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| Carlos Bravo, responsable de Seguridad Social de CCOO, intentando explicar las "excelencias" del acuerdo. Fuente CCOO |
CCOO y UGT han consentido y aceptado una nueva agresión contra la clase trabajadora al firmar el acuerdo con el gobierno y la patronal por el que se rebajan las pensiones. Es doloroso decirlo pero es la pura verdad.
El pacto alcanzado supone que la jubilación legal se retrasa a los 67 años, dos más que ahora. Para alcanzar una pensión completa a esa edad tan provecta se exigen 37 años de cotización, también dos más que ahora. En el caso de que alguien quiera jubilarse a los 65 años se suben los de cotización de 35 a 38’5, tres años y medio más que ahora. Además, se aumenta de 15 a 25 años el período de cotizaciones para determinar la pensión final que le corresponderá a cada trabajador, por tanto diez años más que ahora. Hablando en plata, los trabajadores se jubilarán más tarde, cobrarán una pensión por menos tiempo y las pensiones del futuro serán sustancialmente más bajas que las del presente. Además, la vida laboral de las nuevas generaciones, mucho más precaria y con largas y continuas estancias en el paro, llevará a que sólo una minoría (en la que las mujeres estarán infrarrepresentadas) cumpla unas exigencias tan abusivas: para que un joven de hoy pueda jubilarse a los 65 años deberá trabajar y cotizar ininterrumpidamente desde los 26 años y medio, y para jubilarse a los 67 años, desde los 30. Obviamente, ciencia ficción.
Si todo esto es verdad, y no hay razones para dudarlo, hay que plantear una pregunta inexcusable: ¿cómo es posible que los máximos representantes de CCOO y de UGT tengan aún el cuajo de afirmar que este acuerdo beneficia a los trabajadores? Por mucho que nos vengan con un discurso embozado, la realidad es la que es. A falta de explicaciones convincentes cundirá la sospecha de que los intereses de la curia estuvieron por encima de los generales de los trabajadores.
La situación laboral y social en nuestro país está llegando a un punto insoportable. En poco más de seis meses el Gobierno ha reducido el gasto y la inversión pública, ha rebajado el sueldo a los trabajadores públicos, ha congelado las pensiones, ha abaratado el despido, ha socavado la negociación colectiva, ha debilitado la tutela judicial en los litigios laborales y, ahora, reduce drásticamente las pensiones del futuro. Además, no satisfecho del todo, nos anuncia que eliminará la ayuda de emergencia de los 426 euros para aquellos que carecen de ingresos. A la vez, ese mismo gobierno, tan valentón con los débiles, ha perdonado impuestos a los más ricos, ha amparado a los directivos de una banca depredadora, ha puesto el dinero de los contribuyentes al servicio de especuladores sin escrúpulos y quiere bancarizar las cajas de ahorros utilizando para tal fin los impuestos que pagan los trabajadores. Y, mientras tanto, la economía sumergida es cada vez mayor y el paro no deja de crecer, llegando a cifras intolerables. En poco más de tres años se ha pasado de un 8% a un 20% de tasa de paro, a razón de un millón de desempleados más al año, rozándose ya la cifra de 4.700.000, según recoge la última encuesta de población activa. Un panorama que alumbra un escenario catastrófico y con un Estado del bienestar que últimamente parece más un guiñapo que otra cosa.
Hasta ahora los sindicatos mayoritarios habían mostrado su rechazo a esta batería de agresiones sin cuento. Pero en lo relativo a las pensiones, sorprendentemente, deciden aceptar lo que daña a los trabajadores. ¿A qué cálculo obedece esta mansedumbre repentina? Ellos sabrán. Pero, desde luego, su decisión conduce a la desafección de las bases y a que se extienda la sospecha de que se ha consumado una traición. A partir de ahora puede ocurrir cualquier cosa. Cuando así sea, que los sindicatos no se lamenten de lo que han procurado
