La derecha cristiana está sumida
en contradicciones insalvables. Es cierto que sus incoherencias pasan
desapercibidas, porque una muchedumbre de medios amigos se encargan de taparlas
bajo toneladas de mala retórica y de falsedades sin cuento. Pero, con todo, ahí
están, bullendo en un subsuelo metafísico que se resquebraja y que, en su
deterioro, no es capaz de sostener la fe del más crédulo.
Un ejemplo de tal estado de cosas
lo proporciona el impacto que está teniendo la reforma laboral en las filas
católicas. Dos organizaciones cristianas, la HOAC (Hermandad obrera de
Acción Católica) y la JOC (Juventud Obrera Cristiana), publicaron el
pasado 16 de febrero un comunicado contrario al decreto del gobierno del PP.
El texto fue enviado a todas las parroquias por la Delegación Episcopal
Diocesana de Pastoral del Trabajo, para su difusión y debate. Inmediatamente,
el jefe de la Conferencia Episcopal, Rouco Varela, prohibió tal difusión porque
consideraba improcedente el contenido del manifiesto. Tras un pulso de poder
que duró poco tiempo, venció la imposición de la jerarquía. La censura
ideológica se alzó victoriosa y en los templos no se habló de los
afanes y sufrimientos de las personas.
Como en un espejo limpio, esta
pugna refleja dos clases de contradicciones. La primera, se da entre una
concepción teocrática-descendente del poder, encabezada por la Conferencia
Episcopal, que choca con la visión conciliar del poder religioso, encarnada hoy
en algunas organizaciones cristianas de base. Esta pugna, que dura más de ocho siglos, enfrenta la concepción del poder construida por los papas León I
(440-461) y Gelasio (495) con la de los vigorosos movimientos conciliares del siglo XIV, que tanto le
deben al derecho canónico de los siglos XII y XIII, a la recuperación del aristotelismo en occidente y a las tesis de Guillermo de Ockham, Marsilio de Padua y Bártolo de Sassoferrato, entre otros muchos pensadores insignes. Digámoslo en otros términos: o
la Iglesia se edifica sobre la base del absolutismo de sus jefes, que tienen,
por tanto, poder de “atar y desatar” (plenitudo potestatis, gubernator y
principatus) o el poder soberano reside en la congregación de los
creyentes. Si el jefe religioso es soberano, los creyentes son meros súbditos: doctrina de los dictatus papae. Al contrario, si la soberanía reside en los creyentes, el jefe religioso es un miembro más de
la Iglesia, carente de las atribuciones mágicas que se le suelen suponer: doctrina de la congregatio fidelium.
A esta primera contradicción se
une otra no menor: la de la alianza de la Iglesia católica con el gobierno del PP. En un
mundo cada vez más secularizado, en el que el pensamiento religioso está en
franca huída, la jerarquía católica se aferra al poder secular porque, por sí
sola, nada puede. De los obispos que comandaban ejércitos y asediaban
fortalezas, se ha pasado a los obispos que besan el cetro del poder civil que
les hace el caldo gordo en el empeño de mantener una sociedad clerical, por lo demás, condenada al fracaso. Separados irremediablemente el sacerdotium del regnum, viene a suceder que la alianza se forja con el poder civil de
ideología conservadora, único garante político del privilegio y la excepción,
oxígeno vital de una institución humana, la Iglesia, incapaz hoy de respirar sin
asistencia. Esta premisa es asumida por la jerarquía católica española,
llevándola a defender al gobierno amigo y, como es el caso que nos ocupa, a
corresponder los favores recibidos con silencios y complicidades escandalosas.
Rouco Varela sabe que su reino, que sí es de este mundo, se sostiene sobre un entramado de privilegios
inaceptables y hará todo lo que esté en su mano para defender a los gobernantes
que garanticen tal estado de cosas. Escaso precio para tan “alto” fin es que haya que
censurar un comunicado que puede molestar a un gobierno aliado, aún cuando el espíritu
del texto esté en concordancia con el Evangelio de San Juan.
Convendría que los
jerarcas de la Iglesia, incluido Rouco Varela, releyeran el relato de Juan el
evangelista en el que se describe a un Jesús furioso que improvisa un látigo
con cuerdas, con el que echa a vendedores y cambistas que comercian impunemente
en el Templo, desparramando el dinero de los comerciantes y volcando sus mesas,
diciendo “No hagáis de la Casa de mi Padre una casa de mercado.”
Por su interés, reproducimos a
continuación el escrito de ambas organizaciones cristianas, para
conocimiento y juicio general.
COMUNICADO ANTE LA NUEVA
REFORMA LABORAL
La Juventud Obrera Cristiana
(JOC) y la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC), como parte de la Iglesia
en el mundo obrero y del trabajo, ofrecemos esta reflexión ante la aprobación
por el Consejo de Ministros de una nueva reforma laboral.
Nos encontramos con la 16ª
reforma del mercado de trabajo en democracia. Hasta ahora las sucesivas
reformas laborales llevadas a cabo por los gobiernos, de uno u otro signo
político, bajo el pretexto de modernizar y flexibilizar dicho mercado laboral,
han transformando la concepción y función del trabajo asalariado en nuestra
sociedad y están socavando los derechos de las personas trabajadoras y de sus
familias.
Estas reformas siempre se han
presentado como una necesidad para combatir el desempleo, pero sólo han
conseguido:
- incrementar el empleo
temporal, especialmente para los jóvenes;
- diversificar las modalidades
de contratación a la carta;
- abaratar el coste del despido;
- reducir el crecimiento de
los salarios;
- devaluar lo público
(servicios sociales, educación y sanidad).
En definitiva, han
profundizado en el trabajo precario y en el empobrecimiento de las familias
trabajadoras. Un ejemplo lo tenemos en los años de crecimiento económico
anteriores a la actual crisis: aún creándose riqueza y empleo, estos no
sirvieron para disminuir la pobreza en nuestro país. Ninguna reforma ha estado
orientada hacia la expansión de un empleo decente como Benedicto XVI reclama en
la encíclica Caritas in veritate. Los derechos que emanan de un trabajo a la
altura del ser humano no pueden estar subordinados a las exigencias económicas.
Es la economía la que debe orientarse a las necesidades de las personas y de
sus familias; es el ser humano el centro de la actividad económica y laboral.
El respeto a la dignidad del trabajo, vinculado a la dignidad de la persona, es
y debe ser el criterio central de una economía orientada por “una ética amiga
de la persona”. (Benedicto XVI, Caritas in veritate, 45)
Esta nueva reforma es otra
agresión al trabajo humano como principio de vida. Creemos que una reforma
laboral que pretende ser completa y marcar un antes y un después en las
relaciones laborales, no puede hacerse sin el suficiente consenso social entre
las personas trabajadoras y el colectivo empresarial. Y tendría, además, que
responder a las necesidades de las familias trabajadoras y no a las exigencias
impuestas por los mercados financieros, las grandes empresas, las instituciones
comunitarias y los organismos económicos internacionales.
Esta reforma laboral es una
vuelta de tuerca más para flexibilizar el mercado de trabajo:
· Quiebra el derecho constitucional a la negociación
colectiva y a la capacidad organizativa de los trabajadores (no existe
negociación real de los trabajadores en el ámbito de la empresa cuando el 95%
del tejido productivo español está compuesto por empresas de menos de 50
trabajadores. Este Real Decreto contempla la fractura de la cohesión social al
habilitar la “caducidad” de los convenios colectivos desincentivando cualquier
negociación entre las partes)
· Facilita y abarata la
expulsión del mercado de trabajo: quita trabas al despido por causas
económicas; rebaja la indemnización del improcedente (pasando a 33 días por año
trabajado, con un máximo de 24 mensualidades) y elimina la autorización
administrativa para poder llevar a cabo los expedientes de regulación de
empleo. Los contratos indefinidos con esta nueva regulación tampoco tendrán,
como los temporales, condición de estabilidad.
· Abre el camino para ajustar
los salarios a la productividad. Con esta reforma, los salarios de los
trabajadores más débiles van a depender de la voluntad unilateral del
empresario.
· Dificulta, cuando no impide
o precariza, el empleo juvenil. Más del 80% del empleo destruido por la crisis
corresponde a empleo juvenil. El nuevo contrato de trabajo indefinido,
especialmente para jóvenes (también para desempleados de larga duración),
dirigido a las empresas de menos de 50 trabajadores, se puede convertir, más
que indefinido, en un contrato temporal sin causa justificada. Estas nuevas
modalidades de contratación y regulación ponen en serio peligro, aún más, la
estabilidad presente y futura de la mayor parte de la juventud.
No compartimos la
individualización de las relaciones laborales que propone esta reforma.
Recordamos a nuestros gobernantes que el trabajo es una experiencia comunitaria
y que una de las funciones de la empresa, según la Doctrina Social de la
Iglesia, es favorecer la comunitariedad. Todo lo que suponga la
individualización, dar prioridad a los intereses personales frente a los
colectivos, significa romper la vocación a la comunión del ser humano. No es
lícito eliminar derechos y protección de las personas trabajadoras con el
argumento de combatir el desempleo y de reducir la temporalidad, cuando han
sido las políticas económicas de los últimos gobiernos las que han provocado
que haya un tejido productivo tan débil y un empleo tan precario.
No podemos seguir flexibilizando las relaciones laborales sin garantizar la
seguridad de una vida digna para las personas trabajadoras y sus familias. Y
esta reforma se lleva a cabo en un contexto de quiebra del Estado de Bienestar,
de reducción del Sector Público y de recortes de los servicios y prestaciones
sociales sin precedentes.
Esta reforma rompe el débil
equilibrio conquistado históricamente entre capital-trabajo, alejándose del
principio siempre defendido por la Iglesia de la prioridad del trabajo frente
al capital. Además, supone un nuevo golpe al Derecho Laboral limitando su
capacidad de frenar la creciente mercantilización y “cosificación” del trabajo
humano. Consideramos que este gobierno ha aprovechado el estado de quietud y
miedo de la mayor parte de la ciudadanía, para eliminar viejas conquistas
laborales y aspiraciones conseguidas tras muchas luchas de tantas personas a lo
largo de la historia.
Los retos actuales que
atraviesa la economía española requieren medidas políticas concertadas en el
ámbito internacional que subordinen la economía financiera a la economía
productiva. Es preciso, como ha pedido insistentemente Benedicto XVI y el
Pontificio Consejo Justicia y Paz, una reforma del sistema financiero
internacional. Esta reforma supondría avanzar en justicia social y comunión de
bienes, redistribuyendo efectivamente la riqueza existente; controlar la
economía especulativa y frenar el desmedido afán de lucro, en lugar de eliminar
derechos. Este es el camino que puede generar riqueza orientada a la creación
de empleo decente y con derechos, y a disminuir la pobreza.
Como Iglesia en el mundo
obrero, en las actuales circunstancias, pedimos a las autoridades políticas, a
los agentes sociales y económicos, al conjunto de los trabajadores y de la
sociedad, y especialmente a los cristianos y cristianas, que caminemos juntos,
con la intención de eliminar las causas que han generado esta crisis económica
y, al mismo tiempo, superemos las estructuras económicas y sociales injustas
que tanto sufrimiento, deshumanización y pobreza están provocando a las
personas.
También instamos a los
partidos políticos a corregir y reorientar, en el proceso parlamentario, esta
reforma laboral poniendo en el centro de la misma el trabajo decente y con
derechos y, al mismo tiempo, animamos a participar en las iniciativas y
movilizaciones que se convoquen por parte de las organizaciones eclesiales,
sociales y sindicales que ayuden a tomar conciencia y revertir esta situación
tan lesiva para las personas trabajadoras y sus familias.
Emilio Alvarado Pérez es portavoz de IU en el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares
