Las efímeras ayudas económicas a los parados

Interminables colas de parados cada vez más desprotegidos forman parte del  paisaje nacional

La crisis capitalista que azota al mundo y que se ceba vilmente en los más débiles, ha provocado en España y en muchos otros países un aumento considerable del número de ciudadanos que han tenido que recurrir a la Renta Mínima de Inserción o a mecanismos similares de protección social. Sobre este particular, las cifras en nuestro país son dolorosamente elocuentes: si en 2007 apenas se había incrementado un 0,40% respecto al año anterior, en 2008 subió más de un 10%, y en 2009 el salto fue del 37,3%.

Las rentas de inserción o rentas básicas las solicita el ciudadano en las oficinas de los servicios sociales públicos. Son la última red de protección cuando ya no se dispone de ningún otro recurso económico o se han perdido definitivamente los que se recibían: primero el desempleo y después las demás ayudas que el Gobierno puso en marcha para paliar las consecuencias de la crisis, como fueron el Plan Prodi, que en febrero del 2011 fue sustituido por el Plan Prepara, versión recortada y mezquina del anterior.

La gravedad y duración de la crisis ha provocado un cambio del perfil tipo del solicitante de estas rentas, hasta el punto de poder afirmar que los beneficiarios actuales son familias que se encuentran en el umbral de la pobreza o en riesgo de inminente exclusión social. Por tanto, hablamos de una situación de emergencia social muy preocupante y que nos llena de vergüenza.

Al deterioro social se une otro hecho no menos grave: a pesar de que las apreturas de los ciudadanos no dejan de crecer las ayudas públicas son cada vez menores, por mucho que se empeñe el señor Rubalcaba, ahora que es candidato, en afirmar lo contrario. Muchos ciudadanos en situación muy precaria ni siquiera tienen derecho a percibirlas y los requisitos para poder acceder al Plan Prodi se endurecieron cuando fue sustituido por el Plan Prepara: el nuevo proyecto iba dirigido a un grupo muy concreto de la población (parados menores de 30 años o parados de larga duración) y los 420 euros fueron rebajados miserablemente a 400 euros, limitando definitivamente el período para percibirlos a seis meses. No hay duda. Trabas y más trabas del ejecutivo socialista para asfixiar aún más a una ciudadanía desesperada.

El pasado 16 de agosto el Plan Prepara llegaba a su fin. Una vez más en los últimos meses, muchas familias en situación de grave necesidad se han quedado sin percibir ningún tipo de ayuda económica. Pero al Ejecutivo ya no le preocupan estas cosas. Con un Presidente del Gobierno “finiquitado” y con un candidato que se desmorona, el único objetivo del PSOE es el de no salir muy dañado en las próximas elecciones generales. Esta es la razón por la que el Gobierno ha decidido posponer la decisión sobre si se prorrogará o no esta ayuda, asunto que se decidirá en el Consejo de Ministros del próximo 26 de agosto. Asistimos una vez más a un ejercicio de puro cálculo electoral y a otro chantaje moral a la sociedad española perpetrado por un partido que aún tiene la desfachatez de considerarse de izquierdas.

El portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, ha considerado que el Ejecutivo debería elevar los 400 euros del Plan Prepara que ha concluido ya, si es que finalmente se prorroga, al menos a los 426 euros que ya recogió el Plan Prodi en el año 2010, «por simple justicia económica y porque políticamente no supondría un problema para un Gobierno que tanto ‘vende’ de forma partidista de cara al 20-N la mejora del desempleo».

Izquierda Unida ha señalado dos razones para que se prorrogue y se aumente esta ayuda de emergencia:

-      El Plan Prodi ya estableció que la ayuda sería del 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). El PSOE decidió congelar este indicador en 2011 y dejarlo en los mismos 532 euros de 2010. Por tanto, es de pura justicia económica que esta medida de ayuda a los desempleados que están en peor situación suba para recuperar, como mínimo, los 426 euros del año pasado.

-       La segunda razón es de carácter político. José Luis Rodríguez Zapatero, junto con la ministra Elena Salgado y el ministro Valeriano Gómez, se muestran más preocupados por mostrar esta posible prórroga como un nuevo logro del candidato Rubalcaba que por aliviar la desesperación de muchas familias españolas que se encuentran en una situación económica y social lamentable. Si tanto confían en esa mejora del empleo y en esas nuevas fórmulas aún secretas para crear empleo, no deberían tener ningún inconveniente en recuperar inmediatamente la ayuda de los 426 euros para los desempleados que no reciben ninguna prestación y que viven una situación dramática.

Para reforzar sus argumentos Llamazares ha recurrido, además, a los diarios de sesiones que recogen el debate sobre el estado de la Nación del año 2009, fecha en la que se decidió que se daría esta ayuda a los parados con el siguiente propósito: «para no caer en la tentación de tratar de instrumentalizar políticamente una posible renovación de las ayudas ni, como ya ha pasado con otras propuestas, tratar de ejercer un papel hegemónico en la izquierda que (el PSOE) está muy lejos de representar».

Prometer es algo que no cuesta dinero y el PSOE sabe mucho de ello. Así que su estrategia es hacer cuantas más promesas mejor. Si alguien pica, voto que se lleva. Esta es la única aspiración de un ejecutivo agonizante que carece de crédito. En todo este asunto llama mucho la atención, porque no hay tragedia sin sarcasmo, que sea el señor Rubalcaba, que forma parte desde el primer día de los diferentes gobiernos del señor Zapatero y desde tiempo inmemorial de otros gobiernos socialistas, el que nos anuncie, precisamente ahora que es el candidato para mitigar la debacle electoral, que tiene “la fórmula para solucionar el problema del paro”. Si tal fuera cierto, cosa que no se cree ni él mismo, podría haberla aplicado antes y así nos habríamos ahorrado comprometer muy gravemente el futuro del Estado del Bienestar, el desmantelamiento del tejido industrial español, casi cinco millones de parados según la EPA, regalos fiscales a los más ricos de los que ahora se arrepiente y la ruina de la economía.

Si no fuera porque estamos hablando de asuntos muy graves todo esto parecería un chiste de muy mal gusto. Pero a esto ha llegado un gobierno amortizado, sin principios y sin una idea de lo que debe ser nuestro país.

María José Pérez Salazar es militante de IU de Azuqueca de Henares

Nota urgente sobre la regulación de los referendos en España

En nuestra querida democracia el pueblo no decide sobre las cuestiones importantes y  los votos de los ciudadanos no valen igual

El mismo Gobierno que siempre había sostenido que la Constitución era muy difícil de reformar y que se había negado a modificarla en asuntos de pura justicia, aprovecha el mes de agosto para plantear una reforma sustancial de la misma (fijar un techo de gasto público para todas las administraciones) sin consultar a la ciudadanía su parecer. No caben mayor oscurantismo ni precipitación en una cuestión tan importante.

Con el fin de aclarar qué margen existe para que este asunto sea al menos objeto de una consulta popular, creo útil exponer lo que establece nuestra Constitución al respecto.

En nuestro país hay tres clases de referendos: el consultivo, el constitucional y el ligado al Estado de las autonomías, afectando este último a tres posibles situaciones, a saber, la iniciativa autonómica y la aprobación y modificación de los Estatutos de autonomía.

El primero, el referéndum consultivo, que no tiene fuerza vinculante y no es obligatorio, tratará sobre decisiones políticas de especial trascendencia. Es propuesto por el Presidente del Gobierno y requiere la autorización previa por mayoría absoluta del Congreso de los Diputados. Ejemplos de esta clase de referéndum han sido el de la OTAN, consulta celebrada en el año 1986, o sobre la Constitución Europea, del año 2005.

El segundo, el referéndum constitucional, que siempre es vinculante, en lo relativo a su obligatoriedad tiene un doble carácter. En el supuesto de la aprobación de la Constitución es obligatorio. En cambio, en el supuesto de la reforma constitucional caben dos posibilidades, a saber, que sea obligatorio al afectar la reforma a la totalidad de la Constitución, al Título Preliminar (artículos del 1 al 9), al Capítulo II, Sección Primera del Título I (artículos del 15 al 29) o al Título II (artículos del 56 al 65), o que resulte exigido por un décimo de los diputados o de los senadores cuando la reforma afecte a otras partes de la Constitución.

El tercer tipo de referéndum, ligado a determinados Estatutos de autonomía, es vinculante y preceptivo, tal y como señalan los artículos 151, 152 y la Disposición Transitoria Cuarta 1 de la Constitución.

Hay una limitación doble a la convocatoria de cualquier referéndum. La que se deriva de situaciones de excepcionalidad (estado de excepción y de sitio), en las que se prohíbe la celebración de cualquier clase de consulta, o en los períodos de 90 días anteriores y posteriores a la celebración de las elecciones, si bien esta última limitación no rige en el caso del referéndum sobre la reforma constitucional.

Una vez expuesto el marco legal del referéndum, cabe hacer una valoración de urgencia de la propuesta del Gobierno sobre la reforma de la Constitución y la posibilidad o no de convocar un referéndum. Por razones obvias, esta valoración queda sujeta a las nuevas informaciones que vayan apareciendo.

En lo relativo a la reforma alevosa de la Constitución planteada por el Gobierno, su tesis sobre el referéndum es la siguiente: no es conveniente en este caso ni, por supuesto, resulta obligatorio convocarlo. Y no lo es porque, según su parecer, la reforma planteada no afecta ni a la totalidad de la Constitución, ni al Título Preliminar, ni a los artículos que van del 15 al 29, ni al Título II. Aceptada esta premisa sólo podrá celebrarse si lo pide un décimo de los diputados o de los senadores, exigencia que en las actuales circunstancias, con una ley electoral tan desproporcional que adultera la representación política, parece imposible de cumplir. En pocas palabras, el Gobierno quiere evitar a toda costa que los ciudadanos reflexionen y decidan sobre una cuestión que va a afectar muy considerablemente a sus vidas. Para eso monta una argumentación muy endeble en la que se equipara la constitucionalización del techo de gasto a la reforma constitucional del año 1992, por la cual los ciudadanos de la UE que viven en España alcanzaron la condición de electores y elegibles en los comicios municipales. El sentido común nos dice que no cabe tal equivalencia, por mucho que el Gobierno se empeñe en defender lo contrario.

Establecer una limitación constitucional al gasto público afecta a numerosos artículos de la Constitución, especialmente a los comprendidos entre los números 30 al 52, así como a los títulos VII y VIII (Economía y Hacienda y Organización Territorial del Estado). Por otra parte, la reforma afecta al Título Preliminar, especialmente a los artículos 1.1 y 9.2. Además, el presupuesto es la columna vertebral del Estado, de las políticas públicas y del sistema de derechos constitucionales, por lo que introducir una reforma constitucional sobre esta materia afecta necesariamente a todas las demás. Por último, la reforma planteada pretende imponer una aberración: constitucionalizar una ideología económica, el neoliberalismo. El atentado constitucional aquí es triple y afecta a derechos individuales fundamentales, a la idea de democracia y a la definición de nuestro Estado como Estado social. En resumen, cabe sostener constitucionalmente que en el caso de la reforma que plantea el Gobierno hay motivos sobrados para que se convoque de manera inmediata un referéndum vinculante sin que sea preciso que un décimo de diputados o de senadores lo pida.

Además, hay una razón de mayor peso que hace imprescindible que se pregunte a la ciudadanía su parecer sobre este asunto: la enorme trascendencia de la medida. Todo el mundo entiende que el Estado del Bienestar se va por el desagüe si establecemos una relación exacta entre ingresos y gastos con una política fiscal favorable al capital, a las rentas más altas y complaciente con el engaño a la hacienda pública. En tales circunstancias, igualar ingresos y gastos puede suponer el fin de los servicios públicos así como limitar aún más la escasa, por no decir nula, capacidad de los gobiernos para decidir nada que sea importante. Si no hay posibilidad de ejecutar políticas económicas distintas es que sólo hay una política económica posible: la que nos ha llevado a la ruina. Establecida la dichosa correlación entre ingresos y gastos dará igual votar a unos u a otros porque todos los gobiernos que acaten la norma harán lo mismo, que será siempre lo que deciden otros, esos que llaman eufemísticamente los “mercados”.

España no tiene un problema de deuda pública sino de desempleo, producido por una economía sin valor añadido que se sostenía en la ilusión de la deuda privada, la especulación y el fraude fiscal. Uno de los lastres de nuestra economía es, por lo tanto, la deuda privada, provocada por un sistema financiero irresponsable muy ligado a la burbuja inmobiliaria. El déficit público ha crecido en los últimos años porque la burbuja del ladrillo ha estallado, porque ha habido que hacer frente a una tasa de paro calamitosa y porque se ha rescatado con dinero público a unos banqueros avariciosos que, a pesar de su insolvencia moral, siguen cobrando sueldos y retiros insultantes. Y el crecimiento del déficit ha deteriorado la situación de la deuda pública, aunque no hasta el punto de justificar los ataques de los especuladores financieros ni las rebajas de calificación de las agencias internacionales. En esta coyuntura, constitucionalizar el límite del gasto público no significa gestionar con más rigor la hacienda pública. Lo que significa realmente es que el Gobierno y quienes apoyen esta medida prefieren ayudar a los bancos antes que mantener los hospitales, las escuelas o las prestaciones a los más desfavorecidos. Ni más ni menos. Paul A. Samuelson acuñó un ejemplo clásico acerca de las prioridades en la economía: el de los cañones y la mantequilla. Pues bien, la disyuntiva actual permite poner un ejemplo tan claro como el anterior: hay que elegir entre ayudar a los bancos o mantener los hospitales, o entre apaciguar a los especuladores internacionales o sostener las escuelas y fomentar el empleo.

Ya lo dijo Rubalcaba, con metáfora cruda, tras su vertiginosa conversión: si hay que elegir entre cenar y pagar las deudas, primero se pagan las deudas. Lo que oculta el señor Rubalcaba es que las deudas las provocaron los que continúan cenando a dos carrillos y las consintieron políticos como él, mientras que quienes las pagan, víctimas inocentes del desmán, llevan tiempo sin cenar adecuadamente y son castigados a partir de ahora a acostarse con el estómago vacío.

Sólo el miedo, la alergia a la democracia y el hecho de haberse doblegado a presiones bastardas y secretas explican el propósito del Gobierno de que no haya una discusión pública sobre la reforma constitucional que defiende. Es un insulto a la democracia que se intenté solventar en una semana una reforma de la Constitución de esta envergadura, durante las vacaciones de agosto, sin ningún debate público y rompiendo una norma de oro de nuestra democracia. La Constitución fue fruto del consenso y fue aprobada por los ciudadanos. Ninguna reforma que la afecte profundamente puede obviar este hecho. El PSOE y el PP pueden acordar lo que quieran pero no están por encima de la Constitución ni pueden pisotear el espíritu constitucional basado en el consenso. Los ciudadanos tienen derecho a decidir sobre su futuro y ninguna cúpula partidista debe impedirlo. Además, un Gobierno al que le quedan menos de tres meses de mandato no está en condiciones de plantear una medida de tanta relevancia.

Mientras la ciudadanía reclama en la calle participar más en los asuntos públicos y decidir sobre su destino, el Gobierno y el principal partido de la oposición reforman la Constitución en secreto hurtando a los ciudadanos la participación que reclaman. ¡Qué ironía!

Señores Zapatero, Rajoy y demás miembros insignes del establishment: ¿por qué no permiten que el pueblo soberano se exprese?; ¿por qué no ponen un techo constitucional a la pobreza, a la desigualdad o a la indecencia?; ¿por qué no limitan constitucionalmente los beneficios de la banca o la usura?; ¿por qué gobiernan en contra de los ciudadanos?; ¿a qué poderes oscuros se someten?; ¿a quiénes representan realmente sus señorías?

Posdata: el 19 de agosto, víctima de una cruel enfermedad, falleció a la edad de 59 años José Ignacio Sánchez Carazo, concejal del PP de Azuqueca de Henares. La Asamblea Local de IU quiere transmitir a su familia su más sincero pésame por una pérdida tan irreparable. Descanse en paz.

Emilio Alvarado Pérez, Portavoz de IU en el Ayuntamiento y Coordinador Local de IU de Azuqueca de Henares

Impuesto a las transacciones financieras

La globalización financiera sin ningún tipo de control ha supuesto el estallido de una crisis que ha agravado brutalmente las desigualdades en todo el mundo. El desmesurado movimiento de capitales a nivel mundial ha permitido un excesivo crecimiento de las transacciones financieras en un corto espacio de tiempo, lo que ha alimentado la voracidad de los especuladores financieros y ha provocado una enorme inestabilidad en la economía.

Ante esta injusticia social, Izquierda Unida lleva coincidiendo mucho tiempo con diferentes organizaciones de la sociedad civil (ONG’s, sindicatos, asociaciones, grupos y movimientos sociales) para instaurar un impuesto sobre las transacciones financieras internacionales, junto con un marco regulatorio que acabe de una vez por todas con los paraísos fiscales. Esta propuesta no es nueva para IU, que lleva defendiendo desde hace muchos años la aprobación de algo parecido a la Tasa Tobin para gravar fiscalmente los movimientos internacionales especulativos de capital y de divisas, aunque sin haber logrado nunca concitar adhesiones mayoritarias, lo cual no ha sido motivo para perder la esperanza. Por ello, una vez más, el pasado 23 de marzo, el grupo parlamentario de Ezquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds presentó una proposición no de ley sobre la necesidad de instaurar un Impuesto de Transacciones Financieras.  Los objetivos fundamentales de este impuesto serían los siguientes:

·  Reducir las transacciones a corto plazo castigando las de carácter especulativo.

·  Ralentizar la velocidad de las transacciones financieras.

·  Reducir la desestabilización causada por la especulación sobre los activos financieros. De esta forma
los precios se mantendrían más estables y contribuirían a crear una economía más sólida.

· Crear una correlación entre las operaciones realizadas por el sector financiero y el pago de tributos, con el objetivo de recaudar fondos públicos.

Esta proposición no de ley, presentada en la Comisión de Economía del Congreso, salió adelante con 21 votos a favor de los grupos parlamentarios Ezquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, grupo Socialista y grupo Mixto, y 17 votos en contra del grupo Popular y del grupo de Convergencia i Unió.

Lo que resulta más llamativo de la aprobación de esta proposición no de ley es la votación favorable del grupo socialista, porque hasta ahora siempre había votado en contra de una medida similar. Una de las últimas ocasiones en febrero de 2010, cuando en el pleno de la Cámara Baja rechazó la propuesta de IU-ICV calificándola, en el colmo de la soberbia, de ineficaz y propia de una izquierda testimonial

El PSOE, en su intento de hacer “un guiño” a la ciudadanía para tapar la delicada situación por la que atraviesa, decide apoyar una de las propuestas que Izquierda Unida viene años defendiendo y ante la que, hasta ahora, había mostrado desprecio y arrogancia a partes iguales. Hay que recordarle al Partido Socialista, por ejemplo, que fue su gobierno el que en el año 2008 suprimió el Impuesto sobre el Patrimonio, con lo que se ha dejado de ingresar desde entonces 6.000 millones de euros, dando un ejemplo penoso de cuál es la consideración que le merece una política fiscal seria y justa.

Nuevamente, el pasado de 12 de julio, el pleno del Congreso de los Diputados debatió una moción presentada por el grupo parlamentario Ezquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, defendida por Gaspar Llamazares, sobre las respuestas del Gobierno a las propuestas planteadas por el movimiento social del 15-M. La moción fue aprobada con un cambio planteado por el grupo socialista como era “que este impuesto sería efectivo si se aplicara a la comunidad internacional y no reducirlo sólo al ámbito europeo”. El PP, de un modo fariseo, se abstuvo. 

Por tanto, después de numerosos intentos y de años de espera el Congreso aprobó la conveniencia de crear un Impuesto sobre las Transacciones Financieras a nivel internacional, propuesta defendida históricamente por Izquierda Unida que, a su vez, pide que se supriman los paraísos fiscales, para lo cual le exige al Gobierno que llegue a acuerdos con otros países con el fin de que, de manera conjunta, se adopten las medidas que sean necesarias.

Que las propuestas de Izquierda Unida salgan adelante en el Congreso me parece estupendo. No puedo decir lo mismo de la manera de proceder que tiene actualmente el Partido Socialista. El gobierno socialista se ha convertido en una comisión gestora hasta la celebración de las próximas elecciones, que tiene por fin administrar las políticas antisociales y los recortes que han caracterizado esta legislatura. Que no intente engañar a los ciudadanos apoyando posturas de izquierdas para aprovechar el “tirón” que les proporciona su “nuevo” candidato, porque el Gobierno se ha ganado a pulso el título de LACAYO de los mercados financieros. Que el Gobierno se deje de farsas, apoyando de boquilla exactamente lo contrario de lo que practica. La ciudadanía ya está suficientemente indigestada por este revoltillo de incongruencias en el que al Gobierno, al parecer, se le perdona mucho y en el que al PP nunca se le reprocha nada. 

María José Pérez Salazar, militante de IU de Azuqueca de Henares