Todos a la cárcel

Fernández, el Ministro del Opu Dei que pone cuchillas en las vallas y reprime con su Código Penal, pasando revista

El pasado 13 de noviembre, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, anunciaba que ya estaba preparado el anteproyecto de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana.

Esta norma sustituye a la Ley Orgánica 1/92 de 21 de febrero de protección de la seguridad ciudadana, más conocida como Ley de la patada en la puerta o Ley Corcuera, en referencia a sus intenciones y al apellido del ministro socialista que la impulsó.

Según manifestaba por aquel entonces el ministro del Interior, José Luis Corcuera, con su ley se intentaba "proteger" a todos los españoles mediante un procedimiento tan simple como expeditivo: autorizar a las fuerzas del orden a entrar en una propiedad privada en la que se sospechase que podía estar cometiéndose un delito, sin necesidad de autorización judicial. Concretamente, la citada ley regulaba “las condiciones y términos en que podría prescindirse del mandamiento judicial para penetrar en domicilios, en lo que se refiere a las tareas de persecución de fenómenos delictivos tan preocupantes para la seguridad de los ciudadanos como son los relacionados con el narcotráfico.”

Una sospecha proveniente de cualquier fuente (“aquí huele a porro” o “creo que mi vecino se dedica al tráfico de drogas”) servía para autorizar automáticamente al policía de turno a dar una patada en la puerta de un domicilio y efectuar el registro o la acción que estimase oportuna, sin que hubiese para ello necesidad del concurso de un juez. Esta ley fue duramente criticada por los partidos de la oposición, los sindicatos y la sociedad en general, pero sentó las bases sobre las que actúan desde entonces las fuerzas de seguridad.

Conviene recordar que el Tribunal Constitucional declaró nulo el apartado segundo del artículo 21 de la ley, que daba a cada agente la libertad de decidir entrar en una vivienda bajo sospecha de que en ella se estuvieran produciendo hechos delictivos relacionados con el tráfico de estupefacientes.

En 1991, el coordinador general de Izquierda Unida, Julio Anguita, afirmaba que la democracia española “estaba adquiriendo rasgos de régimen autoritario” y un año después la formación de izquierdas se opuso rotundamente a la ley Corcuera.

Aznar, que por aquel entonces estaba en la oposición, se enfrentó también a la ley, aunque luego la aplicó sin cuartel durante su mandato, demostrando que los partidos del bipartito utilizan en la oposición un código y en el gobierno el contrario, en ejecutoria que sus dirigentes llaman responsable y que, a pesar del eufemismo, ya asquea un poco.

Tras más de veinte años en vigor se procede por el gobierno actual a cambiar la ley, porque ahora la patada en la puerta le parece cosa nimia, insuficiente.

En el Consejo de Ministros del pasado 29 de noviembre se aprobó al anteproyecto que, pese a suavizar el borrador inicial rebajando en un tercio las infracciones muy graves, no deja de ser una involución, un retroceso en los derechos individuales y una militarización de la sociedad ahora que anda agitada debido al sufrimiento que le administra el gobierno.

Despertemos del letargo: el objetivo de Rajoy no es mejorar la seguridad sino combatir con más represión y con multas mayores las protestas ciudadanas provocadas por sus recortes y sus políticas económicas que han generado inseguridad social en proporciones industriales.

INFRACCIONES MUY GRAVES: con multas de entre 30.001 a 600.000 euros

1. Grabación y difusión de imágenes de agentes de las fuerzas de seguridad en el ejercicio de su trabajo que atenten contra el derecho a su honor o su imagen y que puedan poner en peligro sus seguridad o la de la intervención policial correspondiente. 2. Las protestas no comunicadas o prohibidas ante infraestructuras críticas, como centrales nucleares o pistas de aeropuerto. 3. Los escraches o actos de acosos a cargos públicos. La ley contemplará que la policía pueda establecer un perímetro de seguridad que no deben sobrepasar los concentrados. 4. Deslumbrar con dispositivos tipo láser a conductores de tren, metro o pilotos.

INFRACCIONES GRAVES: con multas de entre 1.001 a 30.000 euros

1. Alterar el orden público encapuchado o con cualquier elemento que dificulte la identificación. 2. Amenazar, coaccionar, vejar e injuriar a los agentes de las fuerzas de seguridad cuando estén velando por el mantenimiento del orden público, por ejemplo en manifestaciones u otro tipo de protestas. 3. El ofrecimiento, la solicitud, la negociación y la aceptación de los servicios de prostitución en las proximidades de zonas infantiles, o en lugares donde se ponga en peligro la seguridad vial. 4. La tenencia ilícita, el transporte, el abandono de la droga o de los útiles para su preparación, así como plantar y cultivar estupefacientes como la marihuana aunque no se para traficar. 5. El botellón cuando perturbe gravemente la tranquilidad ciudadana y cuando no esté autorizado por la administración correspondiente. 6. La conducción de cundas o taxis de las drogas que trasladan a drogadictos a los lugares de compra de estupefacientes. 7. Los daños a mobiliario urbano como marquesinas, papeleras o contenedores, así como los actos vandálicos a servicios públicos. 8. Obstaculizar la vía pública con neumáticos u otros enseres que impidan la normal circulación de vehículos y personas. 9. Escalar como acción de protesta edificios públicos o precipitarse desde los mismos. 10. La perturbación grave del orden en actos públicos, religiosos, deportivos o espectáculos de otro tipo (En el borrador era considerada infracción muy grave). 11. Las concentraciones no comunicadas ante instituciones del Estado como el Congreso, el Senado, los parlamentos autonómicos o los altos tribunales, aunque en ese momento no tengan actividad. (En el borrador era considerada infracción muy grave). 12. Ofensas o ultrajes a España, a las comunidades autónomas y entidades locales o a sus instituciones, símbolos, himnos o emblemas, efectuadas por cualquier medio, cuando no sean constitutivos de delito.

INFRACCIONES LEVES: con multas de 100 a 1.000 euros

1. Manifestaciones y reuniones que infrinjan la ley de reunión. 2. Exhibición de objetos peligrosos con ánimo intimidatorio. 3. Incumplir restricciones de circulación peatonal o itinerario con ocasión de un acto público, reunión o manifestación. 4. Amenazar, coaccionar, vejar e injuriar a los agentes de las fuerzas de seguridad cuando estén velando por el mantenimiento del orden público, por ejemplo en manifestaciones u otro tipo de protestas, y la grabación y difusión de sus imágenes que atenten contra el derecho a su honor o su imagen y que puedan poner en peligro su seguridad o la de la intervención policial. 5. Amenazas, coacciones, injurias o vejaciones en vías públicas. 6. Injurias o calumnias a través de cualquier medio de difusión a las instituciones, autoridades, agentes y empleados públicos, así como su falta de respeto. 7. Realizar o incitar actos que atenten contra la libertad sexual. 8. Deslumbrar con dispositivos tipo láser a las fuerzas de seguridad. 9. La ocupación de cualquier espacio común, público o privado y la colocación de tiendas de campañas o tenderetes sin permiso en la calle. 10. Perder tres veces o más el DNI en un plazo de 5 años y la negativa a entregar este documento cuando se acordara su retirada. 11. Los daños leves a mobiliario urbano como marquesinas, papeleras o contenedores, así como los actos vandálicos a servicios públicos, por ejemplo, las pintadas y los grafiti. 12. Práctica de juegos o deportes en lugares no habilitados cuando haya riesgo para las personas. 13. Dificultar la circulación peatonal. 14. Escalar a edificios o monumentos o lanzarse desde ellos. 15. Retirar las vallas de la Policía que delimitan perímetros de seguridad.

Rajoy ha decidido acabar con las protestas ciudadanas, la grabación de excesos policiales y otros actos que sacan a la luz los recortes de un gobierno que mintió para gobernar y que gobierna para otros en contra del pueblo al que dice representar.

Con este cambio legislativo que se sostiene en la apisonadora de una mayoría absoluta, nos encontramos con un blindaje a la acción represora del gobierno contra una sociedad que reivindica sus derechos pacíficamente en las calles. Hasta el Comisario Europeo de Derechos Humanos, Nils Muiznieks, ha criticado duramente esta reforma después de constatar que las autoridades españolas recurren a un uso excesivo de la fuerza contra las manifestaciones ciudadanas.

