La metáfora del gobierno como banda de ladrones

Alegoría del mal gobierno, de Ambrogio Lorenzetti

Es un hecho que la ley (también su interpretación) y la justicia no siempre coinciden. Desde Platón se discute sobre esta disparidad que tanto atormentó a los griegos (la dialéctica entre la naturaleza y la convención, entre la physis y el nomos) a la que, en un lenguaje moderno, nos referimos como la tensión entre la legalidad y la legitimidad, que tanto nos preocupa hoy y que desemboca en la cuestión de la desobediencia civil y del derecho a la resistencia.

En el primer libro de La República, Platón hace hablar al sofista Trasímaco sobre la justicia en política. Trasímaco afirma que la ley y su interpretación, en cuanto creadora de ley, no es más que el interés del más fuerte, siendo además, tal cosa, lo más justo. Lo hace contra la opinión de Sócrates, que afirma que un gobierno que se abandona al principio del más fuerte degenera en desorden (la peor de las situaciones políticas, la temida stásis, concepto también recogido por la medicina para referirse al estancamiento de la sangre o de cualquier otro líquido del cuerpo, inicio de su posible pudrición), siendo así que la injusticia generalizada convierte a la polis en una banda de piratas o de ladrones. La misma discusión queda planteada en el diálogo Gorgias. En este caso es Calicles el que se enfrenta a Sócrates al proclamar que la justicia es la moral de los esclavos y de los débiles y que lo verdaderamente justo para el fuerte es cometer injusticias. En otro diálogo, Critón, Sócrates afirmará que “hacer daño a la gente en nada se distingue de cometer injusticia”.

Cicerón repite en La República la metáfora de la banda de piratas, cuando el gobernante legisla e interpreta la ley abandonándose a la injusticia:

“Preguntándole (Alejandro) qué instinto animal le impulsaba a infestar los mares con un bergantín: el mismo (le respondió el pirata) con que tú lo haces por toda la tierra.”

A lo cual añade en su obra Sobre las Leyes 11, 5, 11 que:

“aquéllos que hayan prescrito disposiciones perniciosas e injustas a los pueblos, habiendo obrado en contra de lo que han prometido o declarado solemnemente, hicieron cualquier cosa, pero no leyes.”

Cuatro siglos después, al final del imperio romano, Agustín de Hipona repite la metáfora del gobierno como banda de ladrones en el libro IV de la Ciudad de Dios, que es en lo que se convierte un reino cuando impera la injusticia:

“si de los gobiernos quitamos la justicia, en qué se convierten sino en bandas de ladrones a gran escala” o ¿sin la justicia qué serían en realidad los reinos si no bandas de ladrones?, ¿y qué son las bandas de ladrones sino pequeños reinos?" 

De la misma opinión es Tomás de Aquino, que en la Summa Theologica sostiene que:

"Las leyes pueden ser injustas de dos maneras. En primer lugar, porque se oponen al bien humano, al quebrantar cualquiera de las tres condiciones señaladas: bien sea la del fin, como cuando el gobernante impone a los súbditos leyes onerosas, que no miran a la utilidad común, sino más bien al propio, interés y prestigio (corrupción política); ya sea la del autor, como cuando el gobernante promulga una ley que sobrepasa los poderes que tiene encomendados (suplantar al poder constituyente); ya sea la de la forma, como cuando las cargas se imponen a los ciudadanos de manera desigual, aunque sea mirando al bien común (cebarse en los más débiles) [...] “

A lo que añade que:

“Tales leyes no lo son en realidad y, faltas de carácter de ley, no pueden obligar en conciencia a ser obedecidas, como obliga el derecho justo”

Concluyendo que:

“Es posible resistirse a las sentencias judiciales injustas, semejantes a la violencia inferida por ladrones”

Para Tomás de Aquino, la ley injusta y la interpretación injusta de la ley tienen más de violencia que de ley, son tiranía o corrupción del gobierno y legitiman el derecho a destituir al tirano, tal y como afirma en el Comentario a las Sentencias de Pedro Lombardo.

Siempre es importante releer a los clásicos. Hoy, además, es una obligación. En estos tiempos de necrocracia, de gobierno que roba al pueblo para ponerlo en rescate, de abuso del poderoso, de socavamiento de la soberanía popular, de reacción, de adanismo idiota, de gobernantes mentirosos y represores, los clásicos son revolucionarios ahora que ya no quedan revolucionarios. 

No tenemos gobierno sino banda de ladrones al timón de la nave, cima y remate de la piratería. Vindiciae contra tyrannos. Lo afirman los clásicos. ¿Quién tiene riñones para desmentirlos?

Emilio Alvarado Pérez es portavoz del grupo municipal de IU

El PP y la corrupción

La imagen de Rajoy comparece ante la prensa para dar sus explicaciones, en bonito monólogo sin preguntas. 

Nada existe. Si algo existe no se puede conocer. Y si se puede conocer no se puede comunicar. Esto pontificaba Gorgias, el sofista, que, además, creía que la verdad y la falsedad son caras de una misma moneda, aunque la demostración de tal asombro requiere una cierta habilidad que él, que se tenía por muy listo, enseñaba al curioso previo pago de la tarifa correspondiente.

Gorgias no sólo era un retórico profesional. Era un burlón que se jactaba de contestar a todas las preguntas que se le pudieran hacer y a que nadie podía decir más que él con menos palabras. Se vanagloriaba de persuadir con sus discursos a cualquier auditorio: de jueces en los tribunales, de políticos en el ágora o de ciudadanos en la asamblea. Se reía de todo, especialmente de lo más serio. Intentó borrar la distinción entre la verdad y la mentira, nada menos. Quiso demostrar que la racionalidad, el principio de contradicción, la causalidad, la inferencia, la inducción, la comprobación empírica y el resto de caminos y fórmulas que permiten el avance del conocimiento son humo, apariencia, sueños en los que se confunden la falsedad y la mentira. 

Los sofismas de Gorgias han servido, desde entonces, para hacer pasar al héroe por villano, al justo por sinvergüenza, al ladrón por honrado, al corrupto por virtuoso, al verdugo por víctima, al muerto por vivo, al mentiroso por honesto, al alto por bajo y al gordo por flaco. Ya se sabe, en un mundo sin certezas todos los gatos son pardos. No sorprende que los sofistas arrastren fama de fulleros y de enredadores.

Gorgias murió hace dos mil quinientos años. Pero a pesar del tiempo transcurrido es un cadáver muy fresco, rescatado por Rajoy, nuestro Presidente, cuando habla sobre la corrupción estructural y presunta que asfixia a su partido, transpirando sofismas. Sabido es que Gorgias fue un nihilista y que el nihilismo va bien a cualquier causa, especialmente a las más miserables.

Sostiene Rajoy que todas las acusaciones que pesan sobre su partido, su persona y otros camaradas son mentira, excepto las que son ciertas, pero sin reconocer lo que es verdad, de donde se desprende que todo puede ser falso aun sin serlo. Como está tan seguro de lo que dice, el Presidente no admite que le pregunten sobre el caso, en acto tan valeroso como cobarde, porque responder no es aclarar sino oscurecer, aunque la noche sea cerrada y ya no se perciba un poco más de negritud, lo cual deja sin efecto lo dicho anteriormente, excepto que se descarte lo contrario. Cuando se refiere a Bárcenas, Luis el cabrón para sus compinches y amigos, al que nunca nombra ni por el nombre ni por el alias, el Presidente afirma saber algo, que no es ni poco ni mucho, a pesar de que fue el tesorero de su partido, lo cual no es claro en sí porque a lo mejor tuvo un doble, vaya usted a saber, por mucho que la caligrafía coincida con la mano criminal, lo que no deja de ser conjetura porque lo único seguro en esta vida es que moriremos cuando nos toque, como anuncian las señas misteriosas que llevamos grabadas en las palmas de las manos y en las plantas de los pies. Sobre Ana Mato, ministra de su gobierno, calla, porque acerca de sus oscuridades da lo mismo hablar que no decir, al quedar probado que estaba en régimen de gananciales cuando recibía regalos de la trama Gürtel y no separada o divorciada, porque hasta sobre eso se duda, de los regalos de los que era recipiendaria, si bien no recuerda cómo eran, especialmente los coches, viajes, hoteles, fiestas y bolsos de Vuitton, tan discretos siempre, no cupiendo duda sobre la duda, salvo si el asunto es cierto, aunque sólo a medias. De la trama Gürtel, dirigida por unos tíos muy simpáticos, Correa, Crespo y Pérez, alias el bigotes, Rajoy sostiene que no hay que avergonzarse de nada, que se hará lo que corresponda, sin ocurrencias ni improvisaciones, que él no está para estos líos, como Dios manda, aunque haya porciones de alcaldes, diputados y adláteres del PP imputados y encarcelados por el asunto, sin que la lista se acabe sino que engrose, porque lo que no mata engorda, quien no parece perece y el vicio llama al vicio tanto como a la virtud. Y de todos en conjunto, Bárcenas, Matos, Matas, Gürteles, Ratas, Bigotes y Albondiguillas, afirma Rajoy, el mismo que no distingue su letra ni el tiempo del clima, que hay que estar tranquilos, con la cabeza bien alta, que él ganaba más como registrador de la propiedad en Santa Pola, que son transparentes y que por ello no dan la cara, que lo que no prescribe se olvida y lo que se recuerda se perdona, que para eso se inventó el Consejo de Ministros y el derecho de gracia, lo cual es cosa justa cuando conviene y al revés ya veremos, que las instituciones funcionan y que en homenaje a ellas no se va al parlamento a rendir cuentas, que otros expliquen, aunque no sepan palotada de lo que hay que decir, porque basta con hablar para parecer que se dice algo, porque en eso consiste la transparencia y la ignorancia que trasluce, que la prensa haga su trabajo denunciando los desfalcos pero que a los denunciantes les puede caer una querella, que quien la hace la paga pero sin apoquinar nada porque el poderoso ni paga ni fía, que en eso consiste el poder pata-negra en esta España de chiringuitos en la que los amigotes trapichean con alegría y buen humor, que los jueces trabajen y que los fiscales actúen y que a Garzón, único condenado por la Gürtel, lo laminen porque cumplía con su deber, lo cual es así porque cobraba por ello, no se vaya a pensar lo que no es. ¡Y viva el vino y vaya tropa!

Rajoy y los suyos se enredan en las zarzas del silogismo para no afrontar lo evidente, que es una corrupción gangrenosa, presunta, que pudre su partido y a ellos mismos, filtrada desde dentro, fuego amigo por así decirlo, como delatan el olor a fermentación butírica que sale de los bajos de la calle Génova y la mirada de Aguirre, que dice que está retirada aunque nadie la crea. A cada prueba, a cada indicio sobre la corrupción, a cada nuevo escándalo, la cúpula del PP responde con una mentira más gorda, con gato por liebre, con la intención de tapar la infamia precedente, sin caer en la cuenta de que están a punto de agotarse las existencias de lona de camuflaje. Pretenden los señores del PP, con el revoltillo que andan componiendo, que no se huela la pestilencia, y no se percatan de que el hoyo que están cavando está a punto de aflorar por Nueva Zelanda.

Será verdad lo que decía el clásico que, apoyándose en el filósofo Metrodoro Chío, sostenía que no se sabe nada y que todos son ignorantes, y aún esto no se sabe de cierto, que si se supiera ya se sabría algo, por lo que sólo se sospecha.

Gorgias se reía de todos, como nuestro Presidente, aunque los demás no le veamos maldita la gracia, siendo así que Rajoy no se ha percatado de que su bromas enfadan a un público harto de que le mientan y le tomen por imbécil, que eso es lo que se respira, porque como decía Umbral ya el pueblo no se conforma con subirse a la farolas para ver pasar la Historia sino que quiere hacer Historia tomando la calle que nunca debió abandonar.

Terminamos como empezamos, pero no con Gorgias de Leontino sino con Rajoy de Santiago de Compostela: la corrupción no existe, si existe no se puede conocer y si se puede conocer es incomunicable.

Emilio Alvarado Pérez, es portavoz de IU en el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares

Justicia para ricos

El colegio de abogados, con su decano al frente, se manifiesta en el Palacio de Justicia de Albacete  contra la subida de tasas, a pesar de que la subdelegación de gobierno no autorizó la concentración

La Ley 10/2012, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, es el nuevo despropósito de Gallardón. Su solo anuncio ha provocado una oleada inédita de protestas de grupos políticos, asociaciones de consumidores, sindicatos y profesionales del Derecho. Los contrarios a la ley, de una pluralidad ideológica incontestable, coinciden en el grave perjuicio que provocará su aplicación. 

No es la primera vez que Gallardón, en tanto Ministro de Justicia, va contra los derechos de las personas. No le basta al ministro con castigar penalmente al que se manifiesta de manera pacífica, al que ayuda al inmigrante sin papeles o al que se encierra en una oficina bancaria para evitar un desahucio. Ahora, a todos ellos y al resto, les dificulta o impide defenderse ante la justicia cuando sus derechos son vulnerados, subiendo las tasas judiciales a niveles intolerables.

Organizaciones como Jueces para la Democracia, la Unión Progresista de Fiscales y el Sindicato de Secretarios Judiciales, entre otras, han manifestado públicamente su disconformidad a esta ley, advirtiendo a los ciudadanos de la grave indefensión que sufrirán una vez entre en vigor. Hasta el Consejo General del Poder Judicial, poco dado a enfrentamientos con el gobierno, las ha calificado de desproporcionadas, emplazando al Tribunal Constitucional a que se pronuncie sobre ellas.

El precedente de una situación tan lamentable hay que buscarlo en una ley de la dictadura, del año 1959, en la que se fijaban unas tasas que servían de complemento a los sueldos de los secretarios judiciales, tan míseros como la idea de justicia del franquismo. Aquellas tasas que se aplicaban en todos los órdenes jurisdiccionales, salvo en lo social y, en algunos casos, en el penal, fueron suprimidas en 1986 mediante una ley que apelaba al derecho a la tutela judicial efectiva, como manda la Constitución. Queda claro, en consecuencia, que con este gobierno, de la mano de Gallardón, volvemos al franquismo judicial.

La ley de Gallardón daña a las personas que, carentes de medios, quieran hacer valer sus derechos ante los tribunales del ámbito civil, del contencioso-administrativo o de lo social. Las nuevas tasas tienen una parte fija y otra variable en función de la cuantía que se reclame. Hasta un millón de euros, se aplicará un 0,5% de dicha cifra, y de ahí en adelante sube un 25%. Otro asunto a tener en cuenta es que las tasas se van acumulando en los diferentes procesos. Quiere decir esto que a la tasa que se paga al iniciar el procedimiento interponiendo una demanda, hay que sumarle las correspondientes a los recursos que se añadan en el proceso, muchas veces farragoso e interminable.

ORDEN CIVIL	EJEMPLO	TASAS
Juicio Ordinario	Divorcio, reclamación a una aseguradora de una indemnización por accidente, herencias...	300 euros
Juicios Verbales y Cambiarios	Pequeños impagos, problemas de contratos, impago de pagarés...	150 euros
Procedimiento monitorio	Reclamaciones en comunidades de propietarios	100 euros
Apelación	Recurrir una sentencia ante un tribunal superior	800 euros
Ejecución extrajudicial y oposición a la ejecución de títulos judiciales	Hipotecas	200 euros
Concurso necesario	Proceso originado por los acreedores para el cobro de sus créditos a un deudor	200 euros
Casación	Recurso extraordinario con el que se pretende anular una sentencia que contiene una incorrecta interpretación o aplicación de la ley	1.200 euros

ORDEN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO	EJEMPLO	TASAS
Abreviado	Reclamar una multa de tráfico...(asuntos cuya cuantía no supere los 13.000 euros)	200 euros
Ordinario	Todas aquellas cuestiones que no sean competencia del abreviado por razón de la cuantía.	350 euros
Apelación		800 euros
Casación		1.200 euros

ORDEN SOCIAL	EJEMPLO	TASAS
Recurso de suplicación	Se interpone ante los Tribunales Superiores contra las resoluciones dictadas por los Juzgados de lo Social de su circunscripción.	500 euros
Recurso de casación	Se interpone contra las resoluciones dictadas por los Tribunales Superiores de Justicia.	750 euros

Este es el cuadro general de las nuevas tasas. Expongamos algunos supuestos para entender el daño que producirá su aplicación.

-         Un conductor es multado con 90 euros. Al no estar de acuerdo con la sanción, reclama en Tráfico pero sin éxito. Decide recurrir ante el orden contencioso-administrativo mediante un procedimiento abreviado, por lo que tiene que abonar una tasa de 200 euros. Aunque ganara en su reclamación, perdería 110 euros, diferencia entre la tasa pagada y la multa recurrida.

-         Una persona que decide reclamar una herencia deberá abonar una tasa de 300 euros al tratarse de un juicio ordinario, a la que habría que añadir el 0,5% de la cantidad reclamada.

Los procedimientos que quedarán exentos de pagar estas tasas son los siguientes:

·      La interposición de la demanda y la presentación de los recursos en los procesos de capacidad, filiación y menores, y en los procesos matrimoniales que versen sólo sobre guarda y custodia de hijos menores o sobre los alimentos que un progenitor reclame a otro en nombre de los hijos menores.

·      La interposición de demanda y los ulteriores recursos en los procedimientos establecidos para proteger los derechos fundamentales y las libertades públicas, así como contra la actuación de la Administración electoral.

·      La solicitud de concurso voluntario por el deudor.

·      La interposición de recurso contencioso-administrativo por funcionarios públicos en defensa de sus derechos estatutarios.

·      La reclamación de cantidades inferiores a los 2.000 euros en el procedimiento monitorio y en juicio verbal.

·      La interposición de recursos contencioso-administrativos cuando se recurra en casos de silencio administrativo negativo o inactividad de la Administración.

¿Cómo afecta a las mujeres víctimas de violencia de género la subida de las tasas judiciales? En un primer momento, el Ministro de Justicia no admitió la exención de las tasas para este colectivo, aunque presionado por las protestas de la oposición y de la sociedad civil, llegó a manifestar que “estas mujeres estarían exentas del pago de las tasas”. Como siempre que habla este gobierno, su afirmación era una mentira a medias. Aunque los casos penales están exentos de tasa, estas mujeres deberán pagarlas por las demandas civiles de separación o divorcio que interpongan contra sus agresores, que también tramitan los Juzgados de violencia de género. Es previsible que cuando no dispongan de medios de pago, las mujeres dejarán de denunciar el abuso que sufren y no podrán desvincularse de sus maltratadores. 

Como acertadamente señalan numerosos jueces y magistrados, la aplicación de estas tasas judiciales limitará e impedirá el acceso de muchos ciudadanos a la justicia, lo que supone una negación evidente del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva reconocido en la Constitución. El artículo 24.1 de nuestra norma suprema establece que “todas las personas tienen derecho a obtener la tutela judicial efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión”. En coherencia con lo dispuesto en este artículo, la doctrina del Tribunal Constitucional, siguiendo la de los tribunales europeos, sólo admite las tasas en el ámbito de la justicia cuando por su importe impidan el acceso a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos. Y esta premisa, precisamente, es la que destruye la nueva ley de tasas.

Además, esta ley vulnera el concepto de tasa que establece la Ley General Tributaria, que la define como “el pago que una persona realiza para sufragar los gastos que ocasiona por el uso de un servicio público”. No sirve la argumentación que hace el señor Gallardón del “colapso en la Administración de Justicia” para sostener la barbaridad que perpetra, porque la agilización, optimización y ahorro del funcionamiento de una administración se consiguen mediante reformas organizativas y procesales y nunca vulnerando los derechos básicos de las personas.

¿Quién reclamará por un despido, recurrirá una sentencia desfavorable o demandará a un maltratador si carece de medios? ¿Qué ciudadano hoy en este país, razonablemente, puede pagar 800 o 1.200 euros para hacer valer sus derechos ante los tribunales, e iniciar un procedimiento farragoso, interminable y al que se añadirán otros costes, tasas y minutas de abogados y procuradores que, al cabo, sumarán una factura impagable, por mucha razón que le asista?

El Gobierno del Partido Popular ha decidido culpar a la ciudadanía de la situación en la que se encuentra el país. En sanidad, en servicios sociales, en educación y ahora en justicia, insiste reiteradamente en que la población “abusa” de los servicios públicos. Es una evidencia: los ciudadanos son, para el PP, unos gorrones a los que hay que limitar el acceso a sus derechos, suprimiéndolos o estableciendo condiciones imposibles o muy restrictivas para disfrutarlos. En cuanto a los ricos, quedan tranquilos en asuntos de tribunales. Podrán pleitear a gusto, entre sí se sobreentiende, porque los pobres ya no pisarán los juzgados, excepto para ser  amonestados y condenados. ¿Qué son mil euros para un banco que desahucia o para una multinacional que despide?

