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| Rosell, patrón de patronos |
Antes de terminar 2011, año que en gloria esté, el presidente de la patronal española, Juan Rosell Lastortras, patrón de patronos, volvió a armar la tremolina al apuntar con sus dardos ponzoñosos a los funcionarios públicos de este país, por si este cuerpo, que ya parece un mártir moribundo atado a la columna, no hubiera sido aseteado suficientemente en el último trienio.
Con tono retumbante y sintiéndose respaldado por el triunfo del Partido Popular, el señor Rosell Lastortras se atrevió a afirmar que “sobran funcionarios en España y que hay que poder despedirlos igual que a los trabajadores de la empresa privada”. Tal idea, que habría que tomar como amenaza fundada, es poco original si tenemos en cuenta la trayectoria de su autor. El jefe de la patronal sabe que la mejor idea es aquella que se fija a la conciencia como lapa, al margen de su consistencia. Por eso insiste en denigrar a la administración pública, haciéndola responsable de males y ruinas, lo cual no obsta para que, al mismo tiempo, exija de la administración que previamente ha arrastrado por el barro toda clase de ayudas y exenciones favorables a sus intereses.
Pero volvamos al caso que nos ocupa: la ofensiva contra la administración pública emprendida por la patronal. El pasado 14 de diciembre, el señor Rosell presentó sendos informes sobre la eficiencia del sector público y el traspaso de competencias, en los que apuntaba las intenciones de la CEOE al respecto, a saber: acostumbrarnos a que el sector público funcione como el privado o, lo que es lo mismo, privatizar el sector público usando la malicia de que sobran funcionarios, a lo que habría que añadir la especie, para reforzar la premisa anterior, que sostiene que la mayoría de los funcionarios son unos vagos. Burdo y manido discurso el del patrón de patronos que, desgraciadamente, cala en una sociedad instalada en el prejuicio de que la administración es sinónimo de indolencia, recomendación, cohecho, favoritismo y espíritu poltrón. Por cierto: ¿cuándo admitirá la CEOE, tan partidaria de flexibilidades, el despido libre y la censura de empresarios ineptos, corruptos, explotadores o defraudadores?
Pero volvamos al caso que nos ocupa: la ofensiva contra la administración pública emprendida por la patronal. El pasado 14 de diciembre, el señor Rosell presentó sendos informes sobre la eficiencia del sector público y el traspaso de competencias, en los que apuntaba las intenciones de la CEOE al respecto, a saber: acostumbrarnos a que el sector público funcione como el privado o, lo que es lo mismo, privatizar el sector público usando la malicia de que sobran funcionarios, a lo que habría que añadir la especie, para reforzar la premisa anterior, que sostiene que la mayoría de los funcionarios son unos vagos. Burdo y manido discurso el del patrón de patronos que, desgraciadamente, cala en una sociedad instalada en el prejuicio de que la administración es sinónimo de indolencia, recomendación, cohecho, favoritismo y espíritu poltrón. Por cierto: ¿cuándo admitirá la CEOE, tan partidaria de flexibilidades, el despido libre y la censura de empresarios ineptos, corruptos, explotadores o defraudadores?
Los datos sobre la dimensión de la función pública ofrecidos por la patronal difieren mucho de los que presentan los sindicatos. Si atendemos a los segundos, más ajustados a la realidad puesto que el sector público español es de reciente factura, el porcentaje de personas que trabajan en él es inferior al 10%, uno de los más bajos de la Unión Europea, con una media que se sitúa en torno al 16%. En países europeos con economías más competitivas, ese porcentaje es aún mayor. Tales son los casos de Dinamarca con un 26%, de Suecia con un 22% o de Finlandia con un 19%. Queda claro con estas cifras que la patronal no tiene ningún empacho en falsear la realidad con tal de contribuir a la larga lista de recortes suicidas propuesta por el Partido Popular. Todo vale, singularmente mentir, para mantener con vida un sistema al que le sobran las personas y le repugnan las verdades.
En España no hay exceso de funcionarios sino de defraudadores que, ocultos bajo los nombres de grandes empresas y corporaciones financieras, siguen especulando a diario en los mercados. El colectivo de Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) estima que la evasión fiscal de las grandes fortunas, corporaciones empresariales y grandes empresas alcanzó en el año 2010 la cifra de 42.711 millones de euros, correspondiendo la mayor porción del fraude, el 72%, a las grandes empresas. El montante del delito es tal que lo defraudado permitiría pagar con creces los salarios de los más de tres millones de empleados públicos. Entonces, quién sobra aquí.
Es evidente, pues, que el señor Rosell y el gobierno del PP no proponen reducir el número de funcionarios y recortar el gasto en educación, en sanidad, en pensiones o en servicios sociales porque haya habido un despilfarro en el sector público, como quieren hacernos ver. La verdadera razón es situar en el punto de mira al déficit público y no a la deuda privada y al fraude de las grandes fortunas, que son los cánceres de la economía nacional. Mientras se persista en esta imagen falsa, serán los ciudadanos los que, confiscados sus derechos y rentas, paguen la crisis provocada por especuladores, gentes sin escrúpulos y demás ralea. Dicho de otra manera, los empresarios y el PP plantean que la salida de la crisis exige que los de abajo regalen porciones de su renta, de su tiempo y de su trabajo a los de arriba, practicando una transfusión de vida de los más a los menos, de los pobres a los ricos, en un ejemplo de justicia a la inversa. De ahí el interés de convertir la deuda privada en deuda pública, crear un “banco malo”, subir los impuestos a los asalariados, empeorar las relaciones laborales, privatizar, reducir los salarios, y suma y sigue mientras aguante el respetable.
La supervivencia del sistema exige, además, deteriorar un grado más la mala imagen que ya tienen los trabajadores de la administración pública y los servicios públicos en general. Si el número de funcionarios y el gasto social en España son unos de los más bajos de la Unión Europea, dónde está el despilfarro público.
Si a las declaraciones del señor Rosell Lastortras contra la función pública añadimos el contenido del nuevo decretazo que ha dado a conocer el gobierno del Partido Popular, no hay duda de que nos enfrentamos a una agresión muy grave contra los derechos sociales y la paz social.
El decreto del nuevo gobierno no tiene desperdicio. Los asalariados, públicos o privados, sufrirán una reducción en sus rentas debido a la subida del IRPF. A los trabajadores públicos se les amenaza con una nueva bajada de sus nóminas que oscilará entre 2 y 5 puntos, lo que, unido a la subida del IRPF, puede llevar a una reducción media de sus salarios del 6’6%. Por si no fuese bastante con este recorte de rentas, a los trabajadores públicos se les sube la jornada de trabajo semanal en 2’5 horas (la excusa perfecta para despedir a miles de interinos). De postre, en la administración pública no se cubrirán las bajas por enfermedad y no se repondrán las jubilaciones. En resumen, mano dura contra los trabajadores y la administración, ejemplo de flojera y pereza.
Sin embargo, los redactores del decreto se olvidan de los protagonistas del desastre económico que dicen combatir, a saber, las grandes fortunas, los ricos, los grandes empresarios, los banqueros, los defraudadores y la economía sumergida. Por supuesto, los que tributan a través del irrisorio Impuesto de Sociedades y de los chiringuitos financieros como las SICAV, siguen sin despeinarse. Además, no se ha restaurado el Impuesto sobre el Patrimonio que con tanta “generosidad” suprimió el PSOE, como tampoco se ha creado un impuesto sobre las transacciones financieras billonarias a corto (reivindicación histórica de Izquierda Unida) que son el combustible de la especulación mundial.
Ahondar en las políticas antisociales ya iniciadas por el anterior gobierno del PSOE es la fórmula por la que ha optado la patronal y el nuevo gobierno de la nación. Pero dicho esto, que nadie se lamente, porque la mayoría de los ciudadanos votantes ha decidido en las urnas que se ejecuten estas políticas antisociales e injustas. Ahora toca que cada ciudadano asuma su parte de responsabilidad en lo ocurrido. Es el pueblo votante el que ha decidido que sean los asalariados, los desempleados, los pensionistas, las personas dependientes, las excluidas, las necesitadas, los enfermos…, quienes sigan pagando las consecuencias de la crisis, al otorgar la mayoría absoluta al Partido Popular. ¿Es que nadie se acuerda de lo que votó el pasado 20 de noviembre en las elecciones generales? ¡Qué mala memoria la de este país!
Ahondar en las políticas antisociales ya iniciadas por el anterior gobierno del PSOE es la fórmula por la que ha optado la patronal y el nuevo gobierno de la nación. Pero dicho esto, que nadie se lamente, porque la mayoría de los ciudadanos votantes ha decidido en las urnas que se ejecuten estas políticas antisociales e injustas. Ahora toca que cada ciudadano asuma su parte de responsabilidad en lo ocurrido. Es el pueblo votante el que ha decidido que sean los asalariados, los desempleados, los pensionistas, las personas dependientes, las excluidas, las necesitadas, los enfermos…, quienes sigan pagando las consecuencias de la crisis, al otorgar la mayoría absoluta al Partido Popular. ¿Es que nadie se acuerda de lo que votó el pasado 20 de noviembre en las elecciones generales? ¡Qué mala memoria la de este país!
En palabras de Confucio "en un país bien gobernado debe inspirar vergüenza la pobreza. En un país mal gobernado debe inspirar vergüenza la riqueza.” Que tomen nota los gobernantes, pasados y presentes.
Demostrar un descontento generalizado será el primer síntoma para defender el progreso de este país.
María José Pérez Salazar es militante de IU de Azuqueca de Henares
Demostrar un descontento generalizado será el primer síntoma para defender el progreso de este país.
María José Pérez Salazar es militante de IU de Azuqueca de Henares
