Consejo de guerra a Garzón

Ya lo consiguieron: sentar a Garzón en el banquillo

Si algo tiene Garzón son enemigos. Y si en algo coinciden sus enemigos es en odiarle. Los que le desean el mal, que son legión, componen un guisote de argumentos contra él mezclando siempre tres ingredientes, a saber: que si Garzón es así o asá, que si es un chapucero en la instrucción de sus casos y que, como juez, actúa ilegalmente a sabiendas. Juntos todos, los ingredientes nos dan un comistrajo de sabor repugnante, reflejo de la monstruosidad del personaje que hay que destruir. Este puchero se sirve a diario, acompañado de tintorro y de un chusco de pan, por una buena parte de los medios de desinformación de nuestro país,  como alimento de una opinión pública muy apoltronada en el bostezo y la indiferencia.

El guiso, administrado en raciones muy abundantes, ha conseguido lo esencial: dar por bueno lo aberrante, que es que los delincuentes sienten en el banquillo a quien los investiga, con la ayuda impagable de unos jueces y magistrados que odian a Garzón. Lo que no consiguieron terroristas, mafiosos y narcotraficantes durante años de ejercicio del juez Garzón, lo han logrado un puñadito de jueces y magistrados sin escrúpulos que, además, ocupan el vértice de la judicatura, que es uno de los poderes del Estado.

Sabemos que llegados a un punto, el sueño de cualquier condenado o sospechoso sentado en el banquillo por el juez Garzón es retirarle de la vida judicial y, si se tercia, de la existencia misma. Cuando un juez no está dispuesto a transigir con el criminal y el criminal se cree suficientemente poderoso para burlar su destino, caben dos opciones: o se inhabilita al juez o se inhabilita su espinazo. Esta es la fase “procesal” en la que ahora estamos.

Conviene descomponer el guisote cocinado por los enemigos del juez Garzón en sus elementos simples y saber qué se esconde detrás de los grumos. Una sociedad flatulenta ni piensa ni hace la digestión en condiciones. Pongámonos al asunto.

Como ser humano, el juez Garzón tiene sus defectos, al igual que cualquier mortal. Pero las imperfecciones no son delitos y no cabe que nadie, tampoco él, sea juzgado penalmente por tal motivo. Importa un comino si Garzón es vanidoso o no, si cree en esto o en aquello, si aspira a tal o cual cosa o si se peina con raya o tupé. En un tribunal penal no se juzga una personalidad o un modo de ser, sino hechos constitutivos de delito. Concluyamos que sobre esta endeblez no hay causa penal, sólo bilis y espumarajos.

Por otra parte, Garzón puede haberse equivocado en la instrucción de algún asunto o haber aplicado doctrinas discutibles en determinadas circunstancias (aunque ambas cuestiones habrá que demostrarlas, cosa no fácil por cierto), pero sobre este particular tampoco hay caso. Las interpretaciones judiciales fundadas en doctrina y jurisprudencia no sólo no son censurables sino que enriquecen el derecho, amplían su esfera y perfeccionan su aplicación. Como es bien sabido, la interpretatio es, en numerosas ocasiones, el único modo de administrar recta justicia. En consecuencia, tampoco aquí cabe rebuscar motivos para sentar a nadie en el banquillo. Dicho en frase corta, nulidades justificadas sí, prevaricaciones injustificables no.

Desechados los dos primeros ingredientes, queda el meramente delictivo, el de que Garzón es un prevaricador de tomo y lomo.

Empecemos por la trama de la Gürtel y las supuestas escuchas ilegales ordenadas por Garzón, asunto sobre el que los fiscales se han pronunciado con contundencia. Principiemos diciendo que la ley que regula tan vidrioso tema es ambigua, al establecer que la intervención de las comunicaciones podrá efectuarse “por orden de la autoridad y en los supuestos de terrorismo”. De la lectura del precepto cabe inferir racionalmente dos interpretaciones: o la conjunción sugiere alternancia o acumulación. En el primer caso, el supuesto de terrorismo no es excluyente. En el segundo, en cambio, sí. Sentado lo anterior, no cabe inferir que cualquiera de estas interpretaciones sea prevaricadora; todo lo más, objeto de nulidad. Por si no bastara con lo anterior, hay que recordar que las escuchas se ordenaron no para espiar la actividad profesional de los abogados en relación con sus clientes, sino porque había indicios abrumadores de que algunos de los abogados eran parte del entramado criminal de la Gürtel. Dicho de otro modo, Garzón no mandó interceptar la comunicación de un abogado con su representado, sino la de un posible delincuente, que es abogado, con un malhechor que, además, es cliente, compinche y jefe de fechorías. Lo sabemos por las películas de cine negro. Todo Al Capone precisa de un contable, un banquero y un abogado que, formando parte de un tinglado delictivo, ocultan el dinero fruto del crimen, lo blanquean para que sea disfrutado y defienden al capo cuando es sorprendido con la pistola humeante en sus manos. En un caso así, el contable, el banquero y el abogado no son honrados ciudadanos que ejercen su profesión como mejor saben, sino que son asalariados de una maquinaria delictiva que los necesita como el comer. Vigilarlos no sólo es una obligación legal sino una cuestión de sentido común. En cambio, tratarlos como lo que no son, además de ilegalidad, es estupidez imperdonable o prevaricación incluso. Pero si con todo lo dicho no fuese suficiente, en casos idénticos que nada tienen que ver con el terrorismo (asesinato y ocultación de cadáver en el caso de Marta del Castillo y narcotráfico en el caso de Pablo Vioque) se ha obrado del mismo modo, interviniendo comunicaciones entre abogado y cliente, sin que tal cosa haya llevado a  acusar de prevaricadores a los jueces que ordenaron las escuchas. Clama al cielo que los mismos que gritan como vírgenes ofendidas en el caso de las escuchas de la Gürtel, defienden que a los acusados del asesinato de Marta del Castillo hay que pincharles el teléfono y enterrarlos en cal viva. Ítem más: en el caso de la Gürtel, otro juez, Antonio Pedreira, prorrogó las escuchas ordenadas por Garzón y nadie le acusa de nada, quizás porque no se llama Garzón (aunque todo se andará). En definitiva, ni el tenor de la ley, ni las motivaciones, ni los antecedentes judiciales permiten, a no ser que se retuerza el sentido de la legislación y los principios de la justicia, que se acuse de prevaricador por este asunto al juez Garzón.

Pero no sólo la trama Gürtel y aledaños quieren retirar permanentemente de la circulación a un juez molesto. Lo más granado del fascismo patrio, investigado por Garzón por los crímenes de la dictadura, busca lo mismo. La acusación esgrimida por los abogados de la ultraderecha es idéntica a la de la Gürtel: prevaricación, aunque el motivo sea distinto. Aquí no hay escuchas ilegales que reprochar, sino la asunción supuestamente errónea e interesada por parte del juez de la competencia para investigar unos crímenes que, en versión de quienes los amparan, quedaron tapados por la Ley de Amnistía y prescritos por el tiempo. Empecemos diciendo que se antoja humillante que los herederos de un sistema criminal e ilegal nos den lecciones sobre la importancia de respetar las leyes. Pero raya lo delictivo que esta ponzoña sirva, disfrazada con andrajos de legalidad por la pluma de un juez, Luciano Varela, para destruir la reputación y la carrera de quien se encomienda a la tarea de investigar judicialmente lo que, por dejadez, miedo o inmoralidad, nadie se atrevió antes. El carácter chusco de la acusación contra Garzón en este caso es absoluto. El juez instructor, Luciano Varela, admite unos escritos chapuceros y vengativos contra Garzón redactados por Falange y el grupo ultraderechista Manos Limpias, los cuales ayuda a mejorar (convirtiéndose en ese momento en juez y parte, juzgador y acusador a la vez), en virtud de los cuales se suspende cautelarmente, y en contra del criterio de los fiscales, a Garzón, lo que le conduce al banquillo de los acusados. Si en la trama Gürtel los más que presuntos demuestran algo de refinamiento en sus estrategias, en el juicio contra los crímenes del franquismo la involución jurídica de los acusadores es total. Eso sin entrar en que los crímenes contra la humanidad no prescriben ni pueden ser indultados, que en el mundo civilizado se impone la idea de que hay que instituir una jurisdicción universal para perseguirlos y que nuestra Carta Magna, que no menciona la ley de amnistía, sí en cambio advierte en el artículo 10.2 que “las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades fundamentales que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con las Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España”, a lo que se suma lo recogido en los artículos 23.4, letra h, de la LOPJ y en el artículo 607 bis de nuestro Código Penal, sin contar con los tratados ratificados por España sobre tales cuestiones que forman parte ya de nuestra legislación interna. Si en el caso Gürtel la inquina contra Garzón se sirve rebajada y fría, en el de los crímenes del franquismo se administra pura y caliente en vaso turbio.

Recapitulemos. El colmo de la hipocresía judicial es intentar revestir una causa injusta con el ropaje de la legalidad. Es de cobardes tapar la summa iniuria bajo montañas de legajos y de sofismas leguleyos. Si se quiere llevar al paredón judicial a Baltasar Garzón que se diga alto y claro. Que los jueces dispuestos a administrarle la cicuta se dejen de puñetas, se quiten las puñetas y le hagan la puñeta a la luz del día, sin ocultamiento, si es que se atreven a afrontar la responsabilidad penal de sus actos. Y que nadie olvide que los jueces que pretenden escarmentar a Garzón pueden ser acusados de prevaricación dolosa por sentencia injusta. Prevaricación porque si no hay delito no pueden dictar pena, y dolo porque los jueces juzgadores, que le tienen gato a Garzón, manifiestan con anticipación plena voluntad y regocijo por pronunciar una sentencia injusta y dañina contra su persona.

Como señala muy acertadamente Luis García Montero, el juicio contra Garzón es nuestro caso Dreyfus. Al sentar en el banquillo a Garzón no se juzga a un hombre, sino que se busca condenar a quien se atreve a tocar a los intocables (a los corruptos del PP y a los herederos del fascismo) acostumbrados todos a la impunidad, el desahogo y el disfrute genético del poder. El juicio contra Garzón no es sobre actos pasados y personales, sino sobre actos futuros y colectivos que denuncian las miserias de un sistema político cada vez más frágil, que se sostiene sobre el silencio y la mentira. El escarmiento que se quiere administrar al juez Garzón es una advertencia para aquellos que pretendan tomar el camino equivocado: el de revisar una historia escrita por los vencedores y su legado fallido. Por eso, este juicio, allende nuestras fronteras, es un escándalo incomprensible.

Recapacitemos: el trabajo de Garzón consiste en hacerse enemigos, que lo son porque previamente son enemigos de la sociedad y de las leyes, no al revés. Para eso pagamos a Garzón, para que engrose la lista de sus enemigos persiguiendo el delito y protegiendo la legalidad. Por el mismo motivo debemos defenderlo de la sed de venganza de sus enemigos y de la jauría mediática que los aclama.

País enfermo es aquel en el que exigir justicia es un crimen.

Emilio Alvarado Pérez es portavoz del Grupo Municipal de IU

Vuelva usted mañana, señor Rosell

Rosell, patrón de patronos

Antes de terminar 2011, año que en gloria esté, el presidente de la patronal española, Juan Rosell Lastortras, patrón de patronos, volvió a armar la tremolina al apuntar con sus dardos ponzoñosos a los funcionarios públicos de este país, por si este cuerpo, que ya parece un mártir moribundo atado a la columna, no hubiera sido aseteado suficientemente en el último trienio.

Con tono retumbante y sintiéndose respaldado por el triunfo del Partido Popular, el señor Rosell Lastortras se atrevió a afirmar que “sobran funcionarios en España y que hay que poder despedirlos igual que a los trabajadores de la empresa privada”. Tal idea, que habría que tomar como amenaza fundada, es poco original si tenemos en cuenta la trayectoria de su autor. El jefe de la patronal sabe que la mejor idea es aquella que se fija a la conciencia como lapa, al margen de su consistencia. Por eso insiste en denigrar a la administración pública, haciéndola responsable de males y ruinas, lo cual no obsta para que, al mismo tiempo, exija de la administración que previamente ha arrastrado por el barro toda clase de ayudas y exenciones favorables a sus intereses.

Pero volvamos al caso que nos ocupa: la ofensiva contra la administración pública emprendida por la patronal. El pasado 14 de diciembre, el señor Rosell presentó sendos informes sobre la eficiencia del sector público y el traspaso de competencias, en los que apuntaba las intenciones de la CEOE al respecto, a saber: acostumbrarnos a que el sector público funcione como el privado o, lo que es lo mismo, privatizar el sector público usando la malicia de que sobran funcionarios, a lo que habría que añadir la especie, para reforzar la premisa anterior, que sostiene que la mayoría de los funcionarios son unos vagos. Burdo y manido discurso el del patrón de patronos que, desgraciadamente, cala en una sociedad instalada en el prejuicio de que la administración es sinónimo de indolencia, recomendación, cohecho, favoritismo y espíritu poltrón. Por cierto: ¿cuándo admitirá la CEOE, tan partidaria de flexibilidades, el despido libre y la censura de empresarios ineptos, corruptos, explotadores o defraudadores?

Los datos sobre la dimensión de la función pública ofrecidos por la patronal difieren mucho de los que presentan los sindicatos. Si atendemos a los segundos, más ajustados a la realidad puesto que el sector público español es de reciente factura, el porcentaje de personas que trabajan en él es inferior al 10%, uno de los más bajos de la Unión Europea, con una media que se sitúa en torno al 16%. En países europeos con economías más competitivas, ese porcentaje es aún mayor. Tales son los casos de Dinamarca con un 26%, de Suecia con un 22% o de Finlandia con un 19%. Queda claro con estas cifras que la patronal no tiene ningún empacho en falsear la realidad con tal de contribuir a la larga lista de recortes suicidas propuesta por el Partido Popular. Todo vale, singularmente mentir, para mantener con vida un sistema al que le sobran las personas y le repugnan las verdades.

En España no hay exceso de funcionarios sino de defraudadores que, ocultos bajo los nombres de grandes empresas y corporaciones financieras, siguen especulando a diario en los mercados. El colectivo de Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) estima que la evasión fiscal de las grandes fortunas, corporaciones empresariales y grandes empresas alcanzó en el año 2010 la cifra de 42.711 millones de euros, correspondiendo la mayor porción del fraude, el 72%, a las grandes empresas. El montante del delito es tal que lo defraudado permitiría pagar con creces los salarios de los más de tres millones de empleados públicos. Entonces, quién sobra aquí.

Es evidente, pues, que el señor Rosell y el gobierno del PP no proponen reducir el número de funcionarios y recortar el gasto en educación, en sanidad, en pensiones o en servicios sociales porque haya habido un despilfarro en el sector público, como quieren hacernos ver. La verdadera razón es situar en el punto de mira al déficit público y no a la deuda privada y al fraude de las grandes fortunas, que son los cánceres de la economía nacional. Mientras se persista en esta imagen falsa, serán los ciudadanos los que, confiscados sus derechos y rentas, paguen la crisis provocada por especuladores, gentes sin escrúpulos y demás ralea. Dicho de otra manera, los empresarios y el PP plantean que la salida de la crisis exige que los de abajo regalen porciones de su renta, de su tiempo y de su trabajo a los de arriba, practicando una transfusión de vida de los más a los menos, de los pobres a los ricos, en un ejemplo de justicia a la inversa. De ahí el interés de convertir la deuda privada en deuda pública, crear un “banco malo”, subir los impuestos a los asalariados, empeorar las relaciones laborales, privatizar, reducir los salarios, y suma y sigue mientras aguante el respetable.

La supervivencia del sistema exige, además, deteriorar un grado más la mala imagen que ya tienen los trabajadores de la administración pública y los servicios públicos en general. Si el número de funcionarios y el gasto social en España son unos de los más bajos de la Unión Europea, dónde está el despilfarro público.

Si a las declaraciones del señor Rosell Lastortras contra la función pública añadimos el contenido del nuevo decretazo que ha dado a conocer el gobierno del Partido Popular, no hay duda de que nos enfrentamos a una agresión muy grave contra los derechos sociales y la paz social.

El decreto del nuevo gobierno no tiene desperdicio. Los asalariados, públicos o privados, sufrirán una reducción en sus rentas debido a la subida del IRPF. A los trabajadores públicos se les amenaza con una nueva bajada de sus nóminas que oscilará entre 2 y 5 puntos, lo que, unido a la subida del IRPF, puede llevar a una reducción media de sus salarios del 6’6%. Por si no fuese bastante con este recorte de rentas, a los trabajadores públicos se les sube la jornada de trabajo semanal en 2’5 horas (la excusa perfecta para despedir a miles de interinos). De postre, en la administración pública no se cubrirán las bajas por enfermedad y no se repondrán las jubilaciones. En resumen, mano dura contra los trabajadores y la administración, ejemplo de flojera y pereza.

Sin embargo, los redactores del decreto se olvidan de los protagonistas del desastre económico que dicen combatir, a saber, las grandes fortunas, los ricos, los grandes empresarios, los banqueros, los defraudadores y la economía sumergida. Por supuesto, los que tributan a través del irrisorio Impuesto de Sociedades y de los chiringuitos financieros como las SICAV, siguen sin despeinarse. Además, no se ha restaurado el Impuesto sobre el Patrimonio que con tanta “generosidad” suprimió el PSOE, como tampoco se ha creado un impuesto sobre las transacciones financieras billonarias a corto (reivindicación histórica de Izquierda Unida) que son el combustible de la especulación mundial.

Ahondar en las políticas antisociales ya iniciadas por el anterior gobierno del PSOE es la fórmula por la que ha optado la patronal y el nuevo gobierno de la nación. Pero dicho esto, que nadie se lamente, porque la mayoría de los ciudadanos votantes ha decidido en las urnas que se ejecuten estas políticas antisociales e injustas. Ahora toca que cada ciudadano asuma su parte de responsabilidad en lo ocurrido. Es el pueblo votante el que ha decidido que sean los asalariados, los desempleados, los pensionistas, las personas dependientes, las excluidas, las necesitadas, los enfermos…, quienes sigan pagando las consecuencias de la crisis, al otorgar la mayoría absoluta al Partido Popular. ¿Es que nadie se acuerda de lo que votó el pasado 20 de noviembre en las elecciones generales? ¡Qué mala memoria la de este país!

En palabras de Confucio "en un país bien gobernado debe inspirar vergüenza la pobreza. En un país mal gobernado debe inspirar vergüenza la riqueza.” Que tomen nota los gobernantes, pasados y presentes.

Demostrar un descontento generalizado será el primer síntoma para defender el progreso de este país.

María José Pérez Salazar es militante de IU de Azuqueca de Henares

Privilegios de la Iglesia

Rouco Varela, Presidente de la Conferencia Episcopal

Religión y moral católica no es una asignatura. Es una ideología que reproduce una visión del cosmos y un sistema de dominio intelectual y político, por lo demás muy eficaz si tenemos en cuenta su perseverancia en el tiempo. Religión y moral católica, como no oculta su nombre, es puro adoctrinamiento, que si se quiere eficaz hay que inocular en los cerebros de niños inocentes para que sea admitido sin resistencia. Los curas lo saben muy bien: la religión se adquiere, se asume sin más y genera una impronta, una fe (regula fidei) de la  que se deriva una obediencia ciega. Es lo que tiene cualquier pensamiento dogmático e intolerante. Por esto mismo la religión, para prosperar, necesita mentes dúctiles y personalidades en formación. Luego, cuando llegue la mayoría de edad intelectual y la razón haga estragos en el pensamiento mágico, vendrán las prebendas, los premios y castigos para mantener cínicamente unos principios imposibles, o los disgustos y los traumas. Pero para que tal cosa ocurra es menester primero vivir amarrado a ese mundo de creencias.

Dice mucho de la condición moral de la iglesia católica el afán con el que defiende su presencia en el sistema educativo desde la más temprana edad. Si los curas y su ejército de catequistas están tan seguros de su doctrina, deberían convencer del misterio de la santísima trinidad o de la transfiguración a adultos formados, ilustrados, leídos y con juicio. No llegarían muy lejos. Pero que dejen en paz con sus fetichismos y supercherías a criaturas inocentes, a párvulos que, en su candidez, están indefensos ante el prejuicio y la manipulación.

A la religión no se llega por el razonamiento. Todo lo contrario: la razón provoca la crisis de la fe. Cuando la razón se hace adulta, la religión se viene abajo. De esto eran conscientes importantes pensadores religiosos. Tertuliano decía creer en la religión precisamente porque es absurda e imposible: credo quia absurdum; certum quia impossibile est. Tomás de Aquino afirmaba que ni podemos demostrar que el mundo ha comenzado y que ni siquiera sabemos tal cosa, si bien ello no es óbice para creer que así fue, de lo cual se deduce que Dios existe: mundum incoepisse est credibile, non autem demonstrabile, vel scibile. Los jesuitas, como nos recuerda Puente Ojea, proponían creer anulando cualquier parecer o juicio contrario, convirtiendo al hombre en cuerpo muerto: perinde ac cadaver. Los ejemplos sobre este particular son tan abundantes que no merece el esfuerzo aumentar su detalle.

Religión y moral católica debe estar fuera del sistema educativo porque es lo contrario de la educación y del conocimiento. Los que la imparten no son profesores, son catequistas, comisarios religiosos pastoreados por los obispos que tienen por misión extender un dogma que huele a cirio. Esto de la religión y moral católica es lo mismo que la cienciología, el jasidismo, la numerología, la cábala o cualquier otra alucinación colectiva basada en el fundamentalismo y el culto a lo sobrenatural. No insultemos a las matemáticas, la física, la química, la literatura, el arte, la historia, la filosofía, la gramática o el conocimiento de idiomas poniéndolos al nivel de las supersticiones, los misticismos y los prejuicios sobre los que, a fin de cuentas, desde el origen de la humanidad, sólo se han levantado sistemas de control moral y político.

En España tragamos con todas estas anomalías porque nuestra historia ha sido también una gigantesca anomalía. Mientras Europa comenzaba a ser alumbrada por las luces del Renacimiento, en los reinos de España se fundían la monarquía y la iglesia, se aprobaban estatutos de limpieza de sangre, la Inquisición hacia piras para quemar herejes y fieles (es mejor quemar algunos inocentes que permitir la difusión de la herejía, dirá Torquemada), las órdenes religiosas eran el principal latifundista, el clero ejercía un control político e ideológico asfixiante y la idea de estatalidad era colonizada por la de catolicismo, alcanzando así una forma excluyente que, a lo largo de la historia, provocó guerras y dañó irreparablemente la idea de nación. En España la historia de la iglesia refleja a la perfección la de una institución humana que se cree depositaria de la verdad absoluta, universal y eterna, interviniendo en la vida civil de manera monopolística y violenta. En pocas palabras, en nuestro país la iglesia está acostumbrada a mandar y quiere seguir haciéndolo.

En la actualidad, el dominio de la iglesia se sostiene sobre cuatro acuerdos firmados con el Vaticano. Lo menos que puede decirse sobre ellos es que son preconstitucionales, atentan contra la Constitución, intentan legalizar el abuso y suman el insulto a la injuria, siendo lamentable que ningún gobierno de la democracia se haya atrevido a denunciar un pacto de esta naturaleza con un Estado absolutista y medieval. Su preconstitucionalidad es evidente porque se fundamentan en otros acuerdos fechados en julio de 1976 que, a su vez, miran al Concordato de 1953, firmado entre el Vaticano y Franco. No se repara lo suficiente en el hecho de que los cuatro acuerdos que ligan al Estado con el Vaticano se firmaron sólo una semana después de la promulgación de la Constitución, lo que indica, como apunta Puente Ojea, que fueron redactados mucho antes de la sanción del artículo 16 de nuestra Ley Fundamental. Además, contradicen una Constitución que, si peca de algo, es por su excesiva generosidad hacia esta confesión, al instituir la obligación del Estado “a colaborar con la Iglesia católica en la consecución de su sostenimiento”, así como a velar porque “la educación que se imparta en los centros docentes públicos sea respetuosa con los valores de la ética cristiana”, de donde podría colegirse que no bastaría con impartir religión sino que la enseñanza toda debería estar imbuida de homilías. Por si no bastar con todo lo anterior, el Concordato es un abuso porque la Iglesia católica no paga impuestos mientras que los impuestos que pagamos los demás, creamos o no en sus dogmas, van a sus arcas para, por ejemplo, sostener un ejército de 15.000 catequistas a razón de 2.000 euros brutos al mes, que tienen como oficio introducir la superstición en las aulas. Por último, los acuerdos con el Vaticano son un insulto porque la Iglesia, que no paga a sus catequistas porque los sufragamos los demás, los selecciona a su antojo, los contrata y despide como le viene en gana, y si incumple la legislación laboral cometiendo abuso sobre sus adoctrinadores exige al Estado que apoquine las indemnizaciones correspondientes. Que el Estado sostenga el culto y pague al clero: esta es la fórmula tradicional de la iglesia española que tan bien le ha venido. No cabe mayor desahogo.

No permitamos que en las escuelas se asuste a los niños con infiernos, demonios, pecados y castigos eternos, o que se les inculquen dogmas que les condenan al sometimiento y a la anulación del juicio, porque las escuelas son templos del saber que deberían rendir tributo en exclusiva a la razón, la ciencia, la crítica y el conocimiento. Una escuela que cobija el adoctrinamiento religioso es una madrasa. No debemos consentir que los niños, en las aulas, se conviertan en el Paquito de aquel Catón que, sumiso y agradecido, consumía la jornada en rezos, invocaciones y besamanos de sacerdotes y demás gentes de dignidad.

El que quiera consuelo religioso que visite una parroquia, se confiese, comulgue, suba a un minarete, lea sus textos sacros, encasquétese un turbante o haga lo que le manda el rito. Este es un país libre incluso para equivocarse. Todo el mundo es soberano para creer en espíritus, apariciones, doctrinas marianas, en la burra parlante de Balaam, en cómo sacrificar piadosamente un cordero o en hacer gargarismos sin ofender a la divinidad de turno. Pero con su dinero, sus medios y respetando las leyes, entre las cuales hay una que se olvida y que es importante, la ley de consumo: todos los alimentos caducan, incluso las hostias consagradas.

Emilio Alvarado Pérez es portavoz de IU en el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares

Pensar de otro modo

 La Humanidad vista desde 9 millones de kilómetros: un miserable punto en el espacio

Ha llegado el momento de plantear un cambio radical de la sociedad en la que vivimos, mayormente porque la sociedad tal y como la conocemos se va por el desagüe. Para tal menester es preciso pensar de otra manera. Una condición de cualquier cambio venturoso es no tener miedo a las nuevas ideas. Cierto es que algunas serán disparatadas, otras inviables, las más ridículas. Es lo que tiene lanzarse al vacío de la especulación intelectual y romper con la telaraña de prejuicios, lugares comunes y creencias que han modelado nuestra comprensión de lo social, haciéndonos creer, como aquel personaje de Voltaire, que vivíamos en el mejor de los mundos posibles. Con todo, merece la pena.

Sería mucho peor mantenernos mudos, no estrujar nuestra imaginación, no asumir el riesgo a equivocarnos, instalándonos en la falsa placidez de un bizantinismo moribundo, antesala de la muerte social. Es mil veces preferible tener la valentía de hacer el ridículo proponiendo alternativas, especialmente ahora, que tanto urge, que apuntalar un sistema que padece aluminosis y que amenaza ruina. Los que se atrevan a pensar y a equivocarse podrán decir, al menos, que lo intentaron y que estaban vivos. El resto, los que permanezcan mudos, llevarán colgado para siempre el sambenito de la complicidad con un sistema incompatible con la satisfacción de las necesidades humanas.

De la reflexión saldrán aquellas ideas que permitirán construir una sociedad distinta y mejor. Urge imaginar, por tanto, nuevas reglas, valores y fines colectivos.

Para empezar, propongo algunas sugerencias recogidas de aquí y de allá, a las que se les pueden añadir muchas otras, para que comencemos a desafiar el sentido común poltrón que nos ha tenido adormilados. Llegó la hora de romper credos y catecismos. Los mejores cerebros y todas las personas de bien deberían remangarse y ponerse a la faena, porque el tiempo se acaba.

·¿Por qué no imaginamos una sociedad en la que el incentivo del trabajo sea mantener una amplia cesta de bienes materiales iguales para todos, que se perdería a medida que no se estuviera dispuesto a trabajar el tiempo socialmente determinado?

·¿Por qué no pensamos en un sistema económico en el que a partir de cierto nivel de uso y disfrute de bienes materiales, se desincentive conseguir mayores niveles de consumo con aumentos de la carga de trabajo muy superiores a la satisfacción conseguida?

·¿Por qué no se ensaya el funcionamiento de una economía no basada en el dinero sino en títulos de tipo negativo, esto es, títulos con capacidad de compra de bienes sostenibles y certificados, que van perdiendo valor a medida que se atesoran?

·¿Por qué no se impide que cualquier título con capacidad de compra pueda dedicarse a actividades especulativas?

·¿Por qué no se experimenta el funcionamiento de una moneda-tiempo, ya teorizada por Silvius Gesell, que mantendría su valor año tras año sólo si su depositario paga una tasa mensual que recaudaría el Estado?

·¿Por qué no cambiamos el sistema de estadísticas económicas y medimos parámetros sociales a los que hoy no se les presta ninguna atención, y los convertimos en fines colectivos?

·¿Por qué no limitamos con la fuerza de la ley y el peso de la justicia los topes del crecimiento económico para impedir que arruinemos definitivamente el planeta?

·¿Por qué no intentamos sacar del circuito mercantil bienes básicos para la seguridad y la integridad de los ciudadanos?

·¿Por qué no acabamos con el secreto bancario, los paraísos fiscales y las legislaciones permisivas del abuso y de la corrupción?

·¿Por qué no se piensa en limitar constitucionalmente la desigualdad material que una sociedad está dispuesta a admitir?

·¿Por qué no pensamos en un sistema político en el que incumplir un programa electoral sea un delito penal y la corrupción un crimen imprescriptible?

·¿Por qué no probamos formas de participación política más transparentes y cercanas a la experiencia vital de las personas, con más control de los elegidos y en las que se permita el mandato imperativo?

·¿Por qué no pensamos en una sociedad en la que se trabaje para vivir y no al revés?

·¿Por qué no probamos redistribuir las poblaciones en ciudades medianas, sin grandes necesidades de consumo de energía y mejor integradas en el medio físico?

·¿Por qué no ensayamos romper con los monopolios informativos, financieros e ideológicos que atentan contra la libertad y la democracia?

·¿Por qué no ponemos la tecnología al servicio de la mejora de la humanidad, para dar dignidad a todos los habitantes del planeta?

Si quieren, pueden seguir completando la lista.

Emilio Alvarado Pérez es portavoz de IU en el Ayuntamiento de Azuaqueca de Henares

Vino picón en odres viejos

Viva la discrepancia

El pasado 20 de diciembre, un mes después de que se celebraran las elecciones generales que se consumaron con el triunfo electoral del Partido Popular y con la severa derrota del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero abandonó el Palacio de la Moncloa. 

Mientras el Partido Popular se acomoda en el Congreso y comienza a aclarar a la sociedad española sus oscuras pretensiones, el PSOE se dedica a sacar manifiestos para limpiar su imagen y serenar su conciencia después de su paso por el Gobierno. Entre discursos como “Mucho PSOE por hacer” o “Yo sí estuve allí”, los futuros líderes socialistas intentan recuperar la credibilidad perdida.

Si en Génova recordarán el año 2011 como el de mayor éxito de su historia, en Ferraz harán todo lo posible por borrarlo. Pero el peor año del PSOE en democracia tiene su origen en mayo de 2010, cuando Zapatero anunció sus recortes para cumplir las pautas dictadas por los mercados financieros. Desde entonces, todo ha sido un via crucis para los socialistas, que ha culminado en la mayor derrota electoral de su historia y en la exigencia de “un cambio de rumbo” a cargo de un grupo de dirigentes liderados por la exministra Carme Chacón. Diputada por la circunscripción electoral de Barcelona en las legislaturas VII, VIII y IX, ocupó la vicepresidencia del Congreso de los Diputados hasta que en el 2007 fue nombrada Ministra de Vivienda y en 2008, coincidiendo con la IX legislatura, Ministra de Defensa en sendos gobiernos presididos por José Luis Rodríguez Zapatero. Después de muchos años en las filas socialistas, la señora Chacón pretende hacernos creer que “entra de nuevas” en la escena política, cuando lo cierto y verdad es que bien podría decir, sin faltar a la verdad, aquello de “Yo sí estuve allí antes que nadie”.

Las autonómicas y municipales de mayo asestaron un fuerte golpe electoral al PSOE. En un contexto de marcada indignación social, de rechazo al bipartidismo y con una profundísima crisis económica, los socialistas decidieron jugárselo todo y apostar por el 8, es decir, el mes de agosto, para remontar el golpe que vaticinaban las encuestas. Sin embargo, el resultado de esa apuesta fue desastroso: los constantes ataques de los mercados a la deuda española disparaban las alarmas sobre la estabilidad económica del país y ponían gravemente en peligro la continuidad del PSOE al frente del gobierno. Zapatero decidió plegarse a las exigencias especulativas y reformó de manera urgente la Carta Magna sin consultar a los ciudadanos, pero sí al partido que en noviembre le “relevaría” en el cargo, el PP. Ambos, en claro ejemplo de contubernio bipartidista, pactaron la reforma exprés de la Constitución en menos que canta un gallo.

La estrategia del PSOE, apoyado en la figura de Rubalcaba como candidato oficial después de impedirse unas primarias con Chacón, se venía abajo. El exministro del Interior trató de “girar” hacia la izquierda en un sprint de última hora que le permitiera marcar distancias con Zapatero mientras promocionaba una página web en la que regalaba baratijas y cacharritos a los voluntarios que colaboraban en la campaña. Rubalcaba sólo coincidió con el Presidente en un mitin de la campaña, lanzó algunos guiños arteros al movimiento 15-M y robó parte del discurso a Izquierda Unida. Ni con esas logró detener la temida sangría de votos.

La plataforma “Mucho PSOE por hacer” impulsada entre otros por la exministra Carme Chacón pretende dar un nuevo rumbo socialdemócrata, algo muy cuestionable cuando quien defiende este cambio lleva años formando parte de un gobierno neoliberal plegado a las exigencias financieras de los señores del dinero. En el manifiesto este grupo afirma que la derrota de las pasadas elecciones generales fue a “causa de la crisis y (de) errores propios”. Veamos a qué errores se refieren:

-    Tardío reconocimiento de la crisis: era evidente la gravedad de la situación económica y el gobierno socialista se empeñaba en negarla.

-    Aplicación de políticas duras que exigen sacrificios a los más débiles: aumento de la edad de jubilación, reforma de las pensiones, reducción del salario a los funcionarios, reforma de la negociación colectiva, vía libre a los desahucios.., a la vez que perdonaban impuestos a las grandes fortunas.

Con Zapatero y su equipo, el PSOE perforó su suelo electoral marcando un hito en la historia del partido. Por eso, ni los que suscriben “Mucho PSOE por hacer” o “Yo estuve allí”, como Alfredo Pérez Rubalcaba o Carme Chacón, ni los cargos que intentan ahora una regeneración desde las bases, pueden mostrar sus expedientes limpios de una pésima gestión del partido y del Gobierno que se ha caracterizado por su sometimiento a las imposiciones de los mercados, de frau Merkel y, lo que es más grave aún, por su deslealtad a las ideas socialistas. En pocas palabras, rompieron los consensos del juego democrático. Además, es admirable ver cómo se postulan como renovadores de un período y de unas formas políticas dos “ex” que estuvieron tan implicados en todo aquello que urge superar.

Por mucho que pretendan “sacrificar” públicamente al líder de la debacle socialista y alejarse del que un día ostentara el protagonismo máximo, ambos, Rubalcaba y Chacón, serán recordados como los coprotagonistas de una de los mayores fiascos políticos de este país.

Ni Rubalcaba es Adán, ni Chacón es Eva, recién llegados sin mácula al paraíso español. No sólo no comieron de la fruta prohibida del Consejo de Ministros sino que se dieron un buen atracón. El problema es que ahora, empachados por la comilona, quieren hacernos creer que ayunaron y que su indisposición es resultado de una dolencia ajena.

Lo que sí es nuevo en sus trayectorias es que ya no son ministros de nada. Por ello, les proponemos que fundan sus respectivos lemas en uno sólo, más ajustado a la realidad: “Yo sí estuve allí cuando quedaba mucho PSOE por hacer”.

María José Pérez Salazar es militante de IU de Azuqueca de Henares

Nuevo gobierno, viejas mentiras

La mentira por divisa

En su programa electoral dijeron que no subirían los impuestos y se los suben a los asalariados, que son los que siempre pagan. Dijeron que acabarían con el paro y con sus medidas habrá más desempleo. Dijeron que era injusto cargar la culpa de la crisis en los funcionarios y ahora les congelan los sueldos y mandan a los interinos al paro. Dijeron que mantendrían el poder de compra de las pensiones y se lo bajan quitando por un lado lo que dicen dar por el otro. Dijeron estar en contra del retraso en la edad de jubilación y la mantienen en los 67 años. Dijeron que la crisis era nacional y ahora dicen que es internacional. Denunciaron que Zapatero era el botones de Merkel y ahora rinden pleitesía abyecta a la cancillera. Dijeron que respetarían los derechos sociales y allí donde gobiernan recortan con saña los servicios públicos. Exigieron que se conociera la carta de la vergüenza que el BCE envió a Zapatero y ahora la esconden bajo siete llaves. Dijeron que el poder judicial debía ser independiente y nombran a un amigo como Fiscal General del Estado. Dijeron que no les parecía bien la reforma laboral de Zapatero y quieren administrarnos dos tazas concentradas de la misma. Dijeron que los trabajadores no provocaron la crisis y pronto empeorarán sus ya malas condiciones salariales. Dijeron que había que proteger a los más débiles y congelan el salario mínimo interprofesional. Dijeron que el problema era el déficit mientras que en la villa y corte de Madrid se fundían el presupuesto de los próximos cien años. Se opusieron a la ley contra las descargas ilegales y hoy la alaban. Dijeron que eliminarían el gasto superfluo y mantienen las televisiones autonómicas dirigidas por correligionarios designados a dedo. Dijeron que el anterior gobierno se equivocó, que no sabía, que improvisaba, que nos acercaba a la ruina y ahora se desvela que su camino es el mismo, con la diferencia de que nos llevará aún más lejos. Dijeron que combatirían la corrupción y presentaron a numerosos imputados en las listas electorales. Dijeron que los bancos fueron irresponsables y nombran como Ministro de Economía a un representante de la peor banca especuladora. Dijeron que había que preservar la dignidad de la administración y nombran como Ministro de Defensa a un comerciante de armas ilegales. Dijeron que el problema se llamaba Zapatero, fuente nutricia de todos los males. Hoy, por las mismas, decimos que el problema se llama Rajoy y el tinglado bipartidista sobre el que se sostiene un régimen que es parte del desorden moral y material en el que vivimos.

Los señores del PP nos han mentido escandalosamente. Sus silencios calculados eran un mal presagio, su programa electoral una porción de embustes y su campaña electoral un teatrillo de variedades. El PP nos mienten incluso cuando nos miente, cosa imposible de superar.

Definitivamente, en nuestro país no se conoce el respeto político. Y el origen de esta falta se encuentra en una ciudadanía que no se respeta a sí misma. Tanto tiempo coqueteando con la corrupción, la vulgaridad, la abundancia eructante y el cainismo nos han llevado a aceptar que los gobernantes gobiernen contra nosotros y que nos hagan un corte de mangas cada mañana. Mucho se ha hablado y escrito sobre las virtudes del gobernante. Pero poco sobre las virtudes del pueblo, especialmente en democracia, por aquello de no disgustarle con juicios severos.

No habrá remedio mientras un tercio del país fiche en vez de votar, otro tercio compadree con la desvergüenza y el tercio restante se haga el despistado. Entre el tercio entrante, el tercio saliente y el tercio silente vamos aviados. Además, el miedo ante un futuro peor agarrota a los proclives a la protesta, a no ser que nada arriesguen. Ya veremos lo que aguanta la coyunda entre la calma chicha y el estacazo social.

Emilio Alvarado Pérez es portavoz de IU en el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares

El zorro en el gallinero

La tecnocracia es un tema recurrente del pensamiento político que, cada cierto tiempo, singularmente en momentos de crisis, despunta con nuevos matices pero sobre un fondo inalterado.

La primera reflexión sobre la tecnocracia nos la ofrece Platón en los libros V y VI de La República. “A menos que los filósofos gobiernen los Estados (...) no hay remedio posible para los males de los Estados, ni para los del género humano”, le dice Sócrates a Glaucón, para acto seguido continuar afirmando que el filósofo es “el que ama contemplar la verdad ”, siendo la verdad cosa distinta de la opinión, que es a lo que llegan los que no son filósofos. En su Epístola séptima, escrita en la vejez a modo exculpatorio por su colaboración con el régimen de los Treinta Tiranos, Platón insiste en la misma idea: "... el género humano no verá días mejores hasta que el grupo de quienes siguen recta y genuinamente la filosofía adquiera autoridad política, o hasta que la clase que tiene el control político se convierta, por alguna disposición provindencial, en un grupo de verdaderos filósofos". Platón liga la verdad, el conocimiento y el gobierno, formando una tríada coronada por el filósofo rey, único gobernante legítimo. Para Platón, el fundamento de la soberanía no es el pueblo (demos) sino la inteligencia (nous). Desde entonces, los ecos del diálogo platónico no han dejado de resonar en la indagación sobre la política: de Saint-Simon a Alexander Bogdanov, del marxismo a Veblen, de algunos teóricos de la sociedad post-industrial a los defensores del elitismo.

Reflexionar sobre el gobierno tecnocrático conduce invariablemente a dos preguntas que conviene no confundir: las cualidades del gobernante y la legitimidad para gobernar. La primera cuestión alude a la interminable lista de condiciones que deben acompañar a la persona del gobernante (virtud, prudencia, justicia, templanza, valentía, honradez, etc.) entre las que se encuentra la de conocer de aquello sobre lo que se habla. El conocimiento aquí referido no ha de ser necesariamente libresco, técnico o académico, y puede proceder también de la experiencia o de la sagacidad. Visto así, el saber es una cualidad más, entre muchas otras, del gobernante, a lo que se añade que el tenerlo no asegura el buen gobierno; todo lo más, lo facilita. La naturaleza de la segunda pregunta es mucho más cerrada porque apunta a que el único gobierno legítimo (merecedor de obediencia) es aquel revestido de la autoridad del conocimiento: una suerte de oligarquía. En la discusión vulgar ambos planos se confunden lamentablemente, con lo que se alza como conclusión que el buen gobierno y la democracia son incompatibles. Precisamente, hoy estamos en este punto.

La tecnocracia es siempre conservadora del orden establecido. Propone medidas racionales (y no siempre acierta), pero dentro de un marco de poder que no sólo no cuestiona sino que pretende reforzar o salvar. El tecnócrata tiene ideología por mucho que la oculte. Además, en ella se inspira. Su tarea consiste en buscar los medios más eficaces para alcanzar unos fines voluntariamente aceptados, por mucho que se niegue a reconocerlos. El tecnócrata, el experto, para ocultar su naturaleza volitiva, menciona los medios para evitar hablar de los fines. Es en el discurso sobre los medios donde el tecnócrata se encuentra fuerte y seguro. Pero saquémosle de ahí y comprobaremos que todo su aplomo se desmorona. Cuando el experto habla de fines entra inevitablemente en el terreno de los juicios de valor, de las preferencias morales o éticas, de los principios, de la ideología, del poder y de la política. Y ahí sus armas no valen, su escudo de “sabiduría técnica” se vuelve penetrable, su superioridad se disuelve y sus debilidades manifiestas. Además, cualquier discurso que no enlace medios con fines carece de consistencia: ¿cómo sabremos si unos medios son adecuados si se ocultan los fines a los que se dirigen?

Pero la tecnocracia no sólo es esclava del poder. Es también manifestación oscura o secreta del poder, a lo que se añade que el tecnócrata llamado al gobierno suele formar parte de redes privadas de poder, en las que lucha por mantener su influencia. Nada menos ajeno al tecnócrata con vocación política que la política. Es incontestable el hecho de que la tecnocracia avanza cuando la política tradicional entra en crisis, aunque el gobierno de los expertos no sustituye al gobierno de los políticos. Lo que sucede es que el gobierno de los expertos es el gobierno de aquellos políticos e ideas que han entrado en crisis o que se pretenden ocultar. La tecnocracia no nos libera de la política ni la supera, cosas imposibles, sino que es una manifestación política de un tiempo que se acaba o de un sistema de poder en decadencia. Ello no impide que la tecnocracia se recubra de un tinte falsamente antipolítico, pero lo hace para evadirse de la crítica política. El gobierno tecnócrata afirma que administra la fórmula inevitable o el único remedio, avalado por la legitimidad que otorga el “conocimiento” experto o cualquier otra suerte de sabiduría particular. Por tanto, aceptada esta lógica incompleta y engañosa, no cabe más que aceptar sus disposiciones y mandatos. El sueño del tecnócrata es gobernar sin limitaciones, y ya sabemos que el poder sin contrapesos es tiranía.

Finalmente, el gobierno de los expertos, llevado a sus últimas consecuencias, es contrario a la democracia. La democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. La democracia o es un régimen de opinión pública o no es (cuanto más informada mejor, aunque esto es harina de otro costal). Los ciudadanos eligen a sus gobernantes, de modo que la legitimidad de la democracia descansa en la voluntad del pueblo, aunque esa voluntad yerre en ocasiones. Muy distinta es la legitimidad del experto: gobierna porque dice saber. El tecnócrata no necesita ser elegido para gobernar sino que gobierna porque está capacitado técnicamente. Forma parte de una élite en la que el criterio de selección no es ni el número (juego de mayorías y minorías) ni la elección popular, sino el conocimiento y la pericia. El experto sólo admite como contrajuicio el de otro experto, que es su igual. Con la tecnocracia el demos es materia moldeable porque los ciudadanos, por naturaleza, no sólo carecen de las aptitudes mínimas para gobernar sino, incluso, para determinar los fines de la sociedad. La tecnocracia necesita alzarse sobre la minoría de edad permanente de un pueblo que sólo tiene opiniones. Una sociedad desguarnecida, sin ideales colectivos y en crisis política es tierra en la que prospera la tecnocracia o cualquier otra manifestación de lo que, erróneamente, se denomina antipolítica.

Viene a propósito todo este prolegómeno para entender cabalmente un hecho muy preocupante: el asalto de la mafia de la banca al poder político en los países de la UE. En 16 de los 27 países de la UE, exdirectivos del sector bancario ocupan puestos clave de la política económica y de los gobiernos (desde primeros ministros a ministros de economía). Además, los gobiernos de la UE, tanto los permeados como los demás, se someten a las órdenes del Banco Central Europeo, que es también una institución controlada por representantes de la peor banca.

Llama poderosamente la atención que entre estos representantes abundan los de dos bancos dedicados a la especulación y el fraude. El todopoderoso Goldman Sachs, que estuvo a punto de quebrar y fue rescatado con dinero público, y la banca Lehman Brothers, que provocó la crisis actual con sus prácticas fraudulentas y su posterior quiebra. El primero domina el BCE y gobierna Italia y Grecia; el segundo ha sido infiltrado por Rajoy en su gobierno bajo la forma de Ministro de Economía.

El argumento a favor de esta invasión silenciosa, verdadero golpe de estado incruento, es que tales representantes son expertos, conocen de primera mano la materia sobre la que han de actuar y son depositarios de un saber que los hace imprescindibles; en otras palabras, que son tecnócratas. Obvio es que esta explicación no es más que una porción de fantasías estomagantes. Lo que se tapa cuando se entona el panegírico de la quintacolumna bancaria es que su conocimiento experto es muy notable, pero en el arte de mentir, estafar, participar en fraudes, llevar a la quiebra a sus sociedades, rebañar el dinero público endosando sus pérdidas al Estado, cobrar salarios de escándalo, empobrecer a los demás y trabajar a favor de unos fines dañinos. En fin, que el experto de la banca que se mete a presidente o ministro puede presumir de ser máster en delincuencia económica organizada, doctor cum laude en rufianería y licenciado en hurtos y robos colectivos. He aquí, sin adorno, su conocimiento y pericia.

En vez de alabar una sabiduría que no tienen y de reconocerles unos méritos imposibles, lo que refleja esta toma del poder político por parte de la mafia bancaria y especuladora es la vergonzosa colusión de intereses entre los negocios privados y la política, así como la ósmosis casi perfecta de que disfrutan ciertos políticos y banqueros que pasan del consejo de administración de una sociedad anónima al sillón del consejo de ministros de un gobierno.

Terminemos con un sincero agradecimiento: el que se merece el señor Rajoy por la clarividencia mostrada a la hora de elegir a unos ministros que no requieren de otra tarjeta de presentación que sus personales andanzas. Nos ha colocado como Ministro de Hacienda al señor Montoso, el mismo que desde un despacho privado asesoraba a grandes empresas para que pagaran a Hacienda lo menos posible. También a un Ministro de Defensa, el señor Morenés, que era consejero de una empresa, Instalaza S.A., que fabricaba bombas de racimo y que, no contenta con la matanza de inocentes que provocaban sus armas, exige una indemnización de 40 millones de euros al Estado español por el lucro cesante derivado de su prohibición. Y a un Ministro de Economía, el señor de Guindos, que era alto cargo de Lehman Brothers, el banco especulador que provocó la crisis que hoy padecemos.

Haríamos mal los españoles en no sentirnos más seguros con este gobierno, formado por grandísimos expertos: quién mejor para dirigir la Hacienda Pública que quien ha probado todos las trampas legales para que la eludan los grandes contribuyentes, o quién más apropiado que un fabricante de bombas asesinas de niños y civiles para dirigir nuestros ejércitos o quién con más méritos para sacarnos de la crisis que quien la provocó con el manejo trilero de derivados, futuros y demás armas financieras de destrucción masiva.

El agradecimiento al señor Rajoy debe extenderse al pueblo español, sin cuyo concurso nunca habríamos tenido el gobierno que nos merecemos. Qué tiempos estos en los que ya no se respeta ni la máxima jurídica medieval que decía "quod omnes tangit ab omnibus appobari debet" (lo que afecta a todos, debe ser aprobado por todos).

Al final, con tanto experto, nos puede pasar lo que a Platón con los tiranos de Siracusa: que sobrevivamos de milagro para contarlo.

Emilio Alvarado Pérez es portavoz de IU en el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares

Crímenes económicos contra la humanidad

A partir de la II Guerra Mundial nos familiarizamos con el concepto de crímenes contra la humanidad. Desde sus orígenes este tipo penal tuvo una connotación puramente política, al estar ligado a actividades aberrantes conducentes al exterminio de grupos humanos indefensos mediante la aplicación brutal de la violencia física por parte de gobiernos o de grupos políticos organizados. En la práctica, los que se sientan frente a un tribunal acusados de crímenes contra la humanidad son regímenes políticos aislados (gobiernos parias de la comunidad internacional) o que han sido completamente derrotados en el campo militar. Resulta muy difícil, por no decir imposible, que prospere una acusación de este calibre contra gobiernos fuertes e influyentes, por muchas razones objetivas que pudieran darse para hacerlo. Aquí rige, para menoscabo de la justicia, la idea de que para ser juzgado no basta con ser un canalla despreciable sino que, además, hay que carecer de poder e influencia entre los que se constituyen como jueces. Esta es la razón que explicaría por qué la noción jurídica de crímenes contra la humanidad no ha superado el umbral político pasando al económico, por mucho que desde el punto de vista de la economía se pueda infligir sufrimiento insoportable y continuado a grupos humanos indefensos. Cierto es que en estos casos no se pretende el exterminio físico de grupos sociales o raciales per se, pero sí su destrucción moral y su condena material, lo que conduce a su postración permanente y a la esclavitud colectiva.

La literalidad de la definición de la Corte Penal Internacional permitiría tal ampliación, porque crimen contra la humanidad es "cualquier acto inhumano que cause graves sufrimientos o atente contra la salud mental o física de quien los sufre, cometido como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil". Es evidente que situaciones como las que ha generado la crisis económica que estamos viviendo explican que despunte la idea de que es posible hablar también de crímenes económicos contra la humanidad o, incluso, de terrorismo económico.

La idea de que había que ensanchar los límites jurídicos de este concepto comenzó en los años ochenta del pasado siglo, cuando el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial promovían políticas de ajuste que azotaban vilmente a África y a América Latina, y que condenaban a la miseria a las clases populares e indígenas de muchos de sus países. En la actualidad pasa algo similar en el cogollo del mundo capitalista avanzado. La especial naturaleza de la crisis económica y las políticas neoliberales que se están aplicando conducen irremediablemente a la pérdida de derechos fundamentales como el trabajo y la vivienda, traen de la mano los recortes en derechos básicos como la sanidad y la educación y llevan al sufrimiento de millones de familias que ven en peligro su supervivencia. Los hogares que viven en la pobreza están creciendo de forma imparable y la sociedad en general está siendo desmantelada y sustituida por la atomización del sálvese el que pueda. Siendo así, la pregunta es inevitable: ¿por qué aún no nos atrevemos a señalar a los culpables de semejante debacle y les aplicamos la pesada carga de un tipo penal como el de crimen contra la humanidad?

Casi a diario oímos hablar de “los mercados” como si se fuesen criatura sobrenaturales contra las que no se puede luchar. Nos hemos acostumbrado a utilizar ese término con total naturalidad y nos hemos conformado con decir que “la culpa de todo es de los mercados”. Este lenguaje y el modo de reflexionar que provoca nos lleva a quedarnos en la superficie del problema, donde sólo hay espuma que impide ver con claridad.

Los culpables de la ruina general que soportamos son personas e instituciones concretas que promovieron el libertinaje de las finanzas sin ningún tipo de control. Son empresas que se lucraron indecentemente durante el boom inmobiliario y a las que se les permitió para tal fin ejercer prácticas financieras fraudulentas y abusivas. Toda esta desgraciada historia tiene nombres y apellidos, muchos de ellos concentrados en el negocio bancario, en la especulación y en el lavado de dinero. Conocemos sobradamente qué entidades bancarias concedían créditos de manera descontrolada, quienes contrataban auditorías a medida para garantizar sus cuentas y operaciones, y quiénes provocaron el mayor fiasco del capitalismo (Lehman Brothers o Goldman Sachs) desde la Gran Depresión y que, no satisfechos con sus maldades, imponen a sus peones al frente de gobiernos como en Grecia o Italia con el objetivo de socorrer un sistema que se desmorona pero al que le deben su poder.

Mientras esta casta criminal siga campando a sus anchas, el número de víctimas de crímenes económicos seguirá creciendo. En general la sociedad ha aceptado y continúa aceptando tal orden de cosas. Otorga mayorías absolutas, como en el caso de España, a gobiernos que son fieles defensores de estas prácticas neoliberales, aun cuando muchos ciudadanos se sorprendan después de las decisiones que toman los gobernantes que eligieron previamente. Si la sociedad tuviera claro qué es el sistema capitalista, qué significa poner en práctica políticas neoliberales, qué repercusión tiene la libre circulación del capital y qué clase de crisis padecemos, quizá no hubiera aceptado con tanta rapidez un discurso barato reducido a la expresión de un puñado de frasecillas del tipo “no se puede gastar más de lo que se tiene”, “hay que tener contento al capital porque de lo contrario se irá a otro sitio” o “es mejor trabajar por 400 euros que estar parado”. Si en España hubiera un mayor nivel de conciencia y de sentido de comunidad, la respuesta ciudadana ante tanto atropello hubiera sido muy otra, probablemente parecida a la de Islandia. Allí, en el año 2008 la fiscalía abrió una investigación penal contra los responsables que llevaron al país a la ruina. Al año siguiente, el Gobierno tuvo que dimitir por la presión de la ciudadanía y se bloqueó el pago de la deuda. En definitiva, en Islandia tuvieron muy claro que la solución de la crisis pasaba ineludiblemente por el castigo a los culpables. 

Es necesario que comencemos a hablar de crímenes económicos contra la humanidad. Pero para ello las reglas que han fijado “unos pocos” deben empezar a cambiar. Al igual que se crearon instituciones y procedimientos para perseguir los crímenes políticos, urge crearlos para perseguir los crímenes económicos. Todo depende en buena medida de lo que la sociedad exija y este es el momento idóneo para hacerlo. O la sociedad huye de discursos anestésicos que tapan la gravedad de la situación y exige un castigo para los culpables o, de lo contrario, el desfile de calamidades no habrá hecho más que empezar.

María José Pérez Salazar es militante de IU de Azuqueca de Henares

Convenios en peligro/trabajadores públicos en peligro

Cospedal huye en su coche oficial y no da la cara 

Desde el inicio de la crisis han calado entre la población dos ideas, a cual más nefanda: que es bueno recortar el gasto público a toda costa, y que los trabajadores públicos son una carga de la que hay que desprenderse cuanto antes. La victoria de estas dos ideas supone la derrota de la verdad sobre las causas de la crisis y el abandono del camino para superarla de la mejor manera.

Millones de ciudadanos han aplaudido estos dos disparates y millones de ciudadanos los sufren ahora, incluso muchos de los que hasta ayer batían palmas cuando se les mostraba el cuchillo “salvador” del matarife. 

No se explica la aceptación generalizada de ambas nociones tan contrarias al interés común si no hubiera mediado una manipulación mayúscula y exitosa promovida por el bipartidismo y por sus medios de desinformación amigos. Pero no sólo. Tales ideas han fructificado porque el suelo donde germinaron era proclive. El estado de la conciencia de la ciudadanía hizo germinar la semilla que da como fruto la destrucción de los servicios públicos. Hay que decirlo, aunque escueza: los ciudadanos llevan demasiado tiempo despreciando lo público y premiando la chabacanería y la corrupción, comicio tras comicio, con la venia de sus votos y de las mayorías absolutas. Así nos va.

La izquierda verdadera lleva años diciendo que la crisis no la han provocado los trabajadores, los pensionistas, los empleados públicos, los estudiantes, los jubilados o los sectores más precarios de la sociedad. También lleva mucho tiempo denunciando que la especulación era una bomba de relojería que al estallar arrasaría con todo. En IU estamos hartos de afirmar que la economía sumergida, el fraude fiscal y la regresión impositiva son un cáncer que impide una sociedad justa. Ya no nos acordamos, de las veces que lo hemos señalado, que las bases de nuestra economía (ladrillo y turismo) son incapaces de sostener a una población de casi 50 millones de habitantes con un mínimo de dignidad y de justicia, y que es obligatorio cambiarlas de raíz. Por eso no estamos de acuerdo con este sistema, ni con quienes lo defienden ni, por supuesto, con la insensatez de proclamar que hay que sacrificar al pueblo para salvar la podredumbre de un orden que se desmorona.

La marea de la crisis anega nuestra ciudad, Azuqueca de Henares. En lo privado, con despidos, regulaciones y cierres de empresas. En lo público, con recortes impuestos por otras administraciones que también traerán regulaciones, despidos y pérdida de derechos de los ciudadanos. No somos una isla en el paisaje nacional. Nos afecta tanto lo bueno como todo lo malo que ocurre más allá de las bardas de nuestras tapias, aunque ahora, para desgracia general, abundan lo malo y lo peor.

El gobierno del señor Zapatero decretó hace meses un recorte para Castilla-la Mancha de unos 1.100 millones de euros. Aupada por la victoria en las urnas, la nueva presidenta de la Comunidad consideró insuficiente tal cifra, que fijó en 1.815 millones, a la que acaba de sumar otros 400 millones. No hace falta decir que un tajo de tal calibre sobre un presupuesto que supera por poco los 8 mil millones de euros lleva a una situación crítica a la sanidad, la educación y los servicios sociales públicos. Ni los fanáticos del presupuesto mínimo pueden tapar una verdad tan incómoda. En pocas palabras, los derechos básicos de los ciudadanos de nuestra región están en gravísimo peligro.

El resultado de tantos recortes comienza a producir víctimas: en septiembre fueron despedidos 800 profesores interinos en nuestra región (20 de los cuales enseñaban a nuestros hijos en instituciones educativas de nuestra localidad) y ahora se avecina, si nada lo impide, el hundimiento de todos los servicios sociales de nuestra ciudad, que llevará al paro de manera inmediata a numerosos profesionales y dejará desamparados a ciudadanos inocentes especialmente vulnerables.

El pasado 16 de septiembre se manifestaron desesperados los profesores interinos frente a la puerta del Ayuntamiento, ante la amenaza luego cumplida de su despido. El 15 de diciembre se acaban de manifestar en el mismo lugar los trabajadores municipales y los adscritos a los servicios regionales, ya que sobre estos últimos se cierne de manera inminente también la sombra del despido. En junio del año que viene expirarán el resto de los convenios firmados entre nuestro consistorio y la Junta de Comunidades, sin cuya prórroga vendrá una nueva oleada de trabajadores públicos que irán al paro. Cuántas derrotas vamos a consentir. 

A esta calamidad nos ha conducido el pacto del euro, las recomendaciones del FMI, las cartas secretas del Banco Central Europeo, la reforma de la Constitución, el diktat de frau Merkel, la cumbre europea del pasado 9 de diciembre, las mayorías absolutas y los gobiernos del PSOE y del PP. Gracias a todos.

A la fiebre suicida de los recortes se une que el gobierno regional, en manos del PP, se niega a sentarse con los representantes municipales para intentar resolver los dos asuntos que más preocupan: el pago de la deuda contraída con nuestro municipio por el gobierno regional anterior (que asciende a casi seis millones de euros) y el mantenimiento de los convenios sobre los que se sostienen los servicios sociales que se administran en nuestro municipio.

La primera cuestión es importante. Pero aún lo es más la segunda, puesto que la mayoría de los convenios expiran el próximo 31 de diciembre. Sobre este último tema, la actitud del gobierno regional es intolerable. Su mutismo y su desprecio están llevando a la desesperación a muchas familias azudenses, que no se merecen un trato así. No hay ninguna razón para que a fecha de hoy no se sepa nada cierto sobre este asunto tan relevante. Recordemos además que la señora Cospedal prometió empleo y respetar los servicios públicos en vísperas de las elecciones. Seis meses después, en Castilla-la Mancha hay más paro que nunca, mucho de él alimentado por un gobierno regional que despide a trabajadores sin miramientos, y los servicios públicos básicos sufren una agresión brutal. No hay corifeo de este gobierno capaz de tapar tanto desfalco moral.

En cuanto a nuestro Alcalde, cabe imputarle también una parte de responsabilidad en los hechos, aunque mucho menor: ha reaccionado demasiado tarde ante una situación de una gravedad sin precedentes. Desde finales del verano se veían venir estos nubarrones, especialmente a raíz del despido de los profesores interinos. En aquel momento tendría que haber convocado un pleno extraordinario para coordinar una estrategia común de reivindicación de los derechos básicos de los ciudadanos. Quizás no lo hizo porque pensaba que enviando unas cartas o llamando por teléfono a unas autoridades ausentes obtendría un resultado satisfactorio. Se equivocó.

Nuestro presupuesto se nutre de impuestos y tasas propios, así como de lo que recibimos del gobierno central y autonómico. Con cargo a estas administraciones estaba previsto recibir a lo largo del año 2011 más de seis millones y medio de euros; esto es, un 23% de los ingresos totales del presupuesto municipal. Con los fondos procedentes de la administración autonómica, unos dos millones y cuarto de euros, se financian los servicios sociales de nuestra ciudad, que son de competencia regional, así como otras cuestiones de gran interés (guarderías públicas, kanguras, Centro de Atención Temprana, Casa de Acogida, Ayuda a Domicilio, PROA, CIEM, Centro de Día de Familias, Escuela de Idiomas, Talleres de Empleo, Plan de Empleo, PRIS, etc.) Si el gobierno regional decide reducir de manera tajante los gastos sociales y no renueva los convenios que permiten el mantenimiento de estos servicios, entrarán en colapso. Dejarán de prestarse, sus trabajadores irán a la calle y los ciudadanos que los necesitan los perderán, quebrándose con ello sus derechos fundamentales. A esto conduce implacablemente la lógica de los recortes, a la que nos oponemos frontalmente, y que con tanto entusiasmo aplica la señora Cospedal. En cuanto a la parte que recibimos del Gobierno central, el próximo año está prevista una reducción importante, a la que se pueden sumarse otras si Rajoy aplica la doctrina del recorte aunque pereat mundus. De ahí la necesidad que tenemos de reducir el presupuesto municipal en todo lo accesorio para blindar lo esencial: el mantenimiento de los puestos de trabajo. Nos esperan años muy amargos.

Es de todo punto inmoral recortar el gasto público en asuntos esenciales como los antes descritos cuando se consienten el fraude fiscal y la economía sumergida, se inyecta dinero público a los bancos en cantidades astronómicas o se suprimen impuestos que gravan a los que más tienen. La ciudadanía no debe aceptar más mínimo recorte en las partidas sociales, por mucho que las autoridades insistan en la necesidad. En Azuqueca de Henares no sobra ningún trabajador, ni de los servicios municipales (pagados por el Ayuntamiento, en todo o en gran medida), ni de los servicios sociales (cuyos salarios dependen de la Comunidad Autónoma en un 80% de media) ni, por supuesto, de la educación o de la sanidad (también dependientes del gobierno regional, en este caso en un 100%). Decir que sobran trabajadores públicos, cualquiera que sea la administración pagadora, es decir que los servicios que sostienen no son necesarios o que son excesivos, cuando es evidente que en nuestro país el gasto público social es menor que la media de los países de nuestro entorno.  

Ninguno de estos servicios que hoy están en peligro es un lujo asiático o un despilfarro; bien al contrario, son esenciales, ahora más que nunca por efecto de una crisis que ahoga a los trabajadores, parados, jóvenes, pequeños empresarios, autónomos, etc. Asistimos con desconsuelo a la destrucción sistemática de los fundamentos sobre los que se sostienen la paz y la cohesión social, de la mano de un gobierno recientemente elegido y respaldado por la mayoría absoluta de los diputados regionales.

Un apunte final para que no queden dudas: contrariamente a lo que afirma el PP, no sólo no es posible regresar al año 2007, sino que sería criminal hacerlo. Hay que romper de una vez por todas con un sistema condenado por la historia, porque de lo contrario nos hundimos. No hay más opción que raer el mal sin apagar la vida. Con el bloqueo institucional que producen las mayorías absolutas (en España y en Castilla-la Mancha) la calle parece el único camino para la esperanza.

Emilio Alvarado Pérez es portavoz de IU en el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares

Minijobs/Supermisery

Zapatero y Rajoy, de acuerdo en los esencial, conmemorando la Constitución  que forzaron meses atrás

Acaba de reconocerse que el pasado mes de agosto, Trichet y Draghi, responsables del BCE, enviaron a Zapatero una carta secreta en la que le conminaban a cambiar la Constitución e imponer salarios de hambre en España. A cambio, el  BCE se avenía a comprar deuda pública nacional en un momento en el que era atacada sin misericordia por especuladores internacionales. La misiva, pura extorsión mafiosa obra de capos, fue ocultada por el Gobierno y por Rajoy, que acabaron aceptando la primera imposición, la de reformar la Constitución en secreto, y dejaron en suspenso la segunda, la legalización de salarios de hambre en España. De nuevo, el bipartito no dudó en concertarse para alcanzar las peores causas: pisotear la Constitución y traicionar los intereses de los ciudadanos

Lo mismo le ocurrió a Berlusconi, aunque en Italia la carta de la vergüenza se filtró a la prensa y pasó a dominio público.

Los destinatarios de las cartas, Zapatero y Berlusconi, ya están amortajados políticamente. La carta, en cambio, goza de excelente salud, puesto que sus "sugerencias" se aplican en ambos países para desgracia de sus ciudadanos: en Italia, por un gobierno no elegido por el pueblo, y en España por un presidente agonizante y por su sucesor en el cargo, el señor Rajoy, aupado a tan alta responsabilidad por la mayoría absoluta de los diputados y por una legión de medios amigos.

Ha sido precisamente Rajoy, pocos días antes de ser investido Presidente del Gobierno, el que ha declarado que tal carta existe. Según nos dice, en la misiva resalta una “recomendación” por encima de las demás: los minijobs. Este término, aparentemente simpático, esconde una idea diabólica: la legalización de salarios de hambre, de 400 euros al mes como máximo, sin cotizaciones sociales ni protección de ningún tipo, para, supuestamente, rescatar al ejército de desempleados que inunda el paisaje de nuestro país. ¡Vaya con los minijobs! Deberían haberse llamado supermisery.

El único comentario que le ha merecido al señor Rajoy la sugerencia del BCE es que tal cosa le servirá de hoja de ruta, ahora que dice que hay que aplicar una nueva reforma laboral consistente en destruir lo poco que queda de legislación del trabajo en nuestro país.

Empecemos diciendo que aceptar la lógica perversa del peor fin frente al fin malo lleva a la barbarie. Otorgar libertad absoluta al lobo frente al cordero conduce a la muerte obligada del cordero, guión en el que ya estamos desde hace tres años. Y terminemos apuntando que la expresión hoja de ruta es un neologismo cargante que manifiesta en quien lo emplea poco respeto por nuestro idioma. ¡Basta ya!

Con estos gobernantes y estas mayorías absolutas se nos viene encima el Mundo Feliz. Imaginemos una masa de epsilones, sin futuro y condenados a la miseria, con trabajos infames y salarios de hambre, sirviendo a una minoría de alfas poderosos, porque en eso estamos. Este es el mundo de Rajoy, que también lo es de Draghi, del PP europeo y de Zapatero. Habrá que lobotomizar la crítica y todo atisbo de conciencia para que tal distopía se constituya pacíficamente, sin ruido ni oposición, y se imponga un destino de esclavitud generalizada. Por doquier los gobiernos decretan el orden del hormiguero, la sociedad de castas, mientras que los ciudadanos parecen dispuestos a ser felices insectos, sin conciencia ni moral. Pero aunque los gobiernos logren tal aspiración no será bastante. El capitalismo actual no se sostiene sobre masas empobrecidas incapaces de comprar un cuscurro de pan. El capitalismo de usar y tirar necesita consumidores con capacidad de compra, dispuestos a gastarse el jornal y el ahorro, comprando objetos que no necesitan y que han de sustituir a la carrera por otros aún más inservibles. No obstante, siempre cabe la posibilidad de que entremos en una fase de capitalismo de barracón, en la que la producción alcanzada se fije durante muchos años a un nivel muy inferior a la producción posible, congelando las relaciones sociales en un primitivismo dañino.

Con el señor Rajoy viene la destrucción de los derechos de los trabajadores, que llevará a la reducción drástica de los salarios como requisito de una recuperación inalcanzable por esta vía. A la vez, se deteriorarán gravemente los servicios públicos universales como la sanidad o la educación, con la excusa de que no hay dinero para sostenerlos, entregando a las grandes constructoras la gestión de las partes magras de los mismos. Finalmente, se nos impondrá un banco malo (en otro momento hablaremos de este eufemismo), para que paguemos a escote los activos dudosos de las entidades financieras, comprando la quincalla inmobiliaria que permanece enterrada en sus balances. Para este último propósito el déficit no será un problema, sea cual fuere la profundidad del agujero a tapar. Menos mal que Rajoy, un señor que es producto y muleta de un régimen en el que lleva apoltronado treinta años, prometió en la última campaña electoral el cambio y no la continuidad. ¡Vivan las caenas!

Es tal el diluvio de males, hay tantos bubones en el pellejo infectado de la economía, que no hace falta que ninguna sátira realce su maldad. Los hechos se bastan y sobran para mostrar el grado presente de abyección. Las pesadillas más absurdas de la sátira social se hacen realidad. Ya no parecen extrañas las  propuestas de un Jonathan Swift, que proponía al menesteroso que para salir de la miseria debía ceder al carnicero a algunos de sus retoños para que, bien mantecosos y regordetes, cumplimenten las buenas mesas al lado de faisanes y pichones. Otrosí, no es necesario que rescatemos las workhouses, o que en vez de dinero el trabajador reciba su jornal en vales canjeables en la tienda del patrón por tocino rancio y tintorro picado. Tampoco es menester restaurar la corvea, el derecho de pernada, el látigo del capataz, las cadenas del negrero, la kátorga o los láger. Ni siquiera nos queda el consuelo de seguir la recomendación de Thomas Malthus, cuando decía que el único remedio que tiene el pobre de salir de la necesidad extrema es no tener hijos, porque pocos se atreven a tenerlos ya, cosa que señala que la sociedad agoniza.

Emilio Alvarado Pérez es portavoz de IU en el consistorio de Azuqueca de Henares