Llegó la hora, es el momento de que las cosas cambien

18 de Noviembre de 2010

UN SALUDO A TODOS LOS CIUDADANOS AZUDENSES QUE CREEN QUE LLEGÓ EL MOMENTO DEL CAMBIO

La crisis económica y social amarga nuestras vidas. No es la primera vez que ocurre algo así. En el siglo XIX, desde la primera convulsión del capitalismo allá por 1848, las crisis económicas se sucedieron con una regularidad que impresiona hasta sumar cinco episodios, uno por década. En el siglo XX el capitalismo generó otras seis grandes crisis (1906, 1920, 1929, 1973, 1992 y 2000) y una de ellas, la Gran Depresión, desembocó en la mayor carnicería de la historia de la humanidad bajo la forma de guerra mundial, totalitarismos y holocausto. En el siglo que acaba de comenzar padecemos otra crisis especialmente virulenta y equiparable en parte a la crisis del 29: la que estalló entre los años 2007-2008. El balance general que nos brinda la historia del capitalismo es, por lo tanto, muy claro: doce crisis en poco más de siglo y medio o, lo que es lo mismo, aproximadamente una crisis económica cada catorce años.

Todas estas crisis tienen puntos en común y, sobre todo, un desenlace idéntico: sus consecuencias inmediatas las pagaron siempre los más desfavorecidos.

Además de ser intrínsecamente inestable, el capitalismo ha dejado en la cuneta al 80% de la población mundial. El capitalismo, por tanto, es un sistema económicamente ineficiente porque no es capaz de sastisfacer las necesidades básicas de los seres humanos, a lo que une su condición de depredador de los recursos de un planeta que ya no aguanta más y que está comenzando a rebelarse contra la humanidad.

En la actualidad los grandes partidos nacionales se han convertido, por convicción o por impotencia, en abanderados de una visión del capitalismo singularmente dañina: el neoliberalismo. Parece que les importe más el bienestar del gran capital que el de los ciudadanos. Esos partidos aprueban paquetes multimillonarios de ayudas para una banca codiciosa e irresponsable mientras que endurecen la legislación laboral, rebajan el sueldo a los trabajadores y anuncian la reducción de las pensiones.

Para mantener sus cuotas de poder esos partidos mantienen un tinglado, el del bipartidismo, que pervierte el ideal representativo de la democracia. Para ello cuentan con la inestimable ayuda de pequeñas formaciones nacionalistas que, a cambio, reciben cuotas de poder muy por encima de la realidad social y política a la que representan. Obviamente, en este juego de suma cero, quien sale perdiendo es Izquierda Unida ya que el exceso de representación del PSOE, del PP y de los nacionalistas es el resultado del robo de la representación política que legítimamente deberíamos tener.

En Izquierda Unida de Azuqueca de Henares estamos convencidos de que el cambio no es una opción sino una obligación. El tiempo se agota y el margen se estrecha. Estamos llegando al límite físico de un sistema que atenta gravemente contra el equilibrio ecológico, la justicia, la igualdad y la paz social. El número de ciudadanos conscientes de esta realidad tan grave aumenta a diario aunque su voz no se escucha aún lo suficiente.

Por eso hemos creado este blog. En él los miembros de la candidatura de Izquierda Unida de Azuqueca de Henares y otros afiliados de nuestra organización expondremos nuestras reflexiones y propuestas para contribuir a una discusión serena sobre los graves retos a los que hemos de hacer frente, tanto a nivel general como local.

Pretendemos animar un debate social pervertido por gente que se escuda en el anonimato que proporciona internet para insultar cobardemente al adversario, por tertulias escandalosas y por mercenarios de la opinión que cobran por envenenar las conciencias. ¡Basta ya de rebuznos, de groserías, de zafiedad y de silencios cómplices!

Hay quienes considerarán que nuestros objetivos son muy ambiciosos. Cierto. Pero la urgencia de afrontarlos no es menor que la magnitud del desafío ante el que hemos de medirnos.

Concluyamos esta presentación con una frase inmortal de nuestro Francisco de Quevedo que, a pesar del tiempo transcurrido desde que se escribió, viene muy a punto: si quieres leernos "léenos, y si no, déjalo, que no hay pena para quien no nos leyere."

Consejo Político Local de IU

sábado, 14 de septiembre de 2013

La democracia en peligro ¡Salvemos la democracia!

Imagen de un parlamento que no representa, lo cual es una contradicción

Hace sólo unas semanas asistimos en Castilla-La Mancha a un hecho insólito propio de una república bananera. El gobierno de la señora Cospedal aprobó, gracias al rodillo de la mayoría absoluta del PP, una reforma del Estatuto de Autonomía para reducir el número de diputados en las elecciones autonómicas del 2015, de los 49 actuales a una horquilla comprendida entre 25 y 35.

Esta reducción constituye un atentado contra la democracia representativa porque no busca el ahorro económico sino perpetuar la alternancia PSOPE-PP en unas Cortes que nacieron para ser bipartidistas y que el PP pretende que mueran siendo más bipartidistas aún. 

La reducción del número de “representantes” en el parlamento autonómico agudiza la falta de representatividad del sistema político. A menos parlamentarios, manteniendo la circunscripción electoral, menos representación, lo que desemboca en que se quedarán sin escaño las fuerzas políticas que podrían romper el bipartidismo estéril que nos gobierna, aunque dichas fuerzas obtuvieran muchos más votos que en las elecciones anteriores.

Destruir la representación es acabar con la democracia porque significa dejar fuera de las instituciones a un número creciente de ciudadanos que votan a partidos que no forman parte del bipartito dañino, lo cual elimina el pluralismo político y la posibilidad de una regeneración democrática cada vez más urgente y necesaria.

Así lo denunció el Coordinador Regional de Izquierda Unida, Daniel Martínez, cuando calificaba la medida como “un golpe antidemocrático e ilegítimo” que la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, perpetra “para adecuar el sistema electoral a sus intereses personales y partidistas”.

No se debe admitir como justificación de esta fechoría el desprestigio que sufren la política y los políticos, primero porque ambas cuestiones nada tienen que ver con la cuestión y, segundo, porque la idea, viniendo de quien viene, la señora Cospedal, resulta inaceptable por sus malas intenciones.

Tampoco debiera servir el pretexto del ahorro, aunque resulta más difícil de desenmascarar. Bajo la apariencia de reducir gastos se oculta la intención del PP de mantener sus escaños aunque pierda votos, lo cual le lleva a usurpar la representación que en justicia es de otros. Contrasta la actitud cicatera del PP con el parlamento con la realidad de aumentar el número de cargos puestos a dedazo, escogidos entre lo suyos de manera libérrima y que también comen del presupuesto regional.

Los políticos que tienen miedo al pueblo y que le niegan la representación son responsables del creciente desapego ciudadano a la política. La progresiva “berlusconización” del sistema político es el producto de los continuos casos de corrupción, del neoliberalismo y del sometimiento de los gobiernos a las directrices de la Troika, a lo que se une una crisis de legitimidad muy preocupante de unas instituciones políticas que no representan y que son desbordadas por iniciativas de los ciudadanos.

La crisis del bipartidismo se agrava cada día. El desgaste que sufren los populares en el gobierno no está siendo aprovechado por los socialistas. Los ciudadanos no creen a quienes ahora dicen lo contrario de lo que hacían cuando gobernaban y, menos aún, a los que hoy gobiernan pulverizando sus promesas cuando estaban la oposición.

La crisis, los recortes y el rebrote de la corrupción (los casos de Bárcenas, Gürtel, Urdangarín, los ERE, ITV, Nóos, Bankia, Método 3, las preferentes, etc.) han terminado por cavar la fosa de un sistema que hace aguas y que fue instituido hace casi cuarenta años en una transición que se presentó como modélica y de la que estamos descubriendo ahora sus hipotecas y limitaciones.

