Criminalizando la educación

Wert se divierte en las sesiones de control del Congreso de los Diputados

Un día tras otro nos levantamos viendo en los medios de comunicación noticias sobre los problemas que causa la crisis económica en la sociedad española. Cada día hay más personas en el paro y más familias sin ninguna prestación ni recurso. ¿Qué hace el Gobierno para solucionarlo? Recortar y convocar “gabinetes de crisis” por la nacionalización de YPF, empresa que de española tiene muy poco. ¿Cuáles son los últimos recortes? Los sanitarios y educativos.

Me centraré en desmontar las mentiras y falacias vertidas por el Partido Popular contra la educación y los estudiantes.

En primer lugar, el señor Wert y la señora Cospedal afirman que los españoles somos muy malos estudiantes universitarios y que costamos al erario público mucho dinero (3.000 millones de euros anuales), además de alcanzar una tasa de fracaso universitario del 30%. Es aquí donde comienzan las mentiras. Cuando el señor Ministro y la Secretaria General del PP afirman que la tasa de fracaso universitario está en el 30%, incluyen a las personas que por diferentes causas hemos tenido que cambiar de carrera universitaria. Si eliminamos ese añadido, la cifra de fracaso baja al 21%. También olvidan mencionar en sus críticas las cifras que ofrecía la CRUMA (Conferencia de Rectores de Universidades en Madrid). En ellas, los rectores afirman que el 79% de los estudiantes que comienza sus estudios universitarios los consiguen terminar y que, además, sobre este particular, estamos mejor que la media europea.

¿Qué propone el gobierno para solucionar un  problema que no existe? Aumentar las tasas universitarias de un 15% a un 50%-60%, y reducir el número de becas y ayudas a los estudiantes. Citando al señor Ministro: “es hora de que las familias paguen los estudios de sus hijos”. Sin embargo, tanto Wert como Cospedal olvidan mencionar que al aumento de las tasas por parte del Estado hay que añadir las posibles subidas de las diferentes universidades. ¿Qué supone la disminución de las becas y ayudas, junto con la subida de tasas? Que el próximo curso, la mayoría de los estudiantes pagará una matrícula superior a los 1.500 euros anuales y que muchos otros se verán obligados a no realizar estudios universitarios o abandonar los que ya están cursando.

¿Dónde está la trampa? La desveló el Ministro de Educación afirmando que a los estudiantes se les podrán conceder préstamos con diferentes entidades bancarias para sufragar sus estudios. ¿Qué es lo que no dice? Que los estudiantes que soliciten uno de estos préstamos, por el hecho de estudiar, tendrán que pagar intereses abusivos que les tendrán endeudados durante muchos años de su vida.

Continuando con más mentiras, la siguiente nos lleva a la “supuesta” gran cantidad de universidades públicas que hay en nuestro país. El señor. Wert sostiene que hay que reducir el número de instalaciones universitarias porque suponen un gasto excesivo. Hablemos de costes, señor Wert, y comparemos el porcentaje destinado por dos comunidades autónomas a financiar las universidades públicas y privadas. La primera de esas comunidades es Asturias. En el Principado, el porcentaje destinado a las universidades públicas alcanza un 80% del total, mientras que el destinado a las universidades privadas es de un 20%. Ergo, pese a destinar un 20% del presupuesto educativo para la enseñanza superior a universidades privadas, que se financian con el dinero que pagan sus estudiantes, el porcentaje es adecuado. En el lado opuesto tenemos el ejemplo de la Comunidad de Madrid, en la que el porcentaje del presupuesto se distribuye en un 50% entre universidad pública y privada. Un reparto aberrante, ya que estamos financiando universidades privadas con grandes cantidades de dinero público. ¿Qué no cuenta, además, doña Esperanza Aguirre sobre esta cuestión? Que esos porcentajes también son falsos a efectos de liquidez, ya que la partida destinada a las universidades privadas siempre llega, mientras que con las públicas mantiene una lista de impagos intolerable. Por lo tanto, la realidad es que en Madrid se está destinando más dinero de los contribuyentes a promover intereses privados que públicos.

Además de esto, ¿por qué el señor Wert y los señores del PSOE no hablan de las dificultades financieras que han tenido que pasar las universidades para poder adaptarse a los "Grados" sin casi financiación del Estado? No les interesa, es mejor hacerse la foto.

Por último, desmontemos las mentiras sobre la educación primaria y secundaria. El señor Wert afirma que hay que aumentar la ratio de alumnos por clase. Esto supondrá el aumento de alumnos por aula retrocediendo a cifras de otros tiempos. También supondrá una peor calidad educativa para nuestros jóvenes y el despido de profesores, aumentando más el paro. ¿Por qué el Estado y las Comunidades Autónomas no se centran en la educación pública, que es lo suyo, y dejan de promocionar y financiar colegios privados y concertados con los impuestos de los ciudadanos?

La educación no es un negocio, de modo que no se le pueden exigir beneficios al instante como si de un banco se tratara. La educación es una inversión de futuro que está dando sus resultados, estando España a la cabeza de Europa en jóvenes sobradamente preparados.


Reconozcan sus errores, señores y señoras del PP y del PSOE. No intenten arruinar estas buenas cifras criminalizando a la educación y a los estudiantes. Inviertan en futuro para que dejemos de ser también un país a la cola del mundo en jóvenes preparados y sin empleo y, ahora, en jóvenes que se ven obligados a marcharse del país. Dejen de fabricar mano de obra barata y sin preparación a la que tratar como borregos que no se atreven a levantar la cabeza. En definitiva, dejen la política de "panem et circenses" (aunque ya ni pan) y ocúpense de mejorar el país y no sus propios egos. Luchemos por una educación digna y de calidad. Como dijo Edmund Burke, uno de los padres del conservadurismo clásico, al que se supone que deberían haber leído: "la educación es la menos cara de las defensas de una nación."


Miguel Óscar Aparicio es militante de IU de Azuqueca de Henares

Crisis, desbordamiento social y reacción

La derecha catalana es a la derecha española lo que el fuet al salchichón

Los predicadores del capitalismo desbocado (neoliberales, políticos derechistas y corruptos, financieros podridos de dinero, tertulios y otros mercenarios de la pluma y de la palabra) adelantaron la última crisis del capitalismo desde poderes que ocuparon con todo género de malas artes.

Esta élite peligrosa, además, agrava las consecuencias de la crisis al empeñarse en mantener un sistema condenado e inmoral, sin importarle que su propósito acarree la destrucción de la sociedad. 

Doblemente culpable, por causar la crisis y por ahondar el sufrimiento colectivo, la oligarquía gobernante está dispuesta a cometer un tercer abuso: reprimir por la fuerza al que no se someta mansurronamente al suicidio que le imponen. Desengañémonos, esta casta es refractaria a la enmienda.

Nunca se repetirá suficientemente. La caterva dominante no sólo provocó el desastre que soportamos. Quiere, también, destruir medio siglo de regulaciones que han permitido la paz social. Su plan es convertir a los ciudadanos, presentes y futuros, en parias sin derechos, en seres semovientes agarrotados por el miedo, en mobiliario de salón, de ese que pasa de moda y acaba en el basurero.

Los que mandan inoculan el virus de la desigualdad, exacerbando el conflicto social. Provocada la alteración, convierten el conflicto social en materia de orden público. Provocan un incendio pavoroso y quieren que nos comamos las cenizas en silencio.

Hasta ahora, la mentira y la manipulación habían bastado para mantener embrutecida a una población enganchada a la dopamina del consumo a crédito. Pero la crisis ha destapado la locura de un sistema en el que sólo caben unos pocos. Cuanto más profunda es la crisis, más nítida es la imagen de una élite dispuesta a todo para defender sus privilegios, que se sostienen en la miseria de la mayoría. 

En España esta casta actúa sin recato, ahora que la mayoría absoluta respalda su despotismo. Recurren abiertamente a la manipulación más grosera, a la amenaza y a la violencia física contra disidentes y víctimas, que somos casi todos. Su representante máximo es el gobierno de Rajoy, que alcanzó la mayoría absoluta a partir de un fingimiento prostibular de mentiras y de silencios canallescos nunca antes visto en una campaña electoral. Pero desde la oscuridad cobarde, como rasputines y validos, maniobran otros grupos que empujan al gobierno en la dirección que les conviene. Mientras tanto, el interés general es arrastrado por el barro y otras inmundicias.

Rajoy no fue elegido para destruir los consensos sociales básicos, de modo que su mayoría absoluta es, a este respecto, perfectamente ilegítima. No está habilitado para gobernar como lo hace, si es que a lo que hace se le puede llamar gobernar. Ni como mandatario ni como simple mandado es Rajoy digno del cargo que representa. Con él se impone el gobierno de los bárbaros que, como diría el clásico, se empeña en dominar por el temor, el achicamiento y la estupidez.

Destruyendo las leyes laborales, Rajoy y sus amigos nos han convertido en siervos de la gleba. Pero tal retroceso no basta para calmar a una élite insaciable que siempre pide más aunque ya se le haya dado todo. Por eso, el gobierno derriba los servicios públicos que nos hacen ciudadanos, arguyendo que son una carga insoportable, y anuncia que va a tomar al asalto la televisión pública nacional, convirtiéndola en un órgano de propaganda con el que construir un conformismo gallináceo apropiado para la conmoción que se avecina.

Rajoy nos amenaza con la criminalización del disidente o del agraviado. Por declaraciones de su gobierno sabemos que no dudaría ni un segundo en encarcelar a Ghandi o a Martin Luther King, por kaleborrokos. También ha dado pruebas de que le importa un comino poner en peligro la salud de las personas, al negar la tarjeta sanitaria a inmigrantes sin papeles. Además, hinca de rodillas al país envolviéndose en una bandera que todo lo tapa. Finalmente, perdona a sus condenados y amnistía a los grandes defraudadores, mientras que amenaza con aplicar badana al humilde. En pocas palabras, es débil con el fuerte y fuerte con el débil, defecto eterno del cobarde. Haz lo que te mando y no hagas lo que yo hago: esa es su divisa, emblema universal de la hipocresía.

La crisis nos muestra el abismo y el mal que anida en el sistema. Pero, a la vez, nos enseña los límites de un orden que se desmorona. De ahí que la crisis pueda ser, también, liberadora, porque nadie quiere, al menos conscientemente, inmolarse inútilmente para mayor gloria de quien le explota y desprecia. Los contrastes brutales de la crisis han conseguido un efecto positivo: que aumente la riada de ciudadanos que se rebelan contra el despotismo de la casta dominante.

Las redes sociales están rompiendo el monopolio manipulador de la opinión publicada, que está cada vez más lejos de la opinión pública. Saltan las costuras del sistema político, de ahí su descrédito y el de sus protagonistas, gobierno incluido, por muchos votos que arropen sus decisiones. Con un clima tal, no es casualidad que la monarquía se vea en la obligación de pedir excusas por actos que antes eran broche y sol de su ejecutoria. Los ciudadanos se echan a las calles convirtiéndolas en ágoras. No hay prestigio en las instituciones y sus mandatos, en vez de procurar consentimiento ciudadano, provocan primeramente desconfianza cuando no rechazo completo. Es tanta la separación entre el común y las instituciones que cuando algunas de ellas precisan reunirse en una ciudad, hay que blindarlas contra los ciudadanos a los que, teóricamente, habrían de representar. El Banco Central Europeo es ejemplo neto de esta perversión: su reunión fuera de su sede exige el control militar de la ciudad elegida, la ocupación policial previa y la declaración de una suerte de estado de excepción contrario a la dignidad, derechos e intereses de sus habitantes. Cada vez es más frecuente la paradoja de que el poder que emana del pueblo legisla contra el pueblo, ocultándose y viviendo una vida ajena despegada de su hacedor. Atravesamos tiempos crepusculares en los que se hace real la máxima todo el poder para el pueblo, contra el pueblo y sin el pueblo.

Signo de nuestra época, el poder público se aleja de la sociedad, se aliena, erosiona su legitimidad y arremete contra su fuente y origen. De ahí la necesidad urgente de abordar su refundación. De lo contrario,  habrá oligarquía para rato, maldición eterna de nuestro país, como denunciaba Joaquín Costa hace poco más de un siglo.

Para escapar de un destino que no podemos asumir como fatalidad hay que cambiar las élites, las mentalidades, las instituciones y los fines que inspiran nuestra sociedad, que es tanto como decir que hay que transformar el alma colectiva que nos rige.

Aparece así en el horizonte de nuestra historia, una vez más, la necesidad de un programa que evite la desintegración. Nadie puede asegurar el éxito de la empresa, por mucho que sea necesaria, lo cual no significa que haya que renunciar a ella porque, como decía Ramón de Garciasol, “de otro modo sería imposible el Quijote”.

Emilio Alvarado Pérez es Portavoz de IU en el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares

Montoro lava más blanco

Qué flaca es la memoria humana

El eufemismo es, en política, la antesala del atraco. También opera esta regla en la vida privada, aunque en los asuntos cotidianos el eufemismo puede ser, además, expresión de buenas maneras. Pero dejemos el desarrollo de esta última idea para mejor ocasión.

Cuanto peor discurre la cosa pública, más tiende el gobernante frescachón, cuando se dirige a los gobernados, a abusar de perífrasis, rodeos y circunloquios. Los casos menudean, hecho al que no es ajena la influencia nefanda de la crisis. Por ejemplo, si el gobierno dice que es partidario de la flexibilización, que se agarren los trabajadores a algo firme porque lo inmediato es que les bajen el sueldo o les recorten los derechos. Del mismo tenor son términos como fusión, racionalización, modernización, ajuste, crecimiento negativo y demás consanguíneos, embelecos con los que marear a la víctima antes de asestarle el golpe definitivo. Si tienen la mala fortuna de escuchar estas palabras, dispóngase a cavar inmediatamente una trinchera porque anuncian que se apuntará a matar.

El último de los circunloquios que cargamos sobre nuestro costillar ha sido patentado por el Ministro de Hacienda, señor Montoro, figura que no decepciona, por más que su última comparecencia parezca siempre insuperable. Nos propone don Cristóbal la bondad de aprobar una regularización de activos ocultos que, dicho así, sin mediar explicación, parece cosa razonable por lo bien que suena. ¿A quién le parece mal que se saque a la luz, para que se oree, lo que pulula en el secreto, en la humedad y en las tinieblas? Ocultar es algo sospechoso, porque el ocultamiento es la condición necesaria del acto traicionero, de ahí que el Evangelio proclame et lux in tenebris lucem. ¿Y qué decir del noble propósito de regularizar? ¡Qué bonito y serio es lo regular, lo preciso, lo que se atiene a una norma adecuada! Nos gustan los trenes puntuales, que es lo mismo que regulares. Tomamos fibra para regularnos y queremos, regularmente, cobrar la nómina ganada con sudor, esfuerzo y dedicación. ¡Don Cristóbal, siempre con usted!

Desafortunadamente para el señor Montoro y para las ilusiones de los crédulos del mundo, todo circunloquio manifiesta una debilidad directamente proporcional a la profundidad del misterio que tapa. En la inevitable aclaración en sede parlamentaria, el Ministro de Hacienda no pudo evitar que aflorase su verdadera intención, despojada de disfraces, que no es otra que decretar una amnistía fiscal en beneficio de lo peor de la delincuencia mundial. Dicho a lo llano, como proponía nuestro primer poeta, Gonzalo de Berceo (quiero fer una prosa en román paladino/en el qual suele el pueblo fablar a su vecino), la regularización de activos ocultos no es mas que una manera finolis de proponer que el Estado se ponga al servicio de la mafia y el choriceo universal, blanqueando el dinero de sus actividades criminales.

Cuando los activos ocultos (dinero negro) salgan a la luz, la administración no preguntará por su origen y serán receptados sin más, se transmutarán (blanquearán), convirtiéndose en dinero honorable, como el que se gana legítimamente. Está claro que al gobierno del señor Montoro le trae sin cuidado que los capitales a regularizar puedan estar manchados de sangre. A lo que se ve, lo que importa es rescatarlos del agujero de podredumbre en el que se esconden, aunque para hacerlo haya que apartar algunos cadáveres molestos que flotan a su lado. Nunca lo alto cayó tan bajo.

El Gobierno del PP, con el apoyo interesado de CiU (coalición en la que suelen abundar defraudadores fiscales y expoliadores de lo público), previo pago de 219 millones de euros para Cataluña consignados en los presupuestos del Estado, ha aprobado una amnistía fiscal que no sólo es oprobio e insulto que ofende al ciudadano cumplidor, sino que convierte al Estado en una maquinaria dedicada al blanqueo de capitales, que es un delito tipificado en el artículo 301 del Código Penal.

La amnistía fiscal no sólo perdona un delito, el de evasión de impuestos (artículo 305 del Código Penal), sino que obliga a perpetrar otro, el de blanqueo de dinero (artículo 301 del Código Penal), actividad que hasta ahora se encargaba a discretos bufetes de abogados, o que obligaba a buscar décimos premiados de lotería o a abrir una lavandería a la que atribuirle beneficios fabulosos.

Ya lo dijimos en otra ocasión: cualquier mafioso que se precie necesita de un contable y de un abogado para completar su trama delictiva. El contable, para llevarle las cuentas, las secretas y las públicas. El abogado, para que eluda la cárcel y blanquee el dinero que mana del delito. Gracias al PP y a los nacionalistas catalanes de derechas, los mafiosos ya no precisarán de los servicios de un abogado encubridor. Por una módica tarifa (entre el 8% y el 10% del total a blanquear), el Estado español les hará un trabajo fino y limpio.

Esto es lo que Rajoy entiende por política económica "como Dios manda". Lástima que cuando se refería a mandatos celestiales, allá por octubre del año pasado, justo en el inicio de la precampaña electoral, no tuvo la bondad de explicarnos en qué pensaba. 

Luego nos irritamos si otros dicen que no valemos más que para beber vino, comer magras con tomate, echarnos la siesta y batir palmas.

Emilio Alvarado Pérez es Portavoz de IU en el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares

¡Viva la Pepa!

Antonio Gisbert. Fusilamiento de Torrijos en las playas de Málaga. 

A comienzos del siglo XIX se acuñan en España tres conceptos políticos revolucionarios: liberalismo, guerrilla y junta. Todos ellos tienen que ver con Cádiz, encrucijada de nuestra historia, y están firmemente anclados en la realidad político-social del momento, de ahí su éxito y proyección. Estos tres conceptos nombran realidades nuevas, que es lo mismo que descubrirlas, porque lo que no se nombra no es.

Liberalismo es la respuesta burguesa a la decadencia y crisis del Antiguo Régimen, que recibe la puntilla en Trafalgar, Aranjuez y Bayona. Guerrilla es la contestación militar del pueblo a la invasión francesa. Y Junta es la fórmula política improvisada con la que las autoridades locales buscan cubrir el vacío de poder dejado por una monarquía absolutista en bancarrota, en la que sus más recientes vástagos, Carlos IV y Fernando VII, reflejan incluso la degeneración física de los Borbones, tan genialmente retratada por Goya.

El liberalismo nacional pretende superar, aunque con escaso éxito debido a su debilidad intrínseca, el Antiguo Régimen, sus instituciones, leyes y estructuras: unión de la cruz y el trono, sociedad estamental, soberanía del rey, dominio ideológico y patrimonial de la Iglesia, régimen señorial, privilegios hereditarios, etc.

Coetáneamente, la idea de guerrilla, que transforma una inferioridad militar en ventaja, alumbra una aspiración nunca plenamente alcanzada en nuestro país: construir la nación sobre la base de la soberanía del pueblo, unidos ambos por un patriotismo de carácter popular, siendo el pueblo en armas el motor que todo lo acciona (en su fracaso está el origen de la desafección ciudadana hacia la nación, tan evidente a lo largo de nuestra historia política). El alzamiento popular contra los ejércitos de Napoleón permite identificar la independencia y la soberanía. No extraña, por tanto, que en la constitución de las Cortes de Cádiz, en la Isla de León, se proclamara de manera solemne la soberanía nacional, correlato necesario de la idea de una nación independiente que busca darse una ley política suprema sobre la que fundarse y organizarse. El ejemplo español de lucha guerrillera contra el invasor (1808-1813), pronto será imitado en otras zonas periféricas de Europa también sometidas por los ejércitos napoleónicos: en el Tirol en 1809, y en Rusia en 1812. Los guerrilleros españoles y rusos, especialmente, al llevar la guerra irregular a sus últimas consecuencias, derrotarán a las columnas de asalto de los ejércitos de Napoleón, abriendo una nueva era de relaciones entre la guerra y la política que recogerán los movimientos de liberación nacional del siglo XX.

Completa las innovaciones conceptuales la idea de junta, que es la asunción revolucionaria y espontánea del poder, por parte de autoridades locales y provinciales, al desaparecer, en una coyuntura de disolución del viejo orden, cualquier autoridad legítima y tradicional depositaria del mismo. El acto de recoger el poder es sinónimo de proclamar una nueva soberanía.

Liberalismo, guerrilla y junta, en cuanto conceptos nuevos, impregnan la Constitución de 1812, texto que pretende alumbrar una sociedad distinta. Los constituyentes discuten en el Cádiz asediado por las tropas del mariscal Claude Victor conceptos como el de soberanía, ley, igualdad y libertad, al igual que hicieron los revolucionarios norteamericanos y franceses. Mientras los diputados debaten ideas y conceptos novedosos en la última porción libre de territorio peninsular, las juntas proliferan por doquier, de manera espontánea, constituyéndose a la vez como gobiernos y resistencia al invasor napoleónico. Por tanto, hija y superadora de un tiempo caduco, la Constitución de Cádiz aspira a ser un texto fundacional y revolucionario. En consonancia, instaura la soberanía nacional (frente a la soberanía del monarca), el sufragio universal (masculino), activo e indirecto junto con el sufragio pasivo y censitario (también exclusivamente masculino), unas Cortes que son la institución central del régimen, división estricta de poderes, una serie de derechos y de libertades individuales, entre las que destacan la libertad de imprenta y de opinión, la abolición de los señoríos jurisdiccionales, del vasallaje y de las prestaciones personales al señor, el refrendo obligatorio por parte del ministro del ramo de todas las decisiones del rey, el establecimiento de una Milicia Nacional y la obligatoriedad del servicio militar, entre otras novedades. Junto con estas primicias, se transigió con los diputados absolutistas en materia de religión, por lo que el texto constitucional reconoce que el catolicismo es la religión única y perpetua de España, decisión compensada por la abolición de la Inquisición, afirmada por las Cortes de Cádiz en febrero de 1813. Es evidente, por tanto, que tal cesión, tantas veces exagerada por el pensamiento tradicionalista, no obsta para afirmar que la Constitución de 1812 es parangonable, por su novedad y carácter revolucionario, a la norteamericana de 1787 o a la francesa de 1791.

Sentado lo anterior, que es materia que toda persona de cultura conoce bien, calificamos las palabras del señor Rajoy, conmemorativas del bicentenario de nuestro primer texto constitucional, de sandez superlativa. Porque es de sandios decir, a propósito del legado de Cádiz, que “los gaditanos nos enseñaron que en tiempos de crisis no sólo hay que hacer reformas sino que también hay que tener valentía para hacerlas.”

Debiera saber el señor Rajoy que la Constitución de 1812 no pretendió reformar nada sino crear un orden nuevo, a la vista de la podredumbre e inutilidad del Antiguo Régimen. Todo lo contrario del objetivo que pretende nuestro Presidente que, como los serviles de antaño, se empecina en sostener a toda costa la descomposición de un sistema condenado y dañino. Además, la Constitución de 1812 fue un ejemplo de afirmación nacional, mientras que ahora el gobierno del PP nos arrodilla ante intereses y poderes extranjeros a los que, a buen seguro, nuestro bienestar les importa un comino.

Señor Rajoy, léase el Discurso Preliminar a la Constitución de 1812 de Agustín de Argüelles, las reflexiones de otros protagonistas del momento como Álvaro Flórez Estrada, Antonio Peña, Juan Negrete, José Canga Argüelles, Francisco Martínez Marina, los documentos de la Consulta al País, de 1809, o, simplemente, el texto de la Constitución que dice conmemorar. Léalos para que en su discurso siguiente sobre la efeméride (aún le restan a este año nueve meses de oportunidades) no tengamos que soportar palabras tan bochornosas como las que ha pronunciado.

Mal está que un Presidente de Gobierno aproveche un acto institucional de la relevancia del bicentenario de la Constitución de Cádiz para legitimar las decisiones de su gobierno que son, antes que nada, un engaño colectivo mayúsculo, por el cual, como camino trazado en las estrellas, la nación irá a la ruina. Pero peor aún es torcer el sentido cabal de la historia y convertir la Constitución de Cádiz en un fantoche, sólo por dar gusto a la imaginación limitada de un gobierno de insignificancias.

La Constitución de Cádiz instauró una nueva soberanía, la de la nación frente al monarca. Sólo por este motivo, la Constitución de 1812 es revolucionaria, por mucho que este pequeño detalle incomode al señor Rajoy. Bien sabía esto Fernando VII, que hizo todo lo posible por destruir una Constitución que negaba su autoridad y abría paso a la emancipación de las colonias en América. También eran muy conscientes de ello las potencias del Congreso de Viena, los firmantes del Congreso de Verona y la Santa Alianza, formada por Prusia, Rusia y Austria, las monarquías más reaccionarias del continente. Por ello, aprobaron una nueva invasión de España por un ejército francés formado por 132.000 soldados, con el fin de finiquitar el trienio liberal y evitar que el ejemplo disolvente se extendiera por Europa.

No fue la reforma sino la revolución la que provocó la revancha y purga salvaje promovida por el absolutismo entre 1823 y 1834. Viene al caso recordar que Galdós tituló uno de los Episodios Nacionales, el correspondiente a esa década de oscuridad y violencia, "El terror de 1824", caracterizado según su pluma por "nuevas proscripciones, encarcelamientos, la horca siempre en pie, la venganza más cruel gobernando a la nación, y la vida de los españoles pendiente del capricho de un salvaje frailón o de fieros polizontes (...) Desaparecieron los ciudadanos sin que fuera posible saber en qué calabozo habían caído. Las cárceles tragaban gente como las tumbas en una epidemia."

Señores del PP, respeten la memoria de Rafael de Riego, de José María de Torrijos, del Empecinado, de Mariana Pineda, de Juan Díaz Porlier, de Luis Lacy y Gautier, de Francisco Abad Moreno, de Cayetano Ripoll (condenado a muerte y ahorcado por un tribunal eclesiástico que no tenía respaldo legal), también la del resto de asesinados (unos 30.000), desaparecidos, perseguidos y exiliados (unos 20.000) durante la década ominosa, la de todos los mártires que defendieron una causa que ustedes no respetan porque la deforman para acomodarla a su conveniencia y debilidades particulares. Acepten la historia y sus hechos. No nos tomen más el pelo con adulteraciones de mala calidad.

Por estos motivos (y algunos otras que no vienen al caso) Rajoy celebra un bicentenario vergonzante, pueblerino y mendaz, no vaya a ser que a su gobierno se le vea, también en este asunto, el plumero.

Emilio Alvarado Pérez es Portavoz de IU en el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares