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| Durán hablando con Zapatero. Pensiones a cambio de inmuebles públicos |
La congelación de las pensiones, la subida de la edad de jubilación hasta los 67 años, el aumento de los años cotizados para cobrar la pensión íntegra y la reforma laboral impulsadas por nuestro Presidente, el Sr. Rodríguez Zapatero, son hitos del mayor paquete de recortes sociales que ha realizado un Gobierno de España desde el inicio de la democracia. En pocas palabras, desmantelamiento rápido del Estado del bienestar y claudicación ante las exigencias de los especuladores financieros. Triste balance de una legislatura, la segunda de Zapatero, que agoniza y de la que se despegan hasta sus fieles más íntimos.
El pasado jueves 21 de julio, el Congreso de los Diputados aprobó de manera definitiva, en sesión extraordinaria, una Ley de largo y atractivo título tras el que se esconde una agresión más contra los derechos de los ciudadanos. De nuevo la manida añagaza del lobo con la piel de cordero. La Ley, que se denomina de “actualización, adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social” (qué palabras más positivas, quién no desea estar actualizado, adecuado y modernizado aunque perezca inmediatamente después), incluyó la ratificación de todas las enmiendas introducidas en el Senado. Se cerró así un trámite parlamentario en el que el PSOE consiguió el apoyo de CiU para mantener intactos los puntos principales de la contra-reforma del sistema de pensiones, que son el retraso de la edad de jubilación hasta los 67 años y la ampliación del cómputo a efectos de cotización de 15 a 25 años. Si los hechos son la mejor prueba de las intenciones, esta ley manifiesta cómo es nuestro Gobierno que aún se empeña en “decir” que es de izquierdas.
Como los socialistas pueden pactar con quien les venga en gana porque la ciudadanía, hasta el momento, no les ha pedido responsabilidades sobre su política de alianzas, buscaron el respaldo tan socorrido de la derecha nacionalista catalana para alcanzar la mayoría absoluta en el Congreso que les garantizara que el texto no incluiría enmiendas inoportunas. Pero en los tiempos que corren todo “apoyo político” al PSOE viene acompañado de una “contraprestación”, que en este caso fue “traspasar a las Comunidades los edificios propiedad de la Seguridad Social dedicados a asistencia sanitaria pero que eran gestionados por las administraciones autonómicas. En el caso de Cataluña, hablamos de 150 edificios públicos dedicados a la asistencia sanitaria”. En pocas palabras, el cambalache planteado fue el de más inmuebles a cambio de menos pensiones. Un trueque más entre elites políticas que no por usual deja de escandalizar al ciudadano y que, por desgracia, coloca la credibilidad de los políticos varios metros por debajo del nivel freático de la confianza mínima.
Después de auspiciar semejante atropello social, el ministro de Trabajo e Inmigración, Valeriano Gómez, tuvo la osadía de decir que esta norma “no supone ningún recorte, que las prestaciones serán más altas en el año 2027 y que, según sus cálculos, a partir del año 2040 ó 2050, las pensiones seguramente se triplicarán e incluso más”, pese a que por esas fechas habrá 18 millones de pensionistas. Afirmaciones como esta podrían sonar a broma o a milagro, que tanto da. Pero el asunto es tan serio que las calificaremos de tomaduras de pelo. Las de un partido que, por mucho que se empeñe en salir a flote con un “nuevo” candidato que lleva casi un cuarto de siglo con mando en el gobierno y que dice tener, ahora que dejó el gobierno, nuevas fórmulas para salir de la crisis, ha cavado su tumba política al haberse plegado al chantaje de los mercados y por aplicar políticas de derechas.
Izquierda Unida ha votado en contra de esta ley de título tan moderno pero de contenido tan viejo y antisocial. Lo contrario era imposible. No podemos aceptar retrocesos históricos en materia de derechos sociales, ni recortes drásticos en nuestro sistema público de pensiones. No sólo no son necesarios sino que, además, son injustos. Es intolerable que los de siempre padezcan la crisis y que los débiles pierdan derechos. Mientras esto ocurre, el PSOE, que hace mucho que no puede presumir de socialista, permite que los culpables sigan saciando sus ansias especulativas. ¿Hasta cuándo?
