Planes del PP para acabar con la democracia local

En el mes de mayo del 2012, el Gobierno del Partido Popular presentó a la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias) una propuesta de modificación de la Ley de Bases de Régimen Local que afecta a 14 de sus artículos, con el argumento de adecuar esta norma a la recién aprobada Ley 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Las prisas por aplicar esta nueva normativa han provocado que el Consejo de Ministros aprobara a finales de febrero un texto con el rimbombante título de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local que, de inmediato, ha sido sometido al dictamen del Consejo de Estado, antes de iniciar su tramitación en las Cortes Generales.

El presidente de la FEMP, Iñigo de la Serna, ya ha convocado una Junta de Gobierno urgente con el fin de analizar el anteproyecto. Además, se espera la reunión inminente de la Comisión Nacional de Administración, órgano de encuentro entre la Administración General de Estado y las entidades locales, donde se expondrá la posición institucional de los municipios sobre esta cuestión.

Todo apunta a que la nueva normativa será desestabilizadora. Prueba de ello es que tras ser discutida en el Consejo de Ministros, el ejecutivo de Rajoy evitó hacer pública su redacción y el señor Montoro, tan dispuesto a hacer chistes con los temas más graves, se puso nervioso a la hora de explicarla. Justificaciones banales como la del “ahorro económico” o la “mejor distribución de competencias” ocultan el verdadero objetivo del gobierno, que no es otro que destruir la independencia de los ayuntamientos.

Una involución de este calibre precisa una coartada, valiendo en este caso la defensa del “sacrosanto” equilibrio presupuestario que consagraron PP y PSOE en la reforma del artículo 135 de la Constitución en agosto de 2011, por imposición del BCE.

El gobierno no trata, por tanto, de defender la racionalización y el futuro de la administración local. Muy al contrario, persigue cargarse a los ayuntamientos, su sistema de servicios públicos y la democracia local, que también estorba. Una vez más, el PP utiliza la neolengua para engañar y someter, no llamando a las cosas por su nombre para que parezcan lo contrario de lo que son, aunque esta triquiñuela ya no engaña ni al fielato.

El Gobierno de Rajoy, al igual que ha culpabilizado a los enfermos, a los alumnos, a los dependientes, a los parados, a los funcionarios, a los médicos, a los profesores, a los inmigrantes... de provocar la crisis, ahora pretende hacer responsables a los ayuntamientos del fiasco de su política económica.

Rajoy culpa a los ayuntamientos por un despilfarro económico que no es tal. La deuda de los consistorios apenas supone un 4% del conjunto de las administraciones públicas. Además, hay que recordar que de cada 100 euros, los ayuntamientos gastan 13, por 37 las comunidades autónomas y 50 el Estado central. Por tanto, los ayuntamientos siguen gastando el mismo porcentaje que al comienzo de la transición, excepto el de Madrid, bajo el señor Gallardón, que se pulió el dinero de los madrileños de las tres próximas generaciones, a lo que se añade que su sucesora, la señora Botella, persevera en defender una candidatura olímpica ruinosa, inmoral e improductiva que llevará a la capital del reino a más recortes y apreturas.

Del análisis del contenido del anteproyecto se deduce que vulnera diferentes preceptos constitucionales, a saber:

Artículo 137: “El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses”.

Artículo 140: “La Constitución garantiza la autonomía de los municipios. Estos gozarán de personalidad jurídica plena. Su gobierno y administración corresponde a sus respectivos Ayuntamientos, integrados por los Alcaldes y los Concejales. Los Concejales serán elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, en la forma establecida por la ley. Los Alcaldes serán elegidos por los Concejales o por los vecinos. La ley regulará las condiciones en las que proceda el régimen del concejo abierto”.

La Carta Magna distribuye el Estado territorialmente y concede a los municipios autonomía en la gestión de sus competencias.

Artículo 138.1: “El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad, consagrado en el artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo, entre las diversas partes del territorio español, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular”.

