Quieren calefacción, no que les calienten

Un policía indefenso recibe un golpe en la mano propinado por la cara de un peligroso estudiante. Obsérvese la profesionalidad del comando que asiste al estudiante agresor

Ira, asco y amargura. Eso es lo que producen las imágenes difundidas por Internet en las que vemos a grupos de antidisturbios, acorazados de pies a cabeza, pegando con saña a estudiantes adolescentes en las calles de Valencia.

A los chicos y chicas que se manifiestan en las proximidades de sus centros educativos les sobran razones para quejarse: no quieren pasar frío en las aulas y no están dispuestos a sufrir más recortes que los convertirán, infaliblemente, en carne de cañón.

Los sucesivos gobiernos del PP han convertido la Comunidad Valenciana en un foco de corrupción que avergüenza y en una sentina de deuda insondable. Esos políticos, algunos de los cuales llevan generaciones disfrutando del caciquismo más rancio, han dilapidado el patrimonio público y quieren provocar la dislocación social. Ellos y no otros son los culpables de que no haya calefacción en las aulas, de los recortes educativos y, para colmo, de las agresiones que han sufrido los estudiantes que no hacían otra cosa que defender sus derechos en la calle. Esos políticos son los que tendrían que recibir el castigo de la fuerza pública por sus continuos desmanes, y no sus víctimas. Pero no está hecha la justicia para resarcir al ofendido. El mundo al revés.

Los chicos que son apaleados por la policía defienden la educación y la cultura. Se manifiestan con la mochila al hombro, en la que llevan el bocadillo, las tareas escolares y los apuntes. Esos son sus pertrechos, a lo que se une el sentimiento de saber que tienen razón, toda la razón, y que no necesitan nada más para que la verdad y la justicia resplandezcan, incluso ante un pelotón de mamelucos acorazados. En vez de ser  distinguidos por defender el interés general, a estos chicos les llueven los golpes que les propinan unos policías sañudos cuyos sueldos pagan sus padres, algunos de los cuales votaron no hace mucho a los políticos que han ordenado las cargas. Más de un progenitor estará avergonzado estos días porque no podrá sostenerle la mirada a su hija o a su hijo golpeados por un energúmeno con casco que se esconde tras el uniforme al que deshonra.

Es evidente. Las nuevas autoridades del PP, emborrachadas de mayoría absoluta y presas de soberbia ideológica, han ordenado a la policía que reprima con brutalidad. Da igual que los agredidos sean menores de edad, estén indefensos y no hagan otra cosa que ejercer sus derechos constitucionales. Ante la conflictividad que se avecina, resultado de unas políticas salvajes que están laminando al común, creen que saldrá barato atemorizar al personal, despolitizar a la ciudadanía, aislar al discrepante y demonizar al que protesta atribuyéndole toda clase de intenciones malvadas y un par de estacazos por si acaso. Es la vieja historia de siempre: se trata de que el apaleado se convierta en culpable y el que apalea brutalmente en víctima.

Para justificar la lluvia de mamporros, los dirigentes del PP nos cuentan historias abracadabrantes de infiltrados, agitadores, conjuras judeomasónicas y fuerzas tenebrosas que aprovechan las manifestaciones con el fin de reventarlas. “No hay como hablar de algo para lograr que exista”, decía un turbio personaje del Cementerio de Praga, experto en conspiraciones. Tampoco faltará a la cita siniestra la jauría de los profesionales de la desinformación, dispuestos a cocinar el forraje propagandístico con el que tapar el delito de Estado. 

Pero ocurre que todos estos ardides ya no sirven. Los teléfonos móviles tienen cámara y los ciudadanos son reporteros de sus vivencias, como un Argos vigilante de mil ojos. Cada vez resulta más difícil colar de matute una estafa propagandística que contradice cientos de imágenes grabadas de manera anónima, por mucho empeño que pongan en el asunto los cornetas de la intoxicación. En las imágenes difundidas por Internet sólo se ven estudiantes, la mayoría de ellos menores de edad, padres y madres, periodistas y otros ciudadanos que se sumaban estupefactos a las protestas a medida que arreciaba la saña policial. De los provocadores o de los elementos sediciosos de los que nos hablan los señores del PP, ni rastro, porque la verdadera conspiración puebla los despachos y pisa moquetas. Y por si cupiera duda alguna sobre lo que pasó en Valencia, contamos con la explicación impagable que de los hechos daba su Jefe Superior de Policía, el cual, en comparecencia ante los medios, jadeante y excitado por el festival de mamporros repartidos por sus subordinados, llamó a los ciudadanos apaleados enemigos. Adjetivo muy atinado el del mando policial, de nombre Antonio Moreno, porque así fueron tratados, por orden suya y de la Delegada del Gobierno, Paula Sánchez de León, los ciudadanos que se manifestaban: a hostias, como enemigos (hostis) que son para él y sus jefes políticos.

