Estados y naciones

La invasión francesa forjó la idea moderna de nación

Por lo general, los Estados, que inician su existencia a finales del siglo XV, construyen las naciones, tanto más imperfectas cuanto mayor es la debilidad del Estado y de las fuerzas económicas que lo impulsan. Así, la nación construida se superpone a las realidades culturales, religiosas y lingüísticas previas, que no por el hecho de ser singulares y existir con anterioridad son naciones, puesto que de este concepto, el de nación, sólo cabe hablar en términos políticos desde finales del siglo XVIII. 

Una consecuencia de esta premisa es que la nación, contra lo que se supone, suele ser algo artificial, al menos tanto como el Estado que la moldea. Lo extrañísimo es lo contrario, que la nación sea el sustrato ancestral sobre el que se eleva el Estado, aunque esta es la opinión más extendida sobre la relación histórica entre el Estado y la nación que, a poco que pensemos en ella, conduce al absurdo o al crimen colectivo.

Si la nación impulsada por el Estado es lo suficientemente fuerte, diluye las diferencias heredadas, homogeneizando y uniformizando los territorios concernidos por la nueva soberanía, no sin recurrir, con frecuencia, a la imposición violenta o a la guerra. Sobre este particular hay muchas variaciones. Un caso especial es el de la nación que se recrea a la vez que construye un Estado en pugna contra el yugo extranjero (Italia). Otro es el de la nación que sale de un acto revolucionario y se confirma a la vez hacia dentro y hacia el exterior, forjándose en guerras de invasión (Francia). También puede hablarse de la nación que despierta a partir de una agresión exterior (España), de la que surge al desgajarse de un imperio (EEUU) o, finalmente, de la que nace de una unidad anterior en lo económico y aduanero que es, además, el resultado de la lucha entre dos estatalidades previas (Alemania). Por ello, en cada caso concreto, el proceso de construcción de la nación y su engarce con otras especificidades es también particular. Dicho de otro modo, no hay un modelo de Estado-nación, al igual que no hay una sola fórmula de encaje de la diversidad bajo una única soberanía.

Si el siglo XIX fue la edad de oro de las naciones, el siglo XX resultó el de los bloques de poder que agrupaban a Estados-nación que cedían soberanía a favor de la superpotencia dominante. Podrá decirse, contra esta idea, que tras la Segunda Guerra Mundial hubo un nuevo florecimiento nacional con los procesos de descolonización, pero basta echar un vistazo a cómo han evolucionado la mayoría de los países surgidos de esa hornada para comprobar su fragilidad e, incluso, su carácter artificial.

Cuando la guerra fría terminó debido al hundimiento del bloque soviético, se produjo una nueva eclosión nacional que, ahora, debido a la crisis general del capitalismo y al desmantelamiento de los Estados frente a  los mercados, se manifiesta otra vez aunque bajo una nueva apariencia: tensiones y procesos independentistas en Italia, Bélgica, Canadá, España y Reino Unido, que tienen mucho de rebeliones de territorios ricos contra territorios más pobres.

Con la perspectiva que nos da la historia queda claro que hoy el nacionalismo no es un proyecto para el futuro; todo lo más, es una trinchera temporal, una prórroga frente a las fuerzas universales del capitalismo que disuelven los lazos humanos y desarraigan a las personas de su territorio y de su comunidad. Así en el mejor de los casos, porque en el peor el nacionalismo no sería más que la impostura de los que provocaron primero el vaciamiento de poder del Estado-nación y, ahora, para esquivar sus responsabilidades, reclaman su resurrección.

Pedirle al nacionalismo que nos libere de los bárbaros de hoy, como hacía Maquiavelo cuando reclamaba una Italia unificada bajo el poder del príncipe, es una ilusión muy peligrosa que agitan precisamente los que provocaron la crisis, en la secreta intención de que las víctimas de uno y otro bando se olviden de quienes son sus enemigos y se apedreen entre sí envueltas en banderas que no representan nada. Este ardid, mil veces utilizado en el curso de la historia y siempre a mano del último canalla, nos hace recordar la sentencia de Fontenelle: ¡ser hombre es tan peligroso!

El político causante de la crisis ve en la apelación nacionalista la escapatoria para no rendir cuentas de sus actos. Si, además, tal político se siente muy identificado con el sistema corrupto que ampara, se dejará tentar por la idea diabólica de que es necesario inventar un enemigo para darle al pueblo una esperanza. Reclamar más nacionalismo como solución a los problemas de hoy es propio de baratilleros, que viven de vender artículos desgastados e inservibles a un precio más alto que si fuesen nuevos. Sólo faltaría que el pueblo inocente se dejara arrastrar por tales locuras.

La nación no puede ser el cobijo definitivo a los problemas de hoy. La nación, como la polis griega, ya cumplió su papel histórico. Por cierto, con muchos episodios infames porque en su nombre se cometieron crímenes abominables.

La crisis actual exige una nueva relación del hombre con la sociedad y la constitución de un nuevo sujeto político, porque es insufrible vivir bajo la tiranía de los mercados, sin protección y a la intemperie. Ese sujeto reclama una organización realmente democrática, participativa, universal y local a la vez, probablemente pequeña, flexible y asamblearia, ayudada por una tecnología que borre los límites del tiempo/espacio, y con un horizonte material y moral ligado a una vida sencilla y plena, sobria y abierta a un nuevo vigor, como el ideal de Horacio.

Emilio Alvarado Pérez es portavoz de IU en el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares

Reivindicación de la política

Cuando los ciudadanos se echan a la calle a hablar de política, las autoridades se asustan

No es azaroso que en momentos de crisis aumente el interés por la política que, al contrario, mengua cuando la humanidad disfruta de algún raro instante de paz y de recreo. Ocurre así porque vivir en la despreocupación no es estímulo para pensar con radicalidad. El hombre se estruja la mollera por obligación antes que por placer, para resolver problemas que no admiten espera, siendo el primero de todos asegurar, junto con sus semejantes, una existencia justa y libre. Sobre este particular, permítasenos la siguiente digresión: en estos tiempos tan turbios aprovecharía releer el ensayo de Senac de Meilhan, escrito en 1787, titulado Consideraciones sobre el espíritu y las costumbres, en el que se explican las lazos tejidos entre la facilidad de los goces y la apatía humana. Queda dicho.

Pero volvamos a lo que nos llama. Decíamos que las crisis sociales fecundan el pensamiento político. Los tiempos de mudanza desenmascaran las relaciones de poder, las técnicas de dominación y los discursos legitimadores. La extensión del conflicto político alimenta una visión más nítida de las instituciones, las leyes y los gobernantes. Los fracasos continuados muestran los límites del poder establecido y permiten imaginar alternativas a lo constituido. En fin, los tiempos que barruntan el ocaso empujan a pensar en términos políticos sobre la política, aunque sólo sea por una razón de supervivencia.

Grandes pensadores políticos como Tucídides, Platón, Aristóteles, Maquiavelo, Bodin, Hobbes, Rousseau o Marx, vivieron momentos históricos críticos. Sus vidas coincidieron con acontecimientos sociales decisivos, desgarradores, violentos siempre, que dejaron profundas cicatrices en sus biografías. Estos autores pensaron empujados por la radicalidad de sus circunstancias. En sus obras se reflejan no sólo un tiempo cambiante o un momento decisivo sino, también, sus miedos y esperanzas, sus esfuerzos por entender el drama de la historia y el propósito de dibujar un camino, una filosofía, una guía que anticipara el futuro.

Para reflexionar sobre la novedad tuvieron que acuñar conceptos inéditos e idear métodos originales. Se vieron en la obligación de ampliar el vocabulario político para referirse a lo que antes no tenía nombre, bien porque estaba oculto, bien porque no existía. Y abordaron el conocimiento de la sociedad rechazando prejuicios y convencionalismos. Cierto es que cada uno de ellos puso en el acto de pensar su subjetividad, sus manías e, incluso, en ocasiones, sus intereses y otras mezquindades, pero aportando siempre algo genuino, de ahí su consideración de clásicos. Al leerlos entendemos mejor su tiempo y también el nuestro, con sus azares e incertidumbres. Es de justicia reconocer, en consecuencia, que tenemos contraída una deuda de gratitud con su pensamiento.

Corresponde a Tucídides (460-396) el mérito de liberar la historia de los mitos y del poder de los dioses, desengañado al contemplar los horrores de la Guerra del Peloponeso y la descomposición político-social de la polis griega a que dieron lugar casi treinta años de luchas fratricidas. Platón (428-347) y Aristóteles (384-327) dedicaron una gran atención a la política porque querían detener, cada uno a su modo, la decadencia irremediable de la ciudad antigua, pronto superada por las monarquías helenísticas. Maquiavelo (1469-1527) acuñó un concepto nuevo, el de Estado, porque la poliarquía medieval, tras casi mil años de existencia, estaba en trance de morir, fundamentó el estudio de la política a partir de la comprensión descarnada del poder y anunció la necesidad de la unidad política italiana para librarla del dominio extranjero de Francia, España y del Sacro Imperio Romano Germánico, anticipándose en varios siglos al Risorgimento. Bodin (1529-1596), el padre de la idea de Pacto como fundamento de la autoridad y del concepto de Soberanía, vivió las guerras de religión, la matanza de San Bartolomé y las luchas sociales y políticas que asolaron la Francia de los capetos. Hobbes (1588-1679), teórico del Absolutismo y del Individualismo, fue coetáneo de la Guerra de los Treinta Años, de la Guerra Civil inglesa, de la república de Cromwell, de la decapitación de Carlos I y de las guerras entre los reinos de Inglaterra, Escocia e Irlanda. Rousseau (1712-1778), que profetizó la revolución francesa casi treinta años antes de producirse, se enfrentó al problema político supremo, el de la coexistencia entre el individuo y la sociedad, la persona y la civilización, el sentido de la historia y el porvenir humano, mientras se derrumbaba el antiguo régimen. Y Marx (1818-1883), que popularizó conceptos como Lucha de Clases y Materialismo Histórico, contempló el ascenso imparable del capitalismo, el dominio de la burguesía, la miseria del proletariado, la construcción de un mundo globalizado y el resquebrajamiento de la Europa que alumbró la Paz de Westfalia.

Estos pensadores vivieron momentos de profunda transformación histórica, de muerte y descomposición de lo antiguo y de nacimiento, aún indeciso y borroso, de lo nuevo. Sus vidas coincidieron con goznes de la historia, que no sólo cierran y abren épocas sino que reivindican la política como algo ineludible. Quizás por eso fueron grandes.

El tiempo que nos toca vivir es también, como los antes mencionados, de crisis profunda. No sólo la que se deriva de unas cifras económicas especialmente desfavorables, sino de decadencia de una forma de organización social que, agotada, se rebela contra la humanidad y contra el planeta que la alberga.

Este tiempo tan comprometido llama a la política, no sólo porque la necesitamos más que nunca sino porque 

abunda el desprecio a la política. Basta que cualquier simplón tilde a algo de político o de politizado para rebajarlo de categoría y convertirlo en falso o turbio. A la crítica falaz sobre la politización se unen dos conceptos igualmente nocivos que pretenden la desactivación de la política: el apoliticismo y la antipolítica. Se refiere el primero a aquel modo de juzgar la política desde un supuesto olimpo de neutralidad, lo que contrasta con el hecho, fácilmente comprobable, de que el apolítico es siempre favorable al que manda. Por su parte, la antipolítica es crítica de la política pero realizada por alguien que, supuestamente, no forma parte del poder político, aunque sí de otros ámbitos de poder muy relevantes que condicionan decisivamente lo político, como las finanzas o la empresa. La terna politización, apoliticismo y antipolítica brota de un tronco común, el populismo conservador, que busca corroer la política desde una posición falsamente fuera de la política, despolitizadora, que limita muy peligrosamente con las doctrinas que defienden, sin preámbulos ni lirismos, el gobierno del sable y de la espuela.

No queda tiempo. Toca remangarse para pensar políticamente sobre nuestra circunstancia, porque sólo en la política hay posibilidad de atender al problema supremo de la convivencia en justicia y libertad, de la individualidad en colectividad, de la persona en sociedad. Pero el esfuerzo no vale si se hace a la ligera. Empecemos no teniendo miedo a rechazar las verdades admitidas, las creencias poltronas, las falsas evidencias, es decir, todo el poso y la turbiedad que nos ciega. Liberados de prejuicios nombremos el nuevo tiempo que avanza para que no escape a nuestro control como ya lo hizo el antiguo, sabedores de que en la definición adecuada está el primer acto de rebeldía. Iluminemos con la luz del conocimiento un camino que no tiene que ser forzosamente oscuro.

Emilio Alvarado Pérez es portavoz de IU en el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares

Crimen contra las altas instituciones del Estado

Mapa de los motines londinenses de agosto de 2011

Sólo lleva nueve meses y el gobierno del PP está ya en la criminalización de una ciudadanía harta de ser felpudo. La receta del poder es simple: al que se mueve, multas y golpes, acusaciones infundadas, aplicación de un nuevo código penal incompatible con un Estado democrático y traje de rayas. Adulación miserable, en cambio, al mansurrón que se resigna, al que calla, al inmóvil y al que no pestañea. Y al que duda, aviso de que se le puede complicar la vida si se libera de las tinieblas que no le dejan ver.

Nos dice Rajoy que su violencia institucional está justificada porque pulula mucho conspirador dispuesto a voltear el orden establecido, cueste lo que cueste. Por más que tal cosa sea ridícula e inverosímil, y sin aportar prueba o testimonio a favor, el gobierno y sus terminales periodísticas aventan la falacia, aunque con éxito decreciente según notifican los hechos. La ciudadanía, cada vez más atenta a la cosa pública y con la sensibilidad extremada, ya no se traga según qué cantinelas. Escasean los dispuestos a aceptar más depredaciones, chanchullos, mentiras, excusas y otros apócrifos.

En vez de reconocer el fracaso y el dolor que provocan sus decisiones crueles e inútiles, Rajoy hace como Tertuliano, aquel padre de la iglesia que porfiaba en la creencia cuanto más inverosímil era: credo quia absurdum.

Ni el 15-M ni el 25-S quieren destruir las instituciones del Estado. Reclaman, bien al contrario, una reapropiación de la política por los ciudadanos y por las instituciones públicas, criticando, faltaría más, las que son inútiles y señalando las perfectibles. Pero sin repetir las formas fracasadas que sólo han traído amargura y desgracia.

Se ha olvidado ya, pero cuando surgió el 15-M la derecha política descorchaba botellas, elogiando a sus promotores como ejemplo de ciudadanos que se enfrentaban, con valentía, a un sedicente gobierno, el de Zapatero, mediante ocupación pacífica de plazas, avenidas y callejones en víspera electoral. EL PP se las prometían por entonces felices, con la calle ganada y las urnas doblegadas. Pero su diagnóstico descansaba en el error. La realidad mostró que el 15-M no era conato contra un gobierno, sino que tenía la aspiración de quedarse porque la crisis, origen del malestar de la sociedad, era estructural. El 15-M quería ser riberiego y no trashumante, ocupar la Puerta del Sol, centro nervioso de la capital de la corte, para repicar el esquilón allí donde el eco retumba más.

Una vez consciente de la aberración, que en eso consiste el desacoplamiento de la imagen con la realidad, la derecha cambió el modo de referirse al 15-M. Lo que antes era ágora degradó en chabola, el indignado transmutó en perro-flauta y la calle liberada se convirtió en fastidio de tenderos y gentes como dios manda.

Por mucho que Rajoy ponga cara de asombro, nada pasa en nuestro país que sea extraño, excepto lo sufridas que resultan las víctimas de la crisis. Cinco millones de parados, un ejército de excluidos sociales, una generación laminada, casi un 30% de la población en situación de pobreza, una desigualdad insultante, incontables desahuciados, millones de familias que no llegan a fin de mes, más de un cuarto de los niños en riesgo de pobreza y un país en proceso de desguace, son razones de peso que explican la indignación y la protesta. Lo extraño es que aún domine el estoicismo entre las muchedumbres que no tienen nada que perder.  

A pesar de los males que padecemos, en España no hemos llegado a los riots londinenses o a las banlieues en colère de la vecina Francia, si bien no es descartable que se coronen esas cimas si el gobierno sigue enrocado en la crueldad. Cuando se ahoga al común ocurre que se queja, se revuelve y defiende, mayormente para no perecer, como dictan las leyes de la naturaleza.

Limpios los hechos de omisiones, efectos y otros lirismos, se adivina que los que atentan contra las altas instituciones del Estado no son los que señala el gobierno sino el dedo que los acusa.

Qué tal si empezamos a considerar que la sedición viene del lado gubernamental, por ejemplo:

·De los corruptos que se sirven de las instituciones para transformarlas en canonjías, catapultados a las mismas por el bipartito que gobierna este país desde hace décadas.

·De quienes reforman la Constitución en secreto y sin mandato ciudadano, destruyendo el carácter social del Estado y los derechos colectivos sobre los que se asienta la libertad material de las personas.

·Del partido que llega al poder gracias a la mentira para, una vez en el gobierno, hacer exactamente lo contrario de lo que prometió en campaña, consistiendo su programa en dos partes de recortes, media de amenazas y otra de porrazos.

·De los gobiernos que conculcan los derechos individuales y políticos básicos recogidos en la Constitución, que son el fundamento de la libertad personal de los ciudadanos.

·Del gobierno que se niega a preguntarle al pueblo, único soberano, si consiente las decisiones que le impone.

·Del gobierno que gobierna por decreto en materias sujetas a leyes orgánicas.

·Del gobierno que promueve el adocenamiento general, fomenta la pasividad, la pereza y el miedo entre las personas, buscando con la extensión de estas lepras la impunidad con que tapar sus fechorías.

·Del gobierno que se doblega ante poderes no democráticos, transnacionales, troikas y otras balalaikas, convirtiéndose en sucursal de intereses contrarios a los del pueblo que dice representar.

·Del gobierno que, siendo poder constituido, intenta alzarse como poder constituyente, usurpando el lugar que le corresponde al demos.

·Del gobierno que aprueba leyes contrarias a la voluntad de los gobernados.

Dicho lo cual, y en esto coincidimos con el Ministro del Interior, hay fundamento para una causa ante la Audiencia Nacional por atentado contra las altas instituciones del Estado. Pero el imputado debería ser el gobierno y no los ciudadanos que, escandalizados por tanto abuso y desahogo, protestan exigiendo moral, justicia y vergüenza.

Emilio Alvarado Pérez es portavoz del grupo municipal de IU de Azuqueca de Henares

Rajoy y el abuso del Decreto-ley

El gobierno de Rajoy gobierna (en interés de otros), legisla y quiere interpretar las leyes. ¡Menuda democracia!

Hace ocho meses que el Partido Popular, tras ganar las elecciones, empezó a gobernar y a legislar cómodamente gracias a su mayoría absoluta en el Congreso. Como era de prever, el Gobierno de Rajoy centró su atención en aplicar la mal llamada política de austeridad que “impone” la Troika (Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional), con el objetivo de desmantelar el Estado del Bienestar. Dicho de otro modo, tras las mentiras de la campaña electoral los incumplimientos del PP no  tardaron en verse.

Durante este tiempo el PP, a través de su Gobierno, ha promovido una acción legislativa que se ha concretado en la eliminación de derechos individuales y sociales. El instrumento elegido para destruirlos no ha sido otro que el decreto-ley, que permite una aplicación inmediata de la voluntad del gobierno, antes de pasar por la convalidación o aprobación parlamentaria tras el obligado trámite bajo la forma de proyecto de ley. La consecuencia del abuso en el uso de los decretos-leyes es clara: cada día que pasa nuestro país es menos democrático. 

La Dictadura de Primo de Rivera impuso en nuestro país la afición por el decreto-ley que, a su vez, trajo la moda nefanda de la Italia de Mussolini, país que sufría el abuso de la potestad legislativa excepcional del Ejecutivo. El gobierno por decreto tiene, por tanto, un origen contrario a la democracia y, por supuesto, al parlamentarismo. Hasta la etimología de la palabra revela este contenido, porque decretum significa también dogma, que es antesala del acatamiento. Esto lo sabían muy bien los zares, nuestros reyes absolutistas o Franco, que aconsejaba a los demás que no se metieran en política.

En lo que lleva de legislatura, el PP ha aprobado 22 decretos, con los que ha soslayado cualquier proceso parlamentario previo de estudio, debate e informe en los asuntos capitales en los que ha legislado, adoptando medidas gravísimas a espaldas, pues, de la sociedad que las padece. Decretos-leyes de todo pelaje y condición se plasman en el Boletín Oficial del Estado, resultado de la actividad de los Consejos de Ministros de los viernes, que se han convertido en una especie de legislativo de primera instancia.

El abuso del decreto-ley por este Gobierno priva al Parlamento de su facultad de legislar con la normalidad que impone un sistema parlamentario, que es el que establece nuestra Constitución. Pero no sólo se menosprecia a las cámaras cuando se abusa de los decretos-leyes sino que, también, se degrada el debate democrático y se hace burla del principio de seguridad jurídica, de la “certeza del derecho” que debe tener el individuo de que su situación no será modificada más que por procedimientos regulares y conductos legales establecidos, previa y debidamente publicados. Aunque poco sorprende el nulo escrúpulo de este gobierno en esta materia, después de haber presenciado la forma elegida hace poco más de un año para modificar el artículo 135 de la Constitución, en la que los dos partidos mayoritarios, PSOE y PP, impidieron, además, que el pueblo opinara a través del correspondiente referéndum.

En España la figura del Decreto-ley está regulada en el artículo 86.1 de la Constitución, bajo estrictas condiciones y precisamente para casos de “extraordinaria y urgente necesidad”:

Artículo 86. 1. En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos-leyes y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general.

Es indiscutible que el precepto constitucional limita las materias en las que opera el decreto-ley, no pudiendo afectar a derechos fundamentales, ni al régimen de las CCAA, ni al Derecho electoral. Pero, además, pone de manifiesto que sólo se justifica cuando concurra una situación de extrema urgencia, de ahí que en su exposición de motivos cada decreto-ley deba incluir las razones objetivas que lo fundamentan, que nunca pueden ser una cuestión de estilo que se soslaya con cuatro frasecitas de rigor.

En este punto hay que denunciar que el Gobierno, sin pudor alguno, interpreta la Constitución a su antojo y viola los límites que establece la Carta Magna en materia de legislación de urgencia que, además, debiera siempre interpretarse de la manera más restrictiva para no convertir en habitual lo que sólo es excepcional. Pero parece que la prudencia constitucional no importa a este gobierno que piensa que el devenir cotidiano del país se ha tornado “extraordinario” y “urgente”, porque de lo que se trata es de aplacar las iras y ganar la confianza de unos desconcertantes y desconsiderados mercados, mientras que hace mangas y capirotes de su programa electoral y de la confianza ciudadana.

Este modo de “legislación excepcional” al que recurre constantemente el Gobierno está alterando las bases del modelo constitucional y rompiendo el equilibrio político que mantenía la premisa de que el Parlamento era el órgano dotado de legitimidad democrática para legislar. Con su normal actividad se garantizaba el proceso deliberativo y, por consiguiente, se permitía a las diferentes fuerzas políticas expresar sus puntos de vista, concediéndole a la opinión pública la oportunidad para formar su propio criterio antes de que las leyes fuesen aprobadas.

Al abusar de los decretos-leyes el Partido Popular destruye las premisas del pluralismo y desvirtúa el debate público que debe regir la elaboración de las leyes. El gobierno de Rajoy se contenta con  representar una farsa parlamentaria consistente en defender en el Congreso medidas ya aprobadas y aplicadas que, además, recibirán un refrendo seguro en una cámara dominada por su mayoría absoluta. El resto de los grupos políticos y los ciudadanos no participan en la deliberación, que ha sido sustituida por una sucesión de monólogos irritantes e improductivos, aunque no es descartable que en el futuro, a medida que aumente la tensión socio-política, no quepa ni este desahogo, prohibición que se hará a golpe de decreto-ley.

En esta adulteración del proceso normativo que practica el Gobierno no hay análisis, estudio o reflexión previas y, menos aún, una motivación convincente. Se nos cuenta que la urgencia de los mercados manda, pero ya no cuela esta explicación que no resiste el más somero análisis. En cualquier caso, el destrozo institucional provocado por el gobierno es de consideración porque todo nuestro esquema jurídico se está desguazando. Mientras tanto, fiel al tancredismo, Mariano Rajoy toca la lira y justifica sus decretos inmorales diciendo que “ha gobernado mucho y bien”.

Ante semejante espectáculo reiterado semana tras semana, en el que el Gobierno del Partido Popular aprueba decretos-leyes donde no concurre urgencia alguna y con los que se cree legitimado para tratar materias vedadas por la Constitución (como es el caso de los derechos fundamentales), la comunidad jurídica debería reaccionar de inmediato, instando al Tribunal Constitucional a que acabe con un abuso que se acerca peligrosamente al autoritarismo. Porque una cosa es alcanzar una mayoría absoluta en unas elecciones, sencilla de conseguir cuando se engaña de manera descarada, se reciben los pluses de un sistema electoral vergonzoso y se vive bajo la protección de los poderes fácticos, y otra bien distinta es que este Gobierno crea que España es el Partido Popular.

María José Pérez Salazar es integrante del Consejo Político Local de IU de Azuqueca de Henares

Nostalgia de cuando los reyes se beneficiaban a las parientas de los lacayos

Es fantástico: el Rey se duerme después de asegurar que el paro juvenil le quita el sueño

La reproducción entre consanguíneos no acendra el fruto sino que lo malogra. Dicho a lo breve, la endogamia carcome la descendencia. La falta de profilaxis, resultado de mantener una pureza corruptora, tara a los vástagos, que se vuelven proclives a enfermedades y demencias de toda clase. La exclusividad biológica de la monarquía es, así, su razón de ser y condena.

Bien saben esto los Borbones, obligados de vez en cuando, como otras dinastías, a oxigenar su sangre a través del adulterio o por la incorporación consentida de plebeyos a la familia.

El adulterio, modo vergonzante e hipócrita de conseguir cierta renovación genética, arrastra una historia muy rica en la real familia, siendo su fruto, el bastardo, figura de interés para historiadores, inspiración de dramaturgos, ejemplo para hidalgones y comidilla de tertulios desvergonzados.

Cuánto se ha escrito de las relaciones non sanctas de María Teresa de Parma con Godoy, de las cuales hacía chiste, incluso, Fernando VII, hijo de la reina, en ripios deplorables. Qué no se ha especulado de la coyunda entre Isabel II y Enrique Puig i Moltó, uno de cuyos frutos sería Alfonso XII, según señalan algunos comentaristas no exentos de malicia. Qué añadir sobre la interminable ristra de bastardos que dejó tras de sí Alfonso XIII, que transformó la corte en un serrallo, alguno de cuyos nietos, como Leandro de Borbón, se arrastran hoy por las platós televisivos reclamando su pertenencia a la familia real. O qué comentar sobre los dos hijos putativos que se le atribuyen a Juan Carlos I y Último, por no hablar de otras infidelidades, mentiras y traiciones de una familia, la real, que es puesta como espejo de virtudes por el papa y la curia.

En cuanto al método de incorporar públicamente material plebeyo a la familia, los Borbones lo han aceptado para frenar la decrepitud de su linaje y, así, preservar una institución no democrática que les permita vivir a todo tren rodeados de privilegios y riquezas, aunque en este asunto las estrellas no les han sido muy favorables. Sanos, los plebeyos aportan genes que vigorizan la sangre vieja. Si, además, son un ejemplo de moral y destacan en inteligencia y sensatez, ayudan a apuntalar una institución injustificable democráticamente. Pero cuando los plebeyos que han de aportar savia nueva son ladrones, vividores, caraduras y disolutos, aceleran la caída de una institución, la monarquía, que aguanta sólo porque es apuntalada por una corte de estómagos agradecidos y por el bipartito nacional. Descolla entre los fichajes borbónicos el balonmanista Urdangarín que, una vez incorporado al ambiente real, quiso exprimir las ventajas de la filogenitura y llevar a la práctica, presuntamente, aquello que dijera Talleyrand sobre los Borbones: “es costumbre real robar, pero los borbones exageran”.

Decíamos que se trataba de frenar el declive de la dinastía borbónica, muy deteriorada por la mala profilaxis. Sabemos que Alfonso XII, abuelo del rey actual, tuvo siete hijos reconocidos, dos de ellos hemofílicos y otro sordo, siendo el único varón sano don Juan de Borbón, padre del rey. La prole de Juan Carlos I y Último tampoco se libró de la corrupción por mucho que tal cosa se haya intentado tapar con censuras y eufemismos. También resulta muy dudoso que quien es hoy Jefe del Estado por voluntad de Franco, no albergara desde su infancia los síntomas del declive de su estirpe, consistente, dicho con la mayor delicadeza, en una pertinaz inmadurez de juicio que aflora de continuo a lo largo de su vida, desde aquel día en el que, siendo ya cadete militar, mató a su hermano Alfonsito mientras trasteaba con un revólver, pasando por el vodevil cinegético de Botsuana y concluyendo con el mamporro público que le atizó a su chófer en pleno acto oficial, por citar sólo algunos casos dramáticos y chuscos de una lista que, cuando se desvele al completo, producirá vergüenza eterna.

Y qué decir de otros ancestros ilustres del monarca, que tenían dibujado en su rostro el estigma de la estirpe. Pongamos por caso a Carlos IV, que es retratado por Goya con un realismo que no deja dudas sobre la cortedad del personaje. Ni siquiera Vicente López, en una composición más amable, es capaz de disimular la defectuosa aleación física del rey. Igual ocurre con Fernando VII, en cuya cara transparentan las señales de una estirpe degenerada, como puede verse en los varios retratos que le hizo Goya y, muy especialmente, en el que pintó Luis de la Cruz, lienzo realista que muestra a un individuo falto, malvado y brutal. Imagen y vida se funden, armoniosamente, en el Deseado. En el estudio de Josep Fontana sobre la segunda restauración (1823-1834), se hace una semblanza del rey demoledora, basada en los testimonios de quienes lo trataron íntimamente: "enfermizo y deforme, parece que sufría disotosis craneofacial, un defecto hereditario caracterizado por deformaciones del cráneo y la cara y, con frecuencia, con déficit intelectual, del oído y del olfato, a los cuatro años padeció un vicio de la sangre (...) a los once años volvía a caer gravemente enfermo, con una enfermedad lenta, duradera, a quien no vencen la pericia de los mejores médicos, ni la eficacia de los remedios más activos", del que su esposa, María Antonia de Nápoles, dijo al conocerlo que estuvo a punto de desmayarse por lo feo que era, "que me hace ruborizar de vergüenza por las groserías que hace a la gente y que, cuando se habla de cosas cultas, se pone a hablar de comidas y de paseos", y del que su suegra, la reina de Nápoles, que no tenía pelos en la lengua, decía que "tenía un aspecto horrible, una voz que da miedo y es un memo (...) un necio total, ni siquiera un marido en el sentido físico y un pelmazo que no sale de sus habitaciones (en suma) un marido necio, indolente, vil y simulador y que no es ni hombre físicamente".

Para los Borbones, por tanto, el adagio nascendo morimur ha pesado como una losa, de ahí lo perentorio de incorporar sangre nueva al caudal contaminado de la propia. Muy presente ha debido estar entre los miedos de la casa reinante acabar como los Austrias, con un pingajo, Carlos II, como último ejemplar de una casta consumida. 

Si a la degeneración endogámica se unen los estragos de la edad, la soberbia acendrada u otros abusos, se asegura el bochorno, que es la fase en la que ahora se encuentra la casa real. Menos mal que la sensibilidad de los tiempos presentes ya no se traga el carácter singular y campechano de la aristocracia española que, como señalaba Quevedo, presenta como signos distintivos “tener mala letra, hablar despacio y recio, andar a caballo y deber mucho”, caracteres que remachará siglos más tarde Baroja con un lacónico “llana y soez”.

Caducaron los tiempos de la escopeta nacional. Ya no entusiasman los chistes procaces, regoldar después de comer, los negocios turbios, meterle mano a la camarera mientras sirve el te con churros, las monterías amañadas, los favores secretos, las oscuridades políticas, los gastos sin justificar, los ingresos opacos, las infidelidades sufragadas con el dinero de los contribuyentes y, por si no fuese bastante, los mamporros propinados al servicio. En la España de la crisis pintan bastos y ya no hacen gracia los reyes de la baraja.

Es inaplazable que la jefatura del Estado se democratice y se someta al control completo de la administración y las leyes, sin zonas de clandestinidad ni impunidades consentidas. La jefatura del Estado es algo muy serio que no debe dejarse al azar de los naipes. En el siglo XXI esto de ser jefe del Estado por ser hijo de tu padre y nieto de tu abuelo ya no tiene pase.

Está todo tan deteriorado que la monarquía fía su futuro a Felipe de Borbón y a su esposa, la señora Ortiz. No le quedan más bazas.

Emilio Alvarado Pérez es portavoz del grupo municipal de IU en el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares

¡Que se jodan!

Para esto sirve la libertad de información en España: para engañar

Para tapa los agujeros de Bankia (23.500 millones), Novagalicia (4.450 millones), Banco de Valencia (4.607 millones) y Catalunya Caixa (4.470 millones), que amenazaban juntos con producir el colapso de la banca española y un corralito general, el Ministro Guindos, ex directivo de Lehman Brothers (banco que produjo el boquete más grande de la historia universal de la banca privada), se fue corriendo a Bruselas a implorar ayuda para salvar a sus colegas banqueros. Estaba dispuesto Guindos a todo con tal de conseguir el dinero que precisaban los bancos y cajas como consecuencia de la avaricia y de la rapiña a la que fueron sometidas. A todo. Y así fue. A cambio del rescate bancario (hasta 100 mil millones de euros en préstamos), Guindos consintió la inmolación de España y de sus ciudadanos, a los que aún se atreve a decir, miserablemente, que representa y defiende.

Con la operación, de paso, el Ministro ayudaba a un muy importante cofrade de partido y de correrías financieras, Rodrigo Rato, presidente de una Bankia quebrada de la que, sin ningún remordimiento, cobraba millones mientras, auxiliado por otros compinches, la llevaba a la ruina, robaba a los ahorradores con preferentes y otros tóxicos, y engañaba a los impositores, que suman diez millones de almas. No le iban a la zaga el resto de directivos de las otras entidades arruinadas. Destacaban por ser expertos en saqueo, campeones del robo con escala, coleccionistas de medallas al mérito y otros toisones, además de cobrar varias veces por lo mismo en cantidades astronómicas. Qué figuras.

Este es el último ejemplo, entre los muchos ya registrados, que muestra cómo los bancos han conseguido traspasarnos su deuda particular y convertirla en deuda nacional (creación de deuda ilegítima), para lo cual han contado con la ayuda de los dos últimos gobiernos, el de Zapatero y el de Rajoy, personajes ambos que, en lo psicológico, se parecen más de lo que aparentan.

Con el cambalache, los bancos nos hicieron el agujero para enastarnos a conciencia. Su deuda es la causa de cada recorte del gasto público que, a su vez, engendra miseria colectiva. Su deuda, que es privada y de un tamaño colosal, aumenta la deuda pública, eleva la prima de riesgo y nos asfixia con intereses imposibles, lo que producirá, más pronto que tarde, el colapso de la deuda española, la quiebra de todas las cuentas públicas y la intervención de la economía. En pocas palabras, asumir la deuda ilegítima como propia nos lleva irremediablemente a la calamidad, de ahí la urgencia de salir de este sumidero cuanto antes.

Alcanzado el acuerdo en virtud del cual Berlín autorizaba el rescate bancario a cambio de convertir España en un poblado indio, quedaba explicarlo a los ciudadanos, pero convenientemente deformado, mayormente para evitar que por toda la geografía nacional comenzaran a levantarse cadalsos y otros garrotes.

Las intereconomías, gacetas, razones, abces, mundos, copes, esradios, canales autonómicos arruinados y demás amigos del gobierno, se remangaron para confeccionar la engañifa. Tildaron a Guindos de héroe y a Rajoy de supremo por conseguir cien mil millones de euros de una Europa que, milagrosamente, volvía a confiar en los mismos bancos españoles que el día anterior consideraba ruinosos, supuestamente sin aval del Estado ni más garantía que la palabra de nuestro Presidente. Qué mentira más burda.

Esta vez, la realidad, más poderosa que el engaño prefabricado, desmintió la argucia en pocos días. Quedaba claro que la UE aceptaba prestar dinero para el rescate bancario a cambio de que el Estado, con los impuestos de los ciudadanos, avalara la operación y aplicara un recorte brutal del gasto público (65.000 millones de euros) equivalente a la cifra del agujero de toda la banca española descubierto por los hombres de negro de las auditoras Berger y Wyman (62.000 millones de euros). Además, como consecuencia de un crédito tan mayúsculo, la deuda pública española pasaría del 72% al 90% del PIB, elevando la prima de riesgo a niveles insoportables y acercándonos a la quiebra. Más claro, el agua.

Los recortes anunciados por Rajoy el 11 de julio en el Congreso de los Diputados son la libra de carne que se corta del cuerpo de cada ciudadano para salvar a unas entidades financieras podridas y a sus directivos canallas. Nuestro particular Shylock no ha esperado a que se produzca el impago de la deuda para reclamar el aval sangriento. La amputación se nos practica con carácter preventivo, como advertencia de que el incumplimiento en los pagos, si se produce, nos costará el corazón y la vida. Al menos, en la obra de Shakespeare la deuda de sangre se contraía para ganar el amor de la bella Porcia, la de los rizos color de sol que no cedía en nada a la hija de Catón.

La sociedad española no aguanta más. Sabe que las amputaciones que ha sufrido no conducen a nada, que por este camino se va al despeñadero y que el gobierno de Rajoy no defiende el interés general, concepto que le suena a sánscrito. Gente de toda condición se ve empujada a salir a la calle, se queja, se manifiesta y desprecia a los diputados que ríen y aplauden los recortes y que, no satisfechos, insultan vilmente a los parados con el rebuzno “que se jodan”. La derecha, como siempre, atizando la lucha de clases, de la que luego reniega.

Asistimos a una guerra social en la que se pisotea la Constitución, se violan las leyes y se destruye el Estado del Bienestar. Una guerra sin tanques ni bayonetas (por ahora) pero con deudas que asfixian, arruinan y doblegan. Por eso hemos pasado en muy poco tiempo de la cancamurria al enfado, de éste a la indignación y de la indignación, si nada lo remedia, a la desesperación, porque la rabia amenaza con desbordar un marco político e institucional muy deteriorado. Este es el camino que nos traza el gobierno, único responsable de lo que se nos viene encima, porque a la violencia estructural le sucederá, irremediablemente, la violencia física individual y colectiva.

El PP, con Rajoy al frente, persigue someternos y convertir el país en un todo a cien, en un taller clandestino en el que se trabaje por un chusco de pan, en una sociedad que consienta el Ius primae noctis. No es casualidad que hoy revoloteen sobre nuestras cabezas pajarracos como Adelson, a los que rinden adulación prostibular los políticos de la derecha.

No fue elegido Rajoy para seguir este plan. Tendrá los escaños, pero está solo en su empeño suicida. En solitario, por la vereda de la eutanasia social, no se llega a nada. 

Basta de cavar porque como dice el poeta Hugo Mújica, “en lo hondo no hay raíces sino lo arrancado”.

Emilio Alvarado Pérez es Portavoz del Grupo Municipal de IU en el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares

Los recortes de Cospedal

Al insulto se añade la injuria: Cospedal anuncia recortes y se ríe

La  “receta” de Cospedal de “apretarse el cinturón” para seguir tapando los agujeros de la banca sólo es aplicable a enfermos, dependientes, estudiantes, profesores, pensionistas, parados..., pero no a determinada élite social a la que esta señora pertenece, representa y defiende. Como muestra de ello baste un ejemplo:  la presidenta de Castilla-La Mancha, junto con su esposo, Ignacio López del Hierro, ha adquirido recientemente en la elitista y señorial urbanización Los Cigarrales en Toledo, una mansión de 700 metros cuadrados sita en una parcela de 12.000 metros cuadrados a la que se le atribuye un valor de 2,5 millones de euros.

La “nueva chabola” de la familia López del Hierro-Cospedal responde a la “tradicional finca de campo toledana”, con vistas panorámicas tanto del centro histórico de Toledo como del campo colindante, según consta en la descripción de la venta del inmueble. El chalet de dos plantas, con puertas de madera antigua, suelos de barro cocido y grandes ventanales, cuenta con dos salones, cinco dormitorios (el principal con chimenea e independiente de los otros cuatro), una torre con salón, cocina y tres cuartos de baños. El inmueble culmina con un torreón, elemento típico de los cigarrales de Toledo. También dispone de un trastero, garaje para dos vehículos, piscina y una amplia parcela dividida en dos zonas muy bien definidas.

La defensora de la austeridad, del sacrificio, del ahorro y de los recortes, que implora a Dios en las procesiones para que nos ayude a salir de la crisis, no escatima en gastos propios. Se ve que maneja abundante líquido en un momento en el que la economía está más seca que el río Tajo, o que recibe hipotecas imposibles ahora que los bancos han echado el cierre por quiebra.

Esta señora, que un día sí y otro también nos sermonea con la perorata del ajuste, se salta la “dieta” a la que ha decidido someter a la sociedad castellano-manchega, comprándose una mansión ahora que el mercado inmobiliario está a la baja. Su actitud es incalificable y pone de manifiesto la quiebra moral en la que vivimos, donde todo se consiente, en especial si la tropelía viene del PP.

Al comprar la mansión, Cospedal insulta gravísimamente a los “recortados” a los que les niega el pan y la sal, a los cientos de miles de desahuciados que han perdido la casa, la hacienda y la dignidad, y a todos los demás ciudadanos a los que considera imbéciles sin remedio.

Desde luego, la trayectoria política de esta señora no tiene desperdicio, siempre desempeñando elevados y ubérrimos destinos. Hablar de su salario o, mejor dicho, de sus salarios, es hablar de la política mejor pagada desde la instauración de la democracia. Desde su llegada a Castilla-La Mancha, en la primavera del año 2006 y hasta el 31 de diciembre de 2010, la Secretaria General del PP ganó un total de 750.809,64 euros, esto es, una media anual de 150.161,92 euros, el doble que el Presidente del gobierno. La gran añada salarial, que destaca entre cosechas tan abundantes, la obtuvo en el 2009, cuando el PP le pagó, además, 167.864 euros, a los que se sumaban otros 70.000 por su condición de senadora. ¿Cómo le van a preocupar a esta señora las estrecheces que sufren los ciudadanos a los que pidió el voto y prometió trabajo, si desconoce el sentido mismo de la palabra estrechez? 

Según letanía de Cospedal hemos vivido “por encima de nuestras posibilidades”. Le faltaría decir “excepto ella y sus amigos” que, por lo visto, saben administrar muy bien sus abultadísimos ingresos que salen de los impuestos de los trabajadores.

Para corregir los “abusos en el gasto”, fruto de una estafa bancaria sin precedentes, la presidenta de Castilla-La Mancha y Secretaria General del PP (cargo al que dedica el 99% de su tiempo, de modo que no se justifica que cobre del primero) decide por “imperativo legal” someter a las Administraciones Públicas y a todo el conjunto de la sociedad a una dieta suicida de contención del gasto (excepto a la educación concertada y a los propagandistas católicos que contaminan la escuela pública con prejuicios y fanatismos varios). A la señora Cospedal no hace falta calificarla. Ella sola, con sus actos, se basta y sobra, porque su vida es ejemplo de hipocresía y cinismo.

Hace algo más de un año que la señora Cospedal se convirtió en la presidenta de Castilla-La Mancha. Para reducir el déficit, compromiso que adquirieron de manera conjunta el PP y el PSOE en agosto de 2011, no ha dudado en cerrar escuelas y centros de salud, despedir a maestros, privatizar hospitales, reducir el salario de los empleados públicos, eliminar los planes de empleo, acogotar a los dependientes y asfixiar a las administraciones locales. Sus medidas reaccionarias le han valido elogios de las agencias calificadoras de riesgo, de los usureros internacionales y del presidente del gobierno, Mariano Rajoy. Pero, por ahora, su estrategia no ha rendido frutos visibles: el paro en la región ha subido a niveles críticos, estamos en recesión y la destrucción de los servicios públicos ya es todo un hecho. ¿Dónde está aquella Dolores de Cospedal que en campaña cambió la peineta por el pañuelo palestino para proclamar que el PP era el partido de los trabajadores?

El Partido Popular ha mostrado claramente que sólo le interesa una cosa: salvar a los bancos. Está dispuesto a seguir apuntalando un tinglado mercantilista, liberal y monetarista, al precio de llevarse por delante el país si hiciera falta. El saneamiento de los balances bancarios está recayendo sobre la administración pública, los ciudadanos y la economía de las familias trabajadoras, y no sobre los causantes del quebranto financiero, que son los banqueros y otras élites a los que socorre. El gobierno aplica las recetas que impone un sistema podrido porque el gobierno forma parte de la podredumbre general, demostrando que no le importan lo más mínimo las personas. Los populares se muestran contentos porque su objetivo no es cambiar nada sino todo lo contrario, deteriorar al máximo el Estado de bienestar y salvar a sus protectores y padrinos que tienen que seguir lucrándose. Como mucho, si llegaran tiempos mejores, repartirá alguna migaja a una sociedad depauperada y embrutecida.

Terminemos. Hay que defender a los poderosos: ese es el lema de Cospedal y del PP. Para endulzarlo ya se encargará la presidenta de seguir rogando a Dios para que sea él y no su gobierno el que nos libere de esta condena.

María José Pérez Salazar forma parte del Consejo Político Local de IU de Azuqueca de Henares

Dios y el bosón de Higgs

No deja de asombrar el carácter omnívoro de la Iglesia católica, siempre dispuesta a digerir cualquier novedad intelectual con tal de controlarla. Antaño, cuando los papas dirigían ejércitos, a la Iglesia no le hacía falta realizar esfuerzos estomacales para enjaular el pensamiento: un buen cepo o un humeante auto de fe disuadían del error al más templado. Hoy, por suerte, la Iglesia ya no tiene poder para chamuscar al librepensador, aunque sí para arruinarle la vida. 

Por mucho que algunos lo añoren, es historia el tiempo en que un Cardenal Cisneros, Inquisidor general, imponía la fe quemando libros, persiguiendo herejías y castigando al desviado con los tormentos más horribles. Cegado el camino de la mazmorra y siendo imposible el cierre de las fronteras para evitar el contagio intelectual, en estos tiempos que corren la Iglesia se ve en la tesitura de tragarse cualquier novedad para anularla o, si tal cosa resulta imposible, acomodarla a la estrechez de sus jaculatorias. No importa lo disparatado del asunto ni si tiene argumentos bastantes para hacerlo. Lo sustancial es que la curia enrede, trampee con todas las argucias del pensamiento mágico y mienta con tal de que parezca que detrás de cada descubrimiento científico, incluso del más disolvente, luce el resplandor de Cristo Rey.

Decimos esto por el modo en que la internacional romana ha acogido el descubrimiento del bosón de Higgs, con más balbuceos que vítores, pero con la intención secreta de deformar el sentido de un hallazgo que, objetivamente, coloca a su Dios en una situación de perfecta irrelevancia.

Pero dejémonos de introducciones y vayamos a lo que importa, que es hablar de la partícula, porque como decía el clásico "Dios te libre, lector, de prólogos largos y de malos epítetos." 

La existencia del bosón fue teorizada en 1964 por Peter Higgs para explicar, entre otros misterios, por qué el resto de partículas últimas que componen la materia tienen diferentes masas e interactúan entre sí.

La física atómica lleva decenios acumulando datos que corroboran la suposición de que la diversidad de partículas y fuerzas que observamos en la actualidad proceden de una unidad primigenia que se rompió con el Big Bang. 

Para comprobar empíricamente la suposición de la unidad primigenia es necesario retroceder en el tiempo, acercarnos al momento en el que se produjo la gran explosión, para lo cual es menester recrear las condiciones extremas de ese instante que ocurrió hace unos 13.700 millones de años. La reproducción de esas condiciones excepcionales es posible gracias a los colisionadores de partículas, cada vez más potentes, y a instrumentos de medición muy precisos capaces de registrar lo que ocurre en una situación tan extraordinaria. Cuanto mayor es la potencia y la precisión de los colisionadores, más nos acercamos al momento de la creación del universo. 

Además de un hito tecnológico, el descubrimiento del bosón de Higgs significa que hemos sido capaces de retroceder en el tiempo hasta una billonésima de segundo después del Big Bang. Conocemos, por tanto, más allá de las conjeturas teóricas, en qué estado se encontraba la materia inmediatamente después de la gran explosión, lo que permite completar la secuencia de hechos que ocurrieron desde entonces. 

Viene lo de partícula divina del título de una obra divulgativa escrita por dos físicos, Leon Lederman y Dick Teresi, a propósito del bosón. En verdad, en el título original del ensayo publicado por estos autores, la partícula divina (The god particle) se denominaba la partícula maldita (The goddamn particle), por lo esquiva que era debido a su vida tan breve. El editor neoyorkino decidió cambiar el adjetivo goddamn por el más piadoso de god, con el fin de mejorar las ventas de un libro que por la rareza de su argumento no anunciaba una recaudación decente. 

El título comercial acabó imponiéndose, con un sentido perfectamente lógico: la importancia de esta partícula para la comprensión de nuestro universo es tal que sustituye a Dios como explicación y fundamento del universo conocido. Nada menos.

Por tal razón, el ensayo de Lederman y Teresi comienza con una cita del primer filósofo ateo y materialista de la historia, Demócrito de Abdera: nada existe, excepto átomos y espacio vacío; lo demás es opinión. Pero los autores no se contentan con citar al seguidor de Leucipo. En su descripción del origen y evolución del universo, Dios no aparece ni por asomo, como atestigua el siguiente párrafo: 

“En el principio mismo había un vacío (una curiosa forma de estado vacío), una nada en la que no había ni espacio, ni tiempo, ni materia, ni luz, ni sonido .... el equilibro del vacío era tan delicado que sólo hacía falta un suspiro para que se produjera un cambio, un cambio que crease el universo. Y pasó. La nada estalló. En su incandescencia inicial se crearon el espacio y el tiempo. De esta energía salió la materia, un plasma denso de partículas que se disolvían en radiación y volvían a materializarse (...) Las partículas chocaban y generaban nuevas partículas. El espacio y el tiempo hervían y espumaban mientras se formaban y disolvían agujeros negros (...) A medida que el universo se expandió, enfrió e hizo menos denso, las partículas se fueron juntando unas a otras y las fuerzas se diferenciaron. Se constituyeron los protones y los neutrones, y luego los núcleos y los átomos y enormes nubes de polvo que, sin dejar de expandirse, se condensaron localmente aquí y allá, con lo que se formaron las estrellas, las galaxias y los planetas. En uno de éstos (uno de los más corrientes, que giraba alrededor de una estrella mediocre, una mota en el brazo en espiral de una galaxia normal) los continentes en formación y los revueltos océanos se organizaron a sí mismos. En los océanos un cieno de moléculas orgánicas hizo reacción y construyó proteínas. Apareció la vida. A partir de los organismos simples se desarrollaron las plantas y los animales. Por último, llegaron los seres humanos.”

En otros términos, para Lederman y Teresi, Dios, a efecto físicos, es una entidad irrelevante. Corresponde el protagonismo del desenvolvimiento de la historia nartural, por tanto, a los átomos, quarks, electrones, neutrinos, muones, taus, fotones, gravitones, gluones, el vacío, el éter, los aceleradores, los experimentadores, los físicos teóricos y el bosón de Higgs. Este y no otro es el Dramatis Personae de la historia del universo.

Inasequibles al desaliento, los medios católicos nacionales no se han parado en estas minucias y fagocitan la novedad científica, convencidos de que lo que no mata engorda. Así viene ocurriendo desde la falsificación superlativa de la donación de Constantino. 

El diario La Razón, que en contra de lo que su nombre dicta es un libelo de la derecha católica, apostólica y romana, titulaba en portada Dios está detrás de la partícula divina, recogiendo unas declaraciones del canciller de la Academia Pontificia de Ciencias. 

Nuestra Conferencia Episcopal, por mediación de Martínez Camino, también se apuntaba a la fiesta  atómica celebrando que se hable de Dios gracias al bosón, comentarios que recibieron un gran predicamento en el resto de los medios de desinformación de la curia, que son muchos. Aprovechaba Camino la ocasión del descubrimiento para lamentarse de que la ciencia no dé respuesta a todo, motivo según él para reivindicar a Dios, única explicación verdadera de los misterios últimos. En triquiñuela muy desgastada, el señor Camino atribuía a la ciencia un objetivo falso (el de que no lo explique todo) para criticarla, mientras callaba que la religión no da respuesta a nada, lo cual no parece importarle lo más mínimo porque su misión es, sobre todo, defender al santo y al garbanzo.

No hay religión sin proselitismo, ni proselitismo sin manipulación. La iglesia busca colonizar todas las facetas de la vida, para manipularlas convenientemente, de ahí que se inmiscuya en todo lo que se mueve, para domarlo. Esta es una de las claves de su éxito: no hacer ascos. Y en cuanto a las últimas preguntas, la religión nos mantiene en un estado de perpetua ignorancia. 

La religión puede ser consuelo, pero a base de administrar grandes dosis de pereza mental. Si por ella fuera seguiríamos creyendo que el universo tiene forma de tabernáculo, que Eva salió de la costilla de Adán y que el cielo está poblado por querubines de boudoir que tocan el arpa mientras mueven los rizos.

 

Recordemos, para concluir, la anécdota del párroco de Valpalmas, pueblo en el que vivió Ramón y Cajal cuando era niño. El señor cura, instruido por la fe, creía que podía espantar el rayo tocando la campana de la iglesia. Un día de verano que amenazaba tormenta subió al campanario, repicó las campanas y el rayo traidor, obligado por las leyes de la física que se derivan de la existencia del bosón de Higgs, partió al párroco por la mitad. Este acontecimiento dejó un vívida imagen en la mente de Ramón y Cajal y le ayudó a decantarse por el estudio de la ciencia, decisión de la cual nos alegramos todos. Seguro que la iglesia maneja otra teoría para explicar el infortunio de su funcionario.

Por más que le disguste a Monseñor Camino, cada descubrimiento científico hace más irrelevante la hipótesis de la existencia de Dios, por otra parte nunca demostrada por nadie. Tampoco por él.

Emilio Alvarado Pérez es portavoz del grupo municipal de IU

El milagro económico español o la mentira más grande jamás contada

Anguita, en 1992, advirtió a González y al país del desastre de Maastricht. No le hicieron caso, aunque tenía razón.

Después de lo que ha ocurrido en los últimos diez años, la derecha más rancia de este país aún se atreve a sostener sandeces tales como que “hemos sido capaces de obrar el milagro económico español y lo volveremos a hacer”, en alusión a salir de la crisis convocando de nuevo las causas que la provocaron. A los que así piensan sólo les faltaría añadir, para redondear el disparate, que “lo conseguiremos con Rodrigo Rato, Ministro que obró el reciente milagro económico español y también el de Bankia”.

Asombra que alguien en su sano juicio pueda creer algo así y, todavía más, que la ingenuidad, hija de la ignorancia, esté tan extendida que aún queden ciudadanos que acepten el desvarío. Se demuestra, una vez más, que el ser humano, cuando deja que su entendimiento se nuble por los filtros de la ideología, olvide toda enseñanza útil y juiciosa, incluso la que procede de su experiencia. Está visto, en fin, que para el recalcitrante, y la derecha lo es y mucho, el mejor remedio para la enfermedad es más enfermedad y para el dolor más dolor. Suframos todos, pues.  

Pero vayamos a los hechos para desintoxicarnos de falsos ídolos. Toca ya romper los espejos deformantes que dificultan tener una imagen cabal de la realidad. Declaremos la guerra a la mendacidad y al desahogo. Atendamos a la reciente historia económica española para encontrar cuáles han sido las razones que obraron un “milagro” tan engañoso y sus desastrosas consecuencias.

A finales de la década de los 50, durante la dictadura de Franco, aparecieron en la escena política española un grupo de tecnócratas que bajo la dirección del Fondo Monetario Internacional, impulsaron varios planes de desarrollo que permitieron la tardía revolución industrial española de los años 60. Este proceso trajo consigo un éxodo masivo de la población rural a las ciudades, factor sobre el que se produjo el crecimiento desaforado del sector de la construcción, además de liberar mano de obra para la joven industria nacional. Hay que destacar también la apertura al turismo extranjero y la corriente migratoria tanto a Alemania como a Francia como principales destinos, que supuso la entrada de importantes flujos de divisas y un desarrollo rápido de las infraestructuras nacionales.

Pero en el año 73, con la primera gran crisis del petróleo, todo esto se acabó. España, país fuertemente dependiente de las importaciones de petróleo y con un crecimiento industrial basado en un consumo intensivo, sufrió muchísimo las consecuencias del incremento del precio del crudo. Otro factor importante que afectó negativamente a la economía fue la inestabilidad política nacional dada la cercanía del fin de la dictadura franquista tras la muerte, ese mismo año, de Carrero Blanco.

La crisis del 73 y la subida de los precios del petróleo y de sus derivados, provocó una caída de la actividad industrial, debido al incremento de costes tanto de las materias primas como de la distribución, que incrementaron los precios de los bienes y servicios, produciéndose el fenómeno que los economistas denominan inflación (incremento elevado de precios). La tasa de paro también se vio afectada, llegando a un 26% por el regreso de los emigrantes españoles, lo que provocó, además, una disminución de la entrada de divisas que deterioró la arcas públicas por la elevada deuda exterior que mantenían tanto las empresas como el Estado.

Para contrarrestar las consecuencias de la crisis, en el año 1977 y bajo el auspicio de Adolfo Suárez, tuvieron lugar los “Pactos de la Moncloa”, acuerdos sin precedentes en Europa, suscritos por gobierno, partidos políticos, sindicatos y asociaciones empresariales, mediante los cuales se adoptaron medidas, no del todo satisfactorias, que significaron la unidad de los agentes sociales frente a la crisis. Los Pactos de la Moncloa pusieron las bases de la futura política económica de Felipe González marcada por el control del déficit y la moderación salarial.

En 1982, con la llegada de Felipe González a la presidencia del gobierno encabezando la lista del PSOE y la consolidación del proceso democrático que facilitó el acercamiento a Europa, finalmente se cumplió el anhelo político de nuestro ingreso en la Comunidad Económica Europea, lo que ocurrió en 1986. Ese año se consumó el deseo de Felipe González que, en 1984, ya anunció que “nuestra aspiración, hoy, y así tal vez comprenderán mejor nuestra tarea, es integrarnos con todos ustedes, con todos los europeos, en una construcción común y solidaria que sobrepasa nuestras fronteras, pero que afecta, fundamentalmente, al destino histórico de España”.

Esos años fueron de enormes retrocesos sociales enmascarados por el elevado crecimiento económico gracias a la fuerte inversión extranjera y al incremento de las inversiones públicas en infraestructuras para las Olimpiadas en Barcelona (Barcelona’92) y la Exposición Universal de Sevilla (Expo’92). Entre las medidas adoptadas por los gobiernos de Felipe González durante sus trece años y medio en la Moncloa, destacan la legalización de las Empresas de trabajo temporal (ETT) y los primeros Planes de empleo juvenil, que lo único que consiguieron es la creación de empleos precarios. También hay que nombrar, no lo olvidemos, los sucesivos recortes de las prestaciones de desempleo. Como consecuencia de estas políticas de marcado corte liberal, Felipe González y su gobierno sufrieron las primeras huelgas generales de la democracia española, lo que supuso el distanciamiento de su partido con los sindicatos.

A pesar de todos los esfuerzos, los retos de la economía española seguían siendo los mismos: favorecer el crecimiento y la producción de bienes y servicios de alto valor añadido, muy por debajo de la media europea o, dicho de otro modo, la consecución de un modelo productivo alejado de la construcción y de los servicios de escaso valor. Para ello, los esfuerzos deberían haber ido encaminados a incrementar el gasto en I+D y no a disminuir la intervención del Estado en la economía, o el empeño suicida en desregular el mercado de trabajo y reducir el gasto público, recetas procedentes de la corriente neoliberal que a mediados de los años 80 empezó a extenderse por Europa y cuyos máximos exponentes fueron Margaret Thatcher (en Gran Bretaña) y Ronald Reagan (en Estados Unidos).

Con todo este bagaje llegamos al año 1992, origen de mucho de los males que hoy sufrimos. La agenda política venía marcada por el Tratado de Maastricht, dirigido a la instauración del euro como moneda común de la Unión Europea. El año 1992 es el momento de las políticas que suponen el control de la tasa de inflación, a través del control de los salarios, y del déficit público, como medidas más importantes para la convergencia económica de los países miembros de la UE.

El Tratado nació en un contexto económico de crisis que envolvía a todos los países miembros y, en especial, a Alemania, sumida en el proceso de reunificación tras la caída del muro de Berlín. Sus principales aspectos eran: 1) la libre circulación de los ciudadanos y capitales; 2) el establecimiento de una política exterior y de seguridad común; 3) la promoción del espacio económico y social estableciendo la unión económica y monetaria a través de la moneda única y 4) estrechar la cooperación en materia de justicia y asuntos interiores.

Fueron muchas las voces que advirtieron de la pérdida de soberanía que los países tenían que asumir en el caso de firmar las condiciones de Maastricht, porque no otra cosa significaba derivar la política nacional a un ente supranacional todavía en formación e ineficaz, como demostró la actitud de la UE en el inicio de la Guerra de los Balcanes. Países como Dinamarca propusieron un referéndum a la ciudadanía del que salió un rotundo “NO” y que puso en evidencia las numerosas faltas del tratado por la consecución de una Europa de los mercados frente a la Europa social que reclamaban los partidos de izquierda.

La negativa a aceptar el Tratado se fundamentaba en el otorgamiento de la construcción europea a economistas alejados de la realidad social, cuyas opiniones marcaban el devenir político, dejando en manos de tecnócratas el gobierno tanto de los Estados como de la Unión. Julio Anguita ya lo advertía en 1996 en la fiesta del PCE, cuando decía, a propósito del Tratado, que era una “...imposición de un modelo económico de carácter regresivo: el neoliberalismo que intenta conseguir acabar con todas las conquistas sociales y volver a mediados del siglo XIX. Y esto es así de tal manera que si Maastricht no existiera lo habrían inventado”. Efectivamente, tal y como señalaba Julio Anguita, Maastricht suponía dejar sin resolver los problemas sociales sacrificando la cohesión social al rebajar las condiciones sociolaborales para atraer la inversión. En sus propias palabras, el Tratado “es el fin de la autonomía política para decidir sobre las condiciones de vida de la ciudadanía ... es poner como primer objetivo los ajustes contables macroeconómicos y relegar a un segundo lugar derechos sociales recogidos en nuestra Constitución y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Maastricht es la pensión que disminuye; el recorte en gasto sanitario; la congelación salarial de los funcionarios; el recorte en inversiones para infraestructuras y obras necesarias; el mal funcionamiento de la LOGSE; el recorte creciente del subsidio de desempleo”. Resumiendo, el Tratado con el que se  constituyó una Unión Europea de libre mercado de capitales fue, a la vez, el documento con el que se sacrificaron las políticas sociales y los derechos de los trabajadores. Maastricht resultaba incompatible con la idea de una unión de ciudadanos.

Por este camino, el 1 de enero de 1999 se acordó la desaparición de las monedas nacionales de la eurozona aplicándose una tasa de cambio especial para cada divisa. En España se fijó en 166,386 pesetas por cada euro. Pero no fue hasta el 1 de enero de 2002 cuando la peseta y el resto de monedas de los países de la zona euro fueron reemplazadas por la nueva divisa común. Se consumó así, sin política fiscal, económica o social común, la Unión Monetaria y la libre circulación de capitales, causa de muchos de los males que hoy nos atormentan.

Desde su vigencia, en poco más de seis meses, el euro sobrepasó la paridad con el dólar, nivel que todavía mantiene. Pero es en julio de 2008 cuando adquiere su mayor valor al establecerse el tipo en 1,5990 dólares USA por euro, coincidiendo precisamente con el estallido de la crisis en los EE.UU, durante los escándalos financieros de Lehman Brothers (créditos subprime) y Madoff (estafa basada en la obtención de ganancias a través de un sistema piramidal de adquisición de capitales de tal manera que los nuevos inversores sufragaban las ganancias de los que ya estaban).

El traslado de la crisis desde Estados Unidos a Europa se vio favorecido por la autonomía de los mercados y la poca o nula capacidad de las instituciones europeas para controlar su actividad especulativa. A excepción de Alemania, dotada de un tejido industrial fuerte con alto valor añadido, todos los países de la zona euro se vieron salpicados por la crisis financiera y los problemas de la deuda soberana. Algunos economistas, especialmente los que no compartían las teorías neoliberales, coincidieron muy tempranamente en señalar que la raíz del problema financiero era el traslado de grandes sumas de capital privado, procedentes de la especulación, a la adquisición de deuda soberana, reportadora de grandes beneficios que iban a parar a codiciosos inversores que veían en la situación de países como Grecia, Portugal, Irlanda, España, Italia y Bélgica (todos países de la eurozona) una forma rápida de ganar toneladas de dinero.

Tras los años de especulación, en España se evidencian los fracasos de las políticas neoliberales que aplicaron tanto el PSOE como el PP (pilares del régimen bipartidista). La burbuja inmobiliaria que propició el PP y que, posteriormente, el PSOE mantuvo porque alimentaba un crecimiento económico basado en el consumo interior, por mucho que fuera sobre la base engañosa del crédito barato y sin tasa, debilitó aún más un tejido industrial de muy escaso valor y muy ligado a la construcción. Hoy sabemos que todo este sistema, que se ha derrumbado, está en la raíz del colapso económico actual.

Lo más sangrante de esta historia es que a pesar del fracaso de la doctrina neoliberal de “no intervencionismo”, fruto del Tratado de Maastricht, y debido a las presiones que recibimos desde los socios europeos, y en concreto de la canciller alemana Angela Merkel y del expresidente galo Nicolas Sarkozy (eje Merkozy), todos los pasos de la política nacional han ido encaminados a reforzar las causas que nos han sumido en la crisis. Entre las medidas adoptadas se encuentra la aprobación del techo de gasto público, en agosto del 2011, en el 0,4% del PIB, lo que supuso la modificación del artículo 134 de la Constitución y que tenía como objeto la constitucionalización del límite de déficit. Esta imposición suponía, como experimentamos ahora con amargura, la postergación de las necesidades de los ciudadanos frente a las exigencias de los mercados, estableciendo como prioritarias las de éstos frente a las de aquéllos.

La reforma laboral, los recortes en sanidad y en educación y el desvío de fondos públicos al sector financiero (a los bancos y cajas como principales receptores), son santo y seña del actual gobierno del PP. El objetivo, según Rajoy, es “sentar las bases para iniciar el senda del crecimiento a partir del 2013”. Pero el fracaso de estas medidas es estrepitoso en tanto en cuanto provocan más desigualdad social (se incrementa la brecha entre ricos y pobres, poniendo de manifiesto la lucha de clases que algunos creían superada o que parecía olvidada) y no consiguen el resultado de activar el crédito a familias y empresas.

Resulta cuando menos paradójico que los mismos defensores de la doctrina liberal que nos han sumido en esta crisis pretendan sacarnos de la misma aplicando el recetario neoliberal. Queda demostrado, pues, el continuismo encarnado por los partidos mayoritarios y el fracaso de sus políticas alejadas de la realidad. En definitiva, preocupa la falta de alternativa que tanto PP como PSOE ofrecen.

La solución a la crisis viene por la adopción de medidas contrarias a las ya vistas y, sobre todo, que no supongan el deterioro de los servicios públicos y de los derechos laborales. Si el tejido industrial español es muy débil y de muy escaso valor añadido y desde el sector público no se refuerza a través del gasto en I+D+i y en educación, difícilmente lograremos vislumbrar luz al final del túnel.

Definitivamente, hora es ya de que se apliquen políticas alejadas de los principios de Maastricht (como ya denunció en solitario IU en los años 90 con nuestra negativa a ratificar el Tratado) y de las exigencias de las instituciones comunitarias y de sus miembros, casi todos en manos de la internacional conservadora y liberal.

Los sucesivos programas que tanto el PP como el PSOE han aplicado en España durante los últimos veinte años han fracasado por defender una ortodoxia ciega y por no incidir sobre los males de la economía española.

Hemos vivido presos de una gran mentira y los que la urdieron nos siguen engañando para que aceptemos mansamente todos los sacrificios que aún restan y, de paso, no les pidamos responsabilidades.

No deberíamos arrodillarnos y dejarnos engatusar por la demagogia de los que nos llevan gobernando desde hace más de treinta años, culpables además del desastre presente, porque de lo contrario bien podría ocurrir que no podamos levantarnos más. Tenemos que convencernos de que es posible salir de la crisis, pero para construir una economía distinta a la que nos llevó al pantano en el que ahora nos ahogamos. Para lograrlo hay que dar una oportunidad a los que defienden un sistema nuevo y medidas audaces. Si no, estaremos condenados, como Sísifo, a subir sin descanso una pesada roca de privaciones, miserias y vergüenzas que hacen intolerable la vida, único patrimonio del hombre.

Miguel Ángel Márquez Sánchez es Coordinador local de IU de Azuqueca de Henares