El pasado 16 de septiembre, el PP y el PSOE volvieron a
interpretar su papel de garantes fieles de la monarquía. Lo hicieron para
tumbar la moción presentada en el Congreso de los Diputados por el grupo
parlamentario de la
Izquierda Plural en la que se pedía la convocatoria de un
referéndum sobre la forma de Estado.
La propuesta
de IU era tan clara como atenida a derecho: ”hacer uso del artículo 92 de la
Constitución
española de 1978, cuyo punto 1
establece que las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de
todos los ciudadanos, y cuyo punto 2
establece que el referéndum será convocado por el Rey, mediante propuesta del
Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados, para que el pueblo español
tenga la oportunidad de opinar sobre
la forma política del Estado y elegir entre República o Monarquía”.
El bipartidismo,
artificialmente sostenido por una ley electoral que vulnera la proporcionalidad
y que es cada vez más rechazada, impidió con sus votos que el pueblo pudiera
expresarse libremente sobre el modelo de Estado.
Nada sorprendente porque en
los últimos años los dos partidos que se alternan en el poder han estado de
acuerdo en cuestiones claves que han afectado sobremanera a los ciudadanos: por
ejemplo, en la ley 15/97 que autoriza la participación de empresas privadas en
la gestión del sistema sanitario, en la reforma de la ley de cajas para
convertirlas en bancos, en las leyes de extranjería que dejan sin derechos de
ciudadanía a miles de personas, en la falta de voluntad de ambos partidos para perseguir
la corrupción (sobre todo la interna), en la votación conjunta contra la dación
en pago o en la reforma constitucional aprobada en el año 2011 mediante la cual
se salva a los acreedores privados a costa de condenar a los ciudadanos con
recortes y pérdida de derechos.
Tocados y
cada vez más tambaleantes, PP y PSOE se agarran mutuamente para sostenerse. Como
socios que se han repartido el poder desde la transición, se esfuerzan ahora
por ser los guardianes de la caduca y trasnochada institución monárquica a la
que tanto le deben y que tanto les debe.
Esta alianza
entre los partidos dinásticos y el trono es un pacto, uno más, para apuntalar
la escenografía teatral de la monarquía, institución de opereta, legado de un
dictador cuya segunda versión se pavonea exultante en las páginas del papel
couché tras la abdicación forzada de Juan Carlos I.
Lo
vergonzoso del caso resulta ser la actitud de ambos partidos queriéndonos
ocultar la realidad. La naturaleza sistémica de la crisis ha empujado al
bipartidismo a aferrarse a la monarquía como salvavidas y la corona se agarra
al PP y al PSOE, sin percatarse ni unos ni otros de que los vientos de la
historia les van a sacar, más pronto que tarde, de sus poltronas. Al tiempo.
Izquierda
Unida había planteado en numerosas ocasiones en el Congreso de los Diputados la
necesidad de que el pueblo español se pronunciara sobre el modelo de Estado, aunque
sin ningún éxito por el boicot del PP y del PSOE. Pero en esta ocasión logró forzar
una votación en la cámara sobre la propuesta de un referéndum. Fue ésta la
primera vez desde la transición en que una iniciativa así pudo ser sometida al
voto de los diputados, tras la interpelación urgente planteada por Alberto
Garzón una semana antes, la cual provocó la airada respuesta de la número dos
del gobierno del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, que reprochaba a IU que “instara al Ejecutivo a incumplir la Constitución y las
leyes”. En su diatriba contra el diputado de IU, a la vicepresidenta no se
le ocurrió otra cosa que calificar la propuesta de referéndum de “ilegal” y “contraria a la
Constitución”, olvidando por completo su condición de
abogada del Estado, el temario de la oposición que la llevó a ocupar tal plaza de
funcionaria y, también, el espíritu de la Constitución de 1978 a la que, por cierto, su
partido y ella misma no dudan en pisotear cuando les conviene, que es casi
siempre.
IU presentó
su moción el día 11 de septiembre, un texto breve en el que el grupo
parlamentario liderado por Cayo Lara explicaba que “los escándalos de la
Casa Real no dejan de emerger a la superficie”,
refiriéndose concretamente al caso Noos , y denunció que “parece como si de la brecha
abierta en la Casa Real
dependiese todo el entramado político del país”, que estamos “ante una estrategia que pasa por rescatar a
la monarquía para salvar así al régimen político”, que “España está en una situación de emergencia
social”, que “nuestra sociedad se
encuentra en un proceso de desintegración como consecuencia de la gestión
neoliberal de la crisis económica y sus dramáticos efectos sociales, políticos
y culturales” y que, en este contexto, se han producido todos los “rasgos de la cohabitación entre una élite
política corrupta y una élite económica corruptora que juntas han sabido
utilizar el régimen político del 78 como su terreno de juego más idóneo”.
Pero el
texto de IU no se quedaba en la denuncia. Planteaba la importancia del
referéndum aludiendo a dos conceptos claves para nuestra sociedad: iniciar un
proceso de esperanza para que el pueblo tome las riendas de su futuro. La
moción lo afirmaba en estos términos: “Desde
las trampas electorales hasta las reformas constitucionales, el proceso de
involución democrática es el reflejo del temor a las mayorías sociales y a las
fuerzas políticas que planteamos un proyecto alternativo de país. El temor de
la oligarquía es la fuerza de la mayoría social”. “La posibilidad de que el
pueblo español opine sobre la forma política del Estado es claramente un punto
básico para iniciar un proceso de esperanza
para el país. El Gobierno tiene la posibilidad de facilitar al pueblo la oportunidad de coger las riendas de su
futuro más allá de la estrecha y
limitada opción de votar cada cuatro
años en las elecciones”.
¿Qué hizo el
PSOE? Algunos ingenuos aún creían que apoyaría la moción de IU, pero se
equivocaron. Los diputados socialistas olvidaron eso que llaman “su alma republicana” y, claro, como el
alma no existe, pesaron más en su voto sus ambiciones terrenales, las más
ligadas a sus intereses materiales o la simple y pura sumisión al poder
establecido.
Comprobamos,
por tanto, que el PSOE liderado por Pedro Sánchez es tan monárquico como el de
Alfredo Pérez Rubalcaba o el de Felipe González, con sus peajes, ocultaciones y
miserias de consuno con la
Zarzuela. Nada hay nuevo bajo el sol socialista.
La portavoz
socialista, Meritxell Batet (del mismo apellido de aquel ilustre y admirable
general, Domingo Batet, fusilado en 1937 por Franco por mantenerse leal a la II República) justificó
el voto en contra de la propuesta de IU reiterando su apoyo a la monarquía y
manifestando que el PSOE renunciaba al republicanismo en aras del consenso y de
la convivencia.
No extraña
lo que hizo y dijo la diputada socialista, que en su web oficial se declara
colaboradora del imputado (y futuro acusado) Narcís Serra (que es el Blesa-Rato del PSOE) que junto con otros compinches llevó a Caixa Catalunya a la ruina, y que
es consorte, además, de José María Lassalle, Secretario de Estado de Cultura
del PP.
Nuestros
argumentos no pudieron con el apoyo dinástico brindado por el bipartidismo, de
modo que la moción fue rechazada por 274 votos, por 26 a favor y 15 abstenciones.
Toda una lección de principios por la república que quedará registrada en el
Diario de Sesiones para conocimiento general y recordatorio de olvidadizos.
El bipartidismo
es el principal obstáculo que impide la realización de políticas de izquierda.
Nos dirán sus protagonistas que hay “diferencias
entre el PP y el PSOE”, que “no son
lo mismo”, porque en ello les va la legitimidad. Y claro que las hay porque
de lo contrario el tinglado se vendría abajo, pero son de barniz,
superficiales, nimias, pequeños detalles insustanciales que no llevan a ninguna
parte.
Los
dirigentes del PP y del PSOE escenifican diferencias “radicales” en debates dramáticos con insultos y descalificaciones,
pero con mucho truco y trastienda, como los tripazos en el pressing catch que no engañan ni a los niños de pecho, porque en esas supuestas disputas el resultado está
amañado.
He aquí la
razón de que el PP y el PSOE garanticen por todos los medios la continuidad de
la monarquía, entendida como el eje organizador del bloque de poder e instrumento
de cohesión entre una élite económica y política que gobierna el país desde
hace cuarenta años. Por eso asustó tanto al bipartito el hundimiento de la
monarquía en el que estaba empeñado Juan Carlos I y su familia, con sus
corrupciones gravísimas, francachelas y otras monterías. Había que provocar con
urgencia la sucesión y fiar el futuro de la corona a Felipe, un cambio de
imagen acompañado de la debida publicidad disfrazada de noticia en los grandes
medios de comunicación, cosa que padecemos a diario desde entonces en
televisiones y radios oficiales.
El precio de
la operación se cargó a los ciudadanos, como es habitual, hurtándoles el derecho
a decidir cómo quieren organizar la jefatura del Estado, ahora que era el
momento tras la abdicación.
El PSOE y el
PP han conspirado contra los ciudadanos. Poco importa que se llamen de centro,
socialistas, republicanos de adn y demás pamplinas, porque en lo esencial son
lo mismo.
Gracias al bipartito tenemos dos reyes y Felipe VI respira tranquilo mientras que nadie habla ya de los Urdangarines, infantas, Corinas, amigazos del IBEX-35 y demás socios de correrías palaciegas.
María José Pérez Salazar forma parte del Consejo Político Local de IU de Azuqueca de Henares.