El zorro en el gallinero

La tecnocracia es un tema recurrente del pensamiento político que, cada cierto tiempo, singularmente en momentos de crisis, despunta con nuevos matices pero sobre un fondo inalterado.

La primera reflexión sobre la tecnocracia nos la ofrece Platón en los libros V y VI de La República. “A menos que los filósofos gobiernen los Estados (...) no hay remedio posible para los males de los Estados, ni para los del género humano”, le dice Sócrates a Glaucón, para acto seguido continuar afirmando que el filósofo es “el que ama contemplar la verdad ”, siendo la verdad cosa distinta de la opinión, que es a lo que llegan los que no son filósofos. En su Epístola séptima, escrita en la vejez a modo exculpatorio por su colaboración con el régimen de los Treinta Tiranos, Platón insiste en la misma idea: "... el género humano no verá días mejores hasta que el grupo de quienes siguen recta y genuinamente la filosofía adquiera autoridad política, o hasta que la clase que tiene el control político se convierta, por alguna disposición provindencial, en un grupo de verdaderos filósofos". Platón liga la verdad, el conocimiento y el gobierno, formando una tríada coronada por el filósofo rey, único gobernante legítimo. Para Platón, el fundamento de la soberanía no es el pueblo (demos) sino la inteligencia (nous). Desde entonces, los ecos del diálogo platónico no han dejado de resonar en la indagación sobre la política: de Saint-Simon a Alexander Bogdanov, del marxismo a Veblen, de algunos teóricos de la sociedad post-industrial a los defensores del elitismo.

Reflexionar sobre el gobierno tecnocrático conduce invariablemente a dos preguntas que conviene no confundir: las cualidades del gobernante y la legitimidad para gobernar. La primera cuestión alude a la interminable lista de condiciones que deben acompañar a la persona del gobernante (virtud, prudencia, justicia, templanza, valentía, honradez, etc.) entre las que se encuentra la de conocer de aquello sobre lo que se habla. El conocimiento aquí referido no ha de ser necesariamente libresco, técnico o académico, y puede proceder también de la experiencia o de la sagacidad. Visto así, el saber es una cualidad más, entre muchas otras, del gobernante, a lo que se añade que el tenerlo no asegura el buen gobierno; todo lo más, lo facilita. La naturaleza de la segunda pregunta es mucho más cerrada porque apunta a que el único gobierno legítimo (merecedor de obediencia) es aquel revestido de la autoridad del conocimiento: una suerte de oligarquía. En la discusión vulgar ambos planos se confunden lamentablemente, con lo que se alza como conclusión que el buen gobierno y la democracia son incompatibles. Precisamente, hoy estamos en este punto.

La tecnocracia es siempre conservadora del orden establecido. Propone medidas racionales (y no siempre acierta), pero dentro de un marco de poder que no sólo no cuestiona sino que pretende reforzar o salvar. El tecnócrata tiene ideología por mucho que la oculte. Además, en ella se inspira. Su tarea consiste en buscar los medios más eficaces para alcanzar unos fines voluntariamente aceptados, por mucho que se niegue a reconocerlos. El tecnócrata, el experto, para ocultar su naturaleza volitiva, menciona los medios para evitar hablar de los fines. Es en el discurso sobre los medios donde el tecnócrata se encuentra fuerte y seguro. Pero saquémosle de ahí y comprobaremos que todo su aplomo se desmorona. Cuando el experto habla de fines entra inevitablemente en el terreno de los juicios de valor, de las preferencias morales o éticas, de los principios, de la ideología, del poder y de la política. Y ahí sus armas no valen, su escudo de “sabiduría técnica” se vuelve penetrable, su superioridad se disuelve y sus debilidades manifiestas. Además, cualquier discurso que no enlace medios con fines carece de consistencia: ¿cómo sabremos si unos medios son adecuados si se ocultan los fines a los que se dirigen?

Pero la tecnocracia no sólo es esclava del poder. Es también manifestación oscura o secreta del poder, a lo que se añade que el tecnócrata llamado al gobierno suele formar parte de redes privadas de poder, en las que lucha por mantener su influencia. Nada menos ajeno al tecnócrata con vocación política que la política. Es incontestable el hecho de que la tecnocracia avanza cuando la política tradicional entra en crisis, aunque el gobierno de los expertos no sustituye al gobierno de los políticos. Lo que sucede es que el gobierno de los expertos es el gobierno de aquellos políticos e ideas que han entrado en crisis o que se pretenden ocultar. La tecnocracia no nos libera de la política ni la supera, cosas imposibles, sino que es una manifestación política de un tiempo que se acaba o de un sistema de poder en decadencia. Ello no impide que la tecnocracia se recubra de un tinte falsamente antipolítico, pero lo hace para evadirse de la crítica política. El gobierno tecnócrata afirma que administra la fórmula inevitable o el único remedio, avalado por la legitimidad que otorga el “conocimiento” experto o cualquier otra suerte de sabiduría particular. Por tanto, aceptada esta lógica incompleta y engañosa, no cabe más que aceptar sus disposiciones y mandatos. El sueño del tecnócrata es gobernar sin limitaciones, y ya sabemos que el poder sin contrapesos es tiranía.

