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| Un policía indefenso recibe un golpe en la mano propinado por la cara de un peligroso estudiante. Obsérvese la profesionalidad del comando que asiste al estudiante agresor |
Ira, asco y amargura. Eso es lo que producen las imágenes difundidas por Internet en las que vemos a grupos de antidisturbios, acorazados de pies a cabeza, pegando con saña a estudiantes adolescentes en las calles de Valencia.
A los chicos y chicas que se manifiestan en las proximidades de sus centros educativos les sobran razones para quejarse: no quieren pasar frío en las aulas y no están dispuestos a sufrir más recortes que los convertirán, infaliblemente, en carne de cañón.
Los sucesivos gobiernos del PP han convertido la Comunidad Valenciana en un foco de corrupción que avergüenza y en una sentina de deuda insondable. Esos políticos, algunos de los cuales llevan generaciones disfrutando del caciquismo más rancio, han dilapidado el patrimonio público y quieren provocar la dislocación social. Ellos y no otros son los culpables de que no haya calefacción en las aulas, de los recortes educativos y, para colmo, de las agresiones que han sufrido los estudiantes que no hacían otra cosa que defender sus derechos en la calle. Esos políticos son los que tendrían que recibir el castigo de la fuerza pública por sus continuos desmanes, y no sus víctimas. Pero no está hecha la justicia para resarcir al ofendido. El mundo al revés.
Los chicos que son apaleados por la policía defienden la educación y la cultura. Se manifiestan con la mochila al hombro, en la que llevan el bocadillo, las tareas escolares y los apuntes. Esos son sus pertrechos, a lo que se une el sentimiento de saber que tienen razón, toda la razón, y que no necesitan nada más para que la verdad y la justicia resplandezcan, incluso ante un pelotón de mamelucos acorazados. En vez de ser distinguidos por defender el interés general, a estos chicos les llueven los golpes que les propinan unos policías sañudos cuyos sueldos pagan sus padres, algunos de los cuales votaron no hace mucho a los políticos que han ordenado las cargas. Más de un progenitor estará avergonzado estos días porque no podrá sostenerle la mirada a su hija o a su hijo golpeados por un energúmeno con casco que se esconde tras el uniforme al que deshonra.
Es evidente. Las nuevas autoridades del PP, emborrachadas de mayoría absoluta y presas de soberbia ideológica, han ordenado a la policía que reprima con brutalidad. Da igual que los agredidos sean menores de edad, estén indefensos y no hagan otra cosa que ejercer sus derechos constitucionales. Ante la conflictividad que se avecina, resultado de unas políticas salvajes que están laminando al común, creen que saldrá barato atemorizar al personal, despolitizar a la ciudadanía, aislar al discrepante y demonizar al que protesta atribuyéndole toda clase de intenciones malvadas y un par de estacazos por si acaso. Es la vieja historia de siempre: se trata de que el apaleado se convierta en culpable y el que apalea brutalmente en víctima.
Para justificar la lluvia de mamporros, los dirigentes del PP nos cuentan historias abracadabrantes de infiltrados, agitadores, conjuras judeomasónicas y fuerzas tenebrosas que aprovechan las manifestaciones con el fin de reventarlas. “No hay como hablar de algo para lograr que exista”, decía un turbio personaje del Cementerio de Praga, experto en conspiraciones. Tampoco faltará a la cita siniestra la jauría de los profesionales de la desinformación, dispuestos a cocinar el forraje propagandístico con el que tapar el delito de Estado.
Pero ocurre que todos estos ardides ya no sirven. Los teléfonos móviles tienen cámara y los ciudadanos son reporteros de sus vivencias, como un Argos vigilante de mil ojos. Cada vez resulta más difícil colar de matute una estafa propagandística que contradice cientos de imágenes grabadas de manera anónima, por mucho empeño que pongan en el asunto los cornetas de la intoxicación. En las imágenes difundidas por Internet sólo se ven estudiantes, la mayoría de ellos menores de edad, padres y madres, periodistas y otros ciudadanos que se sumaban estupefactos a las protestas a medida que arreciaba la saña policial. De los provocadores o de los elementos sediciosos de los que nos hablan los señores del PP, ni rastro, porque la verdadera conspiración puebla los despachos y pisa moquetas. Y por si cupiera duda alguna sobre lo que pasó en Valencia, contamos con la explicación impagable que de los hechos daba su Jefe Superior de Policía, el cual, en comparecencia ante los medios, jadeante y excitado por el festival de mamporros repartidos por sus subordinados, llamó a los ciudadanos apaleados enemigos. Adjetivo muy atinado el del mando policial, de nombre Antonio Moreno, porque así fueron tratados, por orden suya y de la Delegada del Gobierno, Paula Sánchez de León, los ciudadanos que se manifestaban: a hostias, como enemigos (hostis) que son para él y sus jefes políticos.
Cuando se analiza la violencia siempre se incurre en el mismo error, por lo demás completamente interesado: el dedo acusador sólo apunta a la violencia subjetiva, que es la que distorsiona o interrumpe el orden social (tanto da si es justo o no). Pareciera que todo acaba aquí, en el acto individual, lo cual es enteramente falso, porque al lado de la violencia subjetiva hay siempre una violencia objetiva, que es la que aplica el sistema, y que se caracteriza por ser continua y gozar del amparo que proporciona la ley y sus defensores, que tienen el monopolio de la violencia legal. Los sistemas inestables o en crisis suelen aumentar las dosis de violencia objetiva que aplican sobre sus ciudadanos, lo que tiende a producir una repuesta defensiva de los ofendidos. Además, a la violencia subjetiva y a la violencia objetiva se añade una tercera, la violencia simbólica, la del lenguaje, que aprisiona en sus límites la posibilidad del pensar, del decir y del criticar. Por eso se manipula la información y se retuercen las palabras, para violentar las conciencias y dañar el pensamiento.
En la capital del Turia se han dado las tres violencias, pero por parte de las autoridades. Hubo violencia subjetiva cuando apalearon sin razón a unos ciudadanos pacíficos que ejercían sus derechos constitucionales. Además, los políticos del PP y sus aliados mediáticos practican miserablemente la violencia objetiva sobre ellos con el fin de ganarse a la opinión pública, mintiendo sobre las víctimas y difundiendo una imagen de ellas monstruosa y falaz. Finalmente, se aplicó la violencia simbólica contra los apaleados y ofendidos, en el momento en el que el jefe de la policía, acompañado por la Delegada del Gobierno, los llamó enemigos.
Violencia objetiva, subjetiva y simbólica aplicada contra menores de edad por parte de un gobierno que, con sus actos, deslegitima el sistema que dice defender: no cabe ser más antisistema.
Camps en la calle, Garzón inhabilitado, despido a la carta, salarios de miseria, más paro que nunca, economía en recesión y, por si no fuese bastante, menores agredidos por las fuerzas de orden público. Como les dejemos, los señores del PP van a acabar con todo.
Emilio Alvarado Pérez es portavoz de IU en el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares
