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| Sede central del FMI en Washington. Obsérvese que el edificio tiene un cierto aire de ministerio soviético |
Para el FMI los costes laborales en España son demasiado inflexibles, lo que constituye un efecto disuasorio para la contratación indefinida. Por eso el FMI pide que se aplique una reforma laboral “más valiente” que debería incluir los siguientes tres objetivos:
- Reducción de los costes por despido.
- Flexibilización de la negociación colectiva.
- Eliminación del vínculo existente entre la inflación y la revisión salarial.
En cuanto a la reducción de los costes por despido el FMI dice que debe situarse en la media de la Unión Europea, fijándose en un punto que incentive la contratación fija. Lo que elude el FMI en su recomendación es que el coste de despido que toma como referencia es el de los trabajadores con contrato indefinido, lo cual introduce un sesgo inadmisible en su análisis. Lo cierto es que nuestro mercado laboral se encuentra fuertemente segmentado y que en él priman los contratos temporales con un coste muy bajo de despido. Las sucesivas reformas laborales aprobadas en nuestro país han ido dirigidas a abaratar el despido lo que se traduce en eliminar progresivamente los derechos de los trabajadores, precisamente el eslabón más débil de la economía y sobre el que recae casi todo el peso de la crisis. En consecuencia, abaratar aún más el despido no supone mayor prosperidad potencial sino dejar una vía abierta a la posibilidad del despido libre y a la desprotección absoluta de los trabajadores.
El segundo tema, el de la flexibilización de la negociación colectiva, consiste en descentralizar la misma y llevarla al seno de cada empresa para, siempre según el FMI, lograr que la negociación de salarios se ajuste a las condiciones de cada empresa, siendo el trabajador quien debe negociar directamente con su patrón tanto salario como condiciones laborales, beneficios sociales, etc. Algo parecido a lo que ocurre en Estados Unidos, donde es la empresa la que ofrece a los trabajadores las compensaciones sociales y los salarios (seguros médicos, de vida, etc.) que éstos, en uso de su muy limitada capacidad de negociar, tienen que aceptar como un mal menor. La aplicación de esta doctrina conduce a la eliminación de la figura de los sindicatos como interlocutores válidos en la negociación colectiva, y al total desamparo de la clase obrera que se queda sin interlocutores capaces de defender sus derechos.
Y qué decir sobre la extinción del vínculo entre revisión salarial e inflación. A través de este método, aunque no del todo justo, se intentaba paliar la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores y pensionistas producida por la subida de los precios. Las recomendaciones del FMI van encaminadas a dirigir este vínculo a la “productividad”, lo que permitiría recuperar la competitividad y aplicar políticas más eficaces para el control de precios. De nuevo el FMI intenta convencernos de las bondades de una doctrina nociva, porque todo apunta a que este cambio conduciría a un empobrecimiento adicional de la clase obrera. Las empresas podrían bajar los salarios de manera indiscriminada aduciendo problemas de competitividad que, desde luego, dependen mucho más de la inversión productiva y de la aplicación de nuevas tecnologías y métodos de gestión que del montante de unos salarios cada vez más exiguos.
En resumen y en pocas palabras, el FMI insta al Gobierno de Zapatero a acabar con los derechos de los trabajadores y, de paso, con los sindicatos, endureciendo aún más las políticas neoliberales que son las que nos han llevado al estado de postración que ahora padecemos. Si aceptamos estas recomendaciones permitiremos que nuestras vidas sean gobernadas por los mercados y consentiremos también que la democracia se diluya y que el Estado social desparezca.
Las recetas del FMI son un “golpe del mercado contra el estado”. Por ello van dirigidas directamente contra la línea de flotación del Estado, contra la democracia política y en definitiva, contra los trabajadores.