Finalmente, el gobierno de los expertos, llevado a sus últimas consecuencias, es contrario a la democracia. La democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. La democracia o es un régimen de opinión pública o no es (cuanto más informada mejor, aunque esto es harina de otro costal). Los ciudadanos eligen a sus gobernantes, de modo que la legitimidad de la democracia descansa en la voluntad del pueblo, aunque esa voluntad yerre en ocasiones. Muy distinta es la legitimidad del experto: gobierna porque dice saber. El tecnócrata no necesita ser elegido para gobernar sino que gobierna porque está capacitado técnicamente. Forma parte de una élite en la que el criterio de selección no es ni el número (juego de mayorías y minorías) ni la elección popular, sino el conocimiento y la pericia. El experto sólo admite como contrajuicio el de otro experto, que es su igual. Con la tecnocracia el demos es materia moldeable porque los ciudadanos, por naturaleza, no sólo carecen de las aptitudes mínimas para gobernar sino, incluso, para determinar los fines de la sociedad. La tecnocracia necesita alzarse sobre la minoría de edad permanente de un pueblo que sólo tiene opiniones. Una sociedad desguarnecida, sin ideales colectivos y en crisis política es tierra en la que prospera la tecnocracia o cualquier otra manifestación de lo que, erróneamente, se denomina antipolítica.

Viene a propósito todo este prolegómeno para entender cabalmente un hecho muy preocupante: el asalto de la mafia de la banca al poder político en los países de la UE. En 16 de los 27 países de la UE, exdirectivos del sector bancario ocupan puestos clave de la política económica y de los gobiernos (desde primeros ministros a ministros de economía). Además, los gobiernos de la UE, tanto los permeados como los demás, se someten a las órdenes del Banco Central Europeo, que es también una institución controlada por representantes de la peor banca.

Llama poderosamente la atención que entre estos representantes abundan los de dos bancos dedicados a la especulación y el fraude. El todopoderoso Goldman Sachs, que estuvo a punto de quebrar y fue rescatado con dinero público, y la banca Lehman Brothers, que provocó la crisis actual con sus prácticas fraudulentas y su posterior quiebra. El primero domina el BCE y gobierna Italia y Grecia; el segundo ha sido infiltrado por Rajoy en su gobierno bajo la forma de Ministro de Economía.

El argumento a favor de esta invasión silenciosa, verdadero golpe de estado incruento, es que tales representantes son expertos, conocen de primera mano la materia sobre la que han de actuar y son depositarios de un saber que los hace imprescindibles; en otras palabras, que son tecnócratas. Obvio es que esta explicación no es más que una porción de fantasías estomagantes. Lo que se tapa cuando se entona el panegírico de la quintacolumna bancaria es que su conocimiento experto es muy notable, pero en el arte de mentir, estafar, participar en fraudes, llevar a la quiebra a sus sociedades, rebañar el dinero público endosando sus pérdidas al Estado, cobrar salarios de escándalo, empobrecer a los demás y trabajar a favor de unos fines dañinos. En fin, que el experto de la banca que se mete a presidente o ministro puede presumir de ser máster en delincuencia económica organizada, doctor cum laude en rufianería y licenciado en hurtos y robos colectivos. He aquí, sin adorno, su conocimiento y pericia.

En vez de alabar una sabiduría que no tienen y de reconocerles unos méritos imposibles, lo que refleja esta toma del poder político por parte de la mafia bancaria y especuladora es la vergonzosa colusión de intereses entre los negocios privados y la política, así como la ósmosis casi perfecta de que disfrutan ciertos políticos y banqueros que pasan del consejo de administración de una sociedad anónima al sillón del consejo de ministros de un gobierno.

Terminemos con un sincero agradecimiento: el que se merece el señor Rajoy por la clarividencia mostrada a la hora de elegir a unos ministros que no requieren de otra tarjeta de presentación que sus personales andanzas. Nos ha colocado como Ministro de Hacienda al señor Montoso, el mismo que desde un despacho privado asesoraba a grandes empresas para que pagaran a Hacienda lo menos posible. También a un Ministro de Defensa, el señor Morenés, que era consejero de una empresa, Instalaza S.A., que fabricaba bombas de racimo y que, no contenta con la matanza de inocentes que provocaban sus armas, exige una indemnización de 40 millones de euros al Estado español por el lucro cesante derivado de su prohibición. Y a un Ministro de Economía, el señor de Guindos, que era alto cargo de Lehman Brothers, el banco especulador que provocó la crisis que hoy padecemos.

Haríamos mal los españoles en no sentirnos más seguros con este gobierno, formado por grandísimos expertos: quién mejor para dirigir la Hacienda Pública que quien ha probado todos las trampas legales para que la eludan los grandes contribuyentes, o quién más apropiado que un fabricante de bombas asesinas de niños y civiles para dirigir nuestros ejércitos o quién con más méritos para sacarnos de la crisis que quien la provocó con el manejo trilero de derivados, futuros y demás armas financieras de destrucción masiva.

El agradecimiento al señor Rajoy debe extenderse al pueblo español, sin cuyo concurso nunca habríamos tenido el gobierno que nos merecemos. Qué tiempos estos en los que ya no se respeta ni la máxima jurídica medieval que decía "quod omnes tangit ab omnibus appobari debet" (lo que afecta a todos, debe ser aprobado por todos).

Al final, con tanto experto, nos puede pasar lo que a Platón con los tiranos de Siracusa: que sobrevivamos de milagro para contarlo.

Emilio Alvarado Pérez es portavoz de IU en el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares

Crímenes económicos contra la humanidad

A partir de la II Guerra Mundial nos familiarizamos con el concepto de crímenes contra la humanidad. Desde sus orígenes este tipo penal tuvo una connotación puramente política, al estar ligado a actividades aberrantes conducentes al exterminio de grupos humanos indefensos mediante la aplicación brutal de la violencia física por parte de gobiernos o de grupos políticos organizados. En la práctica, los que se sientan frente a un tribunal acusados de crímenes contra la humanidad son regímenes políticos aislados (gobiernos parias de la comunidad internacional) o que han sido completamente derrotados en el campo militar. Resulta muy difícil, por no decir imposible, que prospere una acusación de este calibre contra gobiernos fuertes e influyentes, por muchas razones objetivas que pudieran darse para hacerlo. Aquí rige, para menoscabo de la justicia, la idea de que para ser juzgado no basta con ser un canalla despreciable sino que, además, hay que carecer de poder e influencia entre los que se constituyen como jueces. Esta es la razón que explicaría por qué la noción jurídica de crímenes contra la humanidad no ha superado el umbral político pasando al económico, por mucho que desde el punto de vista de la economía se pueda infligir sufrimiento insoportable y continuado a grupos humanos indefensos. Cierto es que en estos casos no se pretende el exterminio físico de grupos sociales o raciales per se, pero sí su destrucción moral y su condena material, lo que conduce a su postración permanente y a la esclavitud colectiva.

La literalidad de la definición de la Corte Penal Internacional permitiría tal ampliación, porque crimen contra la humanidad es "cualquier acto inhumano que cause graves sufrimientos o atente contra la salud mental o física de quien los sufre, cometido como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil". Es evidente que situaciones como las que ha generado la crisis económica que estamos viviendo explican que despunte la idea de que es posible hablar también de crímenes económicos contra la humanidad o, incluso, de terrorismo económico.

La idea de que había que ensanchar los límites jurídicos de este concepto comenzó en los años ochenta del pasado siglo, cuando el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial promovían políticas de ajuste que azotaban vilmente a África y a América Latina, y que condenaban a la miseria a las clases populares e indígenas de muchos de sus países. En la actualidad pasa algo similar en el cogollo del mundo capitalista avanzado. La especial naturaleza de la crisis económica y las políticas neoliberales que se están aplicando conducen irremediablemente a la pérdida de derechos fundamentales como el trabajo y la vivienda, traen de la mano los recortes en derechos básicos como la sanidad y la educación y llevan al sufrimiento de millones de familias que ven en peligro su supervivencia. Los hogares que viven en la pobreza están creciendo de forma imparable y la sociedad en general está siendo desmantelada y sustituida por la atomización del sálvese el que pueda. Siendo así, la pregunta es inevitable: ¿por qué aún no nos atrevemos a señalar a los culpables de semejante debacle y les aplicamos la pesada carga de un tipo penal como el de crimen contra la humanidad?

Casi a diario oímos hablar de “los mercados” como si se fuesen criatura sobrenaturales contra las que no se puede luchar. Nos hemos acostumbrado a utilizar ese término con total naturalidad y nos hemos conformado con decir que “la culpa de todo es de los mercados”. Este lenguaje y el modo de reflexionar que provoca nos lleva a quedarnos en la superficie del problema, donde sólo hay espuma que impide ver con claridad.

Los culpables de la ruina general que soportamos son personas e instituciones concretas que promovieron el libertinaje de las finanzas sin ningún tipo de control. Son empresas que se lucraron indecentemente durante el boom inmobiliario y a las que se les permitió para tal fin ejercer prácticas financieras fraudulentas y abusivas. Toda esta desgraciada historia tiene nombres y apellidos, muchos de ellos concentrados en el negocio bancario, en la especulación y en el lavado de dinero. Conocemos sobradamente qué entidades bancarias concedían créditos de manera descontrolada, quienes contrataban auditorías a medida para garantizar sus cuentas y operaciones, y quiénes provocaron el mayor fiasco del capitalismo (Lehman Brothers o Goldman Sachs) desde la Gran Depresión y que, no satisfechos con sus maldades, imponen a sus peones al frente de gobiernos como en Grecia o Italia con el objetivo de socorrer un sistema que se desmorona pero al que le deben su poder.

Mientras esta casta criminal siga campando a sus anchas, el número de víctimas de crímenes económicos seguirá creciendo. En general la sociedad ha aceptado y continúa aceptando tal orden de cosas. Otorga mayorías absolutas, como en el caso de España, a gobiernos que son fieles defensores de estas prácticas neoliberales, aun cuando muchos ciudadanos se sorprendan después de las decisiones que toman los gobernantes que eligieron previamente. Si la sociedad tuviera claro qué es el sistema capitalista, qué significa poner en práctica políticas neoliberales, qué repercusión tiene la libre circulación del capital y qué clase de crisis padecemos, quizá no hubiera aceptado con tanta rapidez un discurso barato reducido a la expresión de un puñado de frasecillas del tipo “no se puede gastar más de lo que se tiene”, “hay que tener contento al capital porque de lo contrario se irá a otro sitio” o “es mejor trabajar por 400 euros que estar parado”. Si en España hubiera un mayor nivel de conciencia y de sentido de comunidad, la respuesta ciudadana ante tanto atropello hubiera sido muy otra, probablemente parecida a la de Islandia. Allí, en el año 2008 la fiscalía abrió una investigación penal contra los responsables que llevaron al país a la ruina. Al año siguiente, el Gobierno tuvo que dimitir por la presión de la ciudadanía y se bloqueó el pago de la deuda. En definitiva, en Islandia tuvieron muy claro que la solución de la crisis pasaba ineludiblemente por el castigo a los culpables. 

Es necesario que comencemos a hablar de crímenes económicos contra la humanidad. Pero para ello las reglas que han fijado “unos pocos” deben empezar a cambiar. Al igual que se crearon instituciones y procedimientos para perseguir los crímenes políticos, urge crearlos para perseguir los crímenes económicos. Todo depende en buena medida de lo que la sociedad exija y este es el momento idóneo para hacerlo. O la sociedad huye de discursos anestésicos que tapan la gravedad de la situación y exige un castigo para los culpables o, de lo contrario, el desfile de calamidades no habrá hecho más que empezar.

María José Pérez Salazar es militante de IU de Azuqueca de Henares

Convenios en peligro/trabajadores públicos en peligro

Cospedal huye en su coche oficial y no da la cara 

Desde el inicio de la crisis han calado entre la población dos ideas, a cual más nefanda: que es bueno recortar el gasto público a toda costa, y que los trabajadores públicos son una carga de la que hay que desprenderse cuanto antes. La victoria de estas dos ideas supone la derrota de la verdad sobre las causas de la crisis y el abandono del camino para superarla de la mejor manera.

Millones de ciudadanos han aplaudido estos dos disparates y millones de ciudadanos los sufren ahora, incluso muchos de los que hasta ayer batían palmas cuando se les mostraba el cuchillo “salvador” del matarife. 

No se explica la aceptación generalizada de ambas nociones tan contrarias al interés común si no hubiera mediado una manipulación mayúscula y exitosa promovida por el bipartidismo y por sus medios de desinformación amigos. Pero no sólo. Tales ideas han fructificado porque el suelo donde germinaron era proclive. El estado de la conciencia de la ciudadanía hizo germinar la semilla que da como fruto la destrucción de los servicios públicos. Hay que decirlo, aunque escueza: los ciudadanos llevan demasiado tiempo despreciando lo público y premiando la chabacanería y la corrupción, comicio tras comicio, con la venia de sus votos y de las mayorías absolutas. Así nos va.

La izquierda verdadera lleva años diciendo que la crisis no la han provocado los trabajadores, los pensionistas, los empleados públicos, los estudiantes, los jubilados o los sectores más precarios de la sociedad. También lleva mucho tiempo denunciando que la especulación era una bomba de relojería que al estallar arrasaría con todo. En IU estamos hartos de afirmar que la economía sumergida, el fraude fiscal y la regresión impositiva son un cáncer que impide una sociedad justa. Ya no nos acordamos, de las veces que lo hemos señalado, que las bases de nuestra economía (ladrillo y turismo) son incapaces de sostener a una población de casi 50 millones de habitantes con un mínimo de dignidad y de justicia, y que es obligatorio cambiarlas de raíz. Por eso no estamos de acuerdo con este sistema, ni con quienes lo defienden ni, por supuesto, con la insensatez de proclamar que hay que sacrificar al pueblo para salvar la podredumbre de un orden que se desmorona.

La marea de la crisis anega nuestra ciudad, Azuqueca de Henares. En lo privado, con despidos, regulaciones y cierres de empresas. En lo público, con recortes impuestos por otras administraciones que también traerán regulaciones, despidos y pérdida de derechos de los ciudadanos. No somos una isla en el paisaje nacional. Nos afecta tanto lo bueno como todo lo malo que ocurre más allá de las bardas de nuestras tapias, aunque ahora, para desgracia general, abundan lo malo y lo peor.

El gobierno del señor Zapatero decretó hace meses un recorte para Castilla-la Mancha de unos 1.100 millones de euros. Aupada por la victoria en las urnas, la nueva presidenta de la Comunidad consideró insuficiente tal cifra, que fijó en 1.815 millones, a la que acaba de sumar otros 400 millones. No hace falta decir que un tajo de tal calibre sobre un presupuesto que supera por poco los 8 mil millones de euros lleva a una situación crítica a la sanidad, la educación y los servicios sociales públicos. Ni los fanáticos del presupuesto mínimo pueden tapar una verdad tan incómoda. En pocas palabras, los derechos básicos de los ciudadanos de nuestra región están en gravísimo peligro.

El resultado de tantos recortes comienza a producir víctimas: en septiembre fueron despedidos 800 profesores interinos en nuestra región (20 de los cuales enseñaban a nuestros hijos en instituciones educativas de nuestra localidad) y ahora se avecina, si nada lo impide, el hundimiento de todos los servicios sociales de nuestra ciudad, que llevará al paro de manera inmediata a numerosos profesionales y dejará desamparados a ciudadanos inocentes especialmente vulnerables.

El pasado 16 de septiembre se manifestaron desesperados los profesores interinos frente a la puerta del Ayuntamiento, ante la amenaza luego cumplida de su despido. El 15 de diciembre se acaban de manifestar en el mismo lugar los trabajadores municipales y los adscritos a los servicios regionales, ya que sobre estos últimos se cierne de manera inminente también la sombra del despido. En junio del año que viene expirarán el resto de los convenios firmados entre nuestro consistorio y la Junta de Comunidades, sin cuya prórroga vendrá una nueva oleada de trabajadores públicos que irán al paro. Cuántas derrotas vamos a consentir. 

A esta calamidad nos ha conducido el pacto del euro, las recomendaciones del FMI, las cartas secretas del Banco Central Europeo, la reforma de la Constitución, el diktat de frau Merkel, la cumbre europea del pasado 9 de diciembre, las mayorías absolutas y los gobiernos del PSOE y del PP. Gracias a todos.

A la fiebre suicida de los recortes se une que el gobierno regional, en manos del PP, se niega a sentarse con los representantes municipales para intentar resolver los dos asuntos que más preocupan: el pago de la deuda contraída con nuestro municipio por el gobierno regional anterior (que asciende a casi seis millones de euros) y el mantenimiento de los convenios sobre los que se sostienen los servicios sociales que se administran en nuestro municipio.

La primera cuestión es importante. Pero aún lo es más la segunda, puesto que la mayoría de los convenios expiran el próximo 31 de diciembre. Sobre este último tema, la actitud del gobierno regional es intolerable. Su mutismo y su desprecio están llevando a la desesperación a muchas familias azudenses, que no se merecen un trato así. No hay ninguna razón para que a fecha de hoy no se sepa nada cierto sobre este asunto tan relevante. Recordemos además que la señora Cospedal prometió empleo y respetar los servicios públicos en vísperas de las elecciones. Seis meses después, en Castilla-la Mancha hay más paro que nunca, mucho de él alimentado por un gobierno regional que despide a trabajadores sin miramientos, y los servicios públicos básicos sufren una agresión brutal. No hay corifeo de este gobierno capaz de tapar tanto desfalco moral.

En cuanto a nuestro Alcalde, cabe imputarle también una parte de responsabilidad en los hechos, aunque mucho menor: ha reaccionado demasiado tarde ante una situación de una gravedad sin precedentes. Desde finales del verano se veían venir estos nubarrones, especialmente a raíz del despido de los profesores interinos. En aquel momento tendría que haber convocado un pleno extraordinario para coordinar una estrategia común de reivindicación de los derechos básicos de los ciudadanos. Quizás no lo hizo porque pensaba que enviando unas cartas o llamando por teléfono a unas autoridades ausentes obtendría un resultado satisfactorio. Se equivocó.