No debemos permanecer impasibles ante una ley injusta que impide al débil protegerse en los tribunales del abuso del poderoso. Si no hay justicia triunfa la ley del más fuerte, la selva, el colmillo y la garra, la violencia del canalla. Es cuestión vital derogar la ley de tasas, porque de lo contrario la justicia será la imposición de los fuertes, como sostenía Trasímaco, el sofista. La ley de Gallardón protege a los ricos porque gracias a ella sólo los que disponen de medios pueden reclamar la aplicación de las leyes. Si se transige con este asunto, habrá continuas violaciones de los derechos, pero de los pobres. 

Todo apunta a que este gobierno desea el desbordamiento de la paciencia de la mayoría, que tiene un límite.

María José Pérez Salazar es integrante del Consejo Político de IU de Azuqueca de Henares   

Violencia gubernamental

Cospedal y el Delegado del Gobierno, Jesús Labrador, presentan a los Subdelegados del Gobierno. Cargos represores para repartir entre amiguetes 

La crisis financiera provocó una crisis económica muy profunda que, a su vez, ha degenerado en crisis política y social envuelta en una crisis ecológica planetaria. Dicho de modo conciso, el mundo se va a hacer puñetas.

En vez de poner remedio a la debacle, los gobiernos del sistema, cohechados con intereses espurios y entre sí, sacrifican a los ciudadanos para acelerar el holocausto, en la esperanza criminal de que la minoría a la que representan se salvará una vez eliminado el sobrante de escoria, que somos el resto.

La democracia ha sido sustituida por la necrocracia, que es gobernar a favor de la muerte de casi todos para mantener el privilegio de unos pocos. Soportamos gobiernos de enterradores, negociados de funeraria pero sin velones ni coronas, cuadrillas de robadores y facinerosos que practican la depredación. 

Olvidados quedan los tiempos de Orfeo y Anfión en los que parecía posible el milagro de la multiplicación sin esfuerzo.

El escenario ya no engaña. Ocurre que los deudores ahogan a media Europa que, a su debido momento, ahogará a la otra media, que los bancos chinos comienzan a estrangular a los EEUU por mediación del control de su deuda y que los chinos se ahogan al respirar los gases tóxicos que salen de los tubos de escape y de las chimeneas de su falsa prosperidad. En el capitalismo de casino unos ahogan a otros, con la intermediación impagable de gobiernos títeres encargados de ejecutar el trabajo sucio con involuciones legales, represión selectiva, limitación de derechos y empobrecimiento de la población.

Los bárbaros que gobiernan dicen que sobran personas y derechos, normas y moral, principios y rectitud, conciencia y vergüenza. Imponen la fuerza bruta, que se sostiene en un arsenal tecnológico que nos vuelve transparentes, vulnerables. Se confirma la tesis de Trasímaco y Calicles, personajes de los diálogos de Platón, de que la justicia es el interés del más fuerte. Dos mil quinientos años para concluir en esto. Qué desperdicio.

Resulta indiscutible que el hombre ha cambiado muy poco desde que abandonó la última caverna, excepto que ha procreado exponencialmente y que ha refinado mucho su capacidad de hacer daño. A lo que parece, la evolución del género humano es la historia de un fracaso colosal. ¿Tenemos remedio, merecemos perdón como especie? Pronto se sabrá porque el desenlace está cerca. Los presagios no son favorables.

Siglos de evolución intelectual para acabar en el laissez faire, en el struggle for life o en el homo homini lupus, variantes intelectuales del acto de abrirle los sesos al vecino con una quijada de asno. Resulta descorazonador sospechar que las sonatas de Bach, los cuadros de Rembrandt o las coplas de Jorge Manrique fueron un error y que lo real, lo verdadero, lo que se impone inevitablemente allá donde hay hombres es el impulso de muerte, la sed de sangre y la violencia.

Pero la crisis, como Jano, tiene dos caras. De una parte, un perfil siniestro, el del no futuro que nos aguarda si nos dejamos avasallar; de otra, un perfil esperanzador, que refleja la ratio oculta del poder, mostrando sus miserias, mentiras, debilidades y fines verdaderos. La crisis puede ser, por tanto, el final de la esperanza o la levadura de un cambio fructífero.

El sistema, en esta fase nihilista que vivimos, aplica crecientes dosis de violencia estructural contra las personas, buscando una supervivencia cada vez más incierta. La violencia se llama estructural porque forma parte de la naturaleza de un orden que ha entrado en una etapa destructiva. Quiere esto decir que el sistema necesita la violencia para sobrevivir y que la violencia no es un accidente sino que es expresión fiel del sistema al que sirve. En la fase aguda de la crisis se llega a la intersección de dos líneas: la que representa a un sistema enganchado a la violencia y la de la violencia que refleja el desorden del sistema.

Vivimos tan rodeados de violencia que no la percibimos, como el pez abisal que no siente la presión abrumadora y que no echa de menos la luz y el calor que nunca conoció. Violencia económica contra el trabajador que es explotado. Violencia de los medios de desinformación contra el espectador que es engañado y adoctrinado. Violencia de las leyes contra los ciudadanos a los que se priva de derechos y de medios de defensa ante el abuso y el atropello. Violencia contra el humilde que tiene miedo de caer en la miseria si no acepta la penúltima extorsión. Violencia contra el hipotecado al que se le quita la casa y es tratado peor que la basura. Violencia de la marginación contra el parado al que se le niega un subsidio. Violencia del lenguaje oficial para impedir pensar en lo que no conviene. Violencia física contra el que no se resigna y protesta harto y desesperado. Violencia contra el enfermo que carece de medios y al que se abandona a su suerte. Violencia contra el inmigrante al que se le niega su condición de persona. Violencia contra uno mismo, del que no ve salida y, desesperado, se arroja al vacío o arde a lo bonzo. Violencia contra la mujer que es víctima del machismo. Violencia gratuita, artística o elevada a ideal que abunda en el mal cine, la peor televisión, los seriales de consumo barato, las covachas de Internet y los videojuegos infames, formas masivas de perder el tiempo y de envenenar las mentes. En todos los casos, violencia del poder que busca el sometimiento, la disciplina, la humillación y que alienta el desequilibrio mental, la falta de empatía, la desconfianza y el odio hacia el semejante.

La violencia estructural es material y simbólica, preventiva y reactiva, está por todas partes y amenaza siempre con su furia. Basta que se pulse la tecla correcta para que la maquinaria punitiva se active. Para dar apariencia legal a la violencia se cambian las leyes, se amenaza, se inocula el miedo, que es un paralizante social muy eficaz, y se aplica de manera selectiva la presión sobre disidentes significados. Al principio, con advertencias, multas y cargas policiales. Después, con sanciones penales. Finalmente, si lo anterior no basta, con medidas definitivas, de las cuales hay una riquísima variedad. Se puede oscilar del palo a la horca, recorriendo sendas ya trilladas.

