Quieren calefacción, no que les calienten

Un policía indefenso recibe un golpe en la mano propinado por la cara de un peligroso estudiante. Obsérvese la profesionalidad del comando que asiste al estudiante agresor

Ira, asco y amargura. Eso es lo que producen las imágenes difundidas por Internet en las que vemos a grupos de antidisturbios, acorazados de pies a cabeza, pegando con saña a estudiantes adolescentes en las calles de Valencia.

A los chicos y chicas que se manifiestan en las proximidades de sus centros educativos les sobran razones para quejarse: no quieren pasar frío en las aulas y no están dispuestos a sufrir más recortes que los convertirán, infaliblemente, en carne de cañón.

Los sucesivos gobiernos del PP han convertido la Comunidad Valenciana en un foco de corrupción que avergüenza y en una sentina de deuda insondable. Esos políticos, algunos de los cuales llevan generaciones disfrutando del caciquismo más rancio, han dilapidado el patrimonio público y quieren provocar la dislocación social. Ellos y no otros son los culpables de que no haya calefacción en las aulas, de los recortes educativos y, para colmo, de las agresiones que han sufrido los estudiantes que no hacían otra cosa que defender sus derechos en la calle. Esos políticos son los que tendrían que recibir el castigo de la fuerza pública por sus continuos desmanes, y no sus víctimas. Pero no está hecha la justicia para resarcir al ofendido. El mundo al revés.

Los chicos que son apaleados por la policía defienden la educación y la cultura. Se manifiestan con la mochila al hombro, en la que llevan el bocadillo, las tareas escolares y los apuntes. Esos son sus pertrechos, a lo que se une el sentimiento de saber que tienen razón, toda la razón, y que no necesitan nada más para que la verdad y la justicia resplandezcan, incluso ante un pelotón de mamelucos acorazados. En vez de ser  distinguidos por defender el interés general, a estos chicos les llueven los golpes que les propinan unos policías sañudos cuyos sueldos pagan sus padres, algunos de los cuales votaron no hace mucho a los políticos que han ordenado las cargas. Más de un progenitor estará avergonzado estos días porque no podrá sostenerle la mirada a su hija o a su hijo golpeados por un energúmeno con casco que se esconde tras el uniforme al que deshonra.

Es evidente. Las nuevas autoridades del PP, emborrachadas de mayoría absoluta y presas de soberbia ideológica, han ordenado a la policía que reprima con brutalidad. Da igual que los agredidos sean menores de edad, estén indefensos y no hagan otra cosa que ejercer sus derechos constitucionales. Ante la conflictividad que se avecina, resultado de unas políticas salvajes que están laminando al común, creen que saldrá barato atemorizar al personal, despolitizar a la ciudadanía, aislar al discrepante y demonizar al que protesta atribuyéndole toda clase de intenciones malvadas y un par de estacazos por si acaso. Es la vieja historia de siempre: se trata de que el apaleado se convierta en culpable y el que apalea brutalmente en víctima.

Para justificar la lluvia de mamporros, los dirigentes del PP nos cuentan historias abracadabrantes de infiltrados, agitadores, conjuras judeomasónicas y fuerzas tenebrosas que aprovechan las manifestaciones con el fin de reventarlas. “No hay como hablar de algo para lograr que exista”, decía un turbio personaje del Cementerio de Praga, experto en conspiraciones. Tampoco faltará a la cita siniestra la jauría de los profesionales de la desinformación, dispuestos a cocinar el forraje propagandístico con el que tapar el delito de Estado. 

Pero ocurre que todos estos ardides ya no sirven. Los teléfonos móviles tienen cámara y los ciudadanos son reporteros de sus vivencias, como un Argos vigilante de mil ojos. Cada vez resulta más difícil colar de matute una estafa propagandística que contradice cientos de imágenes grabadas de manera anónima, por mucho empeño que pongan en el asunto los cornetas de la intoxicación. En las imágenes difundidas por Internet sólo se ven estudiantes, la mayoría de ellos menores de edad, padres y madres, periodistas y otros ciudadanos que se sumaban estupefactos a las protestas a medida que arreciaba la saña policial. De los provocadores o de los elementos sediciosos de los que nos hablan los señores del PP, ni rastro, porque la verdadera conspiración puebla los despachos y pisa moquetas. Y por si cupiera duda alguna sobre lo que pasó en Valencia, contamos con la explicación impagable que de los hechos daba su Jefe Superior de Policía, el cual, en comparecencia ante los medios, jadeante y excitado por el festival de mamporros repartidos por sus subordinados, llamó a los ciudadanos apaleados enemigos. Adjetivo muy atinado el del mando policial, de nombre Antonio Moreno, porque así fueron tratados, por orden suya y de la Delegada del Gobierno, Paula Sánchez de León, los ciudadanos que se manifestaban: a hostias, como enemigos (hostis) que son para él y sus jefes políticos.

Cuando se analiza la violencia siempre se incurre en el mismo error, por lo demás completamente interesado: el dedo acusador sólo apunta a la violencia subjetiva, que es la que distorsiona o interrumpe el orden social (tanto da si es justo o no). Pareciera que todo acaba aquí, en el acto individual, lo cual es enteramente falso, porque al lado de la violencia subjetiva hay siempre una violencia objetiva, que es la que aplica el sistema, y que se caracteriza por ser continua y gozar del amparo que proporciona la ley y sus defensores, que tienen el monopolio de la violencia legal. Los sistemas inestables o en crisis suelen aumentar las dosis de violencia objetiva que aplican sobre sus ciudadanos, lo que tiende a producir una repuesta defensiva de los ofendidos. Además, a la violencia subjetiva y a la violencia objetiva se añade una tercera, la violencia simbólica, la del lenguaje, que aprisiona en sus límites la posibilidad del pensar, del decir y del criticar. Por eso se manipula la información y se retuercen las palabras, para violentar las conciencias y dañar el pensamiento.

En la capital del Turia se han dado las tres violencias, pero por parte de las autoridades. Hubo violencia subjetiva cuando apalearon sin razón a unos ciudadanos pacíficos que ejercían sus derechos constitucionales. Además, los políticos del PP y sus aliados mediáticos practican miserablemente la violencia objetiva sobre ellos con el fin de ganarse a la opinión pública, mintiendo sobre las víctimas y difundiendo una imagen de ellas monstruosa y falaz. Finalmente, se aplicó la violencia simbólica contra los apaleados y ofendidos, en el momento en el que el jefe de la policía, acompañado por la Delegada del Gobierno, los llamó enemigos.

Violencia objetiva, subjetiva y simbólica aplicada contra menores de edad por parte de un gobierno que, con sus actos, deslegitima el sistema que dice defender: no cabe ser más antisistema.

Camps en la calle, Garzón inhabilitado, despido a la carta, salarios de miseria, más paro que nunca, economía en recesión y, por si no fuese bastante, menores agredidos por las fuerzas de orden público. Como les dejemos, los señores del PP van a acabar con todo.

Emilio Alvarado Pérez es portavoz de IU en el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares

Daños colaterales de la reforma de la Constitución

Igual camisa, igual chaqueta, igual corbata: Zapatero y Rajoy acordando la reforma de la Constitución

La reforma de la Constitución, impuesta por el BCE y secreteada entre Zapatero y Rajoy, traicionó el pacto constitucional y alumbró un nuevo orden político que carece de legitimidad.

El nuevo artículo 153 de la Constitución, en su punto 3, dispone lo siguiente: “los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones, se entenderán incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta”.

Una de las consecuencias perversas del cambio a que obliga la reforma constitucional es la modificación de la prelación de pagos de las administraciones públicas.

Antes de la infausta modificación del artículo 135, cualquier administración pública tenía como primera obligación pagar las nóminas de sus trabajadores y, en segundo lugar, la seguridad social. El resto de sus compromisos iba después.

A partir de la publicación en el BOE de la reforma constitucional, todas las administraciones deben asumir como primera obligación pagar las deudas que tengan contraídas con los bancos. Después vendrán las nóminas, la seguridad social y los pagos a proveedores. Si los recursos no alcanzan para satisfacer todas las obligaciones, la reforma de la Constitución asegura que los bancos cobren los primeros, aún a costa de los empleados públicos, de la seguridad social o de las empresas que suministran bienes y servicios a la administración.

Por voluntad de Zapatero y Rajoy, los bancos se cuelan en la fila de los acreedores y se ponen los primeros en la ventanilla, no vaya a ser que sufran retrasos molestos que no se merecen. A los demás, si sobra algo que les den. Y si no, también.

Es de una evidencia bochornosa que la reforma de la Constitución se hizo para agradar a los bancos y prestamistas internacionales. Y no menos evidente es que el bipartito que nos lleva gobernando treinta años, consintió una medida que nos daña sin tener la gallardía de explicarla sin tapujos ni engaños.

Por mucha receta charlatánica que le echen el PP y el PSOE, su decisión fue desastrosa y los males que provocará les perseguirán durante mucho tiempo.

Emilio Alvarado Pérez es portavoz de IU en el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares

Lehman Brothers: la mayor quiebra de la historia

Recreación dramática de la BBC sobre la quiebra de Lehman Brothers, desencadenante de la crisis económica que padecemos en la actualidad. Una historia que nos muestra quiénes fueron los culpables de los males presentes. 

De Guindos fue altísimo responsable de Lehman Brothers, banca de trileros que acabó en la ruina. Las decisiones de personajes como de Guindos, además de colapsar el sistema bancario mundial, destaparon un entramado financiero podrido que ha conducido al paro y a la miseria a millones de trabajadores. 

Hay pocos países en el mundo que consentirían que un personaje de esta condición pudiera convertirse en Ministro de Economía. Uno de esos países se llama España, que inventó también el género picaresco. 

Emilio Alvarado Pérez es portavoz de IU en el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares

¡Bwana, no me pegue mucho que me estropea!

¡Fuera caretas! Rajoy no es el presidente del gobierno de España, como tampoco lo era Zapatero. Todo lo más, Rajoy es el ordenanza de los que tienen mando en plaza, que son Trichet, Draghi y Merkel, a los cuales, por cierto, les importa un pepino el futuro de España, de los españoles y de su gobierno. O puede que no, porque quizás los que gobiernan Europa tienen especial interés en que nuestro país zozobre, para que lo reflote a precio de risa un fondo domiciliado en Macao. Así, el triunvirato y sus amigos se tostarán en lo que un día fueron nuestras playas, mientras que un ejército de camareros nativos, con salarios de miseria, les sirven sangría y tapas variadas. Unos y otros, gerifaltes y recaderos, juntos todos, quieren que concluyamos en una suerte de Cabaña del Tío Tom a escala nacional, desde la Estaca de Bares al Cabo de Gata, desde Punta Tarifa hasta el Cabo de Creus, y desde La Mola hasta Punta Orchilla. En su plan de estabularnos, el BCE y Berlín cuentan ahora, como antes, con la colaboración de nuestro gobierno que, con cada acto, comete traición y se cisca en los ciudadanos, incluidos sus votantes. Vergonzoso.

Hoy gobierna Rajoy; ayer, Zapatero. Cuando Zapatero gobernaba, era juzgado por la opinión pública; ahora que Rajoy es Presidente, corresponde juzgarlo también, aplicándole el mismo rasero que él utilizó con  sus adversarios. Sería injusto obrar de otro modo.

Empecemos diciendo que el principal propósito de Rajoy (a pesar de los silencios, ambigüedades, mentiras y demás brumas de su discurso) es transparente como el agua del arroyo: acatar al pie de la letra lo que dispongan Trichet, Draghi, Merkel y demás amigos de los españoles. En esto no se diferencia de Zapatero al que, no lo olvidemos, Rajoy zahería porque dejaba que otros gobernaran en su nombre. Si Zapatero era un pocacosa, Rajoy, en justa correspondencia, corre veloz a convertirse en un pisahormigas, que es cualidad un punto menor que la primera y muy a propósito para destartalar una sociedad desde dentro por orden de la autoridad verdadera. Dígase alto y claro: el programa de gobierno de Rajoy se resume en que doblemos la cerviz, que es poner el país a la altura del alquitrán, porque otros lo mandan, y no la sarta de embustes con que se presentó a las elecciones de noviembre. Expresado con laconismo, que es el modo de referir más adecuado en tiempos de penuria, con Rajoy tenemos más de lo anterior, elevación a la potencia de la medianía y la traición.

De los dos primeros amigos de los españoles y oráculos de nuestro gobierno, Trichet y Draghi, sabemos sus intenciones, porque las pusieron por escrito en una carta-ultimátum que Zapatero y Rajoy esconden ridículamente en algún cajón secreto, pero que es de dominio público desde que la publicó el Corriere Della Sera el pasado 29 de septiembre. En la misiva, puro diktat mafioso, plan oculto para gobiernos pusilánimes, se ordenaba a Zapatero gobernar por decreto, facilitar el despido, destruir los convenios colectivos, bajar los salarios, reducir las pensiones y recortar la nómina de los empleados públicos. Zapatero se sorprendió al leer la carta, porque su estilo cortante y desabrido desentonaba con la ejecutoria de un gobierno, el suyo, que ya  había reducido salarios y pensiones, y que había recortado derechos sociales y laborales de manera nunca antes vista. El Presidente creía haber saciado a la fiera al haber convertido nuestro país en un vulgar dominio de Alemania, sin percatarse de que lo que alimenta la fiereza es la abundancia de sangre y no al revés. Alarmado por la lectura de la carta, llamó a Rajoy y ambos secretearon acatar al ciento las órdenes de Trichet y Draghi. Por ese motivo, Zapatero y Rajoy, cogidos de la mano, reformaron en agosto la Constitución, principalmente para agradar a los amos de Europa y a los especuladores internacionales. Ese día dejaron de ser presidente y presidenciable, al convertirse en botones de un superior que ni siquiera les proporcionó la librea y la gorrilla de rigor con la que ser identificados por el ciudadano medio. Mientras se mantuvo en el cargo, Zapatero prestó grandes servicios al dúo Trichet y Draghi, lo que condujo al hundimiento del PSOE y al empobrecimiento de los españoles. Ahora que es Rajoy el que le sucede, la pleitesía, al igual que la desesperación del común, cotizan al alza. El señor Rajoy , con un entusiasmo patético, ha seguido acatando lo que ordenaban Draghi y Trichet. Primero de todo, lo de gobernar a golpe de ukázs. Sobre esto, por ahora, ya contamos con dos fechas para el recuerdo: el 30 de diciembre de 2011 y el 10 de febrero del corriente. Después, el señor Rajoy cumplió lo de congelar los salarios públicos, poner los fundamentos para mandar al paro a miles de trabajadores de la administración pública y subir los impuestos. Y ahora nos viene con lo de abaratar el despido, reducir los salarios de los trabajadores del sector privado, tratar a los parados como delincuentes y desampararlos a todos ante el imperio de la patronal. ¡Cuánta aplicación y diligencia cuando la ocasión lo merece!

Y qué decir de frau Merkel, la tercera del triunvirato y espejo de virtudes según Rajoy, señora cuyo principal interés es proteger a los bancos alemanes y lograr que la economía alemana exporte tanto como pueda a una Unión Eropea cada vez más desindustrializada. Y si la UE ya no compra porque los salarios no lo permiten, vender a China o la India, países en expansión, o producir en ellos a precio de ganga para vender a los demás. ¡Vaya percal!

Lo sabemos desde hace muchos años. Cuando una institución o un gobierno poderoso exigen el ajuste de un tercero más débil (antes eran EEUU y el FMI en América latina o el sudeste Asiático, ahora son Alemania y el BCE en España, Italia, Grecia, Irlanda o Portugal), lo único que interesa es asegurarse el cobro de la deuda, aunque el deudor muera en el intento de saldarla. Como recuerda el Nobel de Economía, Joseph E. Stiglitz, durante la crisis de Asia Oriental, a Tailandia se le exigió recortar brutalmente su presupuesto sanitario a sabiendas de que con ello aumentarían los casos de SIDA, cosa que así ocurrió. A Indonesia le aplicaron igual receta, lo que llevó a suprimir la escasa ayuda alimentaria que recibían los hambrientos, con lo que el hambre se extendió aún más entre sus menesterosos. Y a Pakistán esta imposición le llevó a suprimir las ayudas en educación, lo que empujó a muchos progenitores a enviar a sus hijos a las madrasas, templos de adoctrinamiento fundamentalista para la yihad global. Olvidando las enseñanzas de la historia más reciente, ahora se aplica igual correctivo a Grecia, Italia, Portugal, España e Irlanda, porque hay una verdad universal, que predica Merkel y su Ministro de Economía, que no admite réplica en una Europa desarbolada, sin memoria y gobernada por la derecha: primero se pagan las deudas, aunque para ello haya que vender a precio de cascote las piedras del Partenón, del acueducto de Segovia o de la Torre de Pisa.

Y en este punto nos encontramos: el del derribo por orden de la autoridad competente de lo poco que quedaba del derecho laboral español. Por decreto del gobierno de Rajoy se han retirado los puntales sobre los que se sostenían nuestras relaciones laborales y que salvaguardaban, en la economía legal, una mínimas condiciones salariales y de horario para los trabajadores de un mismo sector. Ya lo dijo el Ministro de Guindos cuando tuvo que sintetizar en una palabra el significado de la reforma: agresiva. No le quitemos la razón al señor Ministro ahora que le asiste, porque el decreto de su gobierno contiene todos los aspectos y matices de la agresividad: violencia (ejercida indirectamente), ofensa (los de siempre pagan los errores ajenos), provocación (si alguien ha cumplido con sus obligaciones en estos años de crisis han sido los trabajadores) y ataque (los trabajadores trabajarán mucho más por un salario mucho menor, y todo para vivir con menos dignidad). No cabe mayor afrenta.

Cada día que pasa nos acercamos más al despido libre, universal y gratuito, a que desparezcan los convenios colectivos y a que los salarios de los trabajadores se aproximen a un mínimo interprofesional que no alcanza ni para pipas. En términos clásicos, que además son los más castizos, a esto se le llama explotación, que es exprimir al trabajador hasta que, seco y sin zumo, se le arroja al arroyo para sustituirlo por otro joven y fresco que, a no tardar, también acabará desahuciado en el albañal. Al zumo extraído se le llama plusvalía. Y al antagonismo y a la relación desigual entre explotador y explotado, lucha de clases. Regresamos a los tiempos en los que volverá a decirse aquello que el esclavo negro suplicaba al capataz: “Bwana, no me pegue mucho que me estropea”.

En una economía con una enorme capacidad de trabajo sin emplear, la reforma laboral del gobierno del PP, la número 52 de nuestra historia reciente, producirá efectos devastadores sobre los asalariados y sus derechos. Lo que antes era delito ahora se normaliza; los padres serán despedidos y sustituidos por sus hijos a precio de saldo, y estos últimos, a su vez, rotarán en la economía como peonzas, sin posibilidad de construir un itinerario estable para sus vidas privadas, lo cual tendrá efectos demoledores en nuestra demografía; finalmente, todos vivirán paralizados por el miedo mientras trabajen por sueldos de miseria y las deudas privadas anulen su libertad.

La sociedad que se está constituyendo mediante el uso indiscriminado de la violencia económica produce asco. Es injusta e inviable. Daña a las víctimas y envilece a los pocos privilegiados a los que recompensa. Cada día cuesta más mirar a nuestros hijos a la cara sin mostrar una profunda pena, pensando en lo que les aguarda: vivir en una sociedad emasculada que olvió el significado de la palabra justicia.

Emilio Alvarado Pérez es portavoz de IU en el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares

Consecuencias ideológicas de la crisis

Una de las consecuencias más inmediatas de la crisis económica y del descontento generalizado hacia la clase política es el resurgimiento de la ideología fascista. Es preocupante la cantidad de organizaciones neofascistas que han surgido últimamente, y aún más que a partir de las elecciones municipales de mayo de 2011, ciertas de ellas tengan representación en consistorios muy importantes, como por ejemplo el de Alcalá de Henares en Madrid.

Una mirada al pasado nos hace comprender los motivos que permitieron la aparición de Hitler y su diabólica doctrina en la Europa de los años 20 del siglo pasado y que no fueron otros que la crisis económica, social, moral y política de una nación escindida y derrotada, factores todos ello amplificados por la Gran Depresión del 29.

La situación actual en Europa se aproxima a la de aquellos años nefandos. Crisis, paro, pobreza, desaparición de derechos sociales, deterioro grave de los servicios públicos, descrédito de la política tradicional, ausencia de ideologías alternativas, corrupción, manipulación y mentira son realidades que nos acompañan a diario desde hace demasiado tiempo, provocando una erosión de la ética individual y colectiva muy profunda.

En nuestro país, las políticas de ajuste del PSOE y los reajustes del PP (en definitiva, más recortes sociales, disminución de salarios y pérdida de derechos) no han producido los efectos deseados por quienes las han propuesto. Muy al contrario, han traído más desigualdad y pobreza, ahondando el descontento y el miedo de la mayoría de la población. El cansancio de los ciudadanos es palpable, y la irritación hacia el sistema se extiende como el aceite. Los lazos de la sociedad, tal y como los veníamos conociendo, se rompen y el populismo fascista puede recoger los frutos de una situación tan inestable.

Crisis económica

El Crac del 29 fue el resultado de la devastadora caída de la Bolsa de Nueva York provocada por una bajada repentina en el precio de las acciones, tras un lustro de subidas desenfrenadas que habían permitido amasar grandes fortunas en un corto espacio de tiempo. Los inversores no sólo destinaban sus ahorros y ganancias a aumentar la espiral bursátil, sino que se impuso la compra de títulos a crédito en la presunción falsa de que los beneficios de las acciones no caerían jamás.

Las semejanzas con la situación actual son evidentes, lo cual no es de extrañar porque los episodios especulativos, en el fondo, se rigen por las mismas reglas: avaricia, locura colectiva, movimientos de rebaño, incentivos hacia actividades sin futuro y mentiras asumidas mayoritariamente. La crisis presente, que comenzó siendo de las finanzas y que ha pasado a ser económica, política y social, fue provocada por un sistema financiero que impulsó el crédito temerario sobre el aval falso de unos inmuebles y unos solares que, se nos juraba, siempre subían de precio. Como cualquier burbuja, la de los inmuebles estalló, dejando un socavón en la economía de proporciones bíblicas que está llevándose por delante al Estado del Bienestar.

Crisis social

Tras la I Guerra Mundial, Alemania había aceptado la responsabilidad de la misma, lo que le obligaba a soportar una elevada deuda para con el resto de países vencedores. Durante los años anteriores a la crisis, Hitler había predicho su llegada y mientras los bancos quebraban y millones de alemanes perdían su empleo, Hitler vio la oportunidad de difundir el discurso del resentimiento, que prosperó en una nación derrotada, humillada y sin principios.

De nuevo, las semejanzas entre la Alemania posterior a la Gran Guerra y la de la España actual son muy acusadas. Cuando España entró en la Comunidad Europea y en la OTAN, en la década de los 80, el gobierno de Felipe González se encargó de desmantelar la industria nacional (siderurgia, naval, etc…) por exigencia del guión comunitario. La mal llamada reconversión industrial (que, en realidad, nos dejó sin industria) sumió al país en una crisis social de la que no nos hemos recuperado casi treinta años después, porque ha provocado que arrastremos una elevada tasa de paro que, por su magnitud inasumible, lastra la economía. No podemos obviar que fueron los gobiernos de Felipe González los que provocaron las mayores huelgas generales que recuerda este país, tanto en 1988 (reconversión industrial, abaratamiento del despido y contratos eventuales para jóvenes) como en 1994 (recortes de prestaciones por desempleo, contratos con salarios bajos y sin derechos para los jóvenes e intensificación de la movilidad geográfica del factor trabajo, entre otras medidas). Las medidas adoptadas por los gobiernos de Felipe González, lejos de mejorar la tasa de paro, provocaron su aumento y consolidación. Con la llegada de Aznar al poder, la tasa de paro descendió (aunque nunca por debajo de la tasa europea) y el poder adquisitivo de los trabajadores se redujo un 4% debido al crecimiento del empleo en sectores poco productivos (construcción, hostelería, …) y con salarios bajos. Pero los fundamentos de esta reducción del paro, a falta de un sector industrial fuerte, provocaron el colapso actual. Los gobiernos del PP fiaron todo el crecimiento a la carta de engordar la especulación inmobiliaria. El PP cebó la bomba que el Presidente Zapatero continuó alimentando hasta que en 2008-2009 nos estalló en la cara. Como bien sabemos, el tinglado inmobiliario se vino abajo, entramos en recesión, los bancos sobrevivieron porque fueron socorridos con torrentes de dinero público y tenemos más de cinco millones de parados, la cifra más alta de la historia, que es imposible absorber aunque el PIB crezca en el futuro con fuerza, porque la economía española no tiene tejido suficiente para hacerlo. O le damos la vuelta al país o estaremos condenados a sufrir durante varias generaciones las consecuencias de una sociedad fracturada.

Crisis política

La crisis política de la Alemania anterior al nazismo es consecuencia de la crisis social en la que se sumió el país y que permitió que el discurso racista fuera acatado por la mayoría de los ciudadanos alemanes, tanto por convicción como por el miedo y la violencia. De nuevo se evidencian paralelismos con la situación actual.

Para empezar, la negación por parte del gobierno de Zapatero de la crisis; después, la ejecución de medidas ineficaces y del neoliberalismo, que alcanzaron el cenit con la constitucionalización de tal ideología en el nuevo artículo 135. Esta última decisión, hija del bipartito, hipoteca el gasto del país que se subordina al pago de una deuda pública mantenida con especuladores y banqueros. Tal decisión, que pone a las claras quién gobierna el mundo, nos hunde en una crisis política y social que se ve acentuada por la creciente sensación de lejanía entre ciudadanos y clase política. A pesar de que los hechos las desmienten a diario, se siguen ejecutando las políticas neoliberales que nos han hundido en la crisis, por presión de lobbys financieros representados por las agencias de calificación y por la complicidad de unos gobiernos más ocupados en defender los intereses de la banca que los de los ciudadanos. En este caldo de cultivo de desafección y de desmoralización pueden prosperar ideas neofascistas que basan su discurso en un racismo contra la inmigración y en un lema tan peligroso como “los españoles primero”.

Debemos tener memoria y recordar el pasado para no volver a transitar el sombrío camino del fascismo, denunciando a quienes se creen en posesión de una verdad distorsionada que ha sugestionado al individuo, hasta el extremo de asumir como propia una crisis que no provocó. A pesar de todo, el futuro sigue estando en nuestras manos. Ha quedado demostrado por los más de 5'2 millones de parados que las medidas de ajuste y de reajuste del gasto, así como los recortes sociales indiscriminados son dañinos e inútiles. Hay una alternativa al PP y al PSOE, y no es el fascismo, cuyo único propósito es conducirnos a la tiranía y la muerte. No somos comparsas en esta crisis. No debemos consentir que nuestro pensamiento sea envenenado por la maldad de los que afirman que la culpa de la crisis la tienen precisamente quienes más la sufren, alentando un discurso que sólo demuestra la enfermedad moral de quien lo utiliza. Debemos parar al fascismo cotidiano que se nos cuela en tertulias, frases hechas, lugares comunes, comentarios de taberna y demás foros del descontento o del desahogo irreflexivo. De lo contrario, los paralelismos con épocas pasadas serán cada vez más claros y repetiremos una historia que nos llevó a la catástrofe absoluta.

Miguel Ángel Márquez Sánchez es militante de Izquierda Unida de Azuqueca de Henares

Los que sobran de verdad

Unos pocos han declarado la guerra a casi todos, utilizando como pretexto la crisis. A la minoría que malversa el poder (financiero, mediático y político) le sobran los trabajadores y sus derechos, los enfermos, los parados, los ancianos, los jóvenes, los niños, los consumidores, los pensionistas, los discrepantes, los que quieren ganarse honradamente la vida, los gordos, los flacos, los altos, los bajos, las mujeres, los hombres, los vivos y hasta los muertos.

La élite en el poder pretende convertirse en casta, y por eso también le sobran la civilización, los buenos sentimientos, el amor al prójimo, los derechos, la igualdad, la justicia, el afán de mejora, todo atisbo de humanidad.

Esta minoría quieren echarnos de la sociedad, estabularnos como al ganado, llevarnos a la porqueriza, achantar nuestra conciencia, echarnos a perder. Ya ni siquiera se molesta en disfrazar con retóricas la brutalidad de sus intenciones. Lo quiere todo raso y limpio. Desengañémonos: no contamos para ella.

Para convertirse en casta, la élite en el poder emplea tres armas tan poderosas como viejas: el dinero, la propaganda y las leyes. El dinero para dominar y comprar voluntades, la propaganda para difundir masivamente la mentira y las leyes para imponer lo que no se acata por las buenas. Para impedir este proyecto monstruoso hay que combatirles en sus guaridas. El poder que detentan debe volver a su único y legítimo dueño: el pueblo.

Algunos dirán que ha sido el pueblo el que ha aceptado tal estado de cosas y que hay que resignarse mientras siga consintiendo. A esos debemos decirles que los discrepantes, los que callan y los que no tienen voz, que también son pueblo, son siempre más que los que hablan a favor, y que un pueblo sometido por el miedo y la mentira no es libre ni juicioso.

Hasta ahora el 99% se va dejando conducir mansamente al cadalso por el 1%. ¿Cuándo cambiarán las tornas?

Emilio Alvarado Pérez es Portavoz de IU en el Ayuntamiento de  Azuqueca de Henares

Consejo de guerra a Garzón

Ya lo consiguieron: sentar a Garzón en el banquillo

Si algo tiene Garzón son enemigos. Y si en algo coinciden sus enemigos es en odiarle. Los que le desean el mal, que son legión, componen un guisote de argumentos contra él mezclando siempre tres ingredientes, a saber: que si Garzón es así o asá, que si es un chapucero en la instrucción de sus casos y que, como juez, actúa ilegalmente a sabiendas. Juntos todos, los ingredientes nos dan un comistrajo de sabor repugnante, reflejo de la monstruosidad del personaje que hay que destruir. Este puchero se sirve a diario, acompañado de tintorro y de un chusco de pan, por una buena parte de los medios de desinformación de nuestro país,  como alimento de una opinión pública muy apoltronada en el bostezo y la indiferencia.

El guiso, administrado en raciones muy abundantes, ha conseguido lo esencial: dar por bueno lo aberrante, que es que los delincuentes sienten en el banquillo a quien los investiga, con la ayuda impagable de unos jueces y magistrados que odian a Garzón. Lo que no consiguieron terroristas, mafiosos y narcotraficantes durante años de ejercicio del juez Garzón, lo han logrado un puñadito de jueces y magistrados sin escrúpulos que, además, ocupan el vértice de la judicatura, que es uno de los poderes del Estado.

Sabemos que llegados a un punto, el sueño de cualquier condenado o sospechoso sentado en el banquillo por el juez Garzón es retirarle de la vida judicial y, si se tercia, de la existencia misma. Cuando un juez no está dispuesto a transigir con el criminal y el criminal se cree suficientemente poderoso para burlar su destino, caben dos opciones: o se inhabilita al juez o se inhabilita su espinazo. Esta es la fase “procesal” en la que ahora estamos.

Conviene descomponer el guisote cocinado por los enemigos del juez Garzón en sus elementos simples y saber qué se esconde detrás de los grumos. Una sociedad flatulenta ni piensa ni hace la digestión en condiciones. Pongámonos al asunto.

Como ser humano, el juez Garzón tiene sus defectos, al igual que cualquier mortal. Pero las imperfecciones no son delitos y no cabe que nadie, tampoco él, sea juzgado penalmente por tal motivo. Importa un comino si Garzón es vanidoso o no, si cree en esto o en aquello, si aspira a tal o cual cosa o si se peina con raya o tupé. En un tribunal penal no se juzga una personalidad o un modo de ser, sino hechos constitutivos de delito. Concluyamos que sobre esta endeblez no hay causa penal, sólo bilis y espumarajos.

Por otra parte, Garzón puede haberse equivocado en la instrucción de algún asunto o haber aplicado doctrinas discutibles en determinadas circunstancias (aunque ambas cuestiones habrá que demostrarlas, cosa no fácil por cierto), pero sobre este particular tampoco hay caso. Las interpretaciones judiciales fundadas en doctrina y jurisprudencia no sólo no son censurables sino que enriquecen el derecho, amplían su esfera y perfeccionan su aplicación. Como es bien sabido, la interpretatio es, en numerosas ocasiones, el único modo de administrar recta justicia. En consecuencia, tampoco aquí cabe rebuscar motivos para sentar a nadie en el banquillo. Dicho en frase corta, nulidades justificadas sí, prevaricaciones injustificables no.

Desechados los dos primeros ingredientes, queda el meramente delictivo, el de que Garzón es un prevaricador de tomo y lomo.

Empecemos por la trama de la Gürtel y las supuestas escuchas ilegales ordenadas por Garzón, asunto sobre el que los fiscales se han pronunciado con contundencia. Principiemos diciendo que la ley que regula tan vidrioso tema es ambigua, al establecer que la intervención de las comunicaciones podrá efectuarse “por orden de la autoridad y en los supuestos de terrorismo”. De la lectura del precepto cabe inferir racionalmente dos interpretaciones: o la conjunción sugiere alternancia o acumulación. En el primer caso, el supuesto de terrorismo no es excluyente. En el segundo, en cambio, sí. Sentado lo anterior, no cabe inferir que cualquiera de estas interpretaciones sea prevaricadora; todo lo más, objeto de nulidad. Por si no bastara con lo anterior, hay que recordar que las escuchas se ordenaron no para espiar la actividad profesional de los abogados en relación con sus clientes, sino porque había indicios abrumadores de que algunos de los abogados eran parte del entramado criminal de la Gürtel. Dicho de otro modo, Garzón no mandó interceptar la comunicación de un abogado con su representado, sino la de un posible delincuente, que es abogado, con un malhechor que, además, es cliente, compinche y jefe de fechorías. Lo sabemos por las películas de cine negro. Todo Al Capone precisa de un contable, un banquero y un abogado que, formando parte de un tinglado delictivo, ocultan el dinero fruto del crimen, lo blanquean para que sea disfrutado y defienden al capo cuando es sorprendido con la pistola humeante en sus manos. En un caso así, el contable, el banquero y el abogado no son honrados ciudadanos que ejercen su profesión como mejor saben, sino que son asalariados de una maquinaria delictiva que los necesita como el comer. Vigilarlos no sólo es una obligación legal sino una cuestión de sentido común. En cambio, tratarlos como lo que no son, además de ilegalidad, es estupidez imperdonable o prevaricación incluso. Pero si con todo lo dicho no fuese suficiente, en casos idénticos que nada tienen que ver con el terrorismo (asesinato y ocultación de cadáver en el caso de Marta del Castillo y narcotráfico en el caso de Pablo Vioque) se ha obrado del mismo modo, interviniendo comunicaciones entre abogado y cliente, sin que tal cosa haya llevado a  acusar de prevaricadores a los jueces que ordenaron las escuchas. Clama al cielo que los mismos que gritan como vírgenes ofendidas en el caso de las escuchas de la Gürtel, defienden que a los acusados del asesinato de Marta del Castillo hay que pincharles el teléfono y enterrarlos en cal viva. Ítem más: en el caso de la Gürtel, otro juez, Antonio Pedreira, prorrogó las escuchas ordenadas por Garzón y nadie le acusa de nada, quizás porque no se llama Garzón (aunque todo se andará). En definitiva, ni el tenor de la ley, ni las motivaciones, ni los antecedentes judiciales permiten, a no ser que se retuerza el sentido de la legislación y los principios de la justicia, que se acuse de prevaricador por este asunto al juez Garzón.

Pero no sólo la trama Gürtel y aledaños quieren retirar permanentemente de la circulación a un juez molesto. Lo más granado del fascismo patrio, investigado por Garzón por los crímenes de la dictadura, busca lo mismo. La acusación esgrimida por los abogados de la ultraderecha es idéntica a la de la Gürtel: prevaricación, aunque el motivo sea distinto. Aquí no hay escuchas ilegales que reprochar, sino la asunción supuestamente errónea e interesada por parte del juez de la competencia para investigar unos crímenes que, en versión de quienes los amparan, quedaron tapados por la Ley de Amnistía y prescritos por el tiempo. Empecemos diciendo que se antoja humillante que los herederos de un sistema criminal e ilegal nos den lecciones sobre la importancia de respetar las leyes. Pero raya lo delictivo que esta ponzoña sirva, disfrazada con andrajos de legalidad por la pluma de un juez, Luciano Varela, para destruir la reputación y la carrera de quien se encomienda a la tarea de investigar judicialmente lo que, por dejadez, miedo o inmoralidad, nadie se atrevió antes. El carácter chusco de la acusación contra Garzón en este caso es absoluto. El juez instructor, Luciano Varela, admite unos escritos chapuceros y vengativos contra Garzón redactados por Falange y el grupo ultraderechista Manos Limpias, los cuales ayuda a mejorar (convirtiéndose en ese momento en juez y parte, juzgador y acusador a la vez), en virtud de los cuales se suspende cautelarmente, y en contra del criterio de los fiscales, a Garzón, lo que le conduce al banquillo de los acusados. Si en la trama Gürtel los más que presuntos demuestran algo de refinamiento en sus estrategias, en el juicio contra los crímenes del franquismo la involución jurídica de los acusadores es total. Eso sin entrar en que los crímenes contra la humanidad no prescriben ni pueden ser indultados, que en el mundo civilizado se impone la idea de que hay que instituir una jurisdicción universal para perseguirlos y que nuestra Carta Magna, que no menciona la ley de amnistía, sí en cambio advierte en el artículo 10.2 que “las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades fundamentales que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con las Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España”, a lo que se suma lo recogido en los artículos 23.4, letra h, de la LOPJ y en el artículo 607 bis de nuestro Código Penal, sin contar con los tratados ratificados por España sobre tales cuestiones que forman parte ya de nuestra legislación interna. Si en el caso Gürtel la inquina contra Garzón se sirve rebajada y fría, en el de los crímenes del franquismo se administra pura y caliente en vaso turbio.

Recapitulemos. El colmo de la hipocresía judicial es intentar revestir una causa injusta con el ropaje de la legalidad. Es de cobardes tapar la summa iniuria bajo montañas de legajos y de sofismas leguleyos. Si se quiere llevar al paredón judicial a Baltasar Garzón que se diga alto y claro. Que los jueces dispuestos a administrarle la cicuta se dejen de puñetas, se quiten las puñetas y le hagan la puñeta a la luz del día, sin ocultamiento, si es que se atreven a afrontar la responsabilidad penal de sus actos. Y que nadie olvide que los jueces que pretenden escarmentar a Garzón pueden ser acusados de prevaricación dolosa por sentencia injusta. Prevaricación porque si no hay delito no pueden dictar pena, y dolo porque los jueces juzgadores, que le tienen gato a Garzón, manifiestan con anticipación plena voluntad y regocijo por pronunciar una sentencia injusta y dañina contra su persona.

Como señala muy acertadamente Luis García Montero, el juicio contra Garzón es nuestro caso Dreyfus. Al sentar en el banquillo a Garzón no se juzga a un hombre, sino que se busca condenar a quien se atreve a tocar a los intocables (a los corruptos del PP y a los herederos del fascismo) acostumbrados todos a la impunidad, el desahogo y el disfrute genético del poder. El juicio contra Garzón no es sobre actos pasados y personales, sino sobre actos futuros y colectivos que denuncian las miserias de un sistema político cada vez más frágil, que se sostiene sobre el silencio y la mentira. El escarmiento que se quiere administrar al juez Garzón es una advertencia para aquellos que pretendan tomar el camino equivocado: el de revisar una historia escrita por los vencedores y su legado fallido. Por eso, este juicio, allende nuestras fronteras, es un escándalo incomprensible.

Recapacitemos: el trabajo de Garzón consiste en hacerse enemigos, que lo son porque previamente son enemigos de la sociedad y de las leyes, no al revés. Para eso pagamos a Garzón, para que engrose la lista de sus enemigos persiguiendo el delito y protegiendo la legalidad. Por el mismo motivo debemos defenderlo de la sed de venganza de sus enemigos y de la jauría mediática que los aclama.

País enfermo es aquel en el que exigir justicia es un crimen.

Emilio Alvarado Pérez es portavoz del Grupo Municipal de IU

Vuelva usted mañana, señor Rosell

Rosell, patrón de patronos

Antes de terminar 2011, año que en gloria esté, el presidente de la patronal española, Juan Rosell Lastortras, patrón de patronos, volvió a armar la tremolina al apuntar con sus dardos ponzoñosos a los funcionarios públicos de este país, por si este cuerpo, que ya parece un mártir moribundo atado a la columna, no hubiera sido aseteado suficientemente en el último trienio.

Con tono retumbante y sintiéndose respaldado por el triunfo del Partido Popular, el señor Rosell Lastortras se atrevió a afirmar que “sobran funcionarios en España y que hay que poder despedirlos igual que a los trabajadores de la empresa privada”. Tal idea, que habría que tomar como amenaza fundada, es poco original si tenemos en cuenta la trayectoria de su autor. El jefe de la patronal sabe que la mejor idea es aquella que se fija a la conciencia como lapa, al margen de su consistencia. Por eso insiste en denigrar a la administración pública, haciéndola responsable de males y ruinas, lo cual no obsta para que, al mismo tiempo, exija de la administración que previamente ha arrastrado por el barro toda clase de ayudas y exenciones favorables a sus intereses.

Pero volvamos al caso que nos ocupa: la ofensiva contra la administración pública emprendida por la patronal. El pasado 14 de diciembre, el señor Rosell presentó sendos informes sobre la eficiencia del sector público y el traspaso de competencias, en los que apuntaba las intenciones de la CEOE al respecto, a saber: acostumbrarnos a que el sector público funcione como el privado o, lo que es lo mismo, privatizar el sector público usando la malicia de que sobran funcionarios, a lo que habría que añadir la especie, para reforzar la premisa anterior, que sostiene que la mayoría de los funcionarios son unos vagos. Burdo y manido discurso el del patrón de patronos que, desgraciadamente, cala en una sociedad instalada en el prejuicio de que la administración es sinónimo de indolencia, recomendación, cohecho, favoritismo y espíritu poltrón. Por cierto: ¿cuándo admitirá la CEOE, tan partidaria de flexibilidades, el despido libre y la censura de empresarios ineptos, corruptos, explotadores o defraudadores?

Los datos sobre la dimensión de la función pública ofrecidos por la patronal difieren mucho de los que presentan los sindicatos. Si atendemos a los segundos, más ajustados a la realidad puesto que el sector público español es de reciente factura, el porcentaje de personas que trabajan en él es inferior al 10%, uno de los más bajos de la Unión Europea, con una media que se sitúa en torno al 16%. En países europeos con economías más competitivas, ese porcentaje es aún mayor. Tales son los casos de Dinamarca con un 26%, de Suecia con un 22% o de Finlandia con un 19%. Queda claro con estas cifras que la patronal no tiene ningún empacho en falsear la realidad con tal de contribuir a la larga lista de recortes suicidas propuesta por el Partido Popular. Todo vale, singularmente mentir, para mantener con vida un sistema al que le sobran las personas y le repugnan las verdades.

En España no hay exceso de funcionarios sino de defraudadores que, ocultos bajo los nombres de grandes empresas y corporaciones financieras, siguen especulando a diario en los mercados. El colectivo de Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) estima que la evasión fiscal de las grandes fortunas, corporaciones empresariales y grandes empresas alcanzó en el año 2010 la cifra de 42.711 millones de euros, correspondiendo la mayor porción del fraude, el 72%, a las grandes empresas. El montante del delito es tal que lo defraudado permitiría pagar con creces los salarios de los más de tres millones de empleados públicos. Entonces, quién sobra aquí.

Es evidente, pues, que el señor Rosell y el gobierno del PP no proponen reducir el número de funcionarios y recortar el gasto en educación, en sanidad, en pensiones o en servicios sociales porque haya habido un despilfarro en el sector público, como quieren hacernos ver. La verdadera razón es situar en el punto de mira al déficit público y no a la deuda privada y al fraude de las grandes fortunas, que son los cánceres de la economía nacional. Mientras se persista en esta imagen falsa, serán los ciudadanos los que, confiscados sus derechos y rentas, paguen la crisis provocada por especuladores, gentes sin escrúpulos y demás ralea. Dicho de otra manera, los empresarios y el PP plantean que la salida de la crisis exige que los de abajo regalen porciones de su renta, de su tiempo y de su trabajo a los de arriba, practicando una transfusión de vida de los más a los menos, de los pobres a los ricos, en un ejemplo de justicia a la inversa. De ahí el interés de convertir la deuda privada en deuda pública, crear un “banco malo”, subir los impuestos a los asalariados, empeorar las relaciones laborales, privatizar, reducir los salarios, y suma y sigue mientras aguante el respetable.

La supervivencia del sistema exige, además, deteriorar un grado más la mala imagen que ya tienen los trabajadores de la administración pública y los servicios públicos en general. Si el número de funcionarios y el gasto social en España son unos de los más bajos de la Unión Europea, dónde está el despilfarro público.

Si a las declaraciones del señor Rosell Lastortras contra la función pública añadimos el contenido del nuevo decretazo que ha dado a conocer el gobierno del Partido Popular, no hay duda de que nos enfrentamos a una agresión muy grave contra los derechos sociales y la paz social.

El decreto del nuevo gobierno no tiene desperdicio. Los asalariados, públicos o privados, sufrirán una reducción en sus rentas debido a la subida del IRPF. A los trabajadores públicos se les amenaza con una nueva bajada de sus nóminas que oscilará entre 2 y 5 puntos, lo que, unido a la subida del IRPF, puede llevar a una reducción media de sus salarios del 6’6%. Por si no fuese bastante con este recorte de rentas, a los trabajadores públicos se les sube la jornada de trabajo semanal en 2’5 horas (la excusa perfecta para despedir a miles de interinos). De postre, en la administración pública no se cubrirán las bajas por enfermedad y no se repondrán las jubilaciones. En resumen, mano dura contra los trabajadores y la administración, ejemplo de flojera y pereza.

Sin embargo, los redactores del decreto se olvidan de los protagonistas del desastre económico que dicen combatir, a saber, las grandes fortunas, los ricos, los grandes empresarios, los banqueros, los defraudadores y la economía sumergida. Por supuesto, los que tributan a través del irrisorio Impuesto de Sociedades y de los chiringuitos financieros como las SICAV, siguen sin despeinarse. Además, no se ha restaurado el Impuesto sobre el Patrimonio que con tanta “generosidad” suprimió el PSOE, como tampoco se ha creado un impuesto sobre las transacciones financieras billonarias a corto (reivindicación histórica de Izquierda Unida) que son el combustible de la especulación mundial.

Ahondar en las políticas antisociales ya iniciadas por el anterior gobierno del PSOE es la fórmula por la que ha optado la patronal y el nuevo gobierno de la nación. Pero dicho esto, que nadie se lamente, porque la mayoría de los ciudadanos votantes ha decidido en las urnas que se ejecuten estas políticas antisociales e injustas. Ahora toca que cada ciudadano asuma su parte de responsabilidad en lo ocurrido. Es el pueblo votante el que ha decidido que sean los asalariados, los desempleados, los pensionistas, las personas dependientes, las excluidas, las necesitadas, los enfermos…, quienes sigan pagando las consecuencias de la crisis, al otorgar la mayoría absoluta al Partido Popular. ¿Es que nadie se acuerda de lo que votó el pasado 20 de noviembre en las elecciones generales? ¡Qué mala memoria la de este país!

En palabras de Confucio "en un país bien gobernado debe inspirar vergüenza la pobreza. En un país mal gobernado debe inspirar vergüenza la riqueza.” Que tomen nota los gobernantes, pasados y presentes.

Demostrar un descontento generalizado será el primer síntoma para defender el progreso de este país.

María José Pérez Salazar es militante de IU de Azuqueca de Henares

Privilegios de la Iglesia

Rouco Varela, Presidente de la Conferencia Episcopal

Religión y moral católica no es una asignatura. Es una ideología que reproduce una visión del cosmos y un sistema de dominio intelectual y político, por lo demás muy eficaz si tenemos en cuenta su perseverancia en el tiempo. Religión y moral católica, como no oculta su nombre, es puro adoctrinamiento, que si se quiere eficaz hay que inocular en los cerebros de niños inocentes para que sea admitido sin resistencia. Los curas lo saben muy bien: la religión se adquiere, se asume sin más y genera una impronta, una fe (regula fidei) de la  que se deriva una obediencia ciega. Es lo que tiene cualquier pensamiento dogmático e intolerante. Por esto mismo la religión, para prosperar, necesita mentes dúctiles y personalidades en formación. Luego, cuando llegue la mayoría de edad intelectual y la razón haga estragos en el pensamiento mágico, vendrán las prebendas, los premios y castigos para mantener cínicamente unos principios imposibles, o los disgustos y los traumas. Pero para que tal cosa ocurra es menester primero vivir amarrado a ese mundo de creencias.

Dice mucho de la condición moral de la iglesia católica el afán con el que defiende su presencia en el sistema educativo desde la más temprana edad. Si los curas y su ejército de catequistas están tan seguros de su doctrina, deberían convencer del misterio de la santísima trinidad o de la transfiguración a adultos formados, ilustrados, leídos y con juicio. No llegarían muy lejos. Pero que dejen en paz con sus fetichismos y supercherías a criaturas inocentes, a párvulos que, en su candidez, están indefensos ante el prejuicio y la manipulación.

A la religión no se llega por el razonamiento. Todo lo contrario: la razón provoca la crisis de la fe. Cuando la razón se hace adulta, la religión se viene abajo. De esto eran conscientes importantes pensadores religiosos. Tertuliano decía creer en la religión precisamente porque es absurda e imposible: credo quia absurdum; certum quia impossibile est. Tomás de Aquino afirmaba que ni podemos demostrar que el mundo ha comenzado y que ni siquiera sabemos tal cosa, si bien ello no es óbice para creer que así fue, de lo cual se deduce que Dios existe: mundum incoepisse est credibile, non autem demonstrabile, vel scibile. Los jesuitas, como nos recuerda Puente Ojea, proponían creer anulando cualquier parecer o juicio contrario, convirtiendo al hombre en cuerpo muerto: perinde ac cadaver. Los ejemplos sobre este particular son tan abundantes que no merece el esfuerzo aumentar su detalle.

Religión y moral católica debe estar fuera del sistema educativo porque es lo contrario de la educación y del conocimiento. Los que la imparten no son profesores, son catequistas, comisarios religiosos pastoreados por los obispos que tienen por misión extender un dogma que huele a cirio. Esto de la religión y moral católica es lo mismo que la cienciología, el jasidismo, la numerología, la cábala o cualquier otra alucinación colectiva basada en el fundamentalismo y el culto a lo sobrenatural. No insultemos a las matemáticas, la física, la química, la literatura, el arte, la historia, la filosofía, la gramática o el conocimiento de idiomas poniéndolos al nivel de las supersticiones, los misticismos y los prejuicios sobre los que, a fin de cuentas, desde el origen de la humanidad, sólo se han levantado sistemas de control moral y político.

En España tragamos con todas estas anomalías porque nuestra historia ha sido también una gigantesca anomalía. Mientras Europa comenzaba a ser alumbrada por las luces del Renacimiento, en los reinos de España se fundían la monarquía y la iglesia, se aprobaban estatutos de limpieza de sangre, la Inquisición hacia piras para quemar herejes y fieles (es mejor quemar algunos inocentes que permitir la difusión de la herejía, dirá Torquemada), las órdenes religiosas eran el principal latifundista, el clero ejercía un control político e ideológico asfixiante y la idea de estatalidad era colonizada por la de catolicismo, alcanzando así una forma excluyente que, a lo largo de la historia, provocó guerras y dañó irreparablemente la idea de nación. En España la historia de la iglesia refleja a la perfección la de una institución humana que se cree depositaria de la verdad absoluta, universal y eterna, interviniendo en la vida civil de manera monopolística y violenta. En pocas palabras, en nuestro país la iglesia está acostumbrada a mandar y quiere seguir haciéndolo.

En la actualidad, el dominio de la iglesia se sostiene sobre cuatro acuerdos firmados con el Vaticano. Lo menos que puede decirse sobre ellos es que son preconstitucionales, atentan contra la Constitución, intentan legalizar el abuso y suman el insulto a la injuria, siendo lamentable que ningún gobierno de la democracia se haya atrevido a denunciar un pacto de esta naturaleza con un Estado absolutista y medieval. Su preconstitucionalidad es evidente porque se fundamentan en otros acuerdos fechados en julio de 1976 que, a su vez, miran al Concordato de 1953, firmado entre el Vaticano y Franco. No se repara lo suficiente en el hecho de que los cuatro acuerdos que ligan al Estado con el Vaticano se firmaron sólo una semana después de la promulgación de la Constitución, lo que indica, como apunta Puente Ojea, que fueron redactados mucho antes de la sanción del artículo 16 de nuestra Ley Fundamental. Además, contradicen una Constitución que, si peca de algo, es por su excesiva generosidad hacia esta confesión, al instituir la obligación del Estado “a colaborar con la Iglesia católica en la consecución de su sostenimiento”, así como a velar porque “la educación que se imparta en los centros docentes públicos sea respetuosa con los valores de la ética cristiana”, de donde podría colegirse que no bastaría con impartir religión sino que la enseñanza toda debería estar imbuida de homilías. Por si no bastar con todo lo anterior, el Concordato es un abuso porque la Iglesia católica no paga impuestos mientras que los impuestos que pagamos los demás, creamos o no en sus dogmas, van a sus arcas para, por ejemplo, sostener un ejército de 15.000 catequistas a razón de 2.000 euros brutos al mes, que tienen como oficio introducir la superstición en las aulas. Por último, los acuerdos con el Vaticano son un insulto porque la Iglesia, que no paga a sus catequistas porque los sufragamos los demás, los selecciona a su antojo, los contrata y despide como le viene en gana, y si incumple la legislación laboral cometiendo abuso sobre sus adoctrinadores exige al Estado que apoquine las indemnizaciones correspondientes. Que el Estado sostenga el culto y pague al clero: esta es la fórmula tradicional de la iglesia española que tan bien le ha venido. No cabe mayor desahogo.

No permitamos que en las escuelas se asuste a los niños con infiernos, demonios, pecados y castigos eternos, o que se les inculquen dogmas que les condenan al sometimiento y a la anulación del juicio, porque las escuelas son templos del saber que deberían rendir tributo en exclusiva a la razón, la ciencia, la crítica y el conocimiento. Una escuela que cobija el adoctrinamiento religioso es una madrasa. No debemos consentir que los niños, en las aulas, se conviertan en el Paquito de aquel Catón que, sumiso y agradecido, consumía la jornada en rezos, invocaciones y besamanos de sacerdotes y demás gentes de dignidad.

El que quiera consuelo religioso que visite una parroquia, se confiese, comulgue, suba a un minarete, lea sus textos sacros, encasquétese un turbante o haga lo que le manda el rito. Este es un país libre incluso para equivocarse. Todo el mundo es soberano para creer en espíritus, apariciones, doctrinas marianas, en la burra parlante de Balaam, en cómo sacrificar piadosamente un cordero o en hacer gargarismos sin ofender a la divinidad de turno. Pero con su dinero, sus medios y respetando las leyes, entre las cuales hay una que se olvida y que es importante, la ley de consumo: todos los alimentos caducan, incluso las hostias consagradas.

Emilio Alvarado Pérez es portavoz de IU en el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares

Pensar de otro modo

 La Humanidad vista desde 9 millones de kilómetros: un miserable punto en el espacio

Ha llegado el momento de plantear un cambio radical de la sociedad en la que vivimos, mayormente porque la sociedad tal y como la conocemos se va por el desagüe. Para tal menester es preciso pensar de otra manera. Una condición de cualquier cambio venturoso es no tener miedo a las nuevas ideas. Cierto es que algunas serán disparatadas, otras inviables, las más ridículas. Es lo que tiene lanzarse al vacío de la especulación intelectual y romper con la telaraña de prejuicios, lugares comunes y creencias que han modelado nuestra comprensión de lo social, haciéndonos creer, como aquel personaje de Voltaire, que vivíamos en el mejor de los mundos posibles. Con todo, merece la pena.

Sería mucho peor mantenernos mudos, no estrujar nuestra imaginación, no asumir el riesgo a equivocarnos, instalándonos en la falsa placidez de un bizantinismo moribundo, antesala de la muerte social. Es mil veces preferible tener la valentía de hacer el ridículo proponiendo alternativas, especialmente ahora, que tanto urge, que apuntalar un sistema que padece aluminosis y que amenaza ruina. Los que se atrevan a pensar y a equivocarse podrán decir, al menos, que lo intentaron y que estaban vivos. El resto, los que permanezcan mudos, llevarán colgado para siempre el sambenito de la complicidad con un sistema incompatible con la satisfacción de las necesidades humanas.

De la reflexión saldrán aquellas ideas que permitirán construir una sociedad distinta y mejor. Urge imaginar, por tanto, nuevas reglas, valores y fines colectivos.

Para empezar, propongo algunas sugerencias recogidas de aquí y de allá, a las que se les pueden añadir muchas otras, para que comencemos a desafiar el sentido común poltrón que nos ha tenido adormilados. Llegó la hora de romper credos y catecismos. Los mejores cerebros y todas las personas de bien deberían remangarse y ponerse a la faena, porque el tiempo se acaba.

·¿Por qué no imaginamos una sociedad en la que el incentivo del trabajo sea mantener una amplia cesta de bienes materiales iguales para todos, que se perdería a medida que no se estuviera dispuesto a trabajar el tiempo socialmente determinado?

·¿Por qué no pensamos en un sistema económico en el que a partir de cierto nivel de uso y disfrute de bienes materiales, se desincentive conseguir mayores niveles de consumo con aumentos de la carga de trabajo muy superiores a la satisfacción conseguida?

·¿Por qué no se ensaya el funcionamiento de una economía no basada en el dinero sino en títulos de tipo negativo, esto es, títulos con capacidad de compra de bienes sostenibles y certificados, que van perdiendo valor a medida que se atesoran?

·¿Por qué no se impide que cualquier título con capacidad de compra pueda dedicarse a actividades especulativas?

·¿Por qué no se experimenta el funcionamiento de una moneda-tiempo, ya teorizada por Silvius Gesell, que mantendría su valor año tras año sólo si su depositario paga una tasa mensual que recaudaría el Estado?

·¿Por qué no cambiamos el sistema de estadísticas económicas y medimos parámetros sociales a los que hoy no se les presta ninguna atención, y los convertimos en fines colectivos?

·¿Por qué no limitamos con la fuerza de la ley y el peso de la justicia los topes del crecimiento económico para impedir que arruinemos definitivamente el planeta?

·¿Por qué no intentamos sacar del circuito mercantil bienes básicos para la seguridad y la integridad de los ciudadanos?

·¿Por qué no acabamos con el secreto bancario, los paraísos fiscales y las legislaciones permisivas del abuso y de la corrupción?

·¿Por qué no se piensa en limitar constitucionalmente la desigualdad material que una sociedad está dispuesta a admitir?

·¿Por qué no pensamos en un sistema político en el que incumplir un programa electoral sea un delito penal y la corrupción un crimen imprescriptible?

·¿Por qué no probamos formas de participación política más transparentes y cercanas a la experiencia vital de las personas, con más control de los elegidos y en las que se permita el mandato imperativo?

·¿Por qué no pensamos en una sociedad en la que se trabaje para vivir y no al revés?

·¿Por qué no probamos redistribuir las poblaciones en ciudades medianas, sin grandes necesidades de consumo de energía y mejor integradas en el medio físico?

·¿Por qué no ensayamos romper con los monopolios informativos, financieros e ideológicos que atentan contra la libertad y la democracia?

·¿Por qué no ponemos la tecnología al servicio de la mejora de la humanidad, para dar dignidad a todos los habitantes del planeta?

Si quieren, pueden seguir completando la lista.

Emilio Alvarado Pérez es portavoz de IU en el Ayuntamiento de Azuaqueca de Henares

Vino picón en odres viejos

Viva la discrepancia

El pasado 20 de diciembre, un mes después de que se celebraran las elecciones generales que se consumaron con el triunfo electoral del Partido Popular y con la severa derrota del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero abandonó el Palacio de la Moncloa. 

Mientras el Partido Popular se acomoda en el Congreso y comienza a aclarar a la sociedad española sus oscuras pretensiones, el PSOE se dedica a sacar manifiestos para limpiar su imagen y serenar su conciencia después de su paso por el Gobierno. Entre discursos como “Mucho PSOE por hacer” o “Yo sí estuve allí”, los futuros líderes socialistas intentan recuperar la credibilidad perdida.

