El PSOE, el PP y los Borbones

El pasado 16 de septiembre, el PP y el PSOE volvieron a interpretar su papel de garantes fieles de la monarquía. Lo hicieron para tumbar la moción presentada en el Congreso de los Diputados por el grupo parlamentario de la Izquierda Plural en la que se pedía la convocatoria de un referéndum sobre la forma de Estado.

La propuesta de IU era tan clara como atenida a derecho: ”hacer uso del artículo 92 de la Constitución española de 1978, cuyo punto 1 establece que las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos, y cuyo punto 2 establece que el referéndum será convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados, para que el pueblo español tenga la oportunidad de opinar sobre la forma política del Estado y elegir entre República o Monarquía”.

El bipartidismo, artificialmente sostenido por una ley electoral que vulnera la proporcionalidad y que es cada vez más rechazada, impidió con sus votos que el pueblo pudiera expresarse libremente sobre el modelo de Estado. 

Nada sorprendente porque en los últimos años los dos partidos que se alternan en el poder han estado de acuerdo en cuestiones claves que han afectado sobremanera a los ciudadanos: por ejemplo, en la ley 15/97 que autoriza la participación de empresas privadas en la gestión del sistema sanitario, en la reforma de la ley de cajas para convertirlas en bancos, en las leyes de extranjería que dejan sin derechos de ciudadanía a miles de personas, en la falta de voluntad de ambos partidos para perseguir la corrupción (sobre todo la interna), en la votación conjunta contra la dación en pago o en la reforma constitucional aprobada en el año 2011 mediante la cual se salva a los acreedores privados a costa de condenar a los ciudadanos con recortes y pérdida de derechos.

Tocados y cada vez más tambaleantes, PP y PSOE se agarran mutuamente para sostenerse. Como socios que se han repartido el poder desde la transición, se esfuerzan ahora por ser los guardianes de la caduca y trasnochada institución monárquica a la que tanto le deben y que tanto les debe.

Esta alianza entre los partidos dinásticos y el trono es un pacto, uno más, para apuntalar la escenografía teatral de la monarquía, institución de opereta, legado de un dictador cuya segunda versión se pavonea exultante en las páginas del papel couché tras la abdicación forzada de Juan Carlos I.

Lo vergonzoso del caso resulta ser la actitud de ambos partidos queriéndonos ocultar la realidad. La naturaleza sistémica de la crisis ha empujado al bipartidismo a aferrarse a la monarquía como salvavidas y la corona se agarra al PP y al PSOE, sin percatarse ni unos ni otros de que los vientos de la historia les van a sacar, más pronto que tarde, de sus poltronas. Al tiempo.

Izquierda Unida había planteado en numerosas ocasiones en el Congreso de los Diputados la necesidad de que el pueblo español se pronunciara sobre el modelo de Estado, aunque sin ningún éxito por el boicot del PP y del PSOE. Pero en esta ocasión logró forzar una votación en la cámara sobre la propuesta de un referéndum. Fue ésta la primera vez desde la transición en que una iniciativa así pudo ser sometida al voto de los diputados, tras la interpelación urgente planteada por Alberto Garzón una semana antes, la cual provocó la airada respuesta de la número dos del gobierno del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, que reprochaba a IU que “instara al Ejecutivo a incumplir la Constitución y las leyes”. En su diatriba contra el diputado de IU, a la vicepresidenta no se le ocurrió otra cosa que calificar la propuesta de referéndum de “ilegal” y “contraria a la Constitución”, olvidando por completo su condición de abogada del Estado, el temario de la oposición que la llevó a ocupar tal plaza de funcionaria y, también, el espíritu de la Constitución de 1978 a la que, por cierto, su partido y ella misma no dudan en pisotear cuando les conviene, que es casi siempre.

IU presentó su moción el día 11 de septiembre, un texto breve en el que el grupo parlamentario liderado por Cayo Lara explicaba que “los escándalos de la Casa Real no dejan de emerger a la superficie”, refiriéndose concretamente al caso Noos , y denunció que “parece como si de la brecha abierta en la Casa Real dependiese todo el entramado político del país”, que estamos “ante una estrategia que pasa por rescatar a la monarquía para salvar así al régimen político”, que “España está en una situación de emergencia social”, que “nuestra sociedad se encuentra en un proceso de desintegración como consecuencia de la gestión neoliberal de la crisis económica y sus dramáticos efectos sociales, políticos y culturales” y que, en este contexto, se han producido todos los “rasgos de la cohabitación entre una élite política corrupta y una élite económica corruptora que juntas han sabido utilizar el régimen político del 78 como su terreno de juego más idóneo”.

Pero el texto de IU no se quedaba en la denuncia. Planteaba la importancia del referéndum aludiendo a dos conceptos claves para nuestra sociedad: iniciar un proceso de esperanza para que el pueblo tome las riendas de su futuro. La moción lo afirmaba en estos términos: “Desde las trampas electorales hasta las reformas constitucionales, el proceso de involución democrática es el reflejo del temor a las mayorías sociales y a las fuerzas políticas que planteamos un proyecto alternativo de país. El temor de la oligarquía es la fuerza de la mayoría social”. “La posibilidad de que el pueblo español opine sobre la forma política del Estado es claramente un punto básico para iniciar un proceso de esperanza para el país. El Gobierno tiene la posibilidad de facilitar al pueblo la oportunidad de coger las riendas de su futuro más allá de la estrecha y limitada opción de votar cada cuatro años en las elecciones”.

¿Qué hizo el PSOE? Algunos ingenuos aún creían que apoyaría la moción de IU, pero se equivocaron. Los diputados socialistas olvidaron eso que llaman “su alma republicana” y, claro, como el alma no existe, pesaron más en su voto sus ambiciones terrenales, las más ligadas a sus intereses materiales o la simple y pura sumisión al poder establecido.

Comprobamos, por tanto, que el PSOE liderado por Pedro Sánchez es tan monárquico como el de Alfredo Pérez Rubalcaba o el de Felipe González, con sus peajes, ocultaciones y miserias de consuno con la Zarzuela. Nada hay nuevo bajo el sol socialista.

La portavoz socialista, Meritxell Batet (del mismo apellido de aquel ilustre y admirable general, Domingo Batet, fusilado en 1937 por Franco por mantenerse leal a la II República) justificó el voto en contra de la propuesta de IU reiterando su apoyo a la monarquía y manifestando que el PSOE renunciaba al republicanismo en aras del consenso y de la convivencia.

No extraña lo que hizo y dijo la diputada socialista, que en su web oficial se declara colaboradora del imputado (y futuro acusado) Narcís Serra (que es el Blesa-Rato del PSOE) que junto con otros compinches llevó a Caixa Catalunya a la ruina, y que es consorte, además, de José María Lassalle, Secretario de Estado de Cultura del PP.

Nuestros argumentos no pudieron con el apoyo dinástico brindado por el bipartidismo, de modo que la moción fue rechazada por 274 votos, por 26 a favor y 15 abstenciones. Toda una lección de principios por la república que quedará registrada en el Diario de Sesiones para conocimiento general y recordatorio de olvidadizos.

El bipartidismo es el principal obstáculo que impide la realización de políticas de izquierda. Nos dirán sus protagonistas que hay “diferencias entre el PP y el PSOE”, que “no son lo mismo”, porque en ello les va la legitimidad. Y claro que las hay porque de lo contrario el tinglado se vendría abajo, pero son de barniz, superficiales, nimias, pequeños detalles insustanciales que no llevan a ninguna parte.

Los dirigentes del PP y del PSOE escenifican diferencias “radicales” en debates dramáticos con insultos y descalificaciones, pero con mucho truco y trastienda, como los tripazos en el pressing catch que no engañan ni a los niños de pecho, porque en esas supuestas disputas el resultado está amañado.

He aquí la razón de que el PP y el PSOE garanticen por todos los medios la continuidad de la monarquía, entendida como el eje organizador del bloque de poder e instrumento de cohesión entre una élite económica y política que gobierna el país desde hace cuarenta años. Por eso asustó tanto al bipartito el hundimiento de la monarquía en el que estaba empeñado Juan Carlos I y su familia, con sus corrupciones gravísimas, francachelas y otras monterías. Había que provocar con urgencia la sucesión y fiar el futuro de la corona a Felipe, un cambio de imagen acompañado de la debida publicidad disfrazada de noticia en los grandes medios de comunicación, cosa que padecemos a diario desde entonces en televisiones y radios oficiales.

El precio de la operación se cargó a los ciudadanos, como es habitual, hurtándoles el derecho a decidir cómo quieren organizar la jefatura del Estado, ahora que era el momento tras la abdicación.

El PSOE y el PP han conspirado contra los ciudadanos. Poco importa que se llamen de centro, socialistas, republicanos de adn y demás pamplinas, porque en lo esencial son lo mismo.

Gracias al bipartito tenemos dos reyes y Felipe VI respira tranquilo mientras que nadie habla ya de los Urdangarines, infantas, Corinas, amigazos del IBEX-35 y demás socios de correrías palaciegas.

María José Pérez Salazar forma parte del Consejo Político Local de IU de Azuqueca de Henares.