Nuestro presupuesto se nutre de impuestos y tasas propios, así como de lo que recibimos del gobierno central y autonómico. Con cargo a estas administraciones estaba previsto recibir a lo largo del año 2011 más de seis millones y medio de euros; esto es, un 23% de los ingresos totales del presupuesto municipal. Con los fondos procedentes de la administración autonómica, unos dos millones y cuarto de euros, se financian los servicios sociales de nuestra ciudad, que son de competencia regional, así como otras cuestiones de gran interés (guarderías públicas, kanguras, Centro de Atención Temprana, Casa de Acogida, Ayuda a Domicilio, PROA, CIEM, Centro de Día de Familias, Escuela de Idiomas, Talleres de Empleo, Plan de Empleo, PRIS, etc.) Si el gobierno regional decide reducir de manera tajante los gastos sociales y no renueva los convenios que permiten el mantenimiento de estos servicios, entrarán en colapso. Dejarán de prestarse, sus trabajadores irán a la calle y los ciudadanos que los necesitan los perderán, quebrándose con ello sus derechos fundamentales. A esto conduce implacablemente la lógica de los recortes, a la que nos oponemos frontalmente, y que con tanto entusiasmo aplica la señora Cospedal. En cuanto a la parte que recibimos del Gobierno central, el próximo año está prevista una reducción importante, a la que se pueden sumarse otras si Rajoy aplica la doctrina del recorte aunque pereat mundus. De ahí la necesidad que tenemos de reducir el presupuesto municipal en todo lo accesorio para blindar lo esencial: el mantenimiento de los puestos de trabajo. Nos esperan años muy amargos.

Es de todo punto inmoral recortar el gasto público en asuntos esenciales como los antes descritos cuando se consienten el fraude fiscal y la economía sumergida, se inyecta dinero público a los bancos en cantidades astronómicas o se suprimen impuestos que gravan a los que más tienen. La ciudadanía no debe aceptar más mínimo recorte en las partidas sociales, por mucho que las autoridades insistan en la necesidad. En Azuqueca de Henares no sobra ningún trabajador, ni de los servicios municipales (pagados por el Ayuntamiento, en todo o en gran medida), ni de los servicios sociales (cuyos salarios dependen de la Comunidad Autónoma en un 80% de media) ni, por supuesto, de la educación o de la sanidad (también dependientes del gobierno regional, en este caso en un 100%). Decir que sobran trabajadores públicos, cualquiera que sea la administración pagadora, es decir que los servicios que sostienen no son necesarios o que son excesivos, cuando es evidente que en nuestro país el gasto público social es menor que la media de los países de nuestro entorno.  

Ninguno de estos servicios que hoy están en peligro es un lujo asiático o un despilfarro; bien al contrario, son esenciales, ahora más que nunca por efecto de una crisis que ahoga a los trabajadores, parados, jóvenes, pequeños empresarios, autónomos, etc. Asistimos con desconsuelo a la destrucción sistemática de los fundamentos sobre los que se sostienen la paz y la cohesión social, de la mano de un gobierno recientemente elegido y respaldado por la mayoría absoluta de los diputados regionales.

Un apunte final para que no queden dudas: contrariamente a lo que afirma el PP, no sólo no es posible regresar al año 2007, sino que sería criminal hacerlo. Hay que romper de una vez por todas con un sistema condenado por la historia, porque de lo contrario nos hundimos. No hay más opción que raer el mal sin apagar la vida. Con el bloqueo institucional que producen las mayorías absolutas (en España y en Castilla-la Mancha) la calle parece el único camino para la esperanza.

Emilio Alvarado Pérez es portavoz de IU en el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares

Minijobs/Supermisery

Zapatero y Rajoy, de acuerdo en los esencial, conmemorando la Constitución  que forzaron meses atrás

Acaba de reconocerse que el pasado mes de agosto, Trichet y Draghi, responsables del BCE, enviaron a Zapatero una carta secreta en la que le conminaban a cambiar la Constitución e imponer salarios de hambre en España. A cambio, el  BCE se avenía a comprar deuda pública nacional en un momento en el que era atacada sin misericordia por especuladores internacionales. La misiva, pura extorsión mafiosa obra de capos, fue ocultada por el Gobierno y por Rajoy, que acabaron aceptando la primera imposición, la de reformar la Constitución en secreto, y dejaron en suspenso la segunda, la legalización de salarios de hambre en España. De nuevo, el bipartito no dudó en concertarse para alcanzar las peores causas: pisotear la Constitución y traicionar los intereses de los ciudadanos

Lo mismo le ocurrió a Berlusconi, aunque en Italia la carta de la vergüenza se filtró a la prensa y pasó a dominio público.

Los destinatarios de las cartas, Zapatero y Berlusconi, ya están amortajados políticamente. La carta, en cambio, goza de excelente salud, puesto que sus "sugerencias" se aplican en ambos países para desgracia de sus ciudadanos: en Italia, por un gobierno no elegido por el pueblo, y en España por un presidente agonizante y por su sucesor en el cargo, el señor Rajoy, aupado a tan alta responsabilidad por la mayoría absoluta de los diputados y por una legión de medios amigos.

Ha sido precisamente Rajoy, pocos días antes de ser investido Presidente del Gobierno, el que ha declarado que tal carta existe. Según nos dice, en la misiva resalta una “recomendación” por encima de las demás: los minijobs. Este término, aparentemente simpático, esconde una idea diabólica: la legalización de salarios de hambre, de 400 euros al mes como máximo, sin cotizaciones sociales ni protección de ningún tipo, para, supuestamente, rescatar al ejército de desempleados que inunda el paisaje de nuestro país. ¡Vaya con los minijobs! Deberían haberse llamado supermisery.

El único comentario que le ha merecido al señor Rajoy la sugerencia del BCE es que tal cosa le servirá de hoja de ruta, ahora que dice que hay que aplicar una nueva reforma laboral consistente en destruir lo poco que queda de legislación del trabajo en nuestro país.

Empecemos diciendo que aceptar la lógica perversa del peor fin frente al fin malo lleva a la barbarie. Otorgar libertad absoluta al lobo frente al cordero conduce a la muerte obligada del cordero, guión en el que ya estamos desde hace tres años. Y terminemos apuntando que la expresión hoja de ruta es un neologismo cargante que manifiesta en quien lo emplea poco respeto por nuestro idioma. ¡Basta ya!

Con estos gobernantes y estas mayorías absolutas se nos viene encima el Mundo Feliz. Imaginemos una masa de epsilones, sin futuro y condenados a la miseria, con trabajos infames y salarios de hambre, sirviendo a una minoría de alfas poderosos, porque en eso estamos. Este es el mundo de Rajoy, que también lo es de Draghi, del PP europeo y de Zapatero. Habrá que lobotomizar la crítica y todo atisbo de conciencia para que tal distopía se constituya pacíficamente, sin ruido ni oposición, y se imponga un destino de esclavitud generalizada. Por doquier los gobiernos decretan el orden del hormiguero, la sociedad de castas, mientras que los ciudadanos parecen dispuestos a ser felices insectos, sin conciencia ni moral. Pero aunque los gobiernos logren tal aspiración no será bastante. El capitalismo actual no se sostiene sobre masas empobrecidas incapaces de comprar un cuscurro de pan. El capitalismo de usar y tirar necesita consumidores con capacidad de compra, dispuestos a gastarse el jornal y el ahorro, comprando objetos que no necesitan y que han de sustituir a la carrera por otros aún más inservibles. No obstante, siempre cabe la posibilidad de que entremos en una fase de capitalismo de barracón, en la que la producción alcanzada se fije durante muchos años a un nivel muy inferior a la producción posible, congelando las relaciones sociales en un primitivismo dañino.

Con el señor Rajoy viene la destrucción de los derechos de los trabajadores, que llevará a la reducción drástica de los salarios como requisito de una recuperación inalcanzable por esta vía. A la vez, se deteriorarán gravemente los servicios públicos universales como la sanidad o la educación, con la excusa de que no hay dinero para sostenerlos, entregando a las grandes constructoras la gestión de las partes magras de los mismos. Finalmente, se nos impondrá un banco malo (en otro momento hablaremos de este eufemismo), para que paguemos a escote los activos dudosos de las entidades financieras, comprando la quincalla inmobiliaria que permanece enterrada en sus balances. Para este último propósito el déficit no será un problema, sea cual fuere la profundidad del agujero a tapar. Menos mal que Rajoy, un señor que es producto y muleta de un régimen en el que lleva apoltronado treinta años, prometió en la última campaña electoral el cambio y no la continuidad. ¡Vivan las caenas!

Es tal el diluvio de males, hay tantos bubones en el pellejo infectado de la economía, que no hace falta que ninguna sátira realce su maldad. Los hechos se bastan y sobran para mostrar el grado presente de abyección. Las pesadillas más absurdas de la sátira social se hacen realidad. Ya no parecen extrañas las  propuestas de un Jonathan Swift, que proponía al menesteroso que para salir de la miseria debía ceder al carnicero a algunos de sus retoños para que, bien mantecosos y regordetes, cumplimenten las buenas mesas al lado de faisanes y pichones. Otrosí, no es necesario que rescatemos las workhouses, o que en vez de dinero el trabajador reciba su jornal en vales canjeables en la tienda del patrón por tocino rancio y tintorro picado. Tampoco es menester restaurar la corvea, el derecho de pernada, el látigo del capataz, las cadenas del negrero, la kátorga o los láger. Ni siquiera nos queda el consuelo de seguir la recomendación de Thomas Malthus, cuando decía que el único remedio que tiene el pobre de salir de la necesidad extrema es no tener hijos, porque pocos se atreven a tenerlos ya, cosa que señala que la sociedad agoniza.

Emilio Alvarado Pérez es portavoz de IU en el consistorio de Azuqueca de Henares

Diez ideas sobre la situación económica actual

1)  El sistema capitalista en su fase de financiarización ha entrado en barrena. No satisface las necesidades sociales e individuales, destruye el planeta, condena a la mayoría de la población a la pobreza y es incompatible con la democracia. Cuanto antes se decrete su funeral, mejor.

2)  La economía se ha despegado de cualquier consideración moral, ética y política. Es imprescindible someter la economía a los imperativos de una vida digna. La felicidad no consiste en estar podrido de dinero, repartir dividendos escandalosos o consumir cada vez más, sin conciencia ni tasa, sino en disfrutar de una vida plena en convivencia con nuestros semejantes y en armonía con la naturaleza. Debemos cambiar ya una jerarquía de valores que nos conduce a la guerra social y a la guerra contra el planeta.

3)  El sistema económico actual, que es un puro disparate, se ha sostenido en cuatro puntales: doctrinas económicas falsas y legitimadoras, banqueros delincuentes, políticos cómplices y medios de comunicación convertidos en máquinas de desinformación. Nos ha dominado por demasiado tiempo gente de mala índole que ha insuflado en la población el tóxico de la mentira y de la discordia. Hay que expulsar a las camarillas instaladas en el poder económico, político y mediático. Pero con ello no es suficiente. También debemos sustituir la mentalidad común, contaminada por el veneno del egoísmo y de la avaricia, por ideas limpias.

4)  No es cierto que no existan alternativas a la locura que nos proponen los defensores del capitalismo de casino. Las hay y son muy claras: se deben controlar los movimientos de capital, hay que destruir los paraísos fiscales, es obligado cambiar el modelo productivo y acabar con las necesidades ficticias que alimenta, hay que instaurar una banca pública fuerte orientada al crédito productivo responsable, hay que crear organismos reguladores eficaces e imparciales, debe monetarizarse la deuda, hay que combatir la creciente desigualdad social, hay que incrementar de manera muy notable la presión fiscal a las rentas muy altas, hay que democratizar las relaciones económicas, es preciso aplicar todo el peso de la ley sobre los responsables de la crisis, hay que crear empleo de calidad y sostenible, hay que establecer nuevas reglas sobre el comercio mundial, es preciso que la especulación se convierta en un tipo penal, etc. Todas estas medidas se resumen en una idea: es necesario diseñar una sociedad civilizada en la que se respete al ser humano y a la naturaleza.

5)  El pensamiento económico dominante (neoliberalismo) no previó la crisis, no la entendió y propone como “remedio” a la misma un agravamiento de sus causas. Algo así no es singular, puesto que esta ideología ha sido una de las causas de los males que ahora sufrimos. Es lacerante que los mismos que provocaron la crisis nos ordenan cómo resolverla en contra de nuestros intereses y a favor de los suyos. Si acatamos sus ideas, acabaremos viendo cómo se producirá una estampida de capitales fuera de nuestras fronteras, que traerá como resultado un empobrecimiento de Europa y de la mayoría de sus ciudadanos. Se perfila en el horizonte la amenaza de un conflicto social muy doloroso. 

6)  Cada vez resulta más claro el contenido clasista de la crisis, que tiene por base la disputa sobre el reparto de la riqueza y el modo de producirla. Hay que resolver cuanto antes ambas cuestiones si queremos darle una oportunidad a la civilización.

7)   Más pobreza y más desigualdad hoy no son la base para un futuro mejor sino la garantía de un mañana insoportable. Se avecinan años muy difíciles y conflictivos. Se equivoca quien no vea en estos tiempos el final de una etapa, de un modelo, de una época. Los signos de la decadencia están por todas partes. Por eso la hipocresía es tan abundante. ¿Quién se empeñará en ser el Rómulo Augusto de nuestro tiempo?

8) España creció hinchando la deuda privada a límites escandalosos para mantener una burbuja especulativa. Cuando explotó la burbuja del ladrillo el crédito privado se vino abajo, el paro aumentó a proporciones catastróficas y quedó al descubierto un agujero bancario cuya magnitud se mantiene en precario secreto. Nos hicieron un ojo para enastarnos a gusto y tenernos paralizados por el miedo a perder la hacienda y el sustento, ahogados por deudas privadas inasumibles. Quien predica como virtuoso volver al instante previo a la crisis miente miserablemente (PP). Quien aboga por sacrificios a trabajadores, pensionistas y por recortes de lo público como condición para un mañana mejor nos condena a la esclavitud (PP-PSOE-CiU). Los que abordan la destrucción del Estado social con fruición son unos canallas. Los que la justifican, aunque lo hagan con mala conciencia, son unos incapacitados. Los que la consienten, aunque en privado se lamenten, son unos cobardes.

9)  Asistimos a un golpe de Estado silencioso y a escala europea perpetrado por banqueros, en el que los gobiernos y los medios de desinformación se ponen del lado de los golpistas, cediéndoles el poder político. Se pisotea la dignidad de los ciudadanos y la soberanía nacional en nombre de las personas y de su dignidad. Hay que restaurar el delito de alta traición y aplicarlo sin miramientos.

10) Los que defienden este orden de cosas tan miserable no tienen intención de marcharse avergonzados y pedir disculpas. Debemos echarlos por todos los medios pacíficos y legales que tenemos a nuestra disposición. Se resistirán y sufriremos. Si logramos tal desalojo, luego nos tocará construir un mundo distinto y mejor, al menos para nuestros hijos. Esa será nuestra mayor responsabilidad.

Emilio Alvarado Pérez es portavoz de IU en el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares