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| El colegio de abogados, con su decano al frente, se manifiesta en el Palacio de Justicia de Albacete contra la subida de tasas, a pesar de que la subdelegación de gobierno no autorizó la concentración |
La Ley 10/2012, por la que se regulan determinadas tasas
en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de
Toxicología y Ciencias Forenses, es el nuevo despropósito de Gallardón. Su solo
anuncio ha provocado una oleada inédita de protestas de grupos políticos,
asociaciones de consumidores, sindicatos y profesionales del Derecho. Los
contrarios a la ley, de una pluralidad ideológica incontestable, coinciden en
el grave perjuicio que provocará su aplicación.
No es la primera vez que Gallardón, en tanto Ministro de
Justicia, va contra los derechos de las personas. No le basta al ministro con
castigar penalmente al que se manifiesta de manera pacífica, al que ayuda al
inmigrante sin papeles o al que se encierra en una oficina bancaria para evitar
un desahucio. Ahora, a todos ellos y al resto, les dificulta o impide
defenderse ante la justicia cuando sus derechos son vulnerados, subiendo las
tasas judiciales a niveles intolerables.
Organizaciones como Jueces para la Democracia, la Unión Progresista de Fiscales y el Sindicato de Secretarios Judiciales,
entre otras, han manifestado públicamente su disconformidad a esta ley,
advirtiendo a los ciudadanos de la grave indefensión que sufrirán una vez entre
en vigor. Hasta el Consejo General del Poder Judicial, poco dado a
enfrentamientos con el gobierno, las ha calificado de desproporcionadas,
emplazando al Tribunal Constitucional a que se pronuncie sobre ellas.
El precedente de una situación
tan lamentable hay que buscarlo en una ley de la dictadura, del año 1959, en la
que se fijaban unas tasas que servían de complemento a los sueldos de los
secretarios judiciales, tan míseros como la idea de justicia del franquismo.
Aquellas tasas que se aplicaban en todos los órdenes jurisdiccionales, salvo en
lo social y, en algunos casos, en el penal, fueron suprimidas en 1986 mediante
una ley que apelaba al derecho a la tutela judicial efectiva, como manda la
Constitución. Queda claro, en consecuencia, que con este gobierno, de la mano
de Gallardón, volvemos al franquismo judicial.
La ley de Gallardón daña a las
personas que, carentes de medios, quieran hacer valer sus derechos ante los
tribunales del ámbito civil, del contencioso-administrativo o de lo social. Las
nuevas tasas tienen una parte fija y otra variable en función de la cuantía que
se reclame. Hasta un millón de euros, se aplicará un 0,5% de dicha cifra, y de
ahí en adelante sube un 25%. Otro asunto a tener en cuenta es que las tasas se
van acumulando en los diferentes procesos. Quiere decir esto que a la tasa que
se paga al iniciar el procedimiento interponiendo una demanda, hay que sumarle
las correspondientes a los recursos que se añadan en el proceso, muchas veces
farragoso e interminable.
ORDEN
CIVIL
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EJEMPLO
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TASAS
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Juicio
Ordinario
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Divorcio,
reclamación a una aseguradora de una indemnización por accidente,
herencias...
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300 euros
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Juicios
Verbales y Cambiarios
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Pequeños
impagos, problemas de contratos, impago de pagarés...
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150 euros
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Procedimiento
monitorio
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Reclamaciones
en comunidades de propietarios
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100 euros
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Apelación
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Recurrir
una sentencia ante un tribunal superior
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800 euros
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Ejecución
extrajudicial y oposición a la ejecución de títulos judiciales
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Hipotecas
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200 euros
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Concurso
necesario
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Proceso originado por
los acreedores para el cobro de sus créditos a un deudor
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200 euros
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Casación
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Recurso
extraordinario con el que se pretende anular una sentencia que contiene una
incorrecta interpretación o aplicación de la ley
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1.200
euros
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ORDEN
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
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EJEMPLO
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TASAS
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Abreviado
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Reclamar
una multa de tráfico...(asuntos cuya cuantía no supere los 13.000 euros)
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200 euros
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Ordinario
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Todas
aquellas cuestiones que no sean competencia del abreviado por razón de la
cuantía.
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350 euros
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Apelación
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800 euros
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Casación
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1.200
euros
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ORDEN
SOCIAL
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EJEMPLO
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TASAS
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Recurso de
suplicación
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Se
interpone ante los Tribunales Superiores contra las resoluciones dictadas por
los Juzgados de lo Social de su circunscripción.
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500 euros
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Recurso de
casación
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Se
interpone contra las resoluciones dictadas por los Tribunales Superiores de
Justicia.
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750 euros
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Este es el cuadro general de las
nuevas tasas. Expongamos algunos supuestos para entender el daño que producirá
su aplicación.
-
Un conductor es multado con 90 euros. Al no estar de acuerdo
con la sanción, reclama en Tráfico pero sin éxito. Decide recurrir ante el
orden contencioso-administrativo mediante un procedimiento abreviado, por lo
que tiene que abonar una tasa de 200 euros. Aunque ganara en su reclamación,
perdería 110 euros, diferencia entre la tasa pagada y la multa recurrida.
-
Una persona que decide reclamar una herencia deberá abonar una
tasa de 300 euros al tratarse de un juicio ordinario, a la que habría que
añadir el 0,5% de la cantidad reclamada.
Los procedimientos que quedarán
exentos de pagar estas tasas son los siguientes:
· La
interposición de la demanda y la presentación de los recursos en los procesos
de capacidad, filiación y menores, y en los procesos matrimoniales que versen
sólo sobre guarda y custodia de hijos menores o sobre los alimentos que un
progenitor reclame a otro en nombre de los hijos menores.
· La
interposición de demanda y los ulteriores recursos en los procedimientos
establecidos para proteger los derechos fundamentales y las libertades
públicas, así como contra la actuación de la Administración electoral.
· La
solicitud de concurso voluntario por el deudor.
· La
interposición de recurso contencioso-administrativo por funcionarios públicos
en defensa de sus derechos estatutarios.
· La
reclamación de cantidades inferiores a los 2.000 euros en el procedimiento
monitorio y en juicio verbal.
· La
interposición de recursos contencioso-administrativos cuando se recurra en
casos de silencio administrativo negativo o inactividad de la Administración.
¿Cómo afecta a las mujeres víctimas
de violencia de género la subida de las tasas judiciales? En un primer momento,
el Ministro de Justicia no admitió la exención de las tasas para este
colectivo, aunque presionado por las protestas de la oposición y de la sociedad
civil, llegó a manifestar que “estas mujeres estarían exentas del pago de
las tasas”. Como siempre que habla este gobierno, su afirmación era una
mentira a medias. Aunque los casos penales están exentos de tasa, estas mujeres
deberán pagarlas por las demandas civiles de separación o divorcio que
interpongan contra sus agresores, que también tramitan los Juzgados de
violencia de género. Es previsible que cuando no dispongan de medios de pago,
las mujeres dejarán de denunciar el abuso que sufren y no podrán desvincularse
de sus maltratadores.
Como acertadamente señalan
numerosos jueces y magistrados, la aplicación de estas tasas judiciales
limitará e impedirá el acceso de muchos ciudadanos a la justicia, lo que supone
una negación evidente del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva reconocido
en la Constitución. El artículo 24.1 de nuestra norma suprema establece que “todas
las personas tienen derecho a obtener la tutela judicial efectiva de los jueces
y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que en
ningún caso pueda producirse indefensión”. En coherencia con lo dispuesto
en este artículo, la doctrina del Tribunal Constitucional, siguiendo la de los
tribunales europeos, sólo admite las tasas en el ámbito de la justicia cuando
por su importe impidan el acceso a la tutela judicial efectiva de los
ciudadanos. Y esta premisa, precisamente, es la que destruye la nueva ley de
tasas.
Además, esta ley vulnera el
concepto de tasa que establece la Ley General Tributaria, que la define como “el
pago que una persona realiza para sufragar los gastos que ocasiona por el uso
de un servicio público”. No sirve la argumentación que hace el señor
Gallardón del “colapso en la Administración de Justicia” para sostener
la barbaridad que perpetra, porque la agilización, optimización y ahorro del
funcionamiento de una administración se consiguen mediante reformas
organizativas y procesales y nunca vulnerando los derechos básicos de las
personas.
¿Quién reclamará por un despido,
recurrirá una sentencia desfavorable o demandará a un maltratador si carece de
medios? ¿Qué ciudadano hoy en este país, razonablemente, puede pagar 800 o
1.200 euros para hacer valer sus derechos ante los tribunales, e iniciar un
procedimiento farragoso, interminable y al que se añadirán otros costes, tasas
y minutas de abogados y procuradores que, al cabo, sumarán una factura
impagable, por mucha razón que le asista?
El Gobierno del Partido Popular
ha decidido culpar a la ciudadanía de la situación en la que se encuentra el
país. En sanidad, en servicios sociales, en educación y ahora en justicia,
insiste reiteradamente en que la población “abusa” de los servicios públicos.
Es una evidencia: los ciudadanos son, para el PP, unos gorrones a los que hay que limitar el acceso a sus derechos, suprimiéndolos o estableciendo
condiciones imposibles o muy restrictivas para disfrutarlos. En cuanto a los ricos, quedan
tranquilos en asuntos de tribunales. Podrán pleitear a gusto, entre sí se
sobreentiende, porque los pobres ya no pisarán los juzgados, excepto para ser amonestados y condenados. ¿Qué son mil euros para un banco que desahucia o para una
multinacional que despide?
No debemos permanecer impasibles ante una ley injusta que
impide al débil protegerse en los tribunales del abuso del poderoso. Si no hay
justicia triunfa la ley del más fuerte, la selva, el colmillo y la garra, la
violencia del canalla. Es cuestión vital derogar la ley de tasas,
porque de lo contrario la justicia será la imposición de los fuertes, como sostenía Trasímaco, el sofista. La ley de Gallardón protege a los ricos porque gracias a ella sólo los que disponen de medios pueden reclamar la aplicación de las leyes. Si se transige
con este asunto, habrá continuas violaciones de los derechos,
pero de los pobres.
Todo apunta a que este gobierno desea el desbordamiento de
la paciencia de la mayoría, que tiene un límite.
María José Pérez Salazar es integrante del Consejo Político de IU de Azuqueca de Henares
