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| Diario La Razón: uno de los lugares en los que el gobierno se siente fuerte |
En julio de 2012,
el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, anunció en una entrevista al
diario La Razón que pretendía reformar la Ley del aborto. El revuelo que
produjo su confidencia hizo que el ministro decidiera a partir de entonces
guardar silencio, ser más discreto, esquivo, escurridizo incluso, quizás porque
creyó que es mejor no declarar lo que se piensa si lo que se cree molesta y
mucho, aun cuando se vaya a hacer lo que se oculta, porque el golpe más
efectivo es el que se da a traición, calladamente, por la espalda, a la altura de los riñones.
Esta prudencia
hipócrita no contagió a alguno de sus camaradas de partido, más palabreros y
resueltos, como el señor Floriano, ese gran genio de la sandez que ha superado
a Pons, su pareja humorística, por el desparpajo con el que engaña, por el aplomo
con el que acusa y por la naturalidad con que difunde la consigna partidista
del día, por absurda, comprometedora y falsa que sea. Mientras Gallardón
callaba ladinamente, Floriano hablaba a borbotones asegurando que con la
reforma del aborto lo único que se pretendía es “defender a los más
débiles”.
Hace tan sólo dos semanas el ministro de
Justicia, aprovechando el mismo escenario de su declaración previa, un foro
organizado por el periódico dirigido por Maruhenda, amigo fidelísimo de Rajoy,
anunció la inminencia de la reforma de la ley del aborto.
Durante la intervención, el Ministro se
encontró arropado por una amplia embajada de la cúpula judicial compuesta por
el Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, el presidente de la
Audiencia Nacional, Ángel Juanes, el presidente de la Sala de lo Penal de la
Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska y el magistrado Alfonso Guevara,
así como por algunos de sus incondicionales, a saber, Ignacio González, Ana
Botella, Florentino Pérez, Cristóbal Montoro y Ana Mato. Rodeado de tan
distinguidas personas, muchas de las cuales, las del mundo judicial, no
pintaban nada en un acto promovido por un periódico que se declara “de derechas
y sin complejos”, Gallardón tuvo la inspiración para decir que “la vida no
es una concesión graciosa, sino un derecho inalienable que no se ve reducido
por razón de discapacidad y no puede restarse protección a un proyecto de vida
como consecuencia de una discapacidad”.
Referido lo anterior, es obligado explicar
de dónde venimos para saber a dónde nos quieren retrotraer los señores del PP.
La actual Ley de Salud Sexual y Reproductiva
y de Interrupción Voluntaria del Embarazo fue aprobada a finales de 2009 por la
mayoría de los grupos parlamentarios (PSOE, IU, ERC, BNG, PNV, NaBai y dos
diputados de CiU). En contra se pronunciaron el PP, UPyD, UPN, Coalición
Canaria y siete diputados de CiU. Apenas tres años después de su entrada en
vigor, el gobierno de Rajoy prepara esta nueva reforma que, según testimonio
del señor Gallardón, se fundamenta en el “cumplimiento de su programa
electoral”, como si tal cosa, lo de cumplir lo prometido en campaña,
importara una brizna al señor Rajoy, al señor Gallardón o al gobierno en pleno.
Los puntos más significativos de la actual
ley y las consecuencias de los posibles cambios anunciados por Ruiz-Gallardón
son los siguientes:
Interrupción del embarazo en las primeras
14 semanas: la actual ley permite la interrupción
voluntaria del embarazo dentro de las primeras 14 semanas de gestación, siempre
y cuando la mujer haya sido informada de las ayudas existentes a favor de la
maternidad y cuando hayan transcurrido al menos tres días de reflexión entre la
petición y la intervención. No es necesario que ningún certificado médico
acredite riesgo de salud para la mujer, como sí ocurría con la legislación
anterior (1985). La existencia de este plazo permite que una mujer decida si
quiere ser madre o no. Lo contrario, imponer la maternidad, es un abuso, un
acto arbitrario y despótico que anula a la mujer como persona y que trae
consecuencias negativas incalculables, gravísimas. Tenemos en España, por
tanto, una ley de plazos como la que existe en la mayoría de los países
europeos, que oscila entre las 12 semanas que prevén las legislaciones alemana,
italiana o francesa y las 24 de la holandesa.
El 89,58% de los 118.359 abortos realizados
en España en 2011 se produjeron dentro de las primeras 14 semanas de gestación,
según los últimos datos recogidos por el Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad. De ellos, el 65,56% se realizaron dentro de las ocho
primeras semanas.
El ministro de Justicia ha anunciado que
sustituirá la ley de plazos para regresar a una legislación de supuestos. Este
cambio niega la libertad de las mujeres para decidir sobre su maternidad,
rompiendo, también, la igualdad de condiciones entre las mujeres que pueden pagar un
aborto legal en el extranjero y las que no, quedando estás últimas abocadas a
poner su vida en grave riesgo así como su libertad en el caso de que decidan abortar.
Malformaciones fetales: pasado el plazo de las 14 semanas, una mujer puede ahora interrumpir
voluntariamente su embarazo si antes de las 22 semanas se detectan graves
anomalías en el feto y si así lo acreditan dos dictámenes médicos. Pasado ese
plazo, un comité clínico debe acreditar que existen anomalías fetales
incompatibles con la vida o una enfermedad extremadamente grave o incurable.
Este supuesto constituye una minoría de las intervenciones. El 2,73% de los
abortos se produce antes de las 22 semanas de gestación y un 0,3%, pasado ese
tiempo.
Este es uno de los cambios más polémicos de
la reforma del Partido Popular, porque no contempla el supuesto de aborto por
malformación fetal, posibilidad a la que alude con la terminología impropia de la neolengua acuñada por la conferencia
episcopal, el OPUS y otras terminales del fanatismo, equiparando el derecho a una
maternidad responsable y deseada con el aborto eugenésico.
Los especialistas en diagnóstico prenatal
rechazan radicalmente este concepto utilizado por el ministro, porque por eugenesia
se entiende el perfeccionamiento de la raza y eso es cosa que practican los
racistas o los criadores de gallinas sobre ejemplares completamente sanos.
Además, los profesionales de la medicina señalan que las malformaciones
incompatibles con la vida son anomalías terroríficas como la anencefalia, la
exencefalia, el acráneo, la hidranencefalia, la holoprosencefalia alobar, al
atresia laríngea, la atresia traqueal, la agenesia diafragmática, la agenesia
renal bilateral, la ectopia cordis, determinadas cromosopatías terminales, etc…
En otros casos, se han diagnosticado otras enfermedades gravísimas e incurables
que acarrean sufrimientos indecibles a los niños y a sus familias
(malformaciones cardiacas, casos graves de la enfermedad de Ebstein, el
isomerismo derecho, la hipoplasia, cardiopatías estructurales que llevan al
fracaso cardíaco, encefalocele, otras enfermedades que causan desestructuración
anatómica del sistema nervioso central y un largo etcétera que horroriza por su
crueldad). Para las familias que sufren el calvario de concebir a una criatura
así, la situación es lo suficientemente cruel como para que, además, en su
dolor se interponga una autoridad que les obliga a decidir lo contrario de lo
que quieren o de lo que pueden humanamente soportar. No hay ley en el mundo, ni
gobernante civil o espiritual, ni ministro ni gobierno legitimado para usurpar
la voluntad de quienes se enfrentan a una tragedia de esta naturaleza. Además,
los que mezclan el aborto con su fe en un dios omnipotente deberían pensar qué
clase de dios consiente estas enfermedades que hacen inviable la vida en quien
aún no ha nacido.
El gobierno de Rajoy nos lleva al pasado,
también en la regulación del aborto, colocándonos en la cola de la Unión
Europea, donde sólo Malta, el paraíso fiscal que prohíbe el aborto en cualquier
supuesto, e Irlanda, que sólo lo permite si hay “riesgo grave y sustancial
para la mujer”, no admiten la interrupción del embarazo por anomalías
fetales. Incluso Brasil, que únicamente contemplaba como supuestos la violación
y el riesgo para la vida de la mujer, acaba de aceptar también el supuesto de
interrupción del embarazo por anomalías fetales para los casos de anencefalia.
Sucederá lo mismo con la eliminación de este
supuesto que con la supresión de los plazos. Las mujeres que tengan
posibilidades económicas se marcharán a otros países a abortar, como ocurría
con la ley de 1985, que no admitía el supuesto de malformación más allá de las
22 semanas. En cambio, las mujeres pobres pasarán por el trance de abortar en la
clandestinidad o de dar a luz a un hijo con una discapacidad gravísima que
condicionará sus vidas y que no podrán atender por falta de medios.
Consentimiento paterno para las chicas de
16 y 17 años: la actual legislación establece que las
chicas de edades comprendidas entre los 16 y 17 años que deciden someterse a un
aborto deben informar al menos a uno de sus tutores, a no ser que aleguen un
conflicto grave que motive una situación de desarraigo o de desamparo. Según un
estudio realizado en el año 2011 por la Asociación de Clínicas Acreditadas para
la Interrupción del Embarazo (ACAI), el 87% (de una muestra de 1.186) de las
chicas que acudieron a abortar a los centros lo hicieron acompañadas de sus
tutores legales. El resto alegó razones como riesgo de sufrir malos tratos,
tener padres manifiestamente contrarios al aborto o disfrutar de una situación
de emancipación plena con respecto a sus progenitores.
El programa del PP, y así lo ha asegurado el ministro, prevé la eliminación de este supuesto para situarnos de nuevo a
principios de los años ochenta, cuando se producían situaciones en las que el
embarazo de la chica era fruto de la violación de un miembro de la familia y
que tenían que pasar necesariamente por el mal trago de comunicárselo a sus
padres o tutores, a la espera de la reacción que éstos pudieran tener.
Prevención de embarazos no deseados y
educación en salud sexual: bajo el epígrafe “De la
Salud Sexual y Reproductiva”, el título primero de la actual legislación
establece medidas públicas de prevención y educación sexual, tanto en el ámbito
educativo como en la formación de los profesionales de la salud, así como la
garantía al acceso a métodos anticonceptivos.
El Gobierno, en su cambio legislativo,
parece que no tiene absolutamente nada que decir sobre un asunto tan importante
como la prevención de los embarazos no deseados, por mucho que se sepa que
cuantos menos sean menor será también el número de abortos, que es lo que se
pretende evitar. Si observamos las enmiendas parciales que presentaron los
diputados del PP hace dos años a la actual ley, todo hace pensar que esta parte
de prevención desaparecerá de la futura reforma. Por aquel entonces, el Partido
Popular justificó la eliminación del título primero por considerar “no
adecuada su existencia en una ley cuyo objeto principal es establecer el aborto
libre dentro de las primeras catorce semanas de gestación”.
Despenalización del aborto: la entrada en vigor de la actual ley derogó el artículo 417 bis del
Código Penal que contemplaba la penalización del aborto excepto en tres
supuestos (como recogía la legislación aprobada en 1985). La vuelta a una
normativa de supuestos, “y de despenalización parcial del aborto”, como pedía
el PP en sus enmiendas, podría suponer incluir de nuevo el delito de aborto en
el Código Penal.
Si bien el ministro de Justicia declaró en
el Congreso que ninguna mujer irá a la cárcel con la nueva legislación, ello no
impide que un juez la cite a declarar, ya sea como testigo o imputada, como ocurrió con el conocido caso Isadora en 2007. Entonces, 28 mujeres fueron llamadas
a declarar como testigos y a algunas fueron a buscarlas a sus domicilios, en el proceso que abrió un juzgado contra la clínica madrileña por
supuestas irregularidades administrativas y abortos ilegales tras la denuncia
de una asociación ultracatólica. El caso, sobreseído año y medio después por
falta de pruebas, fue uno de los detonantes para la elaboración de la actual
ley de plazos.
La reforma de la ley del aborto no responde
a una preocupación del gobierno por los más débiles. Si así fuera habría
protegido a las trabajadoras que son, además, madres, no habría desmantelado la
educación ni la sanidad públicas, no habría dejado a las inmigrantes fuera del
sistema sanitario, no habría impuesto tasas judiciales para alejar la justicia
de los ciudadanos, no habría permitido a los bancos desahuciar a las familias…
En definitiva, no habría empujado al país al abismo en tan sólo diecisiete
meses. La realidad es que este cambio legal responde a las presiones del sector
más reaccionario de su partido y a las de la Conferencia Episcopal. Fue
premonitorio que hace tan sólo unas semanas, los mal llamados grupos provida
soltaran gallinas delante del Ministerio de Justicia, para pedir a su titular
que no fuera cobarde y cumpliera sus compromisos de derogar la Ley de Salud
Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo.
Aún así, existen otras asociaciones que,
siendo católicas, están en contra de las “recomendaciones” de una cúpula
eclesial formada sólo por hombres célibes que aseguran ser castos y que dicen saber mejor que las mujeres lo que conviene a las mujeres. Tal es
el caso de la Asociación de Católicas por el Derecho a Decidir, que no
está dispuesta a que las palabras del arzobispo de Madrid se hagan extensivas a
toda la comunidad católica porque el derecho a decidir si se es madre
corresponde a la mujer, sea ésta católica, atea, musulmana, judía o agnóstica.
El Partido Popular no sólo pretende abolir
el derecho a una maternidad libremente decidida, sino también acabar con los
supuestos de interrupción del embarazo por anomalías graves o incurables del
feto aun cuando peligre la vida de la madre. El PP quiere volver al sistema
antiguo de supuestos, que sólo dejaba abortar a las mujeres hasta la semana 12 de
embarazo en caso de violación, riesgo para la salud de la madre o malformación
del feto, un sistema retrógrado que defiende alegando que “hay que defender
la vida desde su concepción”, cuando
sobre este asunto, ni siquiera uno de sus maestros, Tomás de
Aquino, santo y venerado, les da la razón.
Es
absurdo y contradictorio que los dirigentes del PP salgan a defender con
intransigencia un concepto de vida retórico cuando no son capaces de adoptar ni una
sola medida de amparo para los millones de vidas que, a diario, sufren el drama
del desempleo, de los desahucios, de la inmigración, de la miseria, de la
injusticia y de la exclusión social.
La maternidad ha de ser decidida por las
madres. Lo que plantea el Partido Popular devuelve a la mujer a una situación
de inseguridad jurídica que impondrá una doble discriminación por razón de
género y de clase que es intolerable.
El gobierno del PP desampara al débil, lo
priva de medios de vida y lo abandona en la calle. Hablando en castellano, esto es
una canallada.
María José Pérez Salazar forma parte del Consejo Político Local de IU de Azuqueca de Henares
