuenta que la urgencia de los mercados manda, pero ya no cuela esta explicación que no resiste el más somero análisis. En cualquier caso, el destrozo institucional provocado por el gobierno es de consideración porque todo nuestro esquema jurídico se está desguazando. Mientras tanto, fiel al tancredismo, Mariano Rajoy toca la lira y justifica sus decretos inmorales diciendo que “ha gobernado mucho y bien”.

Ante semejante espectáculo reiterado semana tras semana, en el que el Gobierno del Partido Popular aprueba decretos-leyes donde no concurre urgencia alguna y con los que se cree legitimado para tratar materias vedadas por la Constitución (como es el caso de los derechos fundamentales), la comunidad jurídica debería reaccionar de inmediato, instando al Tribunal Constitucional a que acabe con un abuso que se acerca peligrosamente al autoritarismo. Porque una cosa es alcanzar una mayoría absoluta en unas elecciones, sencilla de conseguir cuando se engaña de manera descarada, se reciben los pluses de un sistema electoral vergonzoso y se vive bajo la protección de los poderes fácticos, y otra bien distinta es que este Gobierno crea que España es el Partido Popular.

María José Pérez Salazar es integrante del Consejo Político Local de IU de Azuqueca de Henares




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