Cuando se analiza la violencia siempre se incurre en el mismo error, por lo demás completamente interesado: el dedo acusador sólo apunta a la violencia subjetiva, que es la que distorsiona o interrumpe el orden social (tanto da si es justo o no). Pareciera que todo acaba aquí, en el acto individual, lo cual es enteramente falso, porque al lado de la violencia subjetiva hay siempre una violencia objetiva, que es la que aplica el sistema, y que se caracteriza por ser continua y gozar del amparo que proporciona la ley y sus defensores, que tienen el monopolio de la violencia legal. Los sistemas inestables o en crisis suelen aumentar las dosis de violencia objetiva que aplican sobre sus ciudadanos, lo que tiende a producir una repuesta defensiva de los ofendidos. Además, a la violencia subjetiva y a la violencia objetiva se añade una tercera, la violencia simbólica, la del lenguaje, que aprisiona en sus límites la posibilidad del pensar, del decir y del criticar. Por eso se manipula la información y se retuercen las palabras, para violentar las conciencias y dañar el pensamiento.

En la capital del Turia se han dado las tres violencias, pero por parte de las autoridades. Hubo violencia subjetiva cuando apalearon sin razón a unos ciudadanos pacíficos que ejercían sus derechos constitucionales. Además, los políticos del PP y sus aliados mediáticos practican miserablemente la violencia objetiva sobre ellos con el fin de ganarse a la opinión pública, mintiendo sobre las víctimas y difundiendo una imagen de ellas monstruosa y falaz. Finalmente, se aplicó la violencia simbólica contra los apaleados y ofendidos, en el momento en el que el jefe de la policía, acompañado por la Delegada del Gobierno, los llamó enemigos.

Violencia objetiva, subjetiva y simbólica aplicada contra menores de edad por parte de un gobierno que, con sus actos, deslegitima el sistema que dice defender: no cabe ser más antisistema.

Camps en la calle, Garzón inhabilitado, despido a la carta, salarios de miseria, más paro que nunca, economía en recesión y, por si no fuese bastante, menores agredidos por las fuerzas de orden público. Como les dejemos, los señores del PP van a acabar con todo.

Emilio Alvarado Pérez es portavoz de IU en el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares

Daños colaterales de la reforma de la Constitución

Igual camisa, igual chaqueta, igual corbata: Zapatero y Rajoy acordando la reforma de la Constitución

La reforma de la Constitución, impuesta por el BCE y secreteada entre Zapatero y Rajoy, traicionó el pacto constitucional y alumbró un nuevo orden político que carece de legitimidad.

El nuevo artículo 153 de la Constitución, en su punto 3, dispone lo siguiente: “los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones, se entenderán incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta”.

Una de las consecuencias perversas del cambio a que obliga la reforma constitucional es la modificación de la prelación de pagos de las administraciones públicas.

Antes de la infausta modificación del artículo 135, cualquier administración pública tenía como primera obligación pagar las nóminas de sus trabajadores y, en segundo lugar, la seguridad social. El resto de sus compromisos iba después.

A partir de la publicación en el BOE de la reforma constitucional, todas las administraciones deben asumir como primera obligación pagar las deudas que tengan contraídas con los bancos. Después vendrán las nóminas, la seguridad social y los pagos a proveedores. Si los recursos no alcanzan para satisfacer todas las obligaciones, la reforma de la Constitución asegura que los bancos cobren los primeros, aún a costa de los empleados públicos, de la seguridad social o de las empresas que suministran bienes y servicios a la administración.

Por voluntad de Zapatero y Rajoy, los bancos se cuelan en la fila de los acreedores y se ponen los primeros en la ventanilla, no vaya a ser que sufran retrasos molestos que no se merecen. A los demás, si sobra algo que les den. Y si no, también.

Es de una evidencia bochornosa que la reforma de la Constitución se hizo para agradar a los bancos y prestamistas internacionales. Y no menos evidente es que el bipartito que nos lleva gobernando treinta años, consintió una medida que nos daña sin tener la gallardía de explicarla sin tapujos ni engaños.

Por mucha receta charlatánica que le echen el PP y el PSOE, su decisión fue desastrosa y los males que provocará les perseguirán durante mucho tiempo.

Emilio Alvarado Pérez es portavoz de IU en el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares

Lehman Brothers: la mayor quiebra de la historia

Recreación dramática de la BBC sobre la quiebra de Lehman Brothers, desencadenante de la crisis económica que padecemos en la actualidad. Una historia que nos muestra quiénes fueron los culpables de los males presentes. 

De Guindos fue altísimo responsable de Lehman Brothers, banca de trileros que acabó en la ruina. Las decisiones de personajes como de Guindos, además de colapsar el sistema bancario mundial, destaparon un entramado financiero podrido que ha conducido al paro y a la miseria a millones de trabajadores. 

Hay pocos países en el mundo que consentirían que un personaje de esta condición pudiera convertirse en Ministro de Economía. Uno de esos países se llama España, que inventó también el género picaresco. 

Emilio Alvarado Pérez es portavoz de IU en el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares

¡Bwana, no me pegue mucho que me estropea!

¡Fuera caretas! Rajoy no es el presidente del gobierno de España, como tampoco lo era Zapatero. Todo lo más, Rajoy es el ordenanza de los que tienen mando en plaza, que son Trichet, Draghi y Merkel, a los cuales, por cierto, les importa un pepino el futuro de España, de los españoles y de su gobierno. O puede que no, porque quizás los que gobiernan Europa tienen especial interés en que nuestro país zozobre, para que lo reflote a precio de risa un fondo domiciliado en Macao. Así, el triunvirato y sus amigos se tostarán en lo que un día fueron nuestras playas, mientras que un ejército de camareros nativos, con salarios de miseria, les sirven sangría y tapas variadas. Unos y otros, gerifaltes y recaderos, juntos todos, quieren que concluyamos en una suerte de Cabaña del Tío Tom a escala nacional, desde la Estaca de Bares al Cabo de Gata, desde Punta Tarifa hasta el Cabo de Creus, y desde La Mola hasta Punta Orchilla. En su plan de estabularnos, el BCE y Berlín cuentan ahora, como antes, con la colaboración de nuestro gobierno que, con cada acto, comete traición y se cisca en los ciudadanos, incluidos sus votantes. Vergonzoso.

Hoy gobierna Rajoy; ayer, Zapatero. Cuando Zapatero gobernaba, era juzgado por la opinión pública; ahora que Rajoy es Presidente, corresponde juzgarlo también, aplicándole el mismo rasero que él utilizó con  sus adversarios. Sería injusto obrar de otro modo.

Empecemos diciendo que el principal propósito de Rajoy (a pesar de los silencios, ambigüedades, mentiras y demás brumas de su discurso) es transparente como el agua del arroyo: acatar al pie de la letra lo que dispongan Trichet, Draghi, Merkel y demás amigos de los españoles. En esto no se diferencia de Zapatero al que, no lo olvidemos, Rajoy zahería porque dejaba que otros gobernaran en su nombre. Si Zapatero era un pocacosa, Rajoy, en justa correspondencia, corre veloz a convertirse en un pisahormigas, que es cualidad un punto menor que la primera y muy a propósito para destartalar una sociedad desde dentro por orden de la autoridad verdadera. Dígase alto y claro: el programa de gobierno de Rajoy se resume en que doblemos la cerviz, que es poner el país a la altura del alquitrán, porque otros lo mandan, y no la sarta de embustes con que se presentó a las elecciones de noviembre. Expresado con laconismo, que es el modo de referir más adecuado en tiempos de penuria, con Rajoy tenemos más de lo anterior, elevación a la potencia de la medianía y la traición.

De los dos primeros amigos de los españoles y oráculos de nuestro gobierno, Trichet y Draghi, sabemos sus intenciones, porque las pusieron por escrito en una carta-ultimátum que Zapatero y Rajoy esconden ridículamente en algún cajón secreto, pero que es de dominio público desde que la publicó el Corriere Della Sera el pasado 29 de septiembre. En la misiva, puro diktat mafioso, plan oculto para gobiernos pusilánimes, se ordenaba a Zapatero gobernar por decreto, facilitar el despido, destruir los convenios colectivos, bajar los salarios, reducir las pensiones y recortar la nómina de los empleados públicos. Zapatero se sorprendió al leer la carta, porque su estilo cortante y desabrido desentonaba con la ejecutoria de un gobierno, el suyo, que ya  había reducido salarios y pensiones, y que había recortado derechos sociales y laborales de manera nunca antes vista. El Presidente creía haber saciado a la fiera al haber convertido nuestro país en un vulgar dominio de Alemania, sin percatarse de que lo que alimenta la fiereza es la abundancia de sangre y no al revés. Alarmado por la lectura de la carta, llamó a Rajoy y ambos secretearon acatar al ciento las órdenes de Trichet y Draghi. Por ese motivo, Zapatero y Rajoy, cogidos de la mano, reformaron en agosto la Constitución, principalmente para agradar a los amos de Europa y a los especuladores internacionales. Ese día dejaron de ser presidente y presidenciable, al convertirse en botones de un superior que ni siquiera les proporcionó la librea y la gorrilla de rigor con la que ser identificados por el ciudadano medio. Mientras se mantuvo en el cargo, Zapatero prestó grandes servicios al dúo Trichet y Draghi, lo que condujo al hundimiento del PSOE y al empobrecimiento de los españoles. Ahora que es Rajoy el que le sucede, la pleitesía, al igual que la desesperación del común, cotizan al alza. El señor Rajoy , con un entusiasmo patético, ha seguido acatando lo que ordenaban Draghi y Trichet. Primero de todo, lo de gobernar a golpe de ukázs. Sobre esto, por ahora, ya contamos con dos fechas para el recuerdo: el 30 de diciembre de 2011 y el 10 de febrero del corriente. Después, el señor Rajoy cumplió lo de congelar los salarios públicos, poner los fundamentos para mandar al paro a miles de trabajadores de la administración pública y subir los impuestos. Y ahora nos viene con lo de abaratar el despido, reducir los salarios de los trabajadores del sector privado, tratar a los parados como delincuentes y desampararlos a todos ante el imperio de la patronal. ¡Cuánta aplicación y diligencia cuando la ocasión lo merece!

Y qué decir de frau Merkel, la tercera del triunvirato y espejo de virtudes según Rajoy, señora cuyo principal interés es proteger a los bancos alemanes y lograr que la economía alemana exporte tanto como pueda a una Unión Eropea cada vez más desindustrializada. Y si la UE ya no compra porque los salarios no lo permiten, vender a China o la India, países en expansión, o producir en ellos a precio de ganga para vender a los demás. ¡Vaya percal!

Lo sabemos desde hace muchos años. Cuando una institución o un gobierno poderoso exigen el ajuste de un tercero más débil (antes eran EEUU y el FMI en América latina o el sudeste Asiático, ahora son Alemania y el BCE en España, Italia, Grecia, Irlanda o Portugal), lo único que interesa es asegurarse el cobro de la deuda, aunque el deudor muera en el intento de saldarla. Como recuerda el Nobel de Economía, Joseph E. Stiglitz, durante la crisis de Asia Oriental, a Tailandia se le exigió recortar brutalmente su presupuesto sanitario a sabiendas de que con ello aumentarían los casos de SIDA, cosa que así ocurrió. A Indonesia le aplicaron igual receta, lo que llevó a suprimir la escasa ayuda alimentaria que recibían los hambrientos, con lo que el hambre se extendió aún más entre sus menesterosos. Y a Pakistán esta imposición le llevó a suprimir las ayudas en educación, lo que empujó a muchos progenitores a enviar a sus hijos a las madrasas, templos de adoctrinamiento fundamentalista para la yihad global. Olvidando las enseñanzas de la historia más reciente, ahora se aplica igual correctivo a Grecia, Italia, Portugal, España e Irlanda, porque hay una verdad universal, que predica Merkel y su Ministro de Economía, que no admite réplica en una Europa desarbolada, sin memoria y gobernada por la derecha: primero se pagan las deudas, aunque para ello haya que vender a precio de cascote las piedras del Partenón, del acueducto de Segovia o de la Torre de Pisa.

Y en este punto nos encontramos: el del derribo por orden de la autoridad competente de lo poco que quedaba del derecho laboral español. Por decreto del gobierno de Rajoy se han retirado los puntales sobre los que se sostenían nuestras relaciones laborales y que salvaguardaban, en la economía legal, una mínimas condiciones salariales y de horario para los trabajadores de un mismo sector. Ya lo dijo el Ministro de Guindos cuando tuvo que sintetizar en una palabra el significado de la reforma: agresiva. No le quitemos la razón al señor Ministro ahora que le asiste, porque el decreto de su gobierno contiene todos los aspectos y matices de la agresividad: violencia (ejercida indirectamente), ofensa (los de siempre pagan los errores ajenos), provocación (si alguien ha cumplido con sus obligaciones en estos años de crisis han sido los trabajadores) y ataque (los trabajadores trabajarán mucho más por un salario mucho menor, y todo para vivir con menos dignidad). No cabe mayor afrenta.

Cada día que pasa nos acercamos más al despido libre, universal y gratuito, a que desparezcan los convenios colectivos y a que los salarios de los trabajadores se aproximen a un mínimo interprofesional que no alcanza ni para pipas. En términos clásicos, que además son los más castizos, a esto se le llama explotación, que es exprimir al trabajador hasta que, seco y sin zumo, se le arroja al arroyo para sustituirlo por otro joven y fresco que, a no tardar, también acabará desahuciado en el albañal. Al zumo extraído se le llama plusvalía. Y al antagonismo y a la relación desigual entre explotador y explotado, lucha de clases. Regresamos a los tiempos en los que volverá a decirse aquello que el esclavo negro suplicaba al capataz: “Bwana, no me pegue mucho que me estropea”.

En una economía con una enorme capacidad de trabajo sin emplear, la reforma laboral del gobierno del PP, la número 52 de nuestra historia reciente, producirá efectos devastadores sobre los asalariados y sus derechos. Lo que antes era delito ahora se normaliza; los padres serán despedidos y sustituidos por sus hijos a precio de saldo, y estos últimos, a su vez, rotarán en la economía como peonzas, sin posibilidad de construir un itinerario estable para sus vidas privadas, lo cual tendrá efectos demoledores en nuestra demografía; finalmente, todos vivirán paralizados por el miedo mientras trabajen por sueldos de miseria y las deudas privadas anulen su libertad.

La sociedad que se está constituyendo mediante el uso indiscriminado de la violencia económica produce asco. Es injusta e inviable. Daña a las víctimas y envilece a los pocos privilegiados a los que recompensa. Cada día cuesta más mirar a nuestros hijos a la cara sin mostrar una profunda pena, pensando en lo que les aguarda: vivir en una sociedad emasculada que olvió el significado de la palabra justicia.

Emilio Alvarado Pérez es portavoz de IU en el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares

Consecuencias ideológicas de la crisis

Una de las consecuencias más inmediatas de la crisis económica y del descontento generalizado hacia la clase política es el resurgimiento de la ideología fascista. Es preocupante la cantidad de organizaciones neofascistas que han surgido últimamente, y aún más que a partir de las elecciones municipales de mayo de 2011, ciertas de ellas tengan representación en consistorios muy importantes, como por ejemplo el de Alcalá de Henares en Madrid.

Una mirada al pasado nos hace comprender los motivos que permitieron la aparición de Hitler y su diabólica doctrina en la Europa de los años 20 del siglo pasado y que no fueron otros que la crisis económica, social, moral y política de una nación escindida y derrotada, factores todos ello amplificados por la Gran Depresión del 29.

La situación actual en Europa se aproxima a la de aquellos años nefandos. Crisis, paro, pobreza, desaparición de derechos sociales, deterioro grave de los servicios públicos, descrédito de la política tradicional, ausencia de ideologías alternativas, corrupción, manipulación y mentira son realidades que nos acompañan a diario desde hace demasiado tiempo, provocando una erosión de la ética individual y colectiva muy profunda.

En nuestro país, las políticas de ajuste del PSOE y los reajustes del PP (en definitiva, más recortes sociales, disminución de salarios y pérdida de derechos) no han producido los efectos deseados por quienes las han propuesto. Muy al contrario, han traído más desigualdad y pobreza, ahondando el descontento y el miedo de la mayoría de la población. El cansancio de los ciudadanos es palpable, y la irritación hacia el sistema se extiende como el aceite. Los lazos de la sociedad, tal y como los veníamos conociendo, se rompen y el populismo fascista puede recoger los frutos de una situación tan inestable.

Crisis económica

El Crac del 29 fue el resultado de la devastadora caída de la Bolsa de Nueva York provocada por una bajada repentina en el precio de las acciones, tras un lustro de subidas desenfrenadas que habían permitido amasar grandes fortunas en un corto espacio de tiempo. Los inversores no sólo destinaban sus ahorros y ganancias a aumentar la espiral bursátil, sino que se impuso la compra de títulos a crédito en la presunción falsa de que los beneficios de las acciones no caerían jamás.

Las semejanzas con la situación actual son evidentes, lo cual no es de extrañar porque los episodios especulativos, en el fondo, se rigen por las mismas reglas: avaricia, locura colectiva, movimientos de rebaño, incentivos hacia actividades sin futuro y mentiras asumidas mayoritariamente. La crisis presente, que comenzó siendo de las finanzas y que ha pasado a ser económica, política y social, fue provocada por un sistema financiero que impulsó el crédito temerario sobre el aval falso de unos inmuebles y unos solares que, se nos juraba, siempre subían de precio. Como cualquier burbuja, la de los inmuebles estalló, dejando un socavón en la economía de proporciones bíblicas que está llevándose por delante al Estado del Bienestar.

Crisis social

Tras la I Guerra Mundial, Alemania había aceptado la responsabilidad de la misma, lo que le obligaba a soportar una elevada deuda para con el resto de países vencedores. Durante los años anteriores a la crisis, Hitler había predicho su llegada y mientras los bancos quebraban y millones de alemanes perdían su empleo, Hitler vio la oportunidad de difundir el discurso del resentimiento, que prosperó en una nación derrotada, humillada y sin principios.

De nuevo, las semejanzas entre la Alemania posterior a la Gran Guerra y la de la España actual son muy acusadas. Cuando España entró en la Comunidad Europea y en la OTAN, en la década de los 80, el gobierno de Felipe González se encargó de desmantelar la industria nacional (siderurgia, naval, etc…) por exigencia del guión comunitario. La mal llamada reconversión industrial (que, en realidad, nos dejó sin industria) sumió al país en una crisis social de la que no nos hemos recuperado casi treinta años después, porque ha provocado que arrastremos una elevada tasa de paro que, por su magnitud inasumible, lastra la economía. No podemos obviar que fueron los gobiernos de Felipe González los que provocaron las mayores huelgas generales que recuerda este país, tanto en 1988 (reconversión industrial, abaratamiento del despido y contratos eventuales para jóvenes) como en 1994 (recortes de prestaciones por desempleo, contratos con salarios bajos y sin derechos para los jóvenes e intensificación de la movilidad geográfica del factor trabajo, entre otras medidas). Las medidas adoptadas por los gobiernos de Felipe González, lejos de mejorar la tasa de paro, provocaron su aumento y consolidación. Con la llegada de Aznar al poder, la tasa de paro descendió (aunque nunca por debajo de la tasa europea) y el poder adquisitivo de los trabajadores se redujo un 4% debido al crecimiento del empleo en sectores poco productivos (construcción, hostelería, …) y con salarios bajos. Pero los fundamentos de esta reducción del paro, a falta de un sector industrial fuerte, provocaron el colapso actual. Los gobiernos del PP fiaron todo el crecimiento a la carta de engordar la especulación inmobiliaria. El PP cebó la bomba que el Presidente Zapatero continuó alimentando hasta que en 2008-2009 nos estalló en la cara. Como bien sabemos, el tinglado inmobiliario se vino abajo, entramos en recesión, los bancos sobrevivieron porque fueron socorridos con torrentes de dinero público y tenemos más de cinco millones de parados, la cifra más alta de la historia, que es imposible absorber aunque el PIB crezca en el futuro con fuerza, porque la economía española no tiene tejido suficiente para hacerlo. O le damos la vuelta al país o estaremos condenados a sufrir durante varias generaciones las consecuencias de una sociedad fracturada.

Crisis política

La crisis política de la Alemania anterior al nazismo es consecuencia de la crisis social en la que se sumió el país y que permitió que el discurso racista fuera acatado por la mayoría de los ciudadanos alemanes, tanto por convicción como por el miedo y la violencia. De nuevo se evidencian paralelismos con la situación actual.

Para empezar, la negación por parte del gobierno de Zapatero de la crisis; después, la ejecución de medidas ineficaces y del neoliberalismo, que alcanzaron el cenit con la constitucionalización de tal ideología en el nuevo artículo 135. Esta última decisión, hija del bipartito, hipoteca el gasto del país que se subordina al pago de una deuda pública mantenida con especuladores y banqueros. Tal decisión, que pone a las claras quién gobierna el mundo, nos hunde en una crisis política y social que se ve acentuada por la creciente sensación de lejanía entre ciudadanos y clase política. A pesar de que los hechos las desmienten a diario, se siguen ejecutando las políticas neoliberales que nos han hundido en la crisis, por presión de lobbys financieros representados por las agencias de calificación y por la complicidad de unos gobiernos más ocupados en defender los intereses de la banca que los de los ciudadanos. En este caldo de cultivo de desafección y de desmoralización pueden prosperar ideas neofascistas que basan su discurso en un racismo contra la inmigración y en un lema tan peligroso como “los españoles primero”.

Debemos tener memoria y recordar el pasado para no volver a transitar el sombrío camino del fascismo, denunciando a quienes se creen en posesión de una verdad distorsionada que ha sugestionado al individuo, hasta el extremo de asumir como propia una crisis que no provocó. A pesar de todo, el futuro sigue estando en nuestras manos. Ha quedado demostrado por los más de 5'2 millones de parados que las medidas de ajuste y de reajuste del gasto, así como los recortes sociales indiscriminados son dañinos e inútiles. Hay una alternativa al PP y al PSOE, y no es el fascismo, cuyo único propósito es conducirnos a la tiranía y la muerte. No somos comparsas en esta crisis. No debemos consentir que nuestro pensamiento sea envenenado por la maldad de los que afirman que la culpa de la crisis la tienen precisamente quienes más la sufren, alentando un discurso que sólo demuestra la enfermedad moral de quien lo utiliza. Debemos parar al fascismo cotidiano que se nos cuela en tertulias, frases hechas, lugares comunes, comentarios de taberna y demás foros del descontento o del desahogo irreflexivo. De lo contrario, los paralelismos con épocas pasadas serán cada vez más claros y repetiremos una historia que nos llevó a la catástrofe absoluta.

Miguel Ángel Márquez Sánchez es militante de Izquierda Unida de Azuqueca de Henares

Los que sobran de verdad

Unos pocos han declarado la guerra a casi todos, utilizando como pretexto la crisis. A la minoría que malversa el poder (financiero, mediático y político) le sobran los trabajadores y sus derechos, los enfermos, los parados, los ancianos, los jóvenes, los niños, los consumidores, los pensionistas, los discrepantes, los que quieren ganarse honradamente la vida, los gordos, los flacos, los altos, los bajos, las mujeres, los hombres, los vivos y hasta los muertos.

La élite en el poder pretende convertirse en casta, y por eso también le sobran la civilización, los buenos sentimientos, el amor al prójimo, los derechos, la igualdad, la justicia, el afán de mejora, todo atisbo de humanidad.

Esta minoría quieren echarnos de la sociedad, estabularnos como al ganado, llevarnos a la porqueriza, achantar nuestra conciencia, echarnos a perder. Ya ni siquiera se molesta en disfrazar con retóricas la brutalidad de sus intenciones. Lo quiere todo raso y limpio. Desengañémonos: no contamos para ella.

Para convertirse en casta, la élite en el poder emplea tres armas tan poderosas como viejas: el dinero, la propaganda y las leyes. El dinero para dominar y comprar voluntades, la propaganda para difundir masivamente la mentira y las leyes para imponer lo que no se acata por las buenas. Para impedir este proyecto monstruoso hay que combatirles en sus guaridas. El poder que detentan debe volver a su único y legítimo dueño: el pueblo.

Algunos dirán que ha sido el pueblo el que ha aceptado tal estado de cosas y que hay que resignarse mientras siga consintiendo. A esos debemos decirles que los discrepantes, los que callan y los que no tienen voz, que también son pueblo, son siempre más que los que hablan a favor, y que un pueblo sometido por el miedo y la mentira no es libre ni juicioso.

Hasta ahora el 99% se va dejando conducir mansamente al cadalso por el 1%. ¿Cuándo cambiarán las tornas?

Emilio Alvarado Pérez es Portavoz de IU en el Ayuntamiento de  Azuqueca de Henares