Una transición que aún hoy se presenta como modelo para países que se democratizan y que ha impedido, por ejemplo, que la ejemplar España democrática haya “purgado” el sistema de sus remanentes postfranquistas. Aún hoy, los herederos de la dictadura, desde las numerosas tribunas a las que tienen acceso y controlan (radio, televisión, periódicos,...) difunden el elogio de la intolerancia y de la imposición, que se extiende como una mancha de aceite gracias a la crisis y que se intenta disimular con un barniz de conservadurismo y de apego a la nación que no engaña a nadie.

Con este panorama no es de extrañar la irrupción en la política castellano-manchega de nuevos actores alejados de la doctrina neoliberal, lo que hace presagiar la renovación democrática de las Cortes en las próximas elecciones, siempre y cuando no se cambien tramposamente las reglas electorales a mitad del partido, que es lo que pretende el  PP.

Hasta ahora ha existido un elemento que favorecía el binomio PP-PSOE en nuestra autonomía: la ley electoral. Determina la ley que el distrito electoral sea la provincia y establece para la distribución de escaños el método inventado por el profesor belga de derecho, Victor d’Hont, que consiste en aplicar una fórmula que distribuye el número de cargos electos asignados a cada candidatura en proporción corregida al número de votos, sin tener en cuenta para el reparto de escaños las abstenciones, los votos nulos y los votos en blanco, y que busca la creación de mayorías que puedan soportar gobiernos estables. Con esta fórmula se pretende favorecer a los partidos grandes y limitar la presencia de las minorías en los parlamentos, lo que hace que para muchos votantes la opción de votar a partidos no mayoritarios o regionalistas se presente como “tirar el voto”, influyendo tanto directa como indirectamente en los resultados y perjudicando la pluralidad democrática.

Todas las propuestas de reforma electoral para mejorar la representación pasan por incrementar el número de escaños o por aumentar la magnitud de la circunscripción, lo cual llevaría a pasar de la provincia al distrito autonómico, medidas que permitirían la entrada de más partidos en las instituciones y un mayor pluralismo en las Cortes regionales, justo lo contrario de lo que pretende el PP.

Pero la señora Cospedal, en un alarde antidemocrático característico de la derecha que anhela formas de gobierno distintas y propias de épocas pasadas, decreta la reducción del número de diputados (cuando poco antes fue partidaria de aumentarlos porque le interesaba), en un atentado contra la democracia representativa a la que se debe y que no duda en traicionar.

Es un hecho que somos víctimas del bipartidismo que se ha ocupado de, con la ayuda de los medios de comunicación, difundir el mensaje de que no hay vida política más allá del PSOE y del PP, siendo obligatoria, por tanto, la alternancia de ambas fuerzas, lo que hace inútiles los afanes de otros partidos para alcanzar la representación que merecen.

Afortunadamente, gracias al cada vez mayor peso de plataformas de comunicación alternativas (twitter, facebook, etc.) se ha logrado, no sin trabas, difundir una esperanza distinta. Claro ejemplo de lo dicho es la cada vez mayor incidencia de movimientos sociales con elevada carga política como el 15M en la vida política tradicional. Los ciudadanos, cansados del mensaje bipartidista, aprueban mayoritariamente la reforma de la Ley electoral y piden un proceso constituyente (cuestiones ya planteadas por IU hace mucho tiempò) que permitan la creación de un sistema político más participativo, democrático y plural.

Pero pluralismo y participación ciudadana son aspectos que dentro del seno del bipartidismo están reñidos con sus intereses y, en el caso del PP, también con sus principios ideológicos, como demuestra la reciente reforma de la administración local aprobada por el Consejo de Ministros.

Es evidente la resistencia del PP y del PSOE a cambiar el sistema político que tanto les beneficia, a pesar del creciente repudio que provoca entre los ciudadanos. 

Dejando al margen los réditos electorales por constituir las fuerzas más votadas, además, los integrantes de las cúpulas del PSOE y del PP que tienen capacidad para crear leyes, modificar modelos de gestión o asignar presupuestos, obtienen recompensas privadas cuando abandonan las obligaciones públicas, pasando a formar parte de los Consejos de Administración de las principales empresas del país, lo cual muestra una confusión muy preocupante entre intereses privados y públicos que es, en última instancia, la base de toda corrupción.

Pero no sólo nos enfrentamos a una cuestión de orden electoral cuando se pretende reformar el sistema político. También está en juego la cuestión de la soberanía.

El 5 de agosto de 2011, el Presidente Rodríguez Zapatero recibió del entonces Gobernador del BCE, Jean Claude Trichet (hecho confirmado por Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ex Gobernador del Banco de España) una carta personal en la que instaba al gobierno a adoptar medidas lo más rápido posible (como “decretos leyes”) presuntamente para “promover el crecimiento potencial de la economía”. Eran los tiempos en los que la prima de riesgo superaba en algunos momentos los 400 puntos básicos, motivo por el que los gobiernos español e italiano, principalmente, solicitaban al BCE la compra masiva de deuda soberana para evitar el hundimiento de la credibilidad de su deuda.

Aquella misiva ordenaba dos tipos de reformas: por un lado, la liberalización de servicios públicos y profesionales y privatizaciones a gran escala; y, por otro, la reforma de la negociación colectiva para fijar salarios y condiciones de trabajo según las necesidades de las empresas, aumentando su peso respecto a otros tipos de negociación. Proponía, por tanto, un contrato de trabajo totalmente desregulado para jóvenes, sin referencia alguna a salarios de convenio o al salario mínimo. La carta constituía una “hoja de ruta” con las medidas que el gobierno de Zapatero debía adoptar con urgencia. La consecuencia inmediata fue la modificación del artículo 135 de la CE con los votos a favor del PSOE y del PP, en una muestra clara de cómo entiende el bipartito la realidad política de nuestro país, decidiendo a espaldas de los ciudadanos y contra los intereses de éstos.

La llegada de Rajoy al Palacio de la Moncloa el 20N del 2011, no ha significado nada distinto que plegarse totalmente a las imposiciones de Troika. La reforma laboral, la privatización sanitaria, el paulatino desmantelamiento de la educación pública, la eliminación fulminante de servicios sociales, la reforma de la administración local y un largo etcétera, constituyen pruebas irrefutables de que nos encontramos con un gobierno títere que no rinde cuentas a los ciudadanos sino a los miembros de la Troika. ¿Cómo se explica, si no, que todavía Rajoy no haya presentado su dimisión cuando se encuentra en fraude electoral por haber mentido y por aplicar un programa distinto al que presentó en las pasadas elecciones?

El objetivo del PP es hacer caso omiso a los ciudadanos y seguir el rumbo marcado desde Bruselas por la Troika. Y la manera de conseguirlo es limitando el acceso a los órganos de decisión política de representantes alejados de la corriente neoliberal, proclamando leyes que suponen el mantenimiento del bipartidismo. Leyes que constituyen en sí mismas la negación del artículo 1.1 de la Constitución que declara solemnemente que España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

Esta actitud antidemocrática que tiene la derecha española, propia de regímenes pasados y añorada por algunos “cachorros” populares, consistente en evitar que otras fuerzas políticas irrumpan en el escenario político nacional, demonizándolas e impidiendo su acceso, representa el deseo de volver a un gobierno basado en el “caudillaje”. Esto eliminaría de un plumazo el “pluralismo político” necesario para la “regeneración democrática”.

Hacen falta cambios profundos en un sistema bipartidista enfermo de corrupción. Un sistema que sólo busca perpetuar el bipartidismo haciendo inútiles, en la mayoría de los casos, los esfuerzos de los ciudadanos por hacerse oír, sesgando la participación y eliminando la pluralidad política, cruzada en la que se ha embarcado la señora Cospedal para satisfacer sus propias ansias de poder.

No queremos un “gobierno títere” a las órdenes de la Troika. La soberanía reside en el pueblo y no fuera de nuestras fronteras. Queremos una democracia participativa que otorgue al ciudadano la capacidad de decidir libremente sobre su vida y destino y no cada cuatro años en una elección frustrante y engañosa. El convencimiento es que este deseo no es posible ni con Rajoy ni con Cospedal, por lo que no queda más remedio que pedir su dimisión y la convocatoria inmediata de elecciones anticipadas.  

Miguel Ángel Márquez es el Coordinador Local de IU de Azuqueca de Henares