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Los dirigentes de CCOO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez |
Hace pocos días hemos vuelto a ser testigos de un nuevo recorte social a los que ya nos tiene acostumbrados el ejecutivo del Señor Zapatero: el pensionazo. Se confirma una vez más la sumisión del partido socialista a los poderes económicos, porque con su nueva medida premia de nuevo a los verdaderos causantes de la crisis y castiga a las víctimas del latrocinio universal, los ciudadanos.
Lo peor de todo no ha sido la presentación por parte del gobierno de este nuevo tijeretazo, que era la “crónica de una muerte anunciada”, sino que los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, los que se proclaman como los únicos defensores de los intereses de los trabajadores, han firmado dócilmente el acuerdo con el gobierno y los empresarios.
Con este pacto, que se ha convertido ya en un anteproyecto de ley, se da plena satisfacción a las demandas de los banqueros y grandes empresarios (el grupo de los 37) que hace tan sólo dos meses fueron convocados por el rey y por el Señor Zapatero al Palacio de la Moncloa. El que los sindicatos hayan asumido de buen grado esta renuncia es una auténtica VERGÜENZA que, además, propicia la especie de que el sindicalismo pierde credibilidad a chorros.
Con esta reforma se reducen tanto el número de las pensiones como la cantidad a percibir con cargo a ellas. El objetivo de esta medida no tiene nada que ver con la consolidación de un sistema público en peligro sino con el fomento de los sistemas privados de pensiones. En verdad, se trata de que la banca privada, una vez esfumado el negocio del ladrillo, siga ganando dinero de otras maneras para sostener sus beneficios, los bonus, las pensiones e indemnizaciones de sus directivos y, de paso, para tapar los agujeros provocados por la ambición y la usura desmedidas. El Partido Comunista de España ha aportado datos muy sugestivos sobre el particular. De los 97.000 millones de euros que tiene que abonar España en concepto de deuda durante el año 2011, el 80% corresponde a deuda privada, y de esa cantidad más de la mitad es deuda del BBVA y del Banco de Santander que, por cierto, tiene como principal acreedor a la banca alemana. Dicho de otro modo, la banca española debe captar con urgencia fondos privados para hacer frente a sus obligaciones con los acreedores. Una fuente de recursos pueden ser los escasos ahorros de los trabajadores que se depositan en un precario plan privado de pensiones. Y para avivar el interés hacia los planes privados de pensiones nada mejor que degradar el sistema público. Es evidente, por tanto, que en el asunto del pensionazo cuentan los intereses del mundo financiero aun a costa de sacrificar los derechos de la inmensa mayoría.
La modificación de las condiciones para acceder a una pensión es de todo punto innecesaria porque el sistema de pensiones en España es viable y solvente. Por ello, la postura de los sindicatos produce sonrojo. En vez de luchar por defender el sistema público de pensiones se avienen a las exigencias neoliberales de los socialistas. Los sindicatos deben ir con cuidado porque con decisiones como ésta, incomprensibles e injustas, atacan a su base y a su razón de ser.
Recortar las pensiones es aún más grave si tenemos en cuenta que en nuestro país más de 900.000 jóvenes con menos de 25 años están desempleados, a lo que se añade que este altísimo desempleo juvenil es estructural, como reconocía el Presidente del Gobierno en el Congreso hace muy pocos días. En estas condiciones retrasar la edad de jubilación y elevar las exigencias para percibir una pensión significa condenar conscientemente a la inmensa mayoría a no cobrar nunca una pensión digna. ¿Y los impulsores de estas medidas se llaman “SOCIALISTAS” y “OBREROS”?
La reforma afecta muy negativamente a los trabajadores, a las mujeres y a los jóvenes que aspiran a conseguir un empleo. A todos les resultará mucho más difícil acceder a su pensión. Un gran número de trabajadores con 65 años, al no haber llegado a cotizar los 38,5 exigidos, se verán obligados a retrasar la jubilación hasta los 67 años. Incluso, para añadir una nota chusca a tanto desafuero, cuando un trabajador llegue a los 67 años y no haya cotizado los 37 de rigor, verá mermada su pensión un 0’2% por cada mes que le falte hasta alcanzar el tope.
Y que no se diga que el acuerdo se justifica porque se han conseguido algunas reivindicaciones. Admitir las cotizaciones de los becarios (según la cotización que determine la empresa) con un límite de hasta dos años (aunque todavía no está determinada su cuantía), aceptar la excedencia por cuidado de hijos (también hasta un límite de dos años) o permitir realizar el convenio especial con la seguridad social a aquellas personas que no hayan trabajado antes, no son justificación de nada. Estas “compensaciones” no son suficientes para que la ciudadanía tenga que tragarse lo que no es más que un brutal recorte.
¿Es este el Estado de Bienestar del que tanto habla el Señor Zapatero, por el que lucharon nuestros padres y del que hemos disfrutado hasta ahora? Qué poco va quedando de él. De la noche a la mañana el ejecutivo socialista, lacayo fiel de los grandes empresarios, decide arremeter contra los trabajadores para arrebatarles todos sus derechos: reforma laboral, supresión de la “limosna” de los 426 euros, reforma de las pensiones... ¿Qué nos queda ya por ver?
Así actúa un capitalismo que, agonizando, marca el camino por el que han de conducirse los gobiernos neoliberales. Si hay una cosa clara es que decisiones como el recorte de las pensiones son ejemplo de políticas de derechas que intentan mantener un sistema que hace aguas por los cuatro costados, sin que importe el sufrimiento que puedan producir en la inmensa mayoría de los ciudadanos y de la clase obrera.
María José Pérez Salazar, militante de IU de Azuqueca de Henares