 |
| Llamazares, desde su escaño, asiste con preocupación al nuevo golpe contra los derechos de los trabajadores |
El pasado 16 de septiembre el Congreso de los Diputados convalidó el decreto ley del Gobierno que contiene las últimas medidas en materia laboral para el empleo juvenil y la “estabilidad” en el trabajo. Tal cosa se logró gracias a la complicidad de la derecha política parlamentaria, al sumarse a la voluntad favorable del grupo socialista la abstención necesaria del Partido Popular, CiU, Coalición Canaria y UPN. Las derechas del país unidas con el Gobierno para asestarle un nuevo golpe a los trabajadores. ¿Hace falta más claridad?
Con su abstención consentidora, el PP deja la puerta abierta a futuras reformas laborales tras las elecciones del próximo 20 de noviembre, en las que se ve como seguro triunfador.
Izquierda Unida, como no podía ser de otra manera, votó en contra de esta medida, la enésima en el camino de ahondar la precariedad laboral que ya sufren millones de trabajadores.
A los pocos meses de realizar una profunda reforma del Estatuto de los Trabajadores, el Gobierno vuelve a reformar su propia reforma, afectando a dos artículos del texto:
1.- Se elimina el tope del artículo 15.5 del Estatuto: “...los trabajadores que en un periodo de treinta meses hubieran estado contratados durante un plazo superior a veinticuatro meses, con o sin solución de continuidad, para el mismo o diferente puesto de trabajo con la misma empresa o grupo de empresas, mediante dos o más contratos temporales, sea directamente o a través de su puesta a disposición por empresas de trabajo temporal, con las mismas o diferentes modalidades contractuales de duración determinada, adquirirán la condición de trabajadores fijos”.
A partir de la entra en vigor de este nuevo decreto, se suprime la obligación de hacer indefinido a un trabajador cuando encadena 24 meses de contrato en un período de 30 meses. Este Gobierno, para poder justificar semejante atrocidad, argumenta que con esta medida se logran “más contratos y se evitan así los miedos de los empresarios a contratar a trabajadores.” “Preferimos tener a un trabajador temporal antes que un parado”, esta es la célebre frase con la que el señor Ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, intenta convencer a una población desesperada a la que se le ofrece elegir entre la horca o el látigo. El Ministro Valeriano Gómez probablemente pasará a la historia no por sus logros en el gobierno sino por lo hiriente de su doctrina, con la que queda justificado el abuso futuro y sin medida contra los trabajadores.
2.- Se modifica el artículo 11.2 a) del Estatuto: “se podrán celebrar contratos formativos con trabajadores mayores de dieciséis y menores de veinticinco años que carezcan de la cualificación profesional reconocida por el sistema de formación profesional para el empleo o del sistema educativo requerida para concertar un contrato en prácticas”.
Esta redacción se ve modificada al aumentar la edad máxima para contratar bajo la modalidad de “contrato en prácticas” a los 30 años hasta el 2013. Con esta decisión se permiten salarios más bajos (el 65 y 75% de los fijados en convenio) que los estipulados para los mismos puestos si los presta un trabajador con un contrato normal.
Con esta reforma del Estatuto de los Trabajadores se termina una legislatura moribunda. El final de Zapatero no puede ser más indigno: casi cinco millones de desempleados y un nuevo golpe a los escasos derechos de los trabajadores que tanto costó ganar.
Si a principios de septiembre sufrimos el ataque bipartidista del PSOE-PP a la Carta Magna para constitucionalizar en secreto una política de ajuste permanente, imponiendo un techo de gasto que nos condena a la depresión económica y al raquitismo de los derechos sociales, ahora asistimos a un nuevo atentado contra lo poco que queda del Estatuto de los Trabajadores. Con el PSOE se consolida un contrato becario indefinido y un contrato temporero permanente, ejemplos claros de lo que el Gobierno entiende que han deben ser las relaciones laborales. En su larga trayectoria legislativa, el PSOE ha abaratado y facilitado el despido y ha optado por homologar claramente los contratos, rebajándolos a la condición fijada para los temporales. Equiparación a la baja, se llama. En definitiva, gracias al PSOE se ha abaratado el despido y se ha extendido el contrato precario. Estas dos medidas suponen un empeoramiento de la situación de los trabajadores, una pérdida de poder político y adquisitivo para éstos y, por supuesto, una mejora de las rentas empresariales. Por supuesto, el que no quiera verlo es libre de preferir el prejuicio a la verdad. Pero los hechos son tozudos.
Es el pueblo el que tiene que mostrar ya un rechazo a este bipartidismo que nos oprime. Tanto PSOE como PP siguen una misma línea política que no es otra que la de satisfacer las necesidades de los poderosos a costa de la destrucción del Estado del bienestar.
De nada les vale a los socialistas manifestarse ahora en defensa del sector público ante los recortes anunciados por algunos mandatarios autonómicos del Partido Popular como Esperanza Aguirre o María Dolores de Cospedal, cuando han sido ellos los que han establecido un límite de gasto en nuestro texto constitucional priorizando absolutamente el pago de los intereses y el capital de la deuda pública sobre cualquier otra necesidad social, especialmente la educación y la sanidad públicas.
En esta legislatura el Gobierno del PSOE ha ido incorporando a su programa y a su quehacer diario la doctrina económica neoliberal, siempre con el beneplácito del PP, el otro partido del turno político que, en jerga de mecánico, se diferencia del primero en el par de apriete que le aplica a la sociedad. Cualquiera similitud entre los dos no es una mera coincidencia: es fruto de la convergencia de ambos en la aceptación de una doctrina profundamente contraria a los intereses generales. Es lo que tiene ser parte del sistema.
María José Pérez Salazar es militante de IU de Azuqueca de Henares
