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| Cospedal huye en su coche oficial y no da la cara |
Desde el inicio de la crisis han calado entre la población dos ideas, a cual más nefanda: que es bueno recortar el gasto público a toda costa, y que los trabajadores públicos son una carga de la que hay que desprenderse cuanto antes. La victoria de estas dos ideas supone la derrota de la verdad sobre las causas de la crisis y el abandono del camino para superarla de la mejor manera.
Millones de ciudadanos han aplaudido estos dos disparates y millones de ciudadanos los sufren ahora, incluso muchos de los que hasta ayer batían palmas cuando se les mostraba el cuchillo “salvador” del matarife.
No se explica la aceptación generalizada de ambas nociones tan contrarias al interés común si no hubiera mediado una manipulación mayúscula y exitosa promovida por el bipartidismo y por sus medios de desinformación amigos. Pero no sólo. Tales ideas han fructificado porque el suelo donde germinaron era proclive. El estado de la conciencia de la ciudadanía hizo germinar la semilla que da como fruto la destrucción de los servicios públicos. Hay que decirlo, aunque escueza: los ciudadanos llevan demasiado tiempo despreciando lo público y premiando la chabacanería y la corrupción, comicio tras comicio, con la venia de sus votos y de las mayorías absolutas. Así nos va.
La izquierda verdadera lleva años diciendo que la crisis no la han provocado los trabajadores, los pensionistas, los empleados públicos, los estudiantes, los jubilados o los sectores más precarios de la sociedad. También lleva mucho tiempo denunciando que la especulación era una bomba de relojería que al estallar arrasaría con todo. En IU estamos hartos de afirmar que la economía sumergida, el fraude fiscal y la regresión impositiva son un cáncer que impide una sociedad justa. Ya no nos acordamos, de las veces que lo hemos señalado, que las bases de nuestra economía (ladrillo y turismo) son incapaces de sostener a una población de casi 50 millones de habitantes con un mínimo de dignidad y de justicia, y que es obligatorio cambiarlas de raíz. Por eso no estamos de acuerdo con este sistema, ni con quienes lo defienden ni, por supuesto, con la insensatez de proclamar que hay que sacrificar al pueblo para salvar la podredumbre de un orden que se desmorona.
La marea de la crisis anega nuestra ciudad, Azuqueca de Henares. En lo privado, con despidos, regulaciones y cierres de empresas. En lo público, con recortes impuestos por otras administraciones que también traerán regulaciones, despidos y pérdida de derechos de los ciudadanos. No somos una isla en el paisaje nacional. Nos afecta tanto lo bueno como todo lo malo que ocurre más allá de las bardas de nuestras tapias, aunque ahora, para desgracia general, abundan lo malo y lo peor.
El gobierno del señor Zapatero decretó hace meses un recorte para Castilla-la Mancha de unos 1.100 millones de euros. Aupada por la victoria en las urnas, la nueva presidenta de la Comunidad consideró insuficiente tal cifra, que fijó en 1.815 millones, a la que acaba de sumar otros 400 millones. No hace falta decir que un tajo de tal calibre sobre un presupuesto que supera por poco los 8 mil millones de euros lleva a una situación crítica a la sanidad, la educación y los servicios sociales públicos. Ni los fanáticos del presupuesto mínimo pueden tapar una verdad tan incómoda. En pocas palabras, los derechos básicos de los ciudadanos de nuestra región están en gravísimo peligro.
El resultado de tantos recortes comienza a producir víctimas: en septiembre fueron despedidos 800 profesores interinos en nuestra región (20 de los cuales enseñaban a nuestros hijos en instituciones educativas de nuestra localidad) y ahora se avecina, si nada lo impide, el hundimiento de todos los servicios sociales de nuestra ciudad, que llevará al paro de manera inmediata a numerosos profesionales y dejará desamparados a ciudadanos inocentes especialmente vulnerables.
El pasado 16 de septiembre se manifestaron desesperados los profesores interinos frente a la puerta del Ayuntamiento, ante la amenaza luego cumplida de su despido. El 15 de diciembre se acaban de manifestar en el mismo lugar los trabajadores municipales y los adscritos a los servicios regionales, ya que sobre estos últimos se cierne de manera inminente también la sombra del despido. En junio del año que viene expirarán el resto de los convenios firmados entre nuestro consistorio y la Junta de Comunidades, sin cuya prórroga vendrá una nueva oleada de trabajadores públicos que irán al paro. Cuántas derrotas vamos a consentir.
A esta calamidad nos ha conducido el pacto del euro, las recomendaciones del FMI, las cartas secretas del Banco Central Europeo, la reforma de la Constitución, el diktat de frau Merkel, la cumbre europea del pasado 9 de diciembre, las mayorías absolutas y los gobiernos del PSOE y del PP. Gracias a todos.
A la fiebre suicida de los recortes se une que el gobierno regional, en manos del PP, se niega a sentarse con los representantes municipales para intentar resolver los dos asuntos que más preocupan: el pago de la deuda contraída con nuestro municipio por el gobierno regional anterior (que asciende a casi seis millones de euros) y el mantenimiento de los convenios sobre los que se sostienen los servicios sociales que se administran en nuestro municipio.
La primera cuestión es importante. Pero aún lo es más la segunda, puesto que la mayoría de los convenios expiran el próximo 31 de diciembre. Sobre este último tema, la actitud del gobierno regional es intolerable. Su mutismo y su desprecio están llevando a la desesperación a muchas familias azudenses, que no se merecen un trato así. No hay ninguna razón para que a fecha de hoy no se sepa nada cierto sobre este asunto tan relevante. Recordemos además que la señora Cospedal prometió empleo y respetar los servicios públicos en vísperas de las elecciones. Seis meses después, en Castilla-la Mancha hay más paro que nunca, mucho de él alimentado por un gobierno regional que despide a trabajadores sin miramientos, y los servicios públicos básicos sufren una agresión brutal. No hay corifeo de este gobierno capaz de tapar tanto desfalco moral.
En cuanto a nuestro Alcalde, cabe imputarle también una parte de responsabilidad en los hechos, aunque mucho menor: ha reaccionado demasiado tarde ante una situación de una gravedad sin precedentes. Desde finales del verano se veían venir estos nubarrones, especialmente a raíz del despido de los profesores interinos. En aquel momento tendría que haber convocado un pleno extraordinario para coordinar una estrategia común de reivindicación de los derechos básicos de los ciudadanos. Quizás no lo hizo porque pensaba que enviando unas cartas o llamando por teléfono a unas autoridades ausentes obtendría un resultado satisfactorio. Se equivocó.
Nuestro presupuesto se nutre de impuestos y tasas propios, así como de lo que recibimos del gobierno central y autonómico. Con cargo a estas administraciones estaba previsto recibir a lo largo del año 2011 más de seis millones y medio de euros; esto es, un 23% de los ingresos totales del presupuesto municipal. Con los fondos procedentes de la administración autonómica, unos dos millones y cuarto de euros, se financian los servicios sociales de nuestra ciudad, que son de competencia regional, así como otras cuestiones de gran interés (guarderías públicas, kanguras, Centro de Atención Temprana, Casa de Acogida, Ayuda a Domicilio, PROA, CIEM, Centro de Día de Familias, Escuela de Idiomas, Talleres de Empleo, Plan de Empleo, PRIS, etc.) Si el gobierno regional decide reducir de manera tajante los gastos sociales y no renueva los convenios que permiten el mantenimiento de estos servicios, entrarán en colapso. Dejarán de prestarse, sus trabajadores irán a la calle y los ciudadanos que los necesitan los perderán, quebrándose con ello sus derechos fundamentales. A esto conduce implacablemente la lógica de los recortes, a la que nos oponemos frontalmente, y que con tanto entusiasmo aplica la señora Cospedal. En cuanto a la parte que recibimos del Gobierno central, el próximo año está prevista una reducción importante, a la que se pueden sumarse otras si Rajoy aplica la doctrina del recorte aunque pereat mundus. De ahí la necesidad que tenemos de reducir el presupuesto municipal en todo lo accesorio para blindar lo esencial: el mantenimiento de los puestos de trabajo. Nos esperan años muy amargos.
Es de todo punto inmoral recortar el gasto público en asuntos esenciales como los antes descritos cuando se consienten el fraude fiscal y la economía sumergida, se inyecta dinero público a los bancos en cantidades astronómicas o se suprimen impuestos que gravan a los que más tienen. La ciudadanía no debe aceptar más mínimo recorte en las partidas sociales, por mucho que las autoridades insistan en la necesidad. En Azuqueca de Henares no sobra ningún trabajador, ni de los servicios municipales (pagados por el Ayuntamiento, en todo o en gran medida), ni de los servicios sociales (cuyos salarios dependen de la Comunidad Autónoma en un 80% de media) ni, por supuesto, de la educación o de la sanidad (también dependientes del gobierno regional, en este caso en un 100%). Decir que sobran trabajadores públicos, cualquiera que sea la administración pagadora, es decir que los servicios que sostienen no son necesarios o que son excesivos, cuando es evidente que en nuestro país el gasto público social es menor que la media de los países de nuestro entorno.
Ninguno de estos servicios que hoy están en peligro es un lujo asiático o un despilfarro; bien al contrario, son esenciales, ahora más que nunca por efecto de una crisis que ahoga a los trabajadores, parados, jóvenes, pequeños empresarios, autónomos, etc. Asistimos con desconsuelo a la destrucción sistemática de los fundamentos sobre los que se sostienen la paz y la cohesión social, de la mano de un gobierno recientemente elegido y respaldado por la mayoría absoluta de los diputados regionales.
Un apunte final para que no queden dudas: contrariamente a lo que afirma el PP, no sólo no es posible regresar al año 2007, sino que sería criminal hacerlo. Hay que romper de una vez por todas con un sistema condenado por la historia, porque de lo contrario nos hundimos. No hay más opción que raer el mal sin apagar la vida. Con el bloqueo institucional que producen las mayorías absolutas (en España y en Castilla-la Mancha) la calle parece el único camino para la esperanza.
Emilio Alvarado Pérez es portavoz de IU en el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares
