El milagro económico español o la mentira más grande jamás contada

Anguita, en 1992, advirtió a González y al país del desastre de Maastricht. No le hicieron caso, aunque tenía razón.

Después de lo que ha ocurrido en los últimos diez años, la derecha más rancia de este país aún se atreve a sostener sandeces tales como que “hemos sido capaces de obrar el milagro económico español y lo volveremos a hacer”, en alusión a salir de la crisis convocando de nuevo las causas que la provocaron. A los que así piensan sólo les faltaría añadir, para redondear el disparate, que “lo conseguiremos con Rodrigo Rato, Ministro que obró el reciente milagro económico español y también el de Bankia”.

Asombra que alguien en su sano juicio pueda creer algo así y, todavía más, que la ingenuidad, hija de la ignorancia, esté tan extendida que aún queden ciudadanos que acepten el desvarío. Se demuestra, una vez más, que el ser humano, cuando deja que su entendimiento se nuble por los filtros de la ideología, olvide toda enseñanza útil y juiciosa, incluso la que procede de su experiencia. Está visto, en fin, que para el recalcitrante, y la derecha lo es y mucho, el mejor remedio para la enfermedad es más enfermedad y para el dolor más dolor. Suframos todos, pues.  

Pero vayamos a los hechos para desintoxicarnos de falsos ídolos. Toca ya romper los espejos deformantes que dificultan tener una imagen cabal de la realidad. Declaremos la guerra a la mendacidad y al desahogo. Atendamos a la reciente historia económica española para encontrar cuáles han sido las razones que obraron un “milagro” tan engañoso y sus desastrosas consecuencias.

A finales de la década de los 50, durante la dictadura de Franco, aparecieron en la escena política española un grupo de tecnócratas que bajo la dirección del Fondo Monetario Internacional, impulsaron varios planes de desarrollo que permitieron la tardía revolución industrial española de los años 60. Este proceso trajo consigo un éxodo masivo de la población rural a las ciudades, factor sobre el que se produjo el crecimiento desaforado del sector de la construcción, además de liberar mano de obra para la joven industria nacional. Hay que destacar también la apertura al turismo extranjero y la corriente migratoria tanto a Alemania como a Francia como principales destinos, que supuso la entrada de importantes flujos de divisas y un desarrollo rápido de las infraestructuras nacionales.

Pero en el año 73, con la primera gran crisis del petróleo, todo esto se acabó. España, país fuertemente dependiente de las importaciones de petróleo y con un crecimiento industrial basado en un consumo intensivo, sufrió muchísimo las consecuencias del incremento del precio del crudo. Otro factor importante que afectó negativamente a la economía fue la inestabilidad política nacional dada la cercanía del fin de la dictadura franquista tras la muerte, ese mismo año, de Carrero Blanco.

La crisis del 73 y la subida de los precios del petróleo y de sus derivados, provocó una caída de la actividad industrial, debido al incremento de costes tanto de las materias primas como de la distribución, que incrementaron los precios de los bienes y servicios, produciéndose el fenómeno que los economistas denominan inflación (incremento elevado de precios). La tasa de paro también se vio afectada, llegando a un 26% por el regreso de los emigrantes españoles, lo que provocó, además, una disminución de la entrada de divisas que deterioró la arcas públicas por la elevada deuda exterior que mantenían tanto las empresas como el Estado.

Para contrarrestar las consecuencias de la crisis, en el año 1977 y bajo el auspicio de Adolfo Suárez, tuvieron lugar los “Pactos de la Moncloa”, acuerdos sin precedentes en Europa, suscritos por gobierno, partidos políticos, sindicatos y asociaciones empresariales, mediante los cuales se adoptaron medidas, no del todo satisfactorias, que significaron la unidad de los agentes sociales frente a la crisis. Los Pactos de la Moncloa pusieron las bases de la futura política económica de Felipe González marcada por el control del déficit y la moderación salarial.

En 1982, con la llegada de Felipe González a la presidencia del gobierno encabezando la lista del PSOE y la consolidación del proceso democrático que facilitó el acercamiento a Europa, finalmente se cumplió el anhelo político de nuestro ingreso en la Comunidad Económica Europea, lo que ocurrió en 1986. Ese año se consumó el deseo de Felipe González que, en 1984, ya anunció que “nuestra aspiración, hoy, y así tal vez comprenderán mejor nuestra tarea, es integrarnos con todos ustedes, con todos los europeos, en una construcción común y solidaria que sobrepasa nuestras fronteras, pero que afecta, fundamentalmente, al destino histórico de España”.

Esos años fueron de enormes retrocesos sociales enmascarados por el elevado crecimiento económico gracias a la fuerte inversión extranjera y al incremento de las inversiones públicas en infraestructuras para las Olimpiadas en Barcelona (Barcelona’92) y la Exposición Universal de Sevilla (Expo’92). Entre las medidas adoptadas por los gobiernos de Felipe González durante sus trece años y medio en la Moncloa, destacan la legalización de las Empresas de trabajo temporal (ETT) y los primeros Planes de empleo juvenil, que lo único que consiguieron es la creación de empleos precarios. También hay que nombrar, no lo olvidemos, los sucesivos recortes de las prestaciones de desempleo. Como consecuencia de estas políticas de marcado corte liberal, Felipe González y su gobierno sufrieron las primeras huelgas generales de la democracia española, lo que supuso el distanciamiento de su partido con los sindicatos.

A pesar de todos los esfuerzos, los retos de la economía española seguían siendo los mismos: favorecer el crecimiento y la producción de bienes y servicios de alto valor añadido, muy por debajo de la media europea o, dicho de otro modo, la consecución de un modelo productivo alejado de la construcción y de los servicios de escaso valor. Para ello, los esfuerzos deberían haber ido encaminados a incrementar el gasto en I+D y no a disminuir la intervención del Estado en la economía, o el empeño suicida en desregular el mercado de trabajo y reducir el gasto público, recetas procedentes de la corriente neoliberal que a mediados de los años 80 empezó a extenderse por Europa y cuyos máximos exponentes fueron Margaret Thatcher (en Gran Bretaña) y Ronald Reagan (en Estados Unidos).

Con todo este bagaje llegamos al año 1992, origen de mucho de los males que hoy sufrimos. La agenda política venía marcada por el Tratado de Maastricht, dirigido a la instauración del euro como moneda común de la Unión Europea. El año 1992 es el momento de las políticas que suponen el control de la tasa de inflación, a través del control de los salarios, y del déficit público, como medidas más importantes para la convergencia económica de los países miembros de la UE.

El Tratado nació en un contexto económico de crisis que envolvía a todos los países miembros y, en especial, a Alemania, sumida en el proceso de reunificación tras la caída del muro de Berlín. Sus principales aspectos eran: 1) la libre circulación de los ciudadanos y capitales; 2) el establecimiento de una política exterior y de seguridad común; 3) la promoción del espacio económico y social estableciendo la unión económica y monetaria a través de la moneda única y 4) estrechar la cooperación en materia de justicia y asuntos interiores.

Fueron muchas las voces que advirtieron de la pérdida de soberanía que los países tenían que asumir en el caso de firmar las condiciones de Maastricht, porque no otra cosa significaba derivar la política nacional a un ente supranacional todavía en formación e ineficaz, como demostró la actitud de la UE en el inicio de la Guerra de los Balcanes. Países como Dinamarca propusieron un referéndum a la ciudadanía del que salió un rotundo “NO” y que puso en evidencia las numerosas faltas del tratado por la consecución de una Europa de los mercados frente a la Europa social que reclamaban los partidos de izquierda.

La negativa a aceptar el Tratado se fundamentaba en el otorgamiento de la construcción europea a economistas alejados de la realidad social, cuyas opiniones marcaban el devenir político, dejando en manos de tecnócratas el gobierno tanto de los Estados como de la Unión. Julio Anguita ya lo advertía en 1996 en la fiesta del PCE, cuando decía, a propósito del Tratado, que era una “...imposición de un modelo económico de carácter regresivo: el neoliberalismo que intenta conseguir acabar con todas las conquistas sociales y volver a mediados del siglo XIX. Y esto es así de tal manera que si Maastricht no existiera lo habrían inventado”. Efectivamente, tal y como señalaba Julio Anguita, Maastricht suponía dejar sin resolver los problemas sociales sacrificando la cohesión social al rebajar las condiciones sociolaborales para atraer la inversión. En sus propias palabras, el Tratado “es el fin de la autonomía política para decidir sobre las condiciones de vida de la ciudadanía ... es poner como primer objetivo los ajustes contables macroeconómicos y relegar a un segundo lugar derechos sociales recogidos en nuestra Constitución y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Maastricht es la pensión que disminuye; el recorte en gasto sanitario; la congelación salarial de los funcionarios; el recorte en inversiones para infraestructuras y obras necesarias; el mal funcionamiento de la LOGSE; el recorte creciente del subsidio de desempleo”. Resumiendo, el Tratado con el que se  constituyó una Unión Europea de libre mercado de capitales fue, a la vez, el documento con el que se sacrificaron las políticas sociales y los derechos de los trabajadores. Maastricht resultaba incompatible con la idea de una unión de ciudadanos.

Por este camino, el 1 de enero de 1999 se acordó la desaparición de las monedas nacionales de la eurozona aplicándose una tasa de cambio especial para cada divisa. En España se fijó en 166,386 pesetas por cada euro. Pero no fue hasta el 1 de enero de 2002 cuando la peseta y el resto de monedas de los países de la zona euro fueron reemplazadas por la nueva divisa común. Se consumó así, sin política fiscal, económica o social común, la Unión Monetaria y la libre circulación de capitales, causa de muchos de los males que hoy nos atormentan.

Desde su vigencia, en poco más de seis meses, el euro sobrepasó la paridad con el dólar, nivel que todavía mantiene. Pero es en julio de 2008 cuando adquiere su mayor valor al establecerse el tipo en 1,5990 dólares USA por euro, coincidiendo precisamente con el estallido de la crisis en los EE.UU, durante los escándalos financieros de Lehman Brothers (créditos subprime) y Madoff (estafa basada en la obtención de ganancias a través de un sistema piramidal de adquisición de capitales de tal manera que los nuevos inversores sufragaban las ganancias de los que ya estaban).

El traslado de la crisis desde Estados Unidos a Europa se vio favorecido por la autonomía de los mercados y la poca o nula capacidad de las instituciones europeas para controlar su actividad especulativa. A excepción de Alemania, dotada de un tejido industrial fuerte con alto valor añadido, todos los países de la zona euro se vieron salpicados por la crisis financiera y los problemas de la deuda soberana. Algunos economistas, especialmente los que no compartían las teorías neoliberales, coincidieron muy tempranamente en señalar que la raíz del problema financiero era el traslado de grandes sumas de capital privado, procedentes de la especulación, a la adquisición de deuda soberana, reportadora de grandes beneficios que iban a parar a codiciosos inversores que veían en la situación de países como Grecia, Portugal, Irlanda, España, Italia y Bélgica (todos países de la eurozona) una forma rápida de ganar toneladas de dinero.

Tras los años de especulación, en España se evidencian los fracasos de las políticas neoliberales que aplicaron tanto el PSOE como el PP (pilares del régimen bipartidista). La burbuja inmobiliaria que propició el PP y que, posteriormente, el PSOE mantuvo porque alimentaba un crecimiento económico basado en el consumo interior, por mucho que fuera sobre la base engañosa del crédito barato y sin tasa, debilitó aún más un tejido industrial de muy escaso valor y muy ligado a la construcción. Hoy sabemos que todo este sistema, que se ha derrumbado, está en la raíz del colapso económico actual.

Lo más sangrante de esta historia es que a pesar del fracaso de la doctrina neoliberal de “no intervencionismo”, fruto del Tratado de Maastricht, y debido a las presiones que recibimos desde los socios europeos, y en concreto de la canciller alemana Angela Merkel y del expresidente galo Nicolas Sarkozy (eje Merkozy), todos los pasos de la política nacional han ido encaminados a reforzar las causas que nos han sumido en la crisis. Entre las medidas adoptadas se encuentra la aprobación del techo de gasto público, en agosto del 2011, en el 0,4% del PIB, lo que supuso la modificación del artículo 134 de la Constitución y que tenía como objeto la constitucionalización del límite de déficit. Esta imposición suponía, como experimentamos ahora con amargura, la postergación de las necesidades de los ciudadanos frente a las exigencias de los mercados, estableciendo como prioritarias las de éstos frente a las de aquéllos.

La reforma laboral, los recortes en sanidad y en educación y el desvío de fondos públicos al sector financiero (a los bancos y cajas como principales receptores), son santo y seña del actual gobierno del PP. El objetivo, según Rajoy, es “sentar las bases para iniciar el senda del crecimiento a partir del 2013”. Pero el fracaso de estas medidas es estrepitoso en tanto en cuanto provocan más desigualdad social (se incrementa la brecha entre ricos y pobres, poniendo de manifiesto la lucha de clases que algunos creían superada o que parecía olvidada) y no consiguen el resultado de activar el crédito a familias y empresas.

Resulta cuando menos paradójico que los mismos defensores de la doctrina liberal que nos han sumido en esta crisis pretendan sacarnos de la misma aplicando el recetario neoliberal. Queda demostrado, pues, el continuismo encarnado por los partidos mayoritarios y el fracaso de sus políticas alejadas de la realidad. En definitiva, preocupa la falta de alternativa que tanto PP como PSOE ofrecen.

La solución a la crisis viene por la adopción de medidas contrarias a las ya vistas y, sobre todo, que no supongan el deterioro de los servicios públicos y de los derechos laborales. Si el tejido industrial español es muy débil y de muy escaso valor añadido y desde el sector público no se refuerza a través del gasto en I+D+i y en educación, difícilmente lograremos vislumbrar luz al final del túnel.

Definitivamente, hora es ya de que se apliquen políticas alejadas de los principios de Maastricht (como ya denunció en solitario IU en los años 90 con nuestra negativa a ratificar el Tratado) y de las exigencias de las instituciones comunitarias y de sus miembros, casi todos en manos de la internacional conservadora y liberal.

Los sucesivos programas que tanto el PP como el PSOE han aplicado en España durante los últimos veinte años han fracasado por defender una ortodoxia ciega y por no incidir sobre los males de la economía española.

Hemos vivido presos de una gran mentira y los que la urdieron nos siguen engañando para que aceptemos mansamente todos los sacrificios que aún restan y, de paso, no les pidamos responsabilidades.

No deberíamos arrodillarnos y dejarnos engatusar por la demagogia de los que nos llevan gobernando desde hace más de treinta años, culpables además del desastre presente, porque de lo contrario bien podría ocurrir que no podamos levantarnos más. Tenemos que convencernos de que es posible salir de la crisis, pero para construir una economía distinta a la que nos llevó al pantano en el que ahora nos ahogamos. Para lograrlo hay que dar una oportunidad a los que defienden un sistema nuevo y medidas audaces. Si no, estaremos condenados, como Sísifo, a subir sin descanso una pesada roca de privaciones, miserias y vergüenzas que hacen intolerable la vida, único patrimonio del hombre.

Miguel Ángel Márquez Sánchez es Coordinador local de IU de Azuqueca de Henares

Nuestra salud en peligro de muerte

Paralización de las obras de ampliación del Hospital Universitario de Guadalajara

Apenas transcurrido un año de legislatura del Gobierno Regional, muchos profesionales del Hospital Universitario de Guadalajara hacen la siguiente rogativa: “sólo pido que nadie de los míos caiga enfermo de aquí en adelante, porque las cosas ya no son como eran”. Resulta muy inquietante que los que conocen las entrañas de la vida diaria del SESCAM piensen así. Pero es que todo apunta a que la privatización del sistema público de salud por parte de lo más rancio de la derecha y de la ultraderecha española representada en Castilla–La Mancha por Cospedal, nos va a traer, al igual que en otros asuntos, un retroceso de décadas, provocando situaciones irreversibles con trágicas consecuencias, incluso de muerte de seres humanos.

Bien es cierto que hay cosas que en años anteriores el Gobierno del PSOE no debió consentir (y su Secretario Provincial en Guadalajara, Pablo Bellido, tenía que haber reconocido el pasado 21 de mayo en la rueda de prensa en la que denunció los recortes sanitarios en la provincia) ya que, seguramente, supusieron un gasto desmesurado del que, en parte, vienen estos lodos. Me refiero, por ejemplo, a los tejemanejes entre algunos médicos y empresas farmacéuticas para recetar medicamentos de marcas muy conocidas. La práctica siempre era la misma: los laboratorios aconsejaban a los facultativos la prescripción de sus fármacos como si fueran la Teriaca de Andrómaco (cuando había otros más económicos e igualmente eficaces que podían administrarse) y, como recompensa, los médicos complacientes recibían importantes “detalles” de las empresas distinguidas. El gobierno de Barreda conocía estos cambalaches que iban contra el presupuesto público y no movió un dedo para evitarlos.

Quizá, también, el ejecutivo de Barreda pudo plantearse de otro modo la reducción de las listas de espera. Se fomentaron, por ejemplo, las llamadas “peonadas” del personal de quirófano, radiología etc., que se convirtieron en un abuso porque las cirugías programadas por la mañana se retrasaban extrañamente más de lo normal, mientras que por las tardes, previo pago de un generoso suplemento a los facultativos agraciados, se ejecutaban con la mayor diligencia. El Gobierno de Barreda debería haber contratado personal para sostener dignamente el turno de tarde y así aliviar las listas de espera, en vez de pagar horas extraordinarias a precio de oro. Tal medida habría sido no sólo más económica sino también más eficiente, por no hablar de la creación de empleo que hubiera procurado.

Dicho lo anterior, ninguna de las medidas tomadas por el gobierno de Cospedal con el Consejero Echániz como jefe de los matarifes, están justificadas por la mala praxis del Gobierno de Barreda. Entre otras razones porque son parte de un plan de reforma ideológica de la sociedad consistente en convertir a los ciudadanos en súbditos, a los débiles en carne de cañón y a los trabajadores en esclavos, todo para mayor gloria de Merkel y de los especuladores de la prima de riesgo.

Una de las primeras decisiones tomadas por la nueva gerente del área de salud de Guadalajara, Cristina Granados, que es cargo de confianza del Gobierno del PP y que, por cierto, viene de recortar servicios en el hospital madrileño de Móstoles, consistió en ahorrar en personal no cubriendo bajas, excedencias, licencias legales etc., con trabajadores contratados para tal fin. Al prescindir del personal interino hubo que cerrar la sexta planta del hospital y forzar a su plantilla a cubrir cualquier servicio del hospital, ya sea en otra planta de hospitalización o en urgencias, quirófano, UCI etc.. Poco importaba si el personal trasladado tenía la experiencia debida en dichos puestos. La decisión de la nueva gerente no sólo ha provocado un desgaste profesional de los trabajadores afectados, sino también un importante deterioro del servicio, lo que repercute de manera muy negativa en el paciente.

Unido a esto, la dirección del Hospital, con la connivencia de Cospedal, Echániz y demás, ha decidido cerrar unas 160 camas (entre ellas 6 de las 14 de la UCI) durante el verano, lo que supone prácticamente la mitad del hospital, todo esto en una provincia que multiplica su población en el período estival. Así pues, el personal que trabaje durante el verano cubrirá a quienes disfrutan de su merecido descanso, incrementando aún más la probabilidad de que cualquier profesional desarrolle su labor en un servicio en el que no ha trabajado nunca y que, pese a la formación académica y la profesionalidad que acredita, no sea capaz de atender sus obligaciones como es debido.

Otro asunto a destacar es que a día de hoy el Hospital de Guadalajara carece de radiólogo intervencionista, puesto que de los dos titulares existentes uno está de baja por enfermedad y el otro se ha trasladado a Torrejón de Ardoz por motivos laborales. El resultado de tal dislate es evidente: las intervenciones especificas más “sencillas” son realizadas por un médico de otro servicio y con otra especialidad que, por muy competente que sea, no es un experto en la materia.

Además, la dirección del Hospital decidió por fin suprimir las peonadas. Pero, lamentablemente, también decidió que no hubiera un turno de tarde, como la lógica indica, sino que simple y llanamente no se harán, lo que provocará el incremento de las listas de espera, consiguiendo así lo que en realidad se busca desde el Palacio de Fuensalida: que el enfermo que pueda se opere en una clínica privada, y el que no, que sufra una espera temeraria que podría poner en riesgo su integridad física o, incluso, su vida.

A todos estos hechos consumados hay que añadir una rumorología cada vez más insistente y que no hay que desdeñar. Entre las voces que corren de acá para allá destaca la del cierre “temporalmente indefinido” de los CEDT de Azuqueca de Henares y de Molina de Aragón, o el del Instituto de Enfermedades Neurológicas, con el trastorno ocasionado a miles de ciudadanos y el colapso que provocará en las consultas externas del hospital provincial que, además, quedaría degradado, por los recortes, a la condición de hospital comarcal, con la consiguiente pérdida de especialidades, como la de Hemodinámica. Los efectos de tal decisión se advierten catastróficos: si un ciudadano sufre un infarto en Guadalajara, sea de la gravedad que sea, y necesita un cateterismo, tendrá que ser trasladado a Toledo, bien en ambulancia o bien en helicóptero si el balance de gastos lo permite, con lo que se pone en gravísimo riesgo su vida. Por otra parte, es un secreto a voces que hay un contubernio entre la Dirección política de la sanidad y algunos facultativos para dar altas antes de que el paciente esté curado o, al menos, cuando no suponga un riesgo para su salud el abandono del hospital o de ingresar sólo a un determinado porcentaje de pacientes. Además, circula con mucha insistencia la especie de que los enfermos mayores de 80 años no serán intervenidos cuando así lo requiera su dolencia, por lo que serán abandonados de la manera más cruel a su suerte, en una  especie de eutanasia asesina practicada precisamente por aquellos que quieren que muramos con dolor. Hay quien también asegura que el SESCAM y la dirección del Hospital prevén no reabrir las camas clausuradas durante el verano si el balance económico no mejora, lo que puede suponer el colapso y riesgo de muerte no sólo del Hospital de Guadalajara, sino también de sus pacientes y la supresión de los puestos de trabajo del personal interino, que pasarían a aumentar las listas del paro.

A todo esto que acontece en la provincia de Guadalajara le sumamos  lo que ocurre en el resto de la región, como la privatización de los hospitales de Manzanares, Tomelloso, Villarrobledo y Almansa, a los que se pueden añadir los de Puertollano y Valdepeñas, la arriesgada medida de ahorro que supone la disminución de pruebas de diagnóstico precoz a los recién nacidos, la eliminación de servicios en el Hospital Virgen de la Luz de Cuenca, etc. Añadamos a este cuadro desolador los recortes decretados por el Gobierno de la Nación con Rajoy y Mato a la cabeza, que darían para escribir otro artículo y que provocarán el pago del transporte sanitario, el repago farmacéutico nada progresivo para la tercera edad, la retirada de la tarjeta sanitaria a inmigrantes sin papeles y a mayores de 26 de años que no hayan cotizado, etc.

Como ya indiqué antes, asistimos a una reforma ideológica con el fin de tensar tanto la cuerda que los ciudadanos aceptemos el mal menor de la privatización de un derecho fundamental como es la sanidad, universal y pública, y así beneficiar y lucrar a empresas dirigidas por los mismos que destruyen los servicios públicos. El problema es que la cuerda, de tanto tensarla, se puede romper, ocasionando un problema tan grave que la crisis económica, a su lado, se quede en una simple anécdota, porque nada hay más importante que la salud.

Los recortes sanitarios del PP conducirán a hospitales colapsados, profesionales cuya carga de trabajo, estrés y malas condiciones laborales les impida rendir como pueden y merecen los pacientes, epidemias derivadas de la falta de vacunas para hijos de trabajadores sin recursos, muertes en los pasillos de urgencias, ancianos desahuciados, etc.

Estos recortes del PP, por los que quizá algún día sus ejecutores habrán de ser juzgados en el Tribunal de Estrasburgo, nos llevan a una sociedad en la que los pobres estarán mucho más expuestos a la enfermedad y la muerte que los ricos, en emulación de la ley del más fuerte proclamada por los nazis.

La destrucción de la sanidad pública afectará a la inmensa mayoría de la población. Por lo tanto, la ciudadanía, a través de los medios que brinda el Estado de Derecho, debe oponerse y revelarse para impedirla.

Que nadie olvide que la salud de los que recortan está más que asegurada con sus bonitos hospitales privados con ventanilla de pago y atención personalizada. Por eso mismo, los que recortan desprecian la sanidad pública. Ni la necesitan ni la quieren.

Miguel Ángel Márquez Sánchez es Coordinador Local de IU de Azuqueca de Henares

El desastre del PP

Consejo de Ministros=Viernes de terror

El pasado 20 de noviembre, una parte importante de la sociedad española creyó ilusamente en el “cambio” prometido por el PP. Tal opinión se fundaba en el cansancio ante las mentiras, traiciones y entreguismo del gobierno del PSOE a los mercaderes invisibles y a la Alemania de la CDU, país que, de nuevo, se ha arrogado, con la ayuda de Sarkozy, la condición de “potencia de orden” europea.

El 20 de noviembre se volvía a cumplir en nuestro país el precepto no escrito que afirma que las elecciones no las gana una oposición brillante sino que las pierde un gobierno inútil. No se alcanza el gobierno en España por los méritos y ejemplaridad de los aspirantes sino por los fracasos, desgastes y mentiras de los gobernante, de modo que las elecciones, en vez de seleccionar buenos dirigentes, sirven para despedir a los malos dirigentes.    

Los que votaron al Partido Popular, a excepción de los convencidos y de los partidarios de la revancha como forma de vida, pensaban que este partido “iba hacer las cosas mejor, más limpiamente, con coordinación y con más eficacia”, que “crearía empleo, no abarataría el despido, respetaría los derechos sociales, no subiría impuestos y, además, perseguiría el fraude fiscal”. Con estas propuestas tan esperanzadoras, España saldría de la crisis “más pronto que tarde”. Cuántas veces se escuchó en vísperas de las elecciones la frase “hace falta un cambio”, aun cuando tal cosa significara escapar del fuego del PSOE  para caer en las brasas del PP.

Las promesas del PP germinaron en una ciudadanía con una débil conciencia social y con una raquítica cultura política, que ansiaba superar la crisis de manera infantil, mágica, supersticiosa. Además, la batalla de la opinión pública había sido ganada por los medios de desinformación de la derecha, que llevaban años disparando fuego graneado contra el gobierno y contra la izquierda en general. La ofensiva mediática había conseguido reblandecer las meninges de una ciudadanía indefensa que no sentía ningún remordimiento cuando confesaba que su principal actividad de ocio consistía en enchufarse a la televisión para tragarse el último cotilleo o la enésima bobada: “si no leo, no sufro y si no me informo, no pongo en peligro mis inexistentes principios”. Con este panorama y con la ayuda de una ley electoral malversadora de la representación, la mayoría absoluta era segura.

En diciembre, el nuevo ejecutivo se puso manos a la obra. Con un Presidente del Gobierno oculto tras un discurso engañoso que desmentía su programa electoral y un Consejo de Ministros que traía la lección bien aprendida de que hay que tapar al jefe pase lo que pase, era previsible lo que estaba por venir.

Cumplidos los cien primeros días de su mandato, el Gobierno de Mariano Rajoy presenta una ejecutoria inigualable: ha desmantelado los servicios públicos básicos, poniendo en grave riesgo la vida de cientos de miles de  personas, especialmente las más débiles, ha subido los impuestos a quienes ya los pagan hasta extremos confiscatorios, ha abaratado el despido a un límite insultante, ha volteado el Derecho Laboral y el ya debilitado Estatuto de los Trabajadores llevando a la burla la relación asimétrica entre trabajador y empresario, ha elevado la tasa de desempleo al 25% y bajo el eufemismo de “regularizar fiscalmente los activos ocultos”, no sólo amnistía al defraudador (que es la carcoma de los servicios públicos y pesadilla de la guardia civil de aduanas) sino que da pábulo a lo peor de la delincuencia internacional, con el argumento capcioso de que así se obtendrá “una mayor recaudación” de dinero muchas veces manchado de sangre. Nunca antes un Gobierno había destrozado tanto en tan poco tiempo.

Nada sorprende en estos tiempos de tinieblas. El “credo neoliberal” (responsable ideológico de la crisis que padecemos) y sus vástagos, las políticas de ajuste duro, se toman como un dogma. La primera regla del catecismo de desvaríos que rige a la derechona que nos manda es que para salir de la crisis hay que aplicar recortes, no importa lo traumáticos que sean, con el fin de aliviar el peso del déficit y de la deuda. La mentira de este principio es manifiesta: los recortes debilitan la economía, provocan la caída de la recaudación y aumentan el paro, conduciéndonos a una espiral de crisis cada vez más profunda, con el consiguiente aumento del déficit y de la deuda en porcentajes del PIB, precisamente lo que se quería evitar. Además, los recortes brutales destruyen los lazos de la sociedad y crean sufrimiento colectivo, con unas consecuencias incalculables en el futuro.

Los ajustes del PP son un disparate porque el pago por intereses a los bancos va a aumentar de nuevo este año, hasta alcanzar los 30 mil millones de euros aproximadamente, cantidad superior a la suma de todos los recortes incluidos en unos Presupuestos Generales del Estado que podemos calificar como los más infames y efímeros de nuestra historia. Los señores del PP pretenden hacernos creer que “no hay alternativas” a un dogma estúpido, y que debemos resignarnos mansamente a escuchar el parte de guerra que el Consejo de Ministros nos lee cada viernes, en el que la Vicepresidenta anuncia con frialdad y desprecio a cuántos ciudadanos toca sacrificar ante el altar de los acreedores internacionales.

Asoma en todo este espectáculo macabro la verdadera naturaleza del capitalismo actual. Es menester que no cese la transfusión de riqueza colectiva a los bancos y a los grupos financieros en dificultades, aunque para ello haya que destruir la educación, la sanidad, la cultura, la investigación, los subsidios por desempleo, la ayuda al desarrollo y los servicios sociales. La crisis descubre que el objetivo es uno y sólo uno: condenar a las personas para salvar a la banca privada. Se entiende ahora, con la perspectiva del desastre acumulado, el entendimiento traicionero del pasado mes de agosto entre el PSOE y el PP para reformar la Constitución, elevando a exigencia constitucional que la primera obligación del Estado español consiste en pagar a sus acreedores y no en dar de comer a sus ciudadanos.

Desafía a la lógica que el Gobierno, el BCE y el FMI callen cuando su “modelo neoliberal” salta por los aires, como ha sucedido en Irlanda o Grecia. Lejos de rectificar, argumentan que tal hecho se debe a que el ajuste no ha sido suficiente. En resumen, que hay que “cavar aún más hondo” para ver la luz. Desde luego que vivimos tiempos en los que los locos pasan por cuerdos y los cuerdos son encerrados en el manicomio por los asesinos.

La repetición constante en los medios de desinformación de este catecismo (aceptado por casi toda la derecha y por los que, aparentando ser de izquierdas, se brindaron a empuñar sin contemplaciones la tijera del recorte) le confiere una carga tal de intimidación que ahoga las tentativas de reflexión libre, dificultando extremadamente la resistencia contra esta nueva forma de oscurantismo. Poco importa que tanto unos como otros, convencidos y conversos, no puedan ofrecer una defensa empírica del mundo que están destruyendo. Lo importante no es la realidad sino cómo se construye una mentira que, a fuerza de insistir, pasa por verdadera.

  

Esta “economía de saqueo de lo público y de lo colectivo” no es más que el robo legalizado e institucionalizado de la riqueza mundial que pertenece a miles de millones de personas, que pasa a manos de unos mercaderes que tienen nombres, apellidos, dirección y teléfono. El latrocinio tiene en cada país sus propias y terribles consecuencias en forma de tragedias sociales y dramas humanos, como el suicidio, el pasado mes de abril, de un jubilado sin recursos en Grecia. El sistema capitalista ha fracasado y ahora se muestra tal cual, sin complejos ni subterfugios.

A pesar de la propaganda, una cosa queda clara: las causas de esta crisis no se encuentran ni en los centros educativos ni en sus estudiantes, ni en los hospitales ni en los enfermos, ni en los servicios sociales ni, mucho menos, en nuestro sistema de relaciones laborales. La crisis que padecemos tiene por origen el sistema financiero internacional, que en España ha intensificado sus efectos sobre el desempleo al coincidir con el estallido de la burbuja inmobiliaria.

La solución a los problemas económicos que nos aquejan diariamente no pasa por laminar las bases de nuestro Estado de Bienestar, ni por imponer vías de ajuste rápidas a través de despidos y empleos precarios, sino por desarrollar las políticas que mejoren nuestro crecimiento y competitividad sin lesionar derechos sociales que son patrimonio del conjunto de la sociedad española.

España precisa una política de crecimiento de la que se derive la estabilidad presupuestaria. Hoy esa agenda contra la crisis es una evidencia que se manifiesta con fuerza creciente en Europa, aunque el Gobierno de España siga ignorándola, lo que pone de manifiesto que nuestro Presidente y sus ministros sirven a otros intereses y no a los generales de la sociedad española.

Existen demasiadas evidencias, y el caso español es una de ellas, de que intensificar el ajuste presupuestario sin política de crecimiento conduce a la recesión, al desemplo masivo, a una mayor desigualdad y, por tanto, a dificultar que se alcance un equilibrio estructural de nuestras cuentas públicas.

En definitiva, empeñarse en ajustar más la soga al cuello del ahorcado demuestra intenciones homicidas.

Vivimos tiempos en los que los gobiernos representan los intereses de las grandes fortunas y las grandes empresas, y en los que el bienestar social es destruido para intentar satisfacer la voracidad infinita de unos mercados sin alma ni corazón.

María José Pérez Salazar es miembro del Consejo Político Local de IU de Azuqueca de Henares

Banco malo hablar con lengua de serpiente

La historia es bien conocida, aunque es preciso recordarla para mejor enjuiciar una decisión con la que, cuando menos lo esperemos, nos va a atizar el gobierno para salvar a quienes gobiernan de verdad: los banqueros.

Durante una década (1997-2007) las entidades financieras españolas concedieron créditos-hipotecarios imposibles que inflaron la burbuja inmobiliaria hasta el reventón final, ocurrido hace cuatro años. Mientras fluían montañas de crédito en pos de una actividad tan inútil como amontonar ladrillos recochos y acumular solares en medio de la nada, los bancos repartieron dividendos de película, festejaron ampliaciones temerarias y remuneraron a sus directivos con primas de escándalo. Algo parecido ocurrió en otros países, los EEUU, Islandia e Irlanda especialmente, aunque la extensión del mal ejemplo no es consuelo con el que justificar nuestra particular ruina.

La especulación del suelo alimentaba la especulación del crédito. Ambas demandaban ejércitos de albañiles, arquitectos, aparejadores, ferrallistas, soladores, notarios y demás oficios relacionados con el arte de levantar tabiques, acrecentando la superstición de que en España se había descubierto una nueva forma de producir riqueza: que los inmuebles y los solares siempre suben de precio y que mover dinero de un lado para otro, sin más, es manantial inagotable de prosperidad. 

La avaricia, que es un fuerte disolvente de la moralidad, hizo que la locura se volviera colectiva. Muchas personas de pocos medios, alucinadas por los espejismos del capitalismo popular y por las ofertas y mentiras de los bancos, firmaron créditos hipotecarios para comprar un bien sobrevalorado, en el ingenuo convencimiento de que adquirían un seguro que les resguardaba ante la adversidad futura. Otras, con más posibles, se sumaron al casino inmobiliario para vender por la noche lo que habían comprado por la mañana, ganando en unas horas lo que no proporcionaba ningún salario procedente de un trabajo honrado. Todos los jugadores del monopoly inmobiliario, tanto los que tenían medios como los que no, compraban a crédito, suponiendo ingenuamente que devolverían la deuda con cargo a revalorizaciones milagrosas o merced a una venta satisfactoria de un bien inmune a la devaluación.

Mientras la multitud creyó esta pamema, la rueda de la fortuna giró enloquecida. España se llenó de coches de lujo. Las grúas se levantaban hasta en el más humilde descampado. Se puso de moda tener un rottweiler, viajar al Caribe, ir de compras de fin de semana a Nueva York, cobrar en “b”, dejarse corromper y manejar resmas de 500 euros en transacciones inconfesables. Nuestro país se llenó de horteras, la vulgaridad lo infestó todo y la corrupción, compañera inseparable de la podredumbre de la moral pública, se hizo endémica.

Cuanto mayor era la especulación, mayores eran también los incentivos y premios para los que la promovían (banqueros, promotores inmobiliarios, tasadores, brókers, notarios, políticos complacientes y resto de comisionistas). A mayores incentivos, más se hinchaba la burbuja y, con ella, el riesgo de las entidades de crédito, que acumulaban como contravalor de sus préstamos temerarios unos bienes, inmuebles y solares, a los que se les confería la propiedad milagrosa de aumentar su precio de manera constante.

Pero cuando estalló la burbuja, la verdad se abrió paso. Súbitamente se derrumbaron las valoraciones ficticias de los activos que respaldaban los créditos concedidos. Una buena mañana, los mismos bancos que en la víspera celebraban resultados extraordinarios advirtieron que los avales y operaciones que sostenían sus realizaciones eran puro humo. Sus balances valían mucho menos de lo admitido, reflejaban una riqueza que no tenían y registraban un agujero contable capaz de tragárselo todo. Además, cada banquero sabía que sus colegas de la competencia eran unos trampalargas a los que no se les debía dar ni la hora por riesgo a perder el reloj y el gemelo de la camisa en el acto petitorio. Reo de la desconfianza, el crédito interbancario se esfumó y lo que antes era una actividad lucrativa, construir pisitos y traficar con solares, se convirtió en ruina y tumba de la economía nacional. La banca, queridos lectores, estaba hecha harina. Consiguientemente, vino lo inevitable. La marabunta de oficios que vivían del ladrillo se descompuso. El paro se disparó hasta niveles de emergencia. Comenzaron los impagos de las deudas hipotecarias. El ciudadano medio pasó de la berlina de lujo adquirida en leasing, factoring o renting, al utilitario de segunda mano de dos mil eurillos pagados al contado en billetes de cinco euros. Los rottweiler, antaño cariñosos, mordían a sus dueños. Los fajos de 500 euros volaban hacia las Caimán, Suiza, Alemania o las Feroe. Cientos de miles de familias comenzaron a ser desahuciadas de unas viviendas que ya no eran un seguro de vida sino una piedra atada al cuello de quienes las compraron. Se puso de manifiesto, en fin, que la España del ladrillo era un Pueblo Potiomkin, un decorado de cartón piedra, un país de chisgarabís. Eran los años en que un tal Chiquilicuatre, expresión de la superficialidad patria, bailaba el chikichiki en Eurovisión. 

Durante todo este aquelarre, el Banco de España, entidad reguladora del correcto funcionamiento bancario, se tapó los ojos y consintió el abuso, la estafa y la temeridad en el crédito privado, traicionando su cometido y amparando lo que nunca debió admitir, sin que tales faltas llevaran a sus dos últimos gobernadores, Caruana y Fernández Ordóñez, ni al cese ni a la cárcel, como hubiera sido de justicia. Los partidos sentados en los consejos de administración de las cajas consintieron y alentaron la orgía, cada uno según el número de comisarios que les correspondían, sin que ninguno se salve. Los gobiernos ayudaron en la misma dirección, en coyunda infame con los especuladores. Primero, el de Aznar, que decretó el disparate de que toda España era alicatable. Después, el de Zapatero, que se jactaba tontamente de unos éxitos económicos tan falsos como perversos, cuando ponía de oro y azul a los bancos y cajas de ahorro patrios. PP y PSOE, piezas necesarias de un bipartidismo asfixiante, autorizaron ayudas de cientos de miles de millones de euros a una banca carcomida por la avaricia, convirtiendo porciones cada vez más grandes de deuda privada en deuda pública nacional. 

El daño provocado por la crisis ha sido de una magnitud tal que la sociedad está a punto de descoyuntarse. El Estado del bienestar se ha ido a hacer puñetas. Nos gobiernan mediocridades al servicio de intereses privados y bastardos. Nos acercamos al abismo de los seis millones de parados. Se ha legalizado la esclavitud laboral y se ha condenado a una generación al apartheid social. No caben más barbaridades y retrocesos en menos tiempo. Sufriremos el dolor de estas heridas durante muchos años y lamentaremos amargamente haber consentido que el capitalismo salvaje y sus representantes dominaran nuestras vidas.

Decíamos al comienzo de esta líneas que es muy conveniente recordar esta historia tan aciaga porque su principal causante, la banca, no sólo no ha sido castigada por sus fechorías sino que se dispone, por mediación de un gobierno títere, a cobrarle a la sociedad una nueva factura con la que esquivar un destino pompeyano.

La tapadera de este postrero intento de expolio se llamará Banco Malo, Fondo para la Reestructuración de los Activos Financieros, Sociedad Inmobiliaria, Financiera y de Ahorros, Entidad Fideicomisaria para la Transformación del Guarismo Oculto o alguna mandanga similar, porque cuando se trata de robar a gran escala no hay gónadas para llamar a las cosas por su nombre. No hay que descrismarse para averiguar qué demonches se ocultará detrás del eufemismo apocado, porque es claro como la luz del sol que la banca, una vez más, precisa saquear el bolsillo ajeno para evitar la quiebra propia. Con el banco malo, que es un concentrado de la maldad bancaria, se busca convertir la deuda privada de las entidades financieras en deuda de todos, que pagaremos aunque no podamos, así muramos en el intento.

La triquiñuela es simple: hay que sacar de los balances de los bancos la basura que han acumulado tras años de mentiras y estafas, para evitar que su peso los hunda irremediablemente. Para lograr tal propósito es menester encontrar a un imbécil dispuesto a comprar la quincalla almacenada a precio de oro molido. Encontrado el incauto proclive al sablazo, los bancos ingresarán miles de millones de euros por la venta de unos desechos sin futuro. Realizada la operación, bancos y cajas, ya sin deuda y liberados del riesgo, dejarán de consumir capital propio con el que dotar reservas abrumadoras, mejorarán sus balances y se consolidarán para seguir haciendo lo que mejor saben: atracar a las personas. Hoy como ayer, los bancos reclaman una nueva bandera para ejercer la piratería con apariencia de legalidad. Y hoy como ayer, el gobierno parece dispuesto a concedérsela una vez más.

Se advierte que para perpetrar este latrocinio a gran escala es preciso determinar dos cosas: quién es el primo al que se le va a colocar la mercancía averiada y a cuánto asciende el sablazo que se la va endiñar.

El gobierno de Rajoy, a través del exbanquero De Guindos y en concurso con las entidades financieras más deterioradas, entre ellas la Bankia mangoneada por todas las familias del PP madrileño con el consentimiento de un consejero de IU, un tal Moral Santín, al que aún no le ha sido separada la cabeza del tronco, ha elegido dos posibles víctimas a las que endosarles el tocomocho del ladrillo: los contribuyentes de la UE o los españoles en solitario. Dos vías existen para hacerlo: que el sablazo se pague con cargo al Fondo de Estabilidad Financiera o que la factura se traspase a los Presupuestos Generales del Estado. Lo primero es altamente improbable. Para empezar, porque los recursos del fondo de estabilidad sólo pueden ir destinados a ayudar a los gobiernos y nunca a entidades privadas. Y, después, porque no resulta creíble que los gobiernos europeos estén dispuestos a pedirles a sus contribuyentes que paguen los excesos de la banca española. Se perfila como favorita, por tanto, la segunda opción, esto es, que sea el contribuyente español, aquel al que se le recortan salarios, prestaciones y derechos, el que con engaños y fullerías pague a un precio inaudito la chatarra que la banca desprecia. Algún bienaventurado podría pensar que esta tropelía no es posible, ya que el gobierno no parece dispuesto a admitir que el gasto público aumente el déficit público. Pero hete aquí que un truco contable permite que se obre el milagro consistente en que regalar dinero a la banca no eleva el déficit, por más que tal gasto, tan real como la vida misma, se haga sin ninguna seguridad de devolución posterior. Posible el ardid, el gobierno esquilmará un presupuesto famélico para rescatar a los bancos una vez más. Los miles de millones de euros empleados en tal menester obligarán a cerrar más hospitales, despedir a más trabajadores, subir más los impuestos y empobrecer más a la población. La brutalidad de la medida es tal que el gobierno de Rajoy correrá a ocultarla con humaredas tales como que lo que se da es un préstamo de seguro cobro o que, al menos en parte, una porción del dinero de la operación saldrá del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, como si las tres cuartas partes del FROB no se nutrieran con capital público y el 25% restante, aportado por los bancos, no se atesorase sino para garantizar los ahorros de los depósitos de sus clientes en caso de quiebra. Dicho todo lo anterior, es obvio que Rajoy procurará que nadie entienda palabra del engaño planeado porque de descubrirse, el escándalo y la indignación serían mayúsculos. La sociedad, que echa réspices y truenos por la boca, ya no está para estos bollos indigestos.

Al problema de la determinación del “pagano”, protagonista de esta opera bufa, se añade otro no menos importante: fijar el guarismo. ¿A cuánto se eleva el pufo de la banca española o, en otras palabras, cuánto mide el diámetro del boquete bancario que hay que tapar con el sufrimiento de los contribuyentes? Empecemos diciendo que llama poderosamente la atención que no exista una cifra indiscutida sobre una cuestión tan capital, y que las publicadas no tengan nada que ver unas con otras (entre 50.000 y 180.000 millones de euros, según quien hable y opine). Sea cual fuere la cifra, los banqueros nos mienten con total desvergüenza, puesto que a mayor quebranto reconocido más cuantiosas habrán de ser unas provisiones que no pueden dotar (de ahí que los bancos se nieguen a vender a precio de mercado las viviendas que atesoran, siendo su cantidad, por cierto, otro misterio sin desvelar). La magnitud del sablazo a propinar asusta, especialmente ahora que el sableado, pálido y exangüe, no está para más estocadas, porque bien pudiera ocurrir que el país no resista tanta operación de saneamiento ajeno y que se despeñe definitivamente por el boquete de la deuda. Muy pronto se verá.

Vivimos tiempos de recortes, de privaciones y de estrecheces inaceptables para casi todos, excepto para los bancos, defraudadores y demás fauna, que disfrutan de crédito público ilimitado para tapar sus abusos y miserias. Vida aperreada para la mayoría y de confort para los ladrones de guante blanco, a los que se amnistía graciosamente: esta es la receta de un gobierno, el de Rajoy, que prometió, no lo olvidemos, que jamás ayudaría a la banca con dinero público.

El país se desmaya, la sociedad se desangra, no hay crédito productivo, los ahorros de los ciudadanos peligran y el consumo cae a niveles desconocidos. En frase lapidaria, la mayoría sufre lo indecible mientras los banqueros y sus amigos siguen vistiendo trajes de alpaca de la sastrería Brioni, beben Cuvée 1888 y se fuman un Montecristo Grand Edmundo después de embutirse la comilona de rigor. Vida descansada para la élite y vengan penas para el resto.

Cuatro cifras terribles se van a cruzar muy pronto en el horizonte económico nacional, como trayectorias de cometas que anuncian conmociones y símbolos de una España fallida: seis millones de parados, seis millones de viviendas vacías, dos millones de personas desahuciadas y casi doce millones de pobres o en riesgo de exclusión social. El día en que se crucen los cursos de estos astros traspasaremos una frontera hacia lo desconocido.

Terminemos con una recomendación que viene muy a cuento: la lectura de una obra del injustamente olvidado Pedro Luis de Gálvez, fusilado por el franquismo tras la guerra civil, titulada El sable. Arte y modos de sablear. Este libro viene muy a propósito tras lo aquí dicho. Por él conoceremos el genio de una práctica, la del sablista, propia de poetas raídos y de filósofos que viven al pelo, que los banqueros han degradado irremediablemente. Tantos años de estudio en escuelas de negocios no han pulido sus modales. Por eso, nuestros banqueros acostumbran a dar el sablazo con la intermediación de un figurante en vez de hacerlo a cara descubierta, como reclama la ética del sablista auténtico y verdadero. Definitivamente, un país que no respeta a sus clásicos está perdido.

Emilio Alvarado Pérez es portavoz de IU en el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares

Criminalizando la educación

Wert se divierte en las sesiones de control del Congreso de los Diputados

Un día tras otro nos levantamos viendo en los medios de comunicación noticias sobre los problemas que causa la crisis económica en la sociedad española. Cada día hay más personas en el paro y más familias sin ninguna prestación ni recurso. ¿Qué hace el Gobierno para solucionarlo? Recortar y convocar “gabinetes de crisis” por la nacionalización de YPF, empresa que de española tiene muy poco. ¿Cuáles son los últimos recortes? Los sanitarios y educativos.

Me centraré en desmontar las mentiras y falacias vertidas por el Partido Popular contra la educación y los estudiantes.

En primer lugar, el señor Wert y la señora Cospedal afirman que los españoles somos muy malos estudiantes universitarios y que costamos al erario público mucho dinero (3.000 millones de euros anuales), además de alcanzar una tasa de fracaso universitario del 30%. Es aquí donde comienzan las mentiras. Cuando el señor Ministro y la Secretaria General del PP afirman que la tasa de fracaso universitario está en el 30%, incluyen a las personas que por diferentes causas hemos tenido que cambiar de carrera universitaria. Si eliminamos ese añadido, la cifra de fracaso baja al 21%. También olvidan mencionar en sus críticas las cifras que ofrecía la CRUMA (Conferencia de Rectores de Universidades en Madrid). En ellas, los rectores afirman que el 79% de los estudiantes que comienza sus estudios universitarios los consiguen terminar y que, además, sobre este particular, estamos mejor que la media europea.

¿Qué propone el gobierno para solucionar un  problema que no existe? Aumentar las tasas universitarias de un 15% a un 50%-60%, y reducir el número de becas y ayudas a los estudiantes. Citando al señor Ministro: “es hora de que las familias paguen los estudios de sus hijos”. Sin embargo, tanto Wert como Cospedal olvidan mencionar que al aumento de las tasas por parte del Estado hay que añadir las posibles subidas de las diferentes universidades. ¿Qué supone la disminución de las becas y ayudas, junto con la subida de tasas? Que el próximo curso, la mayoría de los estudiantes pagará una matrícula superior a los 1.500 euros anuales y que muchos otros se verán obligados a no realizar estudios universitarios o abandonar los que ya están cursando.

¿Dónde está la trampa? La desveló el Ministro de Educación afirmando que a los estudiantes se les podrán conceder préstamos con diferentes entidades bancarias para sufragar sus estudios. ¿Qué es lo que no dice? Que los estudiantes que soliciten uno de estos préstamos, por el hecho de estudiar, tendrán que pagar intereses abusivos que les tendrán endeudados durante muchos años de su vida.

Continuando con más mentiras, la siguiente nos lleva a la “supuesta” gran cantidad de universidades públicas que hay en nuestro país. El señor. Wert sostiene que hay que reducir el número de instalaciones universitarias porque suponen un gasto excesivo. Hablemos de costes, señor Wert, y comparemos el porcentaje destinado por dos comunidades autónomas a financiar las universidades públicas y privadas. La primera de esas comunidades es Asturias. En el Principado, el porcentaje destinado a las universidades públicas alcanza un 80% del total, mientras que el destinado a las universidades privadas es de un 20%. Ergo, pese a destinar un 20% del presupuesto educativo para la enseñanza superior a universidades privadas, que se financian con el dinero que pagan sus estudiantes, el porcentaje es adecuado. En el lado opuesto tenemos el ejemplo de la Comunidad de Madrid, en la que el porcentaje del presupuesto se distribuye en un 50% entre universidad pública y privada. Un reparto aberrante, ya que estamos financiando universidades privadas con grandes cantidades de dinero público. ¿Qué no cuenta, además, doña Esperanza Aguirre sobre esta cuestión? Que esos porcentajes también son falsos a efectos de liquidez, ya que la partida destinada a las universidades privadas siempre llega, mientras que con las públicas mantiene una lista de impagos intolerable. Por lo tanto, la realidad es que en Madrid se está destinando más dinero de los contribuyentes a promover intereses privados que públicos.

Además de esto, ¿por qué el señor Wert y los señores del PSOE no hablan de las dificultades financieras que han tenido que pasar las universidades para poder adaptarse a los "Grados" sin casi financiación del Estado? No les interesa, es mejor hacerse la foto.

Por último, desmontemos las mentiras sobre la educación primaria y secundaria. El señor Wert afirma que hay que aumentar la ratio de alumnos por clase. Esto supondrá el aumento de alumnos por aula retrocediendo a cifras de otros tiempos. También supondrá una peor calidad educativa para nuestros jóvenes y el despido de profesores, aumentando más el paro. ¿Por qué el Estado y las Comunidades Autónomas no se centran en la educación pública, que es lo suyo, y dejan de promocionar y financiar colegios privados y concertados con los impuestos de los ciudadanos?

La educación no es un negocio, de modo que no se le pueden exigir beneficios al instante como si de un banco se tratara. La educación es una inversión de futuro que está dando sus resultados, estando España a la cabeza de Europa en jóvenes sobradamente preparados.


Reconozcan sus errores, señores y señoras del PP y del PSOE. No intenten arruinar estas buenas cifras criminalizando a la educación y a los estudiantes. Inviertan en futuro para que dejemos de ser también un país a la cola del mundo en jóvenes preparados y sin empleo y, ahora, en jóvenes que se ven obligados a marcharse del país. Dejen de fabricar mano de obra barata y sin preparación a la que tratar como borregos que no se atreven a levantar la cabeza. En definitiva, dejen la política de "panem et circenses" (aunque ya ni pan) y ocúpense de mejorar el país y no sus propios egos. Luchemos por una educación digna y de calidad. Como dijo Edmund Burke, uno de los padres del conservadurismo clásico, al que se supone que deberían haber leído: "la educación es la menos cara de las defensas de una nación."


Miguel Óscar Aparicio es militante de IU de Azuqueca de Henares

Crisis, desbordamiento social y reacción

La derecha catalana es a la derecha española lo que el fuet al salchichón

Los predicadores del capitalismo desbocado (neoliberales, políticos derechistas y corruptos, financieros podridos de dinero, tertulios y otros mercenarios de la pluma y de la palabra) adelantaron la última crisis del capitalismo desde poderes que ocuparon con todo género de malas artes.

Esta élite peligrosa, además, agrava las consecuencias de la crisis al empeñarse en mantener un sistema condenado e inmoral, sin importarle que su propósito acarree la destrucción de la sociedad. 

Doblemente culpable, por causar la crisis y por ahondar el sufrimiento colectivo, la oligarquía gobernante está dispuesta a cometer un tercer abuso: reprimir por la fuerza al que no se someta mansurronamente al suicidio que le imponen. Desengañémonos, esta casta es refractaria a la enmienda.

Nunca se repetirá suficientemente. La caterva dominante no sólo provocó el desastre que soportamos. Quiere, también, destruir medio siglo de regulaciones que han permitido la paz social. Su plan es convertir a los ciudadanos, presentes y futuros, en parias sin derechos, en seres semovientes agarrotados por el miedo, en mobiliario de salón, de ese que pasa de moda y acaba en el basurero.

Los que mandan inoculan el virus de la desigualdad, exacerbando el conflicto social. Provocada la alteración, convierten el conflicto social en materia de orden público. Provocan un incendio pavoroso y quieren que nos comamos las cenizas en silencio.

Hasta ahora, la mentira y la manipulación habían bastado para mantener embrutecida a una población enganchada a la dopamina del consumo a crédito. Pero la crisis ha destapado la locura de un sistema en el que sólo caben unos pocos. Cuanto más profunda es la crisis, más nítida es la imagen de una élite dispuesta a todo para defender sus privilegios, que se sostienen en la miseria de la mayoría. 

En España esta casta actúa sin recato, ahora que la mayoría absoluta respalda su despotismo. Recurren abiertamente a la manipulación más grosera, a la amenaza y a la violencia física contra disidentes y víctimas, que somos casi todos. Su representante máximo es el gobierno de Rajoy, que alcanzó la mayoría absoluta a partir de un fingimiento prostibular de mentiras y de silencios canallescos nunca antes visto en una campaña electoral. Pero desde la oscuridad cobarde, como rasputines y validos, maniobran otros grupos que empujan al gobierno en la dirección que les conviene. Mientras tanto, el interés general es arrastrado por el barro y otras inmundicias.

Rajoy no fue elegido para destruir los consensos sociales básicos, de modo que su mayoría absoluta es, a este respecto, perfectamente ilegítima. No está habilitado para gobernar como lo hace, si es que a lo que hace se le puede llamar gobernar. Ni como mandatario ni como simple mandado es Rajoy digno del cargo que representa. Con él se impone el gobierno de los bárbaros que, como diría el clásico, se empeña en dominar por el temor, el achicamiento y la estupidez.

Destruyendo las leyes laborales, Rajoy y sus amigos nos han convertido en siervos de la gleba. Pero tal retroceso no basta para calmar a una élite insaciable que siempre pide más aunque ya se le haya dado todo. Por eso, el gobierno derriba los servicios públicos que nos hacen ciudadanos, arguyendo que son una carga insoportable, y anuncia que va a tomar al asalto la televisión pública nacional, convirtiéndola en un órgano de propaganda con el que construir un conformismo gallináceo apropiado para la conmoción que se avecina.

Rajoy nos amenaza con la criminalización del disidente o del agraviado. Por declaraciones de su gobierno sabemos que no dudaría ni un segundo en encarcelar a Ghandi o a Martin Luther King, por kaleborrokos. También ha dado pruebas de que le importa un comino poner en peligro la salud de las personas, al negar la tarjeta sanitaria a inmigrantes sin papeles. Además, hinca de rodillas al país envolviéndose en una bandera que todo lo tapa. Finalmente, perdona a sus condenados y amnistía a los grandes defraudadores, mientras que amenaza con aplicar badana al humilde. En pocas palabras, es débil con el fuerte y fuerte con el débil, defecto eterno del cobarde. Haz lo que te mando y no hagas lo que yo hago: esa es su divisa, emblema universal de la hipocresía.

La crisis nos muestra el abismo y el mal que anida en el sistema. Pero, a la vez, nos enseña los límites de un orden que se desmorona. De ahí que la crisis pueda ser, también, liberadora, porque nadie quiere, al menos conscientemente, inmolarse inútilmente para mayor gloria de quien le explota y desprecia. Los contrastes brutales de la crisis han conseguido un efecto positivo: que aumente la riada de ciudadanos que se rebelan contra el despotismo de la casta dominante.

Las redes sociales están rompiendo el monopolio manipulador de la opinión publicada, que está cada vez más lejos de la opinión pública. Saltan las costuras del sistema político, de ahí su descrédito y el de sus protagonistas, gobierno incluido, por muchos votos que arropen sus decisiones. Con un clima tal, no es casualidad que la monarquía se vea en la obligación de pedir excusas por actos que antes eran broche y sol de su ejecutoria. Los ciudadanos se echan a las calles convirtiéndolas en ágoras. No hay prestigio en las instituciones y sus mandatos, en vez de procurar consentimiento ciudadano, provocan primeramente desconfianza cuando no rechazo completo. Es tanta la separación entre el común y las instituciones que cuando algunas de ellas precisan reunirse en una ciudad, hay que blindarlas contra los ciudadanos a los que, teóricamente, habrían de representar. El Banco Central Europeo es ejemplo neto de esta perversión: su reunión fuera de su sede exige el control militar de la ciudad elegida, la ocupación policial previa y la declaración de una suerte de estado de excepción contrario a la dignidad, derechos e intereses de sus habitantes. Cada vez es más frecuente la paradoja de que el poder que emana del pueblo legisla contra el pueblo, ocultándose y viviendo una vida ajena despegada de su hacedor. Atravesamos tiempos crepusculares en los que se hace real la máxima todo el poder para el pueblo, contra el pueblo y sin el pueblo.

Signo de nuestra época, el poder público se aleja de la sociedad, se aliena, erosiona su legitimidad y arremete contra su fuente y origen. De ahí la necesidad urgente de abordar su refundación. De lo contrario,  habrá oligarquía para rato, maldición eterna de nuestro país, como denunciaba Joaquín Costa hace poco más de un siglo.

Para escapar de un destino que no podemos asumir como fatalidad hay que cambiar las élites, las mentalidades, las instituciones y los fines que inspiran nuestra sociedad, que es tanto como decir que hay que transformar el alma colectiva que nos rige.

Aparece así en el horizonte de nuestra historia, una vez más, la necesidad de un programa que evite la desintegración. Nadie puede asegurar el éxito de la empresa, por mucho que sea necesaria, lo cual no significa que haya que renunciar a ella porque, como decía Ramón de Garciasol, “de otro modo sería imposible el Quijote”.

Emilio Alvarado Pérez es Portavoz de IU en el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares

Montoro lava más blanco

Qué flaca es la memoria humana

El eufemismo es, en política, la antesala del atraco. También opera esta regla en la vida privada, aunque en los asuntos cotidianos el eufemismo puede ser, además, expresión de buenas maneras. Pero dejemos el desarrollo de esta última idea para mejor ocasión.

Cuanto peor discurre la cosa pública, más tiende el gobernante frescachón, cuando se dirige a los gobernados, a abusar de perífrasis, rodeos y circunloquios. Los casos menudean, hecho al que no es ajena la influencia nefanda de la crisis. Por ejemplo, si el gobierno dice que es partidario de la flexibilización, que se agarren los trabajadores a algo firme porque lo inmediato es que les bajen el sueldo o les recorten los derechos. Del mismo tenor son términos como fusión, racionalización, modernización, ajuste, crecimiento negativo y demás consanguíneos, embelecos con los que marear a la víctima antes de asestarle el golpe definitivo. Si tienen la mala fortuna de escuchar estas palabras, dispóngase a cavar inmediatamente una trinchera porque anuncian que se apuntará a matar.

El último de los circunloquios que cargamos sobre nuestro costillar ha sido patentado por el Ministro de Hacienda, señor Montoro, figura que no decepciona, por más que su última comparecencia parezca siempre insuperable. Nos propone don Cristóbal la bondad de aprobar una regularización de activos ocultos que, dicho así, sin mediar explicación, parece cosa razonable por lo bien que suena. ¿A quién le parece mal que se saque a la luz, para que se oree, lo que pulula en el secreto, en la humedad y en las tinieblas? Ocultar es algo sospechoso, porque el ocultamiento es la condición necesaria del acto traicionero, de ahí que el Evangelio proclame et lux in tenebris lucem. ¿Y qué decir del noble propósito de regularizar? ¡Qué bonito y serio es lo regular, lo preciso, lo que se atiene a una norma adecuada! Nos gustan los trenes puntuales, que es lo mismo que regulares. Tomamos fibra para regularnos y queremos, regularmente, cobrar la nómina ganada con sudor, esfuerzo y dedicación. ¡Don Cristóbal, siempre con usted!

Desafortunadamente para el señor Montoro y para las ilusiones de los crédulos del mundo, todo circunloquio manifiesta una debilidad directamente proporcional a la profundidad del misterio que tapa. En la inevitable aclaración en sede parlamentaria, el Ministro de Hacienda no pudo evitar que aflorase su verdadera intención, despojada de disfraces, que no es otra que decretar una amnistía fiscal en beneficio de lo peor de la delincuencia mundial. Dicho a lo llano, como proponía nuestro primer poeta, Gonzalo de Berceo (quiero fer una prosa en román paladino/en el qual suele el pueblo fablar a su vecino), la regularización de activos ocultos no es mas que una manera finolis de proponer que el Estado se ponga al servicio de la mafia y el choriceo universal, blanqueando el dinero de sus actividades criminales.

Cuando los activos ocultos (dinero negro) salgan a la luz, la administración no preguntará por su origen y serán receptados sin más, se transmutarán (blanquearán), convirtiéndose en dinero honorable, como el que se gana legítimamente. Está claro que al gobierno del señor Montoro le trae sin cuidado que los capitales a regularizar puedan estar manchados de sangre. A lo que se ve, lo que importa es rescatarlos del agujero de podredumbre en el que se esconden, aunque para hacerlo haya que apartar algunos cadáveres molestos que flotan a su lado. Nunca lo alto cayó tan bajo.

El Gobierno del PP, con el apoyo interesado de CiU (coalición en la que suelen abundar defraudadores fiscales y expoliadores de lo público), previo pago de 219 millones de euros para Cataluña consignados en los presupuestos del Estado, ha aprobado una amnistía fiscal que no sólo es oprobio e insulto que ofende al ciudadano cumplidor, sino que convierte al Estado en una maquinaria dedicada al blanqueo de capitales, que es un delito tipificado en el artículo 301 del Código Penal.

La amnistía fiscal no sólo perdona un delito, el de evasión de impuestos (artículo 305 del Código Penal), sino que obliga a perpetrar otro, el de blanqueo de dinero (artículo 301 del Código Penal), actividad que hasta ahora se encargaba a discretos bufetes de abogados, o que obligaba a buscar décimos premiados de lotería o a abrir una lavandería a la que atribuirle beneficios fabulosos.

Ya lo dijimos en otra ocasión: cualquier mafioso que se precie necesita de un contable y de un abogado para completar su trama delictiva. El contable, para llevarle las cuentas, las secretas y las públicas. El abogado, para que eluda la cárcel y blanquee el dinero que mana del delito. Gracias al PP y a los nacionalistas catalanes de derechas, los mafiosos ya no precisarán de los servicios de un abogado encubridor. Por una módica tarifa (entre el 8% y el 10% del total a blanquear), el Estado español les hará un trabajo fino y limpio.

Esto es lo que Rajoy entiende por política económica "como Dios manda". Lástima que cuando se refería a mandatos celestiales, allá por octubre del año pasado, justo en el inicio de la precampaña electoral, no tuvo la bondad de explicarnos en qué pensaba. 

Luego nos irritamos si otros dicen que no valemos más que para beber vino, comer magras con tomate, echarnos la siesta y batir palmas.

Emilio Alvarado Pérez es Portavoz de IU en el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares

¡Viva la Pepa!

Antonio Gisbert. Fusilamiento de Torrijos en las playas de Málaga. 

A comienzos del siglo XIX se acuñan en España tres conceptos políticos revolucionarios: liberalismo, guerrilla y junta. Todos ellos tienen que ver con Cádiz, encrucijada de nuestra historia, y están firmemente anclados en la realidad político-social del momento, de ahí su éxito y proyección. Estos tres conceptos nombran realidades nuevas, que es lo mismo que descubrirlas, porque lo que no se nombra no es.

Liberalismo es la respuesta burguesa a la decadencia y crisis del Antiguo Régimen, que recibe la puntilla en Trafalgar, Aranjuez y Bayona. Guerrilla es la contestación militar del pueblo a la invasión francesa. Y Junta es la fórmula política improvisada con la que las autoridades locales buscan cubrir el vacío de poder dejado por una monarquía absolutista en bancarrota, en la que sus más recientes vástagos, Carlos IV y Fernando VII, reflejan incluso la degeneración física de los Borbones, tan genialmente retratada por Goya.

El liberalismo nacional pretende superar, aunque con escaso éxito debido a su debilidad intrínseca, el Antiguo Régimen, sus instituciones, leyes y estructuras: unión de la cruz y el trono, sociedad estamental, soberanía del rey, dominio ideológico y patrimonial de la Iglesia, régimen señorial, privilegios hereditarios, etc.

Coetáneamente, la idea de guerrilla, que transforma una inferioridad militar en ventaja, alumbra una aspiración nunca plenamente alcanzada en nuestro país: construir la nación sobre la base de la soberanía del pueblo, unidos ambos por un patriotismo de carácter popular, siendo el pueblo en armas el motor que todo lo acciona (en su fracaso está el origen de la desafección ciudadana hacia la nación, tan evidente a lo largo de nuestra historia política). El alzamiento popular contra los ejércitos de Napoleón permite identificar la independencia y la soberanía. No extraña, por tanto, que en la constitución de las Cortes de Cádiz, en la Isla de León, se proclamara de manera solemne la soberanía nacional, correlato necesario de la idea de una nación independiente que busca darse una ley política suprema sobre la que fundarse y organizarse. El ejemplo español de lucha guerrillera contra el invasor (1808-1813), pronto será imitado en otras zonas periféricas de Europa también sometidas por los ejércitos napoleónicos: en el Tirol en 1809, y en Rusia en 1812. Los guerrilleros españoles y rusos, especialmente, al llevar la guerra irregular a sus últimas consecuencias, derrotarán a las columnas de asalto de los ejércitos de Napoleón, abriendo una nueva era de relaciones entre la guerra y la política que recogerán los movimientos de liberación nacional del siglo XX.

Completa las innovaciones conceptuales la idea de junta, que es la asunción revolucionaria y espontánea del poder, por parte de autoridades locales y provinciales, al desaparecer, en una coyuntura de disolución del viejo orden, cualquier autoridad legítima y tradicional depositaria del mismo. El acto de recoger el poder es sinónimo de proclamar una nueva soberanía.

Liberalismo, guerrilla y junta, en cuanto conceptos nuevos, impregnan la Constitución de 1812, texto que pretende alumbrar una sociedad distinta. Los constituyentes discuten en el Cádiz asediado por las tropas del mariscal Claude Victor conceptos como el de soberanía, ley, igualdad y libertad, al igual que hicieron los revolucionarios norteamericanos y franceses. Mientras los diputados debaten ideas y conceptos novedosos en la última porción libre de territorio peninsular, las juntas proliferan por doquier, de manera espontánea, constituyéndose a la vez como gobiernos y resistencia al invasor napoleónico. Por tanto, hija y superadora de un tiempo caduco, la Constitución de Cádiz aspira a ser un texto fundacional y revolucionario. En consonancia, instaura la soberanía nacional (frente a la soberanía del monarca), el sufragio universal (masculino), activo e indirecto junto con el sufragio pasivo y censitario (también exclusivamente masculino), unas Cortes que son la institución central del régimen, división estricta de poderes, una serie de derechos y de libertades individuales, entre las que destacan la libertad de imprenta y de opinión, la abolición de los señoríos jurisdiccionales, del vasallaje y de las prestaciones personales al señor, el refrendo obligatorio por parte del ministro del ramo de todas las decisiones del rey, el establecimiento de una Milicia Nacional y la obligatoriedad del servicio militar, entre otras novedades. Junto con estas primicias, se transigió con los diputados absolutistas en materia de religión, por lo que el texto constitucional reconoce que el catolicismo es la religión única y perpetua de España, decisión compensada por la abolición de la Inquisición, afirmada por las Cortes de Cádiz en febrero de 1813. Es evidente, por tanto, que tal cesión, tantas veces exagerada por el pensamiento tradicionalista, no obsta para afirmar que la Constitución de 1812 es parangonable, por su novedad y carácter revolucionario, a la norteamericana de 1787 o a la francesa de 1791.

Sentado lo anterior, que es materia que toda persona de cultura conoce bien, calificamos las palabras del señor Rajoy, conmemorativas del bicentenario de nuestro primer texto constitucional, de sandez superlativa. Porque es de sandios decir, a propósito del legado de Cádiz, que “los gaditanos nos enseñaron que en tiempos de crisis no sólo hay que hacer reformas sino que también hay que tener valentía para hacerlas.”

Debiera saber el señor Rajoy que la Constitución de 1812 no pretendió reformar nada sino crear un orden nuevo, a la vista de la podredumbre e inutilidad del Antiguo Régimen. Todo lo contrario del objetivo que pretende nuestro Presidente que, como los serviles de antaño, se empecina en sostener a toda costa la descomposición de un sistema condenado y dañino. Además, la Constitución de 1812 fue un ejemplo de afirmación nacional, mientras que ahora el gobierno del PP nos arrodilla ante intereses y poderes extranjeros a los que, a buen seguro, nuestro bienestar les importa un comino.

Señor Rajoy, léase el Discurso Preliminar a la Constitución de 1812 de Agustín de Argüelles, las reflexiones de otros protagonistas del momento como Álvaro Flórez Estrada, Antonio Peña, Juan Negrete, José Canga Argüelles, Francisco Martínez Marina, los documentos de la Consulta al País, de 1809, o, simplemente, el texto de la Constitución que dice conmemorar. Léalos para que en su discurso siguiente sobre la efeméride (aún le restan a este año nueve meses de oportunidades) no tengamos que soportar palabras tan bochornosas como las que ha pronunciado.

Mal está que un Presidente de Gobierno aproveche un acto institucional de la relevancia del bicentenario de la Constitución de Cádiz para legitimar las decisiones de su gobierno que son, antes que nada, un engaño colectivo mayúsculo, por el cual, como camino trazado en las estrellas, la nación irá a la ruina. Pero peor aún es torcer el sentido cabal de la historia y convertir la Constitución de Cádiz en un fantoche, sólo por dar gusto a la imaginación limitada de un gobierno de insignificancias.

La Constitución de Cádiz instauró una nueva soberanía, la de la nación frente al monarca. Sólo por este motivo, la Constitución de 1812 es revolucionaria, por mucho que este pequeño detalle incomode al señor Rajoy. Bien sabía esto Fernando VII, que hizo todo lo posible por destruir una Constitución que negaba su autoridad y abría paso a la emancipación de las colonias en América. También eran muy conscientes de ello las potencias del Congreso de Viena, los firmantes del Congreso de Verona y la Santa Alianza, formada por Prusia, Rusia y Austria, las monarquías más reaccionarias del continente. Por ello, aprobaron una nueva invasión de España por un ejército francés formado por 132.000 soldados, con el fin de finiquitar el trienio liberal y evitar que el ejemplo disolvente se extendiera por Europa.

No fue la reforma sino la revolución la que provocó la revancha y purga salvaje promovida por el absolutismo entre 1823 y 1834. Viene al caso recordar que Galdós tituló uno de los Episodios Nacionales, el correspondiente a esa década de oscuridad y violencia, "El terror de 1824", caracterizado según su pluma por "nuevas proscripciones, encarcelamientos, la horca siempre en pie, la venganza más cruel gobernando a la nación, y la vida de los españoles pendiente del capricho de un salvaje frailón o de fieros polizontes (...) Desaparecieron los ciudadanos sin que fuera posible saber en qué calabozo habían caído. Las cárceles tragaban gente como las tumbas en una epidemia."

Señores del PP, respeten la memoria de Rafael de Riego, de José María de Torrijos, del Empecinado, de Mariana Pineda, de Juan Díaz Porlier, de Luis Lacy y Gautier, de Francisco Abad Moreno, de Cayetano Ripoll (condenado a muerte y ahorcado por un tribunal eclesiástico que no tenía respaldo legal), también la del resto de asesinados (unos 30.000), desaparecidos, perseguidos y exiliados (unos 20.000) durante la década ominosa, la de todos los mártires que defendieron una causa que ustedes no respetan porque la deforman para acomodarla a su conveniencia y debilidades particulares. Acepten la historia y sus hechos. No nos tomen más el pelo con adulteraciones de mala calidad.

Por estos motivos (y algunos otras que no vienen al caso) Rajoy celebra un bicentenario vergonzante, pueblerino y mendaz, no vaya a ser que a su gobierno se le vea, también en este asunto, el plumero.

Emilio Alvarado Pérez es Portavoz de IU en el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares