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| Cayo Lara, coordinador federal de IU, protesta en la escalinata del Congreso contra la Ley Mordaza del PP |
El pasado 16 de octubre, el PP volvió a utilizar su mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados para tumbar las nueve enmiendas presentadas por todos lo grupos de la oposición contra su nueva Ley de Seguridad Ciudadana.
De este modo tan peligroso inició el texto su tramitación
parlamentaria, al que siguió un debate en el que participó el Ministro del
Interior, Jorge Fernández Díaz, y en el que no faltaron momentos de tensión.
El ministro popular, opusdeísta y
extertuliano de la Cadena
Ser , defendió con fanatismo el proyecto de ley como un texto
“profundamente garantista” (…) “con perfecto encaje en el ordenamiento
jurídico” y que es “fruto de la
necesidad de recoger las conductas incívicas tras 23 años de vigencia de la ley
actual”, frases que son una sarta de mentiras tan grandes como que Monago pagó de su bolsillo sus viajes
privados a Canarias, a Fabra siempre le
toca el gordo de Navidad o todos los
tesoreros del PP son personas honradas.
También en el mundo jurídico se
oponen a esta reforma. Entre otros, Jueces
para la Democracia
y la Unión Progresista de Fiscales, que afirman que el
proyecto tiene “un marcado carácter
represivo, con tintes anticonstitucionales e ideado para acallar las críticas
sociales”, juicio que sí parece
ajustado a la realidad y no los embustes y cuentos de Fernández.
En un gobierno donde la desvergüenza
no conoce límite, que cree que basta una mentira o una disculpilla para tapar
su podredumbre, al que le parece estupendo que dieciséis familias con apellidos
de relumbrón atesoren la misma riqueza que catorce millones de pobres, “saltarse a la torera” la opinión de los
juristas es peccata minuta.
Cuando el Gobierno anunció su reforma de Ley Orgánica de
Protección de la
Seguridad Ciudadana sabía que muchos de sus planteamientos
eran inconstitucionales, lo cual no le importaba, acostumbrado a legislar para
sí y los suyos, mayormente para tapar sus expolios y fraudes.
Al repudio de partidos políticos, movimientos sociales y
juristas se sumó Amnistía Internacional,
lo cual llevó al Gobierno a maquillar su intención de declarar la guerra a la
sociedad por la vía de criminalizar la protesta legítima. Por eso remitió un nuevo
texto al Consejo de Estado en el que, al parecer, se contemplaban algunas de
las objeciones del Consejo General del Poder Judicial y se matizaba el
planteamiento puramente policíaco-represor del texto inicial.
En lo que respecta al derecho de
reunión y de manifestación, las principales rectificaciones se refieren a
las identificaciones, los controles, los cacheos, la responsabilidad por
altercados, la grabación de las actuaciones policiales y las concentraciones
frente a los órganos legislativos. En el nuevo texto, las reuniones ante el
Congreso, el Senado o los parlamentos autonómicos serán sancionables cuando
ocasionen una perturbación grave de la seguridad ciudadana, lo que ya contempla
la normativa vigente. El texto inicial pretendía que los organizadores de
reuniones o manifestaciones asumieran la responsabilidad de las acciones de
terceros durante su desarrollo, lo que suponía un golpe al derecho de protesta
porque ninguna organización iba a estar dispuesta a responder por los actos
individuales de cada uno de los participantes.
En cuanto a
las identificaciones policiales en la vía pública, la nueva redacción las limita a los supuestos de prevención de
delitos, nunca frente a una sanción administrativa. Serán trasladadas a comisaría
sólo las personas cuya identidad no pueda comprobarse en la calle y que hayan
consumado la infracción. Tampoco hay demasiados cambios sobre la legislación
actual, que es sistemáticamente incumplida por la policía, en concreto, con la
práctica de las identificaciones por perfil racial.
El nuevo
texto restringe los controles en la calle, que sólo se podrán realizar para localizar al autor de un delito
de especial gravedad o generador de alarma social, un concepto jurídico este
último indeterminado que podría ser el coladero del “todo vale”.
Respecto de
los cacheos, sólo se podrán realizar para prevenir o esclarecer un delito, sin
quedar claro si se aplicarían para infracciones administrativas como, por
ejemplo, la tenencia de sustancias estupefacientes para autoconsumo, fijándose
además que el traslado a comisaría para la identificación de personas no puede
superar el plazo máximo de seis horas.
Una nueva
infracción leve que se incluye en el texto, que supone una sanción que oscila
entre los 100 y 1.000 euros de multa, es la de perder el
DNI en tres o más ocasiones en un
plazo de tres años.
Aunque
la jurisprudencia sobre grabación de imágenes de agentes de policía en el
ejercicio de sus funciones ha tendido generalmente a autorizarlas, el nuevo
texto plantea sancionar no ya el registro de imágenes sino su uso cuando pueda
poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes. Esta
redacción también crea un concepto jurídico indeterminado ya que cualquier
agente puede considerar que ser fotografiado atenta contra su seguridad, por lo
que el margen de arbitrariedad es amplio, con el perjuicio que puede suponer
para el derecho a la libertad de información.
La
principal novedad es la introducción de una graduación de las
sanciones graves y muy graves, con tres
tramos diferenciados: mínimo, medio y máximo. Para fijar el tramo
correspondiente, se consultará el registro de infractores que también se crea
con esta reforma pero que en el nuevo texto no tiene ya la finalidad de
apreciar la reincidencia, sino de controlar la multireincidencia para determinar
la cuantía económica de las sanciones a aplicar.
Con estos
cuatro brochazos el Gobierno de Rajoy pretende saltar las trabas
constitucionales para imponernos un texto que atenta gravemente contra el
ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos reconocidos tanto en
nuestra Constitución como en la Declaración Universal
de los Derechos Humanos. El Gobierno oculta que el contenido fundamental del
articulado va dirigido a obstaculizar y sancionar el derecho a la libertad de
expresión y de reunión, puesto que 27 de las 58 infracciones recogidas en la
ley están directamente relacionadas con el derecho que tenemos los ciudadanos y
ciudadanas a expresar nuestra opinión y hacer valer nuestras ideas en la
calles, ese espacio público que es de todos y cada uno de nosotros.
El proyecto
del ministro no busca proteger a la ciudadanía por mucho que su título lo
afirme, porque en los encabezamientos de las leyes espurias siempre están las
mayores mentiras, sino blindar a un Gobierno autoritario y corrupto de la ira
de un pueblo que está harto de sus depredaciones y saqueos.
El ministro
Fernández nos quiere aplicar una ley represora ideada para actuar contra las
respuestas de la sociedad a la crisis-estafa y a las políticas de austeridad, robo
y latrocinio del PP.
Mientras la
justicia actúa rápidamente contra huelguistas y manifestantes que muestran su
descontento pacíficamente en las calles, los juicios contra los corruptos y
prevaricadores se eternizan y los millonarios protegidos por amnistías y
paraísos fiscales se siguen riendo del común.
La ley del
ministro busca socorrer a los corruptos del PP ante los ciudadanos a los que,
además, el gobierno roba, engaña y apalea, utilizando contra ellos a la policía
que pagamos todos, funcionarios que si cumplieran con su labor tal y como está
tasada en la ley, tendrían inmediatamente que llevar ante el juez de guardia al
gobierno entero.
Lo que España
precisa con urgencia es una nueva Ley de Seguridad Ciudadana, pero para
protegernos del gobierno del PP. Manos a la obra ya.
En un
Estado como el nuestro donde los derechos fundamentales se han convertido
en papel mojado, en el que el desempleo
alcanza cifras desorbitadas, donde cada vez hay más pobres y en el que resulta
mucho más grave ultrajar a un símbolo abstracto que arruinar a una nación
entera o echar a los ciudadanos de sus casas a porrazos, la forma más directa
de protesta, de rebeldía social y de dignidad que queda es la manifestación, la
concentración, la ocupación de las calles de forma pacífica.
El gobierno
del PP dice que “a la calle no”, que
no salgamos, que nos quedemos en casa como mayoría silenciosa, que seamos
invisibles rumiando la desesperación. Busca que sigamos apalancados en casa sin
tejer relaciones con otros, sin organizarnos colectivamente, delante del
televisor, mientras se nos ofrecen algunos realities
socio-políticos de poca monta para que nos desfoguemos en privado.
Rajoy y sus
ministros saben que si nos quedamos en el sillón se mantendrán en las
poltronas. Sillón a cambio de poltrona, eso es lo que quiere el ministro
Fernández. Y si no se acepta el trato, porrazo, multa, inhabilitación y cárcel.
La razón de
la reforma del PP es reforzar la actividad punitiva del Estado para proteger a
los corruptos del número 13 de la calle Génova utilizando para ello la
capacidad sancionadora de la administración.
El proyecto
del gobierno busca imponer el miedo en el ciudadano que no se resigna, al que
trata como enemigo.
Lo que
ocurre es que, como dijo Montesquieu, “cuando
se busca tanto el modo de hacerse temer, se encuentra siempre primero el de
hacerse odiar.
María José
Pérez Salazar forma parte del Consejo Local de IU de Azuqueca de Henares