Artículo 142: “La Haciendas locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las Corporaciones respectivas y se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado y de las Comunidades Autónomas”

El anteproyecto del gobierno no sólo vulnera la Constitución. También va en contra de la Carta Europa de Autonomía Local de 15 de octubre de 1985, en la que se determina que las “Entidades Locales son uno de los principales fundamentos de un régimen democrático”, porque es en el nivel local donde puede ser ejercido con más facilidad el derecho de los ciudadanos a participar directamente en la gestión de los asuntos públicos.

Por si no fuese suficiente con lo anterior, el anteproyecto del gobierno del PP potencia las diputaciones, que son organismos anacrónicos, caciquiles, opacos, que no se eligen directamente por los ciudadanos, pura herencia de la arquitectura administrativa oligárquica del siglo XIX, mientras que degrada a los gobiernos locales, que sí son elegidos por el voto popular. Más caciques y menos alcaldes, esta es la gran apuesta regeneradora del PP.

Además, la nueva norma, en el caso de ser aprobada, eliminará la autonomía local, para convertir al municipio en un mero gestor de servicios obligatorios en el que los ayuntamientos se convierten en una ventanilla que ejecuta los mandatos de otros niveles de gobierno.

Por último, al anteproyecto del gobierno favorece la privatización de las competencias municipales, convirtiéndolas en un negocio y prohibiendo otras de interés social que dejarán de prestarse, para perjuicio de los ciudadanos.

Apelaciones a la racionalización y al sostenimiento de los ayuntamientos no son más que retórica en boca de un gobierno que busca el fin del municipalismo, de la autonomía política de los consistorios y de la democracia local.

Asistimos a la jibarización, por imperativo del gobierno, del sistema municipal fijado en la Constitución. Pero tal cosa, con ser muy importante, pasa inadvertida en un ambiente en el que los escándalos de corrupción que envuelven al Partido Popular no cesan y en el que el descrédito político aumenta. Además, seis millones de parados lo tapan todo.

El PP no controla el poder local al completo. Por ello, con la excusa de la crisis, quiere convertir a los ayuntamientos en órganos irrelevantes, como hizo Servio Tulio con los comicios curiales, instituciones que pasaron a ser un adorno, un fantasma, tras su reforma hace más de veinticinco siglos.

Con el proceso centralizador del gobierno se pretende vaciar a los ayuntamientos de sus competencias básicas, transferirlas a las diputaciones para que justifiquen que económicamente no las pueden asumir y, de esta manera, reduzcan plantillas, privaticen o extingan los servicios básicos que venían prestando hasta ahora. No hay más.

No es extraño que el Gobierno haya querido disfrazar sus intenciones con dos o tres argumentos de corte populista: limitación progresiva del sueldo de los alcaldes (cuando entre los regidores mejor pagados de España figuran muchos del PP), reducción de cargos de confianza y altos ejecutivos municipales (a este respecto, el caso del Ayuntamiento de Madrid, gobernado por el PP, es escandaloso, Carromeros incluidos) y menos ediles con cargo a las arcas públicas.

Si al PP le importaran de verdad los ayuntamientos habría expedientado hace mucho a sus ediles despilfarradores, inútiles y corruptos y no habría premiado al alcalde más manirroto de la historia de España con un puesto en el Consejo de Ministros. Pero no lo ha hecho, prueba evidente de que su propósito con la reforma es otro: acabar con la autonomía política de los municipios españoles y destruir el primer ámbito político de la democracia, sustituyéndolo por otros niveles de gobierno cuyas virtudes son más que cuestionables.

Gracias al PP, los alcaldes, a partir de ahora, se dedicarán a dar órdenes a la policía local, a supervisar el estado de la calles, a presidir corridas de toros y procesiones, a repartir sonrisas entre sus vecinos y a preguntarles por sus familias. Alcaldes chisgarabís, jefes de protocolo que agasajen a la autoridad gubernativa cuando gira visita a sus pueblos, eso es lo que busca el PP. El retorno a la España profunda es sólo cuestión de tiempo.

En un momento en el que la crisis golpea cruelmente a los ciudadanos, cuando la desigualdad, la exclusión y el desamparo campan a sus anchas y mientras que la ciudadanía demanda a voces una democracia más participativa, Rajoy y sus acólitos intentan destruir el sistema local dibujado en la Constitución para hacerse con el control absoluto del país. Todo con el fin de imponer un plan suicida y excluyente de desguace de la sociedad. El lema del PP es claro: lo que no se gana en las urnas se destruye, se encanija, se convierte en inútil, se menosprecia, se hace irrelevante. Y todavía estos señores se atreven a pronunciar la palabra patria.

Si no se pone freno a esta contrarreforma ideológica, el municipalismo español pasará de ser un capítulo de la historia política y del derecho a ser una nota a pie de página en un curso acelerado de derecho administrativo.

María José Pérez Salazar forma parte del Consejo Político Local de IU de Azuqueca de Henares

La isla del amor

Ejemplo de institución inútil y dañina. ¿Quién será ese señor que sale de ella con aire tan flamenco?

La historia se repite: un país con una fiscalidad de broma (un impuesto de sociedades del 10%, por ejemplo) y opaco (un paraíso fiscal) capta inversiones extranjeras multimillonarias (de mafiosos, banqueros y demás ralea) que se derivan al ladrillo y a comprar deuda soberana de riesgo, con la que obtiene una remuneración muy alta que se traslada a los ahorradores, locales y foráneos, mediante tasas de interés también muy apetitosas.

Mientras el circuito se alimenta con la llegada de capitales anónimos atraídos por el secreto bancario y el beneficio fácil, el PIB nacional crece, el precio de la vivienda sube sin parar, mucha gente hace negocios sin esfuerzo, la prosperidad se extiende y, sobre todo, el dinero se blanquea, preparado para volar a otras plazas según convenga. El cuento nos resulta bastante familiar.

Con la llegada de tantos capitales, la parte financiera de la economía aumenta enormemente con respecto al PIB productivo, al que multiplica en tamaño por ocho, convirtiendo a ese país en una plaza financiera de primer orden (como Islandia, Irlanda, las islas del canal, Luxemburgo, Malta y demás pozos), paradigma de la globalización neoliberal, sociedad moderna que se anuncia en las páginas del Financial Times para atraer nuevas inversiones, lavadero del dinero sucio mundial y ejemplo de solvencia  para las agencias de calificación.

Para completar un paisaje tan idílico, el Banco Central del país, autoridad encargada teóricamente de la vigilancia del sistema financiero y guardián de los equilibrios macroeconómicos, redacta informes elogiosos y tranquilizadores sobre la economía nacional. Igual consideración le dispensa la troika, que en premio a una ejecutoria tan brillante le permite el ingreso, junto con Malta (otro paraíso fiscal) en el euro en el 2008, precisamente el año de la quiebra de Lehman Brothers.

Pareciera que en ese país se hubiera descubierto la piedra filosofal de la prosperidad, el móvil perpetuo generador de riqueza, del negocio sin fin, del maná milagroso, alcanzándose el ideal del hedonismo capitalista: crear dinero de la nada, moverlo de un cajón a otro para blanquearlo, cuentas numeradas, juergas nocturnas, playas de póster y más de 300 días de sol al año. Un conjunto imbatible.

Pero nada es para siempre y menos la felicidad que se alcanza sin dar golpe, ni siquiera en la tierra de Afrodita, en la isla del amor. Una de las fuentes milagrosas de la riqueza de ese país, la inversión en deuda soberana de alto riesgo, se secó. De repente, sus bancos (muchos de ellos extranjeros) descubrieron que una porción muy importante de sus activos eran polvo, a lo que se unió el reventón del ladrillo, quedando al descubierto una deuda privada bancaria de tamaño descomunal que no podía absorber una economía productiva encanijada (es lo que tiene dedicarse en exclusiva al sector servicios) y un Estado sin capacidad de reflejos y de recaudación (es lo que trae un sistema fiscal sumiso al capital cuando vienen mal dadas).

Para salvar a los bancos quebrados, ese país que, no lo olvidemos, está en la moneda única, negoció un crédito con una potencia ajena y rival de la UE, préstamo concedido pero no suficiente para tapar el boquete de su deuda privada. El acercamiento a una potencia foránea inquietó a la OTAN, porque en ese país hay dos bases militares británicas con 3.000 soldados, una estación de escucha de la red Echelon, unas reservas de gas natural a la espera de ser explotadas y una posición geoestratégica muy relevante que no se va a abandonar por las buenas.

Descubierto el agujero de la deuda privada, el gobierno alemán se remanga para rescatar a la banca de ese país, no por razones altruistas sino porque en el rescate se la juegan sus propios bancos, que tienen apalancados casi 8.000 millones de dólares en deuda incobrable, sólo mil millones menos que los pérfidos bancos rusos, a los que Merkel les quiere cargar el mochuelo del problema. La estrategia de Alemania no sorprende por repetida: que la UE conceda un crédito para salvar a una banca corrupta e inservible que, así, devolverá a los bancos alemanes, holandeses (2.569 millones de dólares) y británicos (2.057 millones de dólares) lo que no cobrarían de otro modo.

Pero en esta propuesta hay una novedad, que se fija como condición para que se conceda el crédito: que el gobierno del paraíso fiscal confisque una parte de los depósitos de sus impositores hasta alcanzar una recaudación de 6.000 millones de euros, a lo que se une consentir la destrucción del país por aplicación de recortes y privatizaciones sin tasa. Dicho en otras palabras, Merkel exige que el gobierno de esa nación legalice el robo de las cuentas corrientes para que los bancos alemanes cobren las deudas y abandonen la plaza sin daño ni menoscabo. Robar a los impositores para salvar a los bancos, bolchevismo contra los de abajo. De no hacerse, afirma el gobierno alemán, el petardazo de Santorini quedaría tamañito. 

Para justificar el robo con escala, que viola toda la legalidad de la UE y el derecho a la propiedad privada que es seña de identidad de la CDU, las autoridades alemanas esparcen una vez más el discursito de que el país deudor está arruinado por corrupto, despilfarrador y vago, correspondiéndole ahora purgar sus penas, expiar sus faltas, sufrir por sus pecados, pagar las deudas y hundirse en el mar en un solo acto.

Hay que decir que el mensaje luterano sobre el esfuerzo y la responsabilidad ya no cala como antes, porque a Frau Merkel se le ve el penacho de plumas desde lejos. Mucho truena la cancillera sobre las irresponsabilidades de otros mientras calla sobre las suyas, mayormente porque sus bancos han de cobrar en efectivo sus especulaciones ruinosas así se hunda el mundo. Es lo que tiene ser cancillera, que lo mismo  se está para dar un mitin que para llevar las aguas sobrantes a la huerta del vecino aunque estén envenenadas de pesticidas.

No perdamos el norte. Lo que ocurre en nuestro querido paraíso fiscal es también un experimento, porque es una islita irrelevante en el que ya abundaban las ruinas, aunque de Apolo y de otros dioses del panteón. Berlín cree que unos cascotes más en un paisaje desolado pasarán desapercibidos.

En España acontece algo similar y aún seguimos roncando.

Por cierto, en ese país condenado por la troika y por sus pecados, en el que pululan muchos rusos de mirada torva que tienen metidos 19.000 millones de euros en cuentas de toda clase, resulta que también viven 25.000 súbditos de su graciosa majestad que no sólo toman el sol y beben licor de anís, siendo cosa comprobada que muchos de ellos emulaban a su paisano, el escocés John Law.

Si es que la avaricia no sabe de patrias.

Emilio Alvarado Pérez es portavoz del grupo municipal de IU

Un paso en la dirección correcta

El subdelegado del gobierno, el imputado Sánchez-Seco, multa a los guadalajareños que se encerraron en el BBVA para evitar el desahucio de una anciana

Tuvo que sentenciar el Tribunal de Luxemburgo para decirnos una obviedad: que la legislación hipotecaria española es un compendio de abusos contra el hipotecado, que queda desarmado y cautivo cuando firma un préstamo, a merced de la voluntad del prestamista o usurero, condenado a ser lanzado al menor incumplimiento por su parte a la calle o al vacío, según lo haga por la puerta acompañado del secretario judicial o en solitario por la ventana de lo que un día fue su casa.

Ha venido Europa a decirnos que somos un fósil jurídico por mantener una concepción del cliente (que eso es quien firma una hipoteca, un cliente-consumidor) de tipo romano. Cliente como vasallo del patricio, que eso son los bancos, privilegiados; cliente como adorador de su señor, cliente a la romana listo para ser devorado en la arena de la deuda. ¡Ay Viriato, que dejaste las cabras por la espada, qué desperdicio de vida, para qué sirvió tu martirio!

Las leyes hipotecarias españolas, que son leyes de los bancos, para los bancos y por los bancos, determinan que los hipotecados pierdan la casa pero no la hipoteca, deuda a la que se suman unos intereses de demora escandalosos y el pago de las costas judiciales a abogados sin entrañas que trabajan defendiendo a la chusma financiera.

Y decimos banca usurera quedándonos cortos (hay que forjar un vocabulario nuevo para nombrar la crisis y todas sus aberraciones, con el montante de palabras existente no basta), porque la misma banca que desahucia recibe paletadas de millones de los contribuyentes, esos mismos a los que arroja a la calle o que pagan la factura del desfalco del ladrillo con recortes en sus derechos y salarios. 

Este es el panorama que sufrimos desde el inicio de la crisis, evidente para el que quiera ver o para el que tenga algo de corazón, pero negado mil veces por el bipartito y sus terminales mediáticas, que hoy se desmorona porque cinco jueces de la sala primera del Tribunal de Justicia de Luxemburgo así lo decretan.

Desde que se inició la crisis en el año 2008 se ha perfilado en nuestro país un panorama aterrador: 400.000 ejecuciones hipotecarias, 312 lanzamientos al día, 171.110 familias arrojadas a la calle y con una deuda imprescriptible, numerosas iniciativas parlamentarias de IU a favor del cambio de las leyes hipotecarias tiradas a la basura por el PSOE y por el PP, partidos cómplices de la extorsión bancaria, miles de actos de protesta de las plataformas de desahuciados contra la sinvergonzonería y el atropello perpetrado por bancos y cajas de ahorro, recogida millonaria de firmas a favor de la iniciativa legislativa popular para reclamar la dación en pago, presión social de la PAH para hacer visible el problema en medios de comunicación y ante la opinión pública, persecución con multas a los que ocupan las sedes de los bancos para reclamar un trato justo (por ejemplo, en nuestra provincia unos ochenta ciudadanos han sido sancionados en los últimos meses, a razón de 200 euros por cabeza, por el subdelegado del gobierno, el imputado Sánchez-Seco, a la sazón también secretario general del PP de Guadalajara, por haberse encerrado en una oficina del BBVA para evitar el desahucio de una anciana), catorce suicidios reconocidos por razones de desahucio, otros casos, incontables y nebulosos, de suicidios frustrados y una cadena de sufrimientos inútiles que clama a las estrellas.

La sentencia del Tribunal de Luxemburgo permite que los jueces paralicen un proceso de desahucio cuando adviertan cláusulas abusivas en los contratos hipotecarios (por ejemplo, que un solo impago lance el proceso de ejecución, intereses de demora estratosféricos, altas costas procesales que se cargan al lomo de los desahuciados, ausencia de notificación a los avalistas o fiadores sobre el inicio de un procedimiento de ejecución hasta que la deuda se vuelve inasumible, cláusulas-suelo intolerables, hipotecas multidivisas, swaps de intereses y demás mandangas ideadas para sacarle los untos al acreedor), dándose el caso de que personas ya desahuciadas puedan denunciar a la entidad que las puso en la calle y pedir una indemnización por daños y perjuicios.

Inquieta y mucho la recepción de esta sentencia por parte del gobierno del PP y de la banca, por su fijación compartida en que hay que buscar un equilibrio entre lo que dice la Directiva 93/13/CEE, de 5 de abril de 1993, y la seguridad jurídica, concepto este último que debe sonar a los afectados por un desahucio a cántico de Salicio y Nemoroso, porque lo que hay en pie en nuestro país es un tinglado de completa inseguridad jurídica contra el consumidor, pagano final de la especulación inmobiliaria. En cualquier caso, que no se le haya caído la cara de vergüenza a ningún banquero o a algún miembro del gobierno después de conocerse la sentencia es un síntoma muy preocupante, que anuncia artimañas y gatos por liebre en asuntos tales como la fijación de la lista de cláusulas abusivas o la retroactividad de la norma, por ejemplo. Habrá que vigilar, por tanto, el trámite parlamentario de reforma de las leyes hipotecarias para denunciar cualquier intento de edulcoración de la sentencia por parte del gobierno y del lobby bancario.

Además, llama mucho la atención el silencio clamoroso que ha producido la sentencia en tasadores, notarios y registradores de la propiedad, copartícipes del abuso vil, cuando su misión era vigilar por el equilibrio del proceso, porque buenos cuartos cobraban por unos trabajos que cuesta mucho entender. Estos gremios tan oscuros tienen que explicar mucho y bien a qué se dedican, cuánto cobran y para qué demonios existen, cómo actuaron, quién los controla y si son necesarios, cosa que tendrán que demostrar porque perdieron el beneficio de la duda.

Lo que no plantea la sentencia es la dación en pago y los alquileres sociales, objetivos que habrá que incluir en la nueva legislación española. La justicia europea ha marcado un camino pero ahora nos corresponde recorrerlo, hasta el final, con más movilizaciones y sin renuncias.

Esta misma mañana, una vecina de nuestra ciudad, madre soltera en paro para más señas, acude a una vista en los juzgados de Guadalajara ante el abogado de Bankia (entidad quebrada y reflotada con el aval de todos los ciudadanos) que pretende desalojarla de su vivienda por aplicación de las cláusulas de un préstamo hipotecario que va contra la legislación europea. Gracias a la sentencia del Tribunal de Luxemburgo, el juez que ve el caso de nuestra vecina tiene la posibilidad de paralizar el proceso de desahucio y poner en su sitio al usurero, de una vez por todas. Que así sea.

Emilio Alvarado Pérez es portavoz del grupo municipal de IU

Vindiciae contra Tyrannos

Stephanus Junius Brutus (Philippe Duplessis-Mornay) escribió este clásico en los tiempos de las guerras de religión. El título es muy elocuente: Alegato contra tiranos

La dictadura de la troika ha condenado a los países del sur de Europa a un destino de miseria. Estos países, entre los que se encuentra España, calificados como pigs por los neoliberales, serán, en el mejor de los casos, suministradores de mano de obra barata y disciplinada sobre la que se mantendrá la riqueza de los países del norte (que se sostenga tal ficción está por ver), sufriendo además altísimas tasas de desempleo, pobreza y desigualdad social de manera permanente.

En el peor de los casos, fracasado el proyecto de la reserva indígena, se plantea la posibilidad de que en los países del sur de Europa nos matemos los unos a los otros, a dentelladas o a navajazos, porque en eso se nos dejará libertad con tal de que la sangre no salpique fuera de nuestras fronteras. Terminada la escabechina, lo que quede será rematado a precio de saldo. Un puñado de inversores extranjeros o algún fondo de inversión anónimo, a cambio de cuatro euros, se quedarán con países diezmados de los que dispondrán a su antojo.

Esto no es ciencia ficción. Algo así ocurre ya en Grecia, país que está al borde del colapso, la descomposición y la guerra civil, y será el pasado mañana de Italia, España y de Portugal si lo consentimos.

Tal atrocidad no sería posible si la troika de Merkel no contara con la ayuda del traidor intestino que, instalado en el gobierno, allana la ruta hacia la perdición. El PP es el partido que se ha brindado a ejecutar el suicidio asistido, la eutanasia activa de la sociedad española, por orden del partido popular europeo, sentina de vicios y depravación. La derecha española, infectada por el virus apátrida de la globalización, vendida al mercachifle extranjero a cambio de un puñado de euros que recibirán unos pocos de sus dirigentes bajo la forma de sillón en un consejo de una multinacional, nos suministra el veneno de la troika todos los viernes, tras la reunión del Consejo de Ministros, con la saña de quien no tiene conciencia y que hace lo que hace porque sabe muy bien a qué amo sirve. Por mucha banderita que luzca en la solapa, en la corbata o en la pulserita de marras, en temas patrióticos esta derecha ya no engaña ni a las ovejas.

Despertemos. Vamos al quemadero porque las élites económicas alemanas y la gran derecha europea así lo disponen, siendo nuestro gobierno el que nos empuja al fuego. Un gobierno mentiroso y corrupto a más no poder, un gobierno que gobierna para otros y contra el pueblo al que dice representar, un gobierno que hace daño y que persigue al disidente, un gobierno que no atiende a la misión fundamental de todo gobierno que es mantener la paz, un gobierno que rompió el pacto que lo ligaba al pueblo; en suma, un gobierno de traidores que merece el trato que se le dispensa al traidor, que es uno y sólo uno.

Rechacemos la tesis paulina del poder, que prefiere eunucos y muebles a hombres y mujeres. Abajo con la idea de que la opinión del gobierno, convertida en ley del modo más grosero, es el oráculo de un nuevo Apolo. En esta hora decisiva, en cambio, se precisan ciudadanos valientes que quieran a su país precisamente porque no les gusta y lo imaginan mejor, más íntegro y digno. Populus maoir principe: esto es lo que enseñan Pietro Della Vigna, John Wycliff, Leopoldo de Bebenburgo, Jean Petit, John Ponet, Manegold de Lautenbach, Antonio de Rosellis, John Knox, George Buchanan, Duplesiss-Mornay, John Milton o nuestro paisano, el talaverano Juan de Mariana, autores que nos recuerdan qué destino aguarda a los tiranos que venden a su pueblo.

Los que mandan de verdad auguran diez años de ajustes imposibles. No hace falta ser un entendido para concluir que no resistiremos una década más de recortes porque nuestras reservas están agotadas. A estas alturas del destrozo social, predicar diez años es lo mismo que cien o un millar, porque cualquiera de estos plazos es inasumible. Así que o nos plantamos ante los que gobiernan o el gobierno acaba con nosotros. No lo olvidemos: no hay gobierno sin pueblo, pero sí pueblo sin gobierno. Llegó el momento del patriotismo popular.

Emilio Alvarado Pérez es portavoz del grupo municipal de IU

La metáfora del gobierno como banda de ladrones

Alegoría del mal gobierno, de Ambrogio Lorenzetti

Es un hecho que la ley (también su interpretación) y la justicia no siempre coinciden. Desde Platón se discute sobre esta disparidad que tanto atormentó a los griegos (la dialéctica entre la naturaleza y la convención, entre la physis y el nomos) a la que, en un lenguaje moderno, nos referimos como la tensión entre la legalidad y la legitimidad, que tanto nos preocupa hoy y que desemboca en la cuestión de la desobediencia civil y del derecho a la resistencia.

En el primer libro de La República, Platón hace hablar al sofista Trasímaco sobre la justicia en política. Trasímaco afirma que la ley y su interpretación, en cuanto creadora de ley, no es más que el interés del más fuerte, siendo además, tal cosa, lo más justo. Lo hace contra la opinión de Sócrates, que afirma que un gobierno que se abandona al principio del más fuerte degenera en desorden (la peor de las situaciones políticas, la temida stásis, concepto también recogido por la medicina para referirse al estancamiento de la sangre o de cualquier otro líquido del cuerpo, inicio de su posible pudrición), siendo así que la injusticia generalizada convierte a la polis en una banda de piratas o de ladrones. La misma discusión queda planteada en el diálogo Gorgias. En este caso es Calicles el que se enfrenta a Sócrates al proclamar que la justicia es la moral de los esclavos y de los débiles y que lo verdaderamente justo para el fuerte es cometer injusticias. En otro diálogo, Critón, Sócrates afirmará que “hacer daño a la gente en nada se distingue de cometer injusticia”.

Cicerón repite en La República la metáfora de la banda de piratas, cuando el gobernante legisla e interpreta la ley abandonándose a la injusticia:

“Preguntándole (Alejandro) qué instinto animal le impulsaba a infestar los mares con un bergantín: el mismo (le respondió el pirata) con que tú lo haces por toda la tierra.”

A lo cual añade en su obra Sobre las Leyes 11, 5, 11 que:

“aquéllos que hayan prescrito disposiciones perniciosas e injustas a los pueblos, habiendo obrado en contra de lo que han prometido o declarado solemnemente, hicieron cualquier cosa, pero no leyes.”

Cuatro siglos después, al final del imperio romano, Agustín de Hipona repite la metáfora del gobierno como banda de ladrones en el libro IV de la Ciudad de Dios, que es en lo que se convierte un reino cuando impera la injusticia:

“si de los gobiernos quitamos la justicia, en qué se convierten sino en bandas de ladrones a gran escala” o ¿sin la justicia qué serían en realidad los reinos si no bandas de ladrones?, ¿y qué son las bandas de ladrones sino pequeños reinos?" 

De la misma opinión es Tomás de Aquino, que en la Summa Theologica sostiene que:

"Las leyes pueden ser injustas de dos maneras. En primer lugar, porque se oponen al bien humano, al quebrantar cualquiera de las tres condiciones señaladas: bien sea la del fin, como cuando el gobernante impone a los súbditos leyes onerosas, que no miran a la utilidad común, sino más bien al propio, interés y prestigio (corrupción política); ya sea la del autor, como cuando el gobernante promulga una ley que sobrepasa los poderes que tiene encomendados (suplantar al poder constituyente); ya sea la de la forma, como cuando las cargas se imponen a los ciudadanos de manera desigual, aunque sea mirando al bien común (cebarse en los más débiles) [...] “

A lo que añade que:

“Tales leyes no lo son en realidad y, faltas de carácter de ley, no pueden obligar en conciencia a ser obedecidas, como obliga el derecho justo”

Concluyendo que:

“Es posible resistirse a las sentencias judiciales injustas, semejantes a la violencia inferida por ladrones”

Para Tomás de Aquino, la ley injusta y la interpretación injusta de la ley tienen más de violencia que de ley, son tiranía o corrupción del gobierno y legitiman el derecho a destituir al tirano, tal y como afirma en el Comentario a las Sentencias de Pedro Lombardo.

Siempre es importante releer a los clásicos. Hoy, además, es una obligación. En estos tiempos de necrocracia, de gobierno que roba al pueblo para ponerlo en rescate, de abuso del poderoso, de socavamiento de la soberanía popular, de reacción, de adanismo idiota, de gobernantes mentirosos y represores, los clásicos son revolucionarios ahora que ya no quedan revolucionarios. 

No tenemos gobierno sino banda de ladrones al timón de la nave, cima y remate de la piratería. Vindiciae contra tyrannos. Lo afirman los clásicos. ¿Quién tiene riñones para desmentirlos?

Emilio Alvarado Pérez es portavoz del grupo municipal de IU