A partir de la II Guerra Mundial nos familiarizamos con el concepto de crímenes contra la humanidad. Desde sus orígenes este tipo penal tuvo una connotación puramente política, al estar ligado a actividades aberrantes conducentes al exterminio de grupos humanos indefensos mediante la aplicación brutal de la violencia física por parte de gobiernos o de grupos políticos organizados. En la práctica, los que se sientan frente a un tribunal acusados de crímenes contra la humanidad son regímenes políticos aislados (gobiernos parias de la comunidad internacional) o que han sido completamente derrotados en el campo militar. Resulta muy difícil, por no decir imposible, que prospere una acusación de este calibre contra gobiernos fuertes e influyentes, por muchas razones objetivas que pudieran darse para hacerlo. Aquí rige, para menoscabo de la justicia, la idea de que para ser juzgado no basta con ser un canalla despreciable sino que, además, hay que carecer de poder e influencia entre los que se constituyen como jueces. Esta es la razón que explicaría por qué la noción jurídica de crímenes contra la humanidad no ha superado el umbral político pasando al económico, por mucho que desde el punto de vista de la economía se pueda infligir sufrimiento insoportable y continuado a grupos humanos indefensos. Cierto es que en estos casos no se pretende el exterminio físico de grupos sociales o raciales per se, pero sí su destrucción moral y su condena material, lo que conduce a su postración permanente y a la esclavitud colectiva.
La literalidad de la definición de la Corte Penal Internacional permitiría tal ampliación, porque crimen contra la humanidad es "cualquier acto inhumano que cause graves sufrimientos o atente contra la salud mental o física de quien los sufre, cometido como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil". Es evidente que situaciones como las que ha generado la crisis económica que estamos viviendo explican que despunte la idea de que es posible hablar también de crímenes económicos contra la humanidad o, incluso, de terrorismo económico.
La idea de que había que ensanchar los límites jurídicos de este concepto comenzó en los años ochenta del pasado siglo, cuando el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial promovían políticas de ajuste que azotaban vilmente a África y a América Latina, y que condenaban a la miseria a las clases populares e indígenas de muchos de sus países. En la actualidad pasa algo similar en el cogollo del mundo capitalista avanzado. La especial naturaleza de la crisis económica y las políticas neoliberales que se están aplicando conducen irremediablemente a la pérdida de derechos fundamentales como el trabajo y la vivienda, traen de la mano los recortes en derechos básicos como la sanidad y la educación y llevan al sufrimiento de millones de familias que ven en peligro su supervivencia. Los hogares que viven en la pobreza están creciendo de forma imparable y la sociedad en general está siendo desmantelada y sustituida por la atomización del sálvese el que pueda. Siendo así, la pregunta es inevitable: ¿por qué aún no nos atrevemos a señalar a los culpables de semejante debacle y les aplicamos la pesada carga de un tipo penal como el de crimen contra la humanidad?
Casi a diario oímos hablar de “los mercados” como si se fuesen criatura sobrenaturales contra las que no se puede luchar. Nos hemos acostumbrado a utilizar ese término con total naturalidad y nos hemos conformado con decir que “la culpa de todo es de los mercados”. Este lenguaje y el modo de reflexionar que provoca nos lleva a quedarnos en la superficie del problema, donde sólo hay espuma que impide ver con claridad.
Los culpables de la ruina general que soportamos son personas e instituciones concretas que promovieron el libertinaje de las finanzas sin ningún tipo de control. Son empresas que se lucraron indecentemente durante el boom inmobiliario y a las que se les permitió para tal fin ejercer prácticas financieras fraudulentas y abusivas. Toda esta desgraciada historia tiene nombres y apellidos, muchos de ellos concentrados en el negocio bancario, en la especulación y en el lavado de dinero. Conocemos sobradamente qué entidades bancarias concedían créditos de manera descontrolada, quienes contrataban auditorías a medida para garantizar sus cuentas y operaciones, y quiénes provocaron el mayor fiasco del capitalismo (Lehman Brothers o Goldman Sachs) desde la Gran Depresión y que, no satisfechos con sus maldades, imponen a sus peones al frente de gobiernos como en Grecia o Italia con el objetivo de socorrer un sistema que se desmorona pero al que le deben su poder.
Mientras esta casta criminal siga campando a sus anchas, el número de víctimas de crímenes económicos seguirá creciendo. En general la sociedad ha aceptado y continúa aceptando tal orden de cosas. Otorga mayorías absolutas, como en el caso de España, a gobiernos que son fieles defensores de estas prácticas neoliberales, aun cuando muchos ciudadanos se sorprendan después de las decisiones que toman los gobernantes que eligieron previamente. Si la sociedad tuviera claro qué es el sistema capitalista, qué significa poner en práctica políticas neoliberales, qué repercusión tiene la libre circulación del capital y qué clase de crisis padecemos, quizá no hubiera aceptado con tanta rapidez un discurso barato reducido a la expresión de un puñado de frasecillas del tipo “no se puede gastar más de lo que se tiene”, “hay que tener contento al capital porque de lo contrario se irá a otro sitio” o “es mejor trabajar por 400 euros que estar parado”. Si en España hubiera un mayor nivel de conciencia y de sentido de comunidad, la respuesta ciudadana ante tanto atropello hubiera sido muy otra, probablemente parecida a la de Islandia. Allí, en el año 2008 la fiscalía abrió una investigación penal contra los responsables que llevaron al país a la ruina. Al año siguiente, el Gobierno tuvo que dimitir por la presión de la ciudadanía y se bloqueó el pago de la deuda. En definitiva, en Islandia tuvieron muy claro que la solución de la crisis pasaba ineludiblemente por el castigo a los culpables.
Es necesario que comencemos a hablar de crímenes económicos contra la humanidad. Pero para ello las reglas que han fijado “unos pocos” deben empezar a cambiar. Al igual que se crearon instituciones y procedimientos para perseguir los crímenes políticos, urge crearlos para perseguir los crímenes económicos. Todo depende en buena medida de lo que la sociedad exija y este es el momento idóneo para hacerlo. O la sociedad huye de discursos anestésicos que tapan la gravedad de la situación y exige un castigo para los culpables o, de lo contrario, el desfile de calamidades no habrá hecho más que empezar.
María José Pérez Salazar es militante de IU de Azuqueca de Henares
