El bipartidismo más allá de la política: Aznar (PP) y Salgado (PSOE) en la nómina de ENDESA

Elena Salgado, Consejera de ENDESA

José María Aznar, Asesor de ENDESA

Ocurre con irritante frecuencia que ministros y presidentes del Gobierno de la nación, una vez abandonada la responsabilidad pública, entran a formar parte de manera inmediata de los Consejos de Administración de grandes empresas privadas a cambio de suculentos honorarios, quién sabe si por los “servicios prestados”, por los “servicios a prestar” o por un compendio de ambas cosas.

Es esta una práctica que no por habitual y legal deja de ser vergonzosa, porque demuestra al unísono la ambición mezquina de bienestar tocinero (en feliz expresión de nuestro injustamente olvidado Ramón de Garciasol) de quien disfruta de prebendas dudosas, y la ósmosis entre intereses públicos y privados, verdadera lepra de nuestra democracia.

El bipartito no ha perdido ni un segundo en buscar retiros dorados a sus más insignes representantes, no satisfechos con el generoso estipendio público del que se han hecho acreedores cuando dejan su responsabilidad política. Todo hace sospechar que detrás de estos fichajes se ocultan pactos vergonzantes y tratos de favor entre los dirigentes de unos y de otras, que viven en un retortero mutuo en el que se mezcla lo que habría de estar absolutamente disociado. Cuando se trata de prebendas, el bipartidismo lo aguanta todo y se aplica a sí mismo aquello que decía Séneca sobre las magnitudes: “nunca es poco lo bastante; nunca es bastante lo que es mucho”.

La lista de ex políticos del bipartidismo (y de otras muletillas políticas nacionalistas) que ahora cobran nóminas de relumbrón de grandes empresas privadas es tan extensa como interesante: Felipe González, ex presidente del Gobierno (PSOE), es en la actualidad Consejero de Gas Natural; Miguel Boyer, ex ministro de Economía y Hacienda (PSOE), es Consejero de Red Eléctrica Española; Pedro Solbes, ex ministro de Economía y Hacienda (PSOE), es miembro del Consejo de Administración de la eléctrica italiana ENE, propietaria de ENDESA y Consejero del Barclays Bank; José María Aznar, ex presidente del Gobierno (PP), trabajó para Centaurus Capital, fondo de inversiones especulativas con sede en las Islas Caimán, es asesor externo de ENDESA y asalariado de lujo de un imperio mediático, el de Rupert Murdoch, que está acusado de escuchas ilegales, soborno, chantaje y manipulación informativa entre otros cargos de gravedad.

A todos estos ex políticos se suman Rodrigo Rato (PP), Miguel Roca (CiU), Isabel Tocino (PP), Abel Matutes (PP), Josep Borrell (PSOE), Javier de Paz (PSOE), Eduardo Zaplana (PP), Miguel Ángel Acebes (PP) y una interminable lista que sería tedioso reproducir aquí. Pero detengámonos en el último caso conocido, porque lo merece: el de la señora Salgado. La que fuera número dos del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, anunció a principios del mes de marzo su fichaje por ENDESA en Chile. Elena Salgado se unirá al equipo de asesores internacionales de la eléctrica presidida por Borja Prado para poner en valor, según comunicado de la empresa, sus “conocimientos”, para lo que está tramitando las autorizaciones pertinentes del Ministerio de Administraciones Públicas. Gracias al ejemplo de la señora Salgado comprobamos, una vez más, que la puerta giratoria entre las cúpulas del bipartidismo y las grandes empresas está engrasada, que gira que es un gusto y que por ella discurre una élite poltrona acostumbrada a mandar mucho y a cobrar más.

Y es que estos ex mandatarios, adictos a pisar moquetas de lana tipo Axminster, dan el salto de lo público a lo privado sin esperar a que a los ciudadanos se les borre de la memoria su imagen como ministros o altos cargos de la Administración. Apenas cesan, se incorporan a sus nuevas tareas empresariales, demostrando una gran habilidad para caer siempre de pie. 

La filiación partidaria de los ex ministros y de otros dirigentes de partidos políticos institucionales que obtienen una prebenda en los Consejos de Administración de las grandes compañías no es un condicionante a la hora de ser reclutados por la gran empresa. La patronal sabe que la clave consiste en disponer de peones para influir en cada turno gubernamental, recreando la vieja España de la Restauración en la que era costumbre que Cánovas y Sagasta se otorgaran mutuamente cuantas credenciales vergonzantes hicieran falta para tapar sus mutuas oscuridades. Con esta práctica se trata de constituir una peculiar forma de lobby que permite a la gran empresa influir y presionar sobre las decisiones de los gobiernos que, como viene siendo tradición, gracias a un sistema electoral corrupto, están en manos del PSOE o del PP. El objetivo es que la empresa privada saque rentabilidad del bipartidismo y viceversa, en alegre simbiosis que nos conduce a las más altas cimas de la miseria colectiva.

Todo este escándalo está amparado por la ley, que consiente la íntima relación entre el servicio público y el enriquecimiento privado. A pesar de la profunda gravedad de la crisis y del comportamiento avaricioso e insolente de los actores corporativos, no se han tomado medidas como la intervención pública de empresas estratégicas, elevar la inspección y la presión fiscal sobre los bancos o aumentar el control de las actividades especulativas. Es evidente que las élites del bipartidismo no van a gobernar y aún menos legislar contra la mano que, de manera tan generosa, está dispuesta a enriquecerles cuando salen de las instituciones.

Esta malsana promiscuidad entre cierto sector de la política y el gran capital es algo más que una extendida inmoralidad personal. Supone un deterioro intolerable de nuestra democracia, al convertirse en una garantía continuista de las políticas neoliberales que han provocado una crisis económica sin precedentes y que conducen, irremediablemente, a la ruina social. La casta política que discurre con comodidad por las puertas giratorias de la colusión, además de carecer de moralidad, ha optado por apuntalar la dictadura de los mercados en vez de gobernar en defensa de la sociedad. A la vista de currículum como los de Felipe González, José María Aznar o Pedro Solbes, se hace necesario endurecer el régimen de incompatibilidades entre política y negocios. Por cierto, el señor Solbes se comprometió, durante su mandato ministerial a revisar esta normativa. Ahora se entiende por qué no lo hizo.

El pasado 6 de marzo, Alberto Garzón, diputado de Izquierda Unida, llevó a cabo una iniciativa parlamentaria para que el Gobierno estudiara la posibilidad de reformar la regulación de los conflictos de intereses de los altos cargos, con el fin de garantizar una separación nítida entre la esfera pública y la esfera privada. IU recordó que la ley 5/2006 de 10 de abril, De regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado establece que “durante los dos años siguientes a la fecha de su cese, los altos cargos no podrán desempeñar sus servicios en empresas o sociedades privadas relacionadas directamente con las competencias del cargo desempeñado”. El bipartidismo, interpelado por esta cuestión, guarda un silencio embarazoso del que habrá que sacarle con agua hirviendo. Ya estamos calentando las calderas.

Una cosa es obvia: los políticos y ex-políticos que forman parte del sistema bipartidista tienen una versatilidad de la que carecemos el resto de los mortales. Lo mismo portan la cartera de economía para conducir con eficacia a millones de ciudadanos a vivir a contrapelo que llevan un banco a la quiebra, o asesoran a una empresa energética y suben el recibo de la luz a unos ciudadanos que viven, cada vez más, a dos velas. Ellos pueden con todo, pero sólo porque se lo permitimos.

María José Pérez Salazar es miembro del Consejo Político de IU de Azuqueca de Henares

¿Qué diría Jesucristo de la reforma laboral del PP?

La derecha cristiana está sumida en contradicciones insalvables. Es cierto que sus incoherencias pasan desapercibidas, porque una muchedumbre de medios amigos se encargan de taparlas bajo toneladas de mala retórica y de falsedades sin cuento. Pero, con todo, ahí están, bullendo en un subsuelo metafísico que se resquebraja y que, en su deterioro, no es capaz de sostener la fe del más crédulo.

Un ejemplo de tal estado de cosas lo proporciona el impacto que está teniendo la reforma laboral en las filas católicas. Dos organizaciones cristianas, la HOAC (Hermandad obrera de Acción Católica) y la JOC (Juventud Obrera Cristiana), publicaron el pasado 16 de febrero un comunicado contrario al decreto del gobierno del PP. El texto fue enviado a todas las parroquias por la Delegación Episcopal Diocesana de Pastoral del Trabajo, para su difusión y debate. Inmediatamente, el jefe de la Conferencia Episcopal, Rouco Varela, prohibió tal difusión porque consideraba improcedente el contenido del manifiesto. Tras un pulso de poder que duró poco tiempo, venció la imposición de la jerarquía. La censura ideológica se alzó victoriosa y en los templos no se habló de los afanes y sufrimientos de las personas.

Como en un espejo limpio, esta pugna refleja dos clases de contradicciones. La primera, se da entre una concepción teocrática-descendente del poder, encabezada por la Conferencia Episcopal, que choca con la visión conciliar del poder religioso, encarnada hoy en algunas organizaciones cristianas de base. Esta pugna, que dura más de ocho siglos, enfrenta la concepción del poder construida por los papas León I (440-461) y Gelasio (495) con la de los vigorosos movimientos conciliares del siglo XIV, que tanto le deben al derecho canónico de los siglos XII y XIII, a la recuperación del aristotelismo en occidente y a las tesis de Guillermo de Ockham, Marsilio de Padua y Bártolo de Sassoferrato, entre otros muchos pensadores insignes. Digámoslo en otros términos: o la Iglesia se edifica sobre la base del absolutismo de sus jefes, que tienen, por tanto, poder de “atar y desatar” (plenitudo potestatis, gubernator y principatus) o el poder soberano reside en la congregación de los creyentes. Si el jefe religioso es soberano, los creyentes son meros súbditos: doctrina de los dictatus papae. Al contrario, si la soberanía reside en los creyentes, el jefe religioso es un miembro más de la Iglesia, carente de las atribuciones mágicas que se le suelen suponer: doctrina de la congregatio fidelium. 

A esta primera contradicción se une otra no menor: la de la alianza de la Iglesia católica con el gobierno del PP. En un mundo cada vez más secularizado, en el que el pensamiento religioso está en franca huída, la jerarquía católica se aferra al poder secular porque, por sí sola, nada puede. De los obispos que comandaban ejércitos y asediaban fortalezas, se ha pasado a los obispos que besan el cetro del poder civil que les hace el caldo gordo en el empeño de mantener una sociedad clerical, por lo demás, condenada al fracaso. Separados irremediablemente el sacerdotium del regnum, viene a suceder que la alianza se forja con el poder civil de ideología conservadora, único garante político del privilegio y la excepción, oxígeno vital de una institución humana, la Iglesia, incapaz hoy de respirar sin asistencia. Esta premisa es asumida por la jerarquía católica española, llevándola a defender al gobierno amigo y, como es el caso que nos ocupa, a corresponder los favores recibidos con silencios y complicidades escandalosas. Rouco Varela sabe que su  reino, que sí es de este mundo, se sostiene sobre un entramado de privilegios inaceptables y hará todo lo que esté en su mano para defender a los gobernantes que garanticen tal estado de cosas. Escaso precio para tan “alto” fin es que haya que censurar un comunicado que puede molestar a un gobierno aliado, aún cuando el espíritu del texto esté en concordancia con el Evangelio de San Juan. 

Convendría que los jerarcas de la Iglesia, incluido Rouco Varela, releyeran el relato de Juan el evangelista en el que se describe a un Jesús furioso que improvisa un látigo con cuerdas, con el que echa a vendedores y cambistas que comercian impunemente en el Templo, desparramando el dinero de los comerciantes y volcando sus mesas, diciendo “No hagáis de la Casa de mi Padre una casa de mercado.” 

Por su interés, reproducimos a continuación el escrito de ambas organizaciones cristianas, para conocimiento y juicio general.

COMUNICADO ANTE LA NUEVA REFORMA LABORAL

La Juventud Obrera Cristiana (JOC) y la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC), como parte de la Iglesia en el mundo obrero y del trabajo, ofrecemos esta reflexión ante la aprobación por el Consejo de Ministros de una nueva reforma laboral.

Nos encontramos con la 16ª reforma del mercado de trabajo en democracia. Hasta ahora las sucesivas reformas laborales llevadas a cabo por los gobiernos, de uno u otro signo político, bajo el pretexto de modernizar y flexibilizar dicho mercado laboral, han transformando la concepción y función del trabajo asalariado en nuestra sociedad y están socavando los derechos de las personas trabajadoras y de sus familias.

Estas reformas siempre se han presentado como una necesidad para combatir el desempleo, pero sólo han conseguido:

- incrementar el empleo temporal, especialmente para los jóvenes;

- diversificar las modalidades de contratación a la carta;

- abaratar el coste del despido;

- reducir el crecimiento de los salarios;

- devaluar lo público (servicios sociales, educación y sanidad).

En definitiva, han profundizado en el trabajo precario y en el empobrecimiento de las familias trabajadoras. Un ejemplo lo tenemos en los años de crecimiento económico anteriores a la actual crisis: aún creándose riqueza y empleo, estos no sirvieron para disminuir la pobreza en nuestro país. Ninguna reforma ha estado orientada hacia la expansión de un empleo decente como Benedicto XVI reclama en la encíclica Caritas in veritate. Los derechos que emanan de un trabajo a la altura del ser humano no pueden estar subordinados a las exigencias económicas. Es la economía la que debe orientarse a las necesidades de las personas y de sus familias; es el ser humano el centro de la actividad económica y laboral. El respeto a la dignidad del trabajo, vinculado a la dignidad de la persona, es y debe ser el criterio central de una economía orientada por “una ética amiga de la persona”. (Benedicto XVI, Caritas in veritate, 45)

Esta nueva reforma es otra agresión al trabajo humano como principio de vida. Creemos que una reforma laboral que pretende ser completa y marcar un antes y un después en las relaciones laborales, no puede hacerse sin el suficiente consenso social entre las personas trabajadoras y el colectivo empresarial. Y tendría, además, que responder a las necesidades de las familias trabajadoras y no a las exigencias impuestas por los mercados financieros, las grandes empresas, las instituciones comunitarias y los organismos económicos internacionales.

Esta reforma laboral es una vuelta de tuerca más para flexibilizar el mercado de trabajo:

· Quiebra el derecho constitucional a la negociación colectiva y a la capacidad organizativa de los trabajadores (no existe negociación real de los trabajadores en el ámbito de la empresa cuando el 95% del tejido productivo español está compuesto por empresas de menos de 50 trabajadores. Este Real Decreto contempla la fractura de la cohesión social al habilitar la “caducidad” de los convenios colectivos desincentivando cualquier negociación entre las partes)

· Facilita y abarata la expulsión del mercado de trabajo: quita trabas al despido por causas económicas; rebaja la indemnización del improcedente (pasando a 33 días por año trabajado, con un máximo de 24 mensualidades) y elimina la autorización administrativa para poder llevar a cabo los expedientes de regulación de empleo. Los contratos indefinidos con esta nueva regulación tampoco tendrán, como los temporales, condición de estabilidad.

· Abre el camino para ajustar los salarios a la productividad. Con esta reforma, los salarios de los trabajadores más débiles van a depender de la voluntad unilateral del empresario.

· Dificulta, cuando no impide o precariza, el empleo juvenil. Más del 80% del empleo destruido por la crisis corresponde a empleo juvenil. El nuevo contrato de trabajo indefinido, especialmente para jóvenes (también para desempleados de larga duración), dirigido a las empresas de menos de 50 trabajadores, se puede convertir, más que indefinido, en un contrato temporal sin causa justificada. Estas nuevas modalidades de contratación y regulación ponen en serio peligro, aún más, la estabilidad presente y futura de la mayor parte de la juventud.

No compartimos la individualización de las relaciones laborales que propone esta reforma. Recordamos a nuestros gobernantes que el trabajo es una experiencia comunitaria y que una de las funciones de la empresa, según la Doctrina Social de la Iglesia, es favorecer la comunitariedad. Todo lo que suponga la individualización, dar prioridad a los intereses personales frente a los colectivos, significa romper la vocación a la comunión del ser humano. No es lícito eliminar derechos y protección de las personas trabajadoras con el argumento de combatir el desempleo y de reducir la temporalidad, cuando han sido las políticas económicas de los últimos gobiernos las que han provocado que haya un tejido productivo tan débil y un empleo tan precario.

No podemos seguir flexibilizando  las relaciones laborales sin garantizar la seguridad de una vida digna para las personas trabajadoras y sus familias. Y esta reforma se lleva a cabo en un contexto de quiebra del Estado de Bienestar, de reducción del Sector Público y de recortes de los servicios y prestaciones sociales sin precedentes.

Esta reforma rompe el débil equilibrio conquistado históricamente entre capital-trabajo, alejándose del principio siempre defendido por la Iglesia de la prioridad del trabajo frente al capital. Además, supone un nuevo golpe al Derecho Laboral limitando su capacidad de frenar la creciente mercantilización y “cosificación” del trabajo humano. Consideramos que este gobierno ha aprovechado el estado de quietud y miedo de la mayor parte de la ciudadanía, para eliminar viejas conquistas laborales y aspiraciones conseguidas tras muchas luchas de tantas personas a lo largo de la historia.

Los retos actuales que atraviesa la economía española requieren medidas políticas concertadas en el ámbito internacional que subordinen la economía financiera a la economía productiva. Es preciso, como ha pedido insistentemente Benedicto XVI y el Pontificio Consejo Justicia y Paz, una reforma del sistema financiero internacional. Esta reforma supondría avanzar en justicia social y comunión de bienes, redistribuyendo efectivamente la riqueza existente; controlar la economía especulativa y frenar el desmedido afán de lucro, en lugar de eliminar derechos. Este es el camino que puede generar riqueza orientada a la creación de empleo decente y con derechos, y a disminuir la pobreza.

Como Iglesia en el mundo obrero, en las actuales circunstancias, pedimos a las autoridades políticas, a los agentes sociales y económicos, al conjunto de los trabajadores y de la sociedad, y especialmente a los cristianos y cristianas, que caminemos juntos, con la intención de eliminar las causas que han generado esta crisis económica y, al mismo tiempo, superemos las estructuras económicas y sociales injustas que tanto sufrimiento, deshumanización y pobreza están provocando a las personas.

También instamos a los partidos políticos a corregir y reorientar, en el proceso parlamentario, esta reforma laboral poniendo en el centro de la misma el trabajo decente y con derechos y, al mismo tiempo, animamos a participar en las iniciativas y movilizaciones que se convoquen por parte de las organizaciones eclesiales, sociales y sindicales que ayuden a tomar conciencia y revertir esta situación tan lesiva para las personas trabajadoras y sus familias.

Emilio Alvarado Pérez es portavoz de IU en el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares

Mentiras del PP sobre la dación en pago

La elocuencia de las cifras es inapelable. Cientos de miles de desahuciados sin que el PSOE o el PP movieran un dedo

El estallido de la burbuja inmobiliaria, unido a las condiciones en que se concedieron créditos hipotecarios y a la actual coyuntura económica, han provocado que muchas familias españolas vivan una situación límite. No sólo se enfrentan al drama de la pérdida de su hogar, sino también a una condena financiera vitalicia al no poder hacer frente a la deuda hipotecaria contraída, ni siquiera con la entrega de la vivienda que compraron a crédito y que se entiende, dado que actuaba como aval, que subsume en sí el riesgo de un impago. Como consecuencia de este abuso perpetrado por las entidades de crédito, nuestro país está inmerso en un drama humano que hasta ahora no ha merecido más que el desprecio y la chacota de los gobiernos del bipartidismo.

Izquierda Unida, junto con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), viene reivindicando desde el año 2009 la regulación de la dación en pago para paliar el maltrato jurídico y el desamparo que sufren cientos de miles de ciudadanos que, perdidos sus ingresos, ya no pueden pagar su casa. En febrero de 2011, el grupo mixto ICV-IU-ERC, en el marco del debate sobre una Propuesta de Ley acerca del derecho a la vivienda, introdujo una disposición que contemplaba la dación en pago, que no fue aprobada porque el PSOE y el PP la tumbaron con sus votos.

Es muy importante recordar a los ciudadanos de este país, que tienen una memoria tan selectiva y frágil, que desde entonces toda la actividad parlamentaria favorable a la dación en pago ha sido vetada por el bipartito nacional, lo cual no extraña dada la connivencia entre la banca y las cúpulas del PSOE y del PP, de la que hay tantas y tan abrumadoras pruebas que resulta aburrido repetirlas una vez más.

Es completamente entendible que el bipartidismo impida la dación en pago puesto que para el bipartidismo lo primero es la protección de una banca acostumbrada a actuar con impunidad y que, cuando se mete en líos, es rescatada con dinero público y con indultos a sus directivos. ¿Cómo se explica de otro modo que la última decisión del Gobierno de ZP fuese perdonar de sus delitos a Alfredo Sáez, Consejero del Banco de Santander, o que el actual Ministro de Economía del PP, Luis de Guindos, proceda del quebrado Lehman Brothers y haya sido consejero del Banco Mare Nostrum, además de cobrar por otros altos cargos en multinacionales de la auditoria y de la fiscalidad?

El pasado día 22 de febrero, el citado de Guindos nos quiso “sorprender” abordando el  tema de la dación en pago. El gobierno necesitaba de alguna buena noticia después de subir los impuestos a los asalariados, de dibujar una reforma laboral calificada por el Ministro como “muy agresiva” y de aumentar los recortes en derechos básicos como la sanidad y la educación. Ante tanto estacazo, la opinión pública se agitaba molesta y el gobierno vio preciso recitarle al pueblo cosas bonitas en décimas o quintillas. Y qué mejor tema de composición que la dación en pago, asunto sensible y de gran interés humano. Se adelantaron tres meses los juegos florales.

¿En qué consiste la supuesta dación en pago del PP? El Ejecutivo, ansioso por lanzar algún mensajito, por falaz que fuese, con el que calmar los ánimos de una ciudadanía encabritada, proponía permitir la dación en pago a “aquellas familias que se encuentren con todos sus miembros en paro, cuya vivienda objeto de ejecución sea primera y única residencia y que no cuenten con ingresos suficientes para afrontar el pago de la hipoteca”. En pocas palabras, el Gobierno hablaba de permitir la dación en pago pero sólo a familias pobres de solemnidad que están en el zaguán de la exclusión y de la indigencia. Y bien decimos que hablaba de permitir, porque tal cosa ocurriría sólo si al banco acreedor le daba la gana ser magnánimo, ya que el gobierno no obligaba por ley a tal cosa sino que proponía un “código de conducta o de buenas prácticas” al que se sujetarían los bancos según su voluntad y criterio, recibiendo además un premio fiscal por hacerlo. La montaña del PP parió un ratón, y al pueblo, tratado como memo de capirote, se le ofreció un mamarracho para que se fuese contento a la cama. Penoso.

Si el PP se tomase en serio este asunto, cosa metafísicamente imposible, tendría que haber legislado imponiendo la dación. Un decretazo hubiera venido muy a propósito a tal fin, pero ya sabemos que los decretos se aprueban contra los débiles. A los poderosos, en cambio, recomendaciones, regalos fiscales y palmaditas en la espalda.

De Guindos no hace una ley que legisle el remedio a la terrible situación de los desahuciados. Y no lo hace porque no quiere. Ni está en su ánimo cosa tal, ni nunca lo estuvo. De Guindos, en cambio, salva la cara a los bancos porque él, como banquero, es un hombre que gobierna para unos bancos que viven, también, de las apreturas de los desahuciados.

La estafa de la “dación en pago” del PP es completa. Propone como novedad algo que ya existía. Por eso se ha evaporado como una gota de agua en una plancha al rojo vivo. Conviene recordar que la ley hipotecaria prevé la dación en pago, siempre y cuando se pacte con la entidad crediticia o con los acreedores ante de formalizar el préstamo hipotecario, lo cual no ocurre nunca a no ser que el deudor sea un gran promotor o una inmobiliaria de las que dejan un pufo del tamaño de un campo de fútbol.

A todo esta infamia hay que añadir las declaraciones del partido socialista, que durante sus ocho años de gobierno impidió la dación en pago con todo género de argumentos absurdos. Ahora que ya no gobierna, se siente legitimado para criticar la pantomima del Partido Popular que, por cierto, es idéntica a su propias bromas. Así que nos sorprende, y mucho, que el Presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, después de que el Ministro de Economía y Competitividad hiciera pública la dación en pago voluntaria para casos excepcionales, pidiera una norma "más imperativa", descartando la voluntariedad de la entidad financiera. En declaraciones a los periodistas tras inaugurar el Foro Internacional del Cooperativismo, Griñán, envalentonado por su propia amnesia, afirmó que "no es posible pensar que todo queda a disposición de las buenas intenciones de los bancos" cuando "se ha demostrado que los bancos atienden más a sus cuentas de resultados que a los beneficios sociales". Asimismo, señaló que "no hace falta que sean personas que no tengan absolutamente nada, sino que puedan perder la vivienda porque no pueden pagarla y, en ese caso, la vivienda debe ser suficiente para saldar la deuda", teniendo en cuenta, además, que la hipoteca "en ningún caso podía ser superior al 80 por ciento del valor del inmueble". Ante tamaña hipocresía vale más que callemos y contemos hasta mil, no vaya a ser que tengamos que arrepentirnos de escribir lo que se nos pasa por la mente.

Esta es la postura de los que en su día, cuando gobernaban, aumentaron la edad de jubilación a los 67 años, bajaron en un 5% los salarios de los funcionarios públicos, reformaron la negociación colectiva, vetaron, una y otra vez, junto con el Partido Popular, las propuestas de Izquierda Unida sobre la necesidad de regular la dación en pago y, desgraciadamente para todos, reformaron la Carta Magna para constitucionalizar un techo de déficit y una prelación de pagos que pone antes el pago de la deuda que dar de comer al hambriento.

Todo sugiere que en los últimos años PP y PSOE se han concertado en cuestiones clave y que ambos partidos son responsables del desastre que nos toca vivir. Este bipartidismo, basado en una aparente oposición entre “derecha e izquierda”, ha contribuido a crear consensos falsos sobre los problemas de la economía, la política y la sociedad.

Con tanto acuerdo entre los protagonistas de esta nueva restauración no extraña que el debate verse sobre quién recortará menos, sin que ninguno de ambos partidos se plantee las causas de la crisis ni las alternativas a un sistema que se hunde y que nos arrastra a todos con él.

No esperemos otra cosa del bipartidismo que el sacrificio de lo mejor a lo bueno, de lo bueno a lo posible, de lo posible a lo forzoso y de lo forzoso a lo miserable. Está en su genética. 

María José Pérez Salazar es militante de IU de Azuqueca de Henares

Robo sin escala

Francisco Luzón, del Banco de Santander, se jubila con 65 millones de euros de indemnización. ¡Pobre hombre!

Estamos hasta el copete de escuchar que no hay dinero, que no se puede gastar más de lo que se tiene y que, debido al despilfarro general de los últimos tiempos, hay que rebajar salarios, pensiones, cerrar hospitales, degradar la enseñanza pública y perder derechos elementales, como condiciones dolorosas y necesarias para alcanzar un porvenir mejor.

Hay que decir alto y claro que este género de argumentación es pura estafa, mercancía oxidada que se vende a precio de oro molido, y que quienes la manejan, que son gentes habituadas a ingresar sueldos millonarios y a no sufrir más estrecheces que las que inflige un cinturón sobre la barriga después de embaularse una mariscada, son una panda de bergantes que buscan engañarnos para que aceptemos ir al sacrificio con indiferencia ovejuna.

¿Cómo se puede decir, sin que produzca repugnancia intelectual, que no hay dinero, cuando las imprentas del Banco Central Europeo se han quedado sin tinta porque llevan dos meses emitiendo billetes a favor de la banca privada por orden del señor Draghi? Porque eso es lo que pasa, para vergüenza general, mientras Europa se hunde con 65 millones de parados. 

Desde diciembre, el BCE ha emitido casi 1’4 billones de euros que, en vez de dedicarse a reactivar la economía, combatir el paro e impedir recortes, se han prestado a precio de amiguete (al 1%, a tres años) a 1.323 bancos de la eurozona, para que éstos, a su vez, compren deuda pública al 5,  6 y 7%, realizando un negocio escandaloso por su mera intermediación que, además, se hace a costa del precio del crédito del que está tan necesitada la economía. En pocas palabras, un nuevo regalo para la banca privada que pagarán los contribuyentes con más impuestos, menos servicios, peores trabajos y más desempleo.

Draghi, gran amigo de la banca que procede también de la peor banca, como De Guindos, argumenta que el regalo billonario permitirá que las entidades financieras activen el crédito privado, lo cual generará actividad económica, de la que saldrá el empleo como Venus de una concha, y que el trabajo dará la prosperidad que tanto necesitamos. La misma cantinela de siempre, idéntico madrigal empalagoso que ya no engaña ni a los adoquines.

El negocio es redondo y miserable: por orden de los gobiernos de la eurozona, el BCE presta dinero a los bancos privados a un interés de chiste, para que éstos lo presten a esos mismos gobiernos que lo autorizaron y avalan, pero a un interés mucho mayor, proceso en el cual los bancos privados se llevan sin despeinarse una buena tajada que pagarán los ciudadanos de la eurozona trabajando más, cobrando menos y perdiendo derechos fundamentales para saldar una deuda tasada por acreedores sinvergüenzas.

Y esto en el mejor de los casos. Porque pudiera ocurrir que el billón y medio de regalo acabara limpiando los balances podridos de una banca que ha cometido delito de alta traición y que paga jubilaciones de cárcel a directivos sin entrañas. La última dádiva conocida, la que se lleva un tal Francisco Luzón, Consejero y Director General del Banco de Santander, entidad que debe impuestos multimillonarios a la Hacienda española y que cuenta con un tinglado de sociedades en paraísos fiscales como las Islas Caimán, Bahamas, etc., que se jubila con 65 millones de euros robados a los contribuyentes. Está claro: nos orinan, dicen que llueve y asentimos como bobos. No merecemos mejor trato mientras no extirpemos de nuestros cerebros la cancamurria opresora.

Los que nos maltratan quieren que nos declaremos en cantón, para así rendirnos con comodidad, pero no deberíamos complacerles. En todo caso, que sean ellos los que se acantonen, tanto los que mandan de verdad como los títeres que gobiernan en su nombre, porque aquí se va a organizar un Dos de Mayo que a poco que nos descuidemos va a empequeñecer la lucha de aquel día histórico.

Emilio Alvarado Pérez es portavoz del grupo de IU en Azuqueca de Henares

Quieren calefacción, no que les calienten

Un policía indefenso recibe un golpe en la mano propinado por la cara de un peligroso estudiante. Obsérvese la profesionalidad del comando que asiste al estudiante agresor

Ira, asco y amargura. Eso es lo que producen las imágenes difundidas por Internet en las que vemos a grupos de antidisturbios, acorazados de pies a cabeza, pegando con saña a estudiantes adolescentes en las calles de Valencia.

A los chicos y chicas que se manifiestan en las proximidades de sus centros educativos les sobran razones para quejarse: no quieren pasar frío en las aulas y no están dispuestos a sufrir más recortes que los convertirán, infaliblemente, en carne de cañón.

Los sucesivos gobiernos del PP han convertido la Comunidad Valenciana en un foco de corrupción que avergüenza y en una sentina de deuda insondable. Esos políticos, algunos de los cuales llevan generaciones disfrutando del caciquismo más rancio, han dilapidado el patrimonio público y quieren provocar la dislocación social. Ellos y no otros son los culpables de que no haya calefacción en las aulas, de los recortes educativos y, para colmo, de las agresiones que han sufrido los estudiantes que no hacían otra cosa que defender sus derechos en la calle. Esos políticos son los que tendrían que recibir el castigo de la fuerza pública por sus continuos desmanes, y no sus víctimas. Pero no está hecha la justicia para resarcir al ofendido. El mundo al revés.

Los chicos que son apaleados por la policía defienden la educación y la cultura. Se manifiestan con la mochila al hombro, en la que llevan el bocadillo, las tareas escolares y los apuntes. Esos son sus pertrechos, a lo que se une el sentimiento de saber que tienen razón, toda la razón, y que no necesitan nada más para que la verdad y la justicia resplandezcan, incluso ante un pelotón de mamelucos acorazados. En vez de ser  distinguidos por defender el interés general, a estos chicos les llueven los golpes que les propinan unos policías sañudos cuyos sueldos pagan sus padres, algunos de los cuales votaron no hace mucho a los políticos que han ordenado las cargas. Más de un progenitor estará avergonzado estos días porque no podrá sostenerle la mirada a su hija o a su hijo golpeados por un energúmeno con casco que se esconde tras el uniforme al que deshonra.

Es evidente. Las nuevas autoridades del PP, emborrachadas de mayoría absoluta y presas de soberbia ideológica, han ordenado a la policía que reprima con brutalidad. Da igual que los agredidos sean menores de edad, estén indefensos y no hagan otra cosa que ejercer sus derechos constitucionales. Ante la conflictividad que se avecina, resultado de unas políticas salvajes que están laminando al común, creen que saldrá barato atemorizar al personal, despolitizar a la ciudadanía, aislar al discrepante y demonizar al que protesta atribuyéndole toda clase de intenciones malvadas y un par de estacazos por si acaso. Es la vieja historia de siempre: se trata de que el apaleado se convierta en culpable y el que apalea brutalmente en víctima.

Para justificar la lluvia de mamporros, los dirigentes del PP nos cuentan historias abracadabrantes de infiltrados, agitadores, conjuras judeomasónicas y fuerzas tenebrosas que aprovechan las manifestaciones con el fin de reventarlas. “No hay como hablar de algo para lograr que exista”, decía un turbio personaje del Cementerio de Praga, experto en conspiraciones. Tampoco faltará a la cita siniestra la jauría de los profesionales de la desinformación, dispuestos a cocinar el forraje propagandístico con el que tapar el delito de Estado. 

Pero ocurre que todos estos ardides ya no sirven. Los teléfonos móviles tienen cámara y los ciudadanos son reporteros de sus vivencias, como un Argos vigilante de mil ojos. Cada vez resulta más difícil colar de matute una estafa propagandística que contradice cientos de imágenes grabadas de manera anónima, por mucho empeño que pongan en el asunto los cornetas de la intoxicación. En las imágenes difundidas por Internet sólo se ven estudiantes, la mayoría de ellos menores de edad, padres y madres, periodistas y otros ciudadanos que se sumaban estupefactos a las protestas a medida que arreciaba la saña policial. De los provocadores o de los elementos sediciosos de los que nos hablan los señores del PP, ni rastro, porque la verdadera conspiración puebla los despachos y pisa moquetas. Y por si cupiera duda alguna sobre lo que pasó en Valencia, contamos con la explicación impagable que de los hechos daba su Jefe Superior de Policía, el cual, en comparecencia ante los medios, jadeante y excitado por el festival de mamporros repartidos por sus subordinados, llamó a los ciudadanos apaleados enemigos. Adjetivo muy atinado el del mando policial, de nombre Antonio Moreno, porque así fueron tratados, por orden suya y de la Delegada del Gobierno, Paula Sánchez de León, los ciudadanos que se manifestaban: a hostias, como enemigos (hostis) que son para él y sus jefes políticos.

Cuando se analiza la violencia siempre se incurre en el mismo error, por lo demás completamente interesado: el dedo acusador sólo apunta a la violencia subjetiva, que es la que distorsiona o interrumpe el orden social (tanto da si es justo o no). Pareciera que todo acaba aquí, en el acto individual, lo cual es enteramente falso, porque al lado de la violencia subjetiva hay siempre una violencia objetiva, que es la que aplica el sistema, y que se caracteriza por ser continua y gozar del amparo que proporciona la ley y sus defensores, que tienen el monopolio de la violencia legal. Los sistemas inestables o en crisis suelen aumentar las dosis de violencia objetiva que aplican sobre sus ciudadanos, lo que tiende a producir una repuesta defensiva de los ofendidos. Además, a la violencia subjetiva y a la violencia objetiva se añade una tercera, la violencia simbólica, la del lenguaje, que aprisiona en sus límites la posibilidad del pensar, del decir y del criticar. Por eso se manipula la información y se retuercen las palabras, para violentar las conciencias y dañar el pensamiento.

En la capital del Turia se han dado las tres violencias, pero por parte de las autoridades. Hubo violencia subjetiva cuando apalearon sin razón a unos ciudadanos pacíficos que ejercían sus derechos constitucionales. Además, los políticos del PP y sus aliados mediáticos practican miserablemente la violencia objetiva sobre ellos con el fin de ganarse a la opinión pública, mintiendo sobre las víctimas y difundiendo una imagen de ellas monstruosa y falaz. Finalmente, se aplicó la violencia simbólica contra los apaleados y ofendidos, en el momento en el que el jefe de la policía, acompañado por la Delegada del Gobierno, los llamó enemigos.

Violencia objetiva, subjetiva y simbólica aplicada contra menores de edad por parte de un gobierno que, con sus actos, deslegitima el sistema que dice defender: no cabe ser más antisistema.

Camps en la calle, Garzón inhabilitado, despido a la carta, salarios de miseria, más paro que nunca, economía en recesión y, por si no fuese bastante, menores agredidos por las fuerzas de orden público. Como les dejemos, los señores del PP van a acabar con todo.

Emilio Alvarado Pérez es portavoz de IU en el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares

Daños colaterales de la reforma de la Constitución

Igual camisa, igual chaqueta, igual corbata: Zapatero y Rajoy acordando la reforma de la Constitución

La reforma de la Constitución, impuesta por el BCE y secreteada entre Zapatero y Rajoy, traicionó el pacto constitucional y alumbró un nuevo orden político que carece de legitimidad.

El nuevo artículo 153 de la Constitución, en su punto 3, dispone lo siguiente: “los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones, se entenderán incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta”.

Una de las consecuencias perversas del cambio a que obliga la reforma constitucional es la modificación de la prelación de pagos de las administraciones públicas.

Antes de la infausta modificación del artículo 135, cualquier administración pública tenía como primera obligación pagar las nóminas de sus trabajadores y, en segundo lugar, la seguridad social. El resto de sus compromisos iba después.

A partir de la publicación en el BOE de la reforma constitucional, todas las administraciones deben asumir como primera obligación pagar las deudas que tengan contraídas con los bancos. Después vendrán las nóminas, la seguridad social y los pagos a proveedores. Si los recursos no alcanzan para satisfacer todas las obligaciones, la reforma de la Constitución asegura que los bancos cobren los primeros, aún a costa de los empleados públicos, de la seguridad social o de las empresas que suministran bienes y servicios a la administración.

Por voluntad de Zapatero y Rajoy, los bancos se cuelan en la fila de los acreedores y se ponen los primeros en la ventanilla, no vaya a ser que sufran retrasos molestos que no se merecen. A los demás, si sobra algo que les den. Y si no, también.

Es de una evidencia bochornosa que la reforma de la Constitución se hizo para agradar a los bancos y prestamistas internacionales. Y no menos evidente es que el bipartito que nos lleva gobernando treinta años, consintió una medida que nos daña sin tener la gallardía de explicarla sin tapujos ni engaños.

Por mucha receta charlatánica que le echen el PP y el PSOE, su decisión fue desastrosa y los males que provocará les perseguirán durante mucho tiempo.

Emilio Alvarado Pérez es portavoz de IU en el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares

Lehman Brothers: la mayor quiebra de la historia

Recreación dramática de la BBC sobre la quiebra de Lehman Brothers, desencadenante de la crisis económica que padecemos en la actualidad. Una historia que nos muestra quiénes fueron los culpables de los males presentes. 

De Guindos fue altísimo responsable de Lehman Brothers, banca de trileros que acabó en la ruina. Las decisiones de personajes como de Guindos, además de colapsar el sistema bancario mundial, destaparon un entramado financiero podrido que ha conducido al paro y a la miseria a millones de trabajadores. 

Hay pocos países en el mundo que consentirían que un personaje de esta condición pudiera convertirse en Ministro de Economía. Uno de esos países se llama España, que inventó también el género picaresco. 

Emilio Alvarado Pérez es portavoz de IU en el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares

¡Bwana, no me pegue mucho que me estropea!

¡Fuera caretas! Rajoy no es el presidente del gobierno de España, como tampoco lo era Zapatero. Todo lo más, Rajoy es el ordenanza de los que tienen mando en plaza, que son Trichet, Draghi y Merkel, a los cuales, por cierto, les importa un pepino el futuro de España, de los españoles y de su gobierno. O puede que no, porque quizás los que gobiernan Europa tienen especial interés en que nuestro país zozobre, para que lo reflote a precio de risa un fondo domiciliado en Macao. Así, el triunvirato y sus amigos se tostarán en lo que un día fueron nuestras playas, mientras que un ejército de camareros nativos, con salarios de miseria, les sirven sangría y tapas variadas. Unos y otros, gerifaltes y recaderos, juntos todos, quieren que concluyamos en una suerte de Cabaña del Tío Tom a escala nacional, desde la Estaca de Bares al Cabo de Gata, desde Punta Tarifa hasta el Cabo de Creus, y desde La Mola hasta Punta Orchilla. En su plan de estabularnos, el BCE y Berlín cuentan ahora, como antes, con la colaboración de nuestro gobierno que, con cada acto, comete traición y se cisca en los ciudadanos, incluidos sus votantes. Vergonzoso.

Hoy gobierna Rajoy; ayer, Zapatero. Cuando Zapatero gobernaba, era juzgado por la opinión pública; ahora que Rajoy es Presidente, corresponde juzgarlo también, aplicándole el mismo rasero que él utilizó con  sus adversarios. Sería injusto obrar de otro modo.

Empecemos diciendo que el principal propósito de Rajoy (a pesar de los silencios, ambigüedades, mentiras y demás brumas de su discurso) es transparente como el agua del arroyo: acatar al pie de la letra lo que dispongan Trichet, Draghi, Merkel y demás amigos de los españoles. En esto no se diferencia de Zapatero al que, no lo olvidemos, Rajoy zahería porque dejaba que otros gobernaran en su nombre. Si Zapatero era un pocacosa, Rajoy, en justa correspondencia, corre veloz a convertirse en un pisahormigas, que es cualidad un punto menor que la primera y muy a propósito para destartalar una sociedad desde dentro por orden de la autoridad verdadera. Dígase alto y claro: el programa de gobierno de Rajoy se resume en que doblemos la cerviz, que es poner el país a la altura del alquitrán, porque otros lo mandan, y no la sarta de embustes con que se presentó a las elecciones de noviembre. Expresado con laconismo, que es el modo de referir más adecuado en tiempos de penuria, con Rajoy tenemos más de lo anterior, elevación a la potencia de la medianía y la traición.

De los dos primeros amigos de los españoles y oráculos de nuestro gobierno, Trichet y Draghi, sabemos sus intenciones, porque las pusieron por escrito en una carta-ultimátum que Zapatero y Rajoy esconden ridículamente en algún cajón secreto, pero que es de dominio público desde que la publicó el Corriere Della Sera el pasado 29 de septiembre. En la misiva, puro diktat mafioso, plan oculto para gobiernos pusilánimes, se ordenaba a Zapatero gobernar por decreto, facilitar el despido, destruir los convenios colectivos, bajar los salarios, reducir las pensiones y recortar la nómina de los empleados públicos. Zapatero se sorprendió al leer la carta, porque su estilo cortante y desabrido desentonaba con la ejecutoria de un gobierno, el suyo, que ya  había reducido salarios y pensiones, y que había recortado derechos sociales y laborales de manera nunca antes vista. El Presidente creía haber saciado a la fiera al haber convertido nuestro país en un vulgar dominio de Alemania, sin percatarse de que lo que alimenta la fiereza es la abundancia de sangre y no al revés. Alarmado por la lectura de la carta, llamó a Rajoy y ambos secretearon acatar al ciento las órdenes de Trichet y Draghi. Por ese motivo, Zapatero y Rajoy, cogidos de la mano, reformaron en agosto la Constitución, principalmente para agradar a los amos de Europa y a los especuladores internacionales. Ese día dejaron de ser presidente y presidenciable, al convertirse en botones de un superior que ni siquiera les proporcionó la librea y la gorrilla de rigor con la que ser identificados por el ciudadano medio. Mientras se mantuvo en el cargo, Zapatero prestó grandes servicios al dúo Trichet y Draghi, lo que condujo al hundimiento del PSOE y al empobrecimiento de los españoles. Ahora que es Rajoy el que le sucede, la pleitesía, al igual que la desesperación del común, cotizan al alza. El señor Rajoy , con un entusiasmo patético, ha seguido acatando lo que ordenaban Draghi y Trichet. Primero de todo, lo de gobernar a golpe de ukázs. Sobre esto, por ahora, ya contamos con dos fechas para el recuerdo: el 30 de diciembre de 2011 y el 10 de febrero del corriente. Después, el señor Rajoy cumplió lo de congelar los salarios públicos, poner los fundamentos para mandar al paro a miles de trabajadores de la administración pública y subir los impuestos. Y ahora nos viene con lo de abaratar el despido, reducir los salarios de los trabajadores del sector privado, tratar a los parados como delincuentes y desampararlos a todos ante el imperio de la patronal. ¡Cuánta aplicación y diligencia cuando la ocasión lo merece!

Y qué decir de frau Merkel, la tercera del triunvirato y espejo de virtudes según Rajoy, señora cuyo principal interés es proteger a los bancos alemanes y lograr que la economía alemana exporte tanto como pueda a una Unión Eropea cada vez más desindustrializada. Y si la UE ya no compra porque los salarios no lo permiten, vender a China o la India, países en expansión, o producir en ellos a precio de ganga para vender a los demás. ¡Vaya percal!

Lo sabemos desde hace muchos años. Cuando una institución o un gobierno poderoso exigen el ajuste de un tercero más débil (antes eran EEUU y el FMI en América latina o el sudeste Asiático, ahora son Alemania y el BCE en España, Italia, Grecia, Irlanda o Portugal), lo único que interesa es asegurarse el cobro de la deuda, aunque el deudor muera en el intento de saldarla. Como recuerda el Nobel de Economía, Joseph E. Stiglitz, durante la crisis de Asia Oriental, a Tailandia se le exigió recortar brutalmente su presupuesto sanitario a sabiendas de que con ello aumentarían los casos de SIDA, cosa que así ocurrió. A Indonesia le aplicaron igual receta, lo que llevó a suprimir la escasa ayuda alimentaria que recibían los hambrientos, con lo que el hambre se extendió aún más entre sus menesterosos. Y a Pakistán esta imposición le llevó a suprimir las ayudas en educación, lo que empujó a muchos progenitores a enviar a sus hijos a las madrasas, templos de adoctrinamiento fundamentalista para la yihad global. Olvidando las enseñanzas de la historia más reciente, ahora se aplica igual correctivo a Grecia, Italia, Portugal, España e Irlanda, porque hay una verdad universal, que predica Merkel y su Ministro de Economía, que no admite réplica en una Europa desarbolada, sin memoria y gobernada por la derecha: primero se pagan las deudas, aunque para ello haya que vender a precio de cascote las piedras del Partenón, del acueducto de Segovia o de la Torre de Pisa.

Y en este punto nos encontramos: el del derribo por orden de la autoridad competente de lo poco que quedaba del derecho laboral español. Por decreto del gobierno de Rajoy se han retirado los puntales sobre los que se sostenían nuestras relaciones laborales y que salvaguardaban, en la economía legal, una mínimas condiciones salariales y de horario para los trabajadores de un mismo sector. Ya lo dijo el Ministro de Guindos cuando tuvo que sintetizar en una palabra el significado de la reforma: agresiva. No le quitemos la razón al señor Ministro ahora que le asiste, porque el decreto de su gobierno contiene todos los aspectos y matices de la agresividad: violencia (ejercida indirectamente), ofensa (los de siempre pagan los errores ajenos), provocación (si alguien ha cumplido con sus obligaciones en estos años de crisis han sido los trabajadores) y ataque (los trabajadores trabajarán mucho más por un salario mucho menor, y todo para vivir con menos dignidad). No cabe mayor afrenta.

Cada día que pasa nos acercamos más al despido libre, universal y gratuito, a que desparezcan los convenios colectivos y a que los salarios de los trabajadores se aproximen a un mínimo interprofesional que no alcanza ni para pipas. En términos clásicos, que además son los más castizos, a esto se le llama explotación, que es exprimir al trabajador hasta que, seco y sin zumo, se le arroja al arroyo para sustituirlo por otro joven y fresco que, a no tardar, también acabará desahuciado en el albañal. Al zumo extraído se le llama plusvalía. Y al antagonismo y a la relación desigual entre explotador y explotado, lucha de clases. Regresamos a los tiempos en los que volverá a decirse aquello que el esclavo negro suplicaba al capataz: “Bwana, no me pegue mucho que me estropea”.

En una economía con una enorme capacidad de trabajo sin emplear, la reforma laboral del gobierno del PP, la número 52 de nuestra historia reciente, producirá efectos devastadores sobre los asalariados y sus derechos. Lo que antes era delito ahora se normaliza; los padres serán despedidos y sustituidos por sus hijos a precio de saldo, y estos últimos, a su vez, rotarán en la economía como peonzas, sin posibilidad de construir un itinerario estable para sus vidas privadas, lo cual tendrá efectos demoledores en nuestra demografía; finalmente, todos vivirán paralizados por el miedo mientras trabajen por sueldos de miseria y las deudas privadas anulen su libertad.

La sociedad que se está constituyendo mediante el uso indiscriminado de la violencia económica produce asco. Es injusta e inviable. Daña a las víctimas y envilece a los pocos privilegiados a los que recompensa. Cada día cuesta más mirar a nuestros hijos a la cara sin mostrar una profunda pena, pensando en lo que les aguarda: vivir en una sociedad emasculada que olvió el significado de la palabra justicia.

Emilio Alvarado Pérez es portavoz de IU en el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares

Consecuencias ideológicas de la crisis

Una de las consecuencias más inmediatas de la crisis económica y del descontento generalizado hacia la clase política es el resurgimiento de la ideología fascista. Es preocupante la cantidad de organizaciones neofascistas que han surgido últimamente, y aún más que a partir de las elecciones municipales de mayo de 2011, ciertas de ellas tengan representación en consistorios muy importantes, como por ejemplo el de Alcalá de Henares en Madrid.

Una mirada al pasado nos hace comprender los motivos que permitieron la aparición de Hitler y su diabólica doctrina en la Europa de los años 20 del siglo pasado y que no fueron otros que la crisis económica, social, moral y política de una nación escindida y derrotada, factores todos ello amplificados por la Gran Depresión del 29.

La situación actual en Europa se aproxima a la de aquellos años nefandos. Crisis, paro, pobreza, desaparición de derechos sociales, deterioro grave de los servicios públicos, descrédito de la política tradicional, ausencia de ideologías alternativas, corrupción, manipulación y mentira son realidades que nos acompañan a diario desde hace demasiado tiempo, provocando una erosión de la ética individual y colectiva muy profunda.

En nuestro país, las políticas de ajuste del PSOE y los reajustes del PP (en definitiva, más recortes sociales, disminución de salarios y pérdida de derechos) no han producido los efectos deseados por quienes las han propuesto. Muy al contrario, han traído más desigualdad y pobreza, ahondando el descontento y el miedo de la mayoría de la población. El cansancio de los ciudadanos es palpable, y la irritación hacia el sistema se extiende como el aceite. Los lazos de la sociedad, tal y como los veníamos conociendo, se rompen y el populismo fascista puede recoger los frutos de una situación tan inestable.

Crisis económica

El Crac del 29 fue el resultado de la devastadora caída de la Bolsa de Nueva York provocada por una bajada repentina en el precio de las acciones, tras un lustro de subidas desenfrenadas que habían permitido amasar grandes fortunas en un corto espacio de tiempo. Los inversores no sólo destinaban sus ahorros y ganancias a aumentar la espiral bursátil, sino que se impuso la compra de títulos a crédito en la presunción falsa de que los beneficios de las acciones no caerían jamás.

Las semejanzas con la situación actual son evidentes, lo cual no es de extrañar porque los episodios especulativos, en el fondo, se rigen por las mismas reglas: avaricia, locura colectiva, movimientos de rebaño, incentivos hacia actividades sin futuro y mentiras asumidas mayoritariamente. La crisis presente, que comenzó siendo de las finanzas y que ha pasado a ser económica, política y social, fue provocada por un sistema financiero que impulsó el crédito temerario sobre el aval falso de unos inmuebles y unos solares que, se nos juraba, siempre subían de precio. Como cualquier burbuja, la de los inmuebles estalló, dejando un socavón en la economía de proporciones bíblicas que está llevándose por delante al Estado del Bienestar.

Crisis social

Tras la I Guerra Mundial, Alemania había aceptado la responsabilidad de la misma, lo que le obligaba a soportar una elevada deuda para con el resto de países vencedores. Durante los años anteriores a la crisis, Hitler había predicho su llegada y mientras los bancos quebraban y millones de alemanes perdían su empleo, Hitler vio la oportunidad de difundir el discurso del resentimiento, que prosperó en una nación derrotada, humillada y sin principios.

De nuevo, las semejanzas entre la Alemania posterior a la Gran Guerra y la de la España actual son muy acusadas. Cuando España entró en la Comunidad Europea y en la OTAN, en la década de los 80, el gobierno de Felipe González se encargó de desmantelar la industria nacional (siderurgia, naval, etc…) por exigencia del guión comunitario. La mal llamada reconversión industrial (que, en realidad, nos dejó sin industria) sumió al país en una crisis social de la que no nos hemos recuperado casi treinta años después, porque ha provocado que arrastremos una elevada tasa de paro que, por su magnitud inasumible, lastra la economía. No podemos obviar que fueron los gobiernos de Felipe González los que provocaron las mayores huelgas generales que recuerda este país, tanto en 1988 (reconversión industrial, abaratamiento del despido y contratos eventuales para jóvenes) como en 1994 (recortes de prestaciones por desempleo, contratos con salarios bajos y sin derechos para los jóvenes e intensificación de la movilidad geográfica del factor trabajo, entre otras medidas). Las medidas adoptadas por los gobiernos de Felipe González, lejos de mejorar la tasa de paro, provocaron su aumento y consolidación. Con la llegada de Aznar al poder, la tasa de paro descendió (aunque nunca por debajo de la tasa europea) y el poder adquisitivo de los trabajadores se redujo un 4% debido al crecimiento del empleo en sectores poco productivos (construcción, hostelería, …) y con salarios bajos. Pero los fundamentos de esta reducción del paro, a falta de un sector industrial fuerte, provocaron el colapso actual. Los gobiernos del PP fiaron todo el crecimiento a la carta de engordar la especulación inmobiliaria. El PP cebó la bomba que el Presidente Zapatero continuó alimentando hasta que en 2008-2009 nos estalló en la cara. Como bien sabemos, el tinglado inmobiliario se vino abajo, entramos en recesión, los bancos sobrevivieron porque fueron socorridos con torrentes de dinero público y tenemos más de cinco millones de parados, la cifra más alta de la historia, que es imposible absorber aunque el PIB crezca en el futuro con fuerza, porque la economía española no tiene tejido suficiente para hacerlo. O le damos la vuelta al país o estaremos condenados a sufrir durante varias generaciones las consecuencias de una sociedad fracturada.

Crisis política

La crisis política de la Alemania anterior al nazismo es consecuencia de la crisis social en la que se sumió el país y que permitió que el discurso racista fuera acatado por la mayoría de los ciudadanos alemanes, tanto por convicción como por el miedo y la violencia. De nuevo se evidencian paralelismos con la situación actual.

Para empezar, la negación por parte del gobierno de Zapatero de la crisis; después, la ejecución de medidas ineficaces y del neoliberalismo, que alcanzaron el cenit con la constitucionalización de tal ideología en el nuevo artículo 135. Esta última decisión, hija del bipartito, hipoteca el gasto del país que se subordina al pago de una deuda pública mantenida con especuladores y banqueros. Tal decisión, que pone a las claras quién gobierna el mundo, nos hunde en una crisis política y social que se ve acentuada por la creciente sensación de lejanía entre ciudadanos y clase política. A pesar de que los hechos las desmienten a diario, se siguen ejecutando las políticas neoliberales que nos han hundido en la crisis, por presión de lobbys financieros representados por las agencias de calificación y por la complicidad de unos gobiernos más ocupados en defender los intereses de la banca que los de los ciudadanos. En este caldo de cultivo de desafección y de desmoralización pueden prosperar ideas neofascistas que basan su discurso en un racismo contra la inmigración y en un lema tan peligroso como “los españoles primero”.

Debemos tener memoria y recordar el pasado para no volver a transitar el sombrío camino del fascismo, denunciando a quienes se creen en posesión de una verdad distorsionada que ha sugestionado al individuo, hasta el extremo de asumir como propia una crisis que no provocó. A pesar de todo, el futuro sigue estando en nuestras manos. Ha quedado demostrado por los más de 5'2 millones de parados que las medidas de ajuste y de reajuste del gasto, así como los recortes sociales indiscriminados son dañinos e inútiles. Hay una alternativa al PP y al PSOE, y no es el fascismo, cuyo único propósito es conducirnos a la tiranía y la muerte. No somos comparsas en esta crisis. No debemos consentir que nuestro pensamiento sea envenenado por la maldad de los que afirman que la culpa de la crisis la tienen precisamente quienes más la sufren, alentando un discurso que sólo demuestra la enfermedad moral de quien lo utiliza. Debemos parar al fascismo cotidiano que se nos cuela en tertulias, frases hechas, lugares comunes, comentarios de taberna y demás foros del descontento o del desahogo irreflexivo. De lo contrario, los paralelismos con épocas pasadas serán cada vez más claros y repetiremos una historia que nos llevó a la catástrofe absoluta.

Miguel Ángel Márquez Sánchez es militante de Izquierda Unida de Azuqueca de Henares

Los que sobran de verdad

Unos pocos han declarado la guerra a casi todos, utilizando como pretexto la crisis. A la minoría que malversa el poder (financiero, mediático y político) le sobran los trabajadores y sus derechos, los enfermos, los parados, los ancianos, los jóvenes, los niños, los consumidores, los pensionistas, los discrepantes, los que quieren ganarse honradamente la vida, los gordos, los flacos, los altos, los bajos, las mujeres, los hombres, los vivos y hasta los muertos.

La élite en el poder pretende convertirse en casta, y por eso también le sobran la civilización, los buenos sentimientos, el amor al prójimo, los derechos, la igualdad, la justicia, el afán de mejora, todo atisbo de humanidad.

Esta minoría quieren echarnos de la sociedad, estabularnos como al ganado, llevarnos a la porqueriza, achantar nuestra conciencia, echarnos a perder. Ya ni siquiera se molesta en disfrazar con retóricas la brutalidad de sus intenciones. Lo quiere todo raso y limpio. Desengañémonos: no contamos para ella.

Para convertirse en casta, la élite en el poder emplea tres armas tan poderosas como viejas: el dinero, la propaganda y las leyes. El dinero para dominar y comprar voluntades, la propaganda para difundir masivamente la mentira y las leyes para imponer lo que no se acata por las buenas. Para impedir este proyecto monstruoso hay que combatirles en sus guaridas. El poder que detentan debe volver a su único y legítimo dueño: el pueblo.

Algunos dirán que ha sido el pueblo el que ha aceptado tal estado de cosas y que hay que resignarse mientras siga consintiendo. A esos debemos decirles que los discrepantes, los que callan y los que no tienen voz, que también son pueblo, son siempre más que los que hablan a favor, y que un pueblo sometido por el miedo y la mentira no es libre ni juicioso.

Hasta ahora el 99% se va dejando conducir mansamente al cadalso por el 1%. ¿Cuándo cambiarán las tornas?

Emilio Alvarado Pérez es Portavoz de IU en el Ayuntamiento de  Azuqueca de Henares

Consejo de guerra a Garzón

Ya lo consiguieron: sentar a Garzón en el banquillo

Si algo tiene Garzón son enemigos. Y si en algo coinciden sus enemigos es en odiarle. Los que le desean el mal, que son legión, componen un guisote de argumentos contra él mezclando siempre tres ingredientes, a saber: que si Garzón es así o asá, que si es un chapucero en la instrucción de sus casos y que, como juez, actúa ilegalmente a sabiendas. Juntos todos, los ingredientes nos dan un comistrajo de sabor repugnante, reflejo de la monstruosidad del personaje que hay que destruir. Este puchero se sirve a diario, acompañado de tintorro y de un chusco de pan, por una buena parte de los medios de desinformación de nuestro país,  como alimento de una opinión pública muy apoltronada en el bostezo y la indiferencia.

El guiso, administrado en raciones muy abundantes, ha conseguido lo esencial: dar por bueno lo aberrante, que es que los delincuentes sienten en el banquillo a quien los investiga, con la ayuda impagable de unos jueces y magistrados que odian a Garzón. Lo que no consiguieron terroristas, mafiosos y narcotraficantes durante años de ejercicio del juez Garzón, lo han logrado un puñadito de jueces y magistrados sin escrúpulos que, además, ocupan el vértice de la judicatura, que es uno de los poderes del Estado.

Sabemos que llegados a un punto, el sueño de cualquier condenado o sospechoso sentado en el banquillo por el juez Garzón es retirarle de la vida judicial y, si se tercia, de la existencia misma. Cuando un juez no está dispuesto a transigir con el criminal y el criminal se cree suficientemente poderoso para burlar su destino, caben dos opciones: o se inhabilita al juez o se inhabilita su espinazo. Esta es la fase “procesal” en la que ahora estamos.

Conviene descomponer el guisote cocinado por los enemigos del juez Garzón en sus elementos simples y saber qué se esconde detrás de los grumos. Una sociedad flatulenta ni piensa ni hace la digestión en condiciones. Pongámonos al asunto.

Como ser humano, el juez Garzón tiene sus defectos, al igual que cualquier mortal. Pero las imperfecciones no son delitos y no cabe que nadie, tampoco él, sea juzgado penalmente por tal motivo. Importa un comino si Garzón es vanidoso o no, si cree en esto o en aquello, si aspira a tal o cual cosa o si se peina con raya o tupé. En un tribunal penal no se juzga una personalidad o un modo de ser, sino hechos constitutivos de delito. Concluyamos que sobre esta endeblez no hay causa penal, sólo bilis y espumarajos.

Por otra parte, Garzón puede haberse equivocado en la instrucción de algún asunto o haber aplicado doctrinas discutibles en determinadas circunstancias (aunque ambas cuestiones habrá que demostrarlas, cosa no fácil por cierto), pero sobre este particular tampoco hay caso. Las interpretaciones judiciales fundadas en doctrina y jurisprudencia no sólo no son censurables sino que enriquecen el derecho, amplían su esfera y perfeccionan su aplicación. Como es bien sabido, la interpretatio es, en numerosas ocasiones, el único modo de administrar recta justicia. En consecuencia, tampoco aquí cabe rebuscar motivos para sentar a nadie en el banquillo. Dicho en frase corta, nulidades justificadas sí, prevaricaciones injustificables no.

Desechados los dos primeros ingredientes, queda el meramente delictivo, el de que Garzón es un prevaricador de tomo y lomo.

Empecemos por la trama de la Gürtel y las supuestas escuchas ilegales ordenadas por Garzón, asunto sobre el que los fiscales se han pronunciado con contundencia. Principiemos diciendo que la ley que regula tan vidrioso tema es ambigua, al establecer que la intervención de las comunicaciones podrá efectuarse “por orden de la autoridad y en los supuestos de terrorismo”. De la lectura del precepto cabe inferir racionalmente dos interpretaciones: o la conjunción sugiere alternancia o acumulación. En el primer caso, el supuesto de terrorismo no es excluyente. En el segundo, en cambio, sí. Sentado lo anterior, no cabe inferir que cualquiera de estas interpretaciones sea prevaricadora; todo lo más, objeto de nulidad. Por si no bastara con lo anterior, hay que recordar que las escuchas se ordenaron no para espiar la actividad profesional de los abogados en relación con sus clientes, sino porque había indicios abrumadores de que algunos de los abogados eran parte del entramado criminal de la Gürtel. Dicho de otro modo, Garzón no mandó interceptar la comunicación de un abogado con su representado, sino la de un posible delincuente, que es abogado, con un malhechor que, además, es cliente, compinche y jefe de fechorías. Lo sabemos por las películas de cine negro. Todo Al Capone precisa de un contable, un banquero y un abogado que, formando parte de un tinglado delictivo, ocultan el dinero fruto del crimen, lo blanquean para que sea disfrutado y defienden al capo cuando es sorprendido con la pistola humeante en sus manos. En un caso así, el contable, el banquero y el abogado no son honrados ciudadanos que ejercen su profesión como mejor saben, sino que son asalariados de una maquinaria delictiva que los necesita como el comer. Vigilarlos no sólo es una obligación legal sino una cuestión de sentido común. En cambio, tratarlos como lo que no son, además de ilegalidad, es estupidez imperdonable o prevaricación incluso. Pero si con todo lo dicho no fuese suficiente, en casos idénticos que nada tienen que ver con el terrorismo (asesinato y ocultación de cadáver en el caso de Marta del Castillo y narcotráfico en el caso de Pablo Vioque) se ha obrado del mismo modo, interviniendo comunicaciones entre abogado y cliente, sin que tal cosa haya llevado a  acusar de prevaricadores a los jueces que ordenaron las escuchas. Clama al cielo que los mismos que gritan como vírgenes ofendidas en el caso de las escuchas de la Gürtel, defienden que a los acusados del asesinato de Marta del Castillo hay que pincharles el teléfono y enterrarlos en cal viva. Ítem más: en el caso de la Gürtel, otro juez, Antonio Pedreira, prorrogó las escuchas ordenadas por Garzón y nadie le acusa de nada, quizás porque no se llama Garzón (aunque todo se andará). En definitiva, ni el tenor de la ley, ni las motivaciones, ni los antecedentes judiciales permiten, a no ser que se retuerza el sentido de la legislación y los principios de la justicia, que se acuse de prevaricador por este asunto al juez Garzón.

Pero no sólo la trama Gürtel y aledaños quieren retirar permanentemente de la circulación a un juez molesto. Lo más granado del fascismo patrio, investigado por Garzón por los crímenes de la dictadura, busca lo mismo. La acusación esgrimida por los abogados de la ultraderecha es idéntica a la de la Gürtel: prevaricación, aunque el motivo sea distinto. Aquí no hay escuchas ilegales que reprochar, sino la asunción supuestamente errónea e interesada por parte del juez de la competencia para investigar unos crímenes que, en versión de quienes los amparan, quedaron tapados por la Ley de Amnistía y prescritos por el tiempo. Empecemos diciendo que se antoja humillante que los herederos de un sistema criminal e ilegal nos den lecciones sobre la importancia de respetar las leyes. Pero raya lo delictivo que esta ponzoña sirva, disfrazada con andrajos de legalidad por la pluma de un juez, Luciano Varela, para destruir la reputación y la carrera de quien se encomienda a la tarea de investigar judicialmente lo que, por dejadez, miedo o inmoralidad, nadie se atrevió antes. El carácter chusco de la acusación contra Garzón en este caso es absoluto. El juez instructor, Luciano Varela, admite unos escritos chapuceros y vengativos contra Garzón redactados por Falange y el grupo ultraderechista Manos Limpias, los cuales ayuda a mejorar (convirtiéndose en ese momento en juez y parte, juzgador y acusador a la vez), en virtud de los cuales se suspende cautelarmente, y en contra del criterio de los fiscales, a Garzón, lo que le conduce al banquillo de los acusados. Si en la trama Gürtel los más que presuntos demuestran algo de refinamiento en sus estrategias, en el juicio contra los crímenes del franquismo la involución jurídica de los acusadores es total. Eso sin entrar en que los crímenes contra la humanidad no prescriben ni pueden ser indultados, que en el mundo civilizado se impone la idea de que hay que instituir una jurisdicción universal para perseguirlos y que nuestra Carta Magna, que no menciona la ley de amnistía, sí en cambio advierte en el artículo 10.2 que “las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades fundamentales que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con las Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España”, a lo que se suma lo recogido en los artículos 23.4, letra h, de la LOPJ y en el artículo 607 bis de nuestro Código Penal, sin contar con los tratados ratificados por España sobre tales cuestiones que forman parte ya de nuestra legislación interna. Si en el caso Gürtel la inquina contra Garzón se sirve rebajada y fría, en el de los crímenes del franquismo se administra pura y caliente en vaso turbio.

Recapitulemos. El colmo de la hipocresía judicial es intentar revestir una causa injusta con el ropaje de la legalidad. Es de cobardes tapar la summa iniuria bajo montañas de legajos y de sofismas leguleyos. Si se quiere llevar al paredón judicial a Baltasar Garzón que se diga alto y claro. Que los jueces dispuestos a administrarle la cicuta se dejen de puñetas, se quiten las puñetas y le hagan la puñeta a la luz del día, sin ocultamiento, si es que se atreven a afrontar la responsabilidad penal de sus actos. Y que nadie olvide que los jueces que pretenden escarmentar a Garzón pueden ser acusados de prevaricación dolosa por sentencia injusta. Prevaricación porque si no hay delito no pueden dictar pena, y dolo porque los jueces juzgadores, que le tienen gato a Garzón, manifiestan con anticipación plena voluntad y regocijo por pronunciar una sentencia injusta y dañina contra su persona.

Como señala muy acertadamente Luis García Montero, el juicio contra Garzón es nuestro caso Dreyfus. Al sentar en el banquillo a Garzón no se juzga a un hombre, sino que se busca condenar a quien se atreve a tocar a los intocables (a los corruptos del PP y a los herederos del fascismo) acostumbrados todos a la impunidad, el desahogo y el disfrute genético del poder. El juicio contra Garzón no es sobre actos pasados y personales, sino sobre actos futuros y colectivos que denuncian las miserias de un sistema político cada vez más frágil, que se sostiene sobre el silencio y la mentira. El escarmiento que se quiere administrar al juez Garzón es una advertencia para aquellos que pretendan tomar el camino equivocado: el de revisar una historia escrita por los vencedores y su legado fallido. Por eso, este juicio, allende nuestras fronteras, es un escándalo incomprensible.

Recapacitemos: el trabajo de Garzón consiste en hacerse enemigos, que lo son porque previamente son enemigos de la sociedad y de las leyes, no al revés. Para eso pagamos a Garzón, para que engrose la lista de sus enemigos persiguiendo el delito y protegiendo la legalidad. Por el mismo motivo debemos defenderlo de la sed de venganza de sus enemigos y de la jauría mediática que los aclama.

País enfermo es aquel en el que exigir justicia es un crimen.

Emilio Alvarado Pérez es portavoz del Grupo Municipal de IU