Los presupuestos para 2015: un brindis al sol por la precariedad y la desigualdad

Esta es la herencia recibida del PP

Hace poco más de un mes vio la luz el VII Informe sobre exclusión y desarrollo social en España 2014 elaborado por la Fundación FOESSA (Fomento de Estudios Sociales y Sociología Aplicada) y Cáritas.

El informe ofrece elementos para la preocupación dadas las consecuencias que la crisis ha tenido sobre la mayoría y el aumento de la desigualdad social. También denuncia la progresiva degradación democrática y social consecuencia de un sistema que genera desigualdad salarial, limita la capacidad redistributiva y reduce el sistema de prestaciones público.

Los recortes que se han llevado a cabo durante estos años de crisis han elevado el porcentaje de hogares españoles con problemas de privación de material y pobreza monetaria en un 50%. Las medidas del gobierno se han cebado con las rentas más bajas llevándose por delante diez años de progreso salarial para las familias con hijos, a lo que hay que añadir un paro que ronda los 6 millones de personas, que más de un millón de hogares carecen de ingresos y que la protección por desempleo ha caído un 40%, lo que significa que cada vez hay menos personas que cobran prestaciones sociales.

Que sólo el 34% de los ciudadanos se encuentre en situación de integración social plena, entiéndase, que cumple con los indicadores sociales clásicos de educación, vivienda, sanidad, empleo, cultura, movilidad, pensiones, etc., cuando en el 2007 superaba el 50%, significa que la exclusión social ha ascendido un 25% y que atañe a más de 11,7 millones de personas. La precariedad afecta a ámbitos básicos como la vivienda (con casi el 62%), la salud (un 46%) y el empleo (superior al 77%). También se encuentra generalizada la vulnerabilidad de la juventud, dado que el 35% de los jóvenes vive en hogares excluidos y el 27% de los jóvenes desocupados está fuera del sistema educativo.

No cabe duda que tanto en su dimensión social como económica, los efectos de la crisis proyectarán su huella en el futuro por lo que podemos hablar de una generación hipotecada, como la denomina el informe, en la que los efectos de la crisis “se dejarán notar con mayor virulencia en los cuerpos sociales más frágiles entre los que se encuentran los y las jóvenes de hoy.”

En este sentido, es importante hablar de la educación como mecanismo preventivo de los procesos de exclusión social. El gobierno del PP ha recortado su presupuesto un 25% desde que empezó a gobernar, lastrando la igualdad de oportunidades y profundizando la desigualdad social. El aumento del 4,5% en los PGE del 2015 sólo sirve para la implantación de la segregadora ley Wert que consolida la desigualdad.

Capítulo especial por su crueldad clasista son las partidas presupuestarias destinadas a garantizar la equidad a favor del alumnado de entornos sociales desfavorecidos. El recorte no puede ser mayor al perder casi el 90% de los fondos, pasando de los 170 millones cuando el PP comenzó a gobernar, a 70 millones el año pasado y, hoy, se ve reducida a un testimonial 5,2 millones en los Presupuestos del 2015. Estas cifras reflejan el nulo interés que tiene este gobierno en las políticas de apoyo a los estudiantes con mayores dificultades o más necesidades, lo que significa eliminar una herramienta de integración de sus políticas educativas.

No merece un menor reproche la partida presupuestaria destinada a becas porque mantiene la misma cifra ridícula del 2014 (que fue de 1.467 millones), pasando a 1.469 millones de euros. Si tenemos en cuenta que ya venimos de sendos recortes en la partida (210 millones menos en el curso 2011-2012 y 75 millones en el 2013-2014) y teniendo en cuenta que, además, el número de estudiantes es mayor, la cuantía de las becas ha bajado sustancialmente, a lo que se añade que se reparten de manera menos equitativa según vienen denunciando los estudiantes y las asociaciones que los representan.

UNICEF, en otro informe titulado Los niños de la recesión, alerta sobre cómo ha afectado la crisis económica global a los más pequeños en un estudio realizado en 41 países de la OCDE y la Unión Europea. La conclusión del informe no deja lugar a dudas y señala a los más pequeños como el grupo social más perjudicado por la crisis: 76,5 millones viven por debajo del umbral de la pobreza, 2,6 millones más que en 2008.

En España las consecuencias de la crisis son muy preocupantes, según advierten desde UNICEF, organismo poco sospechoso de pertenecer al ámbito de la izquierda, al igual que Cáritas o la Fundación FOESSA. Según UNICEF, el Estado no ha sido capaz de proteger a los menores debido a que no existían “políticas arraigadas centradas en los niños” previas a la crisis, y “la inversión en el sistema de protección a la familia y a la infancia no era ni es suficiente ni eficiente”. El gasto público destinado a las familias con hijos es de sólo el 1,4% del PIB frente al 2,3% de la eurozona. Esto representa un porcentaje muy bajo para un país que ha sufrido un incremento de la pobreza de 8,1 puntos en cuatro años y que tiene un 36,3% de menores (2,7 millones) en situación precaria. Sólo Grecia (40,5%) y Letonia (38,2%) reflejan una situación peor.

Los datos sobre pobreza infantil en España no son una causalidad ni un accidente. Son el resultado de los importantes ajustes fiscales y de los recortes en prestaciones sociales, así como de las devaluaciones salariales y la descomposición del mercado de trabajo que cambia empleos estables por temporales y/o parciales.

Contrasta esta crueldad con una política fiscal regresiva que regala a las empresas una cantidad próxima a los 6.000 millones de euros entre exenciones y desgravaciones, por un lado, y bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social, por otro.

Según el informe FOESSA, el modelo productivo español especializado en actividades de baja productividad contribuye a explicar el fenómeno de los bajos salarios. Gran parte de los puestos de trabajo que se crean son de baja calidad y, por lo mismo, se destruyen con facilidad. Únese a esto que hay un marco institucional que agudiza el problema ya que la legislación no corrige el excesivo uso de contratos temporales, el salario mínimo se ha demostrado demasiado bajo y la negociación colectiva no está orientada a reducir las diferencias salariales, lo que demuestra el fracaso de las sucesivas reformas laborales.

Las conclusiones son demoledoras. Se hace necesario un aumento del gasto social para reducir la desigualdad y la precariedad, aproximándolo a la media de la Unión Europea. Frente a la ausencia de ingresos que impulsa Rajoy, es imprescindible una reforma fiscal progresiva que permita al Estado recaudar más para financiar políticas activas de empleo y de protección social, sin olvidar, por supuesto, la lucha contra el fraude fiscal.

Se hace más necesario que nunca un nuevo modelo productivo ecológicamente sostenible. Esto sólo se puede lograr con un incremento sustancial de la inversión en I+D+i y ciencia, frente al recorte del 40% y la penalización a las renovables que ha planteado el PP en los presupuestos del 2015.

El Estado debe ser garante del empleo, la vivienda y de los derechos fundamentales de la mayoría social. Hay que romper las cadenas del mercado y de las élites financieras que desde la sombra fiscalizan las decisiones políticas para adecuarlas a los intereses de una minoría selecta. El diagnóstico es grave como lo demuestran cada vez más informes internacionales que instan a cambiar de rumbo y apostar por el rescate de los ciudadanos. Afortunadamente, hay alternativa.

Miguel Ángel Márquez es el Coordinador Local de IU

Ley Modarza

Cayo Lara, coordinador federal de IU, protesta en la escalinata del Congreso contra la Ley Mordaza del PP

El pasado 16 de octubre, el PP volvió a utilizar su mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados para tumbar las nueve enmiendas presentadas por todos lo grupos de la oposición contra su nueva Ley de Seguridad Ciudadana.

De este modo tan peligroso inició el texto su tramitación parlamentaria, al que siguió un debate en el que participó el Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y en el que no faltaron momentos de tensión.

El ministro popular, opusdeísta y extertuliano de la Cadena Ser, defendió con fanatismo el proyecto de ley como un texto “profundamente garantista” (…) “con perfecto encaje en el ordenamiento jurídico” y que es “fruto de la necesidad de recoger las conductas incívicas tras 23 años de vigencia de la ley actual”, frases que son una sarta de mentiras tan grandes como que Monago pagó de su bolsillo sus viajes privados a Canarias, a Fabra siempre le toca el gordo de Navidad o todos los tesoreros del PP son personas honradas.

También en el mundo jurídico se oponen a esta reforma. Entre otros, Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales, que afirman que el proyecto tiene “un marcado carácter represivo, con tintes anticonstitucionales e ideado para acallar las críticas sociales”, juicio que sí parece ajustado a la realidad y no los embustes y cuentos de Fernández.

En un gobierno donde la desvergüenza no conoce límite, que cree que basta una mentira o una disculpilla para tapar su podredumbre, al que le parece estupendo que dieciséis familias con apellidos de relumbrón atesoren la misma riqueza que catorce millones de pobres, “saltarse a la torera” la opinión de los juristas es peccata minuta.

Cuando el Gobierno anunció su reforma de Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana sabía que muchos de sus planteamientos eran inconstitucionales, lo cual no le importaba, acostumbrado a legislar para sí y los suyos, mayormente para tapar sus expolios y fraudes.

Al repudio de partidos políticos, movimientos sociales y juristas se sumó Amnistía Internacional, lo cual llevó al Gobierno a maquillar su intención de declarar la guerra a la sociedad por la vía de criminalizar la protesta legítima. Por eso remitió un nuevo texto al Consejo de Estado en el que, al parecer, se contemplaban algunas de las objeciones del Consejo General del Poder Judicial y se matizaba el planteamiento puramente policíaco-represor del texto inicial.

En lo que respecta al derecho de reunión y de manifestación, las principales rectificaciones se refieren a las identificaciones, los controles, los cacheos, la responsabilidad por altercados, la grabación de las actuaciones policiales y las concentraciones frente a los órganos legislativos. En el nuevo texto, las reuniones ante el Congreso, el Senado o los parlamentos autonómicos serán sancionables cuando ocasionen una perturbación grave de la seguridad ciudadana, lo que ya contempla la normativa vigente. El texto inicial pretendía que los organizadores de reuniones o manifestaciones asumieran la responsabilidad de las acciones de terceros durante su desarrollo, lo que suponía un golpe al derecho de protesta porque ninguna organización iba a estar dispuesta a responder por los actos individuales de cada uno de los participantes.

En cuanto a las identificaciones policiales en la vía pública, la nueva redacción las limita a los supuestos de prevención de delitos, nunca frente a una sanción administrativa. Serán trasladadas a comisaría sólo las personas cuya identidad no pueda comprobarse en la calle y que hayan consumado la infracción. Tampoco hay demasiados cambios sobre la legislación actual, que es sistemáticamente incumplida por la policía, en concreto, con la práctica de las identificaciones por perfil racial.

El nuevo texto restringe los controles en la calle, que sólo se podrán realizar para localizar al autor de un delito de especial gravedad o generador de alarma social, un concepto jurídico este último indeterminado que podría ser el coladero del “todo vale”.

Respecto de los cacheos, sólo se podrán realizar para prevenir o esclarecer un delito, sin quedar claro si se aplicarían para infracciones administrativas como, por ejemplo, la tenencia de sustancias estupefacientes para autoconsumo, fijándose además que el traslado a comisaría para la identificación de personas no puede superar el plazo máximo de seis horas.

Una nueva infracción leve que se incluye en el texto, que supone una sanción que oscila entre los 100 y 1.000 euros de multa, es la de perder el DNI en tres o más ocasiones en un plazo de tres años.

Aunque la jurisprudencia sobre grabación de imágenes de agentes de policía en el ejercicio de sus funciones ha tendido generalmente a autorizarlas, el nuevo texto plantea sancionar no ya el registro de imágenes sino su uso cuando pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes. Esta redacción también crea un concepto jurídico indeterminado ya que cualquier agente puede considerar que ser fotografiado atenta contra su seguridad, por lo que el margen de arbitrariedad es amplio, con el perjuicio que puede suponer para el derecho a la libertad de información.

La principal novedad es la introducción de una graduación de las sanciones graves y muy graves, con tres tramos diferenciados: mínimo, medio y máximo. Para fijar el tramo correspondiente, se consultará el registro de infractores que también se crea con esta reforma pero que en el nuevo texto no tiene ya la finalidad de apreciar la reincidencia, sino de controlar la multireincidencia para determinar la cuantía económica de las sanciones a aplicar.

Con estos cuatro brochazos el Gobierno de Rajoy pretende saltar las trabas constitucionales para imponernos un texto que atenta gravemente contra el ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos reconocidos tanto en nuestra Constitución como en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El Gobierno oculta que el contenido fundamental del articulado va dirigido a obstaculizar y sancionar el derecho a la libertad de expresión y de reunión, puesto que 27 de las 58 infracciones recogidas en la ley están directamente relacionadas con el derecho que tenemos los ciudadanos y ciudadanas a expresar nuestra opinión y hacer valer nuestras ideas en la calles, ese espacio público que es de todos y cada uno de nosotros.

El proyecto del ministro no busca proteger a la ciudadanía por mucho que su título lo afirme, porque en los encabezamientos de las leyes espurias siempre están las mayores mentiras, sino blindar a un Gobierno autoritario y corrupto de la ira de un pueblo que está harto de sus depredaciones y saqueos.

El ministro Fernández nos quiere aplicar una ley represora ideada para actuar contra las respuestas de la sociedad a la crisis-estafa y a las políticas de austeridad, robo y latrocinio del PP.

Mientras la justicia actúa rápidamente contra huelguistas y manifestantes que muestran su descontento pacíficamente en las calles, los juicios contra los corruptos y prevaricadores se eternizan y los millonarios protegidos por amnistías y paraísos fiscales se siguen riendo del común.

La ley del ministro busca socorrer a los corruptos del PP ante los ciudadanos a los que, además, el gobierno roba, engaña y apalea, utilizando contra ellos a la policía que pagamos todos, funcionarios que si cumplieran con su labor tal y como está tasada en la ley, tendrían inmediatamente que llevar ante el juez de guardia al gobierno entero.

Lo que España precisa con urgencia es una nueva Ley de Seguridad Ciudadana, pero para protegernos del gobierno del PP. Manos a la obra ya.

En un Estado como el nuestro donde los derechos fundamentales se han convertido en  papel mojado, en el que el desempleo alcanza cifras desorbitadas, donde cada vez hay más pobres y en el que resulta mucho más grave ultrajar a un símbolo abstracto que arruinar a una nación entera o echar a los ciudadanos de sus casas a porrazos, la forma más directa de protesta, de rebeldía social y de dignidad que queda es la manifestación, la concentración, la ocupación de las calles de forma pacífica.

El gobierno del PP dice que “a la calle no”, que no salgamos, que nos quedemos en casa como mayoría silenciosa, que seamos invisibles rumiando la desesperación. Busca que sigamos apalancados en casa sin tejer relaciones con otros, sin organizarnos colectivamente, delante del televisor, mientras se nos ofrecen algunos realities socio-políticos de poca monta para que nos desfoguemos en privado.

Rajoy y sus ministros saben que si nos quedamos en el sillón se mantendrán en las poltronas. Sillón a cambio de poltrona, eso es lo que quiere el ministro Fernández. Y si no se acepta el trato, porrazo, multa, inhabilitación y cárcel.

La razón de la reforma del PP es reforzar la actividad punitiva del Estado para proteger a los corruptos del número 13 de la calle Génova utilizando para ello la capacidad sancionadora de la administración.

El proyecto del gobierno busca imponer el miedo en el ciudadano que no se resigna, al que trata como enemigo.

Lo que ocurre es que, como dijo Montesquieu, “cuando se busca tanto el modo de hacerse temer, se encuentra siempre primero el de hacerse odiar.

María José Pérez Salazar forma parte del Consejo Local de IU de Azuqueca de Henares

El Ébola y Mato, pareja letal

Mato "haciendo un perfil" ante los periodistas 

El gobierno del PP nos juró que el sistema sanitario público, el mismo que malbarata y destruye a conciencia, estaba preparado para recibir a los enfermos españoles contagiados por el virus del Ébola. Nos mintió.

Debido a los recortes del PP, el hospital Carlos III estaba siendo desmantelado en cuanto único hospital de referencia especializado en enfermedades infecciosas en España.

Quiere esto decir que Rajoy y su gobierno ingresaron a enfermos infectados de Ébola en un hospital que ellos mismos habían convertido en un centro de media y larga estancia, especialmente para personas mayores y crónicos, al que le habían cerrado los laboratorios de microbiología, los cuidados intensivos y las urgencias.

Se instaló a los enfermos en una planta del hospital que hasta la víspera había permanecido cerrada y acumulando polvo, una más de las que el PP ha clausurado en todo el país mientras que los pacientes se hacinan en pasillos y salas de espera.

A la vez que la enferma y los que guardan cuarentena son atendidos, en otras habitaciones contiguas aún se ejecutan a la carrera algunas chapucillas con llana, taloja y paletín, por si las cosas se ponen feas.

Esta es la consecuencia de tener un gobierno sumiso a la doctrina que sostiene que es mejor rescatar a los banqueros y demás sinvergüenzas (especialmente si son amigos o camaradas del partido) que atender a los enfermos como se merecen o estar listos ante contingencias y alertas sanitarias que se nos vienen encima por la miseria rampante, la presión demográfica, la degradación del medio ambiente y el aumento exponencial del tráfico de personas y de bienes por todo el mundo.

Pero el PP no sólo cometió la temeridad de llevar a enfermos de fiebres hemorrágicas a un hospital sin condiciones, aumentando exponencialmente el riesgo de contagio. Los médicos y demás personal sanitario han denunciado hasta el cansancio que se no se les proporcionaron trajes de aislamiento adecuados y suficientes, que no recibieron la formación para utilizarlos de manera segura y que las instalaciones del hospital no cumplían los requisitos para realizar su trabajo como mandan las reglas de la medicina y el sentido común.

Hasta el más simple barrunta que sin medios ni entrenamiento no hay lucha que valga contra el virus del Ébola, ni contra la gripe u otra enfermedad contagiosa, porque tan importante como curar a los infectados es evitar que se propague la enfermedad.

Se suma a las temeridades y mentiras anteriores la demolición que sufre la sanidad pública a manos del PP. La relación de hachazos sofoca y va desde el despido de miles de sanitarios al recorte brutal de los presupuestos, pasando por los repagos o la retirada de la asistencia sanitaria a las criaturas que no tienen regularizada su situación administrativa, lo cual ha provocado muertes evitables y puesto en peligro a la población, que es ahora más proclive a contagios tanto de enfermedades nuevas como emergentes y reemergentes, algunas de ellas mortales, gravísimas y que dejan secuelas de por vida.

Se completa la memoria de puñaladas con el tajo practicado a las partidas de cooperación, con la ideación malintencionada de que las desgracias que ocurren a miles de kilómetros no nos conciernen y que las causas humanitarias son un despilfarro, porque o se combate al Ébola en Liberia, Sierra Leona o Guinea o, si no, lo tendremos en nuestra casa descontrolado y rabioso.

Como las mentiras del PP eran tan burdas, sus dirigentes se agarraron a la letanía del protocolo y al fallo humano para librarse de la acusación que les apuntaba. Repitieron machaconamente que aplicaron las normas (lo cual tampoco es cierto porque una enferma sospechosa de Ébola no puede subirse a una ambulancia que luego utilizan otros pacientes sin haber sido desinfectada) y que la sanitaria contagiada era culpable de la desgracia, cuando en verdad el contagio se pudo producir por una mezcla de tensión, impericia, falta de medios y de órdenes claras, es decir, por la desorganización organizada por un gobierno incompetente.

Esta vez la realidad pesó más que las mentiras del poder. El Consejero de Sanidad de Madrid, en el que descubrimos la figura del rinoceronte encelado metido en política, hubo de recular excusando sus cornadas y otras coces. Para salvarse, Rajoy decidió cargarle el mochuelo a la Ministra de Sanidad, efigie ya amortizada por escándalos varios tocantes siempre al uso y disfrute de dinero sucio, exponiéndola a la calcinación rápida en la hoguera de su incapacidad. Terminada la combustión de la ministra y convertida ya en puro carboncillo, Rajoy nombró a su segunda para mejorar lo presente, lo cual era tarea fácil porque es imposible no hermosear lo previo si tal cosa es un descalabro completo, una ruina.

Afortunadamente, la sanitaria contagiada parece vencer a la enfermedad, aunque no se descartan más casos porque la epidemia en África está desbocada.

Demasiadas mentiras para una sociedad harta de la mentira. Pocas mentiras, en cambio, para un gobierno adicto al engaño al que no le importa poner en riesgo la salud y la vida de todos. ¿Hasta cuándo?

Emilio Alvarado Pérez es portavoz del grupo municipal de IU de Azuqueca de Henares

El PSOE, el PP y los Borbones

El pasado 16 de septiembre, el PP y el PSOE volvieron a interpretar su papel de garantes fieles de la monarquía. Lo hicieron para tumbar la moción presentada en el Congreso de los Diputados por el grupo parlamentario de la Izquierda Plural en la que se pedía la convocatoria de un referéndum sobre la forma de Estado.

La propuesta de IU era tan clara como atenida a derecho: ”hacer uso del artículo 92 de la Constitución española de 1978, cuyo punto 1 establece que las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos, y cuyo punto 2 establece que el referéndum será convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados, para que el pueblo español tenga la oportunidad de opinar sobre la forma política del Estado y elegir entre República o Monarquía”.

El bipartidismo, artificialmente sostenido por una ley electoral que vulnera la proporcionalidad y que es cada vez más rechazada, impidió con sus votos que el pueblo pudiera expresarse libremente sobre el modelo de Estado. 

Nada sorprendente porque en los últimos años los dos partidos que se alternan en el poder han estado de acuerdo en cuestiones claves que han afectado sobremanera a los ciudadanos: por ejemplo, en la ley 15/97 que autoriza la participación de empresas privadas en la gestión del sistema sanitario, en la reforma de la ley de cajas para convertirlas en bancos, en las leyes de extranjería que dejan sin derechos de ciudadanía a miles de personas, en la falta de voluntad de ambos partidos para perseguir la corrupción (sobre todo la interna), en la votación conjunta contra la dación en pago o en la reforma constitucional aprobada en el año 2011 mediante la cual se salva a los acreedores privados a costa de condenar a los ciudadanos con recortes y pérdida de derechos.

Tocados y cada vez más tambaleantes, PP y PSOE se agarran mutuamente para sostenerse. Como socios que se han repartido el poder desde la transición, se esfuerzan ahora por ser los guardianes de la caduca y trasnochada institución monárquica a la que tanto le deben y que tanto les debe.

