|
Las manos de Eduardo Manostijeras antes de ser subastadas. Quién pujaría por ellas |
Las Comunidades Autónomas, como prestadoras de los servicios que definen el Estado del bienestar, destinan una gran porción de sus presupuestos al mantenimiento de la educación, la sanidad y los servicios sociales. Esto es consecuencia del reparto competencial que establece la Constitución y del desarrollo del Estado de las Autonomías. Las cifras no admiten dudas: las Comunidades Autónomas gastan un tercio de todo el gasto público del Estado, un 84% del gasto total en educación y un 90% del gasto total en sanidad. Hablar del gasto de las Comunidades Autónomas es, por tanto, hablar de educación y de salud. Del mismo modo, plantear reducciones significativas del gasto público autonómico equivale a proponer recortes en estas dos grandes partidas. Conviene saber esto antes de lanzarse con entusiasmo por la pendiente, siempre poco empinada para algunos, de aplicar el hacha sobre la cosa pública autonómica.
Sentado lo anterior, interpretaremos con más solvencia el significado del tijeretazo al presupuesto autonómico alentado por el gobierno central y perpetrado por la Presidenta de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que asciende a 1.815 millones de euros, esto es, un 21% del total. A la vista está que hablamos de magnitudes de guerra o de catástrofe natural.
Según los datos aportados por el gobierno autonómico del PP, el recorte presupuestario previsto que afectará a los pilares del Estado Social se desglosa del siguiente modo:
·Sanidad pública: 400 millones de euros. Esto quiere decir que no se construirán nuevos equipamientos médicos y que se venderán con opción a recompra los ya existentes. Además, se reducirá el presupuesto del funcionamiento cotidiano de hospitales y centros de salud, quedando en suspenso muchas obras ya iniciadas: por ejemplo, la ampliación del hospital provincial de Guadalajara y la reforma de nuestro viejo centro de salud de la Plaza de la Concordia.
·Educación: 254 millones de euros. Esto supone reducir los gastos de funcionamiento de los centros educativos y, muy especialmente, las plantillas de profesores. Los mecanismos para lograr este propósito son dos. Por un lado, congelar la oferta pública de empleo, lo cual significa no sustituir las bajas producidas por jubilaciones. Por otro, prohibir contratar a personal interino, mandando al paro automáticamente a casi mil docentes que venían trabajando ya en cursos anteriores en la enseñanza secundaria. Al haber menos profesores la calidad de la educación pública cae, deteriorándose además la convivencia en las aulas. Justo lo contrario de lo que necesita España en este momento.
·Servicios Sociales: 40 millones de euros de reducción.
En total, casi 700 millones de euros de recorte inmediato del gasto en sanidad, educación y servicios sociales. Dicho de otro modo, aproximadamente el 39% del tijeretazo presupuestario propuesto por el PP afectará a materias esenciales del Estado Social. En resumen, el presupuesto de la Comunidad Autónoma va a mermar en el año 2012 una quinta parte. De esa contracción, casi la mitad la soportarán los servicios elementales que conforman una sociedad civilizada. Asistimos a la tala del Estado social por la vía autonómica.
Estas son las cifras proporcionadas por Cospedal. Entonces, ¿cómo es posible que esta señora siga afirmando, sin que ello acarree consecuencias políticas contundentes e inmediatas, que con su plan no se tocan los derechos sociales?. Por otra parte, ¿en qué lugar queda el gobierno central que exige recortes presupuestarios brutales a las Comunidades Autónomas mientras que justifica cualquier ayuda a los bancos con fondos públicos?. ¿Cuál es la diferencia entre las mentiras del PP y los engaños del PSOE?
Decía Galdós, no sin pena, que en España el despecho es una idea política. Creo que Galdós, en su juicio, pecaba de ingenuo debido a su optimismo vital. El panorama actual es mucho peor que el descrito por Galdós: lo que en España se ha constituido como una idea política es la mentira, cuanto más descarada mejor.
El PP ganó las elecciones regionales prometiendo a la vez trabajo y respeto a los derechos sociales. Como era de esperar, en su primera decisión ha pisoteado ambas promesas. Ha echado a la calle a trabajadores públicos de la enseñanza y va a aplicar con entusiasmo un plan de recortes sobre la sanidad y los servicios sociales que dañarán gravemente ambas prestaciones públicas. Mientras empuñan la tijera los señores del PP guardan silencio cartujo sobre los conciertos educativos, la restauración del impuesto sobre el patrimonio, la lucha contra el fraude fiscal o la ignominia de los bancos. Algunos dirán luego que la política de clases no existe.
Visto el ejemplo, vale decir que en España nos tomamos a chirigota la palabra dada por los políticos. A una porción significativa de la población le da igual que la engañen con tal de que gobiernen los suyos. A otra porción, aún mayor, no le preocupa si la explicación que se les ofrece desde la política es verdadera o no. Y el resto, aún pequeña minoría, contempla entristecido el espectáculo. Así nos va.
Aquí se me caerán unas palabrillas sobre el referente de la señora Cospedal, el espejo en el que se mira y en el que bien haríamos también en contemplarnos si queremos adivinar por dónde discurrirá nuestro futuro: Esperanza Aguirre.
Sabido es que la señora Cospedal tiene poco interés en Castilla-La Mancha. Sus pretensiones son más elevadas. Vino aquí para impulsarse en un trampolín y dar un salto mayor, a la política nacional. Se apoya en una doctrina, que llamaremos liberalismo de peineta, caricatura del liberalismo auténtico que sonrojaría a sus creadores. El liberalismo de peineta es la versión manchega del liberalismo de gorguera de la señora Aguirre. En este último se mezclan sin decoro un poco de palabrería neoliberal y un mucho de privilegio nobiliario que huele a polilla, como corresponde a una burguesía que se quedó en el camino y que sólo aspira a ser la prolongación del hidalgo decadente y hambrón. Por derecho de cuna la señora Aguirre se conduce con desempacho. Al hablar acusa tanta grosería como impertinencia, defecto muy español de la aristocracia de gotera, poco desbastada por la evolución de los tiempos y de la cultura. Enseguida se encumbra, habituada a que nadie la trate con igual campechanía y desparpajo. Habla con mucha soberbia, con maneras de condesota habituada a ordenar al servicio repasar la plata con Sidol. Sus modales armonizan bien con un discurso basado en acusaciones inicuas y mentiras al por mayor, sin que hasta ahora haya pagado tasa alguna por él. Sus disparates y provocaciones alcanzan eco porque convienen a importantes grupos de poder político, eclesiástico, económico y mediático. Vamos, a los que consideran que nacieron con el derecho a mandar porque son de la estirpe de Coburgo Gotha. Si lo que dice la señora Aguirre lo dijera el tendero de mi pueblo nadie le haría caso. Pero es que esta señora lleva tras de sí un pesebre de periodistas y tertulios que le ríen las gracias y le magnifican un credo que es un guisote. Este modo de hacer política, faltón y grosero, cala en ciertos estratos del pueblo llano, aquel que es amante de la brusquedad y del exabrupto, que en su ignorancia se complace en buscar un enemigo de cartón en aquellos que viven un peldaño por debajo de su nivel. Mientras tanto, en Madrid, tapado por el rebullicio, se ejecuta un plan de deterioro implacable de los servicios públicos. Para cuando se quieran dar cuenta, los ciudadanos castellano-manchegos, al igual que los madrileños, habrán dejado de serlo para devenir en súbditos.
Este es el futuro que nos aguarda si la ciudadanía continúa apegada al bipartito, a las mayorías absolutas y a las mentiras consolidadas. Repitamos una vez más, por si valiera de algo, el aforismo del clásico: pueblo dormido es seguridad del tirano.
Emilio Alvarado Pérez, Portavoz de IU en el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares