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| Elena Salgado, Consejera de ENDESA |
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| José María Aznar, Asesor de ENDESA |
Ocurre con irritante frecuencia que ministros y presidentes del Gobierno de la nación, una vez
abandonada la responsabilidad pública, entran a formar parte de manera
inmediata de los Consejos de Administración de grandes empresas privadas a
cambio de suculentos honorarios, quién sabe si por los “servicios prestados”,
por los “servicios a prestar” o por un compendio de ambas cosas.
Es esta una práctica que no por
habitual y legal deja de ser vergonzosa, porque demuestra al unísono la
ambición mezquina de bienestar tocinero (en feliz expresión de nuestro
injustamente olvidado Ramón de Garciasol) de quien disfruta de prebendas
dudosas, y la ósmosis entre intereses públicos y privados, verdadera lepra de
nuestra democracia.
El bipartito no ha perdido ni un segundo en buscar retiros
dorados a sus más insignes representantes, no satisfechos con el generoso
estipendio público del que se han hecho acreedores cuando dejan su
responsabilidad política. Todo hace sospechar que detrás de estos fichajes se ocultan
pactos vergonzantes y tratos de favor entre los dirigentes de unos y de otras,
que viven en un retortero mutuo en el que se mezcla lo que habría de estar
absolutamente disociado. Cuando se trata de prebendas, el bipartidismo lo
aguanta todo y se aplica a sí mismo aquello que decía Séneca sobre las
magnitudes: “nunca es poco lo bastante; nunca es bastante lo que es mucho”.
La lista de ex políticos del bipartidismo (y de otras
muletillas políticas nacionalistas) que ahora cobran nóminas de relumbrón de grandes empresas privadas es tan extensa como interesante: Felipe González, ex presidente
del Gobierno (PSOE), es en la actualidad Consejero de Gas Natural; Miguel
Boyer, ex ministro de Economía y Hacienda (PSOE), es Consejero de Red
Eléctrica Española; Pedro Solbes, ex ministro de Economía y Hacienda
(PSOE), es miembro del Consejo de Administración de la eléctrica italiana ENE,
propietaria de ENDESA y Consejero del Barclays Bank; José María Aznar,
ex presidente del Gobierno (PP), trabajó para Centaurus Capital, fondo de inversiones
especulativas con sede en las Islas Caimán, es asesor externo de ENDESA y
asalariado de lujo de un imperio mediático, el de Rupert Murdoch, que está acusado
de escuchas ilegales, soborno, chantaje y manipulación informativa entre otros
cargos de gravedad.
A todos estos ex políticos se suman Rodrigo Rato (PP),
Miguel Roca (CiU), Isabel Tocino (PP), Abel Matutes (PP), Josep Borrell (PSOE),
Javier de Paz (PSOE), Eduardo Zaplana (PP), Miguel Ángel Acebes (PP) y una
interminable lista que sería tedioso reproducir aquí. Pero detengámonos en el
último caso conocido, porque lo merece: el de la señora Salgado. La que fuera número
dos del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, anunció a principios del
mes de marzo su fichaje por ENDESA en Chile. Elena Salgado se unirá al equipo
de asesores internacionales de la eléctrica presidida por Borja Prado para
poner en valor, según comunicado de la empresa, sus “conocimientos”,
para lo que está tramitando las autorizaciones pertinentes del Ministerio de
Administraciones Públicas. Gracias al ejemplo de la señora Salgado comprobamos,
una vez más, que la puerta giratoria entre las cúpulas del bipartidismo y las
grandes empresas está engrasada, que gira que es un gusto y que por ella
discurre una élite poltrona acostumbrada a mandar mucho y a cobrar más.
Y es que estos ex mandatarios, adictos a pisar moquetas de
lana tipo Axminster, dan el salto de lo público a lo privado sin esperar a que a los ciudadanos se les
borre de la memoria su imagen como ministros o altos cargos de la Administración.
Apenas cesan, se incorporan a sus nuevas tareas empresariales, demostrando una
gran habilidad para caer siempre de pie.
La filiación partidaria de los ex ministros y de otros dirigentes
de partidos políticos institucionales que obtienen una prebenda en los Consejos
de Administración de las grandes compañías no es un condicionante a la hora de
ser reclutados por la gran empresa. La patronal sabe que la clave consiste en
disponer de peones para influir en cada turno gubernamental, recreando la
vieja España de la Restauración en la que era costumbre que Cánovas y Sagasta
se otorgaran mutuamente cuantas credenciales vergonzantes hicieran falta para tapar sus mutuas oscuridades. Con esta práctica se
trata de constituir una peculiar forma de lobby que permite a la gran
empresa influir y presionar sobre las decisiones de los gobiernos que, como
viene siendo tradición, gracias a un sistema electoral corrupto, están en manos
del PSOE o del PP. El objetivo es que la empresa privada saque rentabilidad del
bipartidismo y viceversa, en alegre simbiosis que nos conduce a las más altas
cimas de la miseria colectiva.
Todo este escándalo está
amparado por la ley, que consiente la íntima relación entre el servicio público
y el enriquecimiento privado. A pesar de la profunda gravedad de la crisis y del
comportamiento avaricioso e insolente de los actores corporativos, no se han
tomado medidas como la intervención pública de empresas estratégicas, elevar la
inspección y la presión fiscal sobre los bancos o aumentar el control de las
actividades especulativas. Es evidente que las élites del bipartidismo no van a
gobernar y aún menos legislar contra la mano que, de manera tan generosa, está
dispuesta a enriquecerles cuando salen de las instituciones.
Esta malsana promiscuidad
entre cierto sector de la política y el gran capital es algo más que una
extendida inmoralidad personal. Supone un deterioro intolerable de nuestra
democracia, al convertirse en una garantía continuista de las políticas
neoliberales que han provocado una crisis económica sin precedentes y que
conducen, irremediablemente, a la ruina social. La casta política que discurre
con comodidad por las puertas giratorias de la colusión, además de carecer de
moralidad, ha optado por apuntalar la dictadura de los mercados en vez de
gobernar en defensa de la sociedad. A la vista de currículum como los de Felipe
González, José María Aznar o Pedro Solbes, se hace necesario endurecer el
régimen de incompatibilidades entre política y negocios. Por cierto, el señor
Solbes se comprometió, durante su mandato ministerial a revisar esta normativa.
Ahora se entiende por qué no lo hizo.
El pasado 6 de marzo,
Alberto Garzón, diputado de Izquierda Unida, llevó a cabo una iniciativa
parlamentaria para que el Gobierno estudiara la posibilidad de reformar la
regulación de los conflictos de intereses de los altos cargos, con el fin de
garantizar una separación nítida entre la esfera pública y la esfera privada. IU
recordó que la ley 5/2006 de 10 de abril, De
regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los
Altos Cargos de la Administración General del Estado establece que “durante los dos años siguientes a la fecha
de su cese, los altos cargos no podrán desempeñar sus servicios en empresas o
sociedades privadas relacionadas directamente con las competencias del cargo
desempeñado”. El bipartidismo, interpelado por esta cuestión, guarda un
silencio embarazoso del que habrá que sacarle con agua hirviendo. Ya estamos
calentando las calderas.
Una cosa es obvia: los
políticos y ex-políticos que forman parte del sistema bipartidista tienen una
versatilidad de la que carecemos el resto de los mortales. Lo mismo portan la
cartera de economía para conducir con eficacia a millones de ciudadanos a vivir
a contrapelo que llevan un banco a la quiebra, o asesoran a una empresa
energética y suben el recibo de la luz a unos ciudadanos que viven, cada vez más, a dos velas. Ellos pueden con todo, pero sólo porque se lo permitimos.
María José Pérez Salazar es miembro del Consejo Político de IU de Azuqueca de Henares
María José Pérez Salazar es miembro del Consejo Político de IU de Azuqueca de Henares