Esta alianza entre los partidos dinásticos y el trono es un pacto, uno más, para apuntalar la escenografía teatral de la monarquía, institución de opereta, legado de un dictador cuya segunda versión se pavonea exultante en las páginas del papel couché tras la abdicación forzada de Juan Carlos I.

Lo vergonzoso del caso resulta ser la actitud de ambos partidos queriéndonos ocultar la realidad. La naturaleza sistémica de la crisis ha empujado al bipartidismo a aferrarse a la monarquía como salvavidas y la corona se agarra al PP y al PSOE, sin percatarse ni unos ni otros de que los vientos de la historia les van a sacar, más pronto que tarde, de sus poltronas. Al tiempo.

Izquierda Unida había planteado en numerosas ocasiones en el Congreso de los Diputados la necesidad de que el pueblo español se pronunciara sobre el modelo de Estado, aunque sin ningún éxito por el boicot del PP y del PSOE. Pero en esta ocasión logró forzar una votación en la cámara sobre la propuesta de un referéndum. Fue ésta la primera vez desde la transición en que una iniciativa así pudo ser sometida al voto de los diputados, tras la interpelación urgente planteada por Alberto Garzón una semana antes, la cual provocó la airada respuesta de la número dos del gobierno del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, que reprochaba a IU que “instara al Ejecutivo a incumplir la Constitución y las leyes”. En su diatriba contra el diputado de IU, a la vicepresidenta no se le ocurrió otra cosa que calificar la propuesta de referéndum de “ilegal” y “contraria a la Constitución”, olvidando por completo su condición de abogada del Estado, el temario de la oposición que la llevó a ocupar tal plaza de funcionaria y, también, el espíritu de la Constitución de 1978 a la que, por cierto, su partido y ella misma no dudan en pisotear cuando les conviene, que es casi siempre.

IU presentó su moción el día 11 de septiembre, un texto breve en el que el grupo parlamentario liderado por Cayo Lara explicaba que “los escándalos de la Casa Real no dejan de emerger a la superficie”, refiriéndose concretamente al caso Noos , y denunció que “parece como si de la brecha abierta en la Casa Real dependiese todo el entramado político del país”, que estamos “ante una estrategia que pasa por rescatar a la monarquía para salvar así al régimen político”, que “España está en una situación de emergencia social”, que “nuestra sociedad se encuentra en un proceso de desintegración como consecuencia de la gestión neoliberal de la crisis económica y sus dramáticos efectos sociales, políticos y culturales” y que, en este contexto, se han producido todos los “rasgos de la cohabitación entre una élite política corrupta y una élite económica corruptora que juntas han sabido utilizar el régimen político del 78 como su terreno de juego más idóneo”.

Pero el texto de IU no se quedaba en la denuncia. Planteaba la importancia del referéndum aludiendo a dos conceptos claves para nuestra sociedad: iniciar un proceso de esperanza para que el pueblo tome las riendas de su futuro. La moción lo afirmaba en estos términos: “Desde las trampas electorales hasta las reformas constitucionales, el proceso de involución democrática es el reflejo del temor a las mayorías sociales y a las fuerzas políticas que planteamos un proyecto alternativo de país. El temor de la oligarquía es la fuerza de la mayoría social”. “La posibilidad de que el pueblo español opine sobre la forma política del Estado es claramente un punto básico para iniciar un proceso de esperanza para el país. El Gobierno tiene la posibilidad de facilitar al pueblo la oportunidad de coger las riendas de su futuro más allá de la estrecha y limitada opción de votar cada cuatro años en las elecciones”.

¿Qué hizo el PSOE? Algunos ingenuos aún creían que apoyaría la moción de IU, pero se equivocaron. Los diputados socialistas olvidaron eso que llaman “su alma republicana” y, claro, como el alma no existe, pesaron más en su voto sus ambiciones terrenales, las más ligadas a sus intereses materiales o la simple y pura sumisión al poder establecido.

Comprobamos, por tanto, que el PSOE liderado por Pedro Sánchez es tan monárquico como el de Alfredo Pérez Rubalcaba o el de Felipe González, con sus peajes, ocultaciones y miserias de consuno con la Zarzuela. Nada hay nuevo bajo el sol socialista.

La portavoz socialista, Meritxell Batet (del mismo apellido de aquel ilustre y admirable general, Domingo Batet, fusilado en 1937 por Franco por mantenerse leal a la II República) justificó el voto en contra de la propuesta de IU reiterando su apoyo a la monarquía y manifestando que el PSOE renunciaba al republicanismo en aras del consenso y de la convivencia.

No extraña lo que hizo y dijo la diputada socialista, que en su web oficial se declara colaboradora del imputado (y futuro acusado) Narcís Serra (que es el Blesa-Rato del PSOE) que junto con otros compinches llevó a Caixa Catalunya a la ruina, y que es consorte, además, de José María Lassalle, Secretario de Estado de Cultura del PP.

Nuestros argumentos no pudieron con el apoyo dinástico brindado por el bipartidismo, de modo que la moción fue rechazada por 274 votos, por 26 a favor y 15 abstenciones. Toda una lección de principios por la república que quedará registrada en el Diario de Sesiones para conocimiento general y recordatorio de olvidadizos.

El bipartidismo es el principal obstáculo que impide la realización de políticas de izquierda. Nos dirán sus protagonistas que hay “diferencias entre el PP y el PSOE”, que “no son lo mismo”, porque en ello les va la legitimidad. Y claro que las hay porque de lo contrario el tinglado se vendría abajo, pero son de barniz, superficiales, nimias, pequeños detalles insustanciales que no llevan a ninguna parte.

Los dirigentes del PP y del PSOE escenifican diferencias “radicales” en debates dramáticos con insultos y descalificaciones, pero con mucho truco y trastienda, como los tripazos en el pressing catch que no engañan ni a los niños de pecho, porque en esas supuestas disputas el resultado está amañado.

He aquí la razón de que el PP y el PSOE garanticen por todos los medios la continuidad de la monarquía, entendida como el eje organizador del bloque de poder e instrumento de cohesión entre una élite económica y política que gobierna el país desde hace cuarenta años. Por eso asustó tanto al bipartito el hundimiento de la monarquía en el que estaba empeñado Juan Carlos I y su familia, con sus corrupciones gravísimas, francachelas y otras monterías. Había que provocar con urgencia la sucesión y fiar el futuro de la corona a Felipe, un cambio de imagen acompañado de la debida publicidad disfrazada de noticia en los grandes medios de comunicación, cosa que padecemos a diario desde entonces en televisiones y radios oficiales.

El precio de la operación se cargó a los ciudadanos, como es habitual, hurtándoles el derecho a decidir cómo quieren organizar la jefatura del Estado, ahora que era el momento tras la abdicación.

El PSOE y el PP han conspirado contra los ciudadanos. Poco importa que se llamen de centro, socialistas, republicanos de adn y demás pamplinas, porque en lo esencial son lo mismo.

Gracias al bipartito tenemos dos reyes y Felipe VI respira tranquilo mientras que nadie habla ya de los Urdangarines, infantas, Corinas, amigazos del IBEX-35 y demás socios de correrías palaciegas.

María José Pérez Salazar forma parte del Consejo Político Local de IU de Azuqueca de Henares.

Yo te perdono

El poder legisla a su conveniencia y perdona a los suyos. Mientras, al pueblo, badana

La imagen pública del indulto está muy desacreditada, lo cual no extraña si tenemos en cuenta su mal uso, su abuso, por los consejos de ministros de los gobiernos del PSOE y del PP.

Comencemos definiéndolo: el indulto es una causa de extinción de la responsabilidad penal que supone el perdón de la pena. Es diferente, por tanto, a la amnistía, que supone el perdón del delito. Por el indulto la persona sigue siendo culpable pero se le ha perdonado el cumplimiento de la pena.

La figura del indulto se regía por la Ley de 18 de junio de 1870, que regula el “ejercicio de la gracia de indulto”. Esta ley fue modificada en 1988 por un gobierno de Felipe González, singularmente en lo relativo a anular la obligación de motivar el indulto, lo cual sorprende porque las sentencias han de ser motivadas y se ha de motivar, también, la responsabilidad penal y muchas otras decisiones administrativas, pero no el indulto total (comprende la remisión de todas las penas a que hubiere sido condenado el reo y que aún no hubieren sido cumplidas) o parcial (supone la remisión de alguna o algunas de las penas impuestas o su conmutación por otras menos graves).

La figura del indulto hunde sus raíces en la potestad de los monarcas absolutos para conceder medidas de gracia a sus súbditos. El advenimiento del parlamentarismo no impidió que se mantuviera esta figura jurídica, longeva, de rancia tradición histórica, siempre de actualidad, pero construida sobre arenas movedizas y ahora en manos de ejecutivos elegidos democráticamente.

El indulto lo concede el Consejo de Ministros en nombre del Rey, a instancias del Ministerio de Justicia y lo pueden solicitar los penados, sus parientes o cualquier otra persona en su nombre (sin necesidad de que acredite la representación del penado) el tribunal que condenó, el Tribunal Supremo o el fiscal de cualquiera de ellos, el juez de vigilancia penitenciaria, la Cofradía de Nuestro Padre Jesús el Rico, (privilegio concedido por Carlos III) el jurado en el caso de que proponga veredicto de culpabilidad y considere motivos para solicitar el indulto y el gobierno tomando la iniciativa en la instrucción del expediente. El indulto se concede mediante Real Decreto donde aparece el nombre de la persona indultada, el delito o delitos por los que fue condenada y las penas impuestas. El mismo texto del indulto expresa qué penas son objeto de indulto y en qué medida (total, parcial o bien objeto de conmutación por otra pena más liviana).

La redacción de la ley del indulto es incompleta y ambigua, de forma que establecido un criterio se introducen medidas para excepcionar el criterio principal. Sin embargo, nada se ha hecho para solucionar esta ambigüedad, sino que se ha incrementado al no tener el gobierno la obligación de motivar el indulto, de forma que habría que considerar que se trata más de una estrategia que de un error.

La figura fronteriza del indulto, así como su utilización, constituye una pendiente resbaladiza que va desde la discrecionalidad hacia la arbitrariedad dolosa. Surgido desde una concepción absolutista del poder, el indulto lleva a la sospecha de que en ocasiones el ejecutivo tiene razones ocultas para conceder el perdón. La ausencia de motivación en su concesión y denegación, a diferencia de lo que establecía la ley de 1870, favorece la sospecha, la arbitrariedad y el abuso, y genera un contrasentido que habría que evitar: que se condena mediante sentencia motivada y se indulta mediante un real decreto no motivado.

La gracia del indulto no se ha establecido en la sociedad para buscar la puerta por donde escamotear la labor de la justicia, sino para aplicar medidas de gracia cuando por exigencias de humanidad se pudiera reducir o convalidad una pena pendiente. Pero, desgraciadamente, el indulto se ha convertido en una gracia penal para que los gobiernos de turno puedan liberar de las condenas sentenciadas a sus amigos y correligionarios.

En un sistema parlamentario son las cámaras legislativas y no los gobiernos las que ostentan la más directa legitimidad procedente de la voluntad popular, aunque las democracias contemporáneas vayan más bien en la dirección de debilitar al legislativo para lograr ejecutivos fuertes y estables. Tendrían que ser ellas, por tanto, quienes tuviesen las última palabra en la aplicación de un medida tan extraordinaria porque, además, son también ellas quienes aprueban las leyes que conducen a las sentencias que serán objeto de indulto.

Desde la asociación Jueces para la Democracia se denuncian que “el Ejecutivo no explica por qué indulta a las personas. Se están dejando sin contenido decisiones judiciales que en algunos casos se han llevado adelante después de muchísimo tiempo de investigación y de grandes esfuerzos, lo que ha dejado algunas sentencias en papel mojado”. Además, esta asociación cree que es necesaria una reforma de la ley que regule la motivación obligatoria de cada indulto y que establezca un control judicial sobre esta medida de gracia.

En lo que va de legislatura, el gobierno de Rajoy ha concedido 806 indultos, lo que supone una media cercana de dos al día. De los 434 casos aprobados sólo en 2012, 34 fueron propuestos por el Ministerio de Defensa y el resto por el Ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. Algunos de estos indultos fueron especialmente polémicos, como el concedido a cuatro mossos d’Esquadra que habían sido condenados por torturas, el otorgado a un conductor kamikaze, un caso en el que la controversia se acrecentó al conocerse que el condenado trabajaba en el mismo bufete de abogados que emplea a uno de los hijos de Gallardón o el último, concedido a un guardia civil condenado por grabar una agresión sexual y mofarse de la víctima cuando su obligación era prestarle auxilio y evitar el delito.

No obstante, las cifras totales de esta legislatura no son muy diferentes a las registradas con otros gobiernos. Durante las dos últimas legislaturas de gobierno del PSOE, con Zapatero al frente, se perdonó a 454 condenados en 2005, a 520 en 2006, a 521 en 2007, a 405 en 2008, a 423 en 2009, a 404 en 2010 y a 301 en 2011.

Uno de los indultos más escandalosos de los concedidos por Zapatero fue el de Alfredo Sáenz Abad, consejero delegado del Banco de Santander y el quinto banquero mejor pagado del mundo (10,2 millones de euros al año), que fue ejemplo de infamia y de abuso difícilmente superable.

Alfredo Sáenz Abad fue condenado en febrero de 2011 por un delito de acusación falsa a la pena de tres meses de arresto mayor, a una multa de 400 euros y a suspensión de profesiones u oficios relacionados con el desempeño de cargos de dirección, públicos o privados, vinculados con entidades bancarias, crediticias o financieras. También fueron condenados en la misma sentencia Miguel Ángel Calama Teixeira y el abogado Rafael Jiménez de Parga Cabrera.

El Tribunal Supremo condenó a Alfredo Sáenz Abad en 2011 y ese mismo año este señor, ejemplo para los tratados de inmoralidad que aún han de escribirse, fue indultado por el Gobierno de Rodríguez Zapatero. El Gobierno conmutó la pena de arresto y de suspensión por una pena de multa y añadió en el texto del indulto: “quedando sin efecto cualesquiera otras consecuencias jurídicas o efectos derivados de la sentencia, incluido cualquier impedimento para ejercer la actividad bancaria”. Los términos en los que se concedió este indulto plantearon la cuestión de si se podía eliminar la nota de deshonor que suponía tener antecedentes penales y que impedía el ejercicio de la profesión de banquero, aunque para el gobierno de Zapatero esta cuestión no planteó ninguna controversia, quizás porque el PSOE, al igual que el PP, tenía fuertes deudas con el Banco de Santander que, según las malas lenguas, fueron condonadas oportunamente.

En el momento de la comisión del delito la ley establecía como condición para ejercer la actividad bancaria “contar con un consejo de administración integrado por personas de reconocida honorabilidad comercial y profesional”, de ahí que el indulto del gobierno del PSOE introdujera el inciso final anteriormente comentado para remediar la tacha de deshonor que caía sobre Alfredo Sáenz, que es un banquero que cobró al jubilarse en el año 2013, en plena crisis económica y mientras los desahuciados por la banca se arrojaban por las ventanas, una pensioncita de 88’1 millones de euros. Tal decisión o regalo de limpiarle el expediente mereció el aplauso de Botín y de la patronal bancaria, que se deshicieron en elogios sobre la probidad y profesionalidad del condenado así como sobre la altura de miras del gobierno.

Una vez concedido el indulto, algunos afectados por el delito cometido por los banqueros recurrieron ante el Tribunal Supremo, resultando de todo ello que fue anulado parcialmente. En su sentencia, el alto tribunal indicaba que el ejecutivo podía indultar la pena pero no las consecuencias jurídico-administrativas que se derivaban de la condena. Por estos motivos, el Supremo declaró la nulidad del pleno derecho de los incisos finales de los Reales Decretos que concedían los indultos a Sáenz y Calama.

El debate en cualquier caso no se centra en la figura del delito en sí, sino en cómo se administra el indulto, en quién debe otorgarlo y en cómo delimitar los demás requisitos para concederlo.

La experiencia nos dice, desgraciadamente, que el indulto es una figura jurídica que utilizan los gobiernos de manera arbitraria para degradar a la justicia, creando una para sus amigos (banqueros, corruptos, empresarios…) a los que exime de cumplir la ley, y otra para los demás, que sí están sometidos a los tribunales y quedan exentos de las medidas de gracia.

Es urgente y necesaria una reforma de la Ley del Indulto para evitar que esta medida de gracia se decida en el Consejo de Ministros y que, en ningún caso, se puedan indultar delitos que causen alarma social, como son los de corrupción, torturas, malos tratos y de seguridad vial que hayan causado la muerte por una conducción temeraria. La reforma que se precisa debe acabar con el margen de arbitrariedad del que goza el gobierno, toda vez que PSOE y PP han abusado de su utilización, ya que en este asunto, como en tantos otros,  no se observan diferencias significativas en su ejercicio. Ambos partidos indultan y ninguno da explicaciones ni argumenta las razones que han conducido a cada perdón, pretextando que la ley no les obliga. En resumen, hoy no existe fórmula legal que controle la decisión de indultar y esto resulta calamitoso.

Una nueva regulación es la única forma de acabar con la injerencia legal del gobierno en los otros poderes del Estado y de poner fin a la alarma social provocada por el indulto de prevaricadores, corruptos, defraudadores, torturadores, maltratadores o amigos, por ejemplo.

Corresponde al parlamento elaborar una ley que vincule el indulto a la opinión del tribunal sentenciador y que obligue al gobierno a motivar la razón de que, en determinados casos, se impida el cumplimiento de sentencias firmes de los tribunales, que no otra cosa representan los indultos. Desde esta óptica, una regulación del indulto conforme con los principios constitucionales exige, por un lado, establecer la necesidad ineludible de que el indulto sea motivado y, por otro, excluir del derecho de gracia a los delitos que por su gravedad y circunstancias no lo merecen. Con esta reforma el indulto seguiría siendo una facultad del gobierno pero limitada por la justicia.

En un Estado constitucional el indulto es necesario como válvula de seguridad del sistema penal (puede evitar la aplicación de una pena desorbitada, injusta, extemporánea, cruel o inútil) pero no es admisible el indulto arbitrario y contrario a la justicia. Por el contrario, si el indulto se mantiene como está, el gobierno se convierte en una cuarta instancia que corrige al poder judicial y deja sin efecto sus resoluciones cuando le viene en gana, siendo indudable que esta situación es incompatible con los principios y valores de un Estado de Derecho.

María José Pérez Salazar forma parte del Consejo Político Local de IU de Azuqueca de Henares

Las trampas de la elección directa de los alcaldes

Trampa: dícese del acto de cambiar las reglas del juego a mitad de la partida y a conveniencia propia, con disimulo o torpemente, con el propósito de engañar y perjudicar al adversario

Varios argumentos son utilizados para defender la elección directa de los alcaldes, aunque la mayoría de ellos poco tienen que ver con lo que significa tener alcaldes plebiscitados. Veamos los dos más relevantes:

1. Un alcalde elegido directamente por los vecinos es más democrático que si lo es  por los concejales. En otras palabras, a la hora de elegir regidores es preferible la democracia directa a la indirecta. 

2. Los alcaldes monocráticos infunden estabilidad a los gobiernos municipales y evitan el transfuguismo, que es fuente de males mayores como la corrupción y la traición al compromiso dado a los electores. Por tanto, eficacia en el gobierno y limpieza en la política serían razones adicionales a favor de la elección directa de los alcaldes. 

Analicemos el primer argumento, el de más democracia, ligado a la elección sin intermediarios de la máxima autoridad municipal. Si se da por bueno, significaría concluir que los sistemas presidencialistas son superiores a los parlamentarios, lo cual nadie ha demostrado aún porque no es cierto. Tanto el presidencialismo como el parlamentarismo funcionan en un contexto, están sometidos a desviaciones y cuentan con mecanismos correctivos que si los comparamos no siempre actúan como es debido. La democracia no es únicamente una cuestión que dependa del grado de elección, con ser importante, sino, también, de la eficacia de los controles sobre la autoridad, de la fiscalización del ejercicio del poder, de los frenos y contrapesos y de la capacidad de inclusión del cuerpo electoral y de la ciudadanía cuando se toman decisiones. La democracia es más que procedimiento, es sustancia, no sólo es norma sino materia. Además, la experiencia dice que el presidencialismo no es mejor que la democracia deliberativa o de consenso, que parece más blindada frente a los caudillismos y las desviaciones autoritarias del poder. Si se piensa bien, el presidencialismo funciona a las mil maravillas cuando el elegido es una figura providencial, un ejemplo a seguir, una persona íntegra y honesta, uno entre un millón. Por otra parte, la democracia deliberativa, para dar lo mejor de sí, exige una cultura política avanzada y un amplio grado de igualdad. Como lo primero es más difícil que lo segundo, resulta realista no confiar demasiado en los personalismos como la llave que abrirá todas las puertas. Si el poder colectivo sufre tentaciones, qué no le ocurrirá al poder individual que, por lo demás, puede recurrir a la legitimación directa para justificar sus actos.  

En cuanto al segundo bloque de argumentos, los relacionados con la eficacia, la limpieza y el respeto a la decisión de los ciudadanos, nos llevan a considerar lo siguiente. Es verdad que donde hay un alcalde monocrático no cabe el transfuguismo de los concejales, pero tal cosa se logra a costa de extirpar el principal instrumento de control de la oposición sobre el alcalde: la moción de censura. Sucede aquí que a veces el remedio es peor que la enfermedad, lo cual no quiere decir que todas las mociones de censura sean justificables aunque algunas resulten absolutamente necesarias. Es preciso pensarse dos veces si es conveniente renunciar a la moción de censura para evitar el transfuguismo porque evitando la corrupción entre los concejales no se impedirá entre los alcaldes. Aquí puede traerse la fórmula de la revocación de los alcaldes por una mayoría muy cualificada del pleno, lo cual iría contra la esencia de la elección directa de los alcaldes y que, por una cuestión de principio, hay que rechazar, o la revocación por petición popular, compatible con el presidencialismo, pero muy difícil en su ejecución, como manifiesta el ejemplo alemán de alcaldes elegidos directamente, con mandatos muy largos (de cinco a nueve años) y con elementos de democracia directa como la revocación, los referéndumes vinculantes, las iniciativas y las asambleas ciudadanas. Tras mucho pensarlo, el transfuguismo, que es un mal que hay que extirpar (aunque está ligado al mandato representativo, lo cual se pasa por alto) debe combatirse de otro modo y no eliminando instrumentos de control. Así que, sentado lo anterior, los sistemas presidencialistas no son más honestos por definición que los parlamentarios. 

Además, los defensores del presidencialismo siempre flaquean a la hora de explicarnos cómo hacer frente a las desviaciones perniciosas del poder cuando se concentra en una persona. Finalmente, en cuanto a la eficacia, es evidente que una institución unipersonal puede decidir antes que una colegiada, que es más proclive a los retrasos e, incluso, a los bloqueos, pero a veces al precio de reducir la representatividad de la decisión, que es tanto como hablar de su permanencia y estabilidad en el tiempo. En otro orden de cosas, los alcaldes plebiscitados pueden debilitar a los partidos e, incluso, oponerse a ellos. Dicho así, esto no es bueno ni malo per se. En ocasiones puede resultar una bendición que una persona honesta, sobre la base de un movimiento ciudadano, rompa viejos oligopolios partidistas si su intención es sincera y pretende mejorar la sociedad, pero no olvidemos la posibilidad, que también existe, de elección de personajes mediáticos y corruptos por la atracción que despiertan (bien por su discurso demagógico, por las promesas realizadas, por la campaña que les eleva, por la irracionalidad de las decisiones colectivas o porque, simplemente, conectan mejor en un momento determinado con la opinión pública). No es evidente, por tanto, que estos argumentos a favor de los alcaldes monocráticos sean indiscutibles por lo que, de nuevo, hay que remitirse a otros aspectos del sistema político menos llamativos pero muy importantes para mejorar la calidad de la democracia local.

Sentado lo anterior, es preciso decir que en el debate sobre la elección directa de los alcaldes hay aspectos que se ocultan así como otras discusiones que se mezclan indebidamente. Lo primero que hay significar es que los alcaldes que se eligen en España son cualquier cosa menos débiles: determinan las delegaciones de los concejales y las quitan, son jefes del gobierno municipal, presiden la junta de gobierno, pueden presidir de facto (y no sólo formalmente) todas las comisiones, organismos consultivos y de representación, además de dirigir los plenos y ser jefes de la policía local. Por lo tanto, acumulan una reserva de poder muy importante aunque para ejercerlo necesitan una mayoría en la que sostenerse y que se la dan los concejales. Es decir, en España no hay un problema de ingobernabilidad de los ayuntamientos por inanidad de los alcaldes sino de mayor transparencia, que no se logrará por la vía de incrementar los poderes de los alcaldes quitándoselos al pleno (por ejemplo, la competencia de aprobar los presupuestos o la moción de censura) o por la vía de constituir una junta de gobierno más personalista y con más competencias arrancadas de los plenos. A esto hay que añadir que no hay una sola forma de elección directa de los alcaldes, que va del sistema mayoritario puro, a las dos vueltas o a la insensatez de las listas vinculadas, resultando en todos los casos, por norma general, el reforzamiento de los partidos más fuertes frente a los más pequeños (excepto en coyunturas de profundo cambio político y social) así como una representatividad del cuerpo electoral mucho menor por sustitución del principio proporcional frente al mayoritario. Además, el debate sobre la elección directa de los alcaldes se ha puesto encima de la mesa cuando ha convenido a las fuerzas del bipartidismo, bien para debilitar a sus adversarios electorales, inhabilitar coaliciones que les pudieran arrebatar alcaldías o para responder a sonados casos de corrupción que les dejaban en una situación muy delicada.

No traen los partidos de gobierno, PP y PSOE, este cuestión al orden del día de la política para mejorar la democracia local sino por conveniencia y cálculo. En su espíritu está sustituir la proporcionalidad por el principio mayoritario que, como es sabido, deja sin representación a las minorías por elevación a mayoría absoluta de la minoría mayoritaria, favorece el bipartidismo, lo cual les permitiría conquistar alcaldías con bastantes menos votos que la oposición, a lo que se añade que la oposición quedaría muy dañada en su capacidad de control.

En conclusión, no parece que el deseo de una mayor democracia local se logre sin más eligiendo directamente al alcalde. Esta es una cuestión de mayor calado que requiere transformaciones legales y prácticas que superan el orden de lo político. Más bien habría que reforzar, dentro del esquema parlamentario, las instituciones y los usos de la democracia directa, así como una mayor eficacia de los mecanismos de control ya existentes.

Que por una elección apresurada no haya que repetir con pesar las palabras del labrador Rana, personaje del entremés cervantino que al referirse a los regidores decía: si fuesen malos, ruega por su enmienda.

Emilio Alvarado Pérez es portavoz del Grupo Municipal de IU 

De cómo el PSOE y el PP han ido limitando el principio de justicia universal hasta provocar su defunción

El principio de la jurisdicción universal consiste en el reconocimiento a los tribunales de un país de la competencia para enjuiciar determinados delitos contra bienes jurídicos especialmente protegidos por la comunidad internacional, con independencia completa del lugar de comisión del hecho y de la nacionalidad o residencia de los responsables o de sus víctimas. La jurisdicción universal es un instrumento clave para evitar la impunidad de los crímenes cometidos contra la humanidad (genocidio, crímenes de guerra, tortura, ejecuciones extrajudiciales o desapariciones forzosas) y otros de carácter muy grave que se cometen con la impunidad que nunca debiera ofrecer la extraterritorialidad (tráfico de drogas a gran escala, de armas o de personas). Ante estos delitos, cada Estado, como integrante de la Comunidad Internacional y con el objetivo de protegerla debe proceder a juzgar a todo delincuente que detenga, cualquiera que sea su nacionalidad y el lugar de comisión del delito, como ocurre, por ejemplo, con cualquier violación de los derechos humanos. 

Este principio fue consagrado con carácter prácticamente absoluto en el Derecho español en el artículo 23.4 de Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 al atribuir a la jurisdicción española competencia “para conocer de los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional” con relación a los delitos de genocidio, terrorismo, piratería, falsificación de moneda extranjera, prostitución y tráfico de drogas. La lista de delitos fue ampliándose paulatinamente por leyes posteriores de menores (L.O. 11/1999), mutilación genital (L.O. 3/2005) y tráfico ilegal de personas (L.O. 13/2007).

En España, la aplicación de este principio ha dado lugar a procesos judiciales por crímenes de genocidio, terrorismo y torturas cometidos en Argentina, Chile, Guatemala y El Salvador, y a su vez, está siendo utilizado por la Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal de la República Argentina en un proceso seguido al de España por crímenes de lesa humanidad durante el franquismo.

Pese a que la iniciativa contó con elogios a nivel internacional, también se escucharon voces críticas dentro y fuera de nuestro país derivadas fundamentalmente de los conflictos diplomáticos que el reconocimiento de este principio implicaba para España. A medida que estos conflictos empezaron a ser significativos, los gobiernos de turno tanto del PSOE como del PP decidieron restringir su aplicación.

