Llegó la hora, es el momento de que las cosas cambien

18 de Noviembre de 2010

UN SALUDO A TODOS LOS CIUDADANOS AZUDENSES QUE CREEN QUE LLEGÓ EL MOMENTO DEL CAMBIO

La crisis económica y social amarga nuestras vidas. No es la primera vez que ocurre algo así. En el siglo XIX, desde la primera convulsión del capitalismo allá por 1848, las crisis económicas se sucedieron con una regularidad que impresiona hasta sumar cinco episodios, uno por década. En el siglo XX el capitalismo generó otras seis grandes crisis (1906, 1920, 1929, 1973, 1992 y 2000) y una de ellas, la Gran Depresión, desembocó en la mayor carnicería de la historia de la humanidad bajo la forma de guerra mundial, totalitarismos y holocausto. En el siglo que acaba de comenzar padecemos otra crisis especialmente virulenta y equiparable en parte a la crisis del 29: la que estalló entre los años 2007-2008. El balance general que nos brinda la historia del capitalismo es, por lo tanto, muy claro: doce crisis en poco más de siglo y medio o, lo que es lo mismo, aproximadamente una crisis económica cada catorce años.

Todas estas crisis tienen puntos en común y, sobre todo, un desenlace idéntico: sus consecuencias inmediatas las pagaron siempre los más desfavorecidos.

Además de ser intrínsecamente inestable, el capitalismo ha dejado en la cuneta al 80% de la población mundial. El capitalismo, por tanto, es un sistema económicamente ineficiente porque no es capaz de sastisfacer las necesidades básicas de los seres humanos, a lo que une su condición de depredador de los recursos de un planeta que ya no aguanta más y que está comenzando a rebelarse contra la humanidad.

En la actualidad los grandes partidos nacionales se han convertido, por convicción o por impotencia, en abanderados de una visión del capitalismo singularmente dañina: el neoliberalismo. Parece que les importe más el bienestar del gran capital que el de los ciudadanos. Esos partidos aprueban paquetes multimillonarios de ayudas para una banca codiciosa e irresponsable mientras que endurecen la legislación laboral, rebajan el sueldo a los trabajadores y anuncian la reducción de las pensiones.

Para mantener sus cuotas de poder esos partidos mantienen un tinglado, el del bipartidismo, que pervierte el ideal representativo de la democracia. Para ello cuentan con la inestimable ayuda de pequeñas formaciones nacionalistas que, a cambio, reciben cuotas de poder muy por encima de la realidad social y política a la que representan. Obviamente, en este juego de suma cero, quien sale perdiendo es Izquierda Unida ya que el exceso de representación del PSOE, del PP y de los nacionalistas es el resultado del robo de la representación política que legítimamente deberíamos tener.

En Izquierda Unida de Azuqueca de Henares estamos convencidos de que el cambio no es una opción sino una obligación. El tiempo se agota y el margen se estrecha. Estamos llegando al límite físico de un sistema que atenta gravemente contra el equilibrio ecológico, la justicia, la igualdad y la paz social. El número de ciudadanos conscientes de esta realidad tan grave aumenta a diario aunque su voz no se escucha aún lo suficiente.

Por eso hemos creado este blog. En él los miembros de la candidatura de Izquierda Unida de Azuqueca de Henares y otros afiliados de nuestra organización expondremos nuestras reflexiones y propuestas para contribuir a una discusión serena sobre los graves retos a los que hemos de hacer frente, tanto a nivel general como local.

Pretendemos animar un debate social pervertido por gente que se escuda en el anonimato que proporciona internet para insultar cobardemente al adversario, por tertulias escandalosas y por mercenarios de la opinión que cobran por envenenar las conciencias. ¡Basta ya de rebuznos, de groserías, de zafiedad y de silencios cómplices!

Hay quienes considerarán que nuestros objetivos son muy ambiciosos. Cierto. Pero la urgencia de afrontarlos no es menor que la magnitud del desafío ante el que hemos de medirnos.

Concluyamos esta presentación con una frase inmortal de nuestro Francisco de Quevedo que, a pesar del tiempo transcurrido desde que se escribió, viene muy a punto: si quieres leernos "léenos, y si no, déjalo, que no hay pena para quien no nos leyere."

Consejo Político Local de IU

lunes, 10 de noviembre de 2014

Ley Modarza

Cayo Lara, coordinador federal de IU, protesta en la escalinata del Congreso contra la Ley Mordaza del PP

El pasado 16 de octubre, el PP volvió a utilizar su mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados para tumbar las nueve enmiendas presentadas por todos lo grupos de la oposición contra su nueva Ley de Seguridad Ciudadana.

De este modo tan peligroso inició el texto su tramitación parlamentaria, al que siguió un debate en el que participó el Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y en el que no faltaron momentos de tensión.

El ministro popular, opusdeísta y extertuliano de la Cadena Ser, defendió con fanatismo el proyecto de ley como un texto “profundamente garantista” (…) “con perfecto encaje en el ordenamiento jurídico” y que es “fruto de la necesidad de recoger las conductas incívicas tras 23 años de vigencia de la ley actual”, frases que son una sarta de mentiras tan grandes como que Monago pagó de su bolsillo sus viajes privados a Canarias, a Fabra siempre le toca el gordo de Navidad o todos los tesoreros del PP son personas honradas.

También en el mundo jurídico se oponen a esta reforma. Entre otros, Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales, que afirman que el proyecto tiene “un marcado carácter represivo, con tintes anticonstitucionales e ideado para acallar las críticas sociales”, juicio que sí parece ajustado a la realidad y no los embustes y cuentos de Fernández.

En un gobierno donde la desvergüenza no conoce límite, que cree que basta una mentira o una disculpilla para tapar su podredumbre, al que le parece estupendo que dieciséis familias con apellidos de relumbrón atesoren la misma riqueza que catorce millones de pobres, “saltarse a la torera” la opinión de los juristas es peccata minuta.

Cuando el Gobierno anunció su reforma de Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana sabía que muchos de sus planteamientos eran inconstitucionales, lo cual no le importaba, acostumbrado a legislar para sí y los suyos, mayormente para tapar sus expolios y fraudes.

Al repudio de partidos políticos, movimientos sociales y juristas se sumó Amnistía Internacional, lo cual llevó al Gobierno a maquillar su intención de declarar la guerra a la sociedad por la vía de criminalizar la protesta legítima. Por eso remitió un nuevo texto al Consejo de Estado en el que, al parecer, se contemplaban algunas de las objeciones del Consejo General del Poder Judicial y se matizaba el planteamiento puramente policíaco-represor del texto inicial.

En lo que respecta al derecho de reunión y de manifestación, las principales rectificaciones se refieren a las identificaciones, los controles, los cacheos, la responsabilidad por altercados, la grabación de las actuaciones policiales y las concentraciones frente a los órganos legislativos. En el nuevo texto, las reuniones ante el Congreso, el Senado o los parlamentos autonómicos serán sancionables cuando ocasionen una perturbación grave de la seguridad ciudadana, lo que ya contempla la normativa vigente. El texto inicial pretendía que los organizadores de reuniones o manifestaciones asumieran la responsabilidad de las acciones de terceros durante su desarrollo, lo que suponía un golpe al derecho de protesta porque ninguna organización iba a estar dispuesta a responder por los actos individuales de cada uno de los participantes.

En cuanto a las identificaciones policiales en la vía pública, la nueva redacción las limita a los supuestos de prevención de delitos, nunca frente a una sanción administrativa. Serán trasladadas a comisaría sólo las personas cuya identidad no pueda comprobarse en la calle y que hayan consumado la infracción. Tampoco hay demasiados cambios sobre la legislación actual, que es sistemáticamente incumplida por la policía, en concreto, con la práctica de las identificaciones por perfil racial.

El nuevo texto restringe los controles en la calle, que sólo se podrán realizar para localizar al autor de un delito de especial gravedad o generador de alarma social, un concepto jurídico este último indeterminado que podría ser el coladero del “todo vale”.

Respecto de los cacheos, sólo se podrán realizar para prevenir o esclarecer un delito, sin quedar claro si se aplicarían para infracciones administrativas como, por ejemplo, la tenencia de sustancias estupefacientes para autoconsumo, fijándose además que el traslado a comisaría para la identificación de personas no puede superar el plazo máximo de seis horas.

Una nueva infracción leve que se incluye en el texto, que supone una sanción que oscila entre los 100 y 1.000 euros de multa, es la de perder el DNI en tres o más ocasiones en un plazo de tres años.

Aunque la jurisprudencia sobre grabación de imágenes de agentes de policía en el ejercicio de sus funciones ha tendido generalmente a autorizarlas, el nuevo texto plantea sancionar no ya el registro de imágenes sino su uso cuando pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes. Esta redacción también crea un concepto jurídico indeterminado ya que cualquier agente puede considerar que ser fotografiado atenta contra su seguridad, por lo que el margen de arbitrariedad es amplio, con el perjuicio que puede suponer para el derecho a la libertad de información.

La principal novedad es la introducción de una graduación de las sanciones graves y muy graves, con tres tramos diferenciados: mínimo, medio y máximo. Para fijar el tramo correspondiente, se consultará el registro de infractores que también se crea con esta reforma pero que en el nuevo texto no tiene ya la finalidad de apreciar la reincidencia, sino de controlar la multireincidencia para determinar la cuantía económica de las sanciones a aplicar.

Con estos cuatro brochazos el Gobierno de Rajoy pretende saltar las trabas constitucionales para imponernos un texto que atenta gravemente contra el ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos reconocidos tanto en nuestra Constitución como en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El Gobierno oculta que el contenido fundamental del articulado va dirigido a obstaculizar y sancionar el derecho a la libertad de expresión y de reunión, puesto que 27 de las 58 infracciones recogidas en la ley están directamente relacionadas con el derecho que tenemos los ciudadanos y ciudadanas a expresar nuestra opinión y hacer valer nuestras ideas en la calles, ese espacio público que es de todos y cada uno de nosotros.

El proyecto del ministro no busca proteger a la ciudadanía por mucho que su título lo afirme, porque en los encabezamientos de las leyes espurias siempre están las mayores mentiras, sino blindar a un Gobierno autoritario y corrupto de la ira de un pueblo que está harto de sus depredaciones y saqueos.

El ministro Fernández nos quiere aplicar una ley represora ideada para actuar contra las respuestas de la sociedad a la crisis-estafa y a las políticas de austeridad, robo y latrocinio del PP.

Mientras la justicia actúa rápidamente contra huelguistas y manifestantes que muestran su descontento pacíficamente en las calles, los juicios contra los corruptos y prevaricadores se eternizan y los millonarios protegidos por amnistías y paraísos fiscales se siguen riendo del común.

La ley del ministro busca socorrer a los corruptos del PP ante los ciudadanos a los que, además, el gobierno roba, engaña y apalea, utilizando contra ellos a la policía que pagamos todos, funcionarios que si cumplieran con su labor tal y como está tasada en la ley, tendrían inmediatamente que llevar ante el juez de guardia al gobierno entero.

Lo que España precisa con urgencia es una nueva Ley de Seguridad Ciudadana, pero para protegernos del gobierno del PP. Manos a la obra ya.

En un Estado como el nuestro donde los derechos fundamentales se han convertido en  papel mojado, en el que el desempleo alcanza cifras desorbitadas, donde cada vez hay más pobres y en el que resulta mucho más grave ultrajar a un símbolo abstracto que arruinar a una nación entera o echar a los ciudadanos de sus casas a porrazos, la forma más directa de protesta, de rebeldía social y de dignidad que queda es la manifestación, la concentración, la ocupación de las calles de forma pacífica.

El gobierno del PP dice que “a la calle no”, que no salgamos, que nos quedemos en casa como mayoría silenciosa, que seamos invisibles rumiando la desesperación. Busca que sigamos apalancados en casa sin tejer relaciones con otros, sin organizarnos colectivamente, delante del televisor, mientras se nos ofrecen algunos realities socio-políticos de poca monta para que nos desfoguemos en privado.

Rajoy y sus ministros saben que si nos quedamos en el sillón se mantendrán en las poltronas. Sillón a cambio de poltrona, eso es lo que quiere el ministro Fernández. Y si no se acepta el trato, porrazo, multa, inhabilitación y cárcel.

La razón de la reforma del PP es reforzar la actividad punitiva del Estado para proteger a los corruptos del número 13 de la calle Génova utilizando para ello la capacidad sancionadora de la administración.

El proyecto del gobierno busca imponer el miedo en el ciudadano que no se resigna, al que trata como enemigo.

Lo que ocurre es que, como dijo Montesquieu, “cuando se busca tanto el modo de hacerse temer, se encuentra siempre primero el de hacerse odiar.

María José Pérez Salazar forma parte del Consejo Local de IU de Azuqueca de Henares