Yo te perdono

El poder legisla a su conveniencia y perdona a los suyos. Mientras, al pueblo, badana

La imagen pública del indulto está muy desacreditada, lo cual no extraña si tenemos en cuenta su mal uso, su abuso, por los consejos de ministros de los gobiernos del PSOE y del PP.

Comencemos definiéndolo: el indulto es una causa de extinción de la responsabilidad penal que supone el perdón de la pena. Es diferente, por tanto, a la amnistía, que supone el perdón del delito. Por el indulto la persona sigue siendo culpable pero se le ha perdonado el cumplimiento de la pena.

La figura del indulto se regía por la Ley de 18 de junio de 1870, que regula el “ejercicio de la gracia de indulto”. Esta ley fue modificada en 1988 por un gobierno de Felipe González, singularmente en lo relativo a anular la obligación de motivar el indulto, lo cual sorprende porque las sentencias han de ser motivadas y se ha de motivar, también, la responsabilidad penal y muchas otras decisiones administrativas, pero no el indulto total (comprende la remisión de todas las penas a que hubiere sido condenado el reo y que aún no hubieren sido cumplidas) o parcial (supone la remisión de alguna o algunas de las penas impuestas o su conmutación por otras menos graves).

La figura del indulto hunde sus raíces en la potestad de los monarcas absolutos para conceder medidas de gracia a sus súbditos. El advenimiento del parlamentarismo no impidió que se mantuviera esta figura jurídica, longeva, de rancia tradición histórica, siempre de actualidad, pero construida sobre arenas movedizas y ahora en manos de ejecutivos elegidos democráticamente.

El indulto lo concede el Consejo de Ministros en nombre del Rey, a instancias del Ministerio de Justicia y lo pueden solicitar los penados, sus parientes o cualquier otra persona en su nombre (sin necesidad de que acredite la representación del penado) el tribunal que condenó, el Tribunal Supremo o el fiscal de cualquiera de ellos, el juez de vigilancia penitenciaria, la Cofradía de Nuestro Padre Jesús el Rico, (privilegio concedido por Carlos III) el jurado en el caso de que proponga veredicto de culpabilidad y considere motivos para solicitar el indulto y el gobierno tomando la iniciativa en la instrucción del expediente. El indulto se concede mediante Real Decreto donde aparece el nombre de la persona indultada, el delito o delitos por los que fue condenada y las penas impuestas. El mismo texto del indulto expresa qué penas son objeto de indulto y en qué medida (total, parcial o bien objeto de conmutación por otra pena más liviana).

La redacción de la ley del indulto es incompleta y ambigua, de forma que establecido un criterio se introducen medidas para excepcionar el criterio principal. Sin embargo, nada se ha hecho para solucionar esta ambigüedad, sino que se ha incrementado al no tener el gobierno la obligación de motivar el indulto, de forma que habría que considerar que se trata más de una estrategia que de un error.

La figura fronteriza del indulto, así como su utilización, constituye una pendiente resbaladiza que va desde la discrecionalidad hacia la arbitrariedad dolosa. Surgido desde una concepción absolutista del poder, el indulto lleva a la sospecha de que en ocasiones el ejecutivo tiene razones ocultas para conceder el perdón. La ausencia de motivación en su concesión y denegación, a diferencia de lo que establecía la ley de 1870, favorece la sospecha, la arbitrariedad y el abuso, y genera un contrasentido que habría que evitar: que se condena mediante sentencia motivada y se indulta mediante un real decreto no motivado.

La gracia del indulto no se ha establecido en la sociedad para buscar la puerta por donde escamotear la labor de la justicia, sino para aplicar medidas de gracia cuando por exigencias de humanidad se pudiera reducir o convalidad una pena pendiente. Pero, desgraciadamente, el indulto se ha convertido en una gracia penal para que los gobiernos de turno puedan liberar de las condenas sentenciadas a sus amigos y correligionarios.

En un sistema parlamentario son las cámaras legislativas y no los gobiernos las que ostentan la más directa legitimidad procedente de la voluntad popular, aunque las democracias contemporáneas vayan más bien en la dirección de debilitar al legislativo para lograr ejecutivos fuertes y estables. Tendrían que ser ellas, por tanto, quienes tuviesen las última palabra en la aplicación de un medida tan extraordinaria porque, además, son también ellas quienes aprueban las leyes que conducen a las sentencias que serán objeto de indulto.

Desde la asociación Jueces para la Democracia se denuncian que “el Ejecutivo no explica por qué indulta a las personas. Se están dejando sin contenido decisiones judiciales que en algunos casos se han llevado adelante después de muchísimo tiempo de investigación y de grandes esfuerzos, lo que ha dejado algunas sentencias en papel mojado”. Además, esta asociación cree que es necesaria una reforma de la ley que regule la motivación obligatoria de cada indulto y que establezca un control judicial sobre esta medida de gracia.

En lo que va de legislatura, el gobierno de Rajoy ha concedido 806 indultos, lo que supone una media cercana de dos al día. De los 434 casos aprobados sólo en 2012, 34 fueron propuestos por el Ministerio de Defensa y el resto por el Ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. Algunos de estos indultos fueron especialmente polémicos, como el concedido a cuatro mossos d’Esquadra que habían sido condenados por torturas, el otorgado a un conductor kamikaze, un caso en el que la controversia se acrecentó al conocerse que el condenado trabajaba en el mismo bufete de abogados que emplea a uno de los hijos de Gallardón o el último, concedido a un guardia civil condenado por grabar una agresión sexual y mofarse de la víctima cuando su obligación era prestarle auxilio y evitar el delito.

No obstante, las cifras totales de esta legislatura no son muy diferentes a las registradas con otros gobiernos. Durante las dos últimas legislaturas de gobierno del PSOE, con Zapatero al frente, se perdonó a 454 condenados en 2005, a 520 en 2006, a 521 en 2007, a 405 en 2008, a 423 en 2009, a 404 en 2010 y a 301 en 2011.

Uno de los indultos más escandalosos de los concedidos por Zapatero fue el de Alfredo Sáenz Abad, consejero delegado del Banco de Santander y el quinto banquero mejor pagado del mundo (10,2 millones de euros al año), que fue ejemplo de infamia y de abuso difícilmente superable.

Alfredo Sáenz Abad fue condenado en febrero de 2011 por un delito de acusación falsa a la pena de tres meses de arresto mayor, a una multa de 400 euros y a suspensión de profesiones u oficios relacionados con el desempeño de cargos de dirección, públicos o privados, vinculados con entidades bancarias, crediticias o financieras. También fueron condenados en la misma sentencia Miguel Ángel Calama Teixeira y el abogado Rafael Jiménez de Parga Cabrera.

El Tribunal Supremo condenó a Alfredo Sáenz Abad en 2011 y ese mismo año este señor, ejemplo para los tratados de inmoralidad que aún han de escribirse, fue indultado por el Gobierno de Rodríguez Zapatero. El Gobierno conmutó la pena de arresto y de suspensión por una pena de multa y añadió en el texto del indulto: “quedando sin efecto cualesquiera otras consecuencias jurídicas o efectos derivados de la sentencia, incluido cualquier impedimento para ejercer la actividad bancaria”. Los términos en los que se concedió este indulto plantearon la cuestión de si se podía eliminar la nota de deshonor que suponía tener antecedentes penales y que impedía el ejercicio de la profesión de banquero, aunque para el gobierno de Zapatero esta cuestión no planteó ninguna controversia, quizás porque el PSOE, al igual que el PP, tenía fuertes deudas con el Banco de Santander que, según las malas lenguas, fueron condonadas oportunamente.

En el momento de la comisión del delito la ley establecía como condición para ejercer la actividad bancaria “contar con un consejo de administración integrado por personas de reconocida honorabilidad comercial y profesional”, de ahí que el indulto del gobierno del PSOE introdujera el inciso final anteriormente comentado para remediar la tacha de deshonor que caía sobre Alfredo Sáenz, que es un banquero que cobró al jubilarse en el año 2013, en plena crisis económica y mientras los desahuciados por la banca se arrojaban por las ventanas, una pensioncita de 88’1 millones de euros. Tal decisión o regalo de limpiarle el expediente mereció el aplauso de Botín y de la patronal bancaria, que se deshicieron en elogios sobre la probidad y profesionalidad del condenado así como sobre la altura de miras del gobierno.

Una vez concedido el indulto, algunos afectados por el delito cometido por los banqueros recurrieron ante el Tribunal Supremo, resultando de todo ello que fue anulado parcialmente. En su sentencia, el alto tribunal indicaba que el ejecutivo podía indultar la pena pero no las consecuencias jurídico-administrativas que se derivaban de la condena. Por estos motivos, el Supremo declaró la nulidad del pleno derecho de los incisos finales de los Reales Decretos que concedían los indultos a Sáenz y Calama.

El debate en cualquier caso no se centra en la figura del delito en sí, sino en cómo se administra el indulto, en quién debe otorgarlo y en cómo delimitar los demás requisitos para concederlo.

La experiencia nos dice, desgraciadamente, que el indulto es una figura jurídica que utilizan los gobiernos de manera arbitraria para degradar a la justicia, creando una para sus amigos (banqueros, corruptos, empresarios…) a los que exime de cumplir la ley, y otra para los demás, que sí están sometidos a los tribunales y quedan exentos de las medidas de gracia.

Es urgente y necesaria una reforma de la Ley del Indulto para evitar que esta medida de gracia se decida en el Consejo de Ministros y que, en ningún caso, se puedan indultar delitos que causen alarma social, como son los de corrupción, torturas, malos tratos y de seguridad vial que hayan causado la muerte por una conducción temeraria. La reforma que se precisa debe acabar con el margen de arbitrariedad del que goza el gobierno, toda vez que PSOE y PP han abusado de su utilización, ya que en este asunto, como en tantos otros,  no se observan diferencias significativas en su ejercicio. Ambos partidos indultan y ninguno da explicaciones ni argumenta las razones que han conducido a cada perdón, pretextando que la ley no les obliga. En resumen, hoy no existe fórmula legal que controle la decisión de indultar y esto resulta calamitoso.

Una nueva regulación es la única forma de acabar con la injerencia legal del gobierno en los otros poderes del Estado y de poner fin a la alarma social provocada por el indulto de prevaricadores, corruptos, defraudadores, torturadores, maltratadores o amigos, por ejemplo.

Corresponde al parlamento elaborar una ley que vincule el indulto a la opinión del tribunal sentenciador y que obligue al gobierno a motivar la razón de que, en determinados casos, se impida el cumplimiento de sentencias firmes de los tribunales, que no otra cosa representan los indultos. Desde esta óptica, una regulación del indulto conforme con los principios constitucionales exige, por un lado, establecer la necesidad ineludible de que el indulto sea motivado y, por otro, excluir del derecho de gracia a los delitos que por su gravedad y circunstancias no lo merecen. Con esta reforma el indulto seguiría siendo una facultad del gobierno pero limitada por la justicia.

En un Estado constitucional el indulto es necesario como válvula de seguridad del sistema penal (puede evitar la aplicación de una pena desorbitada, injusta, extemporánea, cruel o inútil) pero no es admisible el indulto arbitrario y contrario a la justicia. Por el contrario, si el indulto se mantiene como está, el gobierno se convierte en una cuarta instancia que corrige al poder judicial y deja sin efecto sus resoluciones cuando le viene en gana, siendo indudable que esta situación es incompatible con los principios y valores de un Estado de Derecho.

María José Pérez Salazar forma parte del Consejo Político Local de IU de Azuqueca de Henares

Las trampas de la elección directa de los alcaldes

Trampa: dícese del acto de cambiar las reglas del juego a mitad de la partida y a conveniencia propia, con disimulo o torpemente, con el propósito de engañar y perjudicar al adversario

Varios argumentos son utilizados para defender la elección directa de los alcaldes, aunque la mayoría de ellos poco tienen que ver con lo que significa tener alcaldes plebiscitados. Veamos los dos más relevantes:

1. Un alcalde elegido directamente por los vecinos es más democrático que si lo es  por los concejales. En otras palabras, a la hora de elegir regidores es preferible la democracia directa a la indirecta. 

2. Los alcaldes monocráticos infunden estabilidad a los gobiernos municipales y evitan el transfuguismo, que es fuente de males mayores como la corrupción y la traición al compromiso dado a los electores. Por tanto, eficacia en el gobierno y limpieza en la política serían razones adicionales a favor de la elección directa de los alcaldes. 

Analicemos el primer argumento, el de más democracia, ligado a la elección sin intermediarios de la máxima autoridad municipal. Si se da por bueno, significaría concluir que los sistemas presidencialistas son superiores a los parlamentarios, lo cual nadie ha demostrado aún porque no es cierto. Tanto el presidencialismo como el parlamentarismo funcionan en un contexto, están sometidos a desviaciones y cuentan con mecanismos correctivos que si los comparamos no siempre actúan como es debido. La democracia no es únicamente una cuestión que dependa del grado de elección, con ser importante, sino, también, de la eficacia de los controles sobre la autoridad, de la fiscalización del ejercicio del poder, de los frenos y contrapesos y de la capacidad de inclusión del cuerpo electoral y de la ciudadanía cuando se toman decisiones. La democracia es más que procedimiento, es sustancia, no sólo es norma sino materia. Además, la experiencia dice que el presidencialismo no es mejor que la democracia deliberativa o de consenso, que parece más blindada frente a los caudillismos y las desviaciones autoritarias del poder. Si se piensa bien, el presidencialismo funciona a las mil maravillas cuando el elegido es una figura providencial, un ejemplo a seguir, una persona íntegra y honesta, uno entre un millón. Por otra parte, la democracia deliberativa, para dar lo mejor de sí, exige una cultura política avanzada y un amplio grado de igualdad. Como lo primero es más difícil que lo segundo, resulta realista no confiar demasiado en los personalismos como la llave que abrirá todas las puertas. Si el poder colectivo sufre tentaciones, qué no le ocurrirá al poder individual que, por lo demás, puede recurrir a la legitimación directa para justificar sus actos.  

En cuanto al segundo bloque de argumentos, los relacionados con la eficacia, la limpieza y el respeto a la decisión de los ciudadanos, nos llevan a considerar lo siguiente. Es verdad que donde hay un alcalde monocrático no cabe el transfuguismo de los concejales, pero tal cosa se logra a costa de extirpar el principal instrumento de control de la oposición sobre el alcalde: la moción de censura. Sucede aquí que a veces el remedio es peor que la enfermedad, lo cual no quiere decir que todas las mociones de censura sean justificables aunque algunas resulten absolutamente necesarias. Es preciso pensarse dos veces si es conveniente renunciar a la moción de censura para evitar el transfuguismo porque evitando la corrupción entre los concejales no se impedirá entre los alcaldes. Aquí puede traerse la fórmula de la revocación de los alcaldes por una mayoría muy cualificada del pleno, lo cual iría contra la esencia de la elección directa de los alcaldes y que, por una cuestión de principio, hay que rechazar, o la revocación por petición popular, compatible con el presidencialismo, pero muy difícil en su ejecución, como manifiesta el ejemplo alemán de alcaldes elegidos directamente, con mandatos muy largos (de cinco a nueve años) y con elementos de democracia directa como la revocación, los referéndumes vinculantes, las iniciativas y las asambleas ciudadanas. Tras mucho pensarlo, el transfuguismo, que es un mal que hay que extirpar (aunque está ligado al mandato representativo, lo cual se pasa por alto) debe combatirse de otro modo y no eliminando instrumentos de control. Así que, sentado lo anterior, los sistemas presidencialistas no son más honestos por definición que los parlamentarios. 

Además, los defensores del presidencialismo siempre flaquean a la hora de explicarnos cómo hacer frente a las desviaciones perniciosas del poder cuando se concentra en una persona. Finalmente, en cuanto a la eficacia, es evidente que una institución unipersonal puede decidir antes que una colegiada, que es más proclive a los retrasos e, incluso, a los bloqueos, pero a veces al precio de reducir la representatividad de la decisión, que es tanto como hablar de su permanencia y estabilidad en el tiempo. En otro orden de cosas, los alcaldes plebiscitados pueden debilitar a los partidos e, incluso, oponerse a ellos. Dicho así, esto no es bueno ni malo per se. En ocasiones puede resultar una bendición que una persona honesta, sobre la base de un movimiento ciudadano, rompa viejos oligopolios partidistas si su intención es sincera y pretende mejorar la sociedad, pero no olvidemos la posibilidad, que también existe, de elección de personajes mediáticos y corruptos por la atracción que despiertan (bien por su discurso demagógico, por las promesas realizadas, por la campaña que les eleva, por la irracionalidad de las decisiones colectivas o porque, simplemente, conectan mejor en un momento determinado con la opinión pública). No es evidente, por tanto, que estos argumentos a favor de los alcaldes monocráticos sean indiscutibles por lo que, de nuevo, hay que remitirse a otros aspectos del sistema político menos llamativos pero muy importantes para mejorar la calidad de la democracia local.

Sentado lo anterior, es preciso decir que en el debate sobre la elección directa de los alcaldes hay aspectos que se ocultan así como otras discusiones que se mezclan indebidamente. Lo primero que hay significar es que los alcaldes que se eligen en España son cualquier cosa menos débiles: determinan las delegaciones de los concejales y las quitan, son jefes del gobierno municipal, presiden la junta de gobierno, pueden presidir de facto (y no sólo formalmente) todas las comisiones, organismos consultivos y de representación, además de dirigir los plenos y ser jefes de la policía local. Por lo tanto, acumulan una reserva de poder muy importante aunque para ejercerlo necesitan una mayoría en la que sostenerse y que se la dan los concejales. Es decir, en España no hay un problema de ingobernabilidad de los ayuntamientos por inanidad de los alcaldes sino de mayor transparencia, que no se logrará por la vía de incrementar los poderes de los alcaldes quitándoselos al pleno (por ejemplo, la competencia de aprobar los presupuestos o la moción de censura) o por la vía de constituir una junta de gobierno más personalista y con más competencias arrancadas de los plenos. A esto hay que añadir que no hay una sola forma de elección directa de los alcaldes, que va del sistema mayoritario puro, a las dos vueltas o a la insensatez de las listas vinculadas, resultando en todos los casos, por norma general, el reforzamiento de los partidos más fuertes frente a los más pequeños (excepto en coyunturas de profundo cambio político y social) así como una representatividad del cuerpo electoral mucho menor por sustitución del principio proporcional frente al mayoritario. Además, el debate sobre la elección directa de los alcaldes se ha puesto encima de la mesa cuando ha convenido a las fuerzas del bipartidismo, bien para debilitar a sus adversarios electorales, inhabilitar coaliciones que les pudieran arrebatar alcaldías o para responder a sonados casos de corrupción que les dejaban en una situación muy delicada.

No traen los partidos de gobierno, PP y PSOE, este cuestión al orden del día de la política para mejorar la democracia local sino por conveniencia y cálculo. En su espíritu está sustituir la proporcionalidad por el principio mayoritario que, como es sabido, deja sin representación a las minorías por elevación a mayoría absoluta de la minoría mayoritaria, favorece el bipartidismo, lo cual les permitiría conquistar alcaldías con bastantes menos votos que la oposición, a lo que se añade que la oposición quedaría muy dañada en su capacidad de control.

En conclusión, no parece que el deseo de una mayor democracia local se logre sin más eligiendo directamente al alcalde. Esta es una cuestión de mayor calado que requiere transformaciones legales y prácticas que superan el orden de lo político. Más bien habría que reforzar, dentro del esquema parlamentario, las instituciones y los usos de la democracia directa, así como una mayor eficacia de los mecanismos de control ya existentes.

Que por una elección apresurada no haya que repetir con pesar las palabras del labrador Rana, personaje del entremés cervantino que al referirse a los regidores decía: si fuesen malos, ruega por su enmienda.

Emilio Alvarado Pérez es portavoz del Grupo Municipal de IU 

De cómo el PSOE y el PP han ido limitando el principio de justicia universal hasta provocar su defunción

El principio de la jurisdicción universal consiste en el reconocimiento a los tribunales de un país de la competencia para enjuiciar determinados delitos contra bienes jurídicos especialmente protegidos por la comunidad internacional, con independencia completa del lugar de comisión del hecho y de la nacionalidad o residencia de los responsables o de sus víctimas. La jurisdicción universal es un instrumento clave para evitar la impunidad de los crímenes cometidos contra la humanidad (genocidio, crímenes de guerra, tortura, ejecuciones extrajudiciales o desapariciones forzosas) y otros de carácter muy grave que se cometen con la impunidad que nunca debiera ofrecer la extraterritorialidad (tráfico de drogas a gran escala, de armas o de personas). Ante estos delitos, cada Estado, como integrante de la Comunidad Internacional y con el objetivo de protegerla debe proceder a juzgar a todo delincuente que detenga, cualquiera que sea su nacionalidad y el lugar de comisión del delito, como ocurre, por ejemplo, con cualquier violación de los derechos humanos. 

Este principio fue consagrado con carácter prácticamente absoluto en el Derecho español en el artículo 23.4 de Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 al atribuir a la jurisdicción española competencia “para conocer de los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional” con relación a los delitos de genocidio, terrorismo, piratería, falsificación de moneda extranjera, prostitución y tráfico de drogas. La lista de delitos fue ampliándose paulatinamente por leyes posteriores de menores (L.O. 11/1999), mutilación genital (L.O. 3/2005) y tráfico ilegal de personas (L.O. 13/2007).

En España, la aplicación de este principio ha dado lugar a procesos judiciales por crímenes de genocidio, terrorismo y torturas cometidos en Argentina, Chile, Guatemala y El Salvador, y a su vez, está siendo utilizado por la Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal de la República Argentina en un proceso seguido al de España por crímenes de lesa humanidad durante el franquismo.

Pese a que la iniciativa contó con elogios a nivel internacional, también se escucharon voces críticas dentro y fuera de nuestro país derivadas fundamentalmente de los conflictos diplomáticos que el reconocimiento de este principio implicaba para España. A medida que estos conflictos empezaron a ser significativos, los gobiernos de turno tanto del PSOE como del PP decidieron restringir su aplicación.

Como ya es tradición en la política española, el recorte de la jurisdicción internacional se intenta en primer lugar por la vía de hecho, es decir, a través de una doctrina del Tribunal Supremo sin ningún apoyo en la legalidad vigente pero sí con el fin de evitar que los gobernantes se ruboricen ante la circunstancia de tener que desdecirse. Así quedó plasmado en la sentencia del alto tribunal de 25 de febrero de 2003, en la que se exige al menos un punto de conexión que legitime la extensión extraterritorial, ya sea que alguna de las víctimas fuese española o que los responsables se hallasen en España o que hubiese un vínculo con intereses relevantes españoles. El intentó resultó inútil porque esta sentencia fue recurrida ante el Tribunal Constitucional y éste, en su sentencia 237/2005, negó que de la voluntad de la ley pudiera inferirse la exigencia de tales limitaciones. Así que a la vista de la situación, el  PSOE, mostrando un socialismo raquítico y pálido, no tuvo más remedio que mojarse y aprobar en el 2009 con el apoyo de PP, CIU y PNV la primera reforma de la justicia universal en nuestro país por la que se modificó el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en la línea apuntada por el Tribunal Supremo cuya redacción quedó como sigue: “Sin perjuicio de lo que pudieran disponer los tratados y convenios internacionales suscritos por España, para que puedan conocer los Tribunales españoles de los anteriores delitos deberá quedar acreditado que sus presuntos responsables se encuentran en España o que existen víctimas de nacionalidad española, o constatarse algún vínculo de conexión relevante con España y, en todo caso, que en otros país competente o en el seno de un Tribunal internacional no se ha iniciado procedimiento que suponga una investigación y una persecución efectiva, en su caso, de tales hechos punibles. El proceso penal iniciado ante la jurisdicción española se sobreseerá provisionalmente cuando quede constancia del comienzo de otro proceso sobre los hechos denunciados en el país o por el Tribunal a los que se refiere el párrafo anterior”.

A partir de entonces, la Audiencia Nacional sólo investiga delitos contra la humanidad cometidos en el exterior si los acusados se encuentran en España, alguna de las víctimas tiene nacionalidad española o existe algún vínculo de conexión relevante en España. Esta modificación se aprobó después de que la ministra de Asuntos Exteriores de Israel confesase públicamente la promesa que le hizo el que por aquel entonces era Ministro del ramo y colega, Miguel Ángel Moratinos: que modificaría la ley para archivar el caso contra soldados israelíes por su supuesta responsabilidad en el bombardeo del barrio de Al-Daraj de Gaza.

En esta España de los rescates financieros, de la corrupción, de los indultos a banqueros, de la persecución y hostigamiento a jueces que cumplen con su obligación con el fin de evitar que auténticos delincuentes campen a sus anchas y de la aniquilación de derechos fundamentales, también se quiere dar la puntilla al principio de justicia universal. El Partido Popular aprobó el pasado 15 de marzo la entrada en vigor de una nueva reforma del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, relativo a la Cooperación o Colaboración de España con la Justicia Universal para reducir aún más esta jurisdicción en nuestro país.

La modificación se produjo por vía de extrema urgencia y sólo con los votos de los diputados del PP, que goza de mayoría absoluta en las dos cámaras, Congreso y Senado, sin el menor ánimo de consensuar un asunto de esta trascendencia con el resto de los partidos que componen el arco parlamentario.

Para el Partido Popular, según ponía de manifiesto en la exposición de motivos de la Proposición de Ley de Modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, relativa a la jurisdicción universal, “la realidad ha demostrado que hoy en día la jurisdicción universal no puede concebirse sino desde los límites y excepciones propias del Derecho Internacional”, lo cual quiere decir, en lenguaje llano, que el PP limita la persecución de los delitos de genocidio y lesa humanidad a los procedimientos que se dirijan contra los españoles o extranjeros que hayan adquirido la nacionalidad tras cometer el hecho o cuya extradición haya sido denegada. La nueva redacción del artículo elimina la posibilidad de actuar a partir de una denuncia o a través de una acusación popular, para reducir su impulso a las querellas presentadas por el agraviado o la Fiscalía.

Sólo en muy contados supuestos se mantiene lo poco que queda de la antigua jurisdicción, por lo que cabe decir que España ha renunciado a los más importantes aspectos que quedaban regulados en el Convenio de Ginebra de 1949, la Convención Internacional contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes o la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas y, desde luego, contra lo estipulado en el Convenio de Roma de 1998, creador de la Corte Penal Internacional, y por el que se definen y sancionan gravísimos delitos que implican violación de los derechos del hombre, tales como los crímenes de guerra, el genocidio, los de lesa humanidad o el de agresión sexual a menores.

Este nuevo revés propinado por el Gobierno de Rajoy garantizará la impunidad de criminales y negará justicia a los ciudadanos españoles.

En la España de Rajoy si robas chatarra vas a la cárcel pero si te llevas por delante a medio país disfrutarás de la benevolencia de las leyes, de la comprensión de la Real Academia de la Historia y de placa conmemorativa en lugar público.

Los españoles que sean víctimas de crímenes de guerra, de lesa humanidad, de torturas, de secuestros por parte de unas fuerzas armadas más allá de nuestra fronteras no tendrán la posibilidad de acudir a los tribunales: su propio país, España, les negará su derecho a la justicia.

La vía para seguir luchando por la justicia universal es la de presentar recurso ante el Tribunal Constitucional bien por parte de las familias, por los propios jueces que llevan casos de jurisdicción universal apelando la inconstitucionalidad de la reforma o bien, y según la ley, por 50 diputados o 50 senadores.

El grupo parlamentario del PSOE, alardeando de su “giro a la izquierda”, aprovechó esta situación para anunciar que presentará recurso de inconstitucionalidad contra la reforma. Los que se proclaman republicanos y no cuestionan la monarquía, los que dicen blindar los servicios públicos y sus excargos se blindan en los consejos de administración de las grandes empresas, los que dicen defender al trabajador y protagonizaron una reforma laboral y una reforma de la seguridad social y los que protegen a la banca tapando sus agujeros con dinero público e indultando a banqueros, olvidan que fueron ellos los que dieron el primer golpe a este principio jurídico, con una reforma aprobada a petición de Israel que supuso el archivo de la causa por posibles crímenes de guerra en Gaza y los que obstaculizaron la investigación en el caso Couso tratando de cerrar la causa, tal y como desvelaron los cables de la embajada estadounidense difundidos por Wikileaks.

Las restricciones que se incluyen en la última reforma del PP son de tal magnitud que desvirtúan el objetivo final de la jurisdicción universal y, lo que es más grave aún, abre vacíos jurídicos en su aplicación que atentan contra el principio de legalidad y los derechos de las víctimas. Además, se permite la posibilidad del fraude de ley a favor de los perpetradores al establecerse que el proceso penal iniciado ante la jurisdicción española "se sobreseerá provisionalmente" (es decir, se archivará provisionalmente) "cuando quede constancia del comienzo de otro proceso sobre los hechos denunciados en el país o por otro Tribunal."

Ni siquiera se fijan criterios para valorar la disposición del otro tribunal para llevar a cabo las investigaciones y, en su caso, el juicio. Según el texto de la reforma tampoco se exige acreditar que dicho proceso se haya abierto legítimamente por las víctimas, ni que haya garantías de justicia, ni que las víctimas tengan acceso a participar en él o que el sistema normativo establezca penas acordes con el principio de proporcionalidad. Por eso, pudiera ser que en nombre de la justicia universal se iniciaran procesos-fraude para impedir otros con garantías de imparcialidad.

En definitiva, se ha dado una estocada de muerte a la justicia universal que aboca al archivo de decenas de causas abiertas en la Audiencia Nacional como el asesinato de José Couso tras el bombardeo de las tropas estadounidenses del hotel donde se alojaba la prensa, el genocidio del Tíbet, las torturas perpetradas por el gobierno de China contra el movimiento Falung Gong, el genocidio del pueblo saharahui o las torturas sufridas por los presos de Guantánamo.

El desguace de la justicia universal provoca que muchos inocentes se revuelvan en sus tumbas y que los grandes criminales suspiren aliviados porque ellos han ganado, al igual que los intereses de las potencias extranjeras sobre las víctimas y los derechos humanos.

Esta es la realidad de una situación que ya no espanta sino que provoca asco y vergüenza.

María José Pérez Salazar forma parte del Consejo Político de IU de Azuqueca de Henares 

Todos a la cárcel

Fernández, el Ministro del Opu Dei que pone cuchillas en las vallas y reprime con su Código Penal, pasando revista

El pasado 13 de noviembre, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, anunciaba que ya estaba preparado el anteproyecto de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana.

Esta norma sustituye a la Ley Orgánica 1/92 de 21 de febrero de protección de la seguridad ciudadana, más conocida como Ley de la patada en la puerta o Ley Corcuera, en referencia a sus intenciones y al apellido del ministro socialista que la impulsó.

Según manifestaba por aquel entonces el ministro del Interior, José Luis Corcuera, con su ley se intentaba "proteger" a todos los españoles mediante un procedimiento tan simple como expeditivo: autorizar a las fuerzas del orden a entrar en una propiedad privada en la que se sospechase que podía estar cometiéndose un delito, sin necesidad de autorización judicial. Concretamente, la citada ley regulaba “las condiciones y términos en que podría prescindirse del mandamiento judicial para penetrar en domicilios, en lo que se refiere a las tareas de persecución de fenómenos delictivos tan preocupantes para la seguridad de los ciudadanos como son los relacionados con el narcotráfico.”

Una sospecha proveniente de cualquier fuente (“aquí huele a porro” o “creo que mi vecino se dedica al tráfico de drogas”) servía para autorizar automáticamente al policía de turno a dar una patada en la puerta de un domicilio y efectuar el registro o la acción que estimase oportuna, sin que hubiese para ello necesidad del concurso de un juez. Esta ley fue duramente criticada por los partidos de la oposición, los sindicatos y la sociedad en general, pero sentó las bases sobre las que actúan desde entonces las fuerzas de seguridad.

Conviene recordar que el Tribunal Constitucional declaró nulo el apartado segundo del artículo 21 de la ley, que daba a cada agente la libertad de decidir entrar en una vivienda bajo sospecha de que en ella se estuvieran produciendo hechos delictivos relacionados con el tráfico de estupefacientes.

En 1991, el coordinador general de Izquierda Unida, Julio Anguita, afirmaba que la democracia española “estaba adquiriendo rasgos de régimen autoritario” y un año después la formación de izquierdas se opuso rotundamente a la ley Corcuera.

Aznar, que por aquel entonces estaba en la oposición, se enfrentó también a la ley, aunque luego la aplicó sin cuartel durante su mandato, demostrando que los partidos del bipartito utilizan en la oposición un código y en el gobierno el contrario, en ejecutoria que sus dirigentes llaman responsable y que, a pesar del eufemismo, ya asquea un poco.

Tras más de veinte años en vigor se procede por el gobierno actual a cambiar la ley, porque ahora la patada en la puerta le parece cosa nimia, insuficiente.

En el Consejo de Ministros del pasado 29 de noviembre se aprobó al anteproyecto que, pese a suavizar el borrador inicial rebajando en un tercio las infracciones muy graves, no deja de ser una involución, un retroceso en los derechos individuales y una militarización de la sociedad ahora que anda agitada debido al sufrimiento que le administra el gobierno.

Despertemos del letargo: el objetivo de Rajoy no es mejorar la seguridad sino combatir con más represión y con multas mayores las protestas ciudadanas provocadas por sus recortes y sus políticas económicas que han generado inseguridad social en proporciones industriales.

INFRACCIONES MUY GRAVES: con multas de entre 30.001 a 600.000 euros

1. Grabación y difusión de imágenes de agentes de las fuerzas de seguridad en el ejercicio de su trabajo que atenten contra el derecho a su honor o su imagen y que puedan poner en peligro sus seguridad o la de la intervención policial correspondiente. 2. Las protestas no comunicadas o prohibidas ante infraestructuras críticas, como centrales nucleares o pistas de aeropuerto. 3. Los escraches o actos de acosos a cargos públicos. La ley contemplará que la policía pueda establecer un perímetro de seguridad que no deben sobrepasar los concentrados. 4. Deslumbrar con dispositivos tipo láser a conductores de tren, metro o pilotos.

INFRACCIONES GRAVES: con multas de entre 1.001 a 30.000 euros

1. Alterar el orden público encapuchado o con cualquier elemento que dificulte la identificación. 2. Amenazar, coaccionar, vejar e injuriar a los agentes de las fuerzas de seguridad cuando estén velando por el mantenimiento del orden público, por ejemplo en manifestaciones u otro tipo de protestas. 3. El ofrecimiento, la solicitud, la negociación y la aceptación de los servicios de prostitución en las proximidades de zonas infantiles, o en lugares donde se ponga en peligro la seguridad vial. 4. La tenencia ilícita, el transporte, el abandono de la droga o de los útiles para su preparación, así como plantar y cultivar estupefacientes como la marihuana aunque no se para traficar. 5. El botellón cuando perturbe gravemente la tranquilidad ciudadana y cuando no esté autorizado por la administración correspondiente. 6. La conducción de cundas o taxis de las drogas que trasladan a drogadictos a los lugares de compra de estupefacientes. 7. Los daños a mobiliario urbano como marquesinas, papeleras o contenedores, así como los actos vandálicos a servicios públicos. 8. Obstaculizar la vía pública con neumáticos u otros enseres que impidan la normal circulación de vehículos y personas. 9. Escalar como acción de protesta edificios públicos o precipitarse desde los mismos. 10. La perturbación grave del orden en actos públicos, religiosos, deportivos o espectáculos de otro tipo (En el borrador era considerada infracción muy grave). 11. Las concentraciones no comunicadas ante instituciones del Estado como el Congreso, el Senado, los parlamentos autonómicos o los altos tribunales, aunque en ese momento no tengan actividad. (En el borrador era considerada infracción muy grave). 12. Ofensas o ultrajes a España, a las comunidades autónomas y entidades locales o a sus instituciones, símbolos, himnos o emblemas, efectuadas por cualquier medio, cuando no sean constitutivos de delito.

INFRACCIONES LEVES: con multas de 100 a 1.000 euros

1. Manifestaciones y reuniones que infrinjan la ley de reunión. 2. Exhibición de objetos peligrosos con ánimo intimidatorio. 3. Incumplir restricciones de circulación peatonal o itinerario con ocasión de un acto público, reunión o manifestación. 4. Amenazar, coaccionar, vejar e injuriar a los agentes de las fuerzas de seguridad cuando estén velando por el mantenimiento del orden público, por ejemplo en manifestaciones u otro tipo de protestas, y la grabación y difusión de sus imágenes que atenten contra el derecho a su honor o su imagen y que puedan poner en peligro su seguridad o la de la intervención policial. 5. Amenazas, coacciones, injurias o vejaciones en vías públicas. 6. Injurias o calumnias a través de cualquier medio de difusión a las instituciones, autoridades, agentes y empleados públicos, así como su falta de respeto. 7. Realizar o incitar actos que atenten contra la libertad sexual. 8. Deslumbrar con dispositivos tipo láser a las fuerzas de seguridad. 9. La ocupación de cualquier espacio común, público o privado y la colocación de tiendas de campañas o tenderetes sin permiso en la calle. 10. Perder tres veces o más el DNI en un plazo de 5 años y la negativa a entregar este documento cuando se acordara su retirada. 11. Los daños leves a mobiliario urbano como marquesinas, papeleras o contenedores, así como los actos vandálicos a servicios públicos, por ejemplo, las pintadas y los grafiti. 12. Práctica de juegos o deportes en lugares no habilitados cuando haya riesgo para las personas. 13. Dificultar la circulación peatonal. 14. Escalar a edificios o monumentos o lanzarse desde ellos. 15. Retirar las vallas de la Policía que delimitan perímetros de seguridad.

Rajoy ha decidido acabar con las protestas ciudadanas, la grabación de excesos policiales y otros actos que sacan a la luz los recortes de un gobierno que mintió para gobernar y que gobierna para otros en contra del pueblo al que dice representar.

Con este cambio legislativo que se sostiene en la apisonadora de una mayoría absoluta, nos encontramos con un blindaje a la acción represora del gobierno contra una sociedad que reivindica sus derechos pacíficamente en las calles. Hasta el Comisario Europeo de Derechos Humanos, Nils Muiznieks, ha criticado duramente esta reforma después de constatar que las autoridades españolas recurren a un uso excesivo de la fuerza contra las manifestaciones ciudadanas.

Esta es la ley que el Gobierno de Rajoy quiere para nosotros, contra los ciudadanos que no se quedan resignados en casa, contra las personas que sufren, contra esa gente molesta que cree en la democracia y exige los derechos que el gobierno del PP les ha robado. Esa gente que lucha, que se expone, desempleados, estudiantes, profesores, enfermos, dependientes, sanitarios, excluidos...

En cambio, el gobierno de la patronal, de los banqueros, de los caciques, de los dueños de los medios de comunicación defensores de un orden corrupto, de los lacayos fieles de la troika, etc., ven en esta ley anti protesta un instrumento para intimidar, presionar y acosar a los millones de manifestantes que en España salen a la calle un día sí y al siguiente también, a los que temen porque saben que ya han sido identificados. No debiera sorprender, por tanto, su aplauso al gobierno porque los poderes fácticos están en la defensa de sus privilegios, para lo cual apuntalan un sistema capitalista que profundiza la enorme brecha social que separa a los ricos de los pobres y que necesita impedir mediante la coacción cualquier intento de cambio.

Al Partido Popular se le ha caído la careta de demócrata. Con esta ley ya se le distinguen las facciones de su auténtico rostro, que nos lleva a una España en blanco y negro con música de Manuel Parada.

El gobierno, consciente de que en España hay mucho enfado, introduce el miedo y coacciona la libre expresión de todos los ciudadanos de una manera contraria al derecho.

Rajoy es seguidor de don Tancredo y quiere una sociedad de marmolillos, de ciudadanos silenciosos y quietos, porque le molesta la expresión libre del descontento provocado por él mismo, aunque lo niegue.

Pero el sueño de Rajoy es vano porque la sociedad ya tiene un relato veraz de lo que ha ocurrido, sabe muy bien las miserias que sufre y quiénes son los responsables de sus desgracias. Conocidos los villanos y sus villanías la sociedad no se va a dejar intimidar fácilmente, así apruebe el gobierno un centón con escombros de las peores leyes represivas de todos los tiempos y lugares.

Hemos llegado al punto en el que la ciudadanía tiene todo por ganar y muy poco que perder.

María José Pérez Salazar forma parte del Consejo Local de IU de Azuqueca de Henares

Democracia y capitalismo

La nueva pirámide de la desigualdad

Se entiende por democracia la forma de organización social que atribuye la titularidad del poder al conjunto de la sociedad. En sentido estricto, la democracia es una forma de organización del Estado en la que las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo mediante mecanismos de participación directa o indirecta a través de representantes legítimos y libremente elegidos. En sentido amplio, la democracia es una forma de convivencia social en la que los ciudadanos son libres e iguales y las relaciones sociales se establecen con arreglo a mecanismos contractuales.

El término democracia proviene del antiguo griego a partir de los vocablos demos (que se traduciría como “pueblo”) y krátos (“poder”). En consecuencia, podríamos definir el término democracia como la forma política que otorga el poder al pueblo.

Comúnmente se acepta, de hecho muy pocos lo ponen en duda, que una sociedad democrática necesariamente es capitalista. Son democracias capitalistas aquellas que han conseguido que sus ciudadanos puedan participar en la organización del Estado y cuyo sistema económico se fundamenta en la teoría del “libre mercado”.

Ahora bien, la coexistencia de un sistema sociopolítico basado en la igualdad con uno socioeconómico que precisamente se fundamenta en la desigualdad resulta problemática o simplemente imposible. Esto es lo que ahora ocurre en las denominadas democracias occidentales que surgieron tras la II Guerra Mundial y que, bajo la atenta mirada de los Estados Unidos, adoptaron como forma de gobierno la democracia representativa y el capitalismo como sistema de organización económica. Estos países, muchos de ellos devastados por la guerra, formaron un frente común ante el avance del comunismo, así como un importante escudo ideológico protector de los intereses de Washington.

La caída del muro de Berlín la noche del 9 de noviembre de 1989, representa, sin duda, la derrota del comunismo. La ruina de los países de la Europa del este, unida a la progresiva desintegración de la URSS, constituyó el caldo de cultivo idóneo para que la derecha neoliberal inculcara una doctrina insensible y falaz sobre la naturaleza humana y la mejor forma de organizar la sociedad. En el nuevo paradigma (que, en realidad, no tiene nada de original) se deja en manos de los centros de dirección económica el grado de democracia permisible, siempre bajo la premisa de la libertad de iniciativa privada frente al gregarismo estatal. Con el neoliberalismo, la entelequia del mercado se convierte en el gran legitimador de lo bueno, lo necesario y lo posible socialmente.

El mensaje de libertad e igualdad proclamado con insistencia por los medios de comunicación capitalistas se hizo un hueco en los corazones de los ciudadanos de los países del otro lado del telón de acero. Esta expansión ideológica coincidió con la exploración de nuevos mercados necesarios para el crecimiento capitalista, lo cual devino en un rápido desarrollo que abrió las puertas a la mercantilización de la democracia y de sus órganos de poder. De esta época es el tratado de construcción europea que lleva el nombre de la ciudad donde se firmó: el Tratado de Maastricht.

Manuel Monereo expresa muy bien lo que significó Maastricht: “(…) constitucionalizar las políticas neoliberales (…) e impedir que la soberanía popular controle la economía, dejando a una institución como el Banco Central Europeo cuidar de la inflación”.

La desintegración del bloque soviético afectó muy gravemente a la izquierda occidental y al movimiento obrero, especialmente cuando se daba el caso de que compartían las mismas raíces ideológicas. Pero lo más significativo de este cambio histórico fue el paso sin ambages de la socialdemocracia al neoliberalismo, por lo que la construcción europea quedó en manos de liberales, neoliberales y algunos conservadores.

Es evidente que el capital ha dedicado grandísimos esfuerzos a controlar las instituciones democráticas, ejerciendo al control que le daba el poder financiero para influir en el poder político. La crisis es un ejemplo de esta afirmación. Hoy gobiernan desde la sombra los mismos que la provocaron, imponiendo sus decisiones e intereses personales a los de la mayoría social. Se constata el “golpe de estado de los mercados que pretende desposeer a las poblaciones de sus derechos y del control de sus economías, (…) tomando una salida liberal a la crisis del neoliberalismo, esto es, la liquidación del estado social y de las conquistas de los trabajadores” (Manuel Monereo, 15 de junio de 2012 durante el seminario ¿Qué hacer con el euro?)

Definitivamente, el control que ejerce el poder financiero sobre los instrumentos que legitiman las relaciones democráticas, es decir, la política y sus reglas, deslegitima necesariamente a la res publica y, por extensión, a la democracia. La mercantilización de la democracia aleja a los ciudadanos de la actividad política.