Como ya es tradición en la política española, el recorte de la jurisdicción internacional se intenta en primer lugar por la vía de hecho, es decir, a través de una doctrina del Tribunal Supremo sin ningún apoyo en la legalidad vigente pero sí con el fin de evitar que los gobernantes se ruboricen ante la circunstancia de tener que desdecirse. Así quedó plasmado en la sentencia del alto tribunal de 25 de febrero de 2003, en la que se exige al menos un punto de conexión que legitime la extensión extraterritorial, ya sea que alguna de las víctimas fuese española o que los responsables se hallasen en España o que hubiese un vínculo con intereses relevantes españoles. El intentó resultó inútil porque esta sentencia fue recurrida ante el Tribunal Constitucional y éste, en su sentencia 237/2005, negó que de la voluntad de la ley pudiera inferirse la exigencia de tales limitaciones. Así que a la vista de la situación, el  PSOE, mostrando un socialismo raquítico y pálido, no tuvo más remedio que mojarse y aprobar en el 2009 con el apoyo de PP, CIU y PNV la primera reforma de la justicia universal en nuestro país por la que se modificó el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en la línea apuntada por el Tribunal Supremo cuya redacción quedó como sigue: “Sin perjuicio de lo que pudieran disponer los tratados y convenios internacionales suscritos por España, para que puedan conocer los Tribunales españoles de los anteriores delitos deberá quedar acreditado que sus presuntos responsables se encuentran en España o que existen víctimas de nacionalidad española, o constatarse algún vínculo de conexión relevante con España y, en todo caso, que en otros país competente o en el seno de un Tribunal internacional no se ha iniciado procedimiento que suponga una investigación y una persecución efectiva, en su caso, de tales hechos punibles. El proceso penal iniciado ante la jurisdicción española se sobreseerá provisionalmente cuando quede constancia del comienzo de otro proceso sobre los hechos denunciados en el país o por el Tribunal a los que se refiere el párrafo anterior”.

A partir de entonces, la Audiencia Nacional sólo investiga delitos contra la humanidad cometidos en el exterior si los acusados se encuentran en España, alguna de las víctimas tiene nacionalidad española o existe algún vínculo de conexión relevante en España. Esta modificación se aprobó después de que la ministra de Asuntos Exteriores de Israel confesase públicamente la promesa que le hizo el que por aquel entonces era Ministro del ramo y colega, Miguel Ángel Moratinos: que modificaría la ley para archivar el caso contra soldados israelíes por su supuesta responsabilidad en el bombardeo del barrio de Al-Daraj de Gaza.

En esta España de los rescates financieros, de la corrupción, de los indultos a banqueros, de la persecución y hostigamiento a jueces que cumplen con su obligación con el fin de evitar que auténticos delincuentes campen a sus anchas y de la aniquilación de derechos fundamentales, también se quiere dar la puntilla al principio de justicia universal. El Partido Popular aprobó el pasado 15 de marzo la entrada en vigor de una nueva reforma del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, relativo a la Cooperación o Colaboración de España con la Justicia Universal para reducir aún más esta jurisdicción en nuestro país.

La modificación se produjo por vía de extrema urgencia y sólo con los votos de los diputados del PP, que goza de mayoría absoluta en las dos cámaras, Congreso y Senado, sin el menor ánimo de consensuar un asunto de esta trascendencia con el resto de los partidos que componen el arco parlamentario.

Para el Partido Popular, según ponía de manifiesto en la exposición de motivos de la Proposición de Ley de Modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, relativa a la jurisdicción universal, “la realidad ha demostrado que hoy en día la jurisdicción universal no puede concebirse sino desde los límites y excepciones propias del Derecho Internacional”, lo cual quiere decir, en lenguaje llano, que el PP limita la persecución de los delitos de genocidio y lesa humanidad a los procedimientos que se dirijan contra los españoles o extranjeros que hayan adquirido la nacionalidad tras cometer el hecho o cuya extradición haya sido denegada. La nueva redacción del artículo elimina la posibilidad de actuar a partir de una denuncia o a través de una acusación popular, para reducir su impulso a las querellas presentadas por el agraviado o la Fiscalía.

Sólo en muy contados supuestos se mantiene lo poco que queda de la antigua jurisdicción, por lo que cabe decir que España ha renunciado a los más importantes aspectos que quedaban regulados en el Convenio de Ginebra de 1949, la Convención Internacional contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes o la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas y, desde luego, contra lo estipulado en el Convenio de Roma de 1998, creador de la Corte Penal Internacional, y por el que se definen y sancionan gravísimos delitos que implican violación de los derechos del hombre, tales como los crímenes de guerra, el genocidio, los de lesa humanidad o el de agresión sexual a menores.

Este nuevo revés propinado por el Gobierno de Rajoy garantizará la impunidad de criminales y negará justicia a los ciudadanos españoles.

En la España de Rajoy si robas chatarra vas a la cárcel pero si te llevas por delante a medio país disfrutarás de la benevolencia de las leyes, de la comprensión de la Real Academia de la Historia y de placa conmemorativa en lugar público.

Los españoles que sean víctimas de crímenes de guerra, de lesa humanidad, de torturas, de secuestros por parte de unas fuerzas armadas más allá de nuestra fronteras no tendrán la posibilidad de acudir a los tribunales: su propio país, España, les negará su derecho a la justicia.

La vía para seguir luchando por la justicia universal es la de presentar recurso ante el Tribunal Constitucional bien por parte de las familias, por los propios jueces que llevan casos de jurisdicción universal apelando la inconstitucionalidad de la reforma o bien, y según la ley, por 50 diputados o 50 senadores.

El grupo parlamentario del PSOE, alardeando de su “giro a la izquierda”, aprovechó esta situación para anunciar que presentará recurso de inconstitucionalidad contra la reforma. Los que se proclaman republicanos y no cuestionan la monarquía, los que dicen blindar los servicios públicos y sus excargos se blindan en los consejos de administración de las grandes empresas, los que dicen defender al trabajador y protagonizaron una reforma laboral y una reforma de la seguridad social y los que protegen a la banca tapando sus agujeros con dinero público e indultando a banqueros, olvidan que fueron ellos los que dieron el primer golpe a este principio jurídico, con una reforma aprobada a petición de Israel que supuso el archivo de la causa por posibles crímenes de guerra en Gaza y los que obstaculizaron la investigación en el caso Couso tratando de cerrar la causa, tal y como desvelaron los cables de la embajada estadounidense difundidos por Wikileaks.

Las restricciones que se incluyen en la última reforma del PP son de tal magnitud que desvirtúan el objetivo final de la jurisdicción universal y, lo que es más grave aún, abre vacíos jurídicos en su aplicación que atentan contra el principio de legalidad y los derechos de las víctimas. Además, se permite la posibilidad del fraude de ley a favor de los perpetradores al establecerse que el proceso penal iniciado ante la jurisdicción española "se sobreseerá provisionalmente" (es decir, se archivará provisionalmente) "cuando quede constancia del comienzo de otro proceso sobre los hechos denunciados en el país o por otro Tribunal."

Ni siquiera se fijan criterios para valorar la disposición del otro tribunal para llevar a cabo las investigaciones y, en su caso, el juicio. Según el texto de la reforma tampoco se exige acreditar que dicho proceso se haya abierto legítimamente por las víctimas, ni que haya garantías de justicia, ni que las víctimas tengan acceso a participar en él o que el sistema normativo establezca penas acordes con el principio de proporcionalidad. Por eso, pudiera ser que en nombre de la justicia universal se iniciaran procesos-fraude para impedir otros con garantías de imparcialidad.

En definitiva, se ha dado una estocada de muerte a la justicia universal que aboca al archivo de decenas de causas abiertas en la Audiencia Nacional como el asesinato de José Couso tras el bombardeo de las tropas estadounidenses del hotel donde se alojaba la prensa, el genocidio del Tíbet, las torturas perpetradas por el gobierno de China contra el movimiento Falung Gong, el genocidio del pueblo saharahui o las torturas sufridas por los presos de Guantánamo.

El desguace de la justicia universal provoca que muchos inocentes se revuelvan en sus tumbas y que los grandes criminales suspiren aliviados porque ellos han ganado, al igual que los intereses de las potencias extranjeras sobre las víctimas y los derechos humanos.

Esta es la realidad de una situación que ya no espanta sino que provoca asco y vergüenza.

María José Pérez Salazar forma parte del Consejo Político de IU de Azuqueca de Henares