Desde que comenzó la crisis cientos de miles de familias se han visto condenadas a vivir en la calle, sin casa y con una deuda astronómica de por vida. Esta es la realidad que se vive a diario en España ante la mirada impasible de la banca y la insolidaridad e indiferencia del bipartidismo PP-PSOE.
Según datos del Consejo General del Poder Judicial, un total de 15.491 familias tuvieron que abandonar su casa en el primer trimestre del año por no haber podido pagar la hipoteca u otro tipo de deudas. Al comienzo de la crisis, en los primeros meses de 2008, los desahucios apenas alcanzaban los 5.000, pero las previsiones auguran que entre 2011 y 2012 se podría llegar a la cifra total acumulada de 500.000 familias en la calle y con deudas hipotecarias imposibles de asumir.
Que nadie piense que con la pérdida de la vivienda termina el drama de estas familias. A partir del momento en el que se produce el desalojo se inicia un calvario para ellas aún peor que todo lo vivido antes. La gran mayoría de estas familias que se quedan sin hogar carecen de empleo e incluso de subsidios. Pero a pesar de ello mantienen la obligación de abonar las cuotas con intereses de la casa que un día compraron y que, debido a la grave crisis económica, pasa ahora, por el 50% del valor de tasación, a ser propiedad de quien perpetró la fechoría: el banco.
En descargo de los bancos suele decirse que quien pide el crédito hipotecario es responsable de su acción, de modo que debe asumir resignadamente las consecuencias de su impago. Pero los que así argumentan se "olvidan" de algunos pequeños "detalles". Para empezar, son las entidades financieras las que dan los créditos y se supone que al hacerlo calibran adecuadamente los riesgos. Además, en numerosas operaciones las entidades financieras tasan el valor del inmueble, inflándolo convenientemente para aumentar el montante del crédito que ha de pagar el deudor. Recordemos también que en una época de sobreliquidez y de dinero barato, las entidades financieras se arrojaron a los brazos de la especulación inmobiliaria prestando dinero a espuertas a promotores descabellados y, en justa correspondencia, prestándolo también a manos llenas a los futuros compradores de esas viviendas con fórmulas hipotecarias imposibles por encima del 100% del valor del inmueble y a pagar hasta en 50 años. Por otra parte, las entidades financieras establecen las condiciones del préstamo, sin posibilidad de negociación en aquellas cláusulas abusivas que les benefician. Y, por último, si el deudor no paga se queda sin casa y arrastra la deuda pendiente puesto que su responsabilidad es ilimitada, mientras que si el banco tiene problemas de liquidez recibe dinero del presupuesto público para tapar sus agujeros y su insolvencia.
Pero no olvidemos lo esencial de todo este asunto sin lo cual nada se entiende: el capitalismo entró hace décadas en un proceso de financiarización extrema, fruto de la sobreacumulación de capital y de la reducción real de los salarios, que basa el crecimiento de los beneficios en un endeudamiento privado masivo y en la especulación. Los bancos han entrado de lleno en este aquelarre, alimentando la deuda privada de un modo brutal y conectándola con la burbuja del ladrillo. Por eso decía antes que eran los responsables últimos de todas estas fechorías.
En descargo de los bancos suele decirse que quien pide el crédito hipotecario es responsable de su acción, de modo que debe asumir resignadamente las consecuencias de su impago. Pero los que así argumentan se "olvidan" de algunos pequeños "detalles". Para empezar, son las entidades financieras las que dan los créditos y se supone que al hacerlo calibran adecuadamente los riesgos. Además, en numerosas operaciones las entidades financieras tasan el valor del inmueble, inflándolo convenientemente para aumentar el montante del crédito que ha de pagar el deudor. Recordemos también que en una época de sobreliquidez y de dinero barato, las entidades financieras se arrojaron a los brazos de la especulación inmobiliaria prestando dinero a espuertas a promotores descabellados y, en justa correspondencia, prestándolo también a manos llenas a los futuros compradores de esas viviendas con fórmulas hipotecarias imposibles por encima del 100% del valor del inmueble y a pagar hasta en 50 años. Por otra parte, las entidades financieras establecen las condiciones del préstamo, sin posibilidad de negociación en aquellas cláusulas abusivas que les benefician. Y, por último, si el deudor no paga se queda sin casa y arrastra la deuda pendiente puesto que su responsabilidad es ilimitada, mientras que si el banco tiene problemas de liquidez recibe dinero del presupuesto público para tapar sus agujeros y su insolvencia.
Pero no olvidemos lo esencial de todo este asunto sin lo cual nada se entiende: el capitalismo entró hace décadas en un proceso de financiarización extrema, fruto de la sobreacumulación de capital y de la reducción real de los salarios, que basa el crecimiento de los beneficios en un endeudamiento privado masivo y en la especulación. Los bancos han entrado de lleno en este aquelarre, alimentando la deuda privada de un modo brutal y conectándola con la burbuja del ladrillo. Por eso decía antes que eran los responsables últimos de todas estas fechorías.
Después de muchos días sin aparecer en los medios de comunicación, escondido por su propio partido para no perjudicar aún más al gobierno, el señor Rodríguez Zapatero planteó en el debate sobre el estado de la nación un “paquete de medidas para proteger a quienes no pueden hacer frente al pago de las hipotecas”. ¿Se trataba de la dación en pago? Pues no, faltaría más. El Sr. Presidente se limitó a plantear la elevación de la cantidad de la nómina que no pueda ser embargada por impago hipotecario. La parte del sueldo que las entidades financieras no podrán embargar en los procesos de ejecución hipotecaria se elevará al Salario Mínimo Interprofesional, más un 50% de esa cantidad, a la que se sumará un 30% adicional por cada miembro de la unidad familiar que no disponga de ingresos propios. La cantidad inembargable pasa así para una persona sin obligaciones familiares de 641 a 961 euros, a los que se sumaría ese 30% adicional por cada miembro de la unidad familiar que no disponga de ingresos.
El decreto de “ayuda a las familias que no pueden pagar sus créditos hipotecarios” salió adelante el pasado día 14 de Julio con los apoyos de UPyD, PNV y Coalición Canaria.
Este aumento de la parte inembargable del salario es un parche más para un sistema financiero podrido que tiene agujereados los bolsillos de los ciudadanos. Es una medida insuficiente porque se sigue condenando a las familias que, después de pasar por el drama de una ejecución hipotecaria, tiene que seguir pagando una vivienda que perdieron para siempre. Esta medida es como arrojar un vaso de agua en medio de un bosque incendiado, una improvisación penosa y sin fruto para no admitir la dación en pago, en definitiva, una cortina de humo del gobierno socialista para tapar su debilidad ante la implacable voracidad de los bancos y de los mercados.
Además, el nuevo decreto produce muchas dudas y deja sin resolver los problemas más importantes. Por ejemplo, el de los avalistas que siguen respondiendo con sus rentas, viviendas u otros bienes ante la deuda del hipotecado. Por otra parte, no acaba con el estigma de las familias a las que se les “cuelga” el calificativo de morosas, impidiéndoles así el acceso a créditos o a contratos de alquiler. Por último, no es una solución para aquellas familias que no perciben ningún tipo de ingresos (la inmensa mayoría de los damnificados), puesto que se quedan sin vivienda y sin recursos económicos para hacer frente a una deuda que nunca prescribe.
Desde que se produjo el estallido de la burbuja inmobiliaria los grupos de izquierda como IU-ICV, BNG y ERC han defendido implantar la dación en pago o, lo que es lo mismo, que la entrega del piso hipotecado sirva para saldar la deuda contraída. Igual que no se concede un crédito si no hay materia o proyecto pignorable, debería cancelarse la deuda si se pierde definitivamente lo que quedó en prenda o depósito. Lo contrario, por mucho que lo consagre la ley, es pura extorsión o imposición mafiosa. La mayoría bipartidista del Congreso, una vez tras otra, ha rechazado siempre esta propuesta, con el apoyo inestimable de los grupos nacionalistas de derechas. Estas iniciativas a favor de la dación en pago coinciden con las de organizaciones de consumidores y plataformas ciudadanas de damnificados, que están ejerciendo una labor muy importante impidiendo por ahora los desahucios y trasladando a la opinión pública la imagen de un drama que nos avergüenza.
La medida del Sr. Zapatero es la enésima prueba de que el Gobierno acata las órdenes de una banca cada vez más avariciosa, y que prefiere sostenerla aunque ello lleve a condenar sin remisión a los más vulnerables. Todo con tal de mantener indemnes los privilegios del poder financiero.
