Llegó la hora, es el momento de que las cosas cambien

18 de Noviembre de 2010

UN SALUDO A TODOS LOS CIUDADANOS AZUDENSES QUE CREEN QUE LLEGÓ EL MOMENTO DEL CAMBIO

La crisis económica y social amarga nuestras vidas. No es la primera vez que ocurre algo así. En el siglo XIX, desde la primera convulsión del capitalismo allá por 1848, las crisis económicas se sucedieron con una regularidad que impresiona hasta sumar cinco episodios, uno por década. En el siglo XX el capitalismo generó otras seis grandes crisis (1906, 1920, 1929, 1973, 1992 y 2000) y una de ellas, la Gran Depresión, desembocó en la mayor carnicería de la historia de la humanidad bajo la forma de guerra mundial, totalitarismos y holocausto. En el siglo que acaba de comenzar padecemos otra crisis especialmente virulenta y equiparable en parte a la crisis del 29: la que estalló entre los años 2007-2008. El balance general que nos brinda la historia del capitalismo es, por lo tanto, muy claro: doce crisis en poco más de siglo y medio o, lo que es lo mismo, aproximadamente una crisis económica cada catorce años.

Todas estas crisis tienen puntos en común y, sobre todo, un desenlace idéntico: sus consecuencias inmediatas las pagaron siempre los más desfavorecidos.

Además de ser intrínsecamente inestable, el capitalismo ha dejado en la cuneta al 80% de la población mundial. El capitalismo, por tanto, es un sistema económicamente ineficiente porque no es capaz de sastisfacer las necesidades básicas de los seres humanos, a lo que une su condición de depredador de los recursos de un planeta que ya no aguanta más y que está comenzando a rebelarse contra la humanidad.

En la actualidad los grandes partidos nacionales se han convertido, por convicción o por impotencia, en abanderados de una visión del capitalismo singularmente dañina: el neoliberalismo. Parece que les importe más el bienestar del gran capital que el de los ciudadanos. Esos partidos aprueban paquetes multimillonarios de ayudas para una banca codiciosa e irresponsable mientras que endurecen la legislación laboral, rebajan el sueldo a los trabajadores y anuncian la reducción de las pensiones.

Para mantener sus cuotas de poder esos partidos mantienen un tinglado, el del bipartidismo, que pervierte el ideal representativo de la democracia. Para ello cuentan con la inestimable ayuda de pequeñas formaciones nacionalistas que, a cambio, reciben cuotas de poder muy por encima de la realidad social y política a la que representan. Obviamente, en este juego de suma cero, quien sale perdiendo es Izquierda Unida ya que el exceso de representación del PSOE, del PP y de los nacionalistas es el resultado del robo de la representación política que legítimamente deberíamos tener.

En Izquierda Unida de Azuqueca de Henares estamos convencidos de que el cambio no es una opción sino una obligación. El tiempo se agota y el margen se estrecha. Estamos llegando al límite físico de un sistema que atenta gravemente contra el equilibrio ecológico, la justicia, la igualdad y la paz social. El número de ciudadanos conscientes de esta realidad tan grave aumenta a diario aunque su voz no se escucha aún lo suficiente.

Por eso hemos creado este blog. En él los miembros de la candidatura de Izquierda Unida de Azuqueca de Henares y otros afiliados de nuestra organización expondremos nuestras reflexiones y propuestas para contribuir a una discusión serena sobre los graves retos a los que hemos de hacer frente, tanto a nivel general como local.

Pretendemos animar un debate social pervertido por gente que se escuda en el anonimato que proporciona internet para insultar cobardemente al adversario, por tertulias escandalosas y por mercenarios de la opinión que cobran por envenenar las conciencias. ¡Basta ya de rebuznos, de groserías, de zafiedad y de silencios cómplices!

Hay quienes considerarán que nuestros objetivos son muy ambiciosos. Cierto. Pero la urgencia de afrontarlos no es menor que la magnitud del desafío ante el que hemos de medirnos.

Concluyamos esta presentación con una frase inmortal de nuestro Francisco de Quevedo que, a pesar del tiempo transcurrido desde que se escribió, viene muy a punto: si quieres leernos "léenos, y si no, déjalo, que no hay pena para quien no nos leyere."

Consejo Político Local de IU

viernes, 3 de mayo de 2013

Madres a la fuerza

Diario La Razón: uno de los lugares en los que el gobierno se siente fuerte


En julio de 2012, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, anunció en una entrevista al diario La Razón que pretendía reformar la Ley del aborto. El revuelo que produjo su confidencia hizo que el ministro decidiera a partir de entonces guardar silencio, ser más discreto, esquivo, escurridizo incluso, quizás porque creyó que es mejor no declarar lo que se piensa si lo que se cree molesta y mucho, aun cuando se vaya a hacer lo que se oculta, porque el golpe más efectivo es el que se da a traición, calladamente, por la espalda, a la altura de los riñones.

Esta prudencia hipócrita no contagió a alguno de sus camaradas de partido, más palabreros y resueltos, como el señor Floriano, ese gran genio de la sandez que ha superado a Pons, su pareja humorística, por el desparpajo con el que engaña, por el aplomo con el que acusa y por la naturalidad con que difunde la consigna partidista del día, por absurda, comprometedora y falsa que sea. Mientras Gallardón callaba ladinamente, Floriano hablaba a borbotones asegurando que con la reforma del aborto lo único que se pretendía es “defender a los más débiles”. 

Hace tan sólo dos semanas el ministro de Justicia, aprovechando el mismo escenario de su declaración previa, un foro organizado por el periódico dirigido por Maruhenda, amigo fidelísimo de Rajoy, anunció la inminencia de la reforma de la ley del aborto.

Durante la intervención, el Ministro se encontró arropado por una amplia embajada de la cúpula judicial compuesta por el Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, el presidente de la Audiencia Nacional, Ángel Juanes, el presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska y el magistrado Alfonso Guevara, así como por algunos de sus incondicionales, a saber, Ignacio González, Ana Botella, Florentino Pérez, Cristóbal Montoro y Ana Mato. Rodeado de tan distinguidas personas, muchas de las cuales, las del mundo judicial, no pintaban nada en un acto promovido por un periódico que se declara “de derechas y sin complejos”, Gallardón tuvo la inspiración para decir que “la vida no es una concesión graciosa, sino un derecho inalienable que no se ve reducido por razón de discapacidad y no puede restarse protección a un proyecto de vida como consecuencia de una discapacidad”.

Referido lo anterior, es obligado explicar de dónde venimos para saber a dónde nos quieren retrotraer los señores del PP.

La actual Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo fue aprobada a finales de 2009 por la mayoría de los grupos parlamentarios (PSOE, IU, ERC, BNG, PNV, NaBai y dos diputados de CiU). En contra se pronunciaron el PP, UPyD, UPN, Coalición Canaria y siete diputados de CiU. Apenas tres años después de su entrada en vigor, el gobierno de Rajoy prepara esta nueva reforma que, según testimonio del señor Gallardón, se fundamenta en el “cumplimiento de su programa electoral”, como si tal cosa, lo de cumplir lo prometido en campaña, importara una brizna al señor Rajoy, al señor Gallardón o al gobierno en pleno. 

Los puntos más significativos de la actual ley y las consecuencias de los posibles cambios anunciados por Ruiz-Gallardón son los siguientes:

Interrupción del embarazo en las primeras 14 semanas: la actual ley permite la interrupción voluntaria del embarazo dentro de las primeras 14 semanas de gestación, siempre y cuando la mujer haya sido informada de las ayudas existentes a favor de la maternidad y cuando hayan transcurrido al menos tres días de reflexión entre la petición y la intervención. No es necesario que ningún certificado médico acredite riesgo de salud para la mujer, como sí ocurría con la legislación anterior (1985). La existencia de este plazo permite que una mujer decida si quiere ser madre o no. Lo contrario, imponer la maternidad, es un abuso, un acto arbitrario y despótico que anula a la mujer como persona y que trae consecuencias negativas incalculables, gravísimas. Tenemos en España, por tanto, una ley de plazos como la que existe en la mayoría de los países europeos, que oscila entre las 12 semanas que prevén las legislaciones alemana, italiana o francesa y las 24 de la holandesa.

El 89,58% de los 118.359 abortos realizados en España en 2011 se produjeron dentro de las primeras 14 semanas de gestación, según los últimos datos recogidos por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. De ellos, el 65,56% se realizaron dentro de las ocho primeras semanas.

El ministro de Justicia ha anunciado que sustituirá la ley de plazos para regresar a una legislación de supuestos. Este cambio niega la libertad de las mujeres para decidir sobre su maternidad, rompiendo, también, la igualdad de condiciones entre las mujeres que pueden pagar un aborto legal en el extranjero y las que no, quedando estás últimas abocadas a poner su vida en grave riesgo así como su libertad en el caso de que decidan abortar. 

Malformaciones fetales: pasado el plazo de las 14 semanas, una mujer puede ahora interrumpir voluntariamente su embarazo si antes de las 22 semanas se detectan graves anomalías en el feto y si así lo acreditan dos dictámenes médicos. Pasado ese plazo, un comité clínico debe acreditar que existen anomalías fetales incompatibles con la vida o una enfermedad extremadamente grave o incurable. Este supuesto constituye una minoría de las intervenciones. El 2,73% de los abortos se produce antes de las 22 semanas de gestación y un 0,3%, pasado ese tiempo.

Este es uno de los cambios más polémicos de la reforma del Partido Popular, porque no contempla el supuesto de aborto por malformación fetal, posibilidad a la que alude con la terminología impropia de la   neolengua acuñada por la conferencia episcopal, el OPUS y otras terminales del fanatismo, equiparando el derecho a una maternidad responsable y deseada con el aborto eugenésico.

Los especialistas en diagnóstico prenatal rechazan radicalmente este concepto utilizado por el ministro, porque por eugenesia se entiende el perfeccionamiento de la raza y eso es cosa que practican los racistas o los criadores de gallinas sobre ejemplares completamente sanos. Además, los profesionales de la medicina señalan que las malformaciones incompatibles con la vida son anomalías terroríficas como la anencefalia, la exencefalia, el acráneo, la hidranencefalia, la holoprosencefalia alobar, al atresia laríngea, la atresia traqueal, la agenesia diafragmática, la agenesia renal bilateral, la ectopia cordis, determinadas cromosopatías terminales, etc… En otros casos, se han diagnosticado otras enfermedades gravísimas e incurables que acarrean sufrimientos indecibles a los niños y a sus familias (malformaciones cardiacas, casos graves de la enfermedad de Ebstein, el isomerismo derecho, la hipoplasia, cardiopatías estructurales que llevan al fracaso cardíaco, encefalocele, otras enfermedades que causan desestructuración anatómica del sistema nervioso central y un largo etcétera que horroriza por su crueldad). Para las familias que sufren el calvario de concebir a una criatura así, la situación es lo suficientemente cruel como para que, además, en su dolor se interponga una autoridad que les obliga a decidir lo contrario de lo que quieren o de lo que pueden humanamente soportar. No hay ley en el mundo, ni gobernante civil o espiritual, ni ministro ni gobierno legitimado para usurpar la voluntad de quienes se enfrentan a una tragedia de esta naturaleza. Además, los que mezclan el aborto con su fe en un dios omnipotente deberían pensar qué clase de dios consiente estas enfermedades que hacen inviable la vida en quien aún no ha nacido.

El gobierno de Rajoy nos lleva al pasado, también en la regulación del aborto, colocándonos en la cola de la Unión Europea, donde sólo Malta, el paraíso fiscal que prohíbe el aborto en cualquier supuesto, e Irlanda, que sólo lo permite si hay “riesgo grave y sustancial para la mujer”, no admiten la interrupción del embarazo por anomalías fetales. Incluso Brasil, que únicamente contemplaba como supuestos la violación y el riesgo para la vida de la mujer, acaba de aceptar también el supuesto de interrupción del embarazo por anomalías fetales para los casos de anencefalia.

Sucederá lo mismo con la eliminación de este supuesto que con la supresión de los plazos. Las mujeres que tengan posibilidades económicas se marcharán a otros países a abortar, como ocurría con la ley de 1985, que no admitía el supuesto de malformación más allá de las 22 semanas. En cambio, las mujeres pobres pasarán por el trance de abortar en la clandestinidad o de dar a luz a un hijo con una discapacidad gravísima que condicionará sus vidas y que no podrán atender por falta de medios.

Consentimiento paterno para las chicas de 16 y 17 años: la actual legislación establece que las chicas de edades comprendidas entre los 16 y 17 años que deciden someterse a un aborto deben informar al menos a uno de sus tutores, a no ser que aleguen un conflicto grave que motive una situación de desarraigo o de desamparo. Según un estudio realizado en el año 2011 por la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI), el 87% (de una muestra de 1.186) de las chicas que acudieron a abortar a los centros lo hicieron acompañadas de sus tutores legales. El resto alegó razones como riesgo de sufrir malos tratos, tener padres manifiestamente contrarios al aborto o disfrutar de una situación de emancipación plena con respecto a sus progenitores.

El programa del PP, y así lo ha asegurado el ministro, prevé la eliminación de este supuesto para situarnos de nuevo a principios de los años ochenta, cuando se producían situaciones en las que el embarazo de la chica era fruto de la violación de un miembro de la familia y que tenían que pasar necesariamente por el mal trago de comunicárselo a sus padres o tutores, a la espera de la reacción que éstos pudieran tener.

Prevención de embarazos no deseados y educación en salud sexual: bajo el epígrafe “De la Salud Sexual y Reproductiva”, el título primero de la actual legislación establece medidas públicas de prevención y educación sexual, tanto en el ámbito educativo como en la formación de los profesionales de la salud, así como la garantía al acceso a métodos anticonceptivos.

El Gobierno, en su cambio legislativo, parece que no tiene absolutamente nada que decir sobre un asunto tan importante como la prevención de los embarazos no deseados, por mucho que se sepa que cuantos menos sean menor será también el número de abortos, que es lo que se pretende evitar. Si observamos las enmiendas parciales que presentaron los diputados del PP hace dos años a la actual ley, todo hace pensar que esta parte de prevención desaparecerá de la futura reforma. Por aquel entonces, el Partido Popular justificó la eliminación del título primero por considerar “no adecuada su existencia en una ley cuyo objeto principal es establecer el aborto libre dentro de las primeras catorce semanas de gestación”.

Despenalización del aborto: la entrada en vigor de la actual ley derogó el artículo 417 bis del Código Penal que contemplaba la penalización del aborto excepto en tres supuestos (como recogía la legislación aprobada en 1985). La vuelta a una normativa de supuestos, “y de despenalización parcial del aborto”, como pedía el PP en sus enmiendas, podría suponer incluir de nuevo el delito de aborto en el Código Penal.

Si bien el ministro de Justicia declaró en el Congreso que ninguna mujer irá a la cárcel con la nueva legislación, ello no impide que un juez la cite a declarar, ya sea como testigo o imputada, como ocurrió con el conocido caso Isadora en 2007. Entonces, 28 mujeres fueron llamadas a declarar como testigos y a algunas fueron a buscarlas a sus domicilios, en el proceso que abrió un juzgado contra la clínica madrileña por supuestas irregularidades administrativas y abortos ilegales tras la denuncia de una asociación ultracatólica. El caso, sobreseído año y medio después por falta de pruebas, fue uno de los detonantes para la elaboración de la actual ley de plazos.

La reforma de la ley del aborto no responde a una preocupación del gobierno por los más débiles. Si así fuera habría protegido a las trabajadoras que son, además, madres, no habría desmantelado la educación ni la sanidad públicas, no habría dejado a las inmigrantes fuera del sistema sanitario, no habría impuesto tasas judiciales para alejar la justicia de los ciudadanos, no habría permitido a los bancos desahuciar a las familias… En definitiva, no habría empujado al país al abismo en tan sólo diecisiete meses. La realidad es que este cambio legal responde a las presiones del sector más reaccionario de su partido y a las de la Conferencia Episcopal. Fue premonitorio que hace tan sólo unas semanas, los mal llamados grupos provida soltaran gallinas delante del Ministerio de Justicia, para pedir a su titular que no fuera cobarde y cumpliera sus compromisos de derogar la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo.

Aún así, existen otras asociaciones que, siendo católicas, están en contra de las “recomendaciones” de una cúpula eclesial formada sólo por hombres célibes que aseguran ser castos y que dicen saber mejor que las mujeres lo que conviene a las mujeres. Tal es el caso de la Asociación de Católicas por el Derecho a Decidir, que no está dispuesta a que las palabras del arzobispo de Madrid se hagan extensivas a toda la comunidad católica porque el derecho a decidir si se es madre corresponde a la mujer, sea ésta católica, atea, musulmana, judía o agnóstica.

El Partido Popular no sólo pretende abolir el derecho a una maternidad libremente decidida, sino también acabar con los supuestos de interrupción del embarazo por anomalías graves o incurables del feto aun cuando peligre la vida de la madre. El PP quiere volver al sistema antiguo de supuestos, que sólo dejaba abortar a las mujeres hasta la semana 12 de embarazo en caso de violación, riesgo para la salud de la madre o malformación del feto, un sistema retrógrado que defiende alegando que “hay que defender la vida desde su concepción”, cuando sobre este asunto, ni siquiera uno de sus maestros, Tomás de Aquino, santo y venerado, les da la razón.

Es absurdo y contradictorio que los dirigentes del PP salgan a defender con intransigencia un concepto de vida retórico cuando no son capaces de adoptar ni una sola medida de amparo para los millones de vidas que, a diario, sufren el drama del desempleo, de los desahucios, de la inmigración, de la miseria, de la injusticia y de la exclusión social.

La maternidad ha de ser decidida por las madres. Lo que plantea el Partido Popular devuelve a la mujer a una situación de inseguridad jurídica que impondrá una doble discriminación por razón de género y de clase que es intolerable.

El gobierno del PP desampara al débil, lo priva de medios de vida y lo abandona en la calle. Hablando en castellano, esto es una canallada.

María José Pérez Salazar forma parte del Consejo Político Local de IU de Azuqueca de Henares