Todos a la cárcel

Fernández, el Ministro del Opu Dei que pone cuchillas en las vallas y reprime con su Código Penal, pasando revista

El pasado 13 de noviembre, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, anunciaba que ya estaba preparado el anteproyecto de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana.

Esta norma sustituye a la Ley Orgánica 1/92 de 21 de febrero de protección de la seguridad ciudadana, más conocida como Ley de la patada en la puerta o Ley Corcuera, en referencia a sus intenciones y al apellido del ministro socialista que la impulsó.

Según manifestaba por aquel entonces el ministro del Interior, José Luis Corcuera, con su ley se intentaba "proteger" a todos los españoles mediante un procedimiento tan simple como expeditivo: autorizar a las fuerzas del orden a entrar en una propiedad privada en la que se sospechase que podía estar cometiéndose un delito, sin necesidad de autorización judicial. Concretamente, la citada ley regulaba “las condiciones y términos en que podría prescindirse del mandamiento judicial para penetrar en domicilios, en lo que se refiere a las tareas de persecución de fenómenos delictivos tan preocupantes para la seguridad de los ciudadanos como son los relacionados con el narcotráfico.”

Una sospecha proveniente de cualquier fuente (“aquí huele a porro” o “creo que mi vecino se dedica al tráfico de drogas”) servía para autorizar automáticamente al policía de turno a dar una patada en la puerta de un domicilio y efectuar el registro o la acción que estimase oportuna, sin que hubiese para ello necesidad del concurso de un juez. Esta ley fue duramente criticada por los partidos de la oposición, los sindicatos y la sociedad en general, pero sentó las bases sobre las que actúan desde entonces las fuerzas de seguridad.

Conviene recordar que el Tribunal Constitucional declaró nulo el apartado segundo del artículo 21 de la ley, que daba a cada agente la libertad de decidir entrar en una vivienda bajo sospecha de que en ella se estuvieran produciendo hechos delictivos relacionados con el tráfico de estupefacientes.

En 1991, el coordinador general de Izquierda Unida, Julio Anguita, afirmaba que la democracia española “estaba adquiriendo rasgos de régimen autoritario” y un año después la formación de izquierdas se opuso rotundamente a la ley Corcuera.

Aznar, que por aquel entonces estaba en la oposición, se enfrentó también a la ley, aunque luego la aplicó sin cuartel durante su mandato, demostrando que los partidos del bipartito utilizan en la oposición un código y en el gobierno el contrario, en ejecutoria que sus dirigentes llaman responsable y que, a pesar del eufemismo, ya asquea un poco.

Tras más de veinte años en vigor se procede por el gobierno actual a cambiar la ley, porque ahora la patada en la puerta le parece cosa nimia, insuficiente.

En el Consejo de Ministros del pasado 29 de noviembre se aprobó al anteproyecto que, pese a suavizar el borrador inicial rebajando en un tercio las infracciones muy graves, no deja de ser una involución, un retroceso en los derechos individuales y una militarización de la sociedad ahora que anda agitada debido al sufrimiento que le administra el gobierno.

Despertemos del letargo: el objetivo de Rajoy no es mejorar la seguridad sino combatir con más represión y con multas mayores las protestas ciudadanas provocadas por sus recortes y sus políticas económicas que han generado inseguridad social en proporciones industriales.

INFRACCIONES MUY GRAVES: con multas de entre 30.001 a 600.000 euros

1. Grabación y difusión de imágenes de agentes de las fuerzas de seguridad en el ejercicio de su trabajo que atenten contra el derecho a su honor o su imagen y que puedan poner en peligro sus seguridad o la de la intervención policial correspondiente. 2. Las protestas no comunicadas o prohibidas ante infraestructuras críticas, como centrales nucleares o pistas de aeropuerto. 3. Los escraches o actos de acosos a cargos públicos. La ley contemplará que la policía pueda establecer un perímetro de seguridad que no deben sobrepasar los concentrados. 4. Deslumbrar con dispositivos tipo láser a conductores de tren, metro o pilotos.

INFRACCIONES GRAVES: con multas de entre 1.001 a 30.000 euros

1. Alterar el orden público encapuchado o con cualquier elemento que dificulte la identificación. 2. Amenazar, coaccionar, vejar e injuriar a los agentes de las fuerzas de seguridad cuando estén velando por el mantenimiento del orden público, por ejemplo en manifestaciones u otro tipo de protestas. 3. El ofrecimiento, la solicitud, la negociación y la aceptación de los servicios de prostitución en las proximidades de zonas infantiles, o en lugares donde se ponga en peligro la seguridad vial. 4. La tenencia ilícita, el transporte, el abandono de la droga o de los útiles para su preparación, así como plantar y cultivar estupefacientes como la marihuana aunque no se para traficar. 5. El botellón cuando perturbe gravemente la tranquilidad ciudadana y cuando no esté autorizado por la administración correspondiente. 6. La conducción de cundas o taxis de las drogas que trasladan a drogadictos a los lugares de compra de estupefacientes. 7. Los daños a mobiliario urbano como marquesinas, papeleras o contenedores, así como los actos vandálicos a servicios públicos. 8. Obstaculizar la vía pública con neumáticos u otros enseres que impidan la normal circulación de vehículos y personas. 9. Escalar como acción de protesta edificios públicos o precipitarse desde los mismos. 10. La perturbación grave del orden en actos públicos, religiosos, deportivos o espectáculos de otro tipo (En el borrador era considerada infracción muy grave). 11. Las concentraciones no comunicadas ante instituciones del Estado como el Congreso, el Senado, los parlamentos autonómicos o los altos tribunales, aunque en ese momento no tengan actividad. (En el borrador era considerada infracción muy grave). 12. Ofensas o ultrajes a España, a las comunidades autónomas y entidades locales o a sus instituciones, símbolos, himnos o emblemas, efectuadas por cualquier medio, cuando no sean constitutivos de delito.

INFRACCIONES LEVES: con multas de 100 a 1.000 euros

1. Manifestaciones y reuniones que infrinjan la ley de reunión. 2. Exhibición de objetos peligrosos con ánimo intimidatorio. 3. Incumplir restricciones de circulación peatonal o itinerario con ocasión de un acto público, reunión o manifestación. 4. Amenazar, coaccionar, vejar e injuriar a los agentes de las fuerzas de seguridad cuando estén velando por el mantenimiento del orden público, por ejemplo en manifestaciones u otro tipo de protestas, y la grabación y difusión de sus imágenes que atenten contra el derecho a su honor o su imagen y que puedan poner en peligro su seguridad o la de la intervención policial. 5. Amenazas, coacciones, injurias o vejaciones en vías públicas. 6. Injurias o calumnias a través de cualquier medio de difusión a las instituciones, autoridades, agentes y empleados públicos, así como su falta de respeto. 7. Realizar o incitar actos que atenten contra la libertad sexual. 8. Deslumbrar con dispositivos tipo láser a las fuerzas de seguridad. 9. La ocupación de cualquier espacio común, público o privado y la colocación de tiendas de campañas o tenderetes sin permiso en la calle. 10. Perder tres veces o más el DNI en un plazo de 5 años y la negativa a entregar este documento cuando se acordara su retirada. 11. Los daños leves a mobiliario urbano como marquesinas, papeleras o contenedores, así como los actos vandálicos a servicios públicos, por ejemplo, las pintadas y los grafiti. 12. Práctica de juegos o deportes en lugares no habilitados cuando haya riesgo para las personas. 13. Dificultar la circulación peatonal. 14. Escalar a edificios o monumentos o lanzarse desde ellos. 15. Retirar las vallas de la Policía que delimitan perímetros de seguridad.

Rajoy ha decidido acabar con las protestas ciudadanas, la grabación de excesos policiales y otros actos que sacan a la luz los recortes de un gobierno que mintió para gobernar y que gobierna para otros en contra del pueblo al que dice representar.

Con este cambio legislativo que se sostiene en la apisonadora de una mayoría absoluta, nos encontramos con un blindaje a la acción represora del gobierno contra una sociedad que reivindica sus derechos pacíficamente en las calles. Hasta el Comisario Europeo de Derechos Humanos, Nils Muiznieks, ha criticado duramente esta reforma después de constatar que las autoridades españolas recurren a un uso excesivo de la fuerza contra las manifestaciones ciudadanas.

Esta es la ley que el Gobierno de Rajoy quiere para nosotros, contra los ciudadanos que no se quedan resignados en casa, contra las personas que sufren, contra esa gente molesta que cree en la democracia y exige los derechos que el gobierno del PP les ha robado. Esa gente que lucha, que se expone, desempleados, estudiantes, profesores, enfermos, dependientes, sanitarios, excluidos...

En cambio, el gobierno de la patronal, de los banqueros, de los caciques, de los dueños de los medios de comunicación defensores de un orden corrupto, de los lacayos fieles de la troika, etc., ven en esta ley anti protesta un instrumento para intimidar, presionar y acosar a los millones de manifestantes que en España salen a la calle un día sí y al siguiente también, a los que temen porque saben que ya han sido identificados. No debiera sorprender, por tanto, su aplauso al gobierno porque los poderes fácticos están en la defensa de sus privilegios, para lo cual apuntalan un sistema capitalista que profundiza la enorme brecha social que separa a los ricos de los pobres y que necesita impedir mediante la coacción cualquier intento de cambio.

Al Partido Popular se le ha caído la careta de demócrata. Con esta ley ya se le distinguen las facciones de su auténtico rostro, que nos lleva a una España en blanco y negro con música de Manuel Parada.

El gobierno, consciente de que en España hay mucho enfado, introduce el miedo y coacciona la libre expresión de todos los ciudadanos de una manera contraria al derecho.

Rajoy es seguidor de don Tancredo y quiere una sociedad de marmolillos, de ciudadanos silenciosos y quietos, porque le molesta la expresión libre del descontento provocado por él mismo, aunque lo niegue.

Pero el sueño de Rajoy es vano porque la sociedad ya tiene un relato veraz de lo que ha ocurrido, sabe muy bien las miserias que sufre y quiénes son los responsables de sus desgracias. Conocidos los villanos y sus villanías la sociedad no se va a dejar intimidar fácilmente, así apruebe el gobierno un centón con escombros de las peores leyes represivas de todos los tiempos y lugares.

Hemos llegado al punto en el que la ciudadanía tiene todo por ganar y muy poco que perder.

María José Pérez Salazar forma parte del Consejo Local de IU de Azuqueca de Henares