A menor legitimidad de las instituciones más violencia. Cuando el sistema no convence intenta vencer, imponiendo su voluntad contra la voluntad de los cuerpos y de las mentes de los que se niegan a obedecer, violentándolos. La imposición se vuelve tanto más aguda cuanto menor es el consenso sobre el que se sostiene el poder oficial. Cuando la fe en el orden desaparece sólo hay salvajismo, licencia absoluta del poderoso, atropello del forajido, dominio de una minoría de matones, yugo sobre la masa, gemido del que sufre. Pero todo tiene un límite. Lo que está por suceder proyecta ya su sombra sobre el presente.

Tantísima violencia organizada por parte de la casta gobernante y luego es noticia que un desesperado quema una papelera, que los ciudadanos se defienden de la enésima carga policial como buenamente pueden o que se persiga al diputado mentiroso que no da la cara emulando al cobrador del frac.

El círculo se cierra para una civilización que vive de quemar montañas de residuos orgánicos en hogueras sofisticadas y de asfixiarse en su propia mierda.

Emilio Alvarado Pérez, portavoz del grupo municipal de IU

Lenguaje y banqueros

La banca poda el diccionario, que es podar la inteligencia

Pulula por las ondas de radio el anuncio de un banco anaranjado (que ha recibido miles de millones de euros de dinero público para esquivar la quiebra) en el que se afirma con total desempacho que hay que tirar a la basura ciertas palabras por inútiles. Los términos condenados al paredón son equinodermo, carbúnculo, inane, escotoma y mayéutica. Se ignora el motivo de esta elección, tan variada. Sólo lo que se deduce de su lectura: la primera palabra condenada corresponde al reino animal, la siguiente al reino mineral (aunque con ramificaciones poéticas) y las últimas al ser humano, en tres de sus vertientes, en cuanto entidad con voluntad, como ser doliente y ser que busca la sabiduría.

Para este banco, cuyos directivos cobran cantidades de escándalo gracias al erario público, las estrellas de mar, los rubíes y su color, la vanidad y sus maneras, algunos males que combate la ciencia oftalmológica y la filosofía socrática son adiposidades, desechos, recortes, sobrantes, insustancialidades de tardes de mordoré, mugre, pellejo y caspa. A la basura con ellas, pues.

Debe parecerles ingenioso a los publicistas de ese banco señalar palabras que a ellos, en su incompletez sin remedio, les suenan a arameo, como la piedra cornelia o el bedelio, para indicar, seguidamente, que sean borradas del diccionario porque ocupan un lugar sin merecimiento.

La desvergüenza de la banca no sabe de límites: no sólo nos roba el dinero, nos carga sus deudas, nos echa a la calle como a perros y nos birla el futuro. Además, nos recorta el montante de palabras que son, junto con la honra y la paciencia, lo único que nos queda para defendernos de su abuso matón.

Mientras que el banco de marras insta a la poda del diccionario, la RAE calla, el Instituto Cervantes se hace el distraído y el Ministro de Cultura, tan españolísimo él, coloca a su santísima en TVE, para que nos dé la murga matinal previo cobro de la minuta correspondiente. En conclusión, sobre la mengua del vocabulario la autoridad encorbatada no dice ni mu.

A nuestro castellano no le sobran palabras. Todo lo contrario: le faltan y muchas. Por ejemplo, para nombrar a tanto cortabolsas y fantoche. No hay concepto adecuado para calificar, como correspondería, al mamarracho de cuello blanco que, además de analfabeto, no tiene vergüenza y es un ladrón. Tampoco la hay para referirnos, en todas sus facetas, al arribista que tiene la mentira por divisa, que miente sin escrúpulo sin que se le descomponga la figura y que triunfa mintiendo a pesar de que todo el mundo sabe que miente. No existe el término que se ajuste al corrupto que corrompe y al sistema al que sirve y del que se nutre, todo a la vez, en economía de escala. Ni epíteto que se acomode a quien, tras haber hecho trizas el tejido social, se lleva su comisión y flota hábilmente sobre las aguas de la sociedad por muy picadas que estén. No tenemos palabras para nombrar la ira, el estupor y el sufrimiento que padecemos por culpa de un atajo de canallitas, mercachifles y trileros, ni a quienes les ríen las gracias, los tapan y justifican.

Pero no es hora de seguir lamentándonos de nuestras limitaciones conceptuales sino de ponerles remedio. Quede la idea, al menos, de que nuestro diccionario, en este campo semántico, tiene más huecos que vocablos porque la realidad que hay que nombrar se descompone a la velocidad del rayo, y en el proceso de putrefacción aparecen mil matices, colores y olores inéditos que hay que mencionar. Hasta que inventemos las palabras justas, seguiremos usando circunloquios o tomaremos en préstamo otras de lenguas más vigorosas que permitan nombrar lo innombrable.

Estos bímanos de los bancos, esta cáfila de maleantes, esta lonja de estafadores, no sólo nos roba el dinero sino que nos desea zotes, primos, memos, tontos de remate, neófitos, guturales, incapaces de hilar queja o pensamiento, desarmados y bobalicones, faltos de palabras, pobres de conceptos y ralos de ideas. Nos quieren en porretas, sin entendimiento ni juicio, guiñapos, necios de bordón y esclavina, lilas, pocacosas, menguados, sin caletre, modorros, pisahormigas, boquiabiertos e inanes ante sus rapiñas.

Como sostiene el filólogo Klemperer, el lenguaje saca a la luz la realidad, permite crear y pensar, guiar emociones y dirigir la personalidad psíquica. Un pueblo agrícola tiene un rico vocabulario sobre agricultura porque le va el comer en ello. Los esquimales tienen muchas palabras para referirse al hielo y la nieve en todas sus manifestaciones cambiantes porque les va el pellejo en el asunto. El médico necesita una terminología especializada, de lo contrario es un jefe brujo. Y el matemático un lenguaje formal entero de uso exclusivo porque si no es un farsante. Igual necesidad tiene una sociedad apaleada, para nombrar al forajido y ponerlo bajo custodia.

Hacen falta muchas palabras nuevas para que toda esta gentuza, la del yugo y la coyunda del dinero, sude el kilo, que es lo que ya corresponde.

Emilio Alvarado Pérez es portavoz de IU en el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares 

Un Código Penal contra los ciudadanos

En la España del PP este lema es un sarcasmo

El Código Penal del año 1995 ha experimentado más de veinte reformas hasta la fecha. Casi una por año, dato que refleja la precipitación del legislador al abordar modificaciones normativas que no siempre han tenido en cuenta la necesaria reflexión crítica y el criterio de los profesionales del Derecho.

El pasado 14 de septiembre, el Consejo de Ministros recibió un informe del titular de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, previo al Anteproyecto de reforma del Código Penal, norma con la que se procede a la última revisión del sistema punitivo con el propósito, según opinión del gobierno, de “dar respuesta a las nuevas formas de delincuencia, a la multirreincidencia y a los delitos más graves”, siendo tal respuesta un agravamiento generalizado de las penas. Y ello a pesar de que España ya tiene uno de los Código Penales más severos de Europa.

El detalle de la reforma propuesta por el PP consiste en lo siguiente:

- Prisión permanente revisable. Es la mayor novedad de la propuesta. Esta fórmula eufemística, utilizada para esquivar una posible declaración de inconstitucionalidad, supone agravar el castigo para los delitos “especialmente reprochables”, como son los casos de magnicidio del jefe del Estado español o de jefes de Estado extranjeros que se encuentren en España, algunos casos de genocidio con resultado de muerte o violaciones masivas, delitos de terrorismo con resultado de muerte o, finalmente, determinados actos de tal “brutalidad” en los que las víctimas sean menores de 16 años, o personas con discapacidad especialmente vulnerables y que tras sufrir la agresión sexual son asesinadas del modo más vil.

En la rueda de prensa que ofreció tras la aprobación del informe, Gallardón justificó la introducción de la prisión permanente revisable apelando a sucesos como el de Marta del Castillo, el de los hermanos Bretón o la reciente excarcelación del etarra enfermo Bolinaga, aunque rechazara tajantemente el carácter populista de la reforma y, a la vez, negara el aforismo jurídico que afirma que no se debe deducir una ley general de un puñado de casos concretos.

El escollo más peligroso que ha de sortear esta medida es su posible  inconstitucionalidad, asunto sobre el que Gallardón asegura sentirse muy tranquilo. Argumenta el señor ministro que la condena perpetua, al ser revisable (en una horquilla de 25 a 35 años, según la “brutalidad” del acto que la motive) “no vulnera el principio de la reinserción y reeducación del reo”. No obstante, por mucho que lo niegue el ministro, la indeterminación sobre el tiempo de duración de la condena cuestiona la finalidad rehabilitadora de los centros penitenciarios recogida en la Constitución.

Llama la atención que el Gobierno haya eludido un debate sereno sobre este particular, como correspondería a un legislador que huye de la legislación fraguada a golpe de suceso o de encuesta de opinión.

Habría sido muy conveniente que el señor Gallardón, antes de cambiar el Código Penal, hubiera escuchado el parecer de todos los profesionales del derecho, adversarios y detractores de sus medidas, mayormente para evitar que las voces discrepantes, expulsadas del cauce consultivo habitual, acabasen en los espacios de opinión de periódicos, radios y televisiones.

Sabemos que colectivos como Jueces por la Democracia, el Consejo Fiscal o la Asociación Progresista de Fiscales, se oponen por razones de inconstitucionalidad a la reforma. Del mismo modo, la portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Gabriela Bravo, manifestó que “la nueva reforma del Código Penal tiene mal encaje en la Constitución” y el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) y su Subcomisión de Derecho Penitenciario, se han manifestado reiteradamente en contra de cualquier pena a la que no se le fije un límite de cumplimiento, por ser contraria a los artículos 10, 15 y 25 de la Constitución. El CGAE recuerda que "el artículo 25 es determinante al establecer que las penas privativas de libertad se han de orientar a la reeducación y reinserción social de los penados". A mayor abundamiento, para el Colegio de Abogados de Barcelona (CAB) la reforma en cuanto a la prisión permanente revisable y a la custodia de seguridad "vacía de contenido el principio constitucional de la reinserción social proclamado en el artículo 25.2 de la Constitución española, incidiendo en un derecho penal meramente orientado al castigo". El CAB apunta que, asimismo, tal medida atenta contra la necesaria seguridad jurídica establecida en el artículo 15 de la Constitución, que obliga al legislador a poner negro sobre blanco, de manera incontrovertible, cuáles son las consecuencias jurídicas exactas de los actos punibles, por muy abominables que éstos sean.

- Custodia de Seguridad. Es otra de las figuras que se introduce por primera vez en nuestra legislación. Se trata de una medida privativa de libertad para casos excepcionales que consiste en añadir hasta diez años de prisión (o de internamiento en algún tipo de centro) a un preso que haya cumplido ya su condena. Se aplicará una vez cumplida la pena de prisión y después de que el tribunal valore la peligrosidad del penado. Afectará a los reincidentes en delitos de especial gravedad (asesinatos, homicidios, secuestros, agresiones sexuales, delitos con violencia, terrorismo o tráfico de drogas), o a quienes cometan por primera vez una pluralidad de los mismos. La custodia de seguridad es, dicho llanamente, “cárcel o internamiento después de la cárcel”, lo que impide, en según que casos, hacer efectivo el mandato de la reinserción social del preso. Además, según afirma el Consejo Fiscal en un informe crítico a la reforma, la enumeración de los delitos que pueden acarrear esta condena es muy incierta, dejando un margen de discrecionalidad en los jueces completamente inadmisible. Se rompe, de nuevo, la idea de seguridad jurídica, elemental en una sociedad civilizada.

- Libertad condicional. Esta figura pasa a ser regulada como una suspensión de la pena, de tal modo que si, una vez en libertad, el penado insiste en delinquir, podrá ser devuelto a la cárcel para que siga cumpliendo su condena desde el momento en que ésta quedó en suspenso. Con el Código vigente, en cambio, el tiempo que se pasaba fuera de la prisión se descontaba de la pena. La nueva libertad condicional se aplicará también en los casos de prisión permanente revisable, cuando una vez cumplidos los años fijados se revise la situación y el tribunal entienda que el penado pueda acceder a esta medida.

- Supresión de las faltas. La reforma suprimirá las faltas, manteniendo sólo las que son merecedoras de reproche penal, pero como delitos leves, denominados de escasa gravedad, que estarán castigados con penas de multa. En un principio, los jueces de instrucción entendieron, tras una primera lectura de la Exposición de Motivos del anteproyecto de reforma, que se pronunciaba en estos términos: “(...) se suprimen las faltas que históricamente se regulaban en el libro III del Código Penal...” y que con esta modificación se despenalizaban las riñas vecinales, las lesiones de poca monta, los hurtos insignificantes y demás cuestiones equivalentes.

Un examen ulterior, en cambio, ha revelado algo muy distinto. Sin que deje de ser cierto que muchas faltas se destipifican, otras pasan a ser consideradas como “delitos leves”. Y lo que es más sorprendente aún, tal y como queda reflejado en la Disposición Transitoria cuarta del texto presentado por el Ministro, es que los Juzgados de Instrucción seguirán conociendo de esta nueva categoría delictiva.

- Hurto y robo. Se suprime la falta de hurto para sustituirla por un delito leve de hurto, que castigará los casos en los que lo sustraído no supere los 1.000 euros, aunque para fijar este límite se tendrá en cuenta la capacidad económica de la víctima. Como respuesta a la multirreincidencia se prevé que en el caso de delincuencia profesional y organizada, en el que se incluirían las bandas dedicadas al robo de joyerías y pequeños comercios, los reos podrán ser condenados con el tipo agravado a penas de uno a tres años de prisión e, incluso, en los casos más graves, de entre dos y cuatro años.

-Atentado, resistencia, desobediencia y alteración del orden público. Si hasta ahora el artículo 550 del Código Penal consideraba delito de atentado a conductas muy concretas en las que quedaba reflejada la voluntad de perpetrar un acto delictivo, con la reforma se varía su definición para incluir todos los supuestos de acometimiento, agresión, empleo de violencia o amenazas graves de violencia y cualquier tipo de resistencia activa sobre el agente de las fuerzas de seguridad o miembros de servicios de asistencia y rescate. Se amplía, por tanto, el abanico de conductas que, si bien antes no tenían mayor trascendencia en el contexto de una manifestación pacífica, hoy pueden ser constitutivas de delito.

Delito de atentado en el artículo 550 antes de la reforma	Delito de atentado en el artículo 550 tras la reforma
Acometimiento, fuerza, intimidación grave y resistencia activa grave.	Acometimiento, agresión, violencia o intimidación graves y cualquier tipo de resistencia activa.

El que se abalance, agreda, lance una piedra a un agente (ninguna mención a la eximente de la legítima defensa), los que decidan sentarse en el suelo con los brazos encadenados, los que impidan el tráfico, los que no atiendan a una orden de un agente de las fuerza de seguridad, etc., serán considerados reos de delito de atentado.

Otra de las novedades que incluye la nueva redacción de este artículo es que se opta por modificar las penas, reduciendo el límite inferior de las mismas y manteniendo el superior (se pasa de pena de prisión de 2 a 4 años, a pena de prisión de 1 a 4 años) para agravar la de aquellos delitos de atentado en los que se lancen objetos contundentes, líquidos inflamables o corrosivos, donde se haga uso de vehículo de motor y cualquier otra actuación que conlleve un peligro para la vida o que pudiera causar lesiones graves. A estos tres supuestos se les impondrán penas superiores en grado respecto de las citadas anteriormente.

La acción de resistencia pasiva, junto con la desobediencia, se mantiene penada como hasta ahora, con entre seis meses y un año de cárcel.

Otra definición que se amplía es la de desorden público. Si en la redacción anterior se calificaba como desorden público aquella actuación en grupo que, con el fin de atentar contra la paz pública, alterase el orden público causando lesiones a las personas, produciendo daños en las propiedades, obstaculizando las vías públicas o los accesos a las mismas de manera peligrosa para los que por ellas circulen, o invadiendo instalaciones o edificios, la nueva redacción elimina la finalidad de atentar contra la paz pública e introduce, además, la actuación individual y la de aquellos otros que amenacen con llevar a cabo este tipo de acciones.                     

Desorden público en el artículo 557 antes de la reforma

Desorden público en el artículo 557 después de la reforma

Serán castigados con la pena de prisión de seis meses a tres años los que, actuando en grupo, y con el fin de atentar contra la paz pública, alteren el orden público causando lesiones a las personas, produciendo daños en las propiedades, obstaculizando las vías públicas o los accesos a las mismas de manera peligrosa para los que por ellas circulen, o invadiendo instalaciones o edificios, sin perjuicio de las penas que les puedan corresponder conforme a otros preceptos de este Código.

Serán castigados con la pena de prisión de seis meses a tres años los que, actuando en grupo o individualmente pero amparados en él, alteraren la paz pública ejecutando actos de violencia sobre las personas o sobre las cosas, o amenazando a otros con llevarlos a cabo. Estas penas serán impuestas sin perjuicio de las que pudieran corresponder a los actos concretos de violencia o de amenazas que se hubieran llevado a cabo.

A este artículo se le añade un nuevo apartado con el se pretenden criminalizar actividades que hasta ahora no eran consideradas delitos, como son la ocupación simbólica y pacífica de entidades bancarias, muy habitual en los últimos tiempos por razones de sobra conocidas.

“Los que actuando en grupo, invadan u ocupen, contra la voluntad de su titular, el domicilio de una persona jurídica pública o privada, un despacho, oficina, establecimiento o local, aunque se encuentre abierto al público, y causen con ello una perturbación relevante de su actividad normal serán castigados con una pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a doce meses”

Al artículo 559 se le da una nueva redacción para penalizar la convocatoria de movilizaciones, además de la difusión de mensajes que inciten a la comisión de algún delito de alteración del orden público o actos de violencia constitutivos de desórdenes graves relacionados con esas convocatorias.

“La distribución o difusión pública, a través de cualquier medio, de mensajes o de consignas que inciten a la comisión de alguno de los delitos de alteración del orden público, o que sirvan para reforzar la decisión de llevarlos a cabo, será castigado con una pena de multa de tres a doce meses o prisión de tres meses a un año”.

Pero la reforma incide en otro aspecto del que se ha hablado muy poco, además del aumento de las penas y la criminalización de la protesta social: el acoso al inmigrante en situación administrativa irregular. Es el Consejo Fiscal el que nos advierte del asunto, al denunciar que con la nueva redacción del Código Penal cabe tratar como delito el auxilio a personas sin papeles, por ejemplo, el que dispensaría un médico a un inmigrante enfermo que no pudiera acreditar legalmente su estancia en nuestro país.

La naturaleza de esta nueva reforma penal es clara. El Gobierno del Partido Popular, valiéndose del repudio que han provocado entre la población un puñado de crímenes especialmente execrables, amplificados por unos medios de comunicación que vieron en tales sucesos la oportunidad de hacer caja y arañar audiencias a sus competidores, pretende distraer a los ciudadanos para que reclamen una mayor represión penal contra terroristas, asesinos, violadores y carteristas, eludiendo el debate importante, que no es otro que la crisis social que padecemos y la violencia institucional que despliega. La imagen que estos medios han transmitido del Código Penal en vigor es la de una ley que consiente la impunidad absoluta de los criminales, lo cual es falso porque España es uno de los países de Europa que tiene una de las tasas más elevadas en el número de presos por población.

Al castigo sin redención al monstruo se añade la persecución del inmigrante pobre que vive en situación administrativa irregular, figura inocente en la que se concentran, sin ningún motivo, muchas frustraciones ciudadanas que tienen otra causa.

Además, el gobierno de Rajoy busca castigar con “severidad extrema” las manifestaciones de descontento y de resistencia social, mientras liquida la educación y la sanidad, el paro alcanza máximos históricos, el poco trabajo existente se precariza más que nunca, los estafadores campan a sus anchas, se da cobijo a los corruptos y se condena a los jóvenes más preparados a la emigración.

El monstruo, el otro y el rebelde. Estos son los enemigos de la sociedad, según el PP, a los que equipara de manera tan injusta como malintencionada, atribuyéndoles unas características que no tienen. Molinos de viento sobre los que concentrar la ira y la frustración social, a los que se aplicará un Código Penal que lleva escrito en su nuevo articulado un programa ideológico de control.

En ausencia de políticas de Estado propias, el Gobierno del Partido Popular sobreactúa en materia penal para ocultar su nefasta gestión y diluir la creciente preocupación ciudadana por la deriva de la situación económica del país. La reforma de las leyes penales es una maniobra de distracción para que la sociedad, castigada por unas condiciones económicas muy difíciles, se olvide de la violencia estructural que padece y mire para otro lado.

Con esta “reforma” se pretende devolver a la justicia a una situación anterior a 1982. Los ecos del aumento de las penas, la imposición de tasas para litigar y recurrir que hacen imposible el mandato constitucional de la tutela judicial efectiva, la reducción del derecho a decidir en lo relativo a una maternidad responsable, la vuelta al modelo de designación de vocales del CGPJ por elección directa de los propios jueces... Todas estas medidas muestran un sesgo ideológico evidente y nos trasladan a un sistema judicial deudor del autoritarismo.

Tanto ímpetu por un Código Penal nuevo y se le olvida al señor Gallardón introducir un nuevo apartado que califique como delictivas los actos bancarios gansteriles porque, hasta el momento, no encajan en las definiciones de delito. Ausencia escandalosa que refleja por dónde va este ministro y el gobierno al que pertenece.

Asistimos a un espectáculo intolerable. Las entidades financieras que reciben ingentes cantidades de dinero público para compensar el desastre de su gestión, desahucian a personas que no pueden hacer frente a las hipotecas concedidas. El gobierno del señor Rajoy, que es antes que nada registrador de la propiedad, legisla en beneficio de los bancos, a los cuales les sugiere “códigos de buenas prácticas”, mientras que a los ciudadanos les impone un Código Penal más severo. ¡Qué gran muestra de equilibrio!

La eficacia y el garantismo propios de un Estado de Derecho son sustituidos intencionadamente por el PP por la vía fácil del “rearme punitivo” que, bajo proclamas populistas, nos retrotrae a un Derecho penal entendido como instrumento de dominación ideológica, olvidando su naturaleza de lucha contra el delito.

Esta es la esencia reformista que inspira al señor Ministro de Justicia, que ha puesto el mundo del Derecho “del revés”.

María José Pérez Salazar es integrante del Consejo Político Local de IU de Azuqueca de Henares

34º aniversario de la Constitución o cómo festejar a un difunto

 Autoridades muy tiesas a juego con los muebles de estilo alfonsino en el Senado

Los que se cargaron la Constitución la celebran de manera hipócrita, como el torero que rinde tributo al toro estoqueado que por ser de casta, vaga por el infierno vacuno sin rabo ni orejas, boqueando sangre y oliendo a muerte.

No es que la Constitución fuese gran cosa antes de que el PSOE y el PP se avinieran en secreto a destruirla, allá por agosto de 2011. Pero aún en su insignificancia jurídica, molestaba al bipartito, subido desde hace tres décadas a un tinglado que se desmorona y que amenaza con sepultar a tanto pater patriae.

Es costumbre en nuestro país homenajear a los muertos, cuando en vida se les niega el agua y el aire, mayormente porque los muertos son inofensivos, tan quietos y serenos.  

Seis de diciembre, fiesta de la Constitución. La endecha al difunto alcanza lo sublime cuando quien la entona coincide con el que finiquitó al ensalzado, por la espalda y a traición, que es lo que le hicieron las cúpulas del PSOE y del PP a nuestra Ley Fundamental. Los optimates del bipartito apuñalaron la Constitución que decían amar, como Casio y Bruto a César, aunque eran hombres honorables, al igual que Casca y Cinna, Metello y Decius, los otros magnicidas, que también eran hombres honorables, defensores del orden, honrados, leales, patriotas, sinceros y, a pesar de todo, traidores superlativos. 

Al menos, los asesinos de César, tras coserlo a estocadas, tuvieron el detalle de dejar que se desangrara a los pies de la estatua de Pompeyo, lo que confirió un innegable sentido escénico a su muerte, referida después en obras inmortales. A nuestra Constitución, imperator legal, ni eso. Sus verdugos buscaron un crimen en secreto y sin testigos, sin gloria ni honor. No se espera, por tanto, que nadie entone su panegírico, no vaya a ser que el orador inflame, como hiciera Marco Antonio, a una plebe que ya no es marmolillo sino yesca, que bulle, se agita y puede que acabe clamando venganza.

Hace casi un siglo, Ortega y Gasset escribió su famosa España Invertebrada, en la que analizaba la crisis de su tiempo. Hoy hace falta escribir otra obra sobre la crisis del nuestro, que se titule España Intervenida, que es sinónimo de país sin voluntad propia. No tenemos Constitución, ni justicia constitucional, ni derechos garantizados por la norma suprema, ni gobierno que nos represente, ni autoridad que la ejerza con dignidad. En la España de los ucases, de las amnistías a los corruptos y a los torturadores, de las leyes orgánicas destruidas y de las normas mancilladas, no hay amparo constitucional, ni jueces que lo guarden, ni nadie que se lo crea. No hay nada que celebrar en la España intervenida, arrodillada ante los especuladores, abierta de piernas cuando el último sinvergüenza promete inversiones imposibles en casinos y prostíbulos, desangrada por el paro y la desigualdad, arruinada por sus élites y atemorizada por su futuro.

Huérfanos de Constitución, nos queda una momia que se saca de paseo cada seis de diciembre, como imaginería que no conmueve. Y debajo de ella, ocultos por el faldón del paso, los cofrades que sostienen la crestería y el varal, aparatosos, que tapan lo importante, que es la defensa del garbanzo, de su santo garbanzo nutricio.

Este año se oficia una conmemoración muy devaluada, tristona, mustia, entre la indiferencia general y el apoyo sociológico de los que, hace treinta años, habrían votado en contra de la Constitución por ser demasiado audaz. En el acto institucional ofician un rey desnudo, políticos malquistos que defienden su nariz, la prensa de la corte y el puñado de curiales y poltrones de rigor, a los que abren paso una pareja de maceros con su tabardos y plumas. El teatro elegido, apropiadísimo: el Senado, ejemplo de institución inútil, como la Constitución que no rige. Y don Pío, cuarto conde de Badarán y séptima autoridad del Estado, ejerciendo de maestro de ceremonias, español representativísimo de la España de la crisis, los desahucios y el paro. 

Como la labor de los taxidermistas no ha sido muy fina, un año después del óbito se le apuntan al momio constitucional los signos del más allá. A la Constitución le han puesto dos ojos de vidrio que dan repelús y una peluca barata que no tapa del todo un cráneo que ya amarillea. Es lo que tienen las confecciones urgentes y de circunstancias, que pronto se les ve el gusano que llevan dentro.

Conmemorar la Constitución, que es puro pergamino, tiene algo de pintura negra, de feísmo propio de tiempos pesimistas. Gran motivo para El Roto, suerte de Gutiérrez Solana de nuestros días, que planta en sus viñetas el horror diario en un dibujo y una frase.

Los partidos del sistema celebraron este seis de diciembre un duelo y no una fiesta. IU no asistió al acto porque dejamos las ceremonias de pega para las políticos de pago, figurines que brindan por un muerto muy frío.

Mientras tanto, las gentes de buena fe a lo suyo, que es ponerse a la faena de levantar un país indicando un camino nuevo.

El mundo se puede ver desde abajo. Esta es la posición del esclavo, que se cree sombra, desde la que sólo ve gigantes y héroes. También se puede ver de pie, a la altura de los ojos de los que gobiernan. Se percibe entonces entre los dirigentes a hombres de carne y hueso, con sus miserias, ambiciones y virtudes, si es que las hay. También cabe verlo desde arriba. Allí, con la perspectiva de las cumbres, se observa el movimiento de la historia.

La muerte de César trajo una nueva guerra civil. No lo olvidemos.

Emilio Alvarado Pérez es portavoz del grupo municipal de IU