El bipartidismo más allá de la política: Aznar (PP) y Salgado (PSOE) en la nómina de ENDESA

Elena Salgado, Consejera de ENDESA

José María Aznar, Asesor de ENDESA

Ocurre con irritante frecuencia que ministros y presidentes del Gobierno de la nación, una vez abandonada la responsabilidad pública, entran a formar parte de manera inmediata de los Consejos de Administración de grandes empresas privadas a cambio de suculentos honorarios, quién sabe si por los “servicios prestados”, por los “servicios a prestar” o por un compendio de ambas cosas.

Es esta una práctica que no por habitual y legal deja de ser vergonzosa, porque demuestra al unísono la ambición mezquina de bienestar tocinero (en feliz expresión de nuestro injustamente olvidado Ramón de Garciasol) de quien disfruta de prebendas dudosas, y la ósmosis entre intereses públicos y privados, verdadera lepra de nuestra democracia.

El bipartito no ha perdido ni un segundo en buscar retiros dorados a sus más insignes representantes, no satisfechos con el generoso estipendio público del que se han hecho acreedores cuando dejan su responsabilidad política. Todo hace sospechar que detrás de estos fichajes se ocultan pactos vergonzantes y tratos de favor entre los dirigentes de unos y de otras, que viven en un retortero mutuo en el que se mezcla lo que habría de estar absolutamente disociado. Cuando se trata de prebendas, el bipartidismo lo aguanta todo y se aplica a sí mismo aquello que decía Séneca sobre las magnitudes: “nunca es poco lo bastante; nunca es bastante lo que es mucho”.

La lista de ex políticos del bipartidismo (y de otras muletillas políticas nacionalistas) que ahora cobran nóminas de relumbrón de grandes empresas privadas es tan extensa como interesante: Felipe González, ex presidente del Gobierno (PSOE), es en la actualidad Consejero de Gas Natural; Miguel Boyer, ex ministro de Economía y Hacienda (PSOE), es Consejero de Red Eléctrica Española; Pedro Solbes, ex ministro de Economía y Hacienda (PSOE), es miembro del Consejo de Administración de la eléctrica italiana ENE, propietaria de ENDESA y Consejero del Barclays Bank; José María Aznar, ex presidente del Gobierno (PP), trabajó para Centaurus Capital, fondo de inversiones especulativas con sede en las Islas Caimán, es asesor externo de ENDESA y asalariado de lujo de un imperio mediático, el de Rupert Murdoch, que está acusado de escuchas ilegales, soborno, chantaje y manipulación informativa entre otros cargos de gravedad.

A todos estos ex políticos se suman Rodrigo Rato (PP), Miguel Roca (CiU), Isabel Tocino (PP), Abel Matutes (PP), Josep Borrell (PSOE), Javier de Paz (PSOE), Eduardo Zaplana (PP), Miguel Ángel Acebes (PP) y una interminable lista que sería tedioso reproducir aquí. Pero detengámonos en el último caso conocido, porque lo merece: el de la señora Salgado. La que fuera número dos del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, anunció a principios del mes de marzo su fichaje por ENDESA en Chile. Elena Salgado se unirá al equipo de asesores internacionales de la eléctrica presidida por Borja Prado para poner en valor, según comunicado de la empresa, sus “conocimientos”, para lo que está tramitando las autorizaciones pertinentes del Ministerio de Administraciones Públicas. Gracias al ejemplo de la señora Salgado comprobamos, una vez más, que la puerta giratoria entre las cúpulas del bipartidismo y las grandes empresas está engrasada, que gira que es un gusto y que por ella discurre una élite poltrona acostumbrada a mandar mucho y a cobrar más.

Y es que estos ex mandatarios, adictos a pisar moquetas de lana tipo Axminster, dan el salto de lo público a lo privado sin esperar a que a los ciudadanos se les borre de la memoria su imagen como ministros o altos cargos de la Administración. Apenas cesan, se incorporan a sus nuevas tareas empresariales, demostrando una gran habilidad para caer siempre de pie. 

La filiación partidaria de los ex ministros y de otros dirigentes de partidos políticos institucionales que obtienen una prebenda en los Consejos de Administración de las grandes compañías no es un condicionante a la hora de ser reclutados por la gran empresa. La patronal sabe que la clave consiste en disponer de peones para influir en cada turno gubernamental, recreando la vieja España de la Restauración en la que era costumbre que Cánovas y Sagasta se otorgaran mutuamente cuantas credenciales vergonzantes hicieran falta para tapar sus mutuas oscuridades. Con esta práctica se trata de constituir una peculiar forma de lobby que permite a la gran empresa influir y presionar sobre las decisiones de los gobiernos que, como viene siendo tradición, gracias a un sistema electoral corrupto, están en manos del PSOE o del PP. El objetivo es que la empresa privada saque rentabilidad del bipartidismo y viceversa, en alegre simbiosis que nos conduce a las más altas cimas de la miseria colectiva.

Todo este escándalo está amparado por la ley, que consiente la íntima relación entre el servicio público y el enriquecimiento privado. A pesar de la profunda gravedad de la crisis y del comportamiento avaricioso e insolente de los actores corporativos, no se han tomado medidas como la intervención pública de empresas estratégicas, elevar la inspección y la presión fiscal sobre los bancos o aumentar el control de las actividades especulativas. Es evidente que las élites del bipartidismo no van a gobernar y aún menos legislar contra la mano que, de manera tan generosa, está dispuesta a enriquecerles cuando salen de las instituciones.

Esta malsana promiscuidad entre cierto sector de la política y el gran capital es algo más que una extendida inmoralidad personal. Supone un deterioro intolerable de nuestra democracia, al convertirse en una garantía continuista de las políticas neoliberales que han provocado una crisis económica sin precedentes y que conducen, irremediablemente, a la ruina social. La casta política que discurre con comodidad por las puertas giratorias de la colusión, además de carecer de moralidad, ha optado por apuntalar la dictadura de los mercados en vez de gobernar en defensa de la sociedad. A la vista de currículum como los de Felipe González, José María Aznar o Pedro Solbes, se hace necesario endurecer el régimen de incompatibilidades entre política y negocios. Por cierto, el señor Solbes se comprometió, durante su mandato ministerial a revisar esta normativa. Ahora se entiende por qué no lo hizo.

El pasado 6 de marzo, Alberto Garzón, diputado de Izquierda Unida, llevó a cabo una iniciativa parlamentaria para que el Gobierno estudiara la posibilidad de reformar la regulación de los conflictos de intereses de los altos cargos, con el fin de garantizar una separación nítida entre la esfera pública y la esfera privada. IU recordó que la ley 5/2006 de 10 de abril, De regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado establece que “durante los dos años siguientes a la fecha de su cese, los altos cargos no podrán desempeñar sus servicios en empresas o sociedades privadas relacionadas directamente con las competencias del cargo desempeñado”. El bipartidismo, interpelado por esta cuestión, guarda un silencio embarazoso del que habrá que sacarle con agua hirviendo. Ya estamos calentando las calderas.

Una cosa es obvia: los políticos y ex-políticos que forman parte del sistema bipartidista tienen una versatilidad de la que carecemos el resto de los mortales. Lo mismo portan la cartera de economía para conducir con eficacia a millones de ciudadanos a vivir a contrapelo que llevan un banco a la quiebra, o asesoran a una empresa energética y suben el recibo de la luz a unos ciudadanos que viven, cada vez más, a dos velas. Ellos pueden con todo, pero sólo porque se lo permitimos.

María José Pérez Salazar es miembro del Consejo Político de IU de Azuqueca de Henares

¿Qué diría Jesucristo de la reforma laboral del PP?

La derecha cristiana está sumida en contradicciones insalvables. Es cierto que sus incoherencias pasan desapercibidas, porque una muchedumbre de medios amigos se encargan de taparlas bajo toneladas de mala retórica y de falsedades sin cuento. Pero, con todo, ahí están, bullendo en un subsuelo metafísico que se resquebraja y que, en su deterioro, no es capaz de sostener la fe del más crédulo.

Un ejemplo de tal estado de cosas lo proporciona el impacto que está teniendo la reforma laboral en las filas católicas. Dos organizaciones cristianas, la HOAC (Hermandad obrera de Acción Católica) y la JOC (Juventud Obrera Cristiana), publicaron el pasado 16 de febrero un comunicado contrario al decreto del gobierno del PP. El texto fue enviado a todas las parroquias por la Delegación Episcopal Diocesana de Pastoral del Trabajo, para su difusión y debate. Inmediatamente, el jefe de la Conferencia Episcopal, Rouco Varela, prohibió tal difusión porque consideraba improcedente el contenido del manifiesto. Tras un pulso de poder que duró poco tiempo, venció la imposición de la jerarquía. La censura ideológica se alzó victoriosa y en los templos no se habló de los afanes y sufrimientos de las personas.

Como en un espejo limpio, esta pugna refleja dos clases de contradicciones. La primera, se da entre una concepción teocrática-descendente del poder, encabezada por la Conferencia Episcopal, que choca con la visión conciliar del poder religioso, encarnada hoy en algunas organizaciones cristianas de base. Esta pugna, que dura más de ocho siglos, enfrenta la concepción del poder construida por los papas León I (440-461) y Gelasio (495) con la de los vigorosos movimientos conciliares del siglo XIV, que tanto le deben al derecho canónico de los siglos XII y XIII, a la recuperación del aristotelismo en occidente y a las tesis de Guillermo de Ockham, Marsilio de Padua y Bártolo de Sassoferrato, entre otros muchos pensadores insignes. Digámoslo en otros términos: o la Iglesia se edifica sobre la base del absolutismo de sus jefes, que tienen, por tanto, poder de “atar y desatar” (plenitudo potestatis, gubernator y principatus) o el poder soberano reside en la congregación de los creyentes. Si el jefe religioso es soberano, los creyentes son meros súbditos: doctrina de los dictatus papae. Al contrario, si la soberanía reside en los creyentes, el jefe religioso es un miembro más de la Iglesia, carente de las atribuciones mágicas que se le suelen suponer: doctrina de la congregatio fidelium. 

A esta primera contradicción se une otra no menor: la de la alianza de la Iglesia católica con el gobierno del PP. En un mundo cada vez más secularizado, en el que el pensamiento religioso está en franca huída, la jerarquía católica se aferra al poder secular porque, por sí sola, nada puede. De los obispos que comandaban ejércitos y asediaban fortalezas, se ha pasado a los obispos que besan el cetro del poder civil que les hace el caldo gordo en el empeño de mantener una sociedad clerical, por lo demás, condenada al fracaso. Separados irremediablemente el sacerdotium del regnum, viene a suceder que la alianza se forja con el poder civil de ideología conservadora, único garante político del privilegio y la excepción, oxígeno vital de una institución humana, la Iglesia, incapaz hoy de respirar sin asistencia. Esta premisa es asumida por la jerarquía católica española, llevándola a defender al gobierno amigo y, como es el caso que nos ocupa, a corresponder los favores recibidos con silencios y complicidades escandalosas. Rouco Varela sabe que su  reino, que sí es de este mundo, se sostiene sobre un entramado de privilegios inaceptables y hará todo lo que esté en su mano para defender a los gobernantes que garanticen tal estado de cosas. Escaso precio para tan “alto” fin es que haya que censurar un comunicado que puede molestar a un gobierno aliado, aún cuando el espíritu del texto esté en concordancia con el Evangelio de San Juan. 

Convendría que los jerarcas de la Iglesia, incluido Rouco Varela, releyeran el relato de Juan el evangelista en el que se describe a un Jesús furioso que improvisa un látigo con cuerdas, con el que echa a vendedores y cambistas que comercian impunemente en el Templo, desparramando el dinero de los comerciantes y volcando sus mesas, diciendo “No hagáis de la Casa de mi Padre una casa de mercado.” 

Por su interés, reproducimos a continuación el escrito de ambas organizaciones cristianas, para conocimiento y juicio general.

COMUNICADO ANTE LA NUEVA REFORMA LABORAL

La Juventud Obrera Cristiana (JOC) y la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC), como parte de la Iglesia en el mundo obrero y del trabajo, ofrecemos esta reflexión ante la aprobación por el Consejo de Ministros de una nueva reforma laboral.

Nos encontramos con la 16ª reforma del mercado de trabajo en democracia. Hasta ahora las sucesivas reformas laborales llevadas a cabo por los gobiernos, de uno u otro signo político, bajo el pretexto de modernizar y flexibilizar dicho mercado laboral, han transformando la concepción y función del trabajo asalariado en nuestra sociedad y están socavando los derechos de las personas trabajadoras y de sus familias.

Estas reformas siempre se han presentado como una necesidad para combatir el desempleo, pero sólo han conseguido:

- incrementar el empleo temporal, especialmente para los jóvenes;

- diversificar las modalidades de contratación a la carta;

- abaratar el coste del despido;

- reducir el crecimiento de los salarios;

- devaluar lo público (servicios sociales, educación y sanidad).

En definitiva, han profundizado en el trabajo precario y en el empobrecimiento de las familias trabajadoras. Un ejemplo lo tenemos en los años de crecimiento económico anteriores a la actual crisis: aún creándose riqueza y empleo, estos no sirvieron para disminuir la pobreza en nuestro país. Ninguna reforma ha estado orientada hacia la expansión de un empleo decente como Benedicto XVI reclama en la encíclica Caritas in veritate. Los derechos que emanan de un trabajo a la altura del ser humano no pueden estar subordinados a las exigencias económicas. Es la economía la que debe orientarse a las necesidades de las personas y de sus familias; es el ser humano el centro de la actividad económica y laboral. El respeto a la dignidad del trabajo, vinculado a la dignidad de la persona, es y debe ser el criterio central de una economía orientada por “una ética amiga de la persona”. (Benedicto XVI, Caritas in veritate, 45)

Esta nueva reforma es otra agresión al trabajo humano como principio de vida. Creemos que una reforma laboral que pretende ser completa y marcar un antes y un después en las relaciones laborales, no puede hacerse sin el suficiente consenso social entre las personas trabajadoras y el colectivo empresarial. Y tendría, además, que responder a las necesidades de las familias trabajadoras y no a las exigencias impuestas por los mercados financieros, las grandes empresas, las instituciones comunitarias y los organismos económicos internacionales.

Esta reforma laboral es una vuelta de tuerca más para flexibilizar el mercado de trabajo:

· Quiebra el derecho constitucional a la negociación colectiva y a la capacidad organizativa de los trabajadores (no existe negociación real de los trabajadores en el ámbito de la empresa cuando el 95% del tejido productivo español está compuesto por empresas de menos de 50 trabajadores. Este Real Decreto contempla la fractura de la cohesión social al habilitar la “caducidad” de los convenios colectivos desincentivando cualquier negociación entre las partes)

· Facilita y abarata la expulsión del mercado de trabajo: quita trabas al despido por causas económicas; rebaja la indemnización del improcedente (pasando a 33 días por año trabajado, con un máximo de 24 mensualidades) y elimina la autorización administrativa para poder llevar a cabo los expedientes de regulación de empleo. Los contratos indefinidos con esta nueva regulación tampoco tendrán, como los temporales, condición de estabilidad.

· Abre el camino para ajustar los salarios a la productividad. Con esta reforma, los salarios de los trabajadores más débiles van a depender de la voluntad unilateral del empresario.

· Dificulta, cuando no impide o precariza, el empleo juvenil. Más del 80% del empleo destruido por la crisis corresponde a empleo juvenil. El nuevo contrato de trabajo indefinido, especialmente para jóvenes (también para desempleados de larga duración), dirigido a las empresas de menos de 50 trabajadores, se puede convertir, más que indefinido, en un contrato temporal sin causa justificada. Estas nuevas modalidades de contratación y regulación ponen en serio peligro, aún más, la estabilidad presente y futura de la mayor parte de la juventud.

No compartimos la individualización de las relaciones laborales que propone esta reforma. Recordamos a nuestros gobernantes que el trabajo es una experiencia comunitaria y que una de las funciones de la empresa, según la Doctrina Social de la Iglesia, es favorecer la comunitariedad. Todo lo que suponga la individualización, dar prioridad a los intereses personales frente a los colectivos, significa romper la vocación a la comunión del ser humano. No es lícito eliminar derechos y protección de las personas trabajadoras con el argumento de combatir el desempleo y de reducir la temporalidad, cuando han sido las políticas económicas de los últimos gobiernos las que han provocado que haya un tejido productivo tan débil y un empleo tan precario.

No podemos seguir flexibilizando  las relaciones laborales sin garantizar la seguridad de una vida digna para las personas trabajadoras y sus familias. Y esta reforma se lleva a cabo en un contexto de quiebra del Estado de Bienestar, de reducción del Sector Público y de recortes de los servicios y prestaciones sociales sin precedentes.

Esta reforma rompe el débil equilibrio conquistado históricamente entre capital-trabajo, alejándose del principio siempre defendido por la Iglesia de la prioridad del trabajo frente al capital. Además, supone un nuevo golpe al Derecho Laboral limitando su capacidad de frenar la creciente mercantilización y “cosificación” del trabajo humano. Consideramos que este gobierno ha aprovechado el estado de quietud y miedo de la mayor parte de la ciudadanía, para eliminar viejas conquistas laborales y aspiraciones conseguidas tras muchas luchas de tantas personas a lo largo de la historia.

Los retos actuales que atraviesa la economía española requieren medidas políticas concertadas en el ámbito internacional que subordinen la economía financiera a la economía productiva. Es preciso, como ha pedido insistentemente Benedicto XVI y el Pontificio Consejo Justicia y Paz, una reforma del sistema financiero internacional. Esta reforma supondría avanzar en justicia social y comunión de bienes, redistribuyendo efectivamente la riqueza existente; controlar la economía especulativa y frenar el desmedido afán de lucro, en lugar de eliminar derechos. Este es el camino que puede generar riqueza orientada a la creación de empleo decente y con derechos, y a disminuir la pobreza.

Como Iglesia en el mundo obrero, en las actuales circunstancias, pedimos a las autoridades políticas, a los agentes sociales y económicos, al conjunto de los trabajadores y de la sociedad, y especialmente a los cristianos y cristianas, que caminemos juntos, con la intención de eliminar las causas que han generado esta crisis económica y, al mismo tiempo, superemos las estructuras económicas y sociales injustas que tanto sufrimiento, deshumanización y pobreza están provocando a las personas.

También instamos a los partidos políticos a corregir y reorientar, en el proceso parlamentario, esta reforma laboral poniendo en el centro de la misma el trabajo decente y con derechos y, al mismo tiempo, animamos a participar en las iniciativas y movilizaciones que se convoquen por parte de las organizaciones eclesiales, sociales y sindicales que ayuden a tomar conciencia y revertir esta situación tan lesiva para las personas trabajadoras y sus familias.

Emilio Alvarado Pérez es portavoz de IU en el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares

Mentiras del PP sobre la dación en pago

La elocuencia de las cifras es inapelable. Cientos de miles de desahuciados sin que el PSOE o el PP movieran un dedo

El estallido de la burbuja inmobiliaria, unido a las condiciones en que se concedieron créditos hipotecarios y a la actual coyuntura económica, han provocado que muchas familias españolas vivan una situación límite. No sólo se enfrentan al drama de la pérdida de su hogar, sino también a una condena financiera vitalicia al no poder hacer frente a la deuda hipotecaria contraída, ni siquiera con la entrega de la vivienda que compraron a crédito y que se entiende, dado que actuaba como aval, que subsume en sí el riesgo de un impago. Como consecuencia de este abuso perpetrado por las entidades de crédito, nuestro país está inmerso en un drama humano que hasta ahora no ha merecido más que el desprecio y la chacota de los gobiernos del bipartidismo.

Izquierda Unida, junto con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), viene reivindicando desde el año 2009 la regulación de la dación en pago para paliar el maltrato jurídico y el desamparo que sufren cientos de miles de ciudadanos que, perdidos sus ingresos, ya no pueden pagar su casa. En febrero de 2011, el grupo mixto ICV-IU-ERC, en el marco del debate sobre una Propuesta de Ley acerca del derecho a la vivienda, introdujo una disposición que contemplaba la dación en pago, que no fue aprobada porque el PSOE y el PP la tumbaron con sus votos.

Es muy importante recordar a los ciudadanos de este país, que tienen una memoria tan selectiva y frágil, que desde entonces toda la actividad parlamentaria favorable a la dación en pago ha sido vetada por el bipartito nacional, lo cual no extraña dada la connivencia entre la banca y las cúpulas del PSOE y del PP, de la que hay tantas y tan abrumadoras pruebas que resulta aburrido repetirlas una vez más.

Es completamente entendible que el bipartidismo impida la dación en pago puesto que para el bipartidismo lo primero es la protección de una banca acostumbrada a actuar con impunidad y que, cuando se mete en líos, es rescatada con dinero público y con indultos a sus directivos. ¿Cómo se explica de otro modo que la última decisión del Gobierno de ZP fuese perdonar de sus delitos a Alfredo Sáez, Consejero del Banco de Santander, o que el actual Ministro de Economía del PP, Luis de Guindos, proceda del quebrado Lehman Brothers y haya sido consejero del Banco Mare Nostrum, además de cobrar por otros altos cargos en multinacionales de la auditoria y de la fiscalidad?

El pasado día 22 de febrero, el citado de Guindos nos quiso “sorprender” abordando el  tema de la dación en pago. El gobierno necesitaba de alguna buena noticia después de subir los impuestos a los asalariados, de dibujar una reforma laboral calificada por el Ministro como “muy agresiva” y de aumentar los recortes en derechos básicos como la sanidad y la educación. Ante tanto estacazo, la opinión pública se agitaba molesta y el gobierno vio preciso recitarle al pueblo cosas bonitas en décimas o quintillas. Y qué mejor tema de composición que la dación en pago, asunto sensible y de gran interés humano. Se adelantaron tres meses los juegos florales.

¿En qué consiste la supuesta dación en pago del PP? El Ejecutivo, ansioso por lanzar algún mensajito, por falaz que fuese, con el que calmar los ánimos de una ciudadanía encabritada, proponía permitir la dación en pago a “aquellas familias que se encuentren con todos sus miembros en paro, cuya vivienda objeto de ejecución sea primera y única residencia y que no cuenten con ingresos suficientes para afrontar el pago de la hipoteca”. En pocas palabras, el Gobierno hablaba de permitir la dación en pago pero sólo a familias pobres de solemnidad que están en el zaguán de la exclusión y de la indigencia. Y bien decimos que hablaba de permitir, porque tal cosa ocurriría sólo si al banco acreedor le daba la gana ser magnánimo, ya que el gobierno no obligaba por ley a tal cosa sino que proponía un “código de conducta o de buenas prácticas” al que se sujetarían los bancos según su voluntad y criterio, recibiendo además un premio fiscal por hacerlo. La montaña del PP parió un ratón, y al pueblo, tratado como memo de capirote, se le ofreció un mamarracho para que se fuese contento a la cama. Penoso.

Si el PP se tomase en serio este asunto, cosa metafísicamente imposible, tendría que haber legislado imponiendo la dación. Un decretazo hubiera venido muy a propósito a tal fin, pero ya sabemos que los decretos se aprueban contra los débiles. A los poderosos, en cambio, recomendaciones, regalos fiscales y palmaditas en la espalda.

De Guindos no hace una ley que legisle el remedio a la terrible situación de los desahuciados. Y no lo hace porque no quiere. Ni está en su ánimo cosa tal, ni nunca lo estuvo. De Guindos, en cambio, salva la cara a los bancos porque él, como banquero, es un hombre que gobierna para unos bancos que viven, también, de las apreturas de los desahuciados.

La estafa de la “dación en pago” del PP es completa. Propone como novedad algo que ya existía. Por eso se ha evaporado como una gota de agua en una plancha al rojo vivo. Conviene recordar que la ley hipotecaria prevé la dación en pago, siempre y cuando se pacte con la entidad crediticia o con los acreedores ante de formalizar el préstamo hipotecario, lo cual no ocurre nunca a no ser que el deudor sea un gran promotor o una inmobiliaria de las que dejan un pufo del tamaño de un campo de fútbol.

A todo esta infamia hay que añadir las declaraciones del partido socialista, que durante sus ocho años de gobierno impidió la dación en pago con todo género de argumentos absurdos. Ahora que ya no gobierna, se siente legitimado para criticar la pantomima del Partido Popular que, por cierto, es idéntica a su propias bromas. Así que nos sorprende, y mucho, que el Presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, después de que el Ministro de Economía y Competitividad hiciera pública la dación en pago voluntaria para casos excepcionales, pidiera una norma "más imperativa", descartando la voluntariedad de la entidad financiera. En declaraciones a los periodistas tras inaugurar el Foro Internacional del Cooperativismo, Griñán, envalentonado por su propia amnesia, afirmó que "no es posible pensar que todo queda a disposición de las buenas intenciones de los bancos" cuando "se ha demostrado que los bancos atienden más a sus cuentas de resultados que a los beneficios sociales". Asimismo, señaló que "no hace falta que sean personas que no tengan absolutamente nada, sino que puedan perder la vivienda porque no pueden pagarla y, en ese caso, la vivienda debe ser suficiente para saldar la deuda", teniendo en cuenta, además, que la hipoteca "en ningún caso podía ser superior al 80 por ciento del valor del inmueble". Ante tamaña hipocresía vale más que callemos y contemos hasta mil, no vaya a ser que tengamos que arrepentirnos de escribir lo que se nos pasa por la mente.

Esta es la postura de los que en su día, cuando gobernaban, aumentaron la edad de jubilación a los 67 años, bajaron en un 5% los salarios de los funcionarios públicos, reformaron la negociación colectiva, vetaron, una y otra vez, junto con el Partido Popular, las propuestas de Izquierda Unida sobre la necesidad de regular la dación en pago y, desgraciadamente para todos, reformaron la Carta Magna para constitucionalizar un techo de déficit y una prelación de pagos que pone antes el pago de la deuda que dar de comer al hambriento.

Todo sugiere que en los últimos años PP y PSOE se han concertado en cuestiones clave y que ambos partidos son responsables del desastre que nos toca vivir. Este bipartidismo, basado en una aparente oposición entre “derecha e izquierda”, ha contribuido a crear consensos falsos sobre los problemas de la economía, la política y la sociedad.

Con tanto acuerdo entre los protagonistas de esta nueva restauración no extraña que el debate verse sobre quién recortará menos, sin que ninguno de ambos partidos se plantee las causas de la crisis ni las alternativas a un sistema que se hunde y que nos arrastra a todos con él.

No esperemos otra cosa del bipartidismo que el sacrificio de lo mejor a lo bueno, de lo bueno a lo posible, de lo posible a lo forzoso y de lo forzoso a lo miserable. Está en su genética. 

María José Pérez Salazar es militante de IU de Azuqueca de Henares

Robo sin escala

Francisco Luzón, del Banco de Santander, se jubila con 65 millones de euros de indemnización. ¡Pobre hombre!

Estamos hasta el copete de escuchar que no hay dinero, que no se puede gastar más de lo que se tiene y que, debido al despilfarro general de los últimos tiempos, hay que rebajar salarios, pensiones, cerrar hospitales, degradar la enseñanza pública y perder derechos elementales, como condiciones dolorosas y necesarias para alcanzar un porvenir mejor.

Hay que decir alto y claro que este género de argumentación es pura estafa, mercancía oxidada que se vende a precio de oro molido, y que quienes la manejan, que son gentes habituadas a ingresar sueldos millonarios y a no sufrir más estrecheces que las que inflige un cinturón sobre la barriga después de embaularse una mariscada, son una panda de bergantes que buscan engañarnos para que aceptemos ir al sacrificio con indiferencia ovejuna.

¿Cómo se puede decir, sin que produzca repugnancia intelectual, que no hay dinero, cuando las imprentas del Banco Central Europeo se han quedado sin tinta porque llevan dos meses emitiendo billetes a favor de la banca privada por orden del señor Draghi? Porque eso es lo que pasa, para vergüenza general, mientras Europa se hunde con 65 millones de parados. 

Desde diciembre, el BCE ha emitido casi 1’4 billones de euros que, en vez de dedicarse a reactivar la economía, combatir el paro e impedir recortes, se han prestado a precio de amiguete (al 1%, a tres años) a 1.323 bancos de la eurozona, para que éstos, a su vez, compren deuda pública al 5,  6 y 7%, realizando un negocio escandaloso por su mera intermediación que, además, se hace a costa del precio del crédito del que está tan necesitada la economía. En pocas palabras, un nuevo regalo para la banca privada que pagarán los contribuyentes con más impuestos, menos servicios, peores trabajos y más desempleo.

Draghi, gran amigo de la banca que procede también de la peor banca, como De Guindos, argumenta que el regalo billonario permitirá que las entidades financieras activen el crédito privado, lo cual generará actividad económica, de la que saldrá el empleo como Venus de una concha, y que el trabajo dará la prosperidad que tanto necesitamos. La misma cantinela de siempre, idéntico madrigal empalagoso que ya no engaña ni a los adoquines.

El negocio es redondo y miserable: por orden de los gobiernos de la eurozona, el BCE presta dinero a los bancos privados a un interés de chiste, para que éstos lo presten a esos mismos gobiernos que lo autorizaron y avalan, pero a un interés mucho mayor, proceso en el cual los bancos privados se llevan sin despeinarse una buena tajada que pagarán los ciudadanos de la eurozona trabajando más, cobrando menos y perdiendo derechos fundamentales para saldar una deuda tasada por acreedores sinvergüenzas.

Y esto en el mejor de los casos. Porque pudiera ocurrir que el billón y medio de regalo acabara limpiando los balances podridos de una banca que ha cometido delito de alta traición y que paga jubilaciones de cárcel a directivos sin entrañas. La última dádiva conocida, la que se lleva un tal Francisco Luzón, Consejero y Director General del Banco de Santander, entidad que debe impuestos multimillonarios a la Hacienda española y que cuenta con un tinglado de sociedades en paraísos fiscales como las Islas Caimán, Bahamas, etc., que se jubila con 65 millones de euros robados a los contribuyentes. Está claro: nos orinan, dicen que llueve y asentimos como bobos. No merecemos mejor trato mientras no extirpemos de nuestros cerebros la cancamurria opresora.

Los que nos maltratan quieren que nos declaremos en cantón, para así rendirnos con comodidad, pero no deberíamos complacerles. En todo caso, que sean ellos los que se acantonen, tanto los que mandan de verdad como los títeres que gobiernan en su nombre, porque aquí se va a organizar un Dos de Mayo que a poco que nos descuidemos va a empequeñecer la lucha de aquel día histórico.

Emilio Alvarado Pérez es portavoz del grupo de IU en Azuqueca de Henares