Además, los medios de comunicación eficazmente controlados por el capital, lobotomizan las conciencias y demonizan las protestas de los movimientos sociales, mostrándolos como causantes de los problemas y no como víctimas de los atropellos del poder económico, con el propósito de desmontar la participación y la capacidad de resistencia de los ciudadanos. Se levanta así un sistema excluyente y clasista basado en la explotación de los más desfavorecidos (clase obrera) por los propietarios de los medios de producción (burguesía), todo lo contrario de lo que exige la democracia que se sostiene en la igualdad de los ciudadanos.

Debido a las presiones ejercidas por el capitalismo y la complicidad de socialdemócratas y populares (en nuestro país PSOE y PP) se ha ido eliminando del ordenamiento constitucional y jurídico cualquier norma que tuviera como objeto frenar la expansión del capital. Sirvan como ejemplo de lo dicho la modificación del artículo 135 de la Constitución realizada al margen de los ciudadanos y que antepone el pago de la deuda e intereses al gasto en pensiones, educación, sanidad, etc., aprobada sólo con los votos del bipartito, o la reforma laboral de la ministra Báñez que desregula el mercado de trabajo y limita la función de los sindicatos en la negociación colectiva, o la reforma de la educación del ministro Wert que anuncia una sociedad más desigual, inculta y manipulable, o la reforma sanitaria de la señora Mato, que no racionaliza el gasto, como quiere hacernos creer, sino que abre una vía de negocio al capital privado para especular con la salud de los ciudadanos.

Pone todo esto de manifiesto la falsedad de la promesa neoliberal de que al bien común se llega por la satisfacción del egoísmo y de los vicios privados, porque lo cierto es que el aumento de las desigualdades y del individualismo conduce a la agudización de la lucha de clases.

Llegados a este punto estamos convencidos de que no basta con reformar el capitalismo para que las cosas vayan mejor, como se apresuraron a proponer algunos líderes capitalistas al principio de la crisis apremiados por el miedo a un colapso financiero.

La tarea consiste hoy, más bien, en acabar con el capitalismo para recuperar la democracia, lo cual significa que tiene que ser la democracia la que defina las relaciones entre el poder financiero y el poder político, acabando con cualquier vestigio de control que las instituciones financieras ejercen sobre la política. Esta tarea exige una profunda regeneración política que devuelva a los ciudadanos la capacidad de decidir sobre sus vidas y sobre el mejor modo de organizar la sociedad.

Hay que blindar la democracia, sí, pero también hay que dejar margen a la sociedad civil para modificar el ordenamiento jurídico cuando muestra signos de anacronismo o sólo favorece a un determinado estrato social. El objetivo de la democracia es servir al bien común y no a una minoría que controla los medios de producción, se apropia de las  plusvalías de la fuerza de trabajo y destruye la naturaleza. 

La acumulación de poder por parte del capital se debe a la necesidad que tiene de mantener el flujo de absorción de riqueza. O, dicho de otro modo, la salvaguarda de los intereses del 1% (acumulan más del 75% de la riqueza del país) frente a las necesidades del 99% restante. Esta concentración de riqueza y su mantenimiento es el objetivo último del capital y constata la capacidad que posee para, además de generar riqueza, acumularla y no sólo mediante el control de los medios de producción sino, también, a través del control político sobre la fuerza de trabajo.

No hay mérito en afirmar que no existe alternativa al capitalismo y que gracias al desarrollo económico que nos ha proporcionado hemos alcanzado unas cotas de evolución muy elevadas, sobre todo porque no hemos cuantificado el coste de este sistema tanto en términos políticos, humanos, sociales y ecológicos.

Ahora bien, la recuperación democrática debe partir de la sociedad civil. Nuestro papel es clave. Tenemos que aprovechar la fuerza que nos da ser aplastante mayoría y lograr que los intereses del 99% se impongan a los del 1% que dirige el mundo.

Mientras que la casta política que conforma el bipartito (socialdemócratas y populares) sólo buscan perpetuar el sistema como condición de su supervivencia personal, la sociedad civil se organiza para resistir mejor los embates del capital y de sus representantes. Unión, solidaridad y resistencia son claves para terminar con el capitalismo y recuperar la democracia.

Algunos nos tildarán de radicales por querer superar un sistema en profunda crisis que nos lleva a la catástrofe. Nada más lejos de la realidad. Está en la propia naturaleza de las cosas la evolución y el cambio, la vida nueva que surge de la muerte de lo antiguo.

Es el instinto de conservación lo que motiva a la sociedad a buscar fórmulas mejores que transformen las relaciones entre la economía y la democracia, entre los propietarios de los medios de producción y la fuerza del trabajo, entre la burguesía y la clase obrera, entre una minoría del 1% y el 99% restante.

Miguel Ángel Márquez es coordinador local de IU de Azuqueca de Henares 

La democracia en peligro ¡Salvemos la democracia!

Imagen de un parlamento que no representa, lo cual es una contradicción

Hace sólo unas semanas asistimos en Castilla-La Mancha a un hecho insólito propio de una república bananera. El gobierno de la señora Cospedal aprobó, gracias al rodillo de la mayoría absoluta del PP, una reforma del Estatuto de Autonomía para reducir el número de diputados en las elecciones autonómicas del 2015, de los 49 actuales a una horquilla comprendida entre 25 y 35.

Esta reducción constituye un atentado contra la democracia representativa porque no busca el ahorro económico sino perpetuar la alternancia PSOPE-PP en unas Cortes que nacieron para ser bipartidistas y que el PP pretende que mueran siendo más bipartidistas aún. 

La reducción del número de “representantes” en el parlamento autonómico agudiza la falta de representatividad del sistema político. A menos parlamentarios, manteniendo la circunscripción electoral, menos representación, lo que desemboca en que se quedarán sin escaño las fuerzas políticas que podrían romper el bipartidismo estéril que nos gobierna, aunque dichas fuerzas obtuvieran muchos más votos que en las elecciones anteriores.

Destruir la representación es acabar con la democracia porque significa dejar fuera de las instituciones a un número creciente de ciudadanos que votan a partidos que no forman parte del bipartito dañino, lo cual elimina el pluralismo político y la posibilidad de una regeneración democrática cada vez más urgente y necesaria.

Así lo denunció el Coordinador Regional de Izquierda Unida, Daniel Martínez, cuando calificaba la medida como “un golpe antidemocrático e ilegítimo” que la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, perpetra “para adecuar el sistema electoral a sus intereses personales y partidistas”.

No se debe admitir como justificación de esta fechoría el desprestigio que sufren la política y los políticos, primero porque ambas cuestiones nada tienen que ver con la cuestión y, segundo, porque la idea, viniendo de quien viene, la señora Cospedal, resulta inaceptable por sus malas intenciones.

Tampoco debiera servir el pretexto del ahorro, aunque resulta más difícil de desenmascarar. Bajo la apariencia de reducir gastos se oculta la intención del PP de mantener sus escaños aunque pierda votos, lo cual le lleva a usurpar la representación que en justicia es de otros. Contrasta la actitud cicatera del PP con el parlamento con la realidad de aumentar el número de cargos puestos a dedazo, escogidos entre lo suyos de manera libérrima y que también comen del presupuesto regional.

Los políticos que tienen miedo al pueblo y que le niegan la representación son responsables del creciente desapego ciudadano a la política. La progresiva “berlusconización” del sistema político es el producto de los continuos casos de corrupción, del neoliberalismo y del sometimiento de los gobiernos a las directrices de la Troika, a lo que se une una crisis de legitimidad muy preocupante de unas instituciones políticas que no representan y que son desbordadas por iniciativas de los ciudadanos.

La crisis del bipartidismo se agrava cada día. El desgaste que sufren los populares en el gobierno no está siendo aprovechado por los socialistas. Los ciudadanos no creen a quienes ahora dicen lo contrario de lo que hacían cuando gobernaban y, menos aún, a los que hoy gobiernan pulverizando sus promesas cuando estaban la oposición.

La crisis, los recortes y el rebrote de la corrupción (los casos de Bárcenas, Gürtel, Urdangarín, los ERE, ITV, Nóos, Bankia, Método 3, las preferentes, etc.) han terminado por cavar la fosa de un sistema que hace aguas y que fue instituido hace casi cuarenta años en una transición que se presentó como modélica y de la que estamos descubriendo ahora sus hipotecas y limitaciones.

Una transición que aún hoy se presenta como modelo para países que se democratizan y que ha impedido, por ejemplo, que la ejemplar España democrática haya “purgado” el sistema de sus remanentes postfranquistas. Aún hoy, los herederos de la dictadura, desde las numerosas tribunas a las que tienen acceso y controlan (radio, televisión, periódicos,...) difunden el elogio de la intolerancia y de la imposición, que se extiende como una mancha de aceite gracias a la crisis y que se intenta disimular con un barniz de conservadurismo y de apego a la nación que no engaña a nadie.

Con este panorama no es de extrañar la irrupción en la política castellano-manchega de nuevos actores alejados de la doctrina neoliberal, lo que hace presagiar la renovación democrática de las Cortes en las próximas elecciones, siempre y cuando no se cambien tramposamente las reglas electorales a mitad del partido, que es lo que pretende el  PP.

Hasta ahora ha existido un elemento que favorecía el binomio PP-PSOE en nuestra autonomía: la ley electoral. Determina la ley que el distrito electoral sea la provincia y establece para la distribución de escaños el método inventado por el profesor belga de derecho, Victor d’Hont, que consiste en aplicar una fórmula que distribuye el número de cargos electos asignados a cada candidatura en proporción corregida al número de votos, sin tener en cuenta para el reparto de escaños las abstenciones, los votos nulos y los votos en blanco, y que busca la creación de mayorías que puedan soportar gobiernos estables. Con esta fórmula se pretende favorecer a los partidos grandes y limitar la presencia de las minorías en los parlamentos, lo que hace que para muchos votantes la opción de votar a partidos no mayoritarios o regionalistas se presente como “tirar el voto”, influyendo tanto directa como indirectamente en los resultados y perjudicando la pluralidad democrática.

Todas las propuestas de reforma electoral para mejorar la representación pasan por incrementar el número de escaños o por aumentar la magnitud de la circunscripción, lo cual llevaría a pasar de la provincia al distrito autonómico, medidas que permitirían la entrada de más partidos en las instituciones y un mayor pluralismo en las Cortes regionales, justo lo contrario de lo que pretende el PP.

Pero la señora Cospedal, en un alarde antidemocrático característico de la derecha que anhela formas de gobierno distintas y propias de épocas pasadas, decreta la reducción del número de diputados (cuando poco antes fue partidaria de aumentarlos porque le interesaba), en un atentado contra la democracia representativa a la que se debe y que no duda en traicionar.

Es un hecho que somos víctimas del bipartidismo que se ha ocupado de, con la ayuda de los medios de comunicación, difundir el mensaje de que no hay vida política más allá del PSOE y del PP, siendo obligatoria, por tanto, la alternancia de ambas fuerzas, lo que hace inútiles los afanes de otros partidos para alcanzar la representación que merecen.

Afortunadamente, gracias al cada vez mayor peso de plataformas de comunicación alternativas (twitter, facebook, etc.) se ha logrado, no sin trabas, difundir una esperanza distinta. Claro ejemplo de lo dicho es la cada vez mayor incidencia de movimientos sociales con elevada carga política como el 15M en la vida política tradicional. Los ciudadanos, cansados del mensaje bipartidista, aprueban mayoritariamente la reforma de la Ley electoral y piden un proceso constituyente (cuestiones ya planteadas por IU hace mucho tiempò) que permitan la creación de un sistema político más participativo, democrático y plural.

Pero pluralismo y participación ciudadana son aspectos que dentro del seno del bipartidismo están reñidos con sus intereses y, en el caso del PP, también con sus principios ideológicos, como demuestra la reciente reforma de la administración local aprobada por el Consejo de Ministros.

Es evidente la resistencia del PP y del PSOE a cambiar el sistema político que tanto les beneficia, a pesar del creciente repudio que provoca entre los ciudadanos. 

Dejando al margen los réditos electorales por constituir las fuerzas más votadas, además, los integrantes de las cúpulas del PSOE y del PP que tienen capacidad para crear leyes, modificar modelos de gestión o asignar presupuestos, obtienen recompensas privadas cuando abandonan las obligaciones públicas, pasando a formar parte de los Consejos de Administración de las principales empresas del país, lo cual muestra una confusión muy preocupante entre intereses privados y públicos que es, en última instancia, la base de toda corrupción.

Pero no sólo nos enfrentamos a una cuestión de orden electoral cuando se pretende reformar el sistema político. También está en juego la cuestión de la soberanía.

El 5 de agosto de 2011, el Presidente Rodríguez Zapatero recibió del entonces Gobernador del BCE, Jean Claude Trichet (hecho confirmado por Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ex Gobernador del Banco de España) una carta personal en la que instaba al gobierno a adoptar medidas lo más rápido posible (como “decretos leyes”) presuntamente para “promover el crecimiento potencial de la economía”. Eran los tiempos en los que la prima de riesgo superaba en algunos momentos los 400 puntos básicos, motivo por el que los gobiernos español e italiano, principalmente, solicitaban al BCE la compra masiva de deuda soberana para evitar el hundimiento de la credibilidad de su deuda.

Aquella misiva ordenaba dos tipos de reformas: por un lado, la liberalización de servicios públicos y profesionales y privatizaciones a gran escala; y, por otro, la reforma de la negociación colectiva para fijar salarios y condiciones de trabajo según las necesidades de las empresas, aumentando su peso respecto a otros tipos de negociación. Proponía, por tanto, un contrato de trabajo totalmente desregulado para jóvenes, sin referencia alguna a salarios de convenio o al salario mínimo. La carta constituía una “hoja de ruta” con las medidas que el gobierno de Zapatero debía adoptar con urgencia. La consecuencia inmediata fue la modificación del artículo 135 de la CE con los votos a favor del PSOE y del PP, en una muestra clara de cómo entiende el bipartito la realidad política de nuestro país, decidiendo a espaldas de los ciudadanos y contra los intereses de éstos.

La llegada de Rajoy al Palacio de la Moncloa el 20N del 2011, no ha significado nada distinto que plegarse totalmente a las imposiciones de Troika. La reforma laboral, la privatización sanitaria, el paulatino desmantelamiento de la educación pública, la eliminación fulminante de servicios sociales, la reforma de la administración local y un largo etcétera, constituyen pruebas irrefutables de que nos encontramos con un gobierno títere que no rinde cuentas a los ciudadanos sino a los miembros de la Troika. ¿Cómo se explica, si no, que todavía Rajoy no haya presentado su dimisión cuando se encuentra en fraude electoral por haber mentido y por aplicar un programa distinto al que presentó en las pasadas elecciones?

El objetivo del PP es hacer caso omiso a los ciudadanos y seguir el rumbo marcado desde Bruselas por la Troika. Y la manera de conseguirlo es limitando el acceso a los órganos de decisión política de representantes alejados de la corriente neoliberal, proclamando leyes que suponen el mantenimiento del bipartidismo. Leyes que constituyen en sí mismas la negación del artículo 1.1 de la Constitución que declara solemnemente que España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

Esta actitud antidemocrática que tiene la derecha española, propia de regímenes pasados y añorada por algunos “cachorros” populares, consistente en evitar que otras fuerzas políticas irrumpan en el escenario político nacional, demonizándolas e impidiendo su acceso, representa el deseo de volver a un gobierno basado en el “caudillaje”. Esto eliminaría de un plumazo el “pluralismo político” necesario para la “regeneración democrática”.

Hacen falta cambios profundos en un sistema bipartidista enfermo de corrupción. Un sistema que sólo busca perpetuar el bipartidismo haciendo inútiles, en la mayoría de los casos, los esfuerzos de los ciudadanos por hacerse oír, sesgando la participación y eliminando la pluralidad política, cruzada en la que se ha embarcado la señora Cospedal para satisfacer sus propias ansias de poder.

No queremos un “gobierno títere” a las órdenes de la Troika. La soberanía reside en el pueblo y no fuera de nuestras fronteras. Queremos una democracia participativa que otorgue al ciudadano la capacidad de decidir libremente sobre su vida y destino y no cada cuatro años en una elección frustrante y engañosa. El convencimiento es que este deseo no es posible ni con Rajoy ni con Cospedal, por lo que no queda más remedio que pedir su dimisión y la convocatoria inmediata de elecciones anticipadas.  

Miguel Ángel Márquez es el Coordinador Local de IU de Azuqueca de Henares

La maternidad no es para lesbianas ni solteras. Mejor será que hilen

Ana Mato y su varón invisible, del cual ni se acuerda, no vaya a ser ...

“La falta de varón no se puede tratar como un problema médico.” Así respondía Ana Mato, Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a la pregunta sobre los criterios que debe tener en cuenta el médico para incluir a una mujer en un diagnóstico de infertilidad, tras la polémica que ella misma provocó al excluir a lesbianas y solteras del sistema público de reproducción asistida.

La Ministra a la que la trama Gürtel regalaba viajes turísticos valorados en 50.000 euros y artículos de lujo de Louis Vuitton por un valor mínimo de 610 euros la pieza, a la que unos amiguitos misteriosos le sufragaban “eventos familiares particulares” como fiestas de cumpleaños con payasos y confeti que costaron más de 11.800 euros y la misma que para defenderse de las acusaciones que la hacían responsable de las trapacerías de su ex marido y camarada de partido, el imputado Jesús Sepúlveda, argumentaba “¿eso es lo que hemos avanzado en igualdad, responsabilizar a una mujer de lo que haya podido hacer un hombre?”, ha decidido dejar sin cobertura legal a las mujeres solteras y lesbianas que quieran hacer uso de su derecho a la reproducción asistida en el sistema sanitario público, demostrando así que, en ocasiones, el peor enemigo de las mujeres es otra mujer con prejuicios y con el poder de imponerlos.

El documento que la señora Mato pretende llevar al Consejo Interterritorial de Sanidad excluye a estos colectivos “dudosos” (sólo para su mentalidad deformada) del acceso a dichos tratamientos. Su propuesta establece como requisitos para recibirlos ser pareja integrada por mujer menor de 40 años y hombre menor de 55, sin ningún hijo en común y que cuente con un diagnóstico de esterilidad tras haberse sometido al correspondiente estudio previo. Lo que finalmente ha suprimido del documento ha sido el punto en el que se pretendía tener en cuenta la situación psicosocial o los problemas de conducta de la pareja como otro de los criterios de exclusión. En lo restante, el documento es copia del original, excluyendo, por tanto, a las mujeres de un tratamiento que recibían hasta ahora por el hecho de que su orientación sexual y afectiva sea diferente, expresión de su libertad y de su tendencia personal, asunto en el que nadie tiene derecho a husmear porque forma parte de la intimidad del ser humano tal y como reconoce las leyes. O sea, que lo del varón, por muy santo que fuere, si está ausente, debiera ser irrelevante a efectos de reproducirse en modo asistido, como ocurría hasta ahora sin que tal cosa perjudicara a nadie, hasta que vino la señora Mato y lo arruinó todo. 

En el mes de octubre del 2012, algunos medios adelantaron lo que entonces era una propuesta que ahora se materializa. Por aquel entonces el Ministerio de Sanidad negaba que se fuera a revisar ideológicamente la cartera en reproducción asistida. Aseguraba Mato que cualquier modificación respondería a criterios médicos y al éxito de los tratamientos. Nueve meses después, el Partido Popular traicionaba sus promesas al decretar la exclusión de los tratamientos de reproducción a determinados colectivos por razones ideológicas para imponer un esquema de familia, el suyo, que no comparte una sociedad, la nuestra, que es más libre y tolerante que el gobierno que padecemos. 

La noticia no sólo ha causado indignación entre los colectivos de homosexuales y entre las personas tolerantes de toda condición sino, también, en el ámbito jurídico, porque la decisión de la Ministra Mato no tiene nada que ver con un problema de escasez, ya que de ser así habría reducido los tratamientos de fertilidad a todos por igual, sin discriminación alguna por la orientación sexual.

La imposición de Mato supone el incumplimiento del artículo 14 de la Constitución que reconoce que “los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.

Pero no sólo se pisotea el artículo 14 de la Constitución con la contrarreforma de Mato. El portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosh, añade que también vulnera el artículo 39 de la Carta Magna en el que se establece “que los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia” y el artículo 10 que pone de manifiesto que “la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social”. Esto quiere decir que el gobierno no puede imponer a una persona ni su orientación sexual ni que para tener hijos deba estar casada, ni tener pareja o un determinado sistema de valores familiares.  

Por más que moleste a la señora Mato, se tienen hijos porque se quiere y cuando no se puede de un modo se intenta de otro, con la ayuda de los avances médicos si es posible, porque a los hijos deseados se les quiere y busca, vengan como vengan, y se les viste por la mañana y se les da el desayuno, besándolos antes y después, sin intermediación del personal de servicio, que es cosa penosa que dice mucho y mal de madres que no lo hacen y luego dan lecciones de moralidad y buen corazón. Lo contrario es exclusión, discriminación, imposición y abandono de las obligaciones familiares, que deberían estar castigadas cuando no hubiera razón de fuerza que las impidiera, lo que no es el caso de la Ministra según todos los datos.

Para justificar este nuevo recorte el gobierno pretexta razones que dice que son sanitarias, cuando no es cierto. En contra de lo que sostiene el ejecutivo de Rajoy, el derecho a la salud, consagrado en tratados internacionales y regionales de derechos humanos y en las constituciones de países de todo el mundo, no sólo se refiere a la ausencia de enfermedades sino, además, al derecho a disponer de condiciones de bienestar físico, mental y social sin las cuales la salud es imposible. Así pues, este derecho no debe entenderse como el derecho a estar sano (igual que la paz no es sólo la ausencia de guerra, la cultura simple eliminación del analfabetismo y el fin del hambre chutarse en vena sebo chorreante), sino como la posibilidad de disfrutar de un abanico de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarias para lograr el más alto nivel de salud, debiendo ser los gobiernos los garantes de su mantenimiento para que las personas vivan lo más saludablemente posible.

El sistema sanitario atiende diariamente miles de casos que no son un problema médico porque, afortunadamente, la salud es mucho más que la sanidad y la sanidad es mucho más que la lucha contra la enfermedad. La sanidad moderna está por encima de la “enfermedad” y de “lo médico”. La visión de la sanidad reducida a lo estrictamente médico provoca que algunos colectivos tengan que cargar con la etiqueta de “enfermos” simplemente para poder beneficiarse del apoyo del sistema público de salud y de la cobertura que éste proporciona. Tal es el caso de las personas transexuales, que para que sus necesidades en materia de prestaciones sanitarias sean cubiertas por el servicio nacional de salud tienen que aceptar llevar colgada la etiqueta de enfermas cuando no lo son, excepto en la mentalidad reaccionaria del gobierno actual.

Las prestaciones sanitarias tienen necesariamente que abarcar más cuestiones que la mera cura médica. Como dijo Rudolf Wirchow, médico y político alemán, considerado como uno de los más prestigioso patólogos del siglo XIX: “La medicina es una ciencia social y la política no es más que una medicina a gran escala”.

El Partido Popular, respondiendo a condicionamientos exclusivamente ideológicos y no económicos como nos quiere hacer creer, intenta culpar de la supuesta mala situación económica del sistema sanitario público a colectivos que no comulgan con su modelo de familia y ciudadanía, como ya lo hizo con la población inmigrante en situación administrativa irregular. Por cierto, puestos a definir “problemas médicos”, el inmigrante en situación irregular, como cualquier otro ciudadano, padece problemas de salud que no se tratan porque a la Ministra Mato no le da la gana, como prueba el Real Decreto 16/2012 que dejó a cientos de miles de inmigrantes indocumentados sin derecho a la sanidad pública.

Por lo tanto, hacer creer a los ciudadanos que la exclusión de determinados colectivos de mujeres de las técnicas de reproducción asistida es una medida de ahorro es una engañifa, cuando el coste económico del protocolo para la fecundación asistida en el servicio público de salud es ínfimo y el 80% se practica en centros privados, según la Asociación Española de Fertilidad.

Si la intención de la Ministra Mato es la de reducir costes atendiendo a problemas puramente médicos, no tendrá ningún inconveniente en incluir a lesbianas y a madres solteras que tengan diagnosticado problemas de infertilidad. Pero no es el caso, porque esta señora se ha rodeado de “expertos” contrarios al matrimonio homosexual y al aborto para elaborar las futuras medidas de protección de su idea de familia.

Mato creará rangos jurídicamente jerarquizados compuestos por ciudadanas de primera como son las mujeres heterosexuales y casadas, y ciudadanas de segunda donde se incluyen a lesbianas, bisexuales y solteras, criminalizándolas bajo el diagnóstico de “rarezas”, “anormalidades”, y "desviaciones", reafirmando así su intolerancia y animadversión hacia ellas, lo cual es muy propio de una señora tan sectaria como la Ministra, porque en eso consiste ser opusina, que es participar en una secta muy poderosa y oscura del catolicismo proclive a poner etiquetas peyorativas sobre las personas libres y sus costumbres.

Terminemos relatando algunas incongruencias de la señora Mato, que son también del PP, y que hacen que nos tomemos a broma sus teorías sobre las desgracias que trae que la hembra no tenga varón al lado que le sostenga el cayado.

Según Mato, la ausencia de varón debe penalizar a lesbianas y solteras que quieren tener hijos y que no merecen que el presupuesto público atienda su capricho, mientras que la ausencia de varón en las aulas en las que se practica la segregación por sexos no es motivo para retirarles la subvención pública al colegio sino todo lo contrario. Ahorro en el primer caso y subvención justísima en el segundo, por la gracia de Mato, aunque el varón a veces no asome la nariz ni en la familia moderna ni en el aula segregada.

Pero hay más. Si la ausencia de varón no es un problema médico, por qué muchos de los camaradas de Mato consideran que el lesbianismo es desviación patológica.

Y si la ausencia de varón es muestra de estilo de vida y la hacienda pública no tiene obligación ninguna de sostener costumbres particulares, ¿qué demonches hace el gobierno sosteniendo a la iglesia católica que es ejemplo cabal de forma de vida privada, particular y subjetiva desde la cuna a la tumba?

El gobierno de Rajoy se ha vuelto loco, del tipo de locura fanática que no atiende a razones. Gallardón obliga a ser madres a las mujeres que no lo desean y Mato impide ser madres a las mujeres que quieren serlo. Pero sólo si las madres en acto o en potencia son pobres, porque si tienen posibles las mujeres harán lo que les parezca, que el dinero todo lo puede.

Si lo que hace Mato no es una imposición urge que dimitan los académicos de la RAE, de la a la z.

Resulta imposible entender a una derecha que truena por la individualidad pero que la respeta tan poco cuando la persona ejerce plenamente su libertad para afirmarse como le dictan sus sentimientos.

Con esta derecha que padecemos siempre pasa lo mismo: imposición de costumbres y, si no, señalamiento y castigo, en este caso con la excusa barata del ahorro.

María José Pérez Salazar forma parte del Consejo Político Local de IU de Azuqueca de Henares