Si en Génova recordarán el año 2011 como el de mayor éxito de su historia, en Ferraz harán todo lo posible por borrarlo. Pero el peor año del PSOE en democracia tiene su origen en mayo de 2010, cuando Zapatero anunció sus recortes para cumplir las pautas dictadas por los mercados financieros. Desde entonces, todo ha sido un via crucis para los socialistas, que ha culminado en la mayor derrota electoral de su historia y en la exigencia de “un cambio de rumbo” a cargo de un grupo de dirigentes liderados por la exministra Carme Chacón. Diputada por la circunscripción electoral de Barcelona en las legislaturas VII, VIII y IX, ocupó la vicepresidencia del Congreso de los Diputados hasta que en el 2007 fue nombrada Ministra de Vivienda y en 2008, coincidiendo con la IX legislatura, Ministra de Defensa en sendos gobiernos presididos por José Luis Rodríguez Zapatero. Después de muchos años en las filas socialistas, la señora Chacón pretende hacernos creer que “entra de nuevas” en la escena política, cuando lo cierto y verdad es que bien podría decir, sin faltar a la verdad, aquello de “Yo sí estuve allí antes que nadie”.

Las autonómicas y municipales de mayo asestaron un fuerte golpe electoral al PSOE. En un contexto de marcada indignación social, de rechazo al bipartidismo y con una profundísima crisis económica, los socialistas decidieron jugárselo todo y apostar por el 8, es decir, el mes de agosto, para remontar el golpe que vaticinaban las encuestas. Sin embargo, el resultado de esa apuesta fue desastroso: los constantes ataques de los mercados a la deuda española disparaban las alarmas sobre la estabilidad económica del país y ponían gravemente en peligro la continuidad del PSOE al frente del gobierno. Zapatero decidió plegarse a las exigencias especulativas y reformó de manera urgente la Carta Magna sin consultar a los ciudadanos, pero sí al partido que en noviembre le “relevaría” en el cargo, el PP. Ambos, en claro ejemplo de contubernio bipartidista, pactaron la reforma exprés de la Constitución en menos que canta un gallo.

La estrategia del PSOE, apoyado en la figura de Rubalcaba como candidato oficial después de impedirse unas primarias con Chacón, se venía abajo. El exministro del Interior trató de “girar” hacia la izquierda en un sprint de última hora que le permitiera marcar distancias con Zapatero mientras promocionaba una página web en la que regalaba baratijas y cacharritos a los voluntarios que colaboraban en la campaña. Rubalcaba sólo coincidió con el Presidente en un mitin de la campaña, lanzó algunos guiños arteros al movimiento 15-M y robó parte del discurso a Izquierda Unida. Ni con esas logró detener la temida sangría de votos.

La plataforma “Mucho PSOE por hacer” impulsada entre otros por la exministra Carme Chacón pretende dar un nuevo rumbo socialdemócrata, algo muy cuestionable cuando quien defiende este cambio lleva años formando parte de un gobierno neoliberal plegado a las exigencias financieras de los señores del dinero. En el manifiesto este grupo afirma que la derrota de las pasadas elecciones generales fue a “causa de la crisis y (de) errores propios”. Veamos a qué errores se refieren:

-    Tardío reconocimiento de la crisis: era evidente la gravedad de la situación económica y el gobierno socialista se empeñaba en negarla.

-    Aplicación de políticas duras que exigen sacrificios a los más débiles: aumento de la edad de jubilación, reforma de las pensiones, reducción del salario a los funcionarios, reforma de la negociación colectiva, vía libre a los desahucios.., a la vez que perdonaban impuestos a las grandes fortunas.

Con Zapatero y su equipo, el PSOE perforó su suelo electoral marcando un hito en la historia del partido. Por eso, ni los que suscriben “Mucho PSOE por hacer” o “Yo estuve allí”, como Alfredo Pérez Rubalcaba o Carme Chacón, ni los cargos que intentan ahora una regeneración desde las bases, pueden mostrar sus expedientes limpios de una pésima gestión del partido y del Gobierno que se ha caracterizado por su sometimiento a las imposiciones de los mercados, de frau Merkel y, lo que es más grave aún, por su deslealtad a las ideas socialistas. En pocas palabras, rompieron los consensos del juego democrático. Además, es admirable ver cómo se postulan como renovadores de un período y de unas formas políticas dos “ex” que estuvieron tan implicados en todo aquello que urge superar.

Por mucho que pretendan “sacrificar” públicamente al líder de la debacle socialista y alejarse del que un día ostentara el protagonismo máximo, ambos, Rubalcaba y Chacón, serán recordados como los coprotagonistas de una de los mayores fiascos políticos de este país.

Ni Rubalcaba es Adán, ni Chacón es Eva, recién llegados sin mácula al paraíso español. No sólo no comieron de la fruta prohibida del Consejo de Ministros sino que se dieron un buen atracón. El problema es que ahora, empachados por la comilona, quieren hacernos creer que ayunaron y que su indisposición es resultado de una dolencia ajena.

Lo que sí es nuevo en sus trayectorias es que ya no son ministros de nada. Por ello, les proponemos que fundan sus respectivos lemas en uno sólo, más ajustado a la realidad: “Yo sí estuve allí cuando quedaba mucho PSOE por hacer”.

María José Pérez Salazar es militante de IU de Azuqueca de Henares

Nuevo gobierno, viejas mentiras

La mentira por divisa

En su programa electoral dijeron que no subirían los impuestos y se los suben a los asalariados, que son los que siempre pagan. Dijeron que acabarían con el paro y con sus medidas habrá más desempleo. Dijeron que era injusto cargar la culpa de la crisis en los funcionarios y ahora les congelan los sueldos y mandan a los interinos al paro. Dijeron que mantendrían el poder de compra de las pensiones y se lo bajan quitando por un lado lo que dicen dar por el otro. Dijeron estar en contra del retraso en la edad de jubilación y la mantienen en los 67 años. Dijeron que la crisis era nacional y ahora dicen que es internacional. Denunciaron que Zapatero era el botones de Merkel y ahora rinden pleitesía abyecta a la cancillera. Dijeron que respetarían los derechos sociales y allí donde gobiernan recortan con saña los servicios públicos. Exigieron que se conociera la carta de la vergüenza que el BCE envió a Zapatero y ahora la esconden bajo siete llaves. Dijeron que el poder judicial debía ser independiente y nombran a un amigo como Fiscal General del Estado. Dijeron que no les parecía bien la reforma laboral de Zapatero y quieren administrarnos dos tazas concentradas de la misma. Dijeron que los trabajadores no provocaron la crisis y pronto empeorarán sus ya malas condiciones salariales. Dijeron que había que proteger a los más débiles y congelan el salario mínimo interprofesional. Dijeron que el problema era el déficit mientras que en la villa y corte de Madrid se fundían el presupuesto de los próximos cien años. Se opusieron a la ley contra las descargas ilegales y hoy la alaban. Dijeron que eliminarían el gasto superfluo y mantienen las televisiones autonómicas dirigidas por correligionarios designados a dedo. Dijeron que el anterior gobierno se equivocó, que no sabía, que improvisaba, que nos acercaba a la ruina y ahora se desvela que su camino es el mismo, con la diferencia de que nos llevará aún más lejos. Dijeron que combatirían la corrupción y presentaron a numerosos imputados en las listas electorales. Dijeron que los bancos fueron irresponsables y nombran como Ministro de Economía a un representante de la peor banca especuladora. Dijeron que había que preservar la dignidad de la administración y nombran como Ministro de Defensa a un comerciante de armas ilegales. Dijeron que el problema se llamaba Zapatero, fuente nutricia de todos los males. Hoy, por las mismas, decimos que el problema se llama Rajoy y el tinglado bipartidista sobre el que se sostiene un régimen que es parte del desorden moral y material en el que vivimos.

Los señores del PP nos han mentido escandalosamente. Sus silencios calculados eran un mal presagio, su programa electoral una porción de embustes y su campaña electoral un teatrillo de variedades. El PP nos mienten incluso cuando nos miente, cosa imposible de superar.

Definitivamente, en nuestro país no se conoce el respeto político. Y el origen de esta falta se encuentra en una ciudadanía que no se respeta a sí misma. Tanto tiempo coqueteando con la corrupción, la vulgaridad, la abundancia eructante y el cainismo nos han llevado a aceptar que los gobernantes gobiernen contra nosotros y que nos hagan un corte de mangas cada mañana. Mucho se ha hablado y escrito sobre las virtudes del gobernante. Pero poco sobre las virtudes del pueblo, especialmente en democracia, por aquello de no disgustarle con juicios severos.

No habrá remedio mientras un tercio del país fiche en vez de votar, otro tercio compadree con la desvergüenza y el tercio restante se haga el despistado. Entre el tercio entrante, el tercio saliente y el tercio silente vamos aviados. Además, el miedo ante un futuro peor agarrota a los proclives a la protesta, a no ser que nada arriesguen. Ya veremos lo que aguanta la coyunda entre la calma chicha y el estacazo social.

Emilio Alvarado Pérez es portavoz de IU en el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares