Criminalizando la educación

Wert se divierte en las sesiones de control del Congreso de los Diputados

Un día tras otro nos levantamos viendo en los medios de comunicación noticias sobre los problemas que causa la crisis económica en la sociedad española. Cada día hay más personas en el paro y más familias sin ninguna prestación ni recurso. ¿Qué hace el Gobierno para solucionarlo? Recortar y convocar “gabinetes de crisis” por la nacionalización de YPF, empresa que de española tiene muy poco. ¿Cuáles son los últimos recortes? Los sanitarios y educativos.

Me centraré en desmontar las mentiras y falacias vertidas por el Partido Popular contra la educación y los estudiantes.

En primer lugar, el señor Wert y la señora Cospedal afirman que los españoles somos muy malos estudiantes universitarios y que costamos al erario público mucho dinero (3.000 millones de euros anuales), además de alcanzar una tasa de fracaso universitario del 30%. Es aquí donde comienzan las mentiras. Cuando el señor Ministro y la Secretaria General del PP afirman que la tasa de fracaso universitario está en el 30%, incluyen a las personas que por diferentes causas hemos tenido que cambiar de carrera universitaria. Si eliminamos ese añadido, la cifra de fracaso baja al 21%. También olvidan mencionar en sus críticas las cifras que ofrecía la CRUMA (Conferencia de Rectores de Universidades en Madrid). En ellas, los rectores afirman que el 79% de los estudiantes que comienza sus estudios universitarios los consiguen terminar y que, además, sobre este particular, estamos mejor que la media europea.

¿Qué propone el gobierno para solucionar un  problema que no existe? Aumentar las tasas universitarias de un 15% a un 50%-60%, y reducir el número de becas y ayudas a los estudiantes. Citando al señor Ministro: “es hora de que las familias paguen los estudios de sus hijos”. Sin embargo, tanto Wert como Cospedal olvidan mencionar que al aumento de las tasas por parte del Estado hay que añadir las posibles subidas de las diferentes universidades. ¿Qué supone la disminución de las becas y ayudas, junto con la subida de tasas? Que el próximo curso, la mayoría de los estudiantes pagará una matrícula superior a los 1.500 euros anuales y que muchos otros se verán obligados a no realizar estudios universitarios o abandonar los que ya están cursando.

¿Dónde está la trampa? La desveló el Ministro de Educación afirmando que a los estudiantes se les podrán conceder préstamos con diferentes entidades bancarias para sufragar sus estudios. ¿Qué es lo que no dice? Que los estudiantes que soliciten uno de estos préstamos, por el hecho de estudiar, tendrán que pagar intereses abusivos que les tendrán endeudados durante muchos años de su vida.

Continuando con más mentiras, la siguiente nos lleva a la “supuesta” gran cantidad de universidades públicas que hay en nuestro país. El señor. Wert sostiene que hay que reducir el número de instalaciones universitarias porque suponen un gasto excesivo. Hablemos de costes, señor Wert, y comparemos el porcentaje destinado por dos comunidades autónomas a financiar las universidades públicas y privadas. La primera de esas comunidades es Asturias. En el Principado, el porcentaje destinado a las universidades públicas alcanza un 80% del total, mientras que el destinado a las universidades privadas es de un 20%. Ergo, pese a destinar un 20% del presupuesto educativo para la enseñanza superior a universidades privadas, que se financian con el dinero que pagan sus estudiantes, el porcentaje es adecuado. En el lado opuesto tenemos el ejemplo de la Comunidad de Madrid, en la que el porcentaje del presupuesto se distribuye en un 50% entre universidad pública y privada. Un reparto aberrante, ya que estamos financiando universidades privadas con grandes cantidades de dinero público. ¿Qué no cuenta, además, doña Esperanza Aguirre sobre esta cuestión? Que esos porcentajes también son falsos a efectos de liquidez, ya que la partida destinada a las universidades privadas siempre llega, mientras que con las públicas mantiene una lista de impagos intolerable. Por lo tanto, la realidad es que en Madrid se está destinando más dinero de los contribuyentes a promover intereses privados que públicos.

Además de esto, ¿por qué el señor Wert y los señores del PSOE no hablan de las dificultades financieras que han tenido que pasar las universidades para poder adaptarse a los "Grados" sin casi financiación del Estado? No les interesa, es mejor hacerse la foto.

Por último, desmontemos las mentiras sobre la educación primaria y secundaria. El señor Wert afirma que hay que aumentar la ratio de alumnos por clase. Esto supondrá el aumento de alumnos por aula retrocediendo a cifras de otros tiempos. También supondrá una peor calidad educativa para nuestros jóvenes y el despido de profesores, aumentando más el paro. ¿Por qué el Estado y las Comunidades Autónomas no se centran en la educación pública, que es lo suyo, y dejan de promocionar y financiar colegios privados y concertados con los impuestos de los ciudadanos?

La educación no es un negocio, de modo que no se le pueden exigir beneficios al instante como si de un banco se tratara. La educación es una inversión de futuro que está dando sus resultados, estando España a la cabeza de Europa en jóvenes sobradamente preparados.


Reconozcan sus errores, señores y señoras del PP y del PSOE. No intenten arruinar estas buenas cifras criminalizando a la educación y a los estudiantes. Inviertan en futuro para que dejemos de ser también un país a la cola del mundo en jóvenes preparados y sin empleo y, ahora, en jóvenes que se ven obligados a marcharse del país. Dejen de fabricar mano de obra barata y sin preparación a la que tratar como borregos que no se atreven a levantar la cabeza. En definitiva, dejen la política de "panem et circenses" (aunque ya ni pan) y ocúpense de mejorar el país y no sus propios egos. Luchemos por una educación digna y de calidad. Como dijo Edmund Burke, uno de los padres del conservadurismo clásico, al que se supone que deberían haber leído: "la educación es la menos cara de las defensas de una nación."


Miguel Óscar Aparicio es militante de IU de Azuqueca de Henares

Crisis, desbordamiento social y reacción

La derecha catalana es a la derecha española lo que el fuet al salchichón

Los predicadores del capitalismo desbocado (neoliberales, políticos derechistas y corruptos, financieros podridos de dinero, tertulios y otros mercenarios de la pluma y de la palabra) adelantaron la última crisis del capitalismo desde poderes que ocuparon con todo género de malas artes.

Esta élite peligrosa, además, agrava las consecuencias de la crisis al empeñarse en mantener un sistema condenado e inmoral, sin importarle que su propósito acarree la destrucción de la sociedad. 

Doblemente culpable, por causar la crisis y por ahondar el sufrimiento colectivo, la oligarquía gobernante está dispuesta a cometer un tercer abuso: reprimir por la fuerza al que no se someta mansurronamente al suicidio que le imponen. Desengañémonos, esta casta es refractaria a la enmienda.

Nunca se repetirá suficientemente. La caterva dominante no sólo provocó el desastre que soportamos. Quiere, también, destruir medio siglo de regulaciones que han permitido la paz social. Su plan es convertir a los ciudadanos, presentes y futuros, en parias sin derechos, en seres semovientes agarrotados por el miedo, en mobiliario de salón, de ese que pasa de moda y acaba en el basurero.

Los que mandan inoculan el virus de la desigualdad, exacerbando el conflicto social. Provocada la alteración, convierten el conflicto social en materia de orden público. Provocan un incendio pavoroso y quieren que nos comamos las cenizas en silencio.

Hasta ahora, la mentira y la manipulación habían bastado para mantener embrutecida a una población enganchada a la dopamina del consumo a crédito. Pero la crisis ha destapado la locura de un sistema en el que sólo caben unos pocos. Cuanto más profunda es la crisis, más nítida es la imagen de una élite dispuesta a todo para defender sus privilegios, que se sostienen en la miseria de la mayoría. 

En España esta casta actúa sin recato, ahora que la mayoría absoluta respalda su despotismo. Recurren abiertamente a la manipulación más grosera, a la amenaza y a la violencia física contra disidentes y víctimas, que somos casi todos. Su representante máximo es el gobierno de Rajoy, que alcanzó la mayoría absoluta a partir de un fingimiento prostibular de mentiras y de silencios canallescos nunca antes visto en una campaña electoral. Pero desde la oscuridad cobarde, como rasputines y validos, maniobran otros grupos que empujan al gobierno en la dirección que les conviene. Mientras tanto, el interés general es arrastrado por el barro y otras inmundicias.

Rajoy no fue elegido para destruir los consensos sociales básicos, de modo que su mayoría absoluta es, a este respecto, perfectamente ilegítima. No está habilitado para gobernar como lo hace, si es que a lo que hace se le puede llamar gobernar. Ni como mandatario ni como simple mandado es Rajoy digno del cargo que representa. Con él se impone el gobierno de los bárbaros que, como diría el clásico, se empeña en dominar por el temor, el achicamiento y la estupidez.

Destruyendo las leyes laborales, Rajoy y sus amigos nos han convertido en siervos de la gleba. Pero tal retroceso no basta para calmar a una élite insaciable que siempre pide más aunque ya se le haya dado todo. Por eso, el gobierno derriba los servicios públicos que nos hacen ciudadanos, arguyendo que son una carga insoportable, y anuncia que va a tomar al asalto la televisión pública nacional, convirtiéndola en un órgano de propaganda con el que construir un conformismo gallináceo apropiado para la conmoción que se avecina.

Rajoy nos amenaza con la criminalización del disidente o del agraviado. Por declaraciones de su gobierno sabemos que no dudaría ni un segundo en encarcelar a Ghandi o a Martin Luther King, por kaleborrokos. También ha dado pruebas de que le importa un comino poner en peligro la salud de las personas, al negar la tarjeta sanitaria a inmigrantes sin papeles. Además, hinca de rodillas al país envolviéndose en una bandera que todo lo tapa. Finalmente, perdona a sus condenados y amnistía a los grandes defraudadores, mientras que amenaza con aplicar badana al humilde. En pocas palabras, es débil con el fuerte y fuerte con el débil, defecto eterno del cobarde. Haz lo que te mando y no hagas lo que yo hago: esa es su divisa, emblema universal de la hipocresía.

La crisis nos muestra el abismo y el mal que anida en el sistema. Pero, a la vez, nos enseña los límites de un orden que se desmorona. De ahí que la crisis pueda ser, también, liberadora, porque nadie quiere, al menos conscientemente, inmolarse inútilmente para mayor gloria de quien le explota y desprecia. Los contrastes brutales de la crisis han conseguido un efecto positivo: que aumente la riada de ciudadanos que se rebelan contra el despotismo de la casta dominante.

Las redes sociales están rompiendo el monopolio manipulador de la opinión publicada, que está cada vez más lejos de la opinión pública. Saltan las costuras del sistema político, de ahí su descrédito y el de sus protagonistas, gobierno incluido, por muchos votos que arropen sus decisiones. Con un clima tal, no es casualidad que la monarquía se vea en la obligación de pedir excusas por actos que antes eran broche y sol de su ejecutoria. Los ciudadanos se echan a las calles convirtiéndolas en ágoras. No hay prestigio en las instituciones y sus mandatos, en vez de procurar consentimiento ciudadano, provocan primeramente desconfianza cuando no rechazo completo. Es tanta la separación entre el común y las instituciones que cuando algunas de ellas precisan reunirse en una ciudad, hay que blindarlas contra los ciudadanos a los que, teóricamente, habrían de representar. El Banco Central Europeo es ejemplo neto de esta perversión: su reunión fuera de su sede exige el control militar de la ciudad elegida, la ocupación policial previa y la declaración de una suerte de estado de excepción contrario a la dignidad, derechos e intereses de sus habitantes. Cada vez es más frecuente la paradoja de que el poder que emana del pueblo legisla contra el pueblo, ocultándose y viviendo una vida ajena despegada de su hacedor. Atravesamos tiempos crepusculares en los que se hace real la máxima todo el poder para el pueblo, contra el pueblo y sin el pueblo.

Signo de nuestra época, el poder público se aleja de la sociedad, se aliena, erosiona su legitimidad y arremete contra su fuente y origen. De ahí la necesidad urgente de abordar su refundación. De lo contrario,  habrá oligarquía para rato, maldición eterna de nuestro país, como denunciaba Joaquín Costa hace poco más de un siglo.

Para escapar de un destino que no podemos asumir como fatalidad hay que cambiar las élites, las mentalidades, las instituciones y los fines que inspiran nuestra sociedad, que es tanto como decir que hay que transformar el alma colectiva que nos rige.

Aparece así en el horizonte de nuestra historia, una vez más, la necesidad de un programa que evite la desintegración. Nadie puede asegurar el éxito de la empresa, por mucho que sea necesaria, lo cual no significa que haya que renunciar a ella porque, como decía Ramón de Garciasol, “de otro modo sería imposible el Quijote”.

Emilio Alvarado Pérez es Portavoz de IU en el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares

Montoro lava más blanco

Qué flaca es la memoria humana

El eufemismo es, en política, la antesala del atraco. También opera esta regla en la vida privada, aunque en los asuntos cotidianos el eufemismo puede ser, además, expresión de buenas maneras. Pero dejemos el desarrollo de esta última idea para mejor ocasión.

Cuanto peor discurre la cosa pública, más tiende el gobernante frescachón, cuando se dirige a los gobernados, a abusar de perífrasis, rodeos y circunloquios. Los casos menudean, hecho al que no es ajena la influencia nefanda de la crisis. Por ejemplo, si el gobierno dice que es partidario de la flexibilización, que se agarren los trabajadores a algo firme porque lo inmediato es que les bajen el sueldo o les recorten los derechos. Del mismo tenor son términos como fusión, racionalización, modernización, ajuste, crecimiento negativo y demás consanguíneos, embelecos con los que marear a la víctima antes de asestarle el golpe definitivo. Si tienen la mala fortuna de escuchar estas palabras, dispóngase a cavar inmediatamente una trinchera porque anuncian que se apuntará a matar.

El último de los circunloquios que cargamos sobre nuestro costillar ha sido patentado por el Ministro de Hacienda, señor Montoro, figura que no decepciona, por más que su última comparecencia parezca siempre insuperable. Nos propone don Cristóbal la bondad de aprobar una regularización de activos ocultos que, dicho así, sin mediar explicación, parece cosa razonable por lo bien que suena. ¿A quién le parece mal que se saque a la luz, para que se oree, lo que pulula en el secreto, en la humedad y en las tinieblas? Ocultar es algo sospechoso, porque el ocultamiento es la condición necesaria del acto traicionero, de ahí que el Evangelio proclame et lux in tenebris lucem. ¿Y qué decir del noble propósito de regularizar? ¡Qué bonito y serio es lo regular, lo preciso, lo que se atiene a una norma adecuada! Nos gustan los trenes puntuales, que es lo mismo que regulares. Tomamos fibra para regularnos y queremos, regularmente, cobrar la nómina ganada con sudor, esfuerzo y dedicación. ¡Don Cristóbal, siempre con usted!

Desafortunadamente para el señor Montoro y para las ilusiones de los crédulos del mundo, todo circunloquio manifiesta una debilidad directamente proporcional a la profundidad del misterio que tapa. En la inevitable aclaración en sede parlamentaria, el Ministro de Hacienda no pudo evitar que aflorase su verdadera intención, despojada de disfraces, que no es otra que decretar una amnistía fiscal en beneficio de lo peor de la delincuencia mundial. Dicho a lo llano, como proponía nuestro primer poeta, Gonzalo de Berceo (quiero fer una prosa en román paladino/en el qual suele el pueblo fablar a su vecino), la regularización de activos ocultos no es mas que una manera finolis de proponer que el Estado se ponga al servicio de la mafia y el choriceo universal, blanqueando el dinero de sus actividades criminales.

Cuando los activos ocultos (dinero negro) salgan a la luz, la administración no preguntará por su origen y serán receptados sin más, se transmutarán (blanquearán), convirtiéndose en dinero honorable, como el que se gana legítimamente. Está claro que al gobierno del señor Montoro le trae sin cuidado que los capitales a regularizar puedan estar manchados de sangre. A lo que se ve, lo que importa es rescatarlos del agujero de podredumbre en el que se esconden, aunque para hacerlo haya que apartar algunos cadáveres molestos que flotan a su lado. Nunca lo alto cayó tan bajo.

El Gobierno del PP, con el apoyo interesado de CiU (coalición en la que suelen abundar defraudadores fiscales y expoliadores de lo público), previo pago de 219 millones de euros para Cataluña consignados en los presupuestos del Estado, ha aprobado una amnistía fiscal que no sólo es oprobio e insulto que ofende al ciudadano cumplidor, sino que convierte al Estado en una maquinaria dedicada al blanqueo de capitales, que es un delito tipificado en el artículo 301 del Código Penal.

La amnistía fiscal no sólo perdona un delito, el de evasión de impuestos (artículo 305 del Código Penal), sino que obliga a perpetrar otro, el de blanqueo de dinero (artículo 301 del Código Penal), actividad que hasta ahora se encargaba a discretos bufetes de abogados, o que obligaba a buscar décimos premiados de lotería o a abrir una lavandería a la que atribuirle beneficios fabulosos.

Ya lo dijimos en otra ocasión: cualquier mafioso que se precie necesita de un contable y de un abogado para completar su trama delictiva. El contable, para llevarle las cuentas, las secretas y las públicas. El abogado, para que eluda la cárcel y blanquee el dinero que mana del delito. Gracias al PP y a los nacionalistas catalanes de derechas, los mafiosos ya no precisarán de los servicios de un abogado encubridor. Por una módica tarifa (entre el 8% y el 10% del total a blanquear), el Estado español les hará un trabajo fino y limpio.

Esto es lo que Rajoy entiende por política económica "como Dios manda". Lástima que cuando se refería a mandatos celestiales, allá por octubre del año pasado, justo en el inicio de la precampaña electoral, no tuvo la bondad de explicarnos en qué pensaba. 

Luego nos irritamos si otros dicen que no valemos más que para beber vino, comer magras con tomate, echarnos la siesta y batir palmas.

Emilio Alvarado Pérez es Portavoz de IU en el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares

¡Viva la Pepa!

Antonio Gisbert. Fusilamiento de Torrijos en las playas de Málaga. 

A comienzos del siglo XIX se acuñan en España tres conceptos políticos revolucionarios: liberalismo, guerrilla y junta. Todos ellos tienen que ver con Cádiz, encrucijada de nuestra historia, y están firmemente anclados en la realidad político-social del momento, de ahí su éxito y proyección. Estos tres conceptos nombran realidades nuevas, que es lo mismo que descubrirlas, porque lo que no se nombra no es.

Liberalismo es la respuesta burguesa a la decadencia y crisis del Antiguo Régimen, que recibe la puntilla en Trafalgar, Aranjuez y Bayona. Guerrilla es la contestación militar del pueblo a la invasión francesa. Y Junta es la fórmula política improvisada con la que las autoridades locales buscan cubrir el vacío de poder dejado por una monarquía absolutista en bancarrota, en la que sus más recientes vástagos, Carlos IV y Fernando VII, reflejan incluso la degeneración física de los Borbones, tan genialmente retratada por Goya.

El liberalismo nacional pretende superar, aunque con escaso éxito debido a su debilidad intrínseca, el Antiguo Régimen, sus instituciones, leyes y estructuras: unión de la cruz y el trono, sociedad estamental, soberanía del rey, dominio ideológico y patrimonial de la Iglesia, régimen señorial, privilegios hereditarios, etc.

Coetáneamente, la idea de guerrilla, que transforma una inferioridad militar en ventaja, alumbra una aspiración nunca plenamente alcanzada en nuestro país: construir la nación sobre la base de la soberanía del pueblo, unidos ambos por un patriotismo de carácter popular, siendo el pueblo en armas el motor que todo lo acciona (en su fracaso está el origen de la desafección ciudadana hacia la nación, tan evidente a lo largo de nuestra historia política). El alzamiento popular contra los ejércitos de Napoleón permite identificar la independencia y la soberanía. No extraña, por tanto, que en la constitución de las Cortes de Cádiz, en la Isla de León, se proclamara de manera solemne la soberanía nacional, correlato necesario de la idea de una nación independiente que busca darse una ley política suprema sobre la que fundarse y organizarse. El ejemplo español de lucha guerrillera contra el invasor (1808-1813), pronto será imitado en otras zonas periféricas de Europa también sometidas por los ejércitos napoleónicos: en el Tirol en 1809, y en Rusia en 1812. Los guerrilleros españoles y rusos, especialmente, al llevar la guerra irregular a sus últimas consecuencias, derrotarán a las columnas de asalto de los ejércitos de Napoleón, abriendo una nueva era de relaciones entre la guerra y la política que recogerán los movimientos de liberación nacional del siglo XX.

Completa las innovaciones conceptuales la idea de junta, que es la asunción revolucionaria y espontánea del poder, por parte de autoridades locales y provinciales, al desaparecer, en una coyuntura de disolución del viejo orden, cualquier autoridad legítima y tradicional depositaria del mismo. El acto de recoger el poder es sinónimo de proclamar una nueva soberanía.

Liberalismo, guerrilla y junta, en cuanto conceptos nuevos, impregnan la Constitución de 1812, texto que pretende alumbrar una sociedad distinta. Los constituyentes discuten en el Cádiz asediado por las tropas del mariscal Claude Victor conceptos como el de soberanía, ley, igualdad y libertad, al igual que hicieron los revolucionarios norteamericanos y franceses. Mientras los diputados debaten ideas y conceptos novedosos en la última porción libre de territorio peninsular, las juntas proliferan por doquier, de manera espontánea, constituyéndose a la vez como gobiernos y resistencia al invasor napoleónico. Por tanto, hija y superadora de un tiempo caduco, la Constitución de Cádiz aspira a ser un texto fundacional y revolucionario. En consonancia, instaura la soberanía nacional (frente a la soberanía del monarca), el sufragio universal (masculino), activo e indirecto junto con el sufragio pasivo y censitario (también exclusivamente masculino), unas Cortes que son la institución central del régimen, división estricta de poderes, una serie de derechos y de libertades individuales, entre las que destacan la libertad de imprenta y de opinión, la abolición de los señoríos jurisdiccionales, del vasallaje y de las prestaciones personales al señor, el refrendo obligatorio por parte del ministro del ramo de todas las decisiones del rey, el establecimiento de una Milicia Nacional y la obligatoriedad del servicio militar, entre otras novedades. Junto con estas primicias, se transigió con los diputados absolutistas en materia de religión, por lo que el texto constitucional reconoce que el catolicismo es la religión única y perpetua de España, decisión compensada por la abolición de la Inquisición, afirmada por las Cortes de Cádiz en febrero de 1813. Es evidente, por tanto, que tal cesión, tantas veces exagerada por el pensamiento tradicionalista, no obsta para afirmar que la Constitución de 1812 es parangonable, por su novedad y carácter revolucionario, a la norteamericana de 1787 o a la francesa de 1791.

Sentado lo anterior, que es materia que toda persona de cultura conoce bien, calificamos las palabras del señor Rajoy, conmemorativas del bicentenario de nuestro primer texto constitucional, de sandez superlativa. Porque es de sandios decir, a propósito del legado de Cádiz, que “los gaditanos nos enseñaron que en tiempos de crisis no sólo hay que hacer reformas sino que también hay que tener valentía para hacerlas.”

Debiera saber el señor Rajoy que la Constitución de 1812 no pretendió reformar nada sino crear un orden nuevo, a la vista de la podredumbre e inutilidad del Antiguo Régimen. Todo lo contrario del objetivo que pretende nuestro Presidente que, como los serviles de antaño, se empecina en sostener a toda costa la descomposición de un sistema condenado y dañino. Además, la Constitución de 1812 fue un ejemplo de afirmación nacional, mientras que ahora el gobierno del PP nos arrodilla ante intereses y poderes extranjeros a los que, a buen seguro, nuestro bienestar les importa un comino.

Señor Rajoy, léase el Discurso Preliminar a la Constitución de 1812 de Agustín de Argüelles, las reflexiones de otros protagonistas del momento como Álvaro Flórez Estrada, Antonio Peña, Juan Negrete, José Canga Argüelles, Francisco Martínez Marina, los documentos de la Consulta al País, de 1809, o, simplemente, el texto de la Constitución que dice conmemorar. Léalos para que en su discurso siguiente sobre la efeméride (aún le restan a este año nueve meses de oportunidades) no tengamos que soportar palabras tan bochornosas como las que ha pronunciado.

Mal está que un Presidente de Gobierno aproveche un acto institucional de la relevancia del bicentenario de la Constitución de Cádiz para legitimar las decisiones de su gobierno que son, antes que nada, un engaño colectivo mayúsculo, por el cual, como camino trazado en las estrellas, la nación irá a la ruina. Pero peor aún es torcer el sentido cabal de la historia y convertir la Constitución de Cádiz en un fantoche, sólo por dar gusto a la imaginación limitada de un gobierno de insignificancias.

La Constitución de Cádiz instauró una nueva soberanía, la de la nación frente al monarca. Sólo por este motivo, la Constitución de 1812 es revolucionaria, por mucho que este pequeño detalle incomode al señor Rajoy. Bien sabía esto Fernando VII, que hizo todo lo posible por destruir una Constitución que negaba su autoridad y abría paso a la emancipación de las colonias en América. También eran muy conscientes de ello las potencias del Congreso de Viena, los firmantes del Congreso de Verona y la Santa Alianza, formada por Prusia, Rusia y Austria, las monarquías más reaccionarias del continente. Por ello, aprobaron una nueva invasión de España por un ejército francés formado por 132.000 soldados, con el fin de finiquitar el trienio liberal y evitar que el ejemplo disolvente se extendiera por Europa.

No fue la reforma sino la revolución la que provocó la revancha y purga salvaje promovida por el absolutismo entre 1823 y 1834. Viene al caso recordar que Galdós tituló uno de los Episodios Nacionales, el correspondiente a esa década de oscuridad y violencia, "El terror de 1824", caracterizado según su pluma por "nuevas proscripciones, encarcelamientos, la horca siempre en pie, la venganza más cruel gobernando a la nación, y la vida de los españoles pendiente del capricho de un salvaje frailón o de fieros polizontes (...) Desaparecieron los ciudadanos sin que fuera posible saber en qué calabozo habían caído. Las cárceles tragaban gente como las tumbas en una epidemia."

Señores del PP, respeten la memoria de Rafael de Riego, de José María de Torrijos, del Empecinado, de Mariana Pineda, de Juan Díaz Porlier, de Luis Lacy y Gautier, de Francisco Abad Moreno, de Cayetano Ripoll (condenado a muerte y ahorcado por un tribunal eclesiástico que no tenía respaldo legal), también la del resto de asesinados (unos 30.000), desaparecidos, perseguidos y exiliados (unos 20.000) durante la década ominosa, la de todos los mártires que defendieron una causa que ustedes no respetan porque la deforman para acomodarla a su conveniencia y debilidades particulares. Acepten la historia y sus hechos. No nos tomen más el pelo con adulteraciones de mala calidad.

Por estos motivos (y algunos otras que no vienen al caso) Rajoy celebra un bicentenario vergonzante, pueblerino y mendaz, no vaya a ser que a su gobierno se le vea, también en este asunto, el plumero.

Emilio Alvarado Pérez es Portavoz de IU en el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares

El bipartidismo más allá de la política: Aznar (PP) y Salgado (PSOE) en la nómina de ENDESA

Elena Salgado, Consejera de ENDESA

José María Aznar, Asesor de ENDESA

Ocurre con irritante frecuencia que ministros y presidentes del Gobierno de la nación, una vez abandonada la responsabilidad pública, entran a formar parte de manera inmediata de los Consejos de Administración de grandes empresas privadas a cambio de suculentos honorarios, quién sabe si por los “servicios prestados”, por los “servicios a prestar” o por un compendio de ambas cosas.

Es esta una práctica que no por habitual y legal deja de ser vergonzosa, porque demuestra al unísono la ambición mezquina de bienestar tocinero (en feliz expresión de nuestro injustamente olvidado Ramón de Garciasol) de quien disfruta de prebendas dudosas, y la ósmosis entre intereses públicos y privados, verdadera lepra de nuestra democracia.

El bipartito no ha perdido ni un segundo en buscar retiros dorados a sus más insignes representantes, no satisfechos con el generoso estipendio público del que se han hecho acreedores cuando dejan su responsabilidad política. Todo hace sospechar que detrás de estos fichajes se ocultan pactos vergonzantes y tratos de favor entre los dirigentes de unos y de otras, que viven en un retortero mutuo en el que se mezcla lo que habría de estar absolutamente disociado. Cuando se trata de prebendas, el bipartidismo lo aguanta todo y se aplica a sí mismo aquello que decía Séneca sobre las magnitudes: “nunca es poco lo bastante; nunca es bastante lo que es mucho”.

La lista de ex políticos del bipartidismo (y de otras muletillas políticas nacionalistas) que ahora cobran nóminas de relumbrón de grandes empresas privadas es tan extensa como interesante: Felipe González, ex presidente del Gobierno (PSOE), es en la actualidad Consejero de Gas Natural; Miguel Boyer, ex ministro de Economía y Hacienda (PSOE), es Consejero de Red Eléctrica Española; Pedro Solbes, ex ministro de Economía y Hacienda (PSOE), es miembro del Consejo de Administración de la eléctrica italiana ENE, propietaria de ENDESA y Consejero del Barclays Bank; José María Aznar, ex presidente del Gobierno (PP), trabajó para Centaurus Capital, fondo de inversiones especulativas con sede en las Islas Caimán, es asesor externo de ENDESA y asalariado de lujo de un imperio mediático, el de Rupert Murdoch, que está acusado de escuchas ilegales, soborno, chantaje y manipulación informativa entre otros cargos de gravedad.

A todos estos ex políticos se suman Rodrigo Rato (PP), Miguel Roca (CiU), Isabel Tocino (PP), Abel Matutes (PP), Josep Borrell (PSOE), Javier de Paz (PSOE), Eduardo Zaplana (PP), Miguel Ángel Acebes (PP) y una interminable lista que sería tedioso reproducir aquí. Pero detengámonos en el último caso conocido, porque lo merece: el de la señora Salgado. La que fuera número dos del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, anunció a principios del mes de marzo su fichaje por ENDESA en Chile. Elena Salgado se unirá al equipo de asesores internacionales de la eléctrica presidida por Borja Prado para poner en valor, según comunicado de la empresa, sus “conocimientos”, para lo que está tramitando las autorizaciones pertinentes del Ministerio de Administraciones Públicas. Gracias al ejemplo de la señora Salgado comprobamos, una vez más, que la puerta giratoria entre las cúpulas del bipartidismo y las grandes empresas está engrasada, que gira que es un gusto y que por ella discurre una élite poltrona acostumbrada a mandar mucho y a cobrar más.

Y es que estos ex mandatarios, adictos a pisar moquetas de lana tipo Axminster, dan el salto de lo público a lo privado sin esperar a que a los ciudadanos se les borre de la memoria su imagen como ministros o altos cargos de la Administración. Apenas cesan, se incorporan a sus nuevas tareas empresariales, demostrando una gran habilidad para caer siempre de pie. 

La filiación partidaria de los ex ministros y de otros dirigentes de partidos políticos institucionales que obtienen una prebenda en los Consejos de Administración de las grandes compañías no es un condicionante a la hora de ser reclutados por la gran empresa. La patronal sabe que la clave consiste en disponer de peones para influir en cada turno gubernamental, recreando la vieja España de la Restauración en la que era costumbre que Cánovas y Sagasta se otorgaran mutuamente cuantas credenciales vergonzantes hicieran falta para tapar sus mutuas oscuridades. Con esta práctica se trata de constituir una peculiar forma de lobby que permite a la gran empresa influir y presionar sobre las decisiones de los gobiernos que, como viene siendo tradición, gracias a un sistema electoral corrupto, están en manos del PSOE o del PP. El objetivo es que la empresa privada saque rentabilidad del bipartidismo y viceversa, en alegre simbiosis que nos conduce a las más altas cimas de la miseria colectiva.

Todo este escándalo está amparado por la ley, que consiente la íntima relación entre el servicio público y el enriquecimiento privado. A pesar de la profunda gravedad de la crisis y del comportamiento avaricioso e insolente de los actores corporativos, no se han tomado medidas como la intervención pública de empresas estratégicas, elevar la inspección y la presión fiscal sobre los bancos o aumentar el control de las actividades especulativas. Es evidente que las élites del bipartidismo no van a gobernar y aún menos legislar contra la mano que, de manera tan generosa, está dispuesta a enriquecerles cuando salen de las instituciones.

Esta malsana promiscuidad entre cierto sector de la política y el gran capital es algo más que una extendida inmoralidad personal. Supone un deterioro intolerable de nuestra democracia, al convertirse en una garantía continuista de las políticas neoliberales que han provocado una crisis económica sin precedentes y que conducen, irremediablemente, a la ruina social. La casta política que discurre con comodidad por las puertas giratorias de la colusión, además de carecer de moralidad, ha optado por apuntalar la dictadura de los mercados en vez de gobernar en defensa de la sociedad. A la vista de currículum como los de Felipe González, José María Aznar o Pedro Solbes, se hace necesario endurecer el régimen de incompatibilidades entre política y negocios. Por cierto, el señor Solbes se comprometió, durante su mandato ministerial a revisar esta normativa. Ahora se entiende por qué no lo hizo.

El pasado 6 de marzo, Alberto Garzón, diputado de Izquierda Unida, llevó a cabo una iniciativa parlamentaria para que el Gobierno estudiara la posibilidad de reformar la regulación de los conflictos de intereses de los altos cargos, con el fin de garantizar una separación nítida entre la esfera pública y la esfera privada. IU recordó que la ley 5/2006 de 10 de abril, De regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado establece que “durante los dos años siguientes a la fecha de su cese, los altos cargos no podrán desempeñar sus servicios en empresas o sociedades privadas relacionadas directamente con las competencias del cargo desempeñado”. El bipartidismo, interpelado por esta cuestión, guarda un silencio embarazoso del que habrá que sacarle con agua hirviendo. Ya estamos calentando las calderas.

Una cosa es obvia: los políticos y ex-políticos que forman parte del sistema bipartidista tienen una versatilidad de la que carecemos el resto de los mortales. Lo mismo portan la cartera de economía para conducir con eficacia a millones de ciudadanos a vivir a contrapelo que llevan un banco a la quiebra, o asesoran a una empresa energética y suben el recibo de la luz a unos ciudadanos que viven, cada vez más, a dos velas. Ellos pueden con todo, pero sólo porque se lo permitimos.

María José Pérez Salazar es miembro del Consejo Político de IU de Azuqueca de Henares

¿Qué diría Jesucristo de la reforma laboral del PP?

La derecha cristiana está sumida en contradicciones insalvables. Es cierto que sus incoherencias pasan desapercibidas, porque una muchedumbre de medios amigos se encargan de taparlas bajo toneladas de mala retórica y de falsedades sin cuento. Pero, con todo, ahí están, bullendo en un subsuelo metafísico que se resquebraja y que, en su deterioro, no es capaz de sostener la fe del más crédulo.

Un ejemplo de tal estado de cosas lo proporciona el impacto que está teniendo la reforma laboral en las filas católicas. Dos organizaciones cristianas, la HOAC (Hermandad obrera de Acción Católica) y la JOC (Juventud Obrera Cristiana), publicaron el pasado 16 de febrero un comunicado contrario al decreto del gobierno del PP. El texto fue enviado a todas las parroquias por la Delegación Episcopal Diocesana de Pastoral del Trabajo, para su difusión y debate. Inmediatamente, el jefe de la Conferencia Episcopal, Rouco Varela, prohibió tal difusión porque consideraba improcedente el contenido del manifiesto. Tras un pulso de poder que duró poco tiempo, venció la imposición de la jerarquía. La censura ideológica se alzó victoriosa y en los templos no se habló de los afanes y sufrimientos de las personas.

Como en un espejo limpio, esta pugna refleja dos clases de contradicciones. La primera, se da entre una concepción teocrática-descendente del poder, encabezada por la Conferencia Episcopal, que choca con la visión conciliar del poder religioso, encarnada hoy en algunas organizaciones cristianas de base. Esta pugna, que dura más de ocho siglos, enfrenta la concepción del poder construida por los papas León I (440-461) y Gelasio (495) con la de los vigorosos movimientos conciliares del siglo XIV, que tanto le deben al derecho canónico de los siglos XII y XIII, a la recuperación del aristotelismo en occidente y a las tesis de Guillermo de Ockham, Marsilio de Padua y Bártolo de Sassoferrato, entre otros muchos pensadores insignes. Digámoslo en otros términos: o la Iglesia se edifica sobre la base del absolutismo de sus jefes, que tienen, por tanto, poder de “atar y desatar” (plenitudo potestatis, gubernator y principatus) o el poder soberano reside en la congregación de los creyentes. Si el jefe religioso es soberano, los creyentes son meros súbditos: doctrina de los dictatus papae. Al contrario, si la soberanía reside en los creyentes, el jefe religioso es un miembro más de la Iglesia, carente de las atribuciones mágicas que se le suelen suponer: doctrina de la congregatio fidelium. 

A esta primera contradicción se une otra no menor: la de la alianza de la Iglesia católica con el gobierno del PP. En un mundo cada vez más secularizado, en el que el pensamiento religioso está en franca huída, la jerarquía católica se aferra al poder secular porque, por sí sola, nada puede. De los obispos que comandaban ejércitos y asediaban fortalezas, se ha pasado a los obispos que besan el cetro del poder civil que les hace el caldo gordo en el empeño de mantener una sociedad clerical, por lo demás, condenada al fracaso. Separados irremediablemente el sacerdotium del regnum, viene a suceder que la alianza se forja con el poder civil de ideología conservadora, único garante político del privilegio y la excepción, oxígeno vital de una institución humana, la Iglesia, incapaz hoy de respirar sin asistencia. Esta premisa es asumida por la jerarquía católica española, llevándola a defender al gobierno amigo y, como es el caso que nos ocupa, a corresponder los favores recibidos con silencios y complicidades escandalosas. Rouco Varela sabe que su  reino, que sí es de este mundo, se sostiene sobre un entramado de privilegios inaceptables y hará todo lo que esté en su mano para defender a los gobernantes que garanticen tal estado de cosas. Escaso precio para tan “alto” fin es que haya que censurar un comunicado que puede molestar a un gobierno aliado, aún cuando el espíritu del texto esté en concordancia con el Evangelio de San Juan. 

Convendría que los jerarcas de la Iglesia, incluido Rouco Varela, releyeran el relato de Juan el evangelista en el que se describe a un Jesús furioso que improvisa un látigo con cuerdas, con el que echa a vendedores y cambistas que comercian impunemente en el Templo, desparramando el dinero de los comerciantes y volcando sus mesas, diciendo “No hagáis de la Casa de mi Padre una casa de mercado.” 

Por su interés, reproducimos a continuación el escrito de ambas organizaciones cristianas, para conocimiento y juicio general.

COMUNICADO ANTE LA NUEVA REFORMA LABORAL

La Juventud Obrera Cristiana (JOC) y la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC), como parte de la Iglesia en el mundo obrero y del trabajo, ofrecemos esta reflexión ante la aprobación por el Consejo de Ministros de una nueva reforma laboral.

Nos encontramos con la 16ª reforma del mercado de trabajo en democracia. Hasta ahora las sucesivas reformas laborales llevadas a cabo por los gobiernos, de uno u otro signo político, bajo el pretexto de modernizar y flexibilizar dicho mercado laboral, han transformando la concepción y función del trabajo asalariado en nuestra sociedad y están socavando los derechos de las personas trabajadoras y de sus familias.

Estas reformas siempre se han presentado como una necesidad para combatir el desempleo, pero sólo han conseguido:

- incrementar el empleo temporal, especialmente para los jóvenes;

- diversificar las modalidades de contratación a la carta;

- abaratar el coste del despido;

- reducir el crecimiento de los salarios;

- devaluar lo público (servicios sociales, educación y sanidad).

En definitiva, han profundizado en el trabajo precario y en el empobrecimiento de las familias trabajadoras. Un ejemplo lo tenemos en los años de crecimiento económico anteriores a la actual crisis: aún creándose riqueza y empleo, estos no sirvieron para disminuir la pobreza en nuestro país. Ninguna reforma ha estado orientada hacia la expansión de un empleo decente como Benedicto XVI reclama en la encíclica Caritas in veritate. Los derechos que emanan de un trabajo a la altura del ser humano no pueden estar subordinados a las exigencias económicas. Es la economía la que debe orientarse a las necesidades de las personas y de sus familias; es el ser humano el centro de la actividad económica y laboral. El respeto a la dignidad del trabajo, vinculado a la dignidad de la persona, es y debe ser el criterio central de una economía orientada por “una ética amiga de la persona”. (Benedicto XVI, Caritas in veritate, 45)

Esta nueva reforma es otra agresión al trabajo humano como principio de vida. Creemos que una reforma laboral que pretende ser completa y marcar un antes y un después en las relaciones laborales, no puede hacerse sin el suficiente consenso social entre las personas trabajadoras y el colectivo empresarial. Y tendría, además, que responder a las necesidades de las familias trabajadoras y no a las exigencias impuestas por los mercados financieros, las grandes empresas, las instituciones comunitarias y los organismos económicos internacionales.

Esta reforma laboral es una vuelta de tuerca más para flexibilizar el mercado de trabajo:

· Quiebra el derecho constitucional a la negociación colectiva y a la capacidad organizativa de los trabajadores (no existe negociación real de los trabajadores en el ámbito de la empresa cuando el 95% del tejido productivo español está compuesto por empresas de menos de 50 trabajadores. Este Real Decreto contempla la fractura de la cohesión social al habilitar la “caducidad” de los convenios colectivos desincentivando cualquier negociación entre las partes)

· Facilita y abarata la expulsión del mercado de trabajo: quita trabas al despido por causas económicas; rebaja la indemnización del improcedente (pasando a 33 días por año trabajado, con un máximo de 24 mensualidades) y elimina la autorización administrativa para poder llevar a cabo los expedientes de regulación de empleo. Los contratos indefinidos con esta nueva regulación tampoco tendrán, como los temporales, condición de estabilidad.

· Abre el camino para ajustar los salarios a la productividad. Con esta reforma, los salarios de los trabajadores más débiles van a depender de la voluntad unilateral del empresario.

· Dificulta, cuando no impide o precariza, el empleo juvenil. Más del 80% del empleo destruido por la crisis corresponde a empleo juvenil. El nuevo contrato de trabajo indefinido, especialmente para jóvenes (también para desempleados de larga duración), dirigido a las empresas de menos de 50 trabajadores, se puede convertir, más que indefinido, en un contrato temporal sin causa justificada. Estas nuevas modalidades de contratación y regulación ponen en serio peligro, aún más, la estabilidad presente y futura de la mayor parte de la juventud.

No compartimos la individualización de las relaciones laborales que propone esta reforma. Recordamos a nuestros gobernantes que el trabajo es una experiencia comunitaria y que una de las funciones de la empresa, según la Doctrina Social de la Iglesia, es favorecer la comunitariedad. Todo lo que suponga la individualización, dar prioridad a los intereses personales frente a los colectivos, significa romper la vocación a la comunión del ser humano. No es lícito eliminar derechos y protección de las personas trabajadoras con el argumento de combatir el desempleo y de reducir la temporalidad, cuando han sido las políticas económicas de los últimos gobiernos las que han provocado que haya un tejido productivo tan débil y un empleo tan precario.

No podemos seguir flexibilizando  las relaciones laborales sin garantizar la seguridad de una vida digna para las personas trabajadoras y sus familias. Y esta reforma se lleva a cabo en un contexto de quiebra del Estado de Bienestar, de reducción del Sector Público y de recortes de los servicios y prestaciones sociales sin precedentes.

Esta reforma rompe el débil equilibrio conquistado históricamente entre capital-trabajo, alejándose del principio siempre defendido por la Iglesia de la prioridad del trabajo frente al capital. Además, supone un nuevo golpe al Derecho Laboral limitando su capacidad de frenar la creciente mercantilización y “cosificación” del trabajo humano. Consideramos que este gobierno ha aprovechado el estado de quietud y miedo de la mayor parte de la ciudadanía, para eliminar viejas conquistas laborales y aspiraciones conseguidas tras muchas luchas de tantas personas a lo largo de la historia.

Los retos actuales que atraviesa la economía española requieren medidas políticas concertadas en el ámbito internacional que subordinen la economía financiera a la economía productiva. Es preciso, como ha pedido insistentemente Benedicto XVI y el Pontificio Consejo Justicia y Paz, una reforma del sistema financiero internacional. Esta reforma supondría avanzar en justicia social y comunión de bienes, redistribuyendo efectivamente la riqueza existente; controlar la economía especulativa y frenar el desmedido afán de lucro, en lugar de eliminar derechos. Este es el camino que puede generar riqueza orientada a la creación de empleo decente y con derechos, y a disminuir la pobreza.

Como Iglesia en el mundo obrero, en las actuales circunstancias, pedimos a las autoridades políticas, a los agentes sociales y económicos, al conjunto de los trabajadores y de la sociedad, y especialmente a los cristianos y cristianas, que caminemos juntos, con la intención de eliminar las causas que han generado esta crisis económica y, al mismo tiempo, superemos las estructuras económicas y sociales injustas que tanto sufrimiento, deshumanización y pobreza están provocando a las personas.

También instamos a los partidos políticos a corregir y reorientar, en el proceso parlamentario, esta reforma laboral poniendo en el centro de la misma el trabajo decente y con derechos y, al mismo tiempo, animamos a participar en las iniciativas y movilizaciones que se convoquen por parte de las organizaciones eclesiales, sociales y sindicales que ayuden a tomar conciencia y revertir esta situación tan lesiva para las personas trabajadoras y sus familias.

Emilio Alvarado Pérez es portavoz de IU en el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares

Mentiras del PP sobre la dación en pago

La elocuencia de las cifras es inapelable. Cientos de miles de desahuciados sin que el PSOE o el PP movieran un dedo

El estallido de la burbuja inmobiliaria, unido a las condiciones en que se concedieron créditos hipotecarios y a la actual coyuntura económica, han provocado que muchas familias españolas vivan una situación límite. No sólo se enfrentan al drama de la pérdida de su hogar, sino también a una condena financiera vitalicia al no poder hacer frente a la deuda hipotecaria contraída, ni siquiera con la entrega de la vivienda que compraron a crédito y que se entiende, dado que actuaba como aval, que subsume en sí el riesgo de un impago. Como consecuencia de este abuso perpetrado por las entidades de crédito, nuestro país está inmerso en un drama humano que hasta ahora no ha merecido más que el desprecio y la chacota de los gobiernos del bipartidismo.

Izquierda Unida, junto con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), viene reivindicando desde el año 2009 la regulación de la dación en pago para paliar el maltrato jurídico y el desamparo que sufren cientos de miles de ciudadanos que, perdidos sus ingresos, ya no pueden pagar su casa. En febrero de 2011, el grupo mixto ICV-IU-ERC, en el marco del debate sobre una Propuesta de Ley acerca del derecho a la vivienda, introdujo una disposición que contemplaba la dación en pago, que no fue aprobada porque el PSOE y el PP la tumbaron con sus votos.

Es muy importante recordar a los ciudadanos de este país, que tienen una memoria tan selectiva y frágil, que desde entonces toda la actividad parlamentaria favorable a la dación en pago ha sido vetada por el bipartito nacional, lo cual no extraña dada la connivencia entre la banca y las cúpulas del PSOE y del PP, de la que hay tantas y tan abrumadoras pruebas que resulta aburrido repetirlas una vez más.

Es completamente entendible que el bipartidismo impida la dación en pago puesto que para el bipartidismo lo primero es la protección de una banca acostumbrada a actuar con impunidad y que, cuando se mete en líos, es rescatada con dinero público y con indultos a sus directivos. ¿Cómo se explica de otro modo que la última decisión del Gobierno de ZP fuese perdonar de sus delitos a Alfredo Sáez, Consejero del Banco de Santander, o que el actual Ministro de Economía del PP, Luis de Guindos, proceda del quebrado Lehman Brothers y haya sido consejero del Banco Mare Nostrum, además de cobrar por otros altos cargos en multinacionales de la auditoria y de la fiscalidad?

El pasado día 22 de febrero, el citado de Guindos nos quiso “sorprender” abordando el  tema de la dación en pago. El gobierno necesitaba de alguna buena noticia después de subir los impuestos a los asalariados, de dibujar una reforma laboral calificada por el Ministro como “muy agresiva” y de aumentar los recortes en derechos básicos como la sanidad y la educación. Ante tanto estacazo, la opinión pública se agitaba molesta y el gobierno vio preciso recitarle al pueblo cosas bonitas en décimas o quintillas. Y qué mejor tema de composición que la dación en pago, asunto sensible y de gran interés humano. Se adelantaron tres meses los juegos florales.

¿En qué consiste la supuesta dación en pago del PP? El Ejecutivo, ansioso por lanzar algún mensajito, por falaz que fuese, con el que calmar los ánimos de una ciudadanía encabritada, proponía permitir la dación en pago a “aquellas familias que se encuentren con todos sus miembros en paro, cuya vivienda objeto de ejecución sea primera y única residencia y que no cuenten con ingresos suficientes para afrontar el pago de la hipoteca”. En pocas palabras, el Gobierno hablaba de permitir la dación en pago pero sólo a familias pobres de solemnidad que están en el zaguán de la exclusión y de la indigencia. Y bien decimos que hablaba de permitir, porque tal cosa ocurriría sólo si al banco acreedor le daba la gana ser magnánimo, ya que el gobierno no obligaba por ley a tal cosa sino que proponía un “código de conducta o de buenas prácticas” al que se sujetarían los bancos según su voluntad y criterio, recibiendo además un premio fiscal por hacerlo. La montaña del PP parió un ratón, y al pueblo, tratado como memo de capirote, se le ofreció un mamarracho para que se fuese contento a la cama. Penoso.

Si el PP se tomase en serio este asunto, cosa metafísicamente imposible, tendría que haber legislado imponiendo la dación. Un decretazo hubiera venido muy a propósito a tal fin, pero ya sabemos que los decretos se aprueban contra los débiles. A los poderosos, en cambio, recomendaciones, regalos fiscales y palmaditas en la espalda.

De Guindos no hace una ley que legisle el remedio a la terrible situación de los desahuciados. Y no lo hace porque no quiere. Ni está en su ánimo cosa tal, ni nunca lo estuvo. De Guindos, en cambio, salva la cara a los bancos porque él, como banquero, es un hombre que gobierna para unos bancos que viven, también, de las apreturas de los desahuciados.

La estafa de la “dación en pago” del PP es completa. Propone como novedad algo que ya existía. Por eso se ha evaporado como una gota de agua en una plancha al rojo vivo. Conviene recordar que la ley hipotecaria prevé la dación en pago, siempre y cuando se pacte con la entidad crediticia o con los acreedores ante de formalizar el préstamo hipotecario, lo cual no ocurre nunca a no ser que el deudor sea un gran promotor o una inmobiliaria de las que dejan un pufo del tamaño de un campo de fútbol.

A todo esta infamia hay que añadir las declaraciones del partido socialista, que durante sus ocho años de gobierno impidió la dación en pago con todo género de argumentos absurdos. Ahora que ya no gobierna, se siente legitimado para criticar la pantomima del Partido Popular que, por cierto, es idéntica a su propias bromas. Así que nos sorprende, y mucho, que el Presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, después de que el Ministro de Economía y Competitividad hiciera pública la dación en pago voluntaria para casos excepcionales, pidiera una norma "más imperativa", descartando la voluntariedad de la entidad financiera. En declaraciones a los periodistas tras inaugurar el Foro Internacional del Cooperativismo, Griñán, envalentonado por su propia amnesia, afirmó que "no es posible pensar que todo queda a disposición de las buenas intenciones de los bancos" cuando "se ha demostrado que los bancos atienden más a sus cuentas de resultados que a los beneficios sociales". Asimismo, señaló que "no hace falta que sean personas que no tengan absolutamente nada, sino que puedan perder la vivienda porque no pueden pagarla y, en ese caso, la vivienda debe ser suficiente para saldar la deuda", teniendo en cuenta, además, que la hipoteca "en ningún caso podía ser superior al 80 por ciento del valor del inmueble". Ante tamaña hipocresía vale más que callemos y contemos hasta mil, no vaya a ser que tengamos que arrepentirnos de escribir lo que se nos pasa por la mente.

Esta es la postura de los que en su día, cuando gobernaban, aumentaron la edad de jubilación a los 67 años, bajaron en un 5% los salarios de los funcionarios públicos, reformaron la negociación colectiva, vetaron, una y otra vez, junto con el Partido Popular, las propuestas de Izquierda Unida sobre la necesidad de regular la dación en pago y, desgraciadamente para todos, reformaron la Carta Magna para constitucionalizar un techo de déficit y una prelación de pagos que pone antes el pago de la deuda que dar de comer al hambriento.

Todo sugiere que en los últimos años PP y PSOE se han concertado en cuestiones clave y que ambos partidos son responsables del desastre que nos toca vivir. Este bipartidismo, basado en una aparente oposición entre “derecha e izquierda”, ha contribuido a crear consensos falsos sobre los problemas de la economía, la política y la sociedad.

Con tanto acuerdo entre los protagonistas de esta nueva restauración no extraña que el debate verse sobre quién recortará menos, sin que ninguno de ambos partidos se plantee las causas de la crisis ni las alternativas a un sistema que se hunde y que nos arrastra a todos con él.

No esperemos otra cosa del bipartidismo que el sacrificio de lo mejor a lo bueno, de lo bueno a lo posible, de lo posible a lo forzoso y de lo forzoso a lo miserable. Está en su genética. 

María José Pérez Salazar es militante de IU de Azuqueca de Henares

Robo sin escala

Francisco Luzón, del Banco de Santander, se jubila con 65 millones de euros de indemnización. ¡Pobre hombre!

Estamos hasta el copete de escuchar que no hay dinero, que no se puede gastar más de lo que se tiene y que, debido al despilfarro general de los últimos tiempos, hay que rebajar salarios, pensiones, cerrar hospitales, degradar la enseñanza pública y perder derechos elementales, como condiciones dolorosas y necesarias para alcanzar un porvenir mejor.

Hay que decir alto y claro que este género de argumentación es pura estafa, mercancía oxidada que se vende a precio de oro molido, y que quienes la manejan, que son gentes habituadas a ingresar sueldos millonarios y a no sufrir más estrecheces que las que inflige un cinturón sobre la barriga después de embaularse una mariscada, son una panda de bergantes que buscan engañarnos para que aceptemos ir al sacrificio con indiferencia ovejuna.

¿Cómo se puede decir, sin que produzca repugnancia intelectual, que no hay dinero, cuando las imprentas del Banco Central Europeo se han quedado sin tinta porque llevan dos meses emitiendo billetes a favor de la banca privada por orden del señor Draghi? Porque eso es lo que pasa, para vergüenza general, mientras Europa se hunde con 65 millones de parados. 

Desde diciembre, el BCE ha emitido casi 1’4 billones de euros que, en vez de dedicarse a reactivar la economía, combatir el paro e impedir recortes, se han prestado a precio de amiguete (al 1%, a tres años) a 1.323 bancos de la eurozona, para que éstos, a su vez, compren deuda pública al 5,  6 y 7%, realizando un negocio escandaloso por su mera intermediación que, además, se hace a costa del precio del crédito del que está tan necesitada la economía. En pocas palabras, un nuevo regalo para la banca privada que pagarán los contribuyentes con más impuestos, menos servicios, peores trabajos y más desempleo.

Draghi, gran amigo de la banca que procede también de la peor banca, como De Guindos, argumenta que el regalo billonario permitirá que las entidades financieras activen el crédito privado, lo cual generará actividad económica, de la que saldrá el empleo como Venus de una concha, y que el trabajo dará la prosperidad que tanto necesitamos. La misma cantinela de siempre, idéntico madrigal empalagoso que ya no engaña ni a los adoquines.

El negocio es redondo y miserable: por orden de los gobiernos de la eurozona, el BCE presta dinero a los bancos privados a un interés de chiste, para que éstos lo presten a esos mismos gobiernos que lo autorizaron y avalan, pero a un interés mucho mayor, proceso en el cual los bancos privados se llevan sin despeinarse una buena tajada que pagarán los ciudadanos de la eurozona trabajando más, cobrando menos y perdiendo derechos fundamentales para saldar una deuda tasada por acreedores sinvergüenzas.

Y esto en el mejor de los casos. Porque pudiera ocurrir que el billón y medio de regalo acabara limpiando los balances podridos de una banca que ha cometido delito de alta traición y que paga jubilaciones de cárcel a directivos sin entrañas. La última dádiva conocida, la que se lleva un tal Francisco Luzón, Consejero y Director General del Banco de Santander, entidad que debe impuestos multimillonarios a la Hacienda española y que cuenta con un tinglado de sociedades en paraísos fiscales como las Islas Caimán, Bahamas, etc., que se jubila con 65 millones de euros robados a los contribuyentes. Está claro: nos orinan, dicen que llueve y asentimos como bobos. No merecemos mejor trato mientras no extirpemos de nuestros cerebros la cancamurria opresora.

Los que nos maltratan quieren que nos declaremos en cantón, para así rendirnos con comodidad, pero no deberíamos complacerles. En todo caso, que sean ellos los que se acantonen, tanto los que mandan de verdad como los títeres que gobiernan en su nombre, porque aquí se va a organizar un Dos de Mayo que a poco que nos descuidemos va a empequeñecer la lucha de aquel día histórico.

Emilio Alvarado Pérez es portavoz del grupo de IU en Azuqueca de Henares

Quieren calefacción, no que les calienten

Un policía indefenso recibe un golpe en la mano propinado por la cara de un peligroso estudiante. Obsérvese la profesionalidad del comando que asiste al estudiante agresor

Ira, asco y amargura. Eso es lo que producen las imágenes difundidas por Internet en las que vemos a grupos de antidisturbios, acorazados de pies a cabeza, pegando con saña a estudiantes adolescentes en las calles de Valencia.

A los chicos y chicas que se manifiestan en las proximidades de sus centros educativos les sobran razones para quejarse: no quieren pasar frío en las aulas y no están dispuestos a sufrir más recortes que los convertirán, infaliblemente, en carne de cañón.

Los sucesivos gobiernos del PP han convertido la Comunidad Valenciana en un foco de corrupción que avergüenza y en una sentina de deuda insondable. Esos políticos, algunos de los cuales llevan generaciones disfrutando del caciquismo más rancio, han dilapidado el patrimonio público y quieren provocar la dislocación social. Ellos y no otros son los culpables de que no haya calefacción en las aulas, de los recortes educativos y, para colmo, de las agresiones que han sufrido los estudiantes que no hacían otra cosa que defender sus derechos en la calle. Esos políticos son los que tendrían que recibir el castigo de la fuerza pública por sus continuos desmanes, y no sus víctimas. Pero no está hecha la justicia para resarcir al ofendido. El mundo al revés.

Los chicos que son apaleados por la policía defienden la educación y la cultura. Se manifiestan con la mochila al hombro, en la que llevan el bocadillo, las tareas escolares y los apuntes. Esos son sus pertrechos, a lo que se une el sentimiento de saber que tienen razón, toda la razón, y que no necesitan nada más para que la verdad y la justicia resplandezcan, incluso ante un pelotón de mamelucos acorazados. En vez de ser  distinguidos por defender el interés general, a estos chicos les llueven los golpes que les propinan unos policías sañudos cuyos sueldos pagan sus padres, algunos de los cuales votaron no hace mucho a los políticos que han ordenado las cargas. Más de un progenitor estará avergonzado estos días porque no podrá sostenerle la mirada a su hija o a su hijo golpeados por un energúmeno con casco que se esconde tras el uniforme al que deshonra.

Es evidente. Las nuevas autoridades del PP, emborrachadas de mayoría absoluta y presas de soberbia ideológica, han ordenado a la policía que reprima con brutalidad. Da igual que los agredidos sean menores de edad, estén indefensos y no hagan otra cosa que ejercer sus derechos constitucionales. Ante la conflictividad que se avecina, resultado de unas políticas salvajes que están laminando al común, creen que saldrá barato atemorizar al personal, despolitizar a la ciudadanía, aislar al discrepante y demonizar al que protesta atribuyéndole toda clase de intenciones malvadas y un par de estacazos por si acaso. Es la vieja historia de siempre: se trata de que el apaleado se convierta en culpable y el que apalea brutalmente en víctima.

Para justificar la lluvia de mamporros, los dirigentes del PP nos cuentan historias abracadabrantes de infiltrados, agitadores, conjuras judeomasónicas y fuerzas tenebrosas que aprovechan las manifestaciones con el fin de reventarlas. “No hay como hablar de algo para lograr que exista”, decía un turbio personaje del Cementerio de Praga, experto en conspiraciones. Tampoco faltará a la cita siniestra la jauría de los profesionales de la desinformación, dispuestos a cocinar el forraje propagandístico con el que tapar el delito de Estado. 

Pero ocurre que todos estos ardides ya no sirven. Los teléfonos móviles tienen cámara y los ciudadanos son reporteros de sus vivencias, como un Argos vigilante de mil ojos. Cada vez resulta más difícil colar de matute una estafa propagandística que contradice cientos de imágenes grabadas de manera anónima, por mucho empeño que pongan en el asunto los cornetas de la intoxicación. En las imágenes difundidas por Internet sólo se ven estudiantes, la mayoría de ellos menores de edad, padres y madres, periodistas y otros ciudadanos que se sumaban estupefactos a las protestas a medida que arreciaba la saña policial. De los provocadores o de los elementos sediciosos de los que nos hablan los señores del PP, ni rastro, porque la verdadera conspiración puebla los despachos y pisa moquetas. Y por si cupiera duda alguna sobre lo que pasó en Valencia, contamos con la explicación impagable que de los hechos daba su Jefe Superior de Policía, el cual, en comparecencia ante los medios, jadeante y excitado por el festival de mamporros repartidos por sus subordinados, llamó a los ciudadanos apaleados enemigos. Adjetivo muy atinado el del mando policial, de nombre Antonio Moreno, porque así fueron tratados, por orden suya y de la Delegada del Gobierno, Paula Sánchez de León, los ciudadanos que se manifestaban: a hostias, como enemigos (hostis) que son para él y sus jefes políticos.

Cuando se analiza la violencia siempre se incurre en el mismo error, por lo demás completamente interesado: el dedo acusador sólo apunta a la violencia subjetiva, que es la que distorsiona o interrumpe el orden social (tanto da si es justo o no). Pareciera que todo acaba aquí, en el acto individual, lo cual es enteramente falso, porque al lado de la violencia subjetiva hay siempre una violencia objetiva, que es la que aplica el sistema, y que se caracteriza por ser continua y gozar del amparo que proporciona la ley y sus defensores, que tienen el monopolio de la violencia legal. Los sistemas inestables o en crisis suelen aumentar las dosis de violencia objetiva que aplican sobre sus ciudadanos, lo que tiende a producir una repuesta defensiva de los ofendidos. Además, a la violencia subjetiva y a la violencia objetiva se añade una tercera, la violencia simbólica, la del lenguaje, que aprisiona en sus límites la posibilidad del pensar, del decir y del criticar. Por eso se manipula la información y se retuercen las palabras, para violentar las conciencias y dañar el pensamiento.

En la capital del Turia se han dado las tres violencias, pero por parte de las autoridades. Hubo violencia subjetiva cuando apalearon sin razón a unos ciudadanos pacíficos que ejercían sus derechos constitucionales. Además, los políticos del PP y sus aliados mediáticos practican miserablemente la violencia objetiva sobre ellos con el fin de ganarse a la opinión pública, mintiendo sobre las víctimas y difundiendo una imagen de ellas monstruosa y falaz. Finalmente, se aplicó la violencia simbólica contra los apaleados y ofendidos, en el momento en el que el jefe de la policía, acompañado por la Delegada del Gobierno, los llamó enemigos.

Violencia objetiva, subjetiva y simbólica aplicada contra menores de edad por parte de un gobierno que, con sus actos, deslegitima el sistema que dice defender: no cabe ser más antisistema.

Camps en la calle, Garzón inhabilitado, despido a la carta, salarios de miseria, más paro que nunca, economía en recesión y, por si no fuese bastante, menores agredidos por las fuerzas de orden público. Como les dejemos, los señores del PP van a acabar con todo.

Emilio Alvarado Pérez es portavoz de IU en el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares

Daños colaterales de la reforma de la Constitución

Igual camisa, igual chaqueta, igual corbata: Zapatero y Rajoy acordando la reforma de la Constitución

La reforma de la Constitución, impuesta por el BCE y secreteada entre Zapatero y Rajoy, traicionó el pacto constitucional y alumbró un nuevo orden político que carece de legitimidad.

El nuevo artículo 153 de la Constitución, en su punto 3, dispone lo siguiente: “los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones, se entenderán incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta”.

Una de las consecuencias perversas del cambio a que obliga la reforma constitucional es la modificación de la prelación de pagos de las administraciones públicas.

Antes de la infausta modificación del artículo 135, cualquier administración pública tenía como primera obligación pagar las nóminas de sus trabajadores y, en segundo lugar, la seguridad social. El resto de sus compromisos iba después.

A partir de la publicación en el BOE de la reforma constitucional, todas las administraciones deben asumir como primera obligación pagar las deudas que tengan contraídas con los bancos. Después vendrán las nóminas, la seguridad social y los pagos a proveedores. Si los recursos no alcanzan para satisfacer todas las obligaciones, la reforma de la Constitución asegura que los bancos cobren los primeros, aún a costa de los empleados públicos, de la seguridad social o de las empresas que suministran bienes y servicios a la administración.

Por voluntad de Zapatero y Rajoy, los bancos se cuelan en la fila de los acreedores y se ponen los primeros en la ventanilla, no vaya a ser que sufran retrasos molestos que no se merecen. A los demás, si sobra algo que les den. Y si no, también.

Es de una evidencia bochornosa que la reforma de la Constitución se hizo para agradar a los bancos y prestamistas internacionales. Y no menos evidente es que el bipartito que nos lleva gobernando treinta años, consintió una medida que nos daña sin tener la gallardía de explicarla sin tapujos ni engaños.

Por mucha receta charlatánica que le echen el PP y el PSOE, su decisión fue desastrosa y los males que provocará les perseguirán durante mucho tiempo.

Emilio Alvarado Pérez es portavoz de IU en el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares

Lehman Brothers: la mayor quiebra de la historia

Recreación dramática de la BBC sobre la quiebra de Lehman Brothers, desencadenante de la crisis económica que padecemos en la actualidad. Una historia que nos muestra quiénes fueron los culpables de los males presentes. 

De Guindos fue altísimo responsable de Lehman Brothers, banca de trileros que acabó en la ruina. Las decisiones de personajes como de Guindos, además de colapsar el sistema bancario mundial, destaparon un entramado financiero podrido que ha conducido al paro y a la miseria a millones de trabajadores. 

Hay pocos países en el mundo que consentirían que un personaje de esta condición pudiera convertirse en Ministro de Economía. Uno de esos países se llama España, que inventó también el género picaresco. 

Emilio Alvarado Pérez es portavoz de IU en el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares

¡Bwana, no me pegue mucho que me estropea!

¡Fuera caretas! Rajoy no es el presidente del gobierno de España, como tampoco lo era Zapatero. Todo lo más, Rajoy es el ordenanza de los que tienen mando en plaza, que son Trichet, Draghi y Merkel, a los cuales, por cierto, les importa un pepino el futuro de España, de los españoles y de su gobierno. O puede que no, porque quizás los que gobiernan Europa tienen especial interés en que nuestro país zozobre, para que lo reflote a precio de risa un fondo domiciliado en Macao. Así, el triunvirato y sus amigos se tostarán en lo que un día fueron nuestras playas, mientras que un ejército de camareros nativos, con salarios de miseria, les sirven sangría y tapas variadas. Unos y otros, gerifaltes y recaderos, juntos todos, quieren que concluyamos en una suerte de Cabaña del Tío Tom a escala nacional, desde la Estaca de Bares al Cabo de Gata, desde Punta Tarifa hasta el Cabo de Creus, y desde La Mola hasta Punta Orchilla. En su plan de estabularnos, el BCE y Berlín cuentan ahora, como antes, con la colaboración de nuestro gobierno que, con cada acto, comete traición y se cisca en los ciudadanos, incluidos sus votantes. Vergonzoso.

Hoy gobierna Rajoy; ayer, Zapatero. Cuando Zapatero gobernaba, era juzgado por la opinión pública; ahora que Rajoy es Presidente, corresponde juzgarlo también, aplicándole el mismo rasero que él utilizó con  sus adversarios. Sería injusto obrar de otro modo.

Empecemos diciendo que el principal propósito de Rajoy (a pesar de los silencios, ambigüedades, mentiras y demás brumas de su discurso) es transparente como el agua del arroyo: acatar al pie de la letra lo que dispongan Trichet, Draghi, Merkel y demás amigos de los españoles. En esto no se diferencia de Zapatero al que, no lo olvidemos, Rajoy zahería porque dejaba que otros gobernaran en su nombre. Si Zapatero era un pocacosa, Rajoy, en justa correspondencia, corre veloz a convertirse en un pisahormigas, que es cualidad un punto menor que la primera y muy a propósito para destartalar una sociedad desde dentro por orden de la autoridad verdadera. Dígase alto y claro: el programa de gobierno de Rajoy se resume en que doblemos la cerviz, que es poner el país a la altura del alquitrán, porque otros lo mandan, y no la sarta de embustes con que se presentó a las elecciones de noviembre. Expresado con laconismo, que es el modo de referir más adecuado en tiempos de penuria, con Rajoy tenemos más de lo anterior, elevación a la potencia de la medianía y la traición.

De los dos primeros amigos de los españoles y oráculos de nuestro gobierno, Trichet y Draghi, sabemos sus intenciones, porque las pusieron por escrito en una carta-ultimátum que Zapatero y Rajoy esconden ridículamente en algún cajón secreto, pero que es de dominio público desde que la publicó el Corriere Della Sera el pasado 29 de septiembre. En la misiva, puro diktat mafioso, plan oculto para gobiernos pusilánimes, se ordenaba a Zapatero gobernar por decreto, facilitar el despido, destruir los convenios colectivos, bajar los salarios, reducir las pensiones y recortar la nómina de los empleados públicos. Zapatero se sorprendió al leer la carta, porque su estilo cortante y desabrido desentonaba con la ejecutoria de un gobierno, el suyo, que ya  había reducido salarios y pensiones, y que había recortado derechos sociales y laborales de manera nunca antes vista. El Presidente creía haber saciado a la fiera al haber convertido nuestro país en un vulgar dominio de Alemania, sin percatarse de que lo que alimenta la fiereza es la abundancia de sangre y no al revés. Alarmado por la lectura de la carta, llamó a Rajoy y ambos secretearon acatar al ciento las órdenes de Trichet y Draghi. Por ese motivo, Zapatero y Rajoy, cogidos de la mano, reformaron en agosto la Constitución, principalmente para agradar a los amos de Europa y a los especuladores internacionales. Ese día dejaron de ser presidente y presidenciable, al convertirse en botones de un superior que ni siquiera les proporcionó la librea y la gorrilla de rigor con la que ser identificados por el ciudadano medio. Mientras se mantuvo en el cargo, Zapatero prestó grandes servicios al dúo Trichet y Draghi, lo que condujo al hundimiento del PSOE y al empobrecimiento de los españoles. Ahora que es Rajoy el que le sucede, la pleitesía, al igual que la desesperación del común, cotizan al alza. El señor Rajoy , con un entusiasmo patético, ha seguido acatando lo que ordenaban Draghi y Trichet. Primero de todo, lo de gobernar a golpe de ukázs. Sobre esto, por ahora, ya contamos con dos fechas para el recuerdo: el 30 de diciembre de 2011 y el 10 de febrero del corriente. Después, el señor Rajoy cumplió lo de congelar los salarios públicos, poner los fundamentos para mandar al paro a miles de trabajadores de la administración pública y subir los impuestos. Y ahora nos viene con lo de abaratar el despido, reducir los salarios de los trabajadores del sector privado, tratar a los parados como delincuentes y desampararlos a todos ante el imperio de la patronal. ¡Cuánta aplicación y diligencia cuando la ocasión lo merece!

Y qué decir de frau Merkel, la tercera del triunvirato y espejo de virtudes según Rajoy, señora cuyo principal interés es proteger a los bancos alemanes y lograr que la economía alemana exporte tanto como pueda a una Unión Eropea cada vez más desindustrializada. Y si la UE ya no compra porque los salarios no lo permiten, vender a China o la India, países en expansión, o producir en ellos a precio de ganga para vender a los demás. ¡Vaya percal!

Lo sabemos desde hace muchos años. Cuando una institución o un gobierno poderoso exigen el ajuste de un tercero más débil (antes eran EEUU y el FMI en América latina o el sudeste Asiático, ahora son Alemania y el BCE en España, Italia, Grecia, Irlanda o Portugal), lo único que interesa es asegurarse el cobro de la deuda, aunque el deudor muera en el intento de saldarla. Como recuerda el Nobel de Economía, Joseph E. Stiglitz, durante la crisis de Asia Oriental, a Tailandia se le exigió recortar brutalmente su presupuesto sanitario a sabiendas de que con ello aumentarían los casos de SIDA, cosa que así ocurrió. A Indonesia le aplicaron igual receta, lo que llevó a suprimir la escasa ayuda alimentaria que recibían los hambrientos, con lo que el hambre se extendió aún más entre sus menesterosos. Y a Pakistán esta imposición le llevó a suprimir las ayudas en educación, lo que empujó a muchos progenitores a enviar a sus hijos a las madrasas, templos de adoctrinamiento fundamentalista para la yihad global. Olvidando las enseñanzas de la historia más reciente, ahora se aplica igual correctivo a Grecia, Italia, Portugal, España e Irlanda, porque hay una verdad universal, que predica Merkel y su Ministro de Economía, que no admite réplica en una Europa desarbolada, sin memoria y gobernada por la derecha: primero se pagan las deudas, aunque para ello haya que vender a precio de cascote las piedras del Partenón, del acueducto de Segovia o de la Torre de Pisa.

Y en este punto nos encontramos: el del derribo por orden de la autoridad competente de lo poco que quedaba del derecho laboral español. Por decreto del gobierno de Rajoy se han retirado los puntales sobre los que se sostenían nuestras relaciones laborales y que salvaguardaban, en la economía legal, una mínimas condiciones salariales y de horario para los trabajadores de un mismo sector. Ya lo dijo el Ministro de Guindos cuando tuvo que sintetizar en una palabra el significado de la reforma: agresiva. No le quitemos la razón al señor Ministro ahora que le asiste, porque el decreto de su gobierno contiene todos los aspectos y matices de la agresividad: violencia (ejercida indirectamente), ofensa (los de siempre pagan los errores ajenos), provocación (si alguien ha cumplido con sus obligaciones en estos años de crisis han sido los trabajadores) y ataque (los trabajadores trabajarán mucho más por un salario mucho menor, y todo para vivir con menos dignidad). No cabe mayor afrenta.

Cada día que pasa nos acercamos más al despido libre, universal y gratuito, a que desparezcan los convenios colectivos y a que los salarios de los trabajadores se aproximen a un mínimo interprofesional que no alcanza ni para pipas. En términos clásicos, que además son los más castizos, a esto se le llama explotación, que es exprimir al trabajador hasta que, seco y sin zumo, se le arroja al arroyo para sustituirlo por otro joven y fresco que, a no tardar, también acabará desahuciado en el albañal. Al zumo extraído se le llama plusvalía. Y al antagonismo y a la relación desigual entre explotador y explotado, lucha de clases. Regresamos a los tiempos en los que volverá a decirse aquello que el esclavo negro suplicaba al capataz: “Bwana, no me pegue mucho que me estropea”.

En una economía con una enorme capacidad de trabajo sin emplear, la reforma laboral del gobierno del PP, la número 52 de nuestra historia reciente, producirá efectos devastadores sobre los asalariados y sus derechos. Lo que antes era delito ahora se normaliza; los padres serán despedidos y sustituidos por sus hijos a precio de saldo, y estos últimos, a su vez, rotarán en la economía como peonzas, sin posibilidad de construir un itinerario estable para sus vidas privadas, lo cual tendrá efectos demoledores en nuestra demografía; finalmente, todos vivirán paralizados por el miedo mientras trabajen por sueldos de miseria y las deudas privadas anulen su libertad.

La sociedad que se está constituyendo mediante el uso indiscriminado de la violencia económica produce asco. Es injusta e inviable. Daña a las víctimas y envilece a los pocos privilegiados a los que recompensa. Cada día cuesta más mirar a nuestros hijos a la cara sin mostrar una profunda pena, pensando en lo que les aguarda: vivir en una sociedad emasculada que olvió el significado de la palabra justicia.

Emilio Alvarado Pérez es portavoz de IU en el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares