Los nacionalismos

    

El nacionalismo es una ideología romántica del siglo XIX que apela al sentimiento y va contra la razón, la verdad y el pensamiento crítico.

El nacionalismo considera que la nación es el ente político supremo, estando por encima del pueblo y de las personas. El nacionalismo sostiene que la nación tiene derechos superiores a los individuales, lo cual es absurdo porque el nacionalismo no es más que una metafísica, una construcción cultural y política de un tiempo y un lugar que sólo tiene vida en la mente de quienes la forjan y de los devotos que creen en su idea. De aquí viene que el nacionalismo sea profundamente antidemocrático (la voluntad de la nación está por encima de la voluntad del pueblo) y sea enemigo declarado de la libertad (el nacionalismo exige devotos y no gentes que piensen libremente).

El nacionalismo es un antirracionalismo. Encuentra siempre su razón de ser en un mito, en una mentira, en un hecho asombroso, inexplicable o indemostrable. Es lo contrario del logos y de la sistematización racional del Derecho que da forma a la sociedad. Es la caverna de Platón con sus sombras engañosas. El nacionalismo necesita demagogos sin escrúpulos para alimentarlo. Estos demagogos, que tanto abundan hoy, son iguales a los que describió hace 2.500 años Aristófanes en su obra Los caballeros: deshonestos, groseros, maleducados e ignorantes.

El nacionalismo en cuanto irracionalismo no atiende a razones, a hechos, a la verdad, a cifras o a estadísticas. El nacionalismo es infalible, es una fe, no puede será falsado. Enemigo de la razón, es altamente inflamable y proclive a la violencia, incluso más que otros fanatismos con los que comparte estructura y propósitos.

El nacionalismo necesita de amenazas, enemigos, miedos, culpables, héroes ficticios, envidias, pasiones, chantajes emocionales, discursos incendiarios, promesas imposibles, negación del otro, mártires y muertos. El nacionalismo, por definición, excluye. La sociedad que excluye es violenta y deja pronto de ser sociedad.

El nacionalismo, no se olvide, trajo a Europa en el siglo XX dos guerras mundiales, con sus atrocidades y carnicerías insuperadas, y otra guerra más de exterminio en la exYugoslavia, terminando el siglo como tristemente empezó: en el pozo de los Balcanes.

En el nacionalismo anida siempre la idea de superioridad, de distinción jerárquica, de supremacía, de exclusión, de rechazo y de enfrentamiento entre grupos humanos. El nacionalismo levanta barreras no sólo físicas sino mentales entre las personas. Inoculado el nacionalismo en los cerebros, es muy difícil erradicarlo.

El nacionalismo, en momentos de auge, va de la mano del supremacismo, convirtiéndose en imperialismo. En tiempo de crisis, en cambio, va de la mano del temor, del rencor y de la humillación, porque consiste en una proyección invertida del yo, con todas sus insuficiencias y defectos, en los otros.

Una sociedad dañada es muy proclive a caer en los brazos del nacionalismo. ¿Quién se resiste al embrujo de pertenecer a un grupo de elegidos superiores al resto, cuando le va mal? ¿Quién no cede ante el simplismo de que el culpable de los males propios es el otro, por más que el otro sufra esos males más que uno mismo? ¿A quién no le complace ser halagado con mentiras, por más que estas sean terribles, y escuchar sólo aquello que confirma sus prejuicios?

El nacionalismo es una ideología muy socorrida en tiempos de crisis, circunstancia en la que siempre prospera, como las infecciones en los cuerpos enfermos. El nacionalismo no es causa sino consecuencia, es síntoma de males más profundos, de que hay una sociedad dañada, rota, decadente, en proceso de corrupción, con instituciones y autoridades deslegitimadas y huérfana de referencias decentes y virtuosas.

El nacionalismo es poliédrico y adaptable a diferentes propósitos:

a)      Para los territorios ricos, es la excusa para marcharse del Estado del que forman parte y acabar así con la solidaridad a que están obligados por la ley y por los principios de la sociedad.

b)      Para los políticos que no tienen nada que ofrecer es la ideología que aglutina a un pueblo temeroso y dañado, que sueña con redenciones imposibles que siempre acaban en tragedia y muerte.

c)       Para quienes detentan realmente el poder, es la ideología que permite no hablar de lo importante y no señalar a los verdaderos responsables de la crisis que se sufre.

El nacionalismo engendra otros nacionalismos como reacción, formando una espiral endiablada que hay que parar porque, de lo contrario, el final al que conduce puede ser muy sangriento.

El nacionalismo aporta un tono odioso a la política, que deja de ser arte de la búsqueda del bien común, que son la libertad y la igualdad, para convertirse en un muladar de insultos, teatro de demagogos mediocres y campo de batalla de fanatismos irreconciliables.

Lo que la razón dicta es que el planeta que nos alberga es uno, que la Tierra es una minúscula mota de polvo en la fría inmensidad del universo, que la vida es una, al igual que la humanidad, que todos respiramos el mismo aire, que venimos de un ancestro común, que la verdad es una, que el conocimiento es universal y que la cooperación es infinitamente superior a la lucha.   

El nacionalismo es algo ridículo en la era de la inteligencia artificial, de la ciencia sin fronteras, del 5G, de la investigación básica colaborativa, del transhumanismo, del cambio climático, de la investigación médica aplicada y de la contaminación de los mares, que son todos fenómenos que no conocen de fronteras y que exigen respuestas globales, no nacionales.

Emilio Alvarado Pérez, miembro de la Asamblea Local de IU de Azuqueca de Henares

SIETE  AÑOS CONTENTANDO A LOS MERCADOS INTERNACIONALES

Se van a cumplir siete años de la aprobación de la reforma del artículo 135 de la Constitución española en la etapa final del Gobierno de Rodríguez Zapatero, en septiembre de 2011, por un Parlamento sometido a presiones. De esto ya no se habla porque no le interesa a los dos grandes partidos. Con ella el gobierno socialista dio rango constitucional y prioridad absoluta al pago de los intereses y del capital de la deuda pública de las Administraciones sobre cualquier otra necesidad de gasto.

El objetivo no era otro que garantizar el cumplimiento de las nuevas reglas impuestas por Europa: disciplina fiscal, austeridad económica y estabilidad presupuestaria por las Administraciones. La reforma, como todos sabemos, se produjo en una noche con alevosía y premeditación, por una vía rápida, con un acelerado debate parlamentario, sin consenso social y al margen de una consulta ciudadana. En aquel momento, España vivía una situación de extrema gravedad sometida al juego de los mercados financieros especulativos, del FMI y de Merkel.

Entonces el PSOE, en esos momentos decide pactar con el PP para una nueva redacción al artículo 135 de la Carta Magna, creyendo que así recuperaría la confianza de los mercados internacionales. Nada más lejos de la realidad.

El 26 de agosto de 2011,  Sáenz de Santamaría y Montoro “sacaban pecho” de esa reforma constitucional afirmando que con esa nueva redacción se ponía a salvo al Estado del Bienestar y las políticas sociales. Sin embargo, y ellos bien lo saben, el hecho de haber plasmado en el texto constitucional que “todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria”, no ha servido más que para justificar una política de extrema austeridad, recortes  e involución social.

Esta reforma constitucional fue la respuesta a una de las mayores tormentas conocidas contra la deuda pública española (una prima de riesgo que superaba los 300 puntos) que dificultaba la financiación de las operaciones corrientes y obligaba a reducir el gasto público.

Ha transcurrido tiempo más que suficiente para sacar conclusiones de los efectos reales de unas medidas que no han sido útiles para el crecimiento y la generación de empleo, ni para bajar el volumen de la deuda o cumplir las previsiones de déficit. Sólo ha servido para incrementar la desigualdad social.

Hay que cambiar las reglas de consolidación fiscal a la hora de contabilizar el déficit público, excluyendo el tanto por ciento de gasto en educación, sanidad, dependencia e investigación, que son elementos centrales del Estado del Bienestar y de una economía sostenible.

La actual redacción del artículo 135 no lo permite, por lo que ha de ser revisada urgentemente. Sería ideal que se produjese en el marco de un proceso constituyente, de forma consensuada, pero todos sabemos que eso no es probable porque no hay voluntad política.

Mantener el texto tal como está supone restar la poca credibilidad que queda al compromiso de reconstruir el Estado del bienestar. Desgraciadamente, ni PP ni PSOE están preocupados por ello.

María José Pérez Salazar, portavoz del grupo municipal de IU Azuqueca de Henares.

Porque el Tiempo está cerca

Nuevos dirigentes van ocupando el poder en las naciones en crisis, allanada su marcha por una vieja clase política moribunda cuyo horizonte es continuar extrayendo de la administración recursos y privilegios para sí, con saqueos y podredumbres incluidas.

Se presentan como salvadores, gentes de acción, expeditivos, de ideas claras. Pero sus remedios son viejos, criminales y están manchados por la sangre de millones de inocentes.

Manipulan y amplifican el miedo que provoca una guerra declarada por asesinos integristas, en la que coinciden en su raíz el control imperial de los campos de petróleo de Oriente Medio, las guerras provocadas con millones de víctimas, la pobreza imperecedera, el fanatismo religioso y la corrupción innata de las satrapías islamistas.

Pero no sólo. Estos personajes también agitan, cínicamente, el espectro de las consecuencias del capitalismo depredador, de la acumulación del capital sobre la que se sostiene su enorme riqueza y poder.

Avanza con éxito en la política una generación de calígulas y nerones cuyas patologías peligrosas quedarían al descubierto mediante un simple examen psiquiátrico. Pero no importan sus trastornos y depravaciones, al menos a esa parte de la ciudadanía que está dominada por la irracionalidad y que, al  vivir huérfana de valores humanos, abraza sus locuras grotescas o se abandona al nihilismo estúpido de creer ajustarle las cuentas a los causantes de sus padecimientos, los políticos tradicionales, a su través.

Los hijos de Calígula son el reflejo de la degeneración universal en que vivimos. Coincide que en el peor momento las sociedades van eligiendo a los peores para dirigirlas, procedimiento que lleva al desastre seguro. Son una amenaza y van a acelerar un Apocalipsis que ya se intuía y que debemos parar, al menos por nuestros hijos, que no hay otra fuga al peligro que se nos viene encima que el sacrificio mártir de las gentes de bien.

Los nuevos salvadores van a dejar tamañitas las escatologías de Daniel y las trompeterías de San Juan. Suetonio pintaría un fresco horripilante de estos psicópatas, pero desaparecidos los intelectuales, entregadas las academias y disueltas las jerarquías de la verdadera autoridad, ya no quedan Suetonios en el mundo que nos cuenten lo que ocurre y que nos adviertan de lo que nos espera.

Emilio Alvarado Pérez, Concejal del grupo municipal de IU de Azuqueca de Henares

Señores del PSOE, por sus actos les recordaremos

“Viernes 16 de septiembre de 2011 a las 14:30 horas. Plaza de la Constitución, frente al Ayuntamiento de nuestra ciudad. Ese día a esa hora está convocada una concentración de profesores que trabajan en los colegios e institutos públicos de nuestra localidad. El motivo: el rechazo a los recortes brutales que el Gobierno del PP comienza a aplicar a la escuela pública. Las víctimas en Azuqueca, por el momento, son seis profesores por Instituto, dos de la Escuela de Adultos Clara Campoamor y todos los alumnos de esos centros. En cuanto a la provincia, el número total de profesores damnificados asciende a 130. En la Región unos 800. Como concejal de IU y profesor que soy, me acerqué a la protesta junto con mi compañera de grupo sin más pretensión que mostrar el apoyo a unas reivindicaciones que trascienden lo laboral.

La ausencia del PP en el acto de protesta contrastaba con la nutrida presencia de concejales del gobierno de Bellido en la concentración, algunos de ellos embutidos en camisetas reivindicativas. Esos mismo concejales socialistas que vitoreaban a los docentes en plena plaza pública, pocas semanas antes aprobaron sin pestañear sisarles dos meses de salario a otros profesores, los de la Casa de la Cultura. Esta imagen de la pura contradicción no aparece sola y del mismo ovillo salen otros hilos. Por ejemplo, los concejales del PSOE que se manifestaban con los profesores agraviados aprobaron en su día la reducción de salarios en la administración pública, estuvieron en contra de las protestas de los trabajadores públicos y privados que reivindicaban sus derechos cuando el Gobierno de Zapatero atentó contra ellos, admitieron el retraso de la edad de jubilación, consintieron la eliminación del impuesto de patrimonio, callaron ante la reforma alevosa de la Constitución sin consulta popular para instaurar el neoliberalismo como religión civil del Estado, dieron por bueno el desmantelamiento del Estatuto de los Trabajadores y accedieron al disparate de conceder sin ninguna clase de contraprestación dinero a espuertas a una banca irresponsable y depredadora que fue, por si a alguien se le ha olvidado, la que desencadenó la catástrofe económica que padecemos”.

Estas fueron las palabras del que en su momento era portavoz del grupo municipal de IU, Emilio Alvarado. Hoy, como compañera suya y actual portavoz de esta formación, las suscribo íntegramente y explicaré porqué.

Viernes 26 de febrero de 2016 a las 11:15 horas. A las puertas del Instituto San Isidro. Ese día a esa hora está convocada una concentración por alumnos y profesores para exigir la reversión de los recortes en educación y la recuperación de la calidad de la enseñanza pública en Castilla-La Mancha. Como concejala de IU, me acerqué a la protesta junto con mi compañera sin más pretensión que mostrar el apoyo a unas reivindicaciones justas.

La ausencia del PSOE en el acto de protesta nos ha llamado extraordinariamente la atención, cuando hace tan sólo unos meses, algunos de ellos se enfundaban la camiseta reivindicativa para protestar contra las políticas de recortes de Cospedal.

Sólo desde la hipocresía y el oportunismo puede entenderse el comportamiento  de estos señores, de lo contrario  se hace difícil, que los mismos que ayer se manifestaban en defensa de la educación pública, hoy no lo hagan porque gobiernan los suyos.

Sobre este asunto, como en tantos otros, Izquierda Unida puede mantener la cabeza muy alta. Defendemos los derechos sociales y lo público sin concesiones ni astucias. Nuestra postura sobre los derechos sociales y la importancia de la educación pública no ha hecho más que reforzarse, y a ello me ha ayudado la comprensión de la crisis. En estas cuestiones sabemos de qué lado hay que estar, siempre lo estuvimos, independientemente de la soledad experimentada cuando no estaba bien considerado defender lo que hoy está en peligro.

Por cierto, conviene recordar, por si se ha olvidado ya, que los concejales socialistas de Azuqueca de Henares, votaron en contra de la moción de IU, una de tantas, a favor de una educación pública de calidad.

De todas formas, de nada les vale a los socialistas manifestar en defensa de los servicios públicos, ni antes ni ahora, porque les recuerdo que fueron ellos los que establecieron un límite de gasto en nuestra Carta Magna priorizando absolutamente el pago de los intereses y el capital de la deuda sobre cualquier otra necesidad social, especialmente la educación y la sanidad públicas.

Así que señoras y señores del PSOE “por sus actos les recordaremos”. 

Mª José Pérez Salazar, portavoz del grupo municipal IU-Ahora-Azuqueca de Henares

El Código Penal del PP: caña al pobre

Con el PP intentar paralizar un desahucio es un delito castigado con pena de cárcel

Ya tenemos nuevo Código Penal, el Código Penal del PP.

El pasado 21 de enero se aprobó la reforma del Código Penal a pesar de los votos en contra de todos los partidos de la oposición, a excepción de UPN que es la marca del PP en Navarra.

Reformar el Código Penal era una obsesión del gobierno de Rajoy, al final resuelta en solitario por las muchas críticas que recibió del resto de los partidos, de organizaciones sociales y profesionales e, incluso, de los medios de comunicación afectos al régimen, por vulnerar importantes principios amparados por los estándares internacionales de los Derechos Humanos y del Derecho Penal.

De entrada, la reforma del Código Penal es un fraude de ley, pues ha sido realizada por la vía de urgencia para saltarse los preceptivos informes del Consejo de Estado y del Consejo Fiscal, necesarios cuando las leyes que se aprueban afectan a los derechos fundamentales.

Además, el texto resultante bebe de las fuentes jurídicas más reaccionarias y autoritarias, planteando un nuevo contexto penal más propio de un estado de excepción encubierto. Así, introduce la prisión permanente revisable, que no cabe en la Constitución, aumenta las penas para muchos delitos sin que haya fundamento penal para hacerlo, reprime la protesta ciudadana, pone parches variopintos en asuntos de extrema importancia y aplica un guante de terciopelo a los delitos de corrupción.

Pero no sólo lo anterior. El Código Penal del PP es un texto hipócrita, vengativo, autoritario y represor con el que se busca principalmente, por un lado, cambiar profundamente el modelo punitivo actual aumentando la represión y el control social sobre los ciudadanos para inocularles el virus del miedo, del silencio y de la desconfianza mutua y, por otro, facilita la amnistía de los delitos de guante blanco como el fraude, el tráfico de influencias, la malversación de caudales públicos, el blanqueo de dinero, el cohecho, la prevaricación, etc., a pesar de que estos delitos, que son las mil y una caras de la corrupción que nos come, hayan provocado el estado de calamidad en el que vivimos.

Esta es la reforma de la justicia penal del PP. No extraña atendiendo a su ideología y aus antecedentes. ¿Qué podíamos esperar de un Gobierno que ha desmontado la justicia universal, que está intentando, entre muchas otras barbaridades, impedir el derecho a decidir de las mujeres sobre su maternidad, que se niega a investigar y a castigar los crímenes franquistas, que está podrido por la corrupción o que recorta con saña los derechos elementales de las víctimas de la crisis, que ya van por los trece millones?

El PP dice que suprime las faltas para incrementar la eficacia de la justicia penal, lo cual es, como argumento, una falacia y, sin embargo, oculta que la supresión de éstas implica que el Código Penal pasa a ser mucho más severo, sin que exista ningún motivo para hacerlo excepto el espíritu de venganza y la obsesión por el control de la sociedad.

Tampoco cuenta el PP que la congestión que existe en los juzgados penales es menor que la que hay en los juzgados civiles y de lo contencioso-administrativo, por lo que no hay ninguna necesidad  de descongestionar a los primeros por la vía de cargar con más casos a los segundos.

En los supuestos en que las faltas se transforman en sanciones administrativas o civiles también se producen consecuencias que perjudican a la ciudadanía ya que, entre otras cosas, se incrementan los costes de la defensa, convirtiendo al acceso a la justicia en un imposible para millones de personas humildes que sufren la vulneración de sus derechos y que no cuentan con dinero suficiente para defenderlos en los tribunales.

En esta reforma se incluyen nuevos delitos que apuntan directamente hacia colectivos que no son un peligro para la sociedad, todo lo contrario, y contra movimientos con gran reconocimiento ciudadano como activistas, inmigrantes, personas sin recursos, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca o las Mareas, con el único objetivo de criminalizar la protesta social. Conductas como la venta del top manta, un hurto de poca monta en un supermercado, hacer un graffiti, resistirse pacíficamente en un acto de protesta, parar un desahucio o encerrarse en una sucursal bancaria para denunciar sus depredaciones serán castigadas con penas de cárcel gracias al nuevo Código Penal del PP.

Para el PP, y esto es el colmo, el orden público se puede alterar desde el sillón de nuestra casa y ser condenados por ello. Por ejemplo, una persona que difunda consignas de una manifestación por las redes sociales puede considerarse que está incitando a cometer un delito de alteración del orden público o podría ser acusada de cometer un delito de este tipo si se produce algún altercado en dicha acción, aunque no haya acudido a la manifestación, no conozca al autor del delito o no haya tenido nada que ver con su comisión.

Especial mención merece el nuevo texto del artículo 318 bis, que está dedicado a “Los delitos contra los derechos de los extranjeros”. Es voluntad del PP que se castigue a quien ayude a una persona en situación administrativa irregular a entrar o transitar por el Estado español, salvo cuando se realice por razones humanitarias. Sin embargo, no se define qué se entiende por “prestar ayuda por razones humanitarias”, lo que deja un amplio margen a la interpretación del juzgador. ¿Habrá que esperar a que la persona en cuestión sufra malnutrición o tenga una enfermedad grave para poder prestarle ayuda sin que tales actos se conviertan en constitutivo de delito? Para el PP, el simple hecho de ayudar a una persona en situación irregular como puede ser ofreciéndole alojamiento, llevarle en coche o cualquier otra conducta similar, podrá ser sancionado penalmente si no es considerado ayuda humanitaria. Además, se penaliza a quien ayude, con ánimo de lucro, a una persona que se encuentre en situación irregular en España. Esta puntualización permitirá castigar a quien le alquile una vivienda o una habitación, a quien preste asistencia médica o jurídica o al que realice cualquier servicio profesional a su favor cobrando por ello. ¿Tendrán que comprobar los panaderos la situación de una persona inmigrante antes de venderles una barra de pan?

La reforma del Código Penal ha sido anunciada por el gobierno como una medida contra la corrupción, una intención que no se corresponde con el contenido real del texto porque ni se agravan todas las penas, ni se trata a todos los ciudadanos por igual.

Por ejemplo, se rebajan las penas de los delitos de corrupción cometidos por funcionarios públicos (malversación de caudales públicos), no se aprovecha para sancionar las grandes estafas y, además, con la Ley de Amnistía Fiscal que entró en vigor en enero de 2013, lo que se ha hecho es institucionalizar un doble rasero entre los delitos cometidos contra la Seguridad Social y los cometidos contra la Hacienda Pública. Si el cobro indebido de prestaciones de la Seguridad Social es delito desde el primer euro, el fraude sobre las cuotas a la Seguridad Social no es delito si no supera los 500.000 euros.

Tampoco debe pasar desapercibido el hecho de que el delito fiscal sólo tenga reproche penal si supera los 120.000 euros anuales, lo cual quiere decir que aquel que tenga ingresos suficientes para defraudar por encima de esa cantidad se enfrenta a una pena de prisión de entre 1 y 5 años, así como a una multa que puede alcanzar seis veces la cifra escamoteada al fisco.

En la legislatura de los papeles de Bárcenas, de la financiación ilegal del Partido Popular, de la trama Gürtel, del caso Noos, de la operación Pokémon, de la operación Púnica y de un sinfín de escándalos de corrupción que apuntan al PP, el Gobierno de Rajoy ha decidido no aumentar las condenas de cárcel, ni tipificar como delictivas las desorbitadas retribuciones y jubilaciones que se ponían a sí mismos los directivos de las cajas, siendo aplastante mayoría los que salieron de sus filas.

Al introducir el delito de financiación irregular de los partidos la oposición considera que el PP da una definición “vaga” porque ha establecido el umbral de lo delictivo en 500.000 euros. La prueba es que con el nuevo Código Penal del PP, Luis Bárcenas podría seguir siendo tesorero del PP. No es de extrañar que a su salida de prisión Bárcenas afirmara “no me arrepiento absolutamente de nada. Volvería a actuar exactamente igual”, al sentirse respaldado por unas leyes penales que le ampararían. Por debajo de esa cantidad, los 500.000 euros, no habrá reproche penal para los mangantes que entreguen o reciban dinero con la finalidad de financiar irregularmente a un partido. Todo aquel que hinche la caja B de un partido con una cifra inferior a esa, aunque sólo sea por un céntimo, no tendrá castigo, ni penal ni administrativo, lo cual le viene muy bien al PP, acostumbrado a recibir más que presuntamente cantidades millonarias de poderosos donantes que nunca donan nada desinteresadamente.

Con la que está cayendo, el Partido Popular propone una reforma en caliente, a golpe de telediario, para sacar el máximo rédito electoral, endureciendo determinadas penas, salvo las que tiene que ver con la corrupción, con lo cual se constata una vez más por dónde van sus intenciones.

El PP utiliza la prisión permanente revisable para convencernos de que es necesario un endurecimiento de las penas, cuando lo que realmente pretende es criminalizar la protesta social siguiendo la estela de la Ley Mordaza del Ministro del Interior, Fernández Díaz.

El PP intenta acallar la protesta ciudadana mediante la aplicación de castigos desproporcionados para impedir la libre expresión popular, indignada ante las políticas antisociales de su gobierno.

Penas de cárcel abusivas, reformas legales sin más procedimiento que el Decreto sin debate en las Cortes y abusando de una mayoría absoluta obtenida con engaños. Esta es el camino penal del PP.

El PP está haciendo de la Justicia española el “cachondeo” que hace veinte años denunciara el alcalde de Jerez de la Frontera, Pedro Pacheco.

El PP está empeñado en controlar a los jueces dando mayor poder a aquellos que  hacen la “vista gorda” con su corrupción y poniendo en manos de los ideológicamente afines la represión de cuanto ciudadano manifieste su descontento ante su política económica y social que machaca a millones de personas.

Junto a Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como “Ley Mordaza” y a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, actualmente en trámite en el Senado, se apuntalan los tres vértices de un aparato legal que ataca los derechos fundamentales de las personas que ya no pueden resistir tanta corrupción, tanta desvergüenza y tanta miseria.

Este es el legado penal del PP. Una pena.

María José Pérez Salazar forma parte del consejo político local de IU de Azuqueca de Henares y es candidata a la alcaldía.

Los presupuestos para 2015: un brindis al sol por la precariedad y la desigualdad

Esta es la herencia recibida del PP

Hace poco más de un mes vio la luz el VII Informe sobre exclusión y desarrollo social en España 2014 elaborado por la Fundación FOESSA (Fomento de Estudios Sociales y Sociología Aplicada) y Cáritas.

El informe ofrece elementos para la preocupación dadas las consecuencias que la crisis ha tenido sobre la mayoría y el aumento de la desigualdad social. También denuncia la progresiva degradación democrática y social consecuencia de un sistema que genera desigualdad salarial, limita la capacidad redistributiva y reduce el sistema de prestaciones público.

Los recortes que se han llevado a cabo durante estos años de crisis han elevado el porcentaje de hogares españoles con problemas de privación de material y pobreza monetaria en un 50%. Las medidas del gobierno se han cebado con las rentas más bajas llevándose por delante diez años de progreso salarial para las familias con hijos, a lo que hay que añadir un paro que ronda los 6 millones de personas, que más de un millón de hogares carecen de ingresos y que la protección por desempleo ha caído un 40%, lo que significa que cada vez hay menos personas que cobran prestaciones sociales.

Que sólo el 34% de los ciudadanos se encuentre en situación de integración social plena, entiéndase, que cumple con los indicadores sociales clásicos de educación, vivienda, sanidad, empleo, cultura, movilidad, pensiones, etc., cuando en el 2007 superaba el 50%, significa que la exclusión social ha ascendido un 25% y que atañe a más de 11,7 millones de personas. La precariedad afecta a ámbitos básicos como la vivienda (con casi el 62%), la salud (un 46%) y el empleo (superior al 77%). También se encuentra generalizada la vulnerabilidad de la juventud, dado que el 35% de los jóvenes vive en hogares excluidos y el 27% de los jóvenes desocupados está fuera del sistema educativo.

No cabe duda que tanto en su dimensión social como económica, los efectos de la crisis proyectarán su huella en el futuro por lo que podemos hablar de una generación hipotecada, como la denomina el informe, en la que los efectos de la crisis “se dejarán notar con mayor virulencia en los cuerpos sociales más frágiles entre los que se encuentran los y las jóvenes de hoy.”

En este sentido, es importante hablar de la educación como mecanismo preventivo de los procesos de exclusión social. El gobierno del PP ha recortado su presupuesto un 25% desde que empezó a gobernar, lastrando la igualdad de oportunidades y profundizando la desigualdad social. El aumento del 4,5% en los PGE del 2015 sólo sirve para la implantación de la segregadora ley Wert que consolida la desigualdad.

Capítulo especial por su crueldad clasista son las partidas presupuestarias destinadas a garantizar la equidad a favor del alumnado de entornos sociales desfavorecidos. El recorte no puede ser mayor al perder casi el 90% de los fondos, pasando de los 170 millones cuando el PP comenzó a gobernar, a 70 millones el año pasado y, hoy, se ve reducida a un testimonial 5,2 millones en los Presupuestos del 2015. Estas cifras reflejan el nulo interés que tiene este gobierno en las políticas de apoyo a los estudiantes con mayores dificultades o más necesidades, lo que significa eliminar una herramienta de integración de sus políticas educativas.

No merece un menor reproche la partida presupuestaria destinada a becas porque mantiene la misma cifra ridícula del 2014 (que fue de 1.467 millones), pasando a 1.469 millones de euros. Si tenemos en cuenta que ya venimos de sendos recortes en la partida (210 millones menos en el curso 2011-2012 y 75 millones en el 2013-2014) y teniendo en cuenta que, además, el número de estudiantes es mayor, la cuantía de las becas ha bajado sustancialmente, a lo que se añade que se reparten de manera menos equitativa según vienen denunciando los estudiantes y las asociaciones que los representan.

UNICEF, en otro informe titulado Los niños de la recesión, alerta sobre cómo ha afectado la crisis económica global a los más pequeños en un estudio realizado en 41 países de la OCDE y la Unión Europea. La conclusión del informe no deja lugar a dudas y señala a los más pequeños como el grupo social más perjudicado por la crisis: 76,5 millones viven por debajo del umbral de la pobreza, 2,6 millones más que en 2008.

En España las consecuencias de la crisis son muy preocupantes, según advierten desde UNICEF, organismo poco sospechoso de pertenecer al ámbito de la izquierda, al igual que Cáritas o la Fundación FOESSA. Según UNICEF, el Estado no ha sido capaz de proteger a los menores debido a que no existían “políticas arraigadas centradas en los niños” previas a la crisis, y “la inversión en el sistema de protección a la familia y a la infancia no era ni es suficiente ni eficiente”. El gasto público destinado a las familias con hijos es de sólo el 1,4% del PIB frente al 2,3% de la eurozona. Esto representa un porcentaje muy bajo para un país que ha sufrido un incremento de la pobreza de 8,1 puntos en cuatro años y que tiene un 36,3% de menores (2,7 millones) en situación precaria. Sólo Grecia (40,5%) y Letonia (38,2%) reflejan una situación peor.

Los datos sobre pobreza infantil en España no son una causalidad ni un accidente. Son el resultado de los importantes ajustes fiscales y de los recortes en prestaciones sociales, así como de las devaluaciones salariales y la descomposición del mercado de trabajo que cambia empleos estables por temporales y/o parciales.

Contrasta esta crueldad con una política fiscal regresiva que regala a las empresas una cantidad próxima a los 6.000 millones de euros entre exenciones y desgravaciones, por un lado, y bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social, por otro.

Según el informe FOESSA, el modelo productivo español especializado en actividades de baja productividad contribuye a explicar el fenómeno de los bajos salarios. Gran parte de los puestos de trabajo que se crean son de baja calidad y, por lo mismo, se destruyen con facilidad. Únese a esto que hay un marco institucional que agudiza el problema ya que la legislación no corrige el excesivo uso de contratos temporales, el salario mínimo se ha demostrado demasiado bajo y la negociación colectiva no está orientada a reducir las diferencias salariales, lo que demuestra el fracaso de las sucesivas reformas laborales.

Las conclusiones son demoledoras. Se hace necesario un aumento del gasto social para reducir la desigualdad y la precariedad, aproximándolo a la media de la Unión Europea. Frente a la ausencia de ingresos que impulsa Rajoy, es imprescindible una reforma fiscal progresiva que permita al Estado recaudar más para financiar políticas activas de empleo y de protección social, sin olvidar, por supuesto, la lucha contra el fraude fiscal.

Se hace más necesario que nunca un nuevo modelo productivo ecológicamente sostenible. Esto sólo se puede lograr con un incremento sustancial de la inversión en I+D+i y ciencia, frente al recorte del 40% y la penalización a las renovables que ha planteado el PP en los presupuestos del 2015.

El Estado debe ser garante del empleo, la vivienda y de los derechos fundamentales de la mayoría social. Hay que romper las cadenas del mercado y de las élites financieras que desde la sombra fiscalizan las decisiones políticas para adecuarlas a los intereses de una minoría selecta. El diagnóstico es grave como lo demuestran cada vez más informes internacionales que instan a cambiar de rumbo y apostar por el rescate de los ciudadanos. Afortunadamente, hay alternativa.

Miguel Ángel Márquez es el Coordinador Local de IU

Ley Modarza

Cayo Lara, coordinador federal de IU, protesta en la escalinata del Congreso contra la Ley Mordaza del PP

El pasado 16 de octubre, el PP volvió a utilizar su mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados para tumbar las nueve enmiendas presentadas por todos lo grupos de la oposición contra su nueva Ley de Seguridad Ciudadana.

De este modo tan peligroso inició el texto su tramitación parlamentaria, al que siguió un debate en el que participó el Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y en el que no faltaron momentos de tensión.

El ministro popular, opusdeísta y extertuliano de la Cadena Ser, defendió con fanatismo el proyecto de ley como un texto “profundamente garantista” (…) “con perfecto encaje en el ordenamiento jurídico” y que es “fruto de la necesidad de recoger las conductas incívicas tras 23 años de vigencia de la ley actual”, frases que son una sarta de mentiras tan grandes como que Monago pagó de su bolsillo sus viajes privados a Canarias, a Fabra siempre le toca el gordo de Navidad o todos los tesoreros del PP son personas honradas.

También en el mundo jurídico se oponen a esta reforma. Entre otros, Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales, que afirman que el proyecto tiene “un marcado carácter represivo, con tintes anticonstitucionales e ideado para acallar las críticas sociales”, juicio que sí parece ajustado a la realidad y no los embustes y cuentos de Fernández.

En un gobierno donde la desvergüenza no conoce límite, que cree que basta una mentira o una disculpilla para tapar su podredumbre, al que le parece estupendo que dieciséis familias con apellidos de relumbrón atesoren la misma riqueza que catorce millones de pobres, “saltarse a la torera” la opinión de los juristas es peccata minuta.

Cuando el Gobierno anunció su reforma de Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana sabía que muchos de sus planteamientos eran inconstitucionales, lo cual no le importaba, acostumbrado a legislar para sí y los suyos, mayormente para tapar sus expolios y fraudes.

Al repudio de partidos políticos, movimientos sociales y juristas se sumó Amnistía Internacional, lo cual llevó al Gobierno a maquillar su intención de declarar la guerra a la sociedad por la vía de criminalizar la protesta legítima. Por eso remitió un nuevo texto al Consejo de Estado en el que, al parecer, se contemplaban algunas de las objeciones del Consejo General del Poder Judicial y se matizaba el planteamiento puramente policíaco-represor del texto inicial.

En lo que respecta al derecho de reunión y de manifestación, las principales rectificaciones se refieren a las identificaciones, los controles, los cacheos, la responsabilidad por altercados, la grabación de las actuaciones policiales y las concentraciones frente a los órganos legislativos. En el nuevo texto, las reuniones ante el Congreso, el Senado o los parlamentos autonómicos serán sancionables cuando ocasionen una perturbación grave de la seguridad ciudadana, lo que ya contempla la normativa vigente. El texto inicial pretendía que los organizadores de reuniones o manifestaciones asumieran la responsabilidad de las acciones de terceros durante su desarrollo, lo que suponía un golpe al derecho de protesta porque ninguna organización iba a estar dispuesta a responder por los actos individuales de cada uno de los participantes.

En cuanto a las identificaciones policiales en la vía pública, la nueva redacción las limita a los supuestos de prevención de delitos, nunca frente a una sanción administrativa. Serán trasladadas a comisaría sólo las personas cuya identidad no pueda comprobarse en la calle y que hayan consumado la infracción. Tampoco hay demasiados cambios sobre la legislación actual, que es sistemáticamente incumplida por la policía, en concreto, con la práctica de las identificaciones por perfil racial.

El nuevo texto restringe los controles en la calle, que sólo se podrán realizar para localizar al autor de un delito de especial gravedad o generador de alarma social, un concepto jurídico este último indeterminado que podría ser el coladero del “todo vale”.

Respecto de los cacheos, sólo se podrán realizar para prevenir o esclarecer un delito, sin quedar claro si se aplicarían para infracciones administrativas como, por ejemplo, la tenencia de sustancias estupefacientes para autoconsumo, fijándose además que el traslado a comisaría para la identificación de personas no puede superar el plazo máximo de seis horas.

Una nueva infracción leve que se incluye en el texto, que supone una sanción que oscila entre los 100 y 1.000 euros de multa, es la de perder el DNI en tres o más ocasiones en un plazo de tres años.

Aunque la jurisprudencia sobre grabación de imágenes de agentes de policía en el ejercicio de sus funciones ha tendido generalmente a autorizarlas, el nuevo texto plantea sancionar no ya el registro de imágenes sino su uso cuando pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes. Esta redacción también crea un concepto jurídico indeterminado ya que cualquier agente puede considerar que ser fotografiado atenta contra su seguridad, por lo que el margen de arbitrariedad es amplio, con el perjuicio que puede suponer para el derecho a la libertad de información.

La principal novedad es la introducción de una graduación de las sanciones graves y muy graves, con tres tramos diferenciados: mínimo, medio y máximo. Para fijar el tramo correspondiente, se consultará el registro de infractores que también se crea con esta reforma pero que en el nuevo texto no tiene ya la finalidad de apreciar la reincidencia, sino de controlar la multireincidencia para determinar la cuantía económica de las sanciones a aplicar.

Con estos cuatro brochazos el Gobierno de Rajoy pretende saltar las trabas constitucionales para imponernos un texto que atenta gravemente contra el ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos reconocidos tanto en nuestra Constitución como en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El Gobierno oculta que el contenido fundamental del articulado va dirigido a obstaculizar y sancionar el derecho a la libertad de expresión y de reunión, puesto que 27 de las 58 infracciones recogidas en la ley están directamente relacionadas con el derecho que tenemos los ciudadanos y ciudadanas a expresar nuestra opinión y hacer valer nuestras ideas en la calles, ese espacio público que es de todos y cada uno de nosotros.

El proyecto del ministro no busca proteger a la ciudadanía por mucho que su título lo afirme, porque en los encabezamientos de las leyes espurias siempre están las mayores mentiras, sino blindar a un Gobierno autoritario y corrupto de la ira de un pueblo que está harto de sus depredaciones y saqueos.

El ministro Fernández nos quiere aplicar una ley represora ideada para actuar contra las respuestas de la sociedad a la crisis-estafa y a las políticas de austeridad, robo y latrocinio del PP.

Mientras la justicia actúa rápidamente contra huelguistas y manifestantes que muestran su descontento pacíficamente en las calles, los juicios contra los corruptos y prevaricadores se eternizan y los millonarios protegidos por amnistías y paraísos fiscales se siguen riendo del común.

La ley del ministro busca socorrer a los corruptos del PP ante los ciudadanos a los que, además, el gobierno roba, engaña y apalea, utilizando contra ellos a la policía que pagamos todos, funcionarios que si cumplieran con su labor tal y como está tasada en la ley, tendrían inmediatamente que llevar ante el juez de guardia al gobierno entero.

Lo que España precisa con urgencia es una nueva Ley de Seguridad Ciudadana, pero para protegernos del gobierno del PP. Manos a la obra ya.

En un Estado como el nuestro donde los derechos fundamentales se han convertido en  papel mojado, en el que el desempleo alcanza cifras desorbitadas, donde cada vez hay más pobres y en el que resulta mucho más grave ultrajar a un símbolo abstracto que arruinar a una nación entera o echar a los ciudadanos de sus casas a porrazos, la forma más directa de protesta, de rebeldía social y de dignidad que queda es la manifestación, la concentración, la ocupación de las calles de forma pacífica.

El gobierno del PP dice que “a la calle no”, que no salgamos, que nos quedemos en casa como mayoría silenciosa, que seamos invisibles rumiando la desesperación. Busca que sigamos apalancados en casa sin tejer relaciones con otros, sin organizarnos colectivamente, delante del televisor, mientras se nos ofrecen algunos realities socio-políticos de poca monta para que nos desfoguemos en privado.

Rajoy y sus ministros saben que si nos quedamos en el sillón se mantendrán en las poltronas. Sillón a cambio de poltrona, eso es lo que quiere el ministro Fernández. Y si no se acepta el trato, porrazo, multa, inhabilitación y cárcel.

La razón de la reforma del PP es reforzar la actividad punitiva del Estado para proteger a los corruptos del número 13 de la calle Génova utilizando para ello la capacidad sancionadora de la administración.

El proyecto del gobierno busca imponer el miedo en el ciudadano que no se resigna, al que trata como enemigo.

Lo que ocurre es que, como dijo Montesquieu, “cuando se busca tanto el modo de hacerse temer, se encuentra siempre primero el de hacerse odiar.

María José Pérez Salazar forma parte del Consejo Local de IU de Azuqueca de Henares

El Ébola y Mato, pareja letal

Mato "haciendo un perfil" ante los periodistas 

El gobierno del PP nos juró que el sistema sanitario público, el mismo que malbarata y destruye a conciencia, estaba preparado para recibir a los enfermos españoles contagiados por el virus del Ébola. Nos mintió.

Debido a los recortes del PP, el hospital Carlos III estaba siendo desmantelado en cuanto único hospital de referencia especializado en enfermedades infecciosas en España.

Quiere esto decir que Rajoy y su gobierno ingresaron a enfermos infectados de Ébola en un hospital que ellos mismos habían convertido en un centro de media y larga estancia, especialmente para personas mayores y crónicos, al que le habían cerrado los laboratorios de microbiología, los cuidados intensivos y las urgencias.

Se instaló a los enfermos en una planta del hospital que hasta la víspera había permanecido cerrada y acumulando polvo, una más de las que el PP ha clausurado en todo el país mientras que los pacientes se hacinan en pasillos y salas de espera.

A la vez que la enferma y los que guardan cuarentena son atendidos, en otras habitaciones contiguas aún se ejecutan a la carrera algunas chapucillas con llana, taloja y paletín, por si las cosas se ponen feas.

Esta es la consecuencia de tener un gobierno sumiso a la doctrina que sostiene que es mejor rescatar a los banqueros y demás sinvergüenzas (especialmente si son amigos o camaradas del partido) que atender a los enfermos como se merecen o estar listos ante contingencias y alertas sanitarias que se nos vienen encima por la miseria rampante, la presión demográfica, la degradación del medio ambiente y el aumento exponencial del tráfico de personas y de bienes por todo el mundo.

Pero el PP no sólo cometió la temeridad de llevar a enfermos de fiebres hemorrágicas a un hospital sin condiciones, aumentando exponencialmente el riesgo de contagio. Los médicos y demás personal sanitario han denunciado hasta el cansancio que se no se les proporcionaron trajes de aislamiento adecuados y suficientes, que no recibieron la formación para utilizarlos de manera segura y que las instalaciones del hospital no cumplían los requisitos para realizar su trabajo como mandan las reglas de la medicina y el sentido común.

Hasta el más simple barrunta que sin medios ni entrenamiento no hay lucha que valga contra el virus del Ébola, ni contra la gripe u otra enfermedad contagiosa, porque tan importante como curar a los infectados es evitar que se propague la enfermedad.

Se suma a las temeridades y mentiras anteriores la demolición que sufre la sanidad pública a manos del PP. La relación de hachazos sofoca y va desde el despido de miles de sanitarios al recorte brutal de los presupuestos, pasando por los repagos o la retirada de la asistencia sanitaria a las criaturas que no tienen regularizada su situación administrativa, lo cual ha provocado muertes evitables y puesto en peligro a la población, que es ahora más proclive a contagios tanto de enfermedades nuevas como emergentes y reemergentes, algunas de ellas mortales, gravísimas y que dejan secuelas de por vida.

Se completa la memoria de puñaladas con el tajo practicado a las partidas de cooperación, con la ideación malintencionada de que las desgracias que ocurren a miles de kilómetros no nos conciernen y que las causas humanitarias son un despilfarro, porque o se combate al Ébola en Liberia, Sierra Leona o Guinea o, si no, lo tendremos en nuestra casa descontrolado y rabioso.

Como las mentiras del PP eran tan burdas, sus dirigentes se agarraron a la letanía del protocolo y al fallo humano para librarse de la acusación que les apuntaba. Repitieron machaconamente que aplicaron las normas (lo cual tampoco es cierto porque una enferma sospechosa de Ébola no puede subirse a una ambulancia que luego utilizan otros pacientes sin haber sido desinfectada) y que la sanitaria contagiada era culpable de la desgracia, cuando en verdad el contagio se pudo producir por una mezcla de tensión, impericia, falta de medios y de órdenes claras, es decir, por la desorganización organizada por un gobierno incompetente.

Esta vez la realidad pesó más que las mentiras del poder. El Consejero de Sanidad de Madrid, en el que descubrimos la figura del rinoceronte encelado metido en política, hubo de recular excusando sus cornadas y otras coces. Para salvarse, Rajoy decidió cargarle el mochuelo a la Ministra de Sanidad, efigie ya amortizada por escándalos varios tocantes siempre al uso y disfrute de dinero sucio, exponiéndola a la calcinación rápida en la hoguera de su incapacidad. Terminada la combustión de la ministra y convertida ya en puro carboncillo, Rajoy nombró a su segunda para mejorar lo presente, lo cual era tarea fácil porque es imposible no hermosear lo previo si tal cosa es un descalabro completo, una ruina.

Afortunadamente, la sanitaria contagiada parece vencer a la enfermedad, aunque no se descartan más casos porque la epidemia en África está desbocada.

Demasiadas mentiras para una sociedad harta de la mentira. Pocas mentiras, en cambio, para un gobierno adicto al engaño al que no le importa poner en riesgo la salud y la vida de todos. ¿Hasta cuándo?

Emilio Alvarado Pérez es portavoz del grupo municipal de IU de Azuqueca de Henares

El PSOE, el PP y los Borbones

El pasado 16 de septiembre, el PP y el PSOE volvieron a interpretar su papel de garantes fieles de la monarquía. Lo hicieron para tumbar la moción presentada en el Congreso de los Diputados por el grupo parlamentario de la Izquierda Plural en la que se pedía la convocatoria de un referéndum sobre la forma de Estado.

La propuesta de IU era tan clara como atenida a derecho: ”hacer uso del artículo 92 de la Constitución española de 1978, cuyo punto 1 establece que las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos, y cuyo punto 2 establece que el referéndum será convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados, para que el pueblo español tenga la oportunidad de opinar sobre la forma política del Estado y elegir entre República o Monarquía”.

El bipartidismo, artificialmente sostenido por una ley electoral que vulnera la proporcionalidad y que es cada vez más rechazada, impidió con sus votos que el pueblo pudiera expresarse libremente sobre el modelo de Estado. 

Nada sorprendente porque en los últimos años los dos partidos que se alternan en el poder han estado de acuerdo en cuestiones claves que han afectado sobremanera a los ciudadanos: por ejemplo, en la ley 15/97 que autoriza la participación de empresas privadas en la gestión del sistema sanitario, en la reforma de la ley de cajas para convertirlas en bancos, en las leyes de extranjería que dejan sin derechos de ciudadanía a miles de personas, en la falta de voluntad de ambos partidos para perseguir la corrupción (sobre todo la interna), en la votación conjunta contra la dación en pago o en la reforma constitucional aprobada en el año 2011 mediante la cual se salva a los acreedores privados a costa de condenar a los ciudadanos con recortes y pérdida de derechos.

Tocados y cada vez más tambaleantes, PP y PSOE se agarran mutuamente para sostenerse. Como socios que se han repartido el poder desde la transición, se esfuerzan ahora por ser los guardianes de la caduca y trasnochada institución monárquica a la que tanto le deben y que tanto les debe.

Esta alianza entre los partidos dinásticos y el trono es un pacto, uno más, para apuntalar la escenografía teatral de la monarquía, institución de opereta, legado de un dictador cuya segunda versión se pavonea exultante en las páginas del papel couché tras la abdicación forzada de Juan Carlos I.

Lo vergonzoso del caso resulta ser la actitud de ambos partidos queriéndonos ocultar la realidad. La naturaleza sistémica de la crisis ha empujado al bipartidismo a aferrarse a la monarquía como salvavidas y la corona se agarra al PP y al PSOE, sin percatarse ni unos ni otros de que los vientos de la historia les van a sacar, más pronto que tarde, de sus poltronas. Al tiempo.

Izquierda Unida había planteado en numerosas ocasiones en el Congreso de los Diputados la necesidad de que el pueblo español se pronunciara sobre el modelo de Estado, aunque sin ningún éxito por el boicot del PP y del PSOE. Pero en esta ocasión logró forzar una votación en la cámara sobre la propuesta de un referéndum. Fue ésta la primera vez desde la transición en que una iniciativa así pudo ser sometida al voto de los diputados, tras la interpelación urgente planteada por Alberto Garzón una semana antes, la cual provocó la airada respuesta de la número dos del gobierno del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, que reprochaba a IU que “instara al Ejecutivo a incumplir la Constitución y las leyes”. En su diatriba contra el diputado de IU, a la vicepresidenta no se le ocurrió otra cosa que calificar la propuesta de referéndum de “ilegal” y “contraria a la Constitución”, olvidando por completo su condición de abogada del Estado, el temario de la oposición que la llevó a ocupar tal plaza de funcionaria y, también, el espíritu de la Constitución de 1978 a la que, por cierto, su partido y ella misma no dudan en pisotear cuando les conviene, que es casi siempre.

IU presentó su moción el día 11 de septiembre, un texto breve en el que el grupo parlamentario liderado por Cayo Lara explicaba que “los escándalos de la Casa Real no dejan de emerger a la superficie”, refiriéndose concretamente al caso Noos , y denunció que “parece como si de la brecha abierta en la Casa Real dependiese todo el entramado político del país”, que estamos “ante una estrategia que pasa por rescatar a la monarquía para salvar así al régimen político”, que “España está en una situación de emergencia social”, que “nuestra sociedad se encuentra en un proceso de desintegración como consecuencia de la gestión neoliberal de la crisis económica y sus dramáticos efectos sociales, políticos y culturales” y que, en este contexto, se han producido todos los “rasgos de la cohabitación entre una élite política corrupta y una élite económica corruptora que juntas han sabido utilizar el régimen político del 78 como su terreno de juego más idóneo”.

Pero el texto de IU no se quedaba en la denuncia. Planteaba la importancia del referéndum aludiendo a dos conceptos claves para nuestra sociedad: iniciar un proceso de esperanza para que el pueblo tome las riendas de su futuro. La moción lo afirmaba en estos términos: “Desde las trampas electorales hasta las reformas constitucionales, el proceso de involución democrática es el reflejo del temor a las mayorías sociales y a las fuerzas políticas que planteamos un proyecto alternativo de país. El temor de la oligarquía es la fuerza de la mayoría social”. “La posibilidad de que el pueblo español opine sobre la forma política del Estado es claramente un punto básico para iniciar un proceso de esperanza para el país. El Gobierno tiene la posibilidad de facilitar al pueblo la oportunidad de coger las riendas de su futuro más allá de la estrecha y limitada opción de votar cada cuatro años en las elecciones”.

¿Qué hizo el PSOE? Algunos ingenuos aún creían que apoyaría la moción de IU, pero se equivocaron. Los diputados socialistas olvidaron eso que llaman “su alma republicana” y, claro, como el alma no existe, pesaron más en su voto sus ambiciones terrenales, las más ligadas a sus intereses materiales o la simple y pura sumisión al poder establecido.

Comprobamos, por tanto, que el PSOE liderado por Pedro Sánchez es tan monárquico como el de Alfredo Pérez Rubalcaba o el de Felipe González, con sus peajes, ocultaciones y miserias de consuno con la Zarzuela. Nada hay nuevo bajo el sol socialista.

La portavoz socialista, Meritxell Batet (del mismo apellido de aquel ilustre y admirable general, Domingo Batet, fusilado en 1937 por Franco por mantenerse leal a la II República) justificó el voto en contra de la propuesta de IU reiterando su apoyo a la monarquía y manifestando que el PSOE renunciaba al republicanismo en aras del consenso y de la convivencia.

No extraña lo que hizo y dijo la diputada socialista, que en su web oficial se declara colaboradora del imputado (y futuro acusado) Narcís Serra (que es el Blesa-Rato del PSOE) que junto con otros compinches llevó a Caixa Catalunya a la ruina, y que es consorte, además, de José María Lassalle, Secretario de Estado de Cultura del PP.

Nuestros argumentos no pudieron con el apoyo dinástico brindado por el bipartidismo, de modo que la moción fue rechazada por 274 votos, por 26 a favor y 15 abstenciones. Toda una lección de principios por la república que quedará registrada en el Diario de Sesiones para conocimiento general y recordatorio de olvidadizos.

El bipartidismo es el principal obstáculo que impide la realización de políticas de izquierda. Nos dirán sus protagonistas que hay “diferencias entre el PP y el PSOE”, que “no son lo mismo”, porque en ello les va la legitimidad. Y claro que las hay porque de lo contrario el tinglado se vendría abajo, pero son de barniz, superficiales, nimias, pequeños detalles insustanciales que no llevan a ninguna parte.

Los dirigentes del PP y del PSOE escenifican diferencias “radicales” en debates dramáticos con insultos y descalificaciones, pero con mucho truco y trastienda, como los tripazos en el pressing catch que no engañan ni a los niños de pecho, porque en esas supuestas disputas el resultado está amañado.

He aquí la razón de que el PP y el PSOE garanticen por todos los medios la continuidad de la monarquía, entendida como el eje organizador del bloque de poder e instrumento de cohesión entre una élite económica y política que gobierna el país desde hace cuarenta años. Por eso asustó tanto al bipartito el hundimiento de la monarquía en el que estaba empeñado Juan Carlos I y su familia, con sus corrupciones gravísimas, francachelas y otras monterías. Había que provocar con urgencia la sucesión y fiar el futuro de la corona a Felipe, un cambio de imagen acompañado de la debida publicidad disfrazada de noticia en los grandes medios de comunicación, cosa que padecemos a diario desde entonces en televisiones y radios oficiales.

El precio de la operación se cargó a los ciudadanos, como es habitual, hurtándoles el derecho a decidir cómo quieren organizar la jefatura del Estado, ahora que era el momento tras la abdicación.

El PSOE y el PP han conspirado contra los ciudadanos. Poco importa que se llamen de centro, socialistas, republicanos de adn y demás pamplinas, porque en lo esencial son lo mismo.

Gracias al bipartito tenemos dos reyes y Felipe VI respira tranquilo mientras que nadie habla ya de los Urdangarines, infantas, Corinas, amigazos del IBEX-35 y demás socios de correrías palaciegas.

María José Pérez Salazar forma parte del Consejo Político Local de IU de Azuqueca de Henares.

Yo te perdono

El poder legisla a su conveniencia y perdona a los suyos. Mientras, al pueblo, badana

La imagen pública del indulto está muy desacreditada, lo cual no extraña si tenemos en cuenta su mal uso, su abuso, por los consejos de ministros de los gobiernos del PSOE y del PP.

Comencemos definiéndolo: el indulto es una causa de extinción de la responsabilidad penal que supone el perdón de la pena. Es diferente, por tanto, a la amnistía, que supone el perdón del delito. Por el indulto la persona sigue siendo culpable pero se le ha perdonado el cumplimiento de la pena.

La figura del indulto se regía por la Ley de 18 de junio de 1870, que regula el “ejercicio de la gracia de indulto”. Esta ley fue modificada en 1988 por un gobierno de Felipe González, singularmente en lo relativo a anular la obligación de motivar el indulto, lo cual sorprende porque las sentencias han de ser motivadas y se ha de motivar, también, la responsabilidad penal y muchas otras decisiones administrativas, pero no el indulto total (comprende la remisión de todas las penas a que hubiere sido condenado el reo y que aún no hubieren sido cumplidas) o parcial (supone la remisión de alguna o algunas de las penas impuestas o su conmutación por otras menos graves).

La figura del indulto hunde sus raíces en la potestad de los monarcas absolutos para conceder medidas de gracia a sus súbditos. El advenimiento del parlamentarismo no impidió que se mantuviera esta figura jurídica, longeva, de rancia tradición histórica, siempre de actualidad, pero construida sobre arenas movedizas y ahora en manos de ejecutivos elegidos democráticamente.

El indulto lo concede el Consejo de Ministros en nombre del Rey, a instancias del Ministerio de Justicia y lo pueden solicitar los penados, sus parientes o cualquier otra persona en su nombre (sin necesidad de que acredite la representación del penado) el tribunal que condenó, el Tribunal Supremo o el fiscal de cualquiera de ellos, el juez de vigilancia penitenciaria, la Cofradía de Nuestro Padre Jesús el Rico, (privilegio concedido por Carlos III) el jurado en el caso de que proponga veredicto de culpabilidad y considere motivos para solicitar el indulto y el gobierno tomando la iniciativa en la instrucción del expediente. El indulto se concede mediante Real Decreto donde aparece el nombre de la persona indultada, el delito o delitos por los que fue condenada y las penas impuestas. El mismo texto del indulto expresa qué penas son objeto de indulto y en qué medida (total, parcial o bien objeto de conmutación por otra pena más liviana).

La redacción de la ley del indulto es incompleta y ambigua, de forma que establecido un criterio se introducen medidas para excepcionar el criterio principal. Sin embargo, nada se ha hecho para solucionar esta ambigüedad, sino que se ha incrementado al no tener el gobierno la obligación de motivar el indulto, de forma que habría que considerar que se trata más de una estrategia que de un error.

La figura fronteriza del indulto, así como su utilización, constituye una pendiente resbaladiza que va desde la discrecionalidad hacia la arbitrariedad dolosa. Surgido desde una concepción absolutista del poder, el indulto lleva a la sospecha de que en ocasiones el ejecutivo tiene razones ocultas para conceder el perdón. La ausencia de motivación en su concesión y denegación, a diferencia de lo que establecía la ley de 1870, favorece la sospecha, la arbitrariedad y el abuso, y genera un contrasentido que habría que evitar: que se condena mediante sentencia motivada y se indulta mediante un real decreto no motivado.

La gracia del indulto no se ha establecido en la sociedad para buscar la puerta por donde escamotear la labor de la justicia, sino para aplicar medidas de gracia cuando por exigencias de humanidad se pudiera reducir o convalidad una pena pendiente. Pero, desgraciadamente, el indulto se ha convertido en una gracia penal para que los gobiernos de turno puedan liberar de las condenas sentenciadas a sus amigos y correligionarios.

En un sistema parlamentario son las cámaras legislativas y no los gobiernos las que ostentan la más directa legitimidad procedente de la voluntad popular, aunque las democracias contemporáneas vayan más bien en la dirección de debilitar al legislativo para lograr ejecutivos fuertes y estables. Tendrían que ser ellas, por tanto, quienes tuviesen las última palabra en la aplicación de un medida tan extraordinaria porque, además, son también ellas quienes aprueban las leyes que conducen a las sentencias que serán objeto de indulto.

Desde la asociación Jueces para la Democracia se denuncian que “el Ejecutivo no explica por qué indulta a las personas. Se están dejando sin contenido decisiones judiciales que en algunos casos se han llevado adelante después de muchísimo tiempo de investigación y de grandes esfuerzos, lo que ha dejado algunas sentencias en papel mojado”. Además, esta asociación cree que es necesaria una reforma de la ley que regule la motivación obligatoria de cada indulto y que establezca un control judicial sobre esta medida de gracia.

En lo que va de legislatura, el gobierno de Rajoy ha concedido 806 indultos, lo que supone una media cercana de dos al día. De los 434 casos aprobados sólo en 2012, 34 fueron propuestos por el Ministerio de Defensa y el resto por el Ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. Algunos de estos indultos fueron especialmente polémicos, como el concedido a cuatro mossos d’Esquadra que habían sido condenados por torturas, el otorgado a un conductor kamikaze, un caso en el que la controversia se acrecentó al conocerse que el condenado trabajaba en el mismo bufete de abogados que emplea a uno de los hijos de Gallardón o el último, concedido a un guardia civil condenado por grabar una agresión sexual y mofarse de la víctima cuando su obligación era prestarle auxilio y evitar el delito.

No obstante, las cifras totales de esta legislatura no son muy diferentes a las registradas con otros gobiernos. Durante las dos últimas legislaturas de gobierno del PSOE, con Zapatero al frente, se perdonó a 454 condenados en 2005, a 520 en 2006, a 521 en 2007, a 405 en 2008, a 423 en 2009, a 404 en 2010 y a 301 en 2011.

Uno de los indultos más escandalosos de los concedidos por Zapatero fue el de Alfredo Sáenz Abad, consejero delegado del Banco de Santander y el quinto banquero mejor pagado del mundo (10,2 millones de euros al año), que fue ejemplo de infamia y de abuso difícilmente superable.

Alfredo Sáenz Abad fue condenado en febrero de 2011 por un delito de acusación falsa a la pena de tres meses de arresto mayor, a una multa de 400 euros y a suspensión de profesiones u oficios relacionados con el desempeño de cargos de dirección, públicos o privados, vinculados con entidades bancarias, crediticias o financieras. También fueron condenados en la misma sentencia Miguel Ángel Calama Teixeira y el abogado Rafael Jiménez de Parga Cabrera.

El Tribunal Supremo condenó a Alfredo Sáenz Abad en 2011 y ese mismo año este señor, ejemplo para los tratados de inmoralidad que aún han de escribirse, fue indultado por el Gobierno de Rodríguez Zapatero. El Gobierno conmutó la pena de arresto y de suspensión por una pena de multa y añadió en el texto del indulto: “quedando sin efecto cualesquiera otras consecuencias jurídicas o efectos derivados de la sentencia, incluido cualquier impedimento para ejercer la actividad bancaria”. Los términos en los que se concedió este indulto plantearon la cuestión de si se podía eliminar la nota de deshonor que suponía tener antecedentes penales y que impedía el ejercicio de la profesión de banquero, aunque para el gobierno de Zapatero esta cuestión no planteó ninguna controversia, quizás porque el PSOE, al igual que el PP, tenía fuertes deudas con el Banco de Santander que, según las malas lenguas, fueron condonadas oportunamente.

En el momento de la comisión del delito la ley establecía como condición para ejercer la actividad bancaria “contar con un consejo de administración integrado por personas de reconocida honorabilidad comercial y profesional”, de ahí que el indulto del gobierno del PSOE introdujera el inciso final anteriormente comentado para remediar la tacha de deshonor que caía sobre Alfredo Sáenz, que es un banquero que cobró al jubilarse en el año 2013, en plena crisis económica y mientras los desahuciados por la banca se arrojaban por las ventanas, una pensioncita de 88’1 millones de euros. Tal decisión o regalo de limpiarle el expediente mereció el aplauso de Botín y de la patronal bancaria, que se deshicieron en elogios sobre la probidad y profesionalidad del condenado así como sobre la altura de miras del gobierno.

Una vez concedido el indulto, algunos afectados por el delito cometido por los banqueros recurrieron ante el Tribunal Supremo, resultando de todo ello que fue anulado parcialmente. En su sentencia, el alto tribunal indicaba que el ejecutivo podía indultar la pena pero no las consecuencias jurídico-administrativas que se derivaban de la condena. Por estos motivos, el Supremo declaró la nulidad del pleno derecho de los incisos finales de los Reales Decretos que concedían los indultos a Sáenz y Calama.

El debate en cualquier caso no se centra en la figura del delito en sí, sino en cómo se administra el indulto, en quién debe otorgarlo y en cómo delimitar los demás requisitos para concederlo.

La experiencia nos dice, desgraciadamente, que el indulto es una figura jurídica que utilizan los gobiernos de manera arbitraria para degradar a la justicia, creando una para sus amigos (banqueros, corruptos, empresarios…) a los que exime de cumplir la ley, y otra para los demás, que sí están sometidos a los tribunales y quedan exentos de las medidas de gracia.

Es urgente y necesaria una reforma de la Ley del Indulto para evitar que esta medida de gracia se decida en el Consejo de Ministros y que, en ningún caso, se puedan indultar delitos que causen alarma social, como son los de corrupción, torturas, malos tratos y de seguridad vial que hayan causado la muerte por una conducción temeraria. La reforma que se precisa debe acabar con el margen de arbitrariedad del que goza el gobierno, toda vez que PSOE y PP han abusado de su utilización, ya que en este asunto, como en tantos otros,  no se observan diferencias significativas en su ejercicio. Ambos partidos indultan y ninguno da explicaciones ni argumenta las razones que han conducido a cada perdón, pretextando que la ley no les obliga. En resumen, hoy no existe fórmula legal que controle la decisión de indultar y esto resulta calamitoso.

Una nueva regulación es la única forma de acabar con la injerencia legal del gobierno en los otros poderes del Estado y de poner fin a la alarma social provocada por el indulto de prevaricadores, corruptos, defraudadores, torturadores, maltratadores o amigos, por ejemplo.

Corresponde al parlamento elaborar una ley que vincule el indulto a la opinión del tribunal sentenciador y que obligue al gobierno a motivar la razón de que, en determinados casos, se impida el cumplimiento de sentencias firmes de los tribunales, que no otra cosa representan los indultos. Desde esta óptica, una regulación del indulto conforme con los principios constitucionales exige, por un lado, establecer la necesidad ineludible de que el indulto sea motivado y, por otro, excluir del derecho de gracia a los delitos que por su gravedad y circunstancias no lo merecen. Con esta reforma el indulto seguiría siendo una facultad del gobierno pero limitada por la justicia.

En un Estado constitucional el indulto es necesario como válvula de seguridad del sistema penal (puede evitar la aplicación de una pena desorbitada, injusta, extemporánea, cruel o inútil) pero no es admisible el indulto arbitrario y contrario a la justicia. Por el contrario, si el indulto se mantiene como está, el gobierno se convierte en una cuarta instancia que corrige al poder judicial y deja sin efecto sus resoluciones cuando le viene en gana, siendo indudable que esta situación es incompatible con los principios y valores de un Estado de Derecho.

María José Pérez Salazar forma parte del Consejo Político Local de IU de Azuqueca de Henares