Esta es la ley que el Gobierno de Rajoy quiere para nosotros, contra los ciudadanos que no se quedan resignados en casa, contra las personas que sufren, contra esa gente molesta que cree en la democracia y exige los derechos que el gobierno del PP les ha robado. Esa gente que lucha, que se expone, desempleados, estudiantes, profesores, enfermos, dependientes, sanitarios, excluidos...

En cambio, el gobierno de la patronal, de los banqueros, de los caciques, de los dueños de los medios de comunicación defensores de un orden corrupto, de los lacayos fieles de la troika, etc., ven en esta ley anti protesta un instrumento para intimidar, presionar y acosar a los millones de manifestantes que en España salen a la calle un día sí y al siguiente también, a los que temen porque saben que ya han sido identificados. No debiera sorprender, por tanto, su aplauso al gobierno porque los poderes fácticos están en la defensa de sus privilegios, para lo cual apuntalan un sistema capitalista que profundiza la enorme brecha social que separa a los ricos de los pobres y que necesita impedir mediante la coacción cualquier intento de cambio.

Al Partido Popular se le ha caído la careta de demócrata. Con esta ley ya se le distinguen las facciones de su auténtico rostro, que nos lleva a una España en blanco y negro con música de Manuel Parada.

El gobierno, consciente de que en España hay mucho enfado, introduce el miedo y coacciona la libre expresión de todos los ciudadanos de una manera contraria al derecho.

Rajoy es seguidor de don Tancredo y quiere una sociedad de marmolillos, de ciudadanos silenciosos y quietos, porque le molesta la expresión libre del descontento provocado por él mismo, aunque lo niegue.

Pero el sueño de Rajoy es vano porque la sociedad ya tiene un relato veraz de lo que ha ocurrido, sabe muy bien las miserias que sufre y quiénes son los responsables de sus desgracias. Conocidos los villanos y sus villanías la sociedad no se va a dejar intimidar fácilmente, así apruebe el gobierno un centón con escombros de las peores leyes represivas de todos los tiempos y lugares.

Hemos llegado al punto en el que la ciudadanía tiene todo por ganar y muy poco que perder.

María José Pérez Salazar forma parte del Consejo Local de IU de Azuqueca de Henares

Democracia y capitalismo

La nueva pirámide de la desigualdad

Se entiende por democracia la forma de organización social que atribuye la titularidad del poder al conjunto de la sociedad. En sentido estricto, la democracia es una forma de organización del Estado en la que las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo mediante mecanismos de participación directa o indirecta a través de representantes legítimos y libremente elegidos. En sentido amplio, la democracia es una forma de convivencia social en la que los ciudadanos son libres e iguales y las relaciones sociales se establecen con arreglo a mecanismos contractuales.

El término democracia proviene del antiguo griego a partir de los vocablos demos (que se traduciría como “pueblo”) y krátos (“poder”). En consecuencia, podríamos definir el término democracia como la forma política que otorga el poder al pueblo.

Comúnmente se acepta, de hecho muy pocos lo ponen en duda, que una sociedad democrática necesariamente es capitalista. Son democracias capitalistas aquellas que han conseguido que sus ciudadanos puedan participar en la organización del Estado y cuyo sistema económico se fundamenta en la teoría del “libre mercado”.

Ahora bien, la coexistencia de un sistema sociopolítico basado en la igualdad con uno socioeconómico que precisamente se fundamenta en la desigualdad resulta problemática o simplemente imposible. Esto es lo que ahora ocurre en las denominadas democracias occidentales que surgieron tras la II Guerra Mundial y que, bajo la atenta mirada de los Estados Unidos, adoptaron como forma de gobierno la democracia representativa y el capitalismo como sistema de organización económica. Estos países, muchos de ellos devastados por la guerra, formaron un frente común ante el avance del comunismo, así como un importante escudo ideológico protector de los intereses de Washington.

La caída del muro de Berlín la noche del 9 de noviembre de 1989, representa, sin duda, la derrota del comunismo. La ruina de los países de la Europa del este, unida a la progresiva desintegración de la URSS, constituyó el caldo de cultivo idóneo para que la derecha neoliberal inculcara una doctrina insensible y falaz sobre la naturaleza humana y la mejor forma de organizar la sociedad. En el nuevo paradigma (que, en realidad, no tiene nada de original) se deja en manos de los centros de dirección económica el grado de democracia permisible, siempre bajo la premisa de la libertad de iniciativa privada frente al gregarismo estatal. Con el neoliberalismo, la entelequia del mercado se convierte en el gran legitimador de lo bueno, lo necesario y lo posible socialmente.

El mensaje de libertad e igualdad proclamado con insistencia por los medios de comunicación capitalistas se hizo un hueco en los corazones de los ciudadanos de los países del otro lado del telón de acero. Esta expansión ideológica coincidió con la exploración de nuevos mercados necesarios para el crecimiento capitalista, lo cual devino en un rápido desarrollo que abrió las puertas a la mercantilización de la democracia y de sus órganos de poder. De esta época es el tratado de construcción europea que lleva el nombre de la ciudad donde se firmó: el Tratado de Maastricht.

Manuel Monereo expresa muy bien lo que significó Maastricht: “(…) constitucionalizar las políticas neoliberales (…) e impedir que la soberanía popular controle la economía, dejando a una institución como el Banco Central Europeo cuidar de la inflación”.

La desintegración del bloque soviético afectó muy gravemente a la izquierda occidental y al movimiento obrero, especialmente cuando se daba el caso de que compartían las mismas raíces ideológicas. Pero lo más significativo de este cambio histórico fue el paso sin ambages de la socialdemocracia al neoliberalismo, por lo que la construcción europea quedó en manos de liberales, neoliberales y algunos conservadores.

Es evidente que el capital ha dedicado grandísimos esfuerzos a controlar las instituciones democráticas, ejerciendo al control que le daba el poder financiero para influir en el poder político. La crisis es un ejemplo de esta afirmación. Hoy gobiernan desde la sombra los mismos que la provocaron, imponiendo sus decisiones e intereses personales a los de la mayoría social. Se constata el “golpe de estado de los mercados que pretende desposeer a las poblaciones de sus derechos y del control de sus economías, (…) tomando una salida liberal a la crisis del neoliberalismo, esto es, la liquidación del estado social y de las conquistas de los trabajadores” (Manuel Monereo, 15 de junio de 2012 durante el seminario ¿Qué hacer con el euro?)

Definitivamente, el control que ejerce el poder financiero sobre los instrumentos que legitiman las relaciones democráticas, es decir, la política y sus reglas, deslegitima necesariamente a la res publica y, por extensión, a la democracia. La mercantilización de la democracia aleja a los ciudadanos de la actividad política.

Además, los medios de comunicación eficazmente controlados por el capital, lobotomizan las conciencias y demonizan las protestas de los movimientos sociales, mostrándolos como causantes de los problemas y no como víctimas de los atropellos del poder económico, con el propósito de desmontar la participación y la capacidad de resistencia de los ciudadanos. Se levanta así un sistema excluyente y clasista basado en la explotación de los más desfavorecidos (clase obrera) por los propietarios de los medios de producción (burguesía), todo lo contrario de lo que exige la democracia que se sostiene en la igualdad de los ciudadanos.

Debido a las presiones ejercidas por el capitalismo y la complicidad de socialdemócratas y populares (en nuestro país PSOE y PP) se ha ido eliminando del ordenamiento constitucional y jurídico cualquier norma que tuviera como objeto frenar la expansión del capital. Sirvan como ejemplo de lo dicho la modificación del artículo 135 de la Constitución realizada al margen de los ciudadanos y que antepone el pago de la deuda e intereses al gasto en pensiones, educación, sanidad, etc., aprobada sólo con los votos del bipartito, o la reforma laboral de la ministra Báñez que desregula el mercado de trabajo y limita la función de los sindicatos en la negociación colectiva, o la reforma de la educación del ministro Wert que anuncia una sociedad más desigual, inculta y manipulable, o la reforma sanitaria de la señora Mato, que no racionaliza el gasto, como quiere hacernos creer, sino que abre una vía de negocio al capital privado para especular con la salud de los ciudadanos.

Pone todo esto de manifiesto la falsedad de la promesa neoliberal de que al bien común se llega por la satisfacción del egoísmo y de los vicios privados, porque lo cierto es que el aumento de las desigualdades y del individualismo conduce a la agudización de la lucha de clases.

Llegados a este punto estamos convencidos de que no basta con reformar el capitalismo para que las cosas vayan mejor, como se apresuraron a proponer algunos líderes capitalistas al principio de la crisis apremiados por el miedo a un colapso financiero.

La tarea consiste hoy, más bien, en acabar con el capitalismo para recuperar la democracia, lo cual significa que tiene que ser la democracia la que defina las relaciones entre el poder financiero y el poder político, acabando con cualquier vestigio de control que las instituciones financieras ejercen sobre la política. Esta tarea exige una profunda regeneración política que devuelva a los ciudadanos la capacidad de decidir sobre sus vidas y sobre el mejor modo de organizar la sociedad.

Hay que blindar la democracia, sí, pero también hay que dejar margen a la sociedad civil para modificar el ordenamiento jurídico cuando muestra signos de anacronismo o sólo favorece a un determinado estrato social. El objetivo de la democracia es servir al bien común y no a una minoría que controla los medios de producción, se apropia de las  plusvalías de la fuerza de trabajo y destruye la naturaleza. 

La acumulación de poder por parte del capital se debe a la necesidad que tiene de mantener el flujo de absorción de riqueza. O, dicho de otro modo, la salvaguarda de los intereses del 1% (acumulan más del 75% de la riqueza del país) frente a las necesidades del 99% restante. Esta concentración de riqueza y su mantenimiento es el objetivo último del capital y constata la capacidad que posee para, además de generar riqueza, acumularla y no sólo mediante el control de los medios de producción sino, también, a través del control político sobre la fuerza de trabajo.

No hay mérito en afirmar que no existe alternativa al capitalismo y que gracias al desarrollo económico que nos ha proporcionado hemos alcanzado unas cotas de evolución muy elevadas, sobre todo porque no hemos cuantificado el coste de este sistema tanto en términos políticos, humanos, sociales y ecológicos.

Ahora bien, la recuperación democrática debe partir de la sociedad civil. Nuestro papel es clave. Tenemos que aprovechar la fuerza que nos da ser aplastante mayoría y lograr que los intereses del 99% se impongan a los del 1% que dirige el mundo.

Mientras que la casta política que conforma el bipartito (socialdemócratas y populares) sólo buscan perpetuar el sistema como condición de su supervivencia personal, la sociedad civil se organiza para resistir mejor los embates del capital y de sus representantes. Unión, solidaridad y resistencia son claves para terminar con el capitalismo y recuperar la democracia.

Algunos nos tildarán de radicales por querer superar un sistema en profunda crisis que nos lleva a la catástrofe. Nada más lejos de la realidad. Está en la propia naturaleza de las cosas la evolución y el cambio, la vida nueva que surge de la muerte de lo antiguo.

Es el instinto de conservación lo que motiva a la sociedad a buscar fórmulas mejores que transformen las relaciones entre la economía y la democracia, entre los propietarios de los medios de producción y la fuerza del trabajo, entre la burguesía y la clase obrera, entre una minoría del 1% y el 99% restante.

Miguel Ángel Márquez es coordinador local de IU de Azuqueca de Henares 

La democracia en peligro ¡Salvemos la democracia!

Imagen de un parlamento que no representa, lo cual es una contradicción

Hace sólo unas semanas asistimos en Castilla-La Mancha a un hecho insólito propio de una república bananera. El gobierno de la señora Cospedal aprobó, gracias al rodillo de la mayoría absoluta del PP, una reforma del Estatuto de Autonomía para reducir el número de diputados en las elecciones autonómicas del 2015, de los 49 actuales a una horquilla comprendida entre 25 y 35.

Esta reducción constituye un atentado contra la democracia representativa porque no busca el ahorro económico sino perpetuar la alternancia PSOPE-PP en unas Cortes que nacieron para ser bipartidistas y que el PP pretende que mueran siendo más bipartidistas aún. 

La reducción del número de “representantes” en el parlamento autonómico agudiza la falta de representatividad del sistema político. A menos parlamentarios, manteniendo la circunscripción electoral, menos representación, lo que desemboca en que se quedarán sin escaño las fuerzas políticas que podrían romper el bipartidismo estéril que nos gobierna, aunque dichas fuerzas obtuvieran muchos más votos que en las elecciones anteriores.

Destruir la representación es acabar con la democracia porque significa dejar fuera de las instituciones a un número creciente de ciudadanos que votan a partidos que no forman parte del bipartito dañino, lo cual elimina el pluralismo político y la posibilidad de una regeneración democrática cada vez más urgente y necesaria.

Así lo denunció el Coordinador Regional de Izquierda Unida, Daniel Martínez, cuando calificaba la medida como “un golpe antidemocrático e ilegítimo” que la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, perpetra “para adecuar el sistema electoral a sus intereses personales y partidistas”.

No se debe admitir como justificación de esta fechoría el desprestigio que sufren la política y los políticos, primero porque ambas cuestiones nada tienen que ver con la cuestión y, segundo, porque la idea, viniendo de quien viene, la señora Cospedal, resulta inaceptable por sus malas intenciones.

Tampoco debiera servir el pretexto del ahorro, aunque resulta más difícil de desenmascarar. Bajo la apariencia de reducir gastos se oculta la intención del PP de mantener sus escaños aunque pierda votos, lo cual le lleva a usurpar la representación que en justicia es de otros. Contrasta la actitud cicatera del PP con el parlamento con la realidad de aumentar el número de cargos puestos a dedazo, escogidos entre lo suyos de manera libérrima y que también comen del presupuesto regional.

Los políticos que tienen miedo al pueblo y que le niegan la representación son responsables del creciente desapego ciudadano a la política. La progresiva “berlusconización” del sistema político es el producto de los continuos casos de corrupción, del neoliberalismo y del sometimiento de los gobiernos a las directrices de la Troika, a lo que se une una crisis de legitimidad muy preocupante de unas instituciones políticas que no representan y que son desbordadas por iniciativas de los ciudadanos.

La crisis del bipartidismo se agrava cada día. El desgaste que sufren los populares en el gobierno no está siendo aprovechado por los socialistas. Los ciudadanos no creen a quienes ahora dicen lo contrario de lo que hacían cuando gobernaban y, menos aún, a los que hoy gobiernan pulverizando sus promesas cuando estaban la oposición.

La crisis, los recortes y el rebrote de la corrupción (los casos de Bárcenas, Gürtel, Urdangarín, los ERE, ITV, Nóos, Bankia, Método 3, las preferentes, etc.) han terminado por cavar la fosa de un sistema que hace aguas y que fue instituido hace casi cuarenta años en una transición que se presentó como modélica y de la que estamos descubriendo ahora sus hipotecas y limitaciones.

Una transición que aún hoy se presenta como modelo para países que se democratizan y que ha impedido, por ejemplo, que la ejemplar España democrática haya “purgado” el sistema de sus remanentes postfranquistas. Aún hoy, los herederos de la dictadura, desde las numerosas tribunas a las que tienen acceso y controlan (radio, televisión, periódicos,...) difunden el elogio de la intolerancia y de la imposición, que se extiende como una mancha de aceite gracias a la crisis y que se intenta disimular con un barniz de conservadurismo y de apego a la nación que no engaña a nadie.

Con este panorama no es de extrañar la irrupción en la política castellano-manchega de nuevos actores alejados de la doctrina neoliberal, lo que hace presagiar la renovación democrática de las Cortes en las próximas elecciones, siempre y cuando no se cambien tramposamente las reglas electorales a mitad del partido, que es lo que pretende el  PP.

Hasta ahora ha existido un elemento que favorecía el binomio PP-PSOE en nuestra autonomía: la ley electoral. Determina la ley que el distrito electoral sea la provincia y establece para la distribución de escaños el método inventado por el profesor belga de derecho, Victor d’Hont, que consiste en aplicar una fórmula que distribuye el número de cargos electos asignados a cada candidatura en proporción corregida al número de votos, sin tener en cuenta para el reparto de escaños las abstenciones, los votos nulos y los votos en blanco, y que busca la creación de mayorías que puedan soportar gobiernos estables. Con esta fórmula se pretende favorecer a los partidos grandes y limitar la presencia de las minorías en los parlamentos, lo que hace que para muchos votantes la opción de votar a partidos no mayoritarios o regionalistas se presente como “tirar el voto”, influyendo tanto directa como indirectamente en los resultados y perjudicando la pluralidad democrática.

Todas las propuestas de reforma electoral para mejorar la representación pasan por incrementar el número de escaños o por aumentar la magnitud de la circunscripción, lo cual llevaría a pasar de la provincia al distrito autonómico, medidas que permitirían la entrada de más partidos en las instituciones y un mayor pluralismo en las Cortes regionales, justo lo contrario de lo que pretende el PP.

Pero la señora Cospedal, en un alarde antidemocrático característico de la derecha que anhela formas de gobierno distintas y propias de épocas pasadas, decreta la reducción del número de diputados (cuando poco antes fue partidaria de aumentarlos porque le interesaba), en un atentado contra la democracia representativa a la que se debe y que no duda en traicionar.

Es un hecho que somos víctimas del bipartidismo que se ha ocupado de, con la ayuda de los medios de comunicación, difundir el mensaje de que no hay vida política más allá del PSOE y del PP, siendo obligatoria, por tanto, la alternancia de ambas fuerzas, lo que hace inútiles los afanes de otros partidos para alcanzar la representación que merecen.

Afortunadamente, gracias al cada vez mayor peso de plataformas de comunicación alternativas (twitter, facebook, etc.) se ha logrado, no sin trabas, difundir una esperanza distinta. Claro ejemplo de lo dicho es la cada vez mayor incidencia de movimientos sociales con elevada carga política como el 15M en la vida política tradicional. Los ciudadanos, cansados del mensaje bipartidista, aprueban mayoritariamente la reforma de la Ley electoral y piden un proceso constituyente (cuestiones ya planteadas por IU hace mucho tiempò) que permitan la creación de un sistema político más participativo, democrático y plural.

Pero pluralismo y participación ciudadana son aspectos que dentro del seno del bipartidismo están reñidos con sus intereses y, en el caso del PP, también con sus principios ideológicos, como demuestra la reciente reforma de la administración local aprobada por el Consejo de Ministros.

Es evidente la resistencia del PP y del PSOE a cambiar el sistema político que tanto les beneficia, a pesar del creciente repudio que provoca entre los ciudadanos. 

Dejando al margen los réditos electorales por constituir las fuerzas más votadas, además, los integrantes de las cúpulas del PSOE y del PP que tienen capacidad para crear leyes, modificar modelos de gestión o asignar presupuestos, obtienen recompensas privadas cuando abandonan las obligaciones públicas, pasando a formar parte de los Consejos de Administración de las principales empresas del país, lo cual muestra una confusión muy preocupante entre intereses privados y públicos que es, en última instancia, la base de toda corrupción.

Pero no sólo nos enfrentamos a una cuestión de orden electoral cuando se pretende reformar el sistema político. También está en juego la cuestión de la soberanía.

El 5 de agosto de 2011, el Presidente Rodríguez Zapatero recibió del entonces Gobernador del BCE, Jean Claude Trichet (hecho confirmado por Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ex Gobernador del Banco de España) una carta personal en la que instaba al gobierno a adoptar medidas lo más rápido posible (como “decretos leyes”) presuntamente para “promover el crecimiento potencial de la economía”. Eran los tiempos en los que la prima de riesgo superaba en algunos momentos los 400 puntos básicos, motivo por el que los gobiernos español e italiano, principalmente, solicitaban al BCE la compra masiva de deuda soberana para evitar el hundimiento de la credibilidad de su deuda.

Aquella misiva ordenaba dos tipos de reformas: por un lado, la liberalización de servicios públicos y profesionales y privatizaciones a gran escala; y, por otro, la reforma de la negociación colectiva para fijar salarios y condiciones de trabajo según las necesidades de las empresas, aumentando su peso respecto a otros tipos de negociación. Proponía, por tanto, un contrato de trabajo totalmente desregulado para jóvenes, sin referencia alguna a salarios de convenio o al salario mínimo. La carta constituía una “hoja de ruta” con las medidas que el gobierno de Zapatero debía adoptar con urgencia. La consecuencia inmediata fue la modificación del artículo 135 de la CE con los votos a favor del PSOE y del PP, en una muestra clara de cómo entiende el bipartito la realidad política de nuestro país, decidiendo a espaldas de los ciudadanos y contra los intereses de éstos.

La llegada de Rajoy al Palacio de la Moncloa el 20N del 2011, no ha significado nada distinto que plegarse totalmente a las imposiciones de Troika. La reforma laboral, la privatización sanitaria, el paulatino desmantelamiento de la educación pública, la eliminación fulminante de servicios sociales, la reforma de la administración local y un largo etcétera, constituyen pruebas irrefutables de que nos encontramos con un gobierno títere que no rinde cuentas a los ciudadanos sino a los miembros de la Troika. ¿Cómo se explica, si no, que todavía Rajoy no haya presentado su dimisión cuando se encuentra en fraude electoral por haber mentido y por aplicar un programa distinto al que presentó en las pasadas elecciones?

El objetivo del PP es hacer caso omiso a los ciudadanos y seguir el rumbo marcado desde Bruselas por la Troika. Y la manera de conseguirlo es limitando el acceso a los órganos de decisión política de representantes alejados de la corriente neoliberal, proclamando leyes que suponen el mantenimiento del bipartidismo. Leyes que constituyen en sí mismas la negación del artículo 1.1 de la Constitución que declara solemnemente que España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

Esta actitud antidemocrática que tiene la derecha española, propia de regímenes pasados y añorada por algunos “cachorros” populares, consistente en evitar que otras fuerzas políticas irrumpan en el escenario político nacional, demonizándolas e impidiendo su acceso, representa el deseo de volver a un gobierno basado en el “caudillaje”. Esto eliminaría de un plumazo el “pluralismo político” necesario para la “regeneración democrática”.

Hacen falta cambios profundos en un sistema bipartidista enfermo de corrupción. Un sistema que sólo busca perpetuar el bipartidismo haciendo inútiles, en la mayoría de los casos, los esfuerzos de los ciudadanos por hacerse oír, sesgando la participación y eliminando la pluralidad política, cruzada en la que se ha embarcado la señora Cospedal para satisfacer sus propias ansias de poder.

No queremos un “gobierno títere” a las órdenes de la Troika. La soberanía reside en el pueblo y no fuera de nuestras fronteras. Queremos una democracia participativa que otorgue al ciudadano la capacidad de decidir libremente sobre su vida y destino y no cada cuatro años en una elección frustrante y engañosa. El convencimiento es que este deseo no es posible ni con Rajoy ni con Cospedal, por lo que no queda más remedio que pedir su dimisión y la convocatoria inmediata de elecciones anticipadas.  

Miguel Ángel Márquez es el Coordinador Local de IU de Azuqueca de Henares

La maternidad no es para lesbianas ni solteras. Mejor será que hilen

Ana Mato y su varón invisible, del cual ni se acuerda, no vaya a ser ...

“La falta de varón no se puede tratar como un problema médico.” Así respondía Ana Mato, Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a la pregunta sobre los criterios que debe tener en cuenta el médico para incluir a una mujer en un diagnóstico de infertilidad, tras la polémica que ella misma provocó al excluir a lesbianas y solteras del sistema público de reproducción asistida.

La Ministra a la que la trama Gürtel regalaba viajes turísticos valorados en 50.000 euros y artículos de lujo de Louis Vuitton por un valor mínimo de 610 euros la pieza, a la que unos amiguitos misteriosos le sufragaban “eventos familiares particulares” como fiestas de cumpleaños con payasos y confeti que costaron más de 11.800 euros y la misma que para defenderse de las acusaciones que la hacían responsable de las trapacerías de su ex marido y camarada de partido, el imputado Jesús Sepúlveda, argumentaba “¿eso es lo que hemos avanzado en igualdad, responsabilizar a una mujer de lo que haya podido hacer un hombre?”, ha decidido dejar sin cobertura legal a las mujeres solteras y lesbianas que quieran hacer uso de su derecho a la reproducción asistida en el sistema sanitario público, demostrando así que, en ocasiones, el peor enemigo de las mujeres es otra mujer con prejuicios y con el poder de imponerlos.

El documento que la señora Mato pretende llevar al Consejo Interterritorial de Sanidad excluye a estos colectivos “dudosos” (sólo para su mentalidad deformada) del acceso a dichos tratamientos. Su propuesta establece como requisitos para recibirlos ser pareja integrada por mujer menor de 40 años y hombre menor de 55, sin ningún hijo en común y que cuente con un diagnóstico de esterilidad tras haberse sometido al correspondiente estudio previo. Lo que finalmente ha suprimido del documento ha sido el punto en el que se pretendía tener en cuenta la situación psicosocial o los problemas de conducta de la pareja como otro de los criterios de exclusión. En lo restante, el documento es copia del original, excluyendo, por tanto, a las mujeres de un tratamiento que recibían hasta ahora por el hecho de que su orientación sexual y afectiva sea diferente, expresión de su libertad y de su tendencia personal, asunto en el que nadie tiene derecho a husmear porque forma parte de la intimidad del ser humano tal y como reconoce las leyes. O sea, que lo del varón, por muy santo que fuere, si está ausente, debiera ser irrelevante a efectos de reproducirse en modo asistido, como ocurría hasta ahora sin que tal cosa perjudicara a nadie, hasta que vino la señora Mato y lo arruinó todo. 

En el mes de octubre del 2012, algunos medios adelantaron lo que entonces era una propuesta que ahora se materializa. Por aquel entonces el Ministerio de Sanidad negaba que se fuera a revisar ideológicamente la cartera en reproducción asistida. Aseguraba Mato que cualquier modificación respondería a criterios médicos y al éxito de los tratamientos. Nueve meses después, el Partido Popular traicionaba sus promesas al decretar la exclusión de los tratamientos de reproducción a determinados colectivos por razones ideológicas para imponer un esquema de familia, el suyo, que no comparte una sociedad, la nuestra, que es más libre y tolerante que el gobierno que padecemos. 

La noticia no sólo ha causado indignación entre los colectivos de homosexuales y entre las personas tolerantes de toda condición sino, también, en el ámbito jurídico, porque la decisión de la Ministra Mato no tiene nada que ver con un problema de escasez, ya que de ser así habría reducido los tratamientos de fertilidad a todos por igual, sin discriminación alguna por la orientación sexual.

La imposición de Mato supone el incumplimiento del artículo 14 de la Constitución que reconoce que “los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.

Pero no sólo se pisotea el artículo 14 de la Constitución con la contrarreforma de Mato. El portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosh, añade que también vulnera el artículo 39 de la Carta Magna en el que se establece “que los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia” y el artículo 10 que pone de manifiesto que “la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social”. Esto quiere decir que el gobierno no puede imponer a una persona ni su orientación sexual ni que para tener hijos deba estar casada, ni tener pareja o un determinado sistema de valores familiares.  

Por más que moleste a la señora Mato, se tienen hijos porque se quiere y cuando no se puede de un modo se intenta de otro, con la ayuda de los avances médicos si es posible, porque a los hijos deseados se les quiere y busca, vengan como vengan, y se les viste por la mañana y se les da el desayuno, besándolos antes y después, sin intermediación del personal de servicio, que es cosa penosa que dice mucho y mal de madres que no lo hacen y luego dan lecciones de moralidad y buen corazón. Lo contrario es exclusión, discriminación, imposición y abandono de las obligaciones familiares, que deberían estar castigadas cuando no hubiera razón de fuerza que las impidiera, lo que no es el caso de la Ministra según todos los datos.

Para justificar este nuevo recorte el gobierno pretexta razones que dice que son sanitarias, cuando no es cierto. En contra de lo que sostiene el ejecutivo de Rajoy, el derecho a la salud, consagrado en tratados internacionales y regionales de derechos humanos y en las constituciones de países de todo el mundo, no sólo se refiere a la ausencia de enfermedades sino, además, al derecho a disponer de condiciones de bienestar físico, mental y social sin las cuales la salud es imposible. Así pues, este derecho no debe entenderse como el derecho a estar sano (igual que la paz no es sólo la ausencia de guerra, la cultura simple eliminación del analfabetismo y el fin del hambre chutarse en vena sebo chorreante), sino como la posibilidad de disfrutar de un abanico de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarias para lograr el más alto nivel de salud, debiendo ser los gobiernos los garantes de su mantenimiento para que las personas vivan lo más saludablemente posible.

El sistema sanitario atiende diariamente miles de casos que no son un problema médico porque, afortunadamente, la salud es mucho más que la sanidad y la sanidad es mucho más que la lucha contra la enfermedad. La sanidad moderna está por encima de la “enfermedad” y de “lo médico”. La visión de la sanidad reducida a lo estrictamente médico provoca que algunos colectivos tengan que cargar con la etiqueta de “enfermos” simplemente para poder beneficiarse del apoyo del sistema público de salud y de la cobertura que éste proporciona. Tal es el caso de las personas transexuales, que para que sus necesidades en materia de prestaciones sanitarias sean cubiertas por el servicio nacional de salud tienen que aceptar llevar colgada la etiqueta de enfermas cuando no lo son, excepto en la mentalidad reaccionaria del gobierno actual.

Las prestaciones sanitarias tienen necesariamente que abarcar más cuestiones que la mera cura médica. Como dijo Rudolf Wirchow, médico y político alemán, considerado como uno de los más prestigioso patólogos del siglo XIX: “La medicina es una ciencia social y la política no es más que una medicina a gran escala”.

El Partido Popular, respondiendo a condicionamientos exclusivamente ideológicos y no económicos como nos quiere hacer creer, intenta culpar de la supuesta mala situación económica del sistema sanitario público a colectivos que no comulgan con su modelo de familia y ciudadanía, como ya lo hizo con la población inmigrante en situación administrativa irregular. Por cierto, puestos a definir “problemas médicos”, el inmigrante en situación irregular, como cualquier otro ciudadano, padece problemas de salud que no se tratan porque a la Ministra Mato no le da la gana, como prueba el Real Decreto 16/2012 que dejó a cientos de miles de inmigrantes indocumentados sin derecho a la sanidad pública.

Por lo tanto, hacer creer a los ciudadanos que la exclusión de determinados colectivos de mujeres de las técnicas de reproducción asistida es una medida de ahorro es una engañifa, cuando el coste económico del protocolo para la fecundación asistida en el servicio público de salud es ínfimo y el 80% se practica en centros privados, según la Asociación Española de Fertilidad.

Si la intención de la Ministra Mato es la de reducir costes atendiendo a problemas puramente médicos, no tendrá ningún inconveniente en incluir a lesbianas y a madres solteras que tengan diagnosticado problemas de infertilidad. Pero no es el caso, porque esta señora se ha rodeado de “expertos” contrarios al matrimonio homosexual y al aborto para elaborar las futuras medidas de protección de su idea de familia.

Mato creará rangos jurídicamente jerarquizados compuestos por ciudadanas de primera como son las mujeres heterosexuales y casadas, y ciudadanas de segunda donde se incluyen a lesbianas, bisexuales y solteras, criminalizándolas bajo el diagnóstico de “rarezas”, “anormalidades”, y "desviaciones", reafirmando así su intolerancia y animadversión hacia ellas, lo cual es muy propio de una señora tan sectaria como la Ministra, porque en eso consiste ser opusina, que es participar en una secta muy poderosa y oscura del catolicismo proclive a poner etiquetas peyorativas sobre las personas libres y sus costumbres.

Terminemos relatando algunas incongruencias de la señora Mato, que son también del PP, y que hacen que nos tomemos a broma sus teorías sobre las desgracias que trae que la hembra no tenga varón al lado que le sostenga el cayado.

Según Mato, la ausencia de varón debe penalizar a lesbianas y solteras que quieren tener hijos y que no merecen que el presupuesto público atienda su capricho, mientras que la ausencia de varón en las aulas en las que se practica la segregación por sexos no es motivo para retirarles la subvención pública al colegio sino todo lo contrario. Ahorro en el primer caso y subvención justísima en el segundo, por la gracia de Mato, aunque el varón a veces no asome la nariz ni en la familia moderna ni en el aula segregada.

Pero hay más. Si la ausencia de varón no es un problema médico, por qué muchos de los camaradas de Mato consideran que el lesbianismo es desviación patológica.

Y si la ausencia de varón es muestra de estilo de vida y la hacienda pública no tiene obligación ninguna de sostener costumbres particulares, ¿qué demonches hace el gobierno sosteniendo a la iglesia católica que es ejemplo cabal de forma de vida privada, particular y subjetiva desde la cuna a la tumba?

El gobierno de Rajoy se ha vuelto loco, del tipo de locura fanática que no atiende a razones. Gallardón obliga a ser madres a las mujeres que no lo desean y Mato impide ser madres a las mujeres que quieren serlo. Pero sólo si las madres en acto o en potencia son pobres, porque si tienen posibles las mujeres harán lo que les parezca, que el dinero todo lo puede.

Si lo que hace Mato no es una imposición urge que dimitan los académicos de la RAE, de la a la z.

Resulta imposible entender a una derecha que truena por la individualidad pero que la respeta tan poco cuando la persona ejerce plenamente su libertad para afirmarse como le dictan sus sentimientos.

Con esta derecha que padecemos siempre pasa lo mismo: imposición de costumbres y, si no, señalamiento y castigo, en este caso con la excusa barata del ahorro.

María José Pérez Salazar forma parte del Consejo Político Local de IU de Azuqueca de Henares

Un artículo que no va a gustar a nadie

El debate sobre los partidos políticos está contaminado, igual que lo está el del sistema electoral, de modo que al discurrir por estos asuntos, que están conectados, la probabilidad de que triunfen las recetas charlatánicas es muy alta.

Se mezclan en ambos debates propuestas regeneradoras sinceras e intenciones loables con argumentos bastardos y el propósito que tienen los partidos ahogados por la corrupción (entre los que sobresale el PP, dirigido por una banda de forajidos cada vez menos presuntos) de esparcir la basura propia y de mantenerse en el poder, cueste lo que cueste, condición necesaria para intentar salir indemnes de sus escandalosas depredaciones.

¿Qué debería pedirle la ciudadanía a un partido político? Primero, que no robe. Segundo, que cumpla la palabra dada. Tercero, que cuando cambie de opinión explique sinceramente las razones y se someta a alguna clase de autorización por parte de quienes le dieron el voto. Cuarto, que funcione democráticamente y promocione a los mejores y más honrados. Quinto, que conteste a las preguntas con sinceridad y que ponga al detalle cómo se financia y en qué gasta ese dinero. Sexto, que eche a los corruptos cuando los descubra y los ponga ante un juez. Séptimo, que actúe a favor del interés general. Octavo, que sepa conjugar el verbo dimitir. Noveno, que no se aproveche privadamente de su paso por la administración. Y décimo, pero no menos importante, que tenga vergüenza, condición que subsume a todas las anteriores.

Porque, pensándolo bien, la crisis de los partidos políticos se reduce a un problema de vergüenza o, para ser más exactos, de falta continuada de vergüenza consentida por una sociedad tolerante con la corrupción, triste realidad a la que se suma un sistema político diseñado para blindar al gobierno sacrificando la democracia y el control de la acción pública.

La ciudadanía, para exigir el anterior decálogo debe, primero, aplicárselo, lo cual es cosa inédita en un país como el nuestro, muy condescendiente con el nepotismo, el amiguismo, el enchufismo y el fraude a la hacienda pública, que son caminos convergentes para disolver el interés general en el ácido de los pecados privados.

Habrá quien diga que el poder político se ha ganado a pulso el asco y la desconfianza de los ciudadanos tras siglos de absolutismo, represión ideológica, oscuridad y violencia, y que el pueblo se ha visto obligado a malvivir con sus medios y a su manera a causa de la dirigencia expoliadora y asesina que le ha tocado en suerte. La idea es cierta y nuestra historia la corrobora. El último episodio, el más terrible, fue el genocidio franquista que mutiló a varias generaciones de españoles, convirtiendo nuestro país en un gigantesco cementerio-cárcel en el que la democracia y las libertades quedaron proscritas. Pero no es menos verdad que hasta la víspera de nuestras desgracias actuales la ciudadanía decidió olvidar su historia, contemporizando ante los pelotazos urbanísticos, la gomina y los Q7 comprados con billetes de 500 euros, evidencias de una corrupción galopante ratificadas por un silencio atronador. 

Hay que decirlo aunque moleste: ante la burbuja la mayoría de los ciudadanos abdicó en actitud vergonzante, degradándose a plebe, con la conciencia anestesiada por el olor del dinero. ¿O es que nadie se acuerda de cómo eran reelegidos los partidos y los políticos más corruptos y mentirosos en Marbella, Madrid, Alicante, Valencia, Orense o Castellón? Ocurre ahora, y aquí radica el cambio, que lo que antes se envidiaba (el cohecho, el fraude, la contabilidad en B con B de Bárcenas, los poceros,  mariocondes, etc.) ahora escuece, porque no es agradable ver cómo la corriente del soborno y del expolio de lo público va a una minoría mientras la mayoría se hunde en la miseria.

Lo que está por ver es que la condición moral del ciudadanos que ahora se queja haya cambiado, aunque no se descarta que ocurra en el futuro. No obstante, por ahora lo único que queda demostrado es que la crisis es la levadura del cambio y no al revés. ¿Cómo explicar si no treinta años de bipartidismo asfixiante, con casos de corrupción suficientemente graves?

Conocer la causa de un problema no anula las consecuencias, sólo las explica. Por desgracia, sigue viva en nuestro país la sentencia de Rana, aquel personaje de Cervantes que decía sobre los que gobiernan que “si fuesen malos, ruega por su enmienda; si buenos porque Dios no nos los quite”, sinónimo del resignarse a lo que toque.  

Ni siquiera con esta crisis tan brutal nos hemos liberado de nuestro instinto acomodaticio ante los daños producidos por el mal gobierno. Tras tanto desfalco político se sigue esperando la llegada de tiempos mejores porque la sociedad no tiene riñones para cambiar la cosa pública, a fondo, limpiando los bajos de un sistema de gobierno bloqueado que daña a las personas y en el que no se rinden cuentas y que daña a las personas. Para mantenerse con los brazos cruzados sirven los pretextos, para no hacer nada, para tranquilizar una conciencia culpable y dejar libres a los culpables de responsabilidad. Cuánto daño han hecho frases como todos son iguales, uno sólo no puede, no hay remedio o los míos aunque rebuznen.

El PP, achicharrado por la corrupción, exhorta a los demás partidos a ser ejemplares y transparentes, utilizando conceptos que en su boca suenan a escarnio, como si su pecado mortal se limpiase tirando su basura al resto, a la vez que se embosca en las instituciones y en el poder judicial a la espera de que pase la tormentea.

El PSOE, carcomido por los ERES y repudiado por muchos de sus electores, denuncia con desgana los saqueos de la derecha, mientras busca grandes pactos con Rajoy, en pose que desvela una trastienda de silencios muy sospechosa.

IU, que goza de un prestigio que depende en gran medida del desprestigio de otros, debe ser mucho más rápida de reflejos en lo tocante a sus casos de corrupción, que son muy pocos pero no por ello disculpables, y replantearse muy seriamente su continuidad en un gobierno, el de la Junta de Andalucía, que puede arrastrarla al turbión de la ignominia.

Finalmente, una parte de la izquierda que presiente al mesías en cada novedad social, resucita el discurso de que los partidos, incluso los inocentes, son un desecho, un peligro, una maquinaria en la que se impone la ley de hierro de la oligarquía y que ampara la corrupción, lo cual es cierto en algunos casos pero no siempre, siendo tal cosa, además, un mal del que no se libran otro tipo de organizaciones sociales por muy prometedoras que hoy parezcan.

Por tanto, el rechazo a los partidos se está volviendo visceral, emocional, cosa de tripas. No se repara en que hay partidos porque la sociedad está partida, porque hay intereses divergentes, fracturas, divisiones e ideologías en pugna. Se podrán negar los partidos pero no el sustrato del que salen, una sociedad clasista con contradicciones de clase cada vez más agudas.

Esto no significa que haya que plantear una defensa cerril de los partidos, lo cual sería absurdo porque, para empezar, hay muchas clases de partidos si atendemos a su funcionamiento y estructura: los verticales-cupulares y los asamblearios, los que viven del cohecho o la prevaricación y los que malviven de las cuotas, los que están anclados en las instituciones y los que se mueven en la periferia del sistema, los que defienden el orden vigente que condena a la mayoría y los que quieren cambiarlo, los que se sostienen sobre un barullo podrido de tomantes y donantes y los que no tienen ni para imprimir octavillas. Además, las generalizaciones son injustas y en el caso de los partidos todavía más. 

Algunos desearían que los partidos desaparecieran porque ya están organizados privadamente y controlan los centros de decisión de la sociedad. No extraña, por tanto, su inquina hacia los partidos porque ni los necesitan ni quieren que otros se organicen desde ellos para disputarles el poder ilegítimo del que disfrutan. Los hay, también, que son hostiles a los partidos porque aspiran a una sociedad distinta basada en un ser humano que, quizás, no exista más que en su imaginación, sublime y santo, sin olor y celestial. Además, están los que, con la excusa de la crisis, aspiran a un sistema tecnocrático, neofascista, populista o integrista en el que se impongan la manipulación, la fuerza bruta y el miedo, en el que todos los partidos, excepto el propio, naturalmente, estarían de más.

Así las cosas, toda precaución es poca en el debate sobre los partidos (muy necesario y encomiable) porque tras él se esconde mucha miseria y mala fe.

Lo mismo ocurre con la cuestión electoral, asunto en el que a toda la confusión anterior se suma el lío producido por el manejo poco escrupuloso de conceptos que significan lo que a cada uno le viene en gana y a fórmulas a las que se les atribuye un valor mágico que no tienen.

Con el pretexto del ahorro, el PP propone reducir aún más la proporcionalidad del sistema electoral, eliminando concejales y diputados molestos o, simplemente, con técnicas de gerrymandering, sacándose de la manga circunscripciones que no existen, con el objeto de laminar a la oposición, como hacía el corrupto Elbridge Gerry, gobernador de Massachussets, al que le debemos la patente del invento de redibujar a conveniencia el mapa electoral para promover el fraude en la representación.

Es una evidencia que en los planes de reforma electoral del PP no hay ningún interés por el ahorro o por el acercamiento del político al ciudadano, sino el propósito de acabar con la oposición, mantenerse en el gobierno con una porción de votos ridícula, reforzar el bipartidismo y acabar con la función representativa y de control de los órganos electos, lo cual va, dicho sea de paso, en contra de la Constitución. En pocas palabras, con las reformas del PP vamos al sistema uninominal de los burgos podridos, en el que la oposición no existe aunque tenga más votos que el gobierno.

Otros, con mejor intención, argumentan que la panacea de la regeneración democrática está en las listas abiertas o en la eliminación de la ley d’Hondt, confundiendo la lista abierta con el panachage, que casi existe en el Senado aunque no sirva para nada, y no percatándose de que la distorsión de la ley d’Hondt se produce porque la magnitud de la circunscripción es ridícula, de donde se deduce que lo que hay que cambiar es, antes que nada, la magnitud, que hay que subir, equiparando el distrito electoral al ámbito de elección correspondiente, como dicta la lógica: municipio para los ayuntamientos, comunidades autónomas para las autonómicas y el Senado, y todo el territorio para el Congreso de los Diputados y el parlamento europeo.

Lo que hay de malísimo en el sistema electoral es la sobrerrepresentación del que gana, del que tiene el voto concentrado y de las circunscripciones menos pobladas, lo que conduce al voto útil, a representar hectáreas en vez de ciudadanos y al refuerzo del bipartidismo, que es uno de los males del país. Todos los índices de medición de la proporcionalidad (Rae, Loosemore-Hanby, el de los cuadrados mínimos de Gallagher y el de la mayor desviación de Lijphardt) coinciden en que el sistema electoral español es ya muy desproporcional, lo que perjudica enormemente a las formaciones políticas nacionales medianas y pequeñas con el voto disperso, a las que se les roban los escaños que van a parar al ganador sin ningún merecimiento.

En conclusión, el país requiere un sistema electoral distinto que represente la diversidad de opiniones, que las fuerzas sociales democráticas que han irrumpido en el debate político salten a la política inyectando savia nueva, que los partidos y otras fuerzas comprometidas con el cambio del sistema hacia una democracia real adquieran el protagonismo que merecen para iniciar un proceso constituyente y, sobre todo, que los ciudadanos no vuelvan a votar a los corruptos hasta que el séptimo ángel toque la última trompeta, momento en el cual serán destruidos los que destruyen la tierra.

En pocas palabras, nuestro país necesita vergüenza, ciudadanos que la reclamen y mecanismos para exigirla. 

Emilio Alvarado es portavoz del grupo municipal de IU en Azuqueca de Henares

PP y PSOE, una Santa Alianza

Muy propio: cuando se tocan los interese del bipartito, Rubalcaba defiende a Rajoy y critica a IU

Los monarcas de Rusia, Austria y Prusia acostumbraban a guerrear entre sí. Más exactamente, mandaban a la guerra a sus súbditos que pagaban con la muerte, la devastación o las mutilaciones la codicia de sus gobernantes. Rusia luchó contra Prusia en la Guerra de los Siete Años y antes contra los teutones, en batalla épica que encumbró a Alexander Nievskii. Por su parte, Prusia luchó contra Austria en la Guerra de las Siete Semanas, aplastando a los austriacos con sólo un par de encontronazos militares. Pero cuando se trataba de combatir la libertad, las belicistas Prusia, Rusia y Austria estaban en el mismo bando, el del trono y el altar, el de la Santa Alianza, el del Congreso de Viena, el de la defensa del privilegio frente al cambio, el de la restauración frente a la revolución, el de los borbones restituidos en derechos y privilegios. Von Metternich, von Hardenberg y Alejandro I se entendían muy bien cuando tenían que enfrentarse a sus enemigos aunque se odiaran profundamente. Formaban un tripartito a la gresca interna pero blindado ante el enemigo común, como el PP y el PSOE hoy, más unidos por el sistema que defienden y al que representan que separados por las diferencias que amplifican en los medios de comunicación.

Dicho lo anterior, recordamos que sólo han pasado 19 meses desde que Rajoy ganara las elecciones. 

El partido de Rajoy fue votado por casi 11 millones de ciudadanos, de los casi 36 millones con derecho a voto. Quiero esto decir que recibió el 31% de los sufragios, siendo amplísima mayoría los que no votaron al PP, esto es, casi el 70% de los ciudadanos. Por deformación del sistema electoral, el tercio de votantes del PP acapara el 53% de los escaños del Congreso. En otras palabras, el sistema electoral convierte el tercio de los votos del PP en mayoría absoluta, distorsionando la representación y burlando la democracia. Al resto de los ciudadanos, ese 70%, no le corresponde ni la mitad de los escaños, lo cual parece muy justo y equilibrado al PP porque se lleva los escaños que roba a los demás. El PP recibe 22 puntos de regalo en escaños gracias al sistema electoral, que mezcla la circunscripción provincial (en general de muy baja magnitud y que tiende al bipartidismo) con la ley d’Hondt, que lo refuerza en el caso de las circunscripciones pequeñas. El sistema electoral actúa con el PP como las alzas secretas de los zapatos, aunque a gran escala. 

A lo anterior hay que añadir que una porción del tercio de votantes que apoyó al PP lo hizo engañado por las promesas falsas de una campaña que pasará a la historia por el uso desvergonzado de la mentira.

Apuntado esto (que los votantes del PP no son mayoría absoluta y que muchos de ellos se sienten engañados por las mentiras del partido y asqueados por la corrupción de Rajoy y los suyos), no extraña que el partido haya dilapidado en tan solo 19 meses una parte muy notable de su capital político. Rajoy es ya un personaje fracasado, desprestigiado y rechazado por los mismos ciudadanos que antes le dieron su apoyo, entre otras razones por sus mentiras, por haber incumplido sus promesas electorales, por sus reiterados fracasos, por su política de indiferencia y pasividad ante el sufrimiento de los ciudadanos y por la corrupción que ampara y representa. En dos palabras, lo que debemos a Rajoy es austericidio y corrupción.

Se le advirtió al anterior Presidente, el señor Zapatero, que el camino que eligió nos llevaba a la catástrofe, que las políticas austericidas no iban a generar empleo ni a reactivar la economía. El gobierno socialista no escuchó las advertencias sensatas y los ciudadanos le castigaron. Pero el Gobierno del señor Rajoy decidió tomar el mismo camino y a una velocidad mayor, trayectoria que ya, incluso, ni se molesta en disimular.

Es una evidencia que las prioridades de los rajoys, matos, guindos, montoros, werts y demás personajes del gobierno son aumentar la presión fiscal a la clase trabajadora, reducir los derechos sociales al máximo y expoliar y mercantilizar los servicios públicos con la excusa de pagar a los acreedores las deudas acumuladas por la banca española.

El gobierno de Rajoy, una vez fijado el camino, anuncia que no va a cambiar el rumbo. El PP es inmune, incluso, al “mea culpa” del FMI que acaba de reconocer que el primer rescate griego hace tres años no se abordó de forma adecuada,  que se equivocó con Grecia, que fue un error creer que Grecia podría asumir toda su deuda, que sus “expertos” subestimaron el impacto del austericidio sobre la población y la economía. Ahora, Grecia, acatando las órdenes de la troika, se ha visto obligada a recortar las pagas a los pensionistas, a retrasar la edad de jubilación, a bajar el SMI por debajo de los 600 euros, a rebajar salarios, a despedir a 15.000 funcionarios y a eliminar los convenios colectivos. A todo esto se suman un recorte del 40% en los presupuestos de sanidad y  los recortes en partidas relacionadas con la prevención del virus del SIDA, que han provocado un aumento de las infecciones del 200%. En cuanto a los suicidios económicos, Grecia ha pasado de un extremo a otro: de ser uno de los países con una de las tasas más bajas de suicidio  de la UE a experimentar una subida del 60%. La tragedia griega se completa con hambre, abandono de niños en las escuelas porque sus familias ya no los pueden mantener, el sufrimiento de una población que está siendo maltratada y humillada hasta un punto insoportable y el auge del nazismo carcelario. Hoy, Grecia es un país destrozado por unos delincuentes que dicen ser sus gobernantes y que acatan las órdenes de la dictadura de la troika.

Visto lo de Grecia y el cariz que van tomando las encuestas, en España el bipartito está preocupado. Ante las nuevas dificultades que se avecinan, las cúpulas del PP y del PSOE aplican aquello de que “la unión hace la fuerza”, firmando un segundo pacto político que sucede al primero, el de agosto de 2011, con el que cambiaron con extrema urgencia, sin debate previo y sin consultar a los ciudadanos, el artículo 135 de la Constitución.

Así que, desde el verano de 2011, la prioridad absoluta de los gobiernos de Zapatero y de Rajoy ha sido pagar los intereses de la deuda bancaria, aunque ello provoque que la población se muera de hambre. 

Si el primer pacto entre el PSOE y el PP se vistió con embustes, el segundo se pretende justificar con el bulo de la posición común ante el Consejo Europeo. Hay que reconocerle al bipartito tesón en la supervivencia, lo que indica objetivos comunes y la defensa de las nóminas de muchos camaradas que quedarían a la intemperie si se les desmorona el tinglado. ¿Alguien se extraña, por tanto, de que acuerden su punto de vista ante el Consejo Europeo si desde hace mucho tiempo los dos defienden lo mismo?

No debe escandalizar lo dicho. El PSOE y el PP han apostado por el sistema capitalista. Sus dogmas son “el  libre mercado”, “el crecimiento a cualquier precio”, “la competitividad”, “el déficit” y “la deuda”. Tanto el PSOE como el PP defendieron, impulsaron y colaboraron en la construcción de una UE antidemocrática. Aceptaron el Tratado de Maastrich y el resto de tratados neoliberales con los que cedieron la soberanía monetaria y económica al poder financiero privado y a unas instituciones que funcionan al margen de cualquier control democrático. Gracias al PSOE y al PP el gobierno español es libre sólo si hace lo que otros le ordenan. Más bajo no se puede caer.

Las políticas del PSOE y del PP han arrasado nuestro Estado del bienestar. Por su causa, que es idéntica en el fondo, asistimos a una degradación social insultante, con más pobreza, hambre entre los escolares, derechos fundamentales cercenados, gente desesperada protestando, fuga de capitales, Constitución inane, etc. Lo último, el cinismo irritante del PP que recomienda a los jóvenes altamente cualificados y sin futuro “que hagan la maleta” y se “muden”, porque según el señor González Pons, muy dado a las bufonerías de almidón y plancha, “no se puede considerar que trabajar en la UE sea trabajar en el extranjero, porque si lo hacemos así nos estamos equivocando. En la medida en que los jóvenes están en la UE, están en casa”.

Conscientes de su gran deterioro, PP y PSOE pretenden ahora que desde Europa y siempre con el permiso de Merkel y la banca alemana, se adopten medidas que “suavicen” lo efectos devastadores que causan sus decisiones. No se trata de exigir una rectificación, una enmienda total, un golpe de timón, que sería lo adecuado. A lo que se está es a camuflar las políticas neoliberales entre algunas medidas que hagan creer a la población que las cosas están cambiando para reafirmar el tinglado bipartidista de siempre.

El acuerdo PP-PSOE habla de un plan europeo de empleo juvenil, una línea de crédito para Pymes del Banco Europeo de Inversiones (BEI) o medidas de crecimiento e inversiones europeas con cargo a los fondos comunitarios, pero no hace referencia a la derogación del artículo 135 de la Constitución, ni a la derogación de la reforma laboral, ni a cambiar el dominio de los bancos sobre la economía, ni a dejar fuera de la ley a los grupos de presión que sobornan a las instituciones comunitarias para que legislen a su favor. El PSOE y el PP creen que de esta manera se desactivarán las movilizaciones sociales, el crecimiento de la izquierda y el hundimiento del bipartidismo. Pero se equivocan.

El PSOE y el PP no van a cambiar nada. Y menos sus pactos, pinzas, alianzas, entendimientos y reuniones, que sólo sirven para mantener sus privilegios y los de los grupos afines. Hace mucho que el PSOE se olvidó de la “chaqueta de pana”. Y no tanto que el PP dejó la gomina por la melena.

Ahora, en el PSOE y en el PP se lleva más el look casual, el de los güemes, pons, florianos, madinas, etc. Americana de sport, camisa con cuello abierto, sin corbata, pantalones vaqueros, zapatos sin calcetines, todo muy almidonado, planchado y perfumado, caro sin que lo parezca, descuidado pero medido, improvisado pero calculado. El nuevo estilo da a sus dirigentes un aire desenfadado pero dentro de un orden, porque el casual es acomodo sin que lo parezca, acatamiento simpático a lo que hay, ser lo que no se es, como el apoliticismo, el centrismo, la normalidad, el sentido común y el como Dios manda. Adviértense aquí diferencias de matiz entre el PP y el PSOE. El PP es más dado a añadir al uniforme pulseritas de colores y el aire del que se ha levantado tarde y va a una terraza moda a tomarse el brunch. El PSOE se inclina más por los abalorios étnicos de la etnia socialista, que hace mucho que perdieron su significado original. O pulserita o abalorio, esto es lo que nos ofrece el bipartidismo para salir de la crisis, porque el bipartidismo es el casual político de nuestros días.

Los grandes medios de comunicación, uno de los pilares fundamentales del sistema, celebran este pacto que el Rey ya exigió a ambos partidos desde que vio peligrar el cetro que heredó de la dictadura franquista. Creemos que habrá más acuerdos y pactos de Estado entre el PSOE y el PP a medida que aumenten las grietas del régimen salido de la transición. El PSOE de Rubalcaba no se ha movido para hacer frente a las agresivas políticas de desmantelamiento del Estado de bienestar, sino que se ha inclinado hacia la derecha para defender sus privilegios y los intereses del capital. Por este motivo, una parte sustancial de su militancia y votantes está que echa las muelas y piensa en un reemplazo de verdad.

Señores de las direcciones del PP y del PSOE y adjuntos, basta ya de hablar de reformismos o de cambios porque gracias a ustedes asistimos a un continuísmo político que sólo trae más miseria a la sociedad y que margina a millones, a cambio de ofrecer estabilidad al bipartidismo, es decir, a ustedes y a su tinglado. Algún día tendrán que explicarlo.

María José Pérez Salazar pertenece al Consejo